Catalunya arde mientras décadas de recortes, precarización y abandono dejan a los servicios públicos sin capacidad para responder. No es un fracaso de los bomberos, sino del sistema capitalista, y queda al descubierto la bancarrota de un modelo que ha desmantelado y precarizado los servicios públicos, para poner los recursos al servicio del capital y sacrificando la prevención y la protección colectiva en favor de los intereses de la burguesía.

Los Mossos detuvieron a un chivo expiatorio, a un operario, culpabilizándole del incendio en La Bisbal, que trabajaba para una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Construccions Rubau y Aquaterra, adjudicataria de un contrato de la Generalitat de Catalunya para la conservación y el mantenimiento de carreteras. Así pues, otra vez más, el aparato represivo y mediático del Estado responde como siempre, criminalizando y encarcelando a un trabajador, señalado como presunto responsable de uno de los incendios, sin siquiera investigar si la empresa subcontratada se ceñía al protocolo de actuación, o las condiciones bajo las cuales trabajaban los obreros. Mientras quienes llevan años impulsando políticas que debilitan la capacidad de respuesta ante estas catástrofes e injusticias permanecen intocables, individualizan la culpa para ocultar las responsabilidades estructurales de quienes gobiernan.

Y no es casualidad que esta política la encabece hoy el PSC, la expresión en Catalunya del socialfascista PSOE. Tras su falsa retórica de diálogo y progreso, vuelve a demostrarse, una vez más, que el ala izquierda del sistema reaccionario español, lejos de combatir al capitalismo lo que hace es administrarlo y protegerlo. Cuando la clase trabajadora paga las consecuencias de un sistema incapaz de proteger la tierra donde vive, la respuesta no se basa en cuestionar las causas estructurales, sino preservar el mismo orden social que beneficia a la burguesía y descargar el peso de la crisis sobre quienes viven de su trabajo.

Por mucho que su eslogan sea “el govern de tothom” de Cataluña, este no gobierna para la clase trabajadora sino en favor de la burguesía. Criminaliza a la clase obrera mientras blinda a quienes hacen negocio con la precariedad y el expolio del territorio.

Aragón también arde, donde el fuego ha arrasado más de 16.000 hectáreas en las provincias de Zaragoza y de Huesca. Una comunidad autónoma en la que las plantillas de bomberos forestales están por debajo del número de efectivos que debiera disponer, donde el monte no se limpia – no se limpia la biomasa, es punitivo con sanción económica el recoger leña, etc. – unido a la despoblación del agro aragonés, y de la actividad ganadera que hace que los montes sean un auténtico polvorín.

Entre 2009 y 2025 el gasto en prevención de incendios se redujo en un 25%, siendo Galicia, Extremadura y Castilla y León, curiosamente los territorios más afectados el pasado año por los incendios, los que más recortaron.

Andalucía también ha ardido, y sigue ardiendo, con un incendio en Los Gallardos, Almería, que ha provocado 13 muertes. Estas 13 muertes son la consecuencia de una serie de factores característicos del capitalismo donde se recorta al pueblo para traspasarlo a los capitalistas y donde lo único que importa es el bolsillo del burgués, su enriquecimiento:

• Recortes presupuestarios y de medios en materia de incendios forestales. En este caso, días antes del incendio la Junta de Andalucía redujo un 14% el número de agentes de extinción de incendios forestales pasando de 698 a 602. Mientras en 2004 a 1 de junio los operativos antiincendios estaban preparados y operativos al 100%, en 2026 éstos se hallan plenamente operativos a mediados de julio, a pesar de que el clima en 2026 es más proclive a los incendios que en 2004.

• Urbanización de terrenos que no son urbanizables, en terrenos rústicos. En los Gallardos el 38% de la población habita en terrenos no urbanizables, fundamentalmente personas centroeuropeas que tienen dichas viviendas como segunda residencia. Esta construcción ilegal, e irracional, se ha permitido por ayuntamientos y administración regional como consecuencia del alto poder adquisitivo de las personas propietarias de dichas residencias, desarrollando los gobiernos andaluces de PSOE/IU primero, y de PP después, leyes para legalizar estas segundas residencias ilegales de gente con potencial económico de Centroeuropa como son el Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

• Esta Ley 7/2021 de 1 de diciembre, realizada por el Gobierno fascista de PP/C’s apoyado por VOX fue una Ley para legalizar la ingente cantidad de viviendas ilegales existentes en Andalucía, fundamentalmente en lugares turísticos y de costa. La legalización de un urbanismo desaforado, que niega la vivienda como derecho y la institucionaliza como negocio, fuente de pelotazos de la burguesía que construye urbanizaciones ilegales y que a éstos se la legaliza con la corrupción política de Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos, demostrando que ésta es la forma en la que el capital maneja al Estado. Unas viviendas que son una ratonera en caso de incendios en Andalucía, al igual que lo son cuando hay una DANA o lluvias torrenciales, como ha pasado en Andalucía u ocurrió en Valencia, cuando la DANA de octubre de 2024, unido a la negligencia del gobierno fascista del PP valenciano, esa construcción desaforada, en este caso con Planes de Ordenación Urbana que permitieron urbanizar en las escorrentías y torrentes, unas políticas capitalistas de urbanismo y de incompetencia absoluta de gobernantes burgueses incompetentes lacayos del capital que asesinaron a 230 personas.

• Al igual que en otros territorios, en Andalucía el campo se halla abandonado, y no se limpia como procede el monte, que unido a las cada vez mayores temperaturas y durante más tiempo, consecuencia del cambio climático, hace que el campo sea pasto de incendio.

La “democracia” española y su Estado, o lo que es lo mismo, la continuidad del Estado franquista con ligeros toques cosméticos, de denominación fundamentalmente, todo, está organizado para explotar a la clase obrera hasta la extenuación, para robarnos absolutamente todo, incluido nuestras vidas, estando el pueblo totalmente vendido porque nada importa la seguridad del pueblo sino los intereses económicos de los capitalistas, porque el pueblo está despojado del poder, el cual lo ostentan marionetas de los empresarios. En los países capitalistas, como lo es el Estado español, la política es la del sálvese quien pueda y, por supuesto, todo está subordinado a los intereses de la minoría explotadora, burguesa.

El sistema capitalista y sus leyes despojan al proletariado, que es el pueblo, de la capacidad de gobernarse, de la capacidad de distribuir aquello que produce y, por consiguiente, también le despoja de su capacidad para organizar la defensa de las vidas de nuestra clase, tanto en el plano militar como en el plano civil. Por eso la política ha sido la de desvincular al pueblo de su defensa civil, desvertebrando las cuadrillas en multitud de municipios rurales encargadas de prevenir el fuego, de limpiar los montes y de desarrollar todo tipo de actividad necesaria de vigilancia y para prevenir el fuego, como de crear los cortafuegos necesarios para evitar la propagación de éste en el caso de producirse.

Mientras tanto, el capital y sus esbirros políticos (ya sean abiertamente fascistas, ya sea la “izquierda” capitalista socialdemócrata y oportunista; todos ellos capitalistas), corruptos hasta el tuétano, legalizan todo tipo de ilegalidad que perpetran los burgueses para enriquecerse, transfieren riqueza robada al pueblo para entregarla a los capitalistas y reprimen al pueblo sin cuartel al que le niegan todo tipo de derecho, incluida la vida.

Desde el PCOE hacemos un llamamiento a la clase obrera a organizarse contra el capitalismo y su Estado, a engrosar las filas de nuestro Partido, para hacernos dueños de nuestras propias vidas y de lo que con nuestro trabajo producimos, para poder defender nuestra vida, nuestra integridad y nuestra dignidad como el pueblo que somos, siendo los capitalistas enemigos jurados del pueblo. Solo el proletariado organizado, desarrollando la Revolución proletaria, puede aplicar justicia a todos los canallas que culpan a los obreros de los males de nuestro pueblo, de nuestra clase, como hizo el President de la Generalitat culpabilizando a un obrero exonerando a los responsables empresariales de la UTE, así como a quienes adjudicaron y supervisaron el contrato, verdaderos responsables del incendio de La Bisbal con sus privatizaciones y recortes, esto es, con su política de saqueo al pueblo para entregar lo robado a la burguesía, a los empresarios. Solo el pueblo organizado, de manera revolucionaria, puede aplicar justicia a los canallas que les reprimen, que niegan el cambio climático y destruyen la naturaleza, en definitiva, sólo el proletariado armado de su ideología, el marxismo-leninismo, y dirigido por el Partido, puede conquistar el poder y ajustar cuentas a los fascistas y a los traidores oportunistas y socialdemócratas que engañan a la clase obrera y que sirven a sus verdugos. El capitalismo destruye sus fuentes de enriquecimiento: al proletariado y a la naturaleza.

¡Por la Organización Revolucionaria del Pueblo!

¡Por el desarrollo del Partido Comunista Obrero Español!

¡Por la Revolución Socialista!

Madrid, 19 de julio de 2026

COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)