El mal llamado y autoproclamado “Gobierno más progresista de la historia” anunció a bombo y platillo el fin de los contratos temporales gracias a su Reforma Laboral de 2022 (Real Decreto-ley 32/2021) que eliminó los contratos por obra o servicio. Sin embargo, el trabajo temporal está más vigente que nunca.

Según publica la propia prensa burguesa, los ceses en periodo de prueba de indefinidos se disparan un 864% desde la reforma laboral, consagrando así el  empleo temporal. “Las empresas españolas extinguieron 1,02 millones de contratos en 2025 porque el trabajador no superó el periodo de prueba, un 2,34% más que en 2024 y un 79% más que en 2021, antes de la reforma laboral”.

La burguesía ha mantenido intacto el trabajo temporal, que supone una de sus grandes fuerzas para mantener al obrero en la miseria y lograr cotas de explotación cada vez más altas, y ha utilizado a su última y flamante Ministra de Trabajo para perpetrar este truco de trilerismo.

Ni se ha acabado con los contratos temporales, puesto que siguen vigentes las modalidades de contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora (Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores) ni se ha limitado o reducido el trabajo de carácter temporal. De hecho ha aumentado.

Tanto el aumento en los tiempos del periodo de prueba como la inclusión del contrato fijo discontinuo han sido dos herramientas fundamentales para la patronal para profundizar en el trabajo temporal, en la explotación de los obreros, a pesar del ejercicio de marketing llevado a cabo por Yolanda Díaz anunciando el fin del trabajo temporal con la Reforma Laboral de 2022.

Estas herramientas han servido para introducir el despido libre y gratuito, ya que el cese de un contrato fijo en periodo de prueba no supone indemnización para el trabajador y no hay que justificarlo. De hecho, los Convenios Sectoriales con mayor cantidad de trabajadores (Grandes Almacenes, Tecnológicas y Telecomunicaciones, Consultoría…) oscilan entre los 3 y 6 meses de periodo de prueba (según la categoría profesional) lo que permite perfectamente a las empresas contratar y despedir libremente y sin coste gracias al periodo de prueba.

En el caso de los contratos fijos discontinuos, que son per se trabajo temporal, permiten tanto a la burguesía como al Estado obtener un beneficio doble. Por un lado, mantener el contrato temporal ahorrando la indemnización de 12 días por año trabajado que tenía el antiguo contrato temporal por obra y servicio, ya que el fin de llamamiento es flexible y no supone un despido. Y por este motivo, también permite al Estado mantener a ese trabajador que no está trabajando como ocupado y no como parado, maquillando así los datos del paro que acumulan récord tras récord de ocupación, aunque haya decenas de miles de obreros sin trabajar.

De hecho, en términos globales, si analizamos el número medio de horas efectivas semanales trabajadas no ha parado de descender año a año:

De igual forma, los ocupados a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial no dejan de aumentar:

Como estamos observando, a tenor de los datos del propio Instituto Nacional de Estadística.

El cambio de puesto de trabajo es constante y cada vez más rápido en el estado, más de la mitad de las altas de seguridad social provienen de contratos que no duran más de un mes:

Todos los tipos de contrato, por separado, mantienen una volatilidad mayor que antes de la reforma. Los fijos discontinuos, con 841.340 asalariados a cierre de 2025 solo suponen el 4,8% del total, cuando en 2019 apenas llegaban al 2,4%. Sin embargo, suman 55.307 bajas o altas diarias, el 27,4% del total de rotaciones. Hace seis años solo eran el 3,3%.

Todo esto lo que genera es una gran inestabilidad en los puestos de trabajo, impidiendo a los obreros tener puestos de trabajo con los que mantener unos salarios que les permitan sostener una vida con perspectivas de futuro. El capitalismo, en su avance en esta época de desarmonización de las fuerzas productivas respecto de las relaciones de producción, en un momento de automatización que no corresponde ya con las relaciones de producción capitalistas sino con el Socialismo, no hace sino generar guerra, muerte y miseria para la clase trabajadora.

El Gobierno, con Yolanda Díaz a la cabeza del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es el ejecutor de una Reforma Laboral criminal que ya supone la ruina de millones de obreros hoy y que se prevé que aumente drásticamente en los próximos años, que comenzó con los trabajadores más jóvenes pero que ya está afectando a los más mayores también.

Intentarán echar la culpa a agentes externos, pero a los comunistas no se nos escapa que este Gobierno ha implementado de forma implacable los planes de una clase burguesa que solo pretende mantenerse en el poder y seguir acumulando beneficios a base de robar a los obreros.

La clase obrera no puede tener ni un ápice de confianza en este Gobierno, brazo ejecutor de los planes de la burguesía para enriquecerse a manos llenas que desembocarán en una nueva crisis brutal que pagará de nuevo el proletariado. Y es deber de los comunistas llevar esta realidad a la clase obrera de todas las maneras posibles para organizarlo contra este sistema capitalista, injusto, y derribarlo para construir el Socialismo.

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del PCOE