El Tribunal Constitucional ha avalado el despido objetivo de un trabajador por faltar el 20% o más de días laborables al trabajo de forma justificada durante dos meses, dejando bien claro una vez más que las instituciones judiciales, al igual que el resto de la superestructura del sistema, están incuestionablemente al servicio de la burguesía en su lucha contra el pueblo trabajador para lograr cada día mayores cuotas de explotación.

Esta sentencia responde a una cuestión prejudicial de un juzgado de Barcelona que le consultaba si el artículo 52 apartado D del Estatuto de los Trabajadores se ajusta a la Ley Fundamental. Este punto fue modificado en las dos últimas reformas laborales importantes: la de 2010, hecha por el Gobierno del PSOE, y la de 2012, del Ejecutivo del PP. Ese artículo pretende criminalizar a los trabajadores enfermos mediante el denominado “absentismo laboral” fijando unos umbrales por los que se puede despedir con una causa objetiva —es decir, con una indemnización de 20 días por año trabajado— a un empleado si falta al trabajo el 20% de los días hábiles en un periodo de dos meses o el 25% en cuatro, aunque esas bajas estén justificadas.

La trabajadora faltó al trabajo nueve días de 40. En ocho de ellos, la ausencia estaba justificada por “incapacidad temporal”, es decir, lo que popularmente se llama una baja. En la carta de despido se determina que la trabajadora había faltado el 22,5% de jornadas hábiles entre el 11 de abril y el 17 de mayo de 2016. Y se añade que en el conjunto del año las ausencias habrían ascendido al 7,84%.

El Tribunal Constitucional explica en la sentencia que “el despido lo ha hecho (la empresa) con una finalidad legítima —evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo—, que encuentra fundamento en la libertad de empresa y la defensa de la productividad”. También apunta que “el absentismo conlleva para el empresario un perjuicio de los intereses legítimos, por la menor eficiencia de la prestación laboral de los trabajadores que faltan a su puesto de trabajo de forma incipiente”, basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este tribunal, al servicio de la burguesía, antepone los intereses empresariales -es decir, los intereses de la burguesía dueña de los medios de producción, de las empresas- a la salud de los trabajadores. Los trabajadores que se pongan enfermos pueden y deben ser despedidos para el Tribunal Constitucional, vulnerando así el derecho a salud de los trabajadores, mostrándose nuevamente la naturaleza criminal del capitalismo.

La burguesía, sin embargo, prefiere pagar los salarios de algunos trabajadores negándoles a éstos el trabajo efectivo -creando el artículo 297 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social sobre la ejecución provisional de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido- para evitar que los sindicalistas represaliados con el despido estén en contacto diario durante toda la jornada laboral con sus compañeros de trabajo, pese a haber ganado en los juzgados de lo Social el juicio contra ese despido demostrándose que, incluso, el sistema subordina sentencias de sus jueces a la represión de la burguesía, represión sindical y política de los empresarios contra los trabajadores y las organizaciones de clase.

Y es que la burguesía sabe muy bien que donde se juega “los cuartos” es, en buena medida, en los centros de trabajo, que es donde los trabajadores viven, tristemente, la mayor parte de su vida y donde sufren las consecuencias de la explotación capitalista de primera. Ahí, en la propiedad del empresario, es donde un comunista también debe demostrar su capacidad política, elevando la conciencia de los compañeros día a día, dirigiendo un frente de masas con una potencia como no hay otro – y no escondiéndose, corrompiendo ideológicamente a los trabajadores y firmando EREs y lo que les pongan por delante los empresarios, como hacen los oportunistas en Telefónica, por ejemplo. En los centros de trabajo es donde la burguesía no puede permitir que se produzca esa elevación de conciencia de la clase trabajadora si quiere sostener la propiedad de los medios de producción, y por ello reprime a estos compañeros, vanguardia de la clase obrera, con el despido y negándoles el trabajo cuando ganan el juicio.

El derecho a la salud de los trabajadores, dice la burguesía con la boca del Tribunal Constitucional y su sentencia, vulnera la productividad de la empresa, pero tener a un trabajador despedido injustamente cobrando su salario sin permitirle trabajar para sostener la represión de los empresarios, no. ¡He ahí un ejemplo de la naturaleza clasista y criminal del capitalismo y su Estado!

Que el capitalismo está en bancarrota es ya un hecho demostrable, como también lo es que todas las leyes aprobadas (Reformas laborales, Ley Mordaza…) nos han dejado como resultado la existencia de un estado fascista totalmente preparado para ser explotado por los políticos a sueldo de la burguesía.

El capitalismo monopolista y su estado no pueden sostenerse ya si no es empleando todas las armas fascistas de las que se ha dotado, y hechos como el del Tribunal Constitucional, avalando el despido por baja laboral, aunque esté justificada y asumiendo que el beneficio de la empresa prevalece frente al derecho a la integridad física o moral de los trabajadores, y a la salud humana así lo demuestran.

La clase burguesa, dueña de los medios de producción, de las empresas que gracias a sus trabajadores producen todo lo necesario para la vida, necesitan y exigen cada vez mayores cuotas de explotación para con sus obreros con el objetivo de acumular mayores ganancias de cara a la crisis cíclica que se aproxima. De esta forma, toda la superestructura de un sistema ya podrido tiende a la reacción más absoluta contra los únicos de los que la burguesía obtiene sus beneficios: los trabajadores.

Y nosotros, la clase obrera, los trabajadores, cada día tenemos una vida más miserable, con mayor inseguridad y precariedad laboral, con menos derechos, menos libertades y menos salario. Ya no podemos ni enfermar si queremos llevar a casa un mal salario. Esta situación no la van a solucionar los partidos políticos de la burguesía (PP, PSOE, Ciudadanos, VOX…) ni tampoco la pequeña burguesía de Unidas Podemos con sus reformas imposibles para un sistema podrido y putrefacto hasta los cimientos. Solo el pueblo trabajador organizado en un Frente Único del Pueblo puede mandar al sistema capitalista que le oprime y explota al estercolero de la historia y crear él mismo el estado socialista, su legítima aspiración política.