La detención de Roberto Mesa, un nuevo caso de represión brutal del estado español

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A las ocho de la mañana del jueves 19 de abril la policía nacional irrumpió en la vivienda de Roberto Mesa situada en el barrio obrero y estudiantil de Barrio Nuevo en el municipio tinerfeño de La Laguna. Mesa es un jóven activista canario vinculado a diversos movimientos sociales de la isla, comprometido especialmente con la lucha de los derechos del pueblo saharui. Se sabe que la Policía desplegó un operativo de hasta 6 furgonetas blindadas, entrando en casa del activista a patadas, levantando a todos sus compañeros de sus camas, para después esposar a Mesa y trasladarlo detenido junto con su móvil y ordenador a la Comisaría de policía nacional de Tres de Mayo, donde a las 17:00 horas fue convocada una concentración de solidaridad con el detenido y se leyó un comunicado condenando este nuevo claro episodio de represión desmedida e informando de la intención de continuar con más acciones de apoyo al compañero detenido.

La detención se debió según la policía judicial a las “injurias graves a la corona” que se derivan de los mensajes que Mesa difundió, a propósito de la presencia del rey Felipe VI el mes pasado en Santa Cruz, en las redes sociales y que son supuestamente constitutivos de delito según la “Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana” más conocida como “Ley Mordaza”, en vigor desde 2015. Mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que “la protección especial de la Corona no se ajusta al espíritu del Convenio Internacional de los Derechos Humanos“, el estado español sigue con su máquina represiva.

El activista ha sido puesto en libertad provisional, como presunto autor de un delito de “incitación al odio”, estando obligado a comparecer cuando la autoridad judicial así lo considere oportuno. El juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife continúa las diligencias con una investigación secreta acerca de Roberto Mesa.

Entrando brutalmente las fuerzas de seguridad del Estado en la vivienda de Mesa simplemente por unos mensajes publicados en las redes sociales, el Estado suma uno más a la larga lista de represaliados que ya componen los raperos Valtonyc y Hasél, los jóvenes de Alsasua, el grupo de música La Insurgencia, etcétera. Un proceder que deja bien a las claras que la represión que el Estado ha puesto en marcha contra el pueblo trabajador sobrepasa los ya de por sí reaccionarios límites de la democracia burguesa eliminando por completo derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad ideológica, cercenadas a golpe de Código Penal y señalamiento de todo aquel que sea crítico con el orden establecido.

Los “delitos de odio” están siendo usados para justificar la represión fascista del Estado español ante cualquier asomo de disidencia y disconformidad con el régimen monárquico y burgués del 78.

Se da la circunstancia de que esta operación policial-judicial sobre Roberto Mesa se realiza en paralelo con las negociaciones que representantes de la Unión Europea y Marruecos comenzaron precisamente ayer en Rabat sobre el pacto pesquero en las aguas del Atlántico, que tiene como línea roja el caladero del Sáhara Occidental, un territorio y un pueblo abandonados a su suerte por el Estado español desde la traición del fascista Felipe González aquel año de 1977. Dichas negociaciones llegan un més después de que el Frente Polisario condenara la decisión del Consejo Europeo de autorizar a la Comisión Europea de renegociar una nueva enmienda de ese acuerdo, con el objetivo de incluir, explícitamente, el Sáhara Occidental. Por tanto, probablemente la detención de Mesa es una “cortina de humo” tras la que se oculta una nueva violación de los derechos del pueblo saharui ejercida ilegalmente por Marruecos y sostenida con la ya tradicional complicidad del gobierno español y la inane diplomacia europea que se pliega a los intereses de la industria pesquera y de uno de los fieles aliados de EEUU como es Marruecos en detrimento de un pueblo como el saharui que lleva más 50 años oprimido en su propia tierra y obligado a refugiarse en los campamentos de Tinduf en Argelia oriental.

El gobierno fascista español, al mismo tiempo que denuncia violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, lleva a comisaría precisamente a aquellos que luchan por defender ciertos derechos humanos. El Estado español está más pendiente de lo que dicen acerca del rey y otros parásitos ciertos activistas con repercusión en las redes sociales, que de la situación de miseria que padecen por ejemplo los niños canarios, la mitad de los cuales está en situación de pobreza o exclusión social.

El Partido Comunista Obrero Español se solidariza con Roberto Mesa y con todos aquellos que tienen la dignidad y la valentía de luchar contra las innumerables injusticias inherentes al sistema capitalista obteniendo como respuesta del Estado burgués la conculcación de sus derechos fundamentales y, en general, la perpetuación de la violencia sobre millones de personas inocentes. Así mismo hacemos un llamamiento a todos los sectores del  pueblo canario a unirse en un frente común de clase, el Frente Único del Pueblo, para sentar las bases de una nueva sociedad libre de represión, lo cual sólo puede venir con el fin de la explotación de una minoría parásita -la clase capitalista- sobre la inmensa mayoría que constituye el proletariado y demás sectores populares.

Partido Comunista Obrero Español en las Islas Canarias

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