Los casos de represión contra aquellos que se manifiestan contra este Estado corrupto, explotador y criminal siguen aumentando peligrosamente. Pablo Hasél, Fran Molero o Ruyman Rodríguez son solo algunos de los reprimidos por el Estado, en la cárcel o muy cerca de ella, por delitos como “atentado contra la autoridad”, “enaltecimiento al terrorismo”, “injurias a la corona”, etcétera.

La solidaridad con el pueblo catalán por su derecho a la autodeterminación, con la clase obrera y sus luchas, la manifestación en favor de derechos tan básicos como la vivienda o contra la corrupción y agresión constante contra el pueblo trabajador por parte de este Estado son los “delitos” reales de los compañeros a los que se enjuicia hoy injustamente.

El escarmiento que pretende llevar a cabo el Estado es con la cárcel: aquel que no lo está ya sabe seguro que acabará en ella. Y el que se encuentra entre rejas sufre también allí la represión más miserable. Un ejemplo de ello es el preso político Pablo Hasél, en prisión desde hace ya más de 3 meses, sometido a una tortura psicológica incesante: sin acceso a las actividades de la cárcel que sí pueden realizar el resto de presos, impedido de las horas de patio correspondientes, sin poder relacionarse con nadie y aún en el Módulo de Ingresos, donde no debería estar según el ya inhumano Reglamento General Penitenciario que establece que en ese módulo como norma general solo se puede estar 5 días, por no tener las características adecuadas para hacer vida en él. ¿Cómo quieren que llamemos a esto si no tortura psicológica carcelaria cuando no hay justificación legal para tenerle en esas condiciones?

El Govern de Cataluña, cuyo presidente Pere Aragonès es de Esquerra Republicana, es el culpable de esta situación pues es quien tiene la competencia de la gestión de las prisiones, por lo tanto, es culpable de esta situación por no poner los medios necesarios para su fin. La directora del centro penitenciario es Aurora Morell Díaz, persona a la cabeza de los ataques a los que es sometido. Y el juez titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nº3 de Lleida es José Ignacio Félez González, quien tiene entre sus atribuciones “salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse”, cosa que evidentemente no está haciendo. A pesar de que el pasado día 10 le comunicaron que en 2 semanas ya le iban a cambiar de módulo ordinario respetando su derecho a una celda individual, no se puede uno fiar de ellos hasta que veamos los hechos, ni se puede olvidar la represión a la que se le ha sometido desde el minuto 1 en que le metieron en la cárcel con la complicidad de todos los mencionados.

Somos conscientes de las condiciones pésimas a las que someten a los presos políticos en las cárceles del Estado con el objetivo de aniquilarlos y desde el Partido Comunista Obrero Español, que hemos participado en todas las manifestaciones convocadas por la  libertad de los presos políticos y de todos aquellos compañeros que luchan contra este Estado fascista y represor que ataca al pueblo trabajador para poder mantener los privilegios de la burguesía a costa de la sangre inocente, exigimos una vez más la liberación de todos ellos y el cese de los ataques contra el pueblo trabajador en el ejercicio de su derecho a manifestarse.

El PCOE, además, hace un llamamiento a la parte más consciente del proletariado de todo el Estado para que se organice en torno al Partido para que la clase obrera, organizada y dirigida revolucionariamente, pueda realmente lograr pasar de defenderse a la ofensiva, barriendo al capitalismo y construyendo el Socialismo, su máxima aspiración para una vida de justicia, libertad y dignidad.

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid