El análisis de la situación de la tierra en el Estado español hoy hace imprescindible la reforma agraria. Una reforma agraria que venga a solucionar, para el pueblo trabajador, los problemas actuales tanto del campo como de la ciudad, de los cultivos y de la industria, y que revolucione por completo la sociedad para dar un impulso a la producción agrícola e industrial.
Situación actual
En el Estado español, según las últimas estadísticas, el 21,3% de la superficie terrestre está ocupada por tierras de cultivo. De estas, casi el 70% pertenece a personas físicas; el 7,43%, a entidades públicas; el 11,14%, a sociedades mercantiles; el 2,61% a sociedades cooperativas; y el resto está registrada con otras condiciones jurídicas.
Según el estudio de Estructura de la propiedad de tierras en España. Concentración y acaparamiento entre 1999 y 2009, en la década en la que se realizó el último censo agrario, el número de explotaciones ha pasado de casi 1,3 millones a menos del millón – 989.796. Es decir, se ha reducido un 23,2%, un equivalente a 82 explotaciones diarias. La superficie agrícola útil también ha disminuido: un 9,2% (2,4 millones de hectáreas), debido sobre todo al abandono de las explotaciones y a cambios en el uso del suelo, que pueden tener diferentes orígenes, como el desarrollo urbanístico y la recalificación.
En paralelo, la media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18% y, además, el incremento se ha concentrado entre las explotaciones de tamaño medio-grande. La concentración aumenta en las medianas y grandes fincas en detrimento de la pequeña agricultura, con una mayor presencia de sociedades mercantiles en el campo, sobre todo en el tramo de las medianas y grandes explotaciones.
La pequeña explotación (menos de cinco hectáreas) representa más del 52% del total pero solo el 4,35% de la superficie cultivable. La mediana explotación (entre 5 y 70 hectáreas) ocupa el 40,18% del total de las explotaciones, con el 32% de la tierra. La gran explotación (entre 70 y 500 hectáreas) representa la mayor parte de la superficie cultivada (46%). Y la propiedad latifundista (más de 500 hectáreas) acapara el 17,62% de la superficie pero tan solo supone el 0,44% de las explotaciones.
En total, 1.162 personas tienen explotaciones de más de 500 hectáreas y 181 personas físicas son las representantes del latifundismo clásico español con explotaciones de más de 1.000 hectáreas, según el citado estudio.
Los dueños de la tierra
Entre los latifundistas, encontramos, además de la nobleza, también a empresarios y banqueros: Nicolás Osuna, Mora-Figueroa Domecq, José María Aristrain y la familia Botín. Los principales: Juan Abelló, concentra 40.000 hectáreas de tierra. Entre ellas destaca la finca de Lobillo en Alhambra, ubicada en Ciudad Real y una de las más grandes de España con setenta kilómetros cuadrados de extensión.
La Casa de Alba, que dispone de 34.000 y obtiene 2,9 millones de euros en subvenciones de la PAC. La mayor parte son terrenos rurales dedicados a la explotación agrícola y ganadera aunque también a las energías renovables. El dirigente de los negocios agrarios es Carlos Fitz-James Stuart, quien ha implantado una nueva gestión económica del negocio agrario desde que falleciera su madre, en 2014. Esta familia cuenta con varias sociedades mercantiles, con lo que acapara más propiedades agrícolas.
Y Samuel Flores y familia, que en los últimos años han acumulado 23.000 hectáreas y reciben 1,25 millones de euros de la PAC. Más de 34.000 hectáreas de Albacete, Ciudad Real y Jaén les pertenecen. El dato convierte al conocido ganadero albaceteño (que atesora 200 millones de euros, lo mismo que sus hijos Isabel, Samuel y Carlos) en el tercer mayor terrateniente de España. Solo la finca El Palomar, en Povedilla (Albacete), tiene 3.000 hectáreas. Las fincas de mayor tamaño suelen destinarse a cacerías y a realizar actividades de ganadería extensiva, según el estudio sobre la concentración en la tierra de España de la fundación Mundubat.
Todos ellos están entre las principales riquezas del país y entre los mayores receptores de subvenciones agrícolas.
Los fondos y la banca se hacen con la tierra
Los procesos de privatización de tierras públicas o comunales, como la Ley de Reforma de Administración Local o la reforma de la Ley de Montes, han permitido que las inversiones privadas, los fondos de inversión y los bancos se hayan convertido en nuevos propietarios de tierras. Por ejemplo, el 30,9% de los ingresos de la SAREB en 2018 corresponde a suelos y terciario, según recoge esta Sociedad en su memoria.
Así como sucede con las empresas públicas, que se han vendido a precio de saldo a manos privadas desde finales del siglo pasado y el inicio del actual, se ha dado también un descenso de la titularidad pública de la tierra: Casi 5.000 explotaciones, equivalentes a 1.764.006,10 hectáreas, están en manos públicas. La media por explotación es de 364,77 hectáreas –20 veces superior a la de explotaciones que pertenecen a personas físicas–. En una década, el sector público se ha deshecho de un 28,91% de la tierra. En los últimos años, el Ministerio de Agricultura, propietario de muchas parcelas agrícolas dispersas a lo largo de España, ha tratado de venderlas como una forma de recuperar fondos e incrementar los ingresos en un contexto de crisis. Así, por ejemplo, en el municipio de Aguilar de Campoo (Palencia), el ministerio vendió dos propiedades de labor secano, cada una de ellas de 1,5 y 1,7 hectáreas de tierra.
El proceso de privatización también ha afectado a los entornos de los parques naturales. El ejemplo más claro a día de hoy es Doñana, donde la Junta de Andalucía ha otorgado licencias a regadíos ilegales en este ‘pulmón’ verde de Europa.
La tasadora Tinsa calcula que la rentabilidad media de los cultivos (excluidos impuestos y subvenciones) se mueve en una horquilla entre el 4% y el 11%, siendo las hortalizas el cultivo que ofrece el mejor rendimiento, seguido de los cultivos de invernadero, los cítricos y los frutales. Si hay compra y gestión de las tierras (ya sea directa o a través de un operador) el riesgo aumenta y la rentabilidad se mueve entre el 7% y el 8% anual. A lo que hay que sumar las jugosas ayudas públicas de la Política Agraria Común (PAC).
La PAC es la partida presupuestaria más importante de la UE y proporciona fondos para la producción de cultivos. El Gobierno central canaliza unos 2.800 millones de euros al año para los pagos de las ayudas directas de la PAC, que según los informes de la UE llegan a cerca de 650.000 agricultores, pero como hemos visto anteriormente la mayor parte de estas “ayudas” llegan a los dueños de los grandes latifundios.
Los inversores inmobiliarios tradicionales no buscan exposición al riesgo, así que adquieren propiedades con el objetivo de alquilarlas a un arrendatario que les ofrezca seguridad y una rentabilidad fija. La rentabilidad en este caso está por encima del 5% anual.
La compraventa de terrenos es solo una de las ramas de este fructífero negocio que hacen los especuladores con la tierra del pueblo. Según la consultora CBRE se ha multiplicado por 10 el número de fondos que participan en empresas agroalimentarias. Las operaciones de fusión y adquisición de compañías del sector son habituales entre fondos de capital riesgo que empezaron a operar con grandes transacciones en la península Ibérica en 2015. Buscan principalmente empresas agroalimentarias para hacer crecer el negocio, y posteriormente desinvertir.
La gestora Azora, especializada en hoteles y viviendas de alquiler, ha comprado el 33% de ISFA, gestora de proyectos agrarios, que tiene como objetivo el desarrollo de explotaciones de almendros de alta densidad. También Nuveen, otro gran fondo de inversión, ha entrado en el negocio de inversión en terrenos agrícolas. Fremman Capital acaba de comprar la firma valenciana familiar Frutas Bollo por 300 millones. Y el productor español de fruta fresca Citri&Co ha firmado un acuerdo con PSP Investments, uno de los mayores gestores de inversiones de pensiones de Canadá. El fondo adquiere las tierras de cultivo para que la compañía española las explote.
Las cifras de compraventas de fincas rústicas en España hasta octubre de 2022, último mes del que se tienen datos, fue de 131.749 propiedades. Destacan Andalucía (20.641 propiedades), Castilla y León (20.475), Castilla-La Mancha (17.190) y Comunitat Valenciana (16.170). El año finalizó por encima de las 155.000 compraventas, según las estimaciones de Cocampo, la plataforma de anuncios para la compraventa y arrendamiento de fincas rústicas.
Las consecuencias del capitalismo para los ecosistemas
El incremento de las inversiones capitalistas hacia los sectores más rentables, como en este caso las tierras, se hace de forma anárquica y caótica, como no puede ser de otra manera bajo el capitalismo, arrasando a su paso con todo para obtener el beneficio esperado.
En un artículo de 2017 titulado “¿De qué ecologismo estamos hablando?”, afirmamos además que “bajo el sistema capitalista, todas las políticas de preservación del medio ambiente quedan relegadas a un segundo plano porque estas no pueden interferir, lógicamente, en la acumulación del capital”. Esto ya fue explicado por Karl Marx en el siglo XIX cuando dijo que “el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos”.
Según los últimos datos aportados por el propio informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, “la naturaleza de Europa se encuentra en declive alarmante con más del 80% de los hábitats en malas condiciones”.
En el Estado español buena parte de los ecosistemas han sido, y siguen siendo, dañados bajo la explotación capitalista: el Mar Menor, por los regadíos en el Campo de Cartagena; el Delta del Ebro, por los arrozales; las Tablas de Daimiel, por la sobreexplotación de los acuíferos; Doñana, por las fresas de Huelva; la Albufera, por los regadíos de la huerta valenciana; y el Pirineo por culpa de las estaciones de esquí.
El futuro de la tierra bajo el capitalismo
Mientras la Unión Europea, tanto para el campo como para la ciudad, va creando nuevas leyes, al son que marca la burguesía, para aumentar sus cada vez más decrecientes ganancias a costa de arruinar todavía más a campesinos y proletarios.
En este marco se encuadra la llamada “Ley de Restauración de la Naturaleza” que no es sino una disposición de la UE para arruinar al pequeño campesino bajo la máscara de la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas, quedando más tarta de la PAC para los grandes latifundistas e inversores.
Por otro lado, la robotización y la automatización que afecta a la industria y a los trabajadores de la ciudad, también llega al campo con un ostensible aumento de la maquinaria agrícola, así como la inclusión de herramientas digitales.
Según los datos del tercer estudio del Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario Español en ganadería, un 73,4 % de las granjas tienen alguna acción automatizada como puede ser la distribución del alimento, el control de las condiciones ambientales de la explotación, el pesaje periódico de los animales, la detección del comportamiento, celo, partos o bienestar animal, la limpieza de las deyecciones del ganado o el manejo del producto obtenido. Destaca su implantación en los procesos de reparto de alimento y en el mantenimiento de las condiciones ambientales dentro de las naves, lo que demuestra su expansión en las tareas repetitivas o en las que requieren de una vigilancia permanente.
La implantación de líneas automatizadas de producción en la industria agroalimentaria es del 36,3 %, mientras que el empleo de brazos robóticos articulados se sitúa en el 13,8 %. Los robots para el transporte interno de mercancías ya se usan en el 10,2 % de estas industrias. A priori podrían parecer cifras bajas; sin embargo, los porcentajes de implantación de estos sistemas se duplican en las plantas de mayor tamaño.
La implantación de diferentes tipos de herramientas de apoyo tanto a la producción como a la gestión están presentes en la industria agroalimentaria: sistemas MES (ejecución de fabricación), IoT (Internet de las cosas) o análisis masivo de datos aparecen en el 39,8 %, el 29,1 % y el 23,7 % de las respuestas, respectivamente; otras, como el diseño asistido por computadoras, los gemelos digitales, el blockchain, la realidad aumentada y/o virtual o la fabricación aditiva también se utilizan en porcentajes, en torno al 10 % de las industrias.
Los datos evidencian que en las tareas sistemáticas y repetitivas, así como en las más penosas, se está sustituyendo la mano de obra por equipos, especialmente en las explotaciones con mayor dimensión económica:
Las actividades de distribución del alimento y del control de las condiciones ambientales son las tareas en las que está más extendida la automatización, particularmente en avicultura y porcino y, en menor medida, en vacuno. Llama la atención como se ha extendido el empleo de herramientas de pesaje automático de los animales (34,7 %) y, sobre todo, la incorporación de equipos para detectar su comportamiento y bienestar (30,6 %), especialmente en las granjas con ganado confinado. No sorprende, por otra parte, la adopción de estas tecnologías para la retirada de deyecciones (29,3 %). En la detección del celo y de los partos se observa una implantación del 19,8 % y del 18,6 %, respectivamente. El manejo automatizado del producto tras su recolección se encuentra implantado en el 26,0 % de las explotaciones. La avicultura (39,8 %), probablemente por las granjas de producción de huevos, y el bovino de leche (36,1 %) son los subsectores que manifiestan las mayores frecuencias de estos dispositivos.
En producción de vacuno lechero contrasta el hecho de que todavía encontremos granjas que ordeñan a mano (27,8 %), con el hecho de que casi la mitad (47,2 %) determinan de manera digital y sin intervención humana la leche producida diariamente en vacuno y un 8,3 % cuentan con un robot de ordeño.
En la industria agroalimentaria, las líneas automatizadas se encuentran implantadas en un 36,3 % de los negocios, los brazos robóticos articulados en un 18,3 % y los robots para el transporte interno de las mercancías en un 10,4 %. Son cifras más elevadas que las recogidas en las estadísticas del INE (2022b) en las que se indica que el 8,3 % de las empresas españolas con más de 10 trabajadores/as usan algún tipo de robot, siendo del 12,2 % en la industria agroalimentaria. Así, para las organizaciones con menos de 10 trabajadores/ as la implantación es del 1,5 %.
El 47,9 % de las granjas emplean algún tipo de sistema de inteligencia artificial. La intensificación de la producción se asocia con una mayor utilización de estas herramientas; el 55,7 % de los/las productores/as que dicen mantener los animales en condiciones intensivas las han adoptado, frente al 63,3 % de las semiextensivas y al 25,9 % de las granjas extensivas. También el trabajo en régimen de integración promueve su uso, ya que los valores medios en estos sistemas se incrementan hasta el 57,7 %.
El 53,9 % de los/las entrevistados/as de la industria agroalimentaria manifiestan que en sus negocios usan algún tipo de IA. Los datos ofrecidos son superiores a los recogidos por el INE (2022b) tanto para el conjunto de empresas de la economía española como para la industria agroalimentaria. De acuerdo con esta fuente, los sistemas de IA se encuentran implantados en el 4,5 % de las empresas con menos de 10 trabajadores/as y en el 8,3 % de las empresas con más de 10 trabajadores/as, alcanzando el 33,1 % en las empresas con más de 250 trabajadores/as. En las organizaciones agroalimentarias estas cifras se sitúan en el 7,5 % como valor medio y en el 38,6 % de aquellas industrias con más de 250 trabajadores/as.
Los agentes del sistema agroalimentario manifiestan que la principal ventaja de la digitalización es el aumento de productividad que puede desencadenar la implantación de nuevas tecnologías. Los encuestados/as identifican, como segundo elemento tractor de la transformación digital el posible descenso de los costes de producción de las empresas.
La reducción de la carga de trabajo se localiza entre las seis primeras ventajas que seleccionan los/las encuestados/as (38,7-49,6 %), debido a que la revolución digital puede automatizar muchas de las operaciones que hasta ahora se efectúan de forma manual, y que en algunos casos pueden comportar penosidad o riesgo.
De manera general, los/las entrevistados/as consideran a la digitalización como una vía para aumentar el beneficio de sus negocios, a la vez que se reduce la demanda de insumos, se aminora la carga laboral y la burocrática y se mejora la conexión entre los eslabones de la cadena de valor. Aunque en las ventajas seleccionadas prima el aspecto económico de sus empresas.
La dimensión económica influye en la importancia que se da a la transformación digital. Con carácter general, aunque hay algunas excepciones, podríamos decir que, a mayor tamaño de la actividad, más ventajas se otorgan a la incorporación de tecnologías.
El estudio, como hemos observado, concluye que “La dimensión económica influye en la importancia que se da a la transformación digital. (…) podríamos decir que a mayor tamaño de la actividad, más ventajas se otorgan a la incorporación de tecnologías”.
¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que la automatización y la transformación digital se llevan a cabo con el objetivo último de aumentar los beneficios capitalistas, arrojando con ello al paro a miles de trabajadores.
¿Y quién puede aplicar la automatización más y con mejores resultados? Pues, tal y como informa de lo analizado en el estudio, las empresas más grandes, de mayor facturación. Esto lo que provoca, y provocará en aún más en el futuro inmediato, es la ruina de las empresas más pequeñas, incapaces de alcanzar el nivel de automatización necesario para competir con las más grandes y, por tanto, un aumento de la concentración.
El avance científico y tecnológico, que traen consigo la robotización y la automatización, suponen un avance para el ser humano. Sin embargo, lo que debería suponer la eliminación del trabajo manual más repetitivo y embrutecedor, bajo el capitalismo, se convierte en paro, descenso de la calidad de vida del proletariado y miseria para este.
La automatización de la producción, demuestra que el desarrollo de las fuerzas productivas hoy es infinitamente superior al desarrollo que éstas tuvieron en el pasado, pero implica la negación del capitalismo en tanto que niega lo esencial de éste, como es la apropiación de la plusvalía generada por el obrero. Con la automatización de la producción se desarmoniza completamente la composición orgánica del capital en favor del capital constante y en detrimento del capital variable que es el que genera plusvalía.
La automatización de la producción implica un cambio en la base económica y, consecuentemente, esta revolución de la base económica también revoluciona la superestructura que la misma engendra.
Fuera de la UE, sin monopolios ni latifundios
Las importaciones extracomunitarias en el año 2022 procedieron sobre todo de Brasil (10%; 19.900 millones de euros), Reino Unido (8%; 16.400 millones de euros), Ucrania (7%; 13.100 millones de euros), Estados Unidos (6%; 12.300 millones de euros), China (casi el 6%; 10.800 millones de euros) y Noruega (5%; 9.300 millones de euros).
Brasil, por ejemplo y según los datos de la UE, exporta carne de aves de corral, azúcar (principalmente azúcar de caña en bruto) y etanol. En el sector de la industria azucarera, las tres empresas más grandes de Brasil son Bunge, Cargill y ADM, las tres empresas estadounidenses.
La cancelación de los contratos de exportación de este edulcorante desde Brasil en octubre del pasado año encareció el azúcar un 27% y, en comparación con su precio en 2021, se disparó un 42,8%, según los datos del IPC. El alto precio del petróleo incrementó el uso del azúcar para producir etanol. De hecho, Louis Dreyfus Company advirtió en mayo de que la desviación de azúcar brasileño a la producción de este combustible produciría una reducción en los suministros mundiales.
Mientras, en el Estado español se ha perdido gran parte de la producción de remolacha azucarera. A finales de 2021 contaba con 29.500 hectáreas, dando lugar a una producción de 2,5 millones de toneladas. Se trata de un 40% menos de las que tenía hace una década. En 2011, España producía 4,1 millones de toneladas en 44.931 hectáreas, siendo el norte de España (Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra) es la principal zona productiva, con el 80% del total, seguida por Andalucía.
Cuatro únicas empresas controlan más del 85% del movimiento de cereales a lo largo y ancho del planeta. Se trata de Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, conocidas colectivamente como las ABCD. Juntas facturan más de 300.000 millones de euros anuales y controlan, desde incluso antes de su siembra, la producción mundial de insumos como la soja, el trigo o el maíz. Destaca sobre el resto Cargill -buena parte del pienso que se elabora en Galicia depende de sus materias primas-, que, además de ser la compañía privada más grande de EE. UU., es también la mayor comercializadora del planeta. Con más de 140.000 empleados y presencia en más de 66 países, ha extendido su actividad a otros sectores, como el de la producción cárnica. La actividad de las ABCD está, desde hace años en el punto de mira de distintas organizaciones que las culpan de usar su posición de dominio para fijar a su antojo los precios de los alimentos.
Un caso más cercano y sangrante es el de Marruecos, quien desde 2022 es el tercer exportador mundial de tomate. Las exportaciones marroquíes de esta verdura aumentaron un 7% hasta situarse en 670.000 toneladas en 2022. La Unión Europea es el primer socio de Marruecos con 43.000 millones de euros de intercambios de mercancías en 2021 y en el sector agrícola las exportaciones de Marruecos a países de la unión alcanzaron los 1,25 millones de euros.
Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, las importaciones de frutas y hortalizas en España procedentes de ese país se han cuadriplicado y en la Unión Europea duplicado.
Del total de empresas españolas registradas en Marruecos en el listado del Instituto Español de Comercio Exterior, un total de 37 (más del 10% del total) son del sector agrícola, incluyendo las productoras de hortalizas y frutas, las empresas de riego, de fertilizantes, de semillas y plantones o de maquinaria. Aunque estas empresas se consideran españolas por la nacionalidad del titular y el origen de la inversión inicial, la producción computa como marroquí en los mercados de exportación (Europa, Rusia, Estados Unidos, China…), razón por la cual su actividad es discreta y suelen huir del foco mediático.
En octubre de 2004 y en abril de 2007 se lanzaron, por parte de la SODEA y SOGETA, entidades marroquíes, sendas licitaciones para el arrendamiento de parte de sus tierras, administradas hasta ese momento por estas dos sociedades públicas, a inversores privados tanto nacionales como extranjeros durante 30 años prorrogables hasta 90.
En la primera licitación se adjudicaron 42.000 hectáreas. 11 de los 24 proyectos adjudicados a inversores extranjeros fueron para inversores españoles. En cuanto a la segunda licitación, se adjudicaron más de 40.000 hectáreas de terreno agrícola, y de ella se han visto beneficiados 31 proyectos extranjeros de los que 5 han sido españoles.
Por tanto, hay 16 proyectos adjudicados a empresas españolas como Duroc o Emporio verde centradas sobre todo en el subsector hortofrutícola, que se están lucrando de abandonar tierras andaluzas para producir lo mismo en Marruecos aumentando sus beneficios gracias a los bajos salarios que hay en el país africano y a los costes de producción, también más bajos que en estados como el español.
De estos datos podemos concluir: primero, que la política agraria de la UE consiste en dar dinero a los monopolios europeos y estadounidenses para comprar los mismos productos que pueden cultivar y producir en territorio europeo, pero al producirse a menor costo en otros países (por el coste de las materias primas, mano de obra…) los monopolios logran un mayor beneficio que si se produjera en suelo europeo.
Cuando en las estadísticas burguesas se habla de “países” con los que la Unión Europea hace negocios para importar productos no es más que un mero engaño. Ninguna de las empresas con las que la UE hace negocios es propiedad de ningún país, sino que los negocios los hacen con empresas privadas, con monopolios (la mayor parte de ellos norteamericanos o europeos) afincados en países como Brasil, Argentina, Argelia, India, Vietnam, Nigeria…
Segundo, que los estados europeos que componen la UE no tienen la soberanía de sus tierras, pues están obligados a cumplir las directrices europeas si quieren obtener el acceso a las “ayudas” como la PAC.
Es absolutamente necesario, por tanto, la salida de la Unión Europea, de igual forma que es imprescindible acabar con el latifundismo y los monopolios para poder llevar a cabo eficazmente la Reforma Agraria.
Solo hay una salida: ¡Reforma Agraria y revolución proletaria!
Hoy el desarrollo de las fuerzas productivas ya no se corresponde con el capitalismo sino con un modo de producción superior, el socialismo, unas fuerzas productivas que han creado las condiciones materiales para el socialismo y que entran en colisión con las relaciones de producción capitalistas.
El socialismo es el único sistema que puede acompasar las relaciones de producción a unas fuerzas productivas que chocan con la propiedad privada sobre los medios de producción, la cual objetivamente será arrasada por el desarrollo de las fuerzas productivas.
La situación del proletariado así como la del campesino es poco halagüeña bajo el capitalismo, donde solo le espera miseria, ruina y desdicha. El capitalismo avanza sin freno en la búsqueda de acumulación de capital y solo la revolución socialista será capaz de acabar con la destrucción de nuestro mundo y quienes lo habitamos.
Así, campesinos y proletarios, trabajadores del campo y la ciudad, deben ser quienes, unidos en la lucha por su máxima aspiración política, el socialismo, lleven a cabo una Reforma Agraria que devuelva las tierras al pueblo trabajador.
La Reforma Agraria que necesita el pueblo trabajador hoy es una Reforma Agraria que trasciende el campo y conecta a este plenamente con la ciudad, desarrollando así la industria y la sociedad en su conjunto, barriendo a la sociedad capitalista para su consecución.
Una Reforma Agraria que elimine la propiedad privada de las tierras y transfiera su propiedad al pueblo trabajador, que será quien decida la entrega a los jornaleros de esas tierras en calidad de trabajadores del campo. Así como los trabajadores de las fábricas son los que deberán desarrollar su trabajo en ellas, incluso las dirigen, pero no son los dueños de estas, sino que lo es el pueblo en su conjunto.
La socialización de las tierras cuyos productos pertenecerán a toda la sociedad permitirá que los campesinos dispongan, no sólo las tierras, sino también las máquinas, aperos, semillas, abonos y todo lo necesario para desarrollar su labor.
Fuera de la Unión Europea, que es la que marca hoy la política agraria de todos los países miembros, y con el desarrollo de la Reforma Agraria podremos tomar las riendas de la política agraria, de tal forma la producción agraria e industrial estarán subordinadas al avance social y sus beneficios los disfrutarán al completo el conjunto de la sociedad, algo diametralmente distinto a los intereses de los monopolios que dirigen la UE hoy.
Con las tierras en manos del pueblo este será quien elija democráticamente quien debe trabajarlas y de qué manera, qué debe sembrarse y en qué cantidad, acabando de raíz con la anarquía de la producción capitalista que solo fomenta el agotamiento de los recursos y la destrucción de la naturaleza. La unión del proletariado y del campesinado pobre deben ser los dueños y quien dirija los designios del campo y las fábricas, teniendo en cuenta que ambos están estrechamente ligados.
En las fábricas se produce toda la maquinaria necesaria para el trabajo en el campo por empresas de la industria de extracción (minas), de elaboración del acero y su transformación, de su templado, bonificado y cromado, etc. De ahí que los altos hornos, todo tipo de acerías y fábricas de barras perforadas, tubos cuadrados, etc. deben estar en manos del pueblo también para poder ejecutar la Reforma Agraria.
Por otro lado, la Reforma Agraria antilatifundista y antimonopolista, requiere no solo de la socialización de la banca, la cual es esencial en la dirección de la economía sino también la socialización de los canales de distribución de la producción agrícola. Sin ello, es inviable la Reforma Agraria que requiere el proletariado y el campo en el Estado español, es inviable la Reforma Agraria multilateral e integral que requiere el grado de desarrollo de las fuerzas productivas hoy.
Socializada la tierra, la banca, los canales de distribución de la producción y los medios de producción, proletarios y campesinos tendrán la capacidad de desarrollar la Reforma Agraria según la necesidad del pueblo trabajador. Atrás quedan las Reformas Agrarias del pasado, las cuales esgrimían el lema de: “¡La tierra para el que la trabaja!” pero esto se debía a que arrastraban el lastre de una producción agraria atrasada y sin avances técnicos. Lo cual provocaba la necesidad de apoyarse y pivotar en torno a clases sociales en camino de desaparición y de amplio carácter inestable y no pocas veces reaccionario. Ya que en el caso de los inicios de la revolución soviética debido a la falta de la industrialización y de la preparación del proletariado agrario se requirió aliarse momentáneamente con los kulaks y formar los famosos Koljoses y Sovjoses, pero a pesar de que está era la única salida para el naciente poder proletario también era una grieta desde la cual se esparcía la ideología burguesa, dificultando y retrasando, en gran medida, la construcción del socialismo.
Este es un problema que hoy ya no existe, la amplia robotización del campo y su continua monopolización ha provocado que los medianos y pequeños agricultores tengan corta vida (como la pequeña burguesía de las ciudades), causando tanto que esa clase social carezca de la influencia del pasado y que existan cada vez más proletarios rurales y jornaleros instruidos tanto en las labores agrarias como en el mantenimiento de las máquinas que en ellas se usan. Aprendiendo así de los éxitos y errores de las experiencias revolucionarias pasadas, se llega a la conclusión de que las cooperativas en el campo durante la revolución triunfante son actualmente menos necesarias o solo sirvan para un periodo corto de transición a la socialización total del campo y no un periodo tan largo y tortuoso como en el siglo pasado.
Hoy la tierra la trabaja más la máquina que el campesino, y este es un hecho que seguirá avanzando, de igual forma que sucede en la fábrica. Una Reforma Agraria moderna comprende al pueblo en su conjunto, que es el dueño de su tierra y de los medios de producción, y trabaja unido para lograr el desarrollo del socialismo.
De la misma manera que, esta reforma agraria exigirá de los trabajadores del campo nuevas aptitudes que deberán incorporar para garantizar dicho desarrollo. Con esta reforma agraria lanzada no se tardará mucho tiempo en llegar a enormes niveles de automatización en el campo que permitirán a los trabajadores agrarios eliminar el trabajo físico más pesado y sustituir parte de este por otro intelectual que permita mejorar la producción, además de reducir gradualmente el tiempo de trabajo gracias a esta automatización.
Nuevas ramas de la ciencia surgirán, la biotecnología agrícola, la genética y demás ciencias avanzarán (como la visión artificial, las mejoras de brazos recolectores, la optimización de las métricas de los robots, etc.) y lo que hoy es un anhelo científico inalcanzable por el lastre capitalista para mejorar el campo la reforma agraria lo conseguirá gracias a la armonización de las fuerzas productivas con las relaciones de producción bajo el socialismo.
El cuidado de la naturaleza y las tierras podrá hacerse efectivo, porque la lógica de acumulación de capital bajo el socialismo y con su reforma agraria no estarán presentes. Así, el ecologismo podrá ser real, por ejemplo, invirtiendo los recursos necesarios en robots que reducen el impacto de la siembra sobre el suelo agrícola, con maquinaria más pequeña y menos pesada, conducida con precisión sobre una ruta más corta. La Inteligencia Artificial (IA) permitirá realizar una monitorización remota de operaciones preprogramadas, como el control de profundidad y serán capaces de trazar las rutas más eficientes, rastrear otras máquinas que operan en el mismo campo y evitar obstáculos.
Estos avances, junto con muchos otros, hoy desechados por el capitalismo por caros e ineficientes para su objetivo de aumento de beneficios y acumulación de capital (pues el cuidado de la naturaleza es siempre un coste para el capitalista) serán el día a día en el socialismo y requerirá de una inversión en estudios y ciencia como nunca antes ha conocido el género humano.
Así, la Reforma Agraria repercutirá de forma natural en el sistema educativo, que será transformado por completo. La mayor necesidad de una mejor formación, orientada no para la obtención de ganancia capitalista, como lo es hoy, sino para el desarrollo de campo y los medios de producción generará un sistema educativo totalmente diferente, donde las ciencias y el materialismo dialéctico reinarán en los centros educativos en detrimento de la gris y acientífica “economía burguesa” hoy imperante en prácticamente todas las ramas de aprendizaje.
La formación se extenderá, no sólo a los primeros años de juventud, sino a lo largo de toda la vida del ser humano, pues así lo exigirá el socialismo y, en concreto, al desarrollar la Reforma Agraria. Los trabajadores del campo deberán estar al día de los nuevos avances, de los nuevos descubrimientos en cada campo, para poder desarrollar su trabajo con garantía de calidad.
La automatización propiciará una sustitución del trabajo físico y repetitivo, en buena medida, por un trabajo intelectual que exigirá mayores grados de formación y aprendizaje en la mayor parte de los trabajadores, sino en todos.
Todos los cambios en el trabajo no serán como lo son en el capitalismo traumáticos, llenos de incertidumbre y arrebatándole el futuro al trabajador, sino que serán auténticas oportunidades de conocer nuevos trabajos, funciones, ciencias y formas de desarrollarse en sociedad.
El estudio de la situación actual en el campo certifica la Reforma Agraria como parte integrante de la revolución proletaria y la construcción del socialismo ha de estar encaminada a la destrucción completa de las relaciones de producción capitalistas en el campo y la socialización completa de la tierra, la banca, los canales de distribución y los medios de producción que la acompañan. Como motor central de esta hazaña se ha de apostar por la automatización y robotización de la producción agraria y que ésta esté al servicio del desarrollo de la sociedad socialista además de armonizada con la producción industrial. También se ha de preparar al proletariado rural para el control productivo de la tierra y la profundización de una producción en equilibrio entre las necesidades humanas y el cuidado del medio ambiente.
Comisión de Movimiento obrero y de masas del Comité Central del PCOE