Los segovianos, condenados a la muerte por la Junta de Castilla y León
Segovia es la única provincia de Castilla y León que cuenta con un único centro hospitalario. Se podría llegar a pensar que es suficiente para una provincia de 155.652 habitantes, pero si comparamos la relación de habitantes de Segovia con otras provincias similares como Ávila (162.514 habitantes) o Soria (90.040 habitantes), nos encontramos con que estas provincias cuentan con cuatro y dos centros hospitalarios respectivamente, un número igualmente escaso pero, aun así, mayor que el de Segovia.
Entre otras carencias sociales en Segovia, debido a la deficiente gestión pública, la de la sanidad pública es la más preocupante debido a su deplorable estado. De la consecuencia de que haya un solo centro sanitario para todos los segovianos, han derivado problemas tales como la gran falta de camas (según la OMS, no cumple el tener el 20% de camas libres a disposición de una emergencia), siendo la provincia con el menor ratio de camas hospitalarias de Castilla y León, lo que genera que muchos pacientes sean derivados a Valladolid o Madrid o incluso a residencias geriátricas donde tienen que pagar; falta de recursos humanos y tecnológicos, ya que el hospital tiene limitaciones y no puede atender a todas las emergencias; eternas listas de espera,…
Hay varios ejemplos de estos problemas, como el caso de un paciente que debería estar en traumatología pero, al estar llena dicha planta, le trasladan a otra diferente como es urología, o el gran número de pacientes que tienen que desplazarse a Valladolid para poder recibir tratamientos oncológicos. Otro ejemplo fue lo ocurrido entre los días 12 y 17 de agosto de 2016, fecha en la que el servicio de urgencias del Hospital de Segovia colapsó debido a la ya anteriormente colapsada atención primaria.
Ante ésta situación, los vecinos exigen a la Junta de Castilla y León la reapertura del Hospital Policlínico de Segovia, el cual permanece cerrado desde 2008. Los portavoces de la Plataforma en Defensa del Hospital Policlínico se quejan de la actuación de los representantes políticos y sanitarios de la provincia de Segovia, a quienes achacan algunos obstáculos que están encontrando en la Junta de Castilla y León y otras administraciones supraprovinciales.
Las deficiencias sanitarias, no sólo en Segovia sino en toda Castilla y León, no son pura coincidencia o fallos puntuales. Esta condena a muerte que provoca indirectamente la Junta de Castilla y León y el Estado español a los segovianos son consecuencia del natural desarrollo del capitalismo monopolista de Estado, el cual avanza hacia la privatización de todos los aspectos de la vida. En el caso de la sanidad, lo podemos comprobar en el informe “Sanidad Privada, Aportando valor. Análisis de situación 2017”, elaborado por la Fundación IDIS (fundación de la patronal de hospitales privados). Según este informe, la sanidad privada sigue su tendencia creciente (a cargo del presupuesto estatal), mientras se reduce el gasto en los hospitales de gestión directa.
Según dicho informe, en 2016 los centros privados se repartieron 1.578 millones de euros públicos por conciertos, gracias al artículo 90 de la Ley General de Sanidad (artículo que permite derivar los pacientes y procesos rentables del sector público al privado, mientras éste se infrautiliza, y que ningún partido político pide derogar ya que se benefician de él), lo que supuso el 25,6% de su facturación durante el citado ejercicio, que alcanzó los 6.175 millones de euros. Es decir, uno de cada cuatro euros ingresados por estos hospitales en 2016 provino de presupuestos públicos.
El IDIS no recoge los ingresos del otro gran grupo de hospitales privados: los que son propiedad de la Iglesia Católica, que tienen una facturación anual cercana a los 4.000 millones de euros, y gestionan más del 27 % de las camas privadas existentes a nivel estatal (San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias, Hospitales Católicos de Madrid, etc). La penetración del sector privado, parasitando los presupuestos públicos, es cada vez mayor. El 43% de los hospitales privados tienen conciertos con la sanidad estatal. En el caso específico de Castilla y León, ésta destina el 4% de los Presupuestos Generales de Sanidad a la sanidad privada (143 millones de euros).
Esta política de privatización de la sanidad, se ha agudizado en los últimos años gracias a las personas que integran el Consejo Asesor de Sanidad designado por la Ministra de Sanidad, Dolors Monserrat: de las cuarenta y dos personas designadas para este órgano, tres son políticos (dos del Partido Popular y una del PSOE), ocho son miembros de la sanidad pública, seis de la privada, veinticuatro los profesionales de órganos o colegios médicos, farmacéuticos y enfermeros (del sector privado en su gran mayoría), y el restante es Tomás Castillo, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Estos ejemplos nos otorgan una clamorosa transparencia de lo evidente: al capitalismo sólo le importan las ganancias, no las personas. No exageramos al llamar asesinos a los encargados de la sanidad de este país, pues las políticas de privatización y las deficiencias en la sanidad provocan que los trabajadores del Estado tengan que recurrir a costosos centros sanitarios privados para poder cuidar su salud y, aquellos que no se lo pueden permitir, son condenados al abandono de su salud y, en muchos casos, a su muerte. Los dirigentes políticos y la burguesía tienen sus manos manchadas de sangre.
La única alternativa ante este sistema criminal que condena a los proletarios a la muerte, es luchar por un sistema que centre todos sus esfuerzos en el bienestar real de sus habitantes. La única alternativa es, en definitiva, la lucha por el socialismo.
POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD, TRABAJADOR,
¡LUCHA POR EL SOCIALISMO!
¡SIN PARTIDO NO HAY REVOLUCIÓN, ORGANÍZATE EN EL PCOE!
Comité Provincial del Partido Comunista Obrero Español de Segovia