Durante la última etapa del pasado curso académico vimos cómo, tras la suspensión de las clases presenciales, todos los niveles educativos mostraron graves deficiencias en el desarrollo de la enseñanza. Los medios telemáticos que tanto publicitó la Generalitat no funcionaron y el personal docente tuvo que improvisar para desarrollar este tipo de tareas, demostrando el gobierno valenciano una total ignorancia, si no un absoluto desinterés, sobre la situación de los hogares de la clase obrera.

El pasado 4 de mayo, Manuel Castells, Ministro de Universidades, afirmaba que “la brecha digital es un mito” y que el 91,4% de los hogares españoles disponían de un ordenador. Rápidamente, la información del propio INE dejaba en ridículo a Manuel Castells ya que, según datos de 2019, tan solo el 80,9% de los hogares cuenta con algún tipo de ordenador. Teniendo en cuenta que este porcentaje contabiliza las tablets y otro tipo de ordenadores que, si bien pueden acceder a Internet y tienen funcionalidades compatibles con las tareas de la docencia, no cuentan con las múltiples funcionalidades que tan solo son compatibles con ordenadores portátiles o de sobremesa, por no hablar de los ordenadores obsoletos “incompatibles” con el seguimiento y realización de algunas tareas.

La tan cacareada autonomía de los centros y de las universidades se mostró entonces como es: que cada uno/a haga lo que pueda con lo que tiene, porque no le vamos a dar más que migajas y así ha seguido desde entonces. De nuevo veíamos cómo los gestores de las universidades públicas se convertían en pollos sin cabeza a la hora de tomar medidas, dejando a cada profesor/a “a su libre consideración” pero imponiendo de facto, de manera atropellada e ignorando a la representación sindical, una docencia y evaluación online improvisadas, de dudosa eficacia docente y que situaba tanto a profesores/as como a estudiantes en la más absoluta inseguridad jurídica.

Tras un final de curso lleno de decisiones más que deficientes y con un apoyo nulo, el inicio del nuevo curso 2020-2021 nos deja un panorama más lamentable todavía. A un mes de empezar el curso, la mayoría de comunidades autónomas y hogares desconocían qué medidas se implantarían, si se desdoblarían las clases y cursos saturados, si se reforzarían las plantillas docentes, de limpieza, de comedor, qué infraestructuras se utilizarían…

A día de hoy, ya iniciado el curso, la ley establecida por la Generalitat Valenciana ha sido la del “sálvese quien pueda”. Si bien teóricamente se han establecido medidas como la reducción del número de alumnos/as por clase, los grupos “burbuja”, la obligación de una distancia interpersonal mínima, medidas de higiene extra o las entradas, salidas y recreos “escalonados”, Todo ello lo han tenido que decidir docentes especialistas en matemáticas, física, educación física, inglés o lengua … sin ningún tipo de capacitación en lo referente a tratamientos ni gestiones sanitarias: es necesario y urgente la incorporación de personal sanitario perteneciente a la consellería de Sanitat que ayude y coordine todo el proceso.

La pregunta es, ¿cómo las pretenden implementar? Con institutos saturados con hasta 30 alumnos/as por aula porque no existen infraestructuras para más, con docentes que semana a semana superan de largo sus horas laborales establecidas con trabajo extra no remunerado, con unos niveles de sobreexplotación y precariedad incompatibles con la conciliación familiar y laboral que tan solo consiguen dificultar a las familias las entradas y salidas de sus hijos y un largo etcétera de problemas de los que la educación pública ya “gozaba” mucho antes de que la COVID-19 entrara en escena, ¿cómo se piensa asumir las nuevas medidas? La respuesta es clara, recaerá sobre los centros, el profesorado y los padres y madres, mientras la Generalitat se lava las manos responsabilizando a las familias del estado de salud de sus hijas e hijos.

La principal medida, la bajada de la ratio por aula hasta 23 alumnas/os para infantil y primaria y 25 alumnas/os para secundaria, deja patente la manera en la que la Generalitat Valenciana insulta la inteligencia de la comunidad educativa. En primer lugar porque solo descarga la ratio 2 alumnos por aula en primaria y 5 en secundaria en los centros saturados (según los datos de 2019 la ratio media en primaria e infantil era de 20,6 alumnos/as y en secundaria de 24,9). Pero es que además estamos viendo como la mayoría de institutos de secundaria se han visto obligados a impartir la mitad de las clases (con asistencia en días alternos), reduciendo drásticamente la instrucción del alumnado que no lo puede pagar fuera de la institución pública: otra tirita bienintencionada para un sistema que se desangra.. Esto muestra cómo, quienes de nuevo pagarán los platos rotos de esta gestión serán los colegios e institutos más saturados y con menores recursos, aquellos donde se matriculan las/os hijas/os de la clase trabajadora, que no cumplen las ratios y que se ven  obligados a utilizar la semipresencialidad por turnos rotatorios en casa y en el centro a fin de suplir la falta de recursos humanos y materiales. Los institutos de secundaria, que largo tiempo atrás se transformaron en centros de abandono escolar donde desechar a los hijos e hijas del proletariado más precario, verán multiplicados sus problemas para abordar y evitar el “fracaso escolar”, al igual que para atender a aquellas/os alumnas/os con necesidades educativas especiales, es decir, aquellas/os que el capitalismo considera “no rentables”, cuya atención recae casi en exclusiva sobre la enseñanza pública.

Las universidades valencianas, por su parte, han aplicado medidas arbitrarias y claramente insuficientes marcadas por la imposición de una política de “coste 0” que impide la necesaria contratación de nuevo profesorado y personal técnico, el refuerzo de los raquíticos Servicios de Prevención o el de los imprescindibles servicios de limpieza. La imposibilidad presupuestaria para desdoblar grupos de teoría y/o prácticas limita las medidas a las recomendaciones genéricas de uso de la mascarilla en todo momento o mantenimiento de 1,5 m de distancia interpersonal excepto para los laboratorios de prácticas, auténticos generadores de contactos estrechos. Contradictoriamente, la presencialidad es obligatoria en la mayoría de casos, eso sí, en función de los aforos de las aulas, imponiendo a profesores/as y estudiantes un absurdo sistema que llaman “dual” en que parte del alumnado (si realmente acude) atenderá la clase en el aula mientras el resto debe seguir la retransmisión de la misma en directo.

Con todavía menos ayudas, pero con las mismas tasas y exigencias para el alumnado, esta situación, sumada al paro y la precariedad galopantes desencadenados por un capitalismo en crisis estructural agudizada por la pandemia de COVID-19, hace que muchos hijos e hijas de la clase trabajadora hayan tenido que abandonar su formación universitaria por no poder hacer frente a los pagos de las matrículas, tasas o gastos relacionados.

Todas estas medidas reflejan la ineficiencia de los gestores políticos del capitalismo para atender a las necesidades de la inmensa mayoría social, su total despreocupación por la situación del proletariado y el quebrado modelo educativo del capital. El sistema educativo capitalista es tan solo otra herramienta de la burguesía a fin de inocular al proletariado con su ideología, de desechar y jerarquizar a los hijos e hijas de la clase trabajadora dentro de cada una de las enseñanzas en función de las necesidades, trabajos y funciones que el sistema productivo capitalista tiene asignado para ellas y ellos, mientras introduce ideología burguesa a fin de combatir la conciencia de clase y la organización obrera, desde la asignatura de Historia hasta asignaturas relacionadas con el comportamiento en los centros de trabajo o el emprendimiento empresarial, todas cumplen su función.

El sistema educativo no es más que el reflejo del quebrado y agonizante capitalismo y de sus Estados, quienes ya antes de la COVID-19 y con la aceleración que ésta ha provocado, ven en sus horizontes otra crisis económica que no deja de ser la cola de la misma crisis que ya viéramos iniciarse en 2008, y van allanando el terreno a una nueva ola de recortes sociales que dejarán la educación pública todavía más precarizada y sobresaturada de lo que ya hoy día está.

Ante esta situación, todos los partidos políticos del arco parlamentario agacharán la cabeza y reformularán leyes y medidas para una “mejor enseñanza”, puede que incluso un “Pacto Social por la Educación”, pero sin cambiar la base, cambiarlo todo para que nada cambie. El sistema educativo capitalista nos aboca a una vida de servidumbre intelectual e ideológica, así como a un individualismo y competitividad contrarios a los intereses de la clase obrera y resto de sectores populares. Debemos combatir el individualismo y la servidumbre con una educación de clase, pero de clase proletaria, y para ello tan solo cabe la organización popular en los centros de estudio, con el estudiantado en solidaridad con el profesorado y viceversa.

¡Organízate contra la educación capitalista y sus medidas que nos abocan a la enfermedad y la ignorancia!

¡Por una enseñanza al servicio del pueblo trabajador, exclusivamente pública, científica y sin copagos!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) Comité del País Valencià

10 de octubre de 2020

“Necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación”

Karl Marx

El PCPE i el PCOE davant la tornada a classe al País Valencià i la incapacitat del “Govern del Botànic”

Durant l’última etapa del passat curs acadèmic vam veure com, després de la suspensió de les classes presencials, tots els nivells educatius van mostrar greus deficiències en el desenvolupament de l’ensenyament. Els mitjans telemàtics que tant va publicitar la Generalitat no van funcionar i el personal docent va haver d’improvisar per a desenvolupar aquest tipus de tasques, demostrant el govern valencià una total ignorància, si no un absolut desinterés, sobre la situació de les llars de la classe obrera.

El passat 4 de maig, Manuel Castells, Ministre d’Universitats, afirmava que “la bretxa digital és un mite” i que el 91,4% de les llars espanyoles disposaven d’un ordinador. Ràpidament, la informació del mateix INE deixava en ridícul a Manuel Castells ja que, segons dades de 2019, tan sols el 80,9% de les llars compta amb alguna mena d’ordinador. Tenint en compte que aquest percentatge comptabilitza les tauletes i un altre tipus d’ordinadors que, si bé poden accedir a Internet i tenen funcionalitats compatibles amb les tasques de la docència, no compten amb les múltiples funcionalitats que tan sols són compatibles amb ordinadors portàtils o de sobretaula, per no parlar dels ordinadors obsolets “incompatibles” amb el seguiment i realització d’algunes tasques.

La tan esbombada autonomia dels centres i de les universitats es va mostrar llavors com és: que cadascun/a faça el que puga amb el que té, perquè no li donarem més que engrunes i així ha seguit des de llavors. De nou véiem com els gestors de les universitats públiques es convertien en pollastres sense cap a l’hora de prendre mesures, deixant a cada professor/a “a la seua lliure consideració” però imposant de facto, de manera atropellada i ignorant a la representació sindical, una docència i avaluació online improvisades, de dubtosa eficàcia docent i que situava tant a professors/as com a estudiants en la més absoluta inseguretat jurídica.

Després d’un final de curs ple de decisions més que deficients i amb un suport nul, l’inici del nou curs 2020-2021 ens deixa un panorama més lamentable encara. A un mes de començar el curs, la majoria de comunitats autònomes i llars desconeixien quines mesures s’implantarien, si es desdoblegarien les classes i cursos saturats, si es reforçarien les plantilles docents, de neteja, de menjador, quines infraestructures s’utilitzarien…

Hui dia, ja iniciat el curs, la llei establida per la Generalitat Valenciana ha sigut la del “salve’s qui puga”. Si bé teòricament s’han establit mesures com la reducció del nombre d’alumnes/as per classe, els grups “bambolla”, l’obligació d’una distància interpersonal mínima, mesures d’higiene extra o les entrades, eixides i esbarjos “escalonats”, Tot això ho han hagut de decidir docents especialistes en matemàtiques, física, educació física, *ingés o llengua … sense cap mena de capacitació referent a tractaments ni gestions sanitàries: és necessari i urgent la incorporació de personal sanitari *pertenenciente a la conselleria de *Sanitat que ajude i coordine tot el procés.

La pregunta és, com les pretenen implementar? Amb instituts saturats amb fins a 30 alumnes/as per aula perquè no existeixen infraestructures per a més, amb docents que setmana a setmana superen de llarg les seues hores laborals establides amb treball extra no remunerat, amb uns nivells de sobreexplotació i precarietat incompatibles amb la conciliació familiar i laboral que tan sols aconsegueixen dificultar a les famílies les entrades i eixides dels seus fills i un llarg etcètera de problemes dels quals l’educació pública ja “gaudia” molt abans que la *COVID-19 entrara en escena, com es pensa assumir les noves mesures? La resposta és clara, recaurà sobre els centres, el professorat i els pares i mares, mentre la Generalitat es llava les mans responsabilitzant a les famílies de l’estat de salut de les seues filles i fills.

La principal mesura, la baixada de la ràtio per aula fins a 23 alumnes/us per a infantil i primària i 25 alumnes/us per a secundària, deixa patent la manera en la qual la Generalitat Valenciana insulta la intel·ligència de la comunitat educativa. En primer lloc perquè només descarrega la ràtio 2 alumnes per aula en primària i 5 en secundària en els centres saturats (segons les dades de 2019 la ràtio mitjana en primària i infantil era de 20,6 alumnes/as i en secundària de 24,9). Però és que a més estem veient com la majoria d’instituts de secundària s’han vist obligats a impartir la meitat de les classes (amb assistència en dies alterns), reduint dràsticament la instrucció de l’alumnat que no el pot pagar fora de la institució pública: una altra tireta benintencionada per a un sistema que es dessagna.. Això mostra com, els qui de nou pagaran els plats trencats d’aquesta gestió seran els col·legis i instituts més saturats i amb menors recursos, aquells on es matriculen les/us filles/us de la classe treballadora, que no compleixen les ràtios i que es veuen  obligats a utilitzar la *semipresencialidad per torns rotatoris a casa i en el centre a fi de suplir la falta de recursos humans i materials. Els instituts de secundària, que llarg temps arrere es van transformar en centres d’abandó escolar on rebutjar als fills i filles del proletariat més precari, veuran multiplicats els seus problemes per a abordar i evitar el “fracàs escolar”, igual que per a atendre a aquelles/us alumnes/us amb necessitats educatives especials, és a dir, aquelles/us que el capitalisme considera “no rendibles”, l’atenció dels quals recau quasi en exclusiva sobre l’ensenyament públic.

Les universitats valencianes, per part seua, han aplicat mesures arbitràries i clarament insuficients marcades per la imposició d’una política de “cost 0” que impedeix la necessària contractació de nou professorat i personal tècnic, el reforç dels raquítics Serveis de Prevenció o el dels imprescindibles serveis de neteja. La impossibilitat pressupostària per a desdoblegar grups de teoria i/o pràctiques limita les mesures a les recomanacions genèriques d’ús de la màscara en tot moment o manteniment de 1,5 m de distància interpersonal excepte per als laboratoris de pràctiques, autèntics generadors de contactes estrets. Contradictòriament, la presencialitat és obligatòria en la majoria de casos, això sí, en funció dels aforaments de les aules, imposant a professors/as i estudiants un absurd sistema que anomenen “dual” en què part de l’alumnat (si realment acudeix) atendrà la classe a l’aula mentre la resta ha de seguir la retransmissió de la mateixa en directe.

Amb encara menys ajudes, però amb les mateixes taxes i exigències per a l’alumnat, aquesta situació, sumada a l’atur i la precarietat galopants desencadenats per un capitalisme en crisi estructural aguditzada per la pandèmia de *COVID-19, fa que molts fills i filles de la classe treballadora hagen hagut d’abandonar la seua formació universitària per no poder fer front als pagaments de les matrícules, taxes o despeses relacionades.

Totes aquestes mesures reflecteixen la ineficiència dels gestors polítics del capitalisme per a atendre les necessitats de la immensa majoria social, la seua total despreocupació per la situació del proletariat i el fet fallida model educatiu del capital. El sistema educatiu capitalista és tan sols una altra eina de la burgesia a fi d’inocular al proletariat amb la seua ideologia, de rebutjar i jerarquitzar als fills i filles de la classe treballadora dins de cadascuna dels ensenyaments en funció de les necessitats, treballs i funcions que el sistema productiu capitalista té assignat per a elles i ells, mentre introdueix ideologia burgesa a fi de combatre la consciència de classe i l’organització obrera, des de l’assignatura d’Història fins a assignatures relacionades amb el comportament en els centres de treball o l’emprenedoria empresarial, totes compleixen la seua funció.

El sistema educatiu no és més que el reflex de la fracció i agonitzant capitalisme i dels seus Estats, els qui ja abans de la *COVID-19 i amb l’acceleració que aquesta ha provocat, veuen en els seus horitzons una altra crisi econòmica que no deixa de ser la cua de la mateixa crisi que ja vérem iniciar-se en 2008, i van aplanant el terreny a una nova ona de retallades socials que deixaran l’educació pública encara més *precarizada i sobresaturada del que ja hui dia està.

Davant aquesta situació, tots els partits polítics de l’arc parlamentari acatxaran el cap i reformularan lleis i mesures per a un “millor ensenyament”, pot ser que fins i tot un “Pacte Social per l’Educació”, però sense canviar la base, canviar-lo tot perquè res canvie. El sistema educatiu capitalista ens aboca a una vida de servitud intel·lectual i ideològica, així com a un individualisme i competitivitat contraris als interessos de la classe obrera i resta de sectors populars. Hem de combatre l’individualisme i la servitud amb una educació de classe, però de classe proletària, i per a això tan sols cap l’organització popular en els centres d’estudi, amb l’estudiantat en solidaritat amb el professorat i viceversa.

Organitza’t contra l’educació capitalista i les seues mesures que ens aboquen a la malaltia i la ignorància!

Per un ensenyament al servei del poble treballador, exclusivament pública, científica i sense copagaments!

10 d’octubre de 2020

Comité Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol (PCOE) a València

Partit Comunista dels Pobles d’Espanya (PCPE) Comité del País Valencià

“Necessitem una altra educació per a una altra societat i una altra societat per a una altra educació”

Karl Marx

En un artículo anterior nuestro partido ya denunció cómo diferentes organizaciones políticas al servicio del sistema capitalista criminalizaban a los trabajadores inmigrantes al mismo tiempo que beneficiaban a empresarios y terratenientes para seguir explotándolos con total impunidad. La situación no es exclusiva del Estado Español, cómo han denunciado temporeros españoles que se encuentran en la vendimia en Francia.

Una parte de los 14.000 temporeros que cada año van a trabajar a Francia han denunciado las vejaciones, abusos y falta de alojamiento por parte de la empresa NORD-EST, algo de lo que se ha hecho eco el diario Público. Estos denuncian que sufrieron “maltratos de todo tipo” (…) “Nada más llegar nos dijeron que por el tema del coronavirus no nos iban a dar comida ni alojamiento. Aún así empezamos a trabajar sabiendo eso, pero desde el primer día no nos daban ni una botella de agua. Nos insultaban, se reían de nosotros, nos llamaban hijos de puta y muertos de hambre”, cuenta una temporera española.

Estas humillaciones iban acompañadas de amenazas: “Cuando nos quejábamos y decíamos que no podíamos seguir trabajando así nos decían que no trabajáramos y nos descontaban las horas. Así era todos los días…”

Pese a que el pretexto de no darles comida ni alojamiento fue el COVID-19 (lo cual no deja de ser una excusa para ahorrar costes), esta enfermedad no pareció importarles al someter a sus trabajadores a condiciones insalubres, como privarles de un baño:

“No teníamos baño y si tenías necesidades tenías que esconderte un poco entre las viñas para poder hacerlo o hacer de tripas corazón y aguantar. (…) “También reclamamos duchas, pero nos dieron una ducha para más de 120 personas (éramos grupos de 60 personas). Imagínate cómo estaba la ducha. Hubo mucha gente que decidimos no ir, pero deberíamos haber tenido derecho a ducharnos después de las jornadas de trabajo”.

De igual manera que ocurre con muchos temporeros inmigrantes en España, en Francia también se les priva de alojamiento:

“Para dormir te tenías que buscar la vida. Mi compañero y yo teníamos furgoneta, pero había mucha gente que no tenía nada y han tenido que dormir en tiendas de campaña escondidos en parques o donde pillaban. Algunos días nos han echado y hemos tenido que recoger el campamento por la noche cuando al día siguiente teníamos que trabajar” (…) “Tengo otros compañeros a los que les reservaron un espacio, pero estaba literalmente en un vertedero. Cuando los jefes nos dijeron que podríamos dormir en un vertedero creíamos que era cachondeo, que lo decían porque eran unos clasistas, pero cuando llegamos ahí era un vertedero de verdad. Hubo mucha gente que se quedó porque del vertedero no te echaba la Policía”.

Las experiencias de mujeres temporeras marroquíes en España que sufrieron no sólo explotación laboral, sino acoso sexual tampoco es algo ajeno para las trabajadoras españolas en Francia:

“El día en el que la situación se volvió insostenible fue un día en el que varios hombres-también trabajadores-empezaron a acosar a chicas de mi grupo de trabajo. Las miraban, las tocaban… y las chicas de nuestro grupo nos negamos a trabajar con esa gente. Cuando se lo dijimos a nuestro superior él se rio de nosotras y nos dijo que nos estaba pasando eso por ir así vestidas.”

Como vemos, la clase obrera, independientemente de su nacionalidad, sufre los mismos tipos de opresiones en uno u otro país que esté bajo los dictámenes del capitalismo, por lo que no vamos a defender divisiones entre la misma, ya lo haga la derecha con sus discursos xenófobos o la izquierda oportunista que demoniza a “los blancos” en abstracto, sin entender que una cosa es la élite económica de un país y otra su clase obrera. Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), como internacionalistas, defendemos la unión de las luchas de los trabajadores de los diferentes pueblos del mundo. Como dijo un auténtico internacionalista como fue el Che Guevara, “si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante.”

Al mismo tiempo, apoyamos una Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista para solucionar los problemas relacionados con el trabajo del campo, entregando las tierras al pueblo, permitiendo a los jornaleros el trabajo digno en el campo, generando un impulso industrial para el desarrollo de este, que permita que tanto jornaleros como ingenieros y técnicos se queden en el país a trabajar gracias a la Reforma Agraria y no tengan que verse obligados a emigrar al extranjero en busca de trabajo.

Pero todo ello solo se puede lograr con la integración de todas las luchas relacionadas con obreros, campesinos, estudiantes, pensionistas, etc; en un Frente Único del Pueblo que sirva de vehículo contra la raíz de los males que nos aquejan a obreros y campesinos, el imperialismo criminal, que nos sume -como hemos visto a lo largo de este artículo- en la miseria moral y material. Un Frente Único del Pueblo que luche por la Reforma Agraria, que debe ser Antilatifundista y Antimonopolista, que nos debe sacar de la Unión Europea, para lograr sus objetivos y que debe ser también el motor de la construcción del socialismo, máxima aspiración de las clases trabajadoras hoy.

¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español!

¡Trabajadores de todos los pueblos, uníos!

¡Por la Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista!

¡Por el Frente Único del Pueblo!

Secretaría de Movimiento Obrero y de Masas del Partido Comunista Obrero Español

A medida que avanzamos en el tiempo, se hace patente que el cambio en el modelo productivo y la destrucción de la poca industria restante en el Estado es algo de rigurosa actualidad y que afecta y afectará a miles de trabajadores a lo largo y ancho del territorio español. Se demuestra por tanto que, efectivamente, España es un eslabón cada vez más débil de la cadena imperialista:

«Nos encontramos en la etapa final de este proceso de desmantelamiento industrial del Estado español. El rol que le corresponde en la cadena imperialista mundial no es otro que el sector servicios y, fundamentalmente, el turismo, hecho este que, sin duda lo convierte en uno de los eslabones más débiles de la cadena imperialista. Este es el papel que le han asignado los imperialistas agrupados en la UE y en la OCDE.»

La acumulación de la riqueza en cada vez menos manos, los llamados “superricos“, provoca necesariamente que la parte productora de la sociedad, el proletariado, crezca a pasos agigantados en condiciones cada vez más miserables, en la depauperación de sus condiciones de vida. No desvelamos nada nuevo puesto que esta es una de las contradicciones del capitalismo que acertadamente señalaba Carlos Marx en El Capital:

«La acumulación capitalista produce constantemente, en proporción a su intensidad y a su extensión, una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, es decir; una población obrera remanente o sobrante.»

En septiembre, cuando todavía no se habían prorrogado las políticas criminales de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las empresas vaticinaban despidos masivos a partir del 1 de octubre. Hoy, con los ERTE prorrogados, vemos que los despidos están ocurriendo de igual forma, probando que ya ni las inyecciones de dinero público pueden salvar la empresa privada o que, en otras palabras, el capitalismo es un cadáver en completa descomposición.

Desde que comenzó el mes de octubre, mostramos algunos de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se han puesto encima de la mesa:

• • Vauste: 60 trabajadores en Gijón.
  • Coca-Cola European: 77 trabajadores en Málaga.
  • The Phone House: 148 trabajadores en todo el Estado.
  • Alumalsa: 230 trabajadores en Zaragoza.
  • Alcoa: 524 trabajadores en San Ciprián.

Es decir, en 10 días estamos presenciando el despido de más de 1.000 trabajadores. Y esto es la punta del iceberg: por un lado porque sabemos que en la prensa sólo aparece un pequeño muestreo de todos los casos y, por otro lado, porque en las próximas semanas esta situación se repetirá sistemáticamente en una gran parte de las empresas del Estado español.

Sin duda, el caso más conocido es el de Alcoa, más aún siendo vox pópuli que es una empresa que ha recibido en la última década (eso abarca tanto gobiernos del PSOE como del PP) 1.000 millones de euros de dinero público. Con lo cual, los comunistas no mentimos cuando decimos que el Estado no es una entidad neutra por encima de las clases, sino que es un instrumento de dominación de una clase sobre la otra. En concreto, el Estado español (como la inmensa mayoría del mundo) es un instrumento de la burguesía para oprimir a la clases trabajadoras y populares.

No es, ni mucho menos, la primera vez que desde el Partido Comunista Obrero Español hablamos de la situación de Alcoa, puesto que en los últimos años se han intensificado las contradicciones de clase en esta multinacional en España. Tampoco sería la primera vez que asistimos a sus manifestaciones presentando batalla ideológica, política y sindical frente a los lacayos de CCOO, UGT y Unidas Podemos, entre otros. No podemos olvidar que cuando el carácter de clase de la sociedad se hace más latente, la tarea del oportunismo es la de manipular y mentir a los obreros para que agachen la cabeza, para que acepten las condiciones de la burguesía.

Repasemos: unos párrafos antes señalábamos diferentes empresas en las que se conocía que se iban a practicar despidos a una parte de la plantilla. Si profundizamos en estos casos, veremos que:

• • En Vauste, CCOO ganó las elecciones sindicales en octubre de 2019. El comité de empresa en 2020 aprobaba el ERE por votación.
  • En Coca-Cola European Partners, CCOO monopoliza el comité de empresa y han aceptado el ERE a cambio de prejubilaciones (es decir, destrucción de puestos de trabajo) y traslados.
  • En Alumalsa, el comité de empresa, conformado por UGT y CCOO, acepta negociar unos “despidos atractivos“.

En el caso de Alcoa, las traiciones a la clase trabajadora por parte de los sindicatos no son una cuestión de este año ni del anterior, sino de un rodaje de años, si no décadas, puesto que su alineación con el Estado burgués es total.

Así se explica que en 2013 los supuestos representantes de los trabajadores pusieran encima de la mesa a la plantilla la aceptación de la congelación salarial. La misma historia en 2015 y, en 2017, la bajada del 1’5% del sueldo. Así son las negociaciones de CCOO y UGT, que ante los cierres actuales de las fábricas de A Coruña, Avilés y San Ciprián se ofrecen como intermediarios de la compra-venta para perpetuar el beneficio privado, en vez de promulgar la huelga general, la unidad de la clase obrera en todos los sectores para luchar por la nacionalización y la mejora de las condiciones materiales de los trabajadores. Eso es el sindicalismo amarillo: todo para los burgueses y nada para el trabajador.

Por encima de ellos, el oportunismo de Unidas Podemos con sus continuas pataletas, clamando al cielo, preguntándose qué ha podido pasar y pidiendo la nacionalización y la intervención estatal (¡como si no estuviesen gobernando!) de la industria española cuando les cuadra y si tienen tiempo. Sobre ellos, simplemente repetiremos lo que escribimos en octubre de 2018:

«¿Por qué, entonces, no se acogen a esta posibilidad (a la intervención estatal)? Porque, por una parte, la Constitución sólo es un panfleto propagandístico del Estado y, por otra, como venimos denunciando durante décadas los comunistas, la socialdemocracia es la pata izquierda del capitalismo, proponen exactamente lo mismo, pero con una capa de maquillaje. Las reivindicaciones de esta gente se limitan a pedir que no se cierre la fábrica, que no hay motivos para hacerlo. Es decir, que a pesar del auténtico despilfarro público que se ha realizado para beneficiar a Alcoa, asumen una posición equidistante que no perjudique a los empresarios.»

Las tareas de los comunistas en España y en el mundo entero son hoy mucho más duras de lo que podemos imaginar. La burguesía tiene la experiencia de la lucha contra el bloque socialista durante el siglo XX. Gracias a esto, se han refinado los oportunismos, se ha intensificado la lucha ideológica y, junto con ello, se ha arrasado y se arrasa con la vida y la dignidad de los trabajadores. La consigna ¡Socialismo o barbarie! adquiere hoy día más significado que nunca, puesto que la perdida de derechos y de nivel de vida de los obreros está directamente relacionada con la caída del bloque socialista.

Es por ello que la lucha contra el oportunismo, contra la burguesía dentro del movimiento obrero, pasa obligatoriamente por la unidad de los comunistas. A su vez, los comunistas unidos somos imprescindibles para que sea posible la unidad de la clase obrera y la consecución del Socialismo. En este camino, y como ya hemos plasmado publicando en septiembre el Marco Programático para la Unidad de Acción de los Comunistas en el Estado Español, el fortalecimiento del sindicalismo de clase, de los sindicatos adscritos a la Federación Sindical Mundial, es un deber innegable de los revolucionarios, de los marxistas-leninistas.

Es el momento de que los comunistas tomemos Partido, porque sin Partido no hay revolución.

¡Por la unidad de los comunistas!

¡Contra el sindicalismo amarillo!

¡Socialismo o barbarie!

Madrid, 10 de octubre de 2020

Secretaría de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)

Desde que se iniciaran los protocolos del COVID-19 hemos visto cómo en las universidades públicas se ha hecho una gestión nefasta de la pandemia. Los decanatos, en la mayoría de los casos han optado por ignorar la situación de desamparo académico de la universidad, abandonando a su suerte al profesorado y al alumnado, dejando los cursos en el aire, sin garantizar los recursos necesarios para realizar las clases de manera telemática.

En aquel momento, muchas universidades, profesores y muchos medios, vendieron aquella situación como un problema de falta de preparación, la pandemia pilló por sorpresa a las instituciones educativas y estas hicieron lo que buenamente pudieron con los medios disponibles.

Bien, la pandemia y sus consecuencias en España comenzaron a mediados de marzo de este año, es decir, hace unos 6 meses. En estos 6 meses hemos vivido la desescalada, la “nueva normalidad” y sus medidas, así como se han modificado muchos de los hábitos y costumbres de nuestro día a día, lo que parece no haber cambiado es la previsión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, quien ha protagonizado uno de los espectáculos más bochornosos de la pandemia, tanto por su contenido, como en su forma.

El curso tenía inicio previsto en el 21 de septiembre, fecha ya tardía respecto a lo que se acostumbra al inicio del curso. Pocos días antes del 21, se informa que para poder habilitar correctamente el centro San Pedro Mártir y Madre de Dios se retrasarían las clases hasta el 28 de septiembre, para cumplir así con el inicio presencial de las clases.

El problema lo vemos cuando, el día 23 de septiembre, el delegado de la facultad informa, vía WhatsApp al alumnado que pasen a todos los grupos de clase la información de que el día 28 comenzarán las clases, pero de forma telemática, contradiciendo totalmente las instrucciones e informaciones dadas días antes en un mail. Tras esto, varios alumnos se sorprenden de las formas en las que la universidad comunica esto a los alumnos y deciden, vía redes sociales, ponerse en contacto con la universidad, quien confirma lo dicho por el delegado de la facultad. Acto seguido y mediante una publicación en Instagram, la universidad confirma esta información, las clases se realizarán de manera no presencial para todos los cursos.

Dos días más tarde se envía un comunicado a los alumnos confirmando la información que previamente se había facilitado primero por Whatsapp y luego por Instagram, sin mucho detalle ni explicaciones, sino más bien el envío de una confirmación de lo que ya se sabía, pero dos días más tarde y por el cauce que debiera haber sido informado desde un inicio.

Esto pudiera parecer simplemente un desliz o un error, pero debemos entender el contexto en el que esto ocurre. Existe una realidad, y es que las universidades son lugar de migración de estudiantado de diversas partes del Estado, ya sea por preferencia, comodidad, facilidad económica u otros factores, muchos estudiantes han de desplazarse hasta la ciudad de Toledo para cursar sus estudios en la UCLM de Toledo, han de cargar con sus pertenencias, desplazarse en algunos casos cientos de kilómetros y además pagar residencias, pisos y todos los gastos, aparte de una matrícula universitaria que en Castilla La Mancha ronda de media los 900€/año. Todo esto supone que, a día de hoy, los estudiantes habrán desembolsado entre medio y un mes de gastos para que ahora la universidad lo resuma todo con una disculpa y pida “afrontar con ánimo este comienzo”.

Es evidente que la universidad ha tenido tiempo sobrado para prever e informar al estudiantado de las posibles medidas, al igual que de preparar las aulas y los medios por los que se impartiría clase, pero ha preferido no hacerlo ya que sabe que, de haber sabido que el curso sería telemático en su mayoría, una parte importante del estudiantado hubiera elegido otra universidad para este curso. De nuevo vemos como las universidades que se dicen públicas trabajan con el engaño y la duda a fin de no perder sus beneficios económicos, abandonando totalmente a su suerte al estudiantado.

Contra esta situación no queda más que la organización de todos los estudiantes, pues tan solo unidos y de manera coordinada se nos escuchará y podremos lucha contra el modelo universitario actual, que lejos de ser un lugar donde expandir nuestro conocimiento y evolucionar como personas, es una máquina de crear trabajadores precarios y sin conciencia, inoculando ideología burguesa a cada paso, fomentando el individualismo y siendo una mina de trabajo gratuito para las empresas a través de las “prácticas”. ¡Estudiante, no permitas que te sigan pasando por encima y se sigan riendo de ti!

¡LUCHÉMOS POR UNA UNIVERSIDAD PROLETARIA!

¡EL CONOCIMIENTO HA DE SER DEL PUEBLO!

¡ORGANÍZATE CONTRA LA EDUCACIÓN CAPITALISTA!

 A 7 de octubre de 2020 en Toledo

PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE) EN TOLEDO

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) EN TOLEDO

La incapacidad del equipo directivo de la UCM para gestionar de manera eficaz e igualitaria situaciones de crisis se demostró ampliamente en las medidas clasistas y negligentes que fueron adoptadas durante el confinamiento desde el 13 de marzo. El objetivo último de este conjunto de medidas —recubiertas de un falso halo de preocupación e interés por los problemas de estudiantes y trabajadores de la Universidad— fue retrasar lo máximo posible la adopción de decisiones fijas e inamovibles, delegando toda la responsabilidad en profesores y alumnos, de forma que la imagen del equipo directivo no se viera perjudicada ante los posibles escenarios y obstáculos que fueran apareciendo. Los resultados de esta despreocupación y negligencia pudimos comprobarlos a lo largo de todo el período lectivo y vacacional: despido improcedente de trabajadores, incumplimiento de mínimos docentes, abuso de poder por parte de los profesores, caos y desorden administrativo, compañeros incapaces de seguir las clases debido a la brecha digital, etc…

 Ante los resultados desastrosos de su gestión, el equipo directivo prometió el desarrollo de un Plan de contingencia para el curso 2020-21 que minimizara los efectos negativos en materia de educación, así como los riesgos de contagios por la Covid-19. Para ello, ateniéndose al Plan Campus Seguro promulgado el 2 de Septiembre de 2020 por la Comunidad de Madrid —el cual apostaba por un modelo semipresencial a nivel universitario— la UCM redujo el aforo máximo en más de un 50%. Gracias a ello, la presencialidad se reduce en muchos de los estudios ofertados a un 15%, mientras que el peso del curso recae en la docencia online. La formación práctica universitaria, totalmente indispensable en asignaturas del campo científico y sanitario, es reducida al mínimo imprescindible, lanzando al mercado laboral a miles de jóvenes sin la formación necesaria, condenándolos a un futuro aún más incierto que el previsto ante la crisis económica actual.

El 85% de la formación universitaria es —en la mayoría de casos— online lo que supone un esfuerzo económico extra por parte de las familias obreras, que tendrán que abonar el importe correspondiente al material tecnológico necesario para el desarrollo de la docencia online. De igual modo, el modelo híbrido semipresencial —que como ya hemos visto es en la práctica una docencia online— imposibilita al estudiantado el acceso a las instalaciones universitarias: bibliotecas, aulas, áreas de descanso, etc… deteriorando, aún más, la calidad educativa. La consiguiente acción lógica por parte de una institución pública que “busca garantizar el acceso universal a una educación universal” hubiera sido rebajar el importe de matrícula de forma proporcional a lo correspondiente en cuanto a mantenimiento de las instalaciones.

De igual modo, el Gobierno -autodenominado por el oportunismo de IU/Podemos como el más progresista- ha dejado en el más absoluto abandono a los estudiantes de procedencia obrera, quienes no han recibido ni una sola ayuda pese a las dificultades que ya hemos mencionado. Así, mientras las empresas han recibido miles de millones de euros en ayudas, pagando con los ERTE los salarios a los trabajadores que debían haber asumido estas, los estudiantes -sobre todo los hijos de los trabajadores- hemos quedado sumidos en el olvido.

Tanto la dirección de la UCM como el Gobierno vuelven a revelar su naturaleza clasista, al servicio de la burguesía, al mantener el mismo precio/crédito que el resto de años escolares, precio que ya resultaba abusivo e imposibilitaba el acceso a estudios universitarios a gran parte de la clase obrera. Es decir, los estudiantes nos vemos obligados a abonar el importe íntegro de la matrícula que correspondería a un curso presencial, mientras se prohíbe el uso de las instalaciones comunes que corresponde el principal atractivo de la universidad presencial.

Una vez más queda claro que, en este sistema capitalista, los estudiantes no tienen garantizado en absoluto el derecho a la formación, mucho menos a la formación de calidad, pretendiendo convertir la enseñanza y la educación en un caro privilegio al alcance de unos pocos. Los estudiantes, los hijos de los obreros, debemos tener claro que solo el Socialismo es capaz de proporcionarnos una enseñanza acorde con las necesidades de la clase trabajadora.

Secretaría de Juventud del Comité Regional de Madrid del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Ya hemos analizado en artículos anteriores cómo la pandemia de COVID-19 está siendo la excusa perfecta de los monopolios para imponer un nuevo modelo productivo, así como para justificar toda clase de medidas destinadas a trasvasar dinero público a manos privadas. Además de justificar estas medidas, se pretende usar a la pandemia como explicación de las deficiencias de un sistema que ya estaba quebrado mucho antes de que tuviéramos noticias del primer caso de coronavirus. El ejemplo más evidente es la situación de la sanidad pública, que era deficitaria mucho antes de esta pandemia.

Ya en 2014, el Defensor del Paciente denunciaba que casi 800 personas habían muerto en España por no haber recibido la atención médica necesaria. En febrero de 2019, el número de personas en lista de espera se situaba, según datos oficiales, en 584.018. Según el Defensor del Paciente, el dato era de 635.563 personas. En noviembre de 2019, según el Ministerio de Sanidad, la cifra se elevaba a 671.494 personas.

Según un estudio de la asociación Círculo de la Sanidad, la tasa de pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1.000 habitantes, aumentó un 11,08% entre 2012 y 2017. Otro estudio llevado a cabo en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, revelaba que entre 1999 y 2002, fallecieron, sólo en ese hospital – que daba cobertura a una población de 256.000 personas – 134 personas en lista de espera. En enero de 2015, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C presentó una querella contra la exministra de Sanidad Ana Mato por haber “dejado morir” a unos 4.000 pacientes con el virus en el último año al restringir el acceso a los fármacos de última generación pese a estar ya aprobados, reconociendo el propio Ministerio que no podían financiar el tratamiento porque el coste era “inasumible”.

Algo similar ocurre con la dependencia. Según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, 24.554 personas han fallecido en lo que va de 2020 en listas de espera sin haber recibido la asistencia reconocida por ley. Pero esto no es nada nuevo ni algo más de lo que culpar a la pandemia. Entre 2012 y 2017, casi 200.000 personas murieron en listas de espera sin recibir las ayudas a la dependencia.

A esta infame lista de muertes se suma una nueva víctima, una mujer de Espinosa de los Monteros, Burgos, que ha muerto de cáncer sin haber logrado siquiera una cita presencial con su médico. La mujer de 48 años comenzó a sentirse mal en abril de este año y tan sólo fue atendida mediante llamadas telefónicas a pesar de encontrarse cada vez peor. No fue hasta el 18 de junio que consiguió una cita con el traumatólogo, que aceptó el erróneo diagnóstico realizado telefónicamente del médico de cabecera – una lumbociatalgia – sin llegar a revisarla. Tras un periplo de visitas a distintos hospitales, termina con un diagnóstico de cáncer de colon que acabaría con su vida el 13 de agosto.

Puede observarse claramente como, en el capitalismo, la sanidad pública nunca ha sido de calidad, que el desmantelamiento de la misma no depende de colores políticos, sino del desarrollo del propio sistema capitalista. La crisis económica que los propios economistas capitalistas preveían ya hace años para 2020, ha encontrado en el COVID-19 una coartada perfecta, pero con pandemia o sin ella, el desarrollo actual del capitalismo tan sólo puede ofrecernos ya miseria y muerte.

Reclamar una sanidad pública de calidad bajo el capitalismo carece totalmente de sentido, pues la sanidad depende por completo del Estado, que en un sistema capitalista es un órgano al servicio de la burguesía, no del pueblo. No se puede construir una sanidad pública de calidad si antes no se construye un Estado proletario que ponga en manos del pueblo todos los recursos.

Por ello es ya una cuestión de vida o muerte que la clase trabajadora junto con el resto de clases populares unan todas las luchas – sanidad, educación, pensiones, laborales, etc. – en una única lucha para derrocar el sistema capitalista e implantar el socialismo, el único sistema que garantizará que toda la riqueza que generamos los trabajadores esté al servicio del pueblo, permitiendo de esta forma desarrollar los servicios públicos que nuestra clase necesita y merece, arrebatando el poder a quienes nos dejan morir para seguir enriqueciéndose a nuestra costa.

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Hay quienes reniegan del Socialismo o la Dictadura del Proletariado argumentando que es una utopía que la clase obrera tome el poder y dirija la producción, que planifique la economía y la sociedad en beneficio de todo el pueblo trabajador, a pesar de que todo emana de su trabajo colectivo. Defienden, por tanto, que los parásitos burgueses, terratenientes y banqueros, que no hacen ni el trabajo sucio que hacen sus lacayos del congreso y el parlamento andaluz, sean los que decidan a qué se destina la riqueza generada y a quiénes poner al frente de sectores tan delicados como el de la sanidad. Enfrente estamos los comunistas, los únicos que consideramos a la clase obrera el sujeto revolucionario, y porque señalamos además que asistimos a los síntomas de un régimen decadente, anacrónico, de señoritos y siervos, que refleja el pensamiento y la esencia de la clase dominante.

¿Acaso destinaríamos los trabajadores 11 millones de euros emanados de nuestro esfuerzo a mantener a bufones parásitos como Bertín Osborne, terrateniente para más INRI? ¿a subvencionar una televisión de pandereta y peineta, de pan y circo, que ha sido y es Canal Sur bajo los gobiernos del PSOE-IU antes y PP-Cs-Vox ahora, para quitárselo a la lucha contra una pandemia? Pues eso es lo que ha hecho el actual gobierno fascista de la Junta de Andalucía, mostrando cuán necesario es para los terratenientes andaluces un instrumento como RTVA, dotada ya de antemano con 157 millones de euros, para impedir que la clase obrera andaluza desarrolle la conciencia de clase necesaria para levantarse ante el saqueo al que es sometido el pueblo andaluz.

Y muy ilustrativo del papel que juega la izquierda comparsa del sistema, es el apoyo de Adelante Andalucía a este desvío de recursos destinados a combatir al COVID-19, al que consideran NECESARIO.

¡Y éstos son los que dicen que la clase obrera no está preparada para mandar! ¡Que eso es una utopía! Claro, no les interesa ¡porque se les acabaría el chollo y tendrían que ponerse a trabajar, si es que alguna vez lo han hecho!

También sería inconcebible que la clase obrera, contando con un personal médico más cualificado y con más medios tecnológicos que nunca, colocara al frente del sistema de salud a un chiquilicuatre como Jesús Aguirre, que ni siquiera sabe expresarse en público:

Por el derrocamiento del capital y sus lacayos

Por la construcción de una nueva sociedad sin parásitos

Toda la riqueza en manos del pueblo trabajador

Comité Regional del P.C.O.E. de Andalucía

El pasado viernes 25 de septiembre, en Barcelona, se celebró el acto de entrega de los despachos judiciales, acto llevado a cabo por la cúpula judicial. A dicho evento el Gobierno negó la asistencia al monarca y jefe del Estado esgrimiendo razones de seguridad. Las supuestas razones de seguridad eran el chalaneo realizado con la sentencia de inhabilitación a Torra, sentencia dictada desde que el Estado manejó a su antojo a la Junta Electoral en su celada contra el nacionalismo catalán.

Esta ausencia ha servido para recrudecer el enfrentamiento entre la extrema derecha y el Gobierno “progresista”, ambos iguales de defensores del capitalismo monopolista de Estado y de su Estado franquista, con la Jefatura del Estado siempre como frontispicio de las fuerzas reaccionarias que realmente dirigen el Estado. Así, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el cual lleva prácticamente dos años en funciones, no dudó en posicionarse en su lugar, con la parte más reaccionaria y franquista del Estado viniendo a decir que el Gobierno había impedido al monarca estar presente en dicho acto como consecuencia de movimientos políticos realizados desde la propia jefatura del Estado. No hemos de olvidar que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial fue impuesto por el PP en 2013, algo obvio, pues este personaje fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar y emparentado con la familia del Teniente General fascista José Antonio Sáenz de Santa María, a través del nieto de este último.

Esta trifulca es la respuesta al anuncio del Ministro de Justicia el pasado 23 de septiembre de empezar a tramitar los indultos a los presos políticos del Govern de Puigdemont así como de revisar el Código Penal con respecto de la sedición. Y, sin duda, esta acción viene determinada por la necesidad que el Gobierno de PSOE con PODEMOS/IU/PCE como subalternos tienen para tratar de buscar apoyos para sacar adelante sus presupuestos así como otro tipo de medidas, como por ejemplo, neutralizar el poder que el PP – como representante más importante de la extrema derecha – tiene en el Consejo General del Poder Judicial a través de sus nombramientos en 2013, los cuales están ya en funciones, al objeto de quitar la capacidad de seguir colocando a jueces ultraconservadores, cuando no abiertamente fascistas, en los órganos de poder de la judicatura como está haciendo Lesmes.

La putrefacción del Estado se comprueba por múltiples vectores, siendo uno de los más notorios el Poder Judicial. Tras las sentencias del procès, la de los jóvenes de Altsasu o, sin ir más lejos, la última contra el antifascista Rodrigo Lanza se comprueba que dicho brazo del Estado, junto con el Ejército y las Fuerzas Represivas y su Jefatura – el Rey -, son la parte más reaccionaria del mismo. Sin embargo, la forma premeditada de actuar se constata analizando los hechos, como por ejemplo que la Casa Real anunció la huida del Estado español del padre del Jefe del Estado el pasado 3 de agosto, en uno de los momentos del año donde el pueblo más distraído se halla. Otro ejemplo ha sido cómo han hecho pública la sentencia inhabilitando al President de la Generalitat. Una vez pasada la Diada Nacional de Catalunya y el acto del Consejo General del Poder Judicial el pasado 25 de septiembre en Barcelona, el lunes 28 de septiembre hacen pública la Sentencia de inhabilitación de Torra. Y, sin duda, siendo conscientes de la repercusión de esta sentencia, inmediatamente después – el martes 29 de septiembre – se hace pública la amnistía absoluta a la estafa de la salida a bolsa de Bankia, curiosamente con la Presidenta de la Audiencia Nacional Ángela Murillo a la cabeza, que resuelve una estafa que a los trabajadores del Estado español les ha costado más de 14 mil millones de euros, absolviendo a los presuntos estafadores, de tal modo que dicha estafa para el pueblo se zanja sin culpable alguno. La Jueza Murillo los ha puesto en la calle señalando que la culpa ha sido de la doble recesión y pasando por encima de la Fiscalía, los inspectores del Banco de España y el juez Andreu por su instrucción del caso Bankia, y salva al propio Estado – Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aparte de a Rato y 33 inculpados más. Hay que recordar que la Jueza Murillo ha sido señalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el juicio realizado contra Arnaldo Otegi en el caso Bateragune, da tal manera que dicho Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por la parcialidad de esta Jueza, totalmente ubicada en la extrema derecha, forzando al Tribunal Supremo a anular la sentencia en el caso Bateragune contra Otegi.

El Estado, cada día más escorado hacia la extrema derecha, incluso le inoportuna ya un gobierno compuesto por reaccionarios, socialdemócratas y oportunistas. De hecho el Estado reclama un gobierno abiertamente fascista, ya le incomoda incluso una derecha entregada como el PSOE, por eso los choques entre la judicatura, las fuerzas represivas del Estado y el Gobierno.

Los abiertamente fascistas salen en defensa abierta de la Corona, alabando a Felipe VI como por ejemplo ha hecho el fascista Felipe González y censurando al sector oportunista del Gobierno. La defensa de la Corona y de la unidad de España unida a la judicialización de la política, como consecuencia del control absoluto de la Judicatura por parte de los fascistas, son las banderas de estos. Por otro lado, el gobierno, también defensor de la monarquía y de las leyes reaccionarias realizadas por los fascistas, pues en nada han cambiado el corpus jurídico impuesto por el reaccionario y corrupto gobierno de Rajoy, necesita sacar adelante tanto unos presupuestos como reformar las leyes relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial, limitándole poder cuando esté en funciones.

Y en este escenario, la fracción socialdemócrata del nacionalismo catalán, ERC, traicionando por completo al pueblo catalán y a lo expresado por éste el pasado 1 de octubre, está transando con el gobierno del PSOE y PODEMOS/IU/PCE. El Gobierno es consciente de que necesita reconstruir la mayoría de la moción de la censura a Rajoy. La negociación que tienen entre ellos es clara: indulto para los presos políticos del Govern de Puigdemont y reforma del Código Penal con respecto del delito de sedición y fortalecer la posición de ERC para que ésta se convierta en la fuerza política hegemónica en Cataluña al objeto de buscar un encaje de Cataluña en el Estado sin que se rebase el autonomismo, aniquilando por completo el 1 de octubre.

La putrefacción de la superestructura y la naturaleza fascista del Estado se constata y resume con rapidez: Mientras el Estado inhabilita a un President de la Generalitat por no quitar una pancarta que reclama la libertad de los presos políticos ese mismo Estado otorga impunidad a los que estafan al pueblo español ya sea en Bankia o ya sea un monarca salpicado por corrupción al que se facilita la salida del país y se custodia en los Emiratos Árabes Unidos huyendo de la justicia suiza, pues la española le otorga la impunidad absoluta.

Por más juegos de manos que hagan los capitalistas – ya sean fascistas o socialdemócratas y oportunistas, todos ellos defensores del Capitalismo monopolista y su Estado reaccionario – la putrefacción política e institucional, esto es, de la superestructura es resultado de la bancarrota del capitalismo a nivel mundial, a nivel general y, consecuentemente, del capitalismo en el Estado español.

Por más que los capitalistas – ya sean fascistas o socialdemócratas y oportunistas – se afanen en salir en defensa del capitalismo señalando a la COVID-19 como responsable de la crisis económica, leyendo lo que ellos mismos señalaban hace una década, esa defensa queda refutada por ellos mismos demostrándose como una nueva mentira de los capitalistas para ocultar la realidad, que no es otra que la caducidad e inviabilidad del capitalismo. El imperialista George Soros en septiembre de 2012, es decir, hace 8 años, señalaba lo siguiente “La zona euro es una miniatura del sistema Bretton Woods que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial y que subordinaba la periferia al centro (…) el verdadero peligro es que Europa quedará permanentemente dividida entre acreedores y deudores. A los primeros siempre les irá mejor que a los segundos, porque estos tienen que pagar tipos de interés mucho mayores y eso se convierte en una desventaja permanente que ampliará las diferencias entre ambos (…) así la periferia estará permanentemente deprimida y dependiente del centro que acaparará toda la inversión y el talento y que dejará a la periferia permanentemente en crisis, y ese es el destino que le depara a España y a Italia (…)”. En realidad todo es más sencillo aún, el capitalismo productivo ha pasado a la historia, vivimos en la fase putrefacta del capitalismo, donde la economía es especulativa, virtual, ficticia, por ello, el capitalismo está sentenciado porque ya es inviable, yendo al traste tanto “deudores como acreedores” – empleando la terminología de Soros – porque lo que está muerto es el capitalismo.

El desequilibrio de la composición orgánica del capital es cada vez mayor, incrementándose por la vía del capital constante en detrimento del capital variable, la parte del capital que genera plusvalía, que es donde realmente está la riqueza en el sistema capitalista. En la búsqueda de la obtención de más plusvalía los monopolios se lanzan en los brazos del desarrollo tecnológico buscando la automatización, al objeto de obtener plusvalía de manera más extractiva, sin embargo, esta automatización bajo el capitalismo lo que produce es que desciendan los márgenes de ganancia del burgués, pero también expulsa a cada vez más millones de trabajadores a engrosar las filas del paro forzoso, condenándolos a la miseria y, por tanto, reduciéndose drásticamente la demanda de tal modo que se suceden las crisis con mayor frecuencia, de tal modo que la única manera que la burguesía tiene para sostener artificiosamente su caduco y moribundo sistema es mediante la putrefacción, mediante el dinero ficticio.

El Doctor en sociología de la Universitat Jaume I de Castelló, D. Andrés Piqueras Infante, en su ensayo “El capital ficticio especulativo-parasitario se pone al mando del capitalismo. El recrudecimiento de la desigualdad, la explotación, el desempleo, la precariedad, la pobreza, el despotismo y la desposesión”, en la revista AREAS, señala:

“Según avanza la automatización el capital productivo levanta ante sí obstáculos de más difícil superación: pérdida sostenida de la rentabilidad y agotamiento del crecimiento exponencial, creciente incapacidad de generar empleo y de realizar la ganancia. Frente a ello, se dispara la importancia y el papel del capital en su forma de dinero, como capital a interés en su versión más ficticia y a la vez especulativo-parasitaria. La “financiarización” no es sino la exacerbación de esta versión, pero no es causante sino dependiente de la caída de la rentabilidad industrial. Sin embargo, el auge del capital ficticio especulativo-parasitario está moldeando profundamente al capital productivo, contribuyendo a profundizar algunas dinámicas dramáticas: selección de la inversión productiva eliminadora de empleo o empobrecedora del mismo, brutalización de los mercados laborales, acumulación sin crecimiento, desposesión de la riqueza colectiva y aceleración de la desigualdad, entre otras. Con ello se compromete la propia viabilidad de la sociedad. (…) Automatización más “Financiarización” más Desposesión más Explotación Amplia, muy difícilmente pueden ni constituir ni mantener sociedad. Y un modo de producción que no puede hacer sociedad se muestra manifiestamente inviable. Sin futuro.”

El capitalismo es inviable, la propiedad privada sobre los medios de producción supone un freno al desarrollo del ser humano y, en consecuencia, o mandamos al capitalismo al estercolero de la historia y se socializan los medios de producción para ponerlos a disposición del desarrollo del ser humano, o el género humano está condenado a la miseria y a la extinción. La disyuntiva histórica ante la que se confronta el género humano hoy es clara: O socialismo o barbarie, o socialismo o muerte.

La única salida que tiene la clase obrera es una salida rupturista y revolucionaria contra el capitalismo, contra la burguesía y por la construcción del socialismo, de la socialización de los medios de producción, por poner la economía en manos de la clase obrera así como construir un Estado nuevo, donde sea la clase obrera la que imponga sus dictados.

Lo primero que tenemos que hacer los comunistas, pues, es combatir al oportunismo y no mimetizarnos con el discurso de éste. Debemos dejar atrás otras disyuntivas como la que plantean los oportunistas en el Estado español, como por ejemplo “monarquía o república”, y plantear la disyuntiva en los justos términos del momento histórico en el cual nos hallamos que, como hemos visto, es “capitalismo o socialismo”. Fortalecer al oportunismo es fortalecer al capitalismo que es quien lo crea y alimenta y, por consiguiente, es fortalecer a la oligarquía y desviar a los trabajadores de su misión histórica.

Lenin nos enseñó que “La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su Poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar este Poder”. La república en general que pregona la burguesía no monárquica, y parte del oportunismo, no implica la resolución de los problemas de la clase obrera, ni tampoco la resolución de las contradicciones irresolubles que devoran al sistema capitalista. Es una república nociva para los trabajadores porque hace que la oligarquía siga ostentando el Poder. No es más que un señuelo, una forma con la que engañar al pueblo y frenar su avance, en el caso que éste se movilice abiertamente contra la monarquía.

Por otro lado, otra parte del oportunismo, con un abigarrado discurso pseudorrevolucionario, propugna la República Popular. Sin embargo, la república popular no tiene razón de ser hoy pues no se dan las condiciones específicas que alumbraron este tipo de democracia en la década de los 40s del siglo pasado, primero porque no existe una Unión Soviética, segundo porque el imperialismo se halla, como hemos comprobado, en la bancarrota, caduco, en agonía permanente.

La clase obrera hoy posee el conocimiento para mover y dirigir su propio Estado. Por ello, por el desarrollo de la lucha de clases, no procede más que la socialización absoluta de los medios de producción y, consecuentemente, la instauración del poder de los trabajadores en general orientados por la clase obrera y no un Estado multiclasista, o lo que es lo mismo, lo que la clase obrera y demás clases populares requieren es la Dictadura del Proletariado en el sentido marxista-leninista, esto es, una República Socialista donde se liquide inmediatamente el aparato del Estado burgués y sea sustituido por el poder de la clase obrera.

La cuestión no está en discutir qué forma de Estado ha de tener el Estado burgués, el Estado capitalista, la cuestión no está en buscar ententes con la burguesía y darle fórmulas para que la burguesía siga teniendo el Poder, sino que la salida pasa por destruir el capitalismo y su Estado, y ello pasa inexorablemente por la Dictadura del Proletariado, por la República Socialista ya que, cualquier otra cosa es un engaño, es moverlo todo para que no cambie nada, para sostener al capitalismo.

¡POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA!

¡POR LA DICTADURA DEL PROLETARIADO!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Madrid, 4 de octubre de 2020

COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) queremos expresar nuestra felicitación a la Federación Sindical Mundial por su 75 aniversario. Una trayectoria de lucha obrera iniciada tras la Segunda Guerra Mundial, que significó la victoria del socialismo sobre el imperialismo, y que 75 años después sigue defendiendo los valores de la unidad de clase y el internacionalismo proletario por la superación del sistema capitalista de producción.

Estamos convencidos que el trabajo de los miles de militantes obreros adscritos a la FSM culminará, con el apoyo y la dirección de esta, en una central sindical única que barra de una vez por todas al sindicalismo amarillo financiado por el Estado español, anhelo de la clase obrera en nuestro país, y sirva de herramienta a los trabajadores para la dura lucha que deben librar en su objetivo de derrotar a los monopolios y el imperialismo.

Por último, queremos trasladar a la FSM todo nuestro apoyo en su labor de fortalecer el sindicalismo de clase y combativo en el mundo y esperamos que la celebración de su 75 aniversario, aún en estos momentos de pandemia del Coronavirus, sea exitosa y sirva de impulso para el desarrollo del trabajo que tiene por delante su organización.

3 de octubre de 2020

Secretaría de Movimiento Obrero y de Masas del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Los problemas se universalizan y las medidas de los Estados capitalistas también.

Frente a la miseria que estalla en todo el mundo a medida que el régimen capitalista se estanca en su crisis más profunda que nunca, todavía más por las medidas tomadas para combatir el COVID-19, los gobiernos de los países capitalistas han decidido dar otra vuelta de tuerca: criminalizar la pobreza de la que son cómplices.

En Francia, según la Federación de Actores de la Solidaridad (FAS) y Unicef Francia, un millar de niños han dormido en la calle o en refugios improvisados la víspera del inicio escolar.

Antes de la explosión del COVID-19, en febrero de 2020, más de 902.000 personas carecían de un alojamiento propio. Según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) de Francia, en 2019 había 3 millones de viviendas vacías en Francia, 250 mil personas sin techo y 2 millones de demandantes de una vivienda de alquiler moderado (HLM).

Hace unos días, la asociación sin ánimo de lucro Secours Populaire Français acaba de alertar del estallido de pobreza en Francia. Según la secretaria general de la asociación, Henriette Steinberg, “no hemos vivido jamás una situación parecida desde la Segunda Guerra Mundial, y hay urgencia”. Como botón de muestra, sólo en la universidad Paris-8 ha sido necesario repartir más de 1800 lotes de comida a los estudiantes durante el confinamiento. Los profesores de dicha universidad han tenido que recolectar 50.000 euros de su propio bolsillo.

¿Cómo hacer frente al estallido de los desahucios de las familias de sus casas cuando no aguanten más después de meses sin ningún ingreso debido a los despidos masivos y los cierres de empresas? En definitiva, ¿cómo hacer frente al estallido de personas que viven en la calle?

La respuesta de los gobiernos capitalistas no es dar una solución a esas familias y personas, porque eso iría contra la gran propiedad privada, en este caso inmobiliaria y del suelo, sagrada y protegida por encima de cualquier derecho fundamental escrita en la constitución de cualquier República capitalista. Muy al contrario, los gobiernos han decidido convertir en delincuentes a las familias trabajadoras que han sido y serán desahuciadas por la fuerza de la ley del mercado.

Con ese objetivo, tanto en España como en Francia, los “mass media”, han lanzado una campaña contra los “okupas” para provocar la compasión por los propietarios de casas. Ha bastado un caso de una pareja de jubilados de Lyón cuya residencia secundaria ha sido ocupada, mediatizado en todos los platós de los canales informativos, para que el Estado banquero presidido por Emmanuel Macron, vía el Ministerio de Vivienda, introduzca en la Asamblea Nacional una enmienda al proyecto de ley ASAP (Aceleración y Simplificación de la Acción Pública), que coincide con la expresión inglesa “As Soon As Possible” queriendo decir “tan pronto como sea posible”, para acelerar los desahucios. Hasta ahora las residencias secundarias u ocasionales no se consideraban “domicilios”, y por ello los procedimientos de desahucio eran menos flexibles.

Con esta enmienda, los prefectos podrán ejecutar un desahucio 76 horas después del requerimiento contra los ocupantes de una vivienda vacía.

Al mismo tiempo, el gobierno ha retirado cantidades considerables de las ayudas personales a la vivienda (APL) y a las viviendas sociales (HLM): 800 millones de euros menos en 2018, 890 millones en 2019 y 1,3 mil millones en 2020.

Sin embargo, lo que no se ha tocado para nada es la multimillonaria riqueza acumulada por la burguesía francesa. Según el último estudio publicado en septiembre por la ONG Intermon Oxfam, el patrimonio acumulado por las 500 fortunas más grandes de Francia ha aumentado un 3 % en 2020, batiendo así un nuevo récord a pesar de la crisis. El multimillonario francés Bernard Arnault ha visto aumentar su fortuna un 26% entre el inicio de la pandemia y finales de mayo.

Las contradicciones de las relaciones capitalistas de producción, con el desarrollo actual de las fuerzas productivas, son cada vez más evidentes. Mayor capacidad para producir riqueza, mayor desempleo se produce bajo la propiedad privada de los medios de producción. Mayor riqueza acumulada en el bando de los propietarios, mayor miseria acumulada en el bando de los proletarios. Sin la propiedad colectiva de los medios de producción, es imposible planificar la economía y los recursos en función de las necesidades de toda la sociedad.

Los problemas se universalizan y la solución también debe universalizarse. Por tanto, frente a la dictadura de los mercados y capitales internacionales contra las necesidades de las clases trabajadoras de todos los países, hay que imponer la dictadura del proletariado a escala internacional, el Socialismo como primera etapa hacia el Comunismo, para acabar con tales contradicciones que provocan tanto sufrimiento a los pueblos del mundo entero.

Y para dar ese paso, es necesario construir un nuevo Movimiento Comunista Internacional sobre la base de la solidaridad, el respeto y la defensa del marxismo-leninismo, donde no tengan lugar los viejos métodos y vicios.

¡Viva el Internacionalismo Proletario!

Por la instauración del Socialismo a nivel mundial

Por la reconstrucción del Movimiento Comunista Internacional

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E)

La sacrée propriété privée contre le droit au logement digne à la République Française

Les problèmes s’universalisent et les mesures des États capitalistes aussi.

Face à la misère qui grimpe partout dans le monde à fur et à mesure que le régime capitaliste reste coincé par sa crise plus profonde que jamais, encore plus à cause des mesures prises pour combattre la COVID-19, les gouvernements des pays capitalistes ont décidé donner encore un autre tour de manivelle : criminaliser la pauvreté de laquelle ils sont complices.

Selon la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et Unicef France, un millier d’enfants ont dormi à la rue ou dans des abris de fortune la veille de la rentrée scolaire en France.

Encore avant l’explosion de la COVID-19, en février 2020, plus de 902.000 personnes étaient privées d’un logement personnel en France. Selon l’Insee, en 2019 il y avait 3 millions de logements vacants en France, 250 mille sans-abri et 2 millions de demandeurs de HLM.

Il a quelques jours, l’association à but non lucratif Secours Populaire Français viens d’alerter de la  flambée de pauvreté en France. Selon la secrétaire générale de l’association, Henriette Steinberg, «Nous n‘avons jamais vécu une situation pareille depuis la Deuxième Guerre mondiale, et il y a urgence». Comme exemple, à l’université Paris-8, il a fallu livrer plus de 1 800 colis alimentaires aux étudiants durant le confinement. Les professeurs de fac ont du apporter 50.000 euros.

Comment faire face à la flambée des expulsions de familles de chez eux quand ils ne tiendrons plus après de mois sans aucun revenu à cause des plans sociaux et des fermetures d’entreprises? En définitive, comment faire face à la flambée des personnes qui dorment à la rue?

La réponse des gouvernements capitalistes n’est pas donner une solution à ces familles et personnes, car ça irais à l’encontre de la grande propriété privée, dans ce cas l’immobilière comme le foncier, sacrée et protégée par dessus de n’importe quel droit fondamental écrit sur la constitution de n’importe quelle République capitaliste. Bien au contraire, les gouvernements ont décidé convertir en délinquants les familles travailleuses qui ont été et seront expulsées par la force de la loi du marché.

Avec ce bût, en Espagne comme en France, les mass-médias ont lancé une campagne contre les «squats» pour provoquer la compassion aux propriétaires de maisons. Il a suffit un cas du couple de retraités à Lyon qui a vu occupée sa résidence secondaire, médiatisé sur touts les plateaux de chaînes d’infos, pour que l’État banquier présidé par Emmanuel Macron, via le Ministère de Logement, fasse passer à l’Assemblée nationale un amendement au projet de loi ASAP (Accélération et Simplification de l’Action Publique), qui coïncide avec l’expression anglaise «As Soon As Possible» voulant dire « aussi tôt comme possible», pour accélérer les expulsions. Jusqu’à là, les résidences secondaires ou occasionnelles n’étaient pas considérées «domiciles», et pour telle raison les procédures d’expulsions étaient moins souples.

Avec cet amendement, les préfets pourront exécuter l’expulsion en 76h après une demande de mise en demeure des occupants d’un logement vacant.

En même temps, le gouvernement à enlevé des montants considérables aux HLM: 800 millions en moins en 2018, 890 millions en 2019 et 1,3 milliard en 2020.

Par contre, ce qui n’est pas du tout touché c’est la milliardaire richesse cumulée par la bourgeoisie française. Selon la dernière enquête publiée en septembre par l’ONG Intermon Oxfam, le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes en France a progressé de 3% en 2020, battant ainsi un nouveau record malgré la crise. Le milliardaire français Bernard Arnault a vu sa fortune augmenter de 26 % entre le début de la pandémie et la fin du mois de mai.

Les contradictions des rapports de production capitalistes, avec le développement actuel de forces productives, sont de plus en plus évidentes et insolubles. Plus de capacité pour produire de la richesse, plus de chômage s’est produit sous la propriété privée des moyens de production. Plus de richesse cumulée au camp des propriétaires, plus de misère cumulée au camp des prolétaires. Sans la propriété collective des moyens de productions, impossible de planifier l’économie et les ressources en fonction des besoins de toute la société.

Les problèmes s’universalisent et la solution doit aussi s’universaliser. En conséquence, face à la dictature des marchés et capitaux internationaux contre les besoins des classes travailleuses de tous les pays, il faut imposer la dictature du prolétariat à échelle internationale, le Socialisme comme première phase vers le Communisme, pour finir avec telles contradictions qui provoquent tellement des souffrances aux peuples du monde entier.

Et pour faire ce pas là, il faut bâtir un nouveau Mouvement Communiste International sur le base de la solidarité, le respect et la défense du marxisme-léninisme, où les vieux méthodes et mauvaises habitudes n’auront pas de la place.

Vive l’internationalisme prolétarien

Pour l’instauration du Socialisme à échelle mondiale

Pour la reconstruction du Mouvement Communiste International

SECRÉTARIAT DE RELATIONS INTERNATIONALES DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE OUVRIER ESPAGNOL (P.C.O.E.)