Los accidentes de Adamuz y Cataluña que se presentan como una suma de errores técnicos, falta de inversión o una mala gestión coyuntural, son el primer episodio y consecuencia de un proceso sostenido de desmantelamiento progresivo de la red ferroviaria en España. En otro ámbito, hay que destacar que las mismas vías han soportado un aumento de ocho millones de usuarios en los últimos diez años y la implementación de empresas privadas como Ouigo o Iryo, que hacen usufructo de las vías para la ganancia privada sin aportar ni un céntimo en el mantenimiento de las mismas y aumentando la velocidad de su colapso. También tenemos que decir que en el tema de las inversiones se ha fiado todo a proyectos vistosos de alto impacto mediático y rentabilidad política, mientras se erosiona la red que garantiza el servicio cotidiano, lo que ha llevado a un repentino deterioro funcional que no esperaban que fuera tan rápido y con tantas personas muertas.

La erosión silenciosa no ha hecho más que mostrarse y ha dejado un mapa de infinidad de puntos con potencial peligro de accidente mortal. Este episodio ha dejado pequeño el deterioro funcional, más o menos normalizado, que incluía retrasos, averías y pérdida de funcionalidad y ha escalado a una nueva dimensión que son las consecuencias de un plan que trasciende a ministros, partidos políticos y legislaturas y que está orientado a medir por rentabilidad el transporte público con su plan de desmantelamiento. El tren deja de ser un derecho colectivo y vertebrador del territorio para convertirse en negocio privado. En ese punto se ha desviado la inversión pública hacia las líneas más lucrativas, en un intento de que los usuarios abandonen por cansancio el uso del tren en líneas no rentables y que sea percibido como una elección natural que los usuarios toman libremente.

Este desmantelamiento es un trabajo de zapa muy prolongado en el tiempo y se ejecuta con la reducción de las plantillas, infraestructuras que no se renuevan, externalizaciones que fragmentan las responsabilidades, mantenimiento reactivo en lugar de preventivo y una planificación orientada al beneficio privado más que al servicio público. De este plan empezamos a recoger sus primeras consecuencias, que no se fraguan tanto con cierres explícitos sino que son la consecuencia de decisiones acumulativas y que ya se miden en varias decenas de muertos. Es un círculo deliberado de degradación y justificación donde el deterioro no es una consecuencia indeseada, sino que es la condición necesaria para avanzar hacia el pleno desmantelamiento. En consecuencia, el colapso de la red ferroviaria no es sólo técnica o presupuestaria, es política y forma parte de un plan estratégico que vacía de contenido al ferrocarril como sistema público integral para preparar su reducción estructural sin asumir el coste político de reconocerlo abiertamente.

En un nuevo escenario, la lucha de clases puede observarse sobre los rieles. La clase obrera no puede ver el desmantelamiento del sistema ferroviario como simples fallos de gestión o de errores aislados, ya que son las consecuencias directas de la lógica capitalista aplicada al servicio público. Desde el PCOE denunciamos que las muertes no son accidentes puntuales, son asesinatos que tienen una clara responsabilidad política y que son resultado de un plan ejecutado a largo plazo que sacrifica vidas humanas en nombre de la ganancia privada.

El ferrocarril, que debería ser un derecho social y un bien común, es vaciado de contenido para abrir mercados, y los cuerpos que quedan en el camino son el costo humano del capitalismo. En este punto queda claro que el desmantelamiento de la red ferroviaria no es un error técnico, es fruto de una decisión política al servicio del capital. Desde el PCOE denunciamos esta lógica mercantilista contra el servicio público, no sólo en la red ferroviaria sino en todos los ámbitos de la vida de la clase obrera que son medidos por esta vara de medida y precarizados a marchas forzadas como la sanidad, la educación, la vivienda, las pensiones o la cesta de la compra. El futuro de todo el sector público va hacía una demolición controlada si la clase obrera no consigue arrancar los privilegios de la minoría parasitaria, la burguesía, y hacerse con los medios de producción para ponerlos en manos de la única clase que produce valor, la clase obrera. En este trance el PCOE actúa de escuela política y llama a los elementos de la clase obrera a ensanchar su base en la construcción de la única alternativa posible, la revolucionaria.

¡No son accidentes, son asesinatos!

¡Por la defensa de lo público!

¡Construye con el PCOE la alternativa revolucionaria!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)