El conflicto de la vivienda ha estallado en el estado español a raíz del desahucio de Maricarmen el pasado 26 de septiembre. Acampadas y protestas se han sucedido a lo largo del territorio por la defensa del derecho a la vivienda hasta confluir en una huelga general convocada para el 11 de noviembre.

El carácter hoy de este movimiento de lucha por la vivienda por parte del proletariado está claramente encuadrado en lo institucional. A pesar de la gran cantidad de desahucios de obreros que hay cada día y de la imposibilidad desde hace años para el proletariado de poder adquirir una vivienda en ciudades con gran afluencia turística, este movimiento ha aparecido en un momento propicio para los tiempos políticos del PSOE.

El estallido de este movimiento ha eliminado de la agenda de la extrema derecha, casi de un plumazo, sobre lo acontecido en Ceuta, ha obligado al resto de partidos políticos burgueses a posicionarse sobre una ley que no deja de ser un parche que no va a resolver el problema de la vivienda para la clase obrera. El PSOE convertirá este tema en el eje central de su campaña electoral criticando a los que no aprobaron la ley, instrumentalizando así la huelga general justo antes del inicio de la campaña electoral.

Este movimiento, sin embargo, refleja la desesperación del proletariado como consecuencia del grave deterioro de nuestras condiciones de vida como clase, deterioro que se ha incrementado con un gobierno supuestamente “progresista” y que le deja clara una cuestión: Con independencia del partido que gobierne, para la clase obrera cada gobierno empeorará su situación porque lo que es realmente nocivo para el proletariado es el sistema capitalista, sistema que todos los partidos (desde la falsa “izquierda” hasta la extrema derecha) defienden. Sin embargo, los hechos que se suceden muestran al proletariado múltiples cuestiones:

En primer lugar, ya está mostrando la verdadera faz de “sindicatos” como USO, Fetico, Valorian, CSIF, SATSE, ANPE, STAJ, Semaf, SLT que han expresado su rechazo a la huelga. Solo los sindicatos abiertamente vendidos a los intereses de la patronal pueden negarse a reconocer que el problema de la vivienda para los trabajadores está ligado inexorablemente a la naturaleza del sistema que se fundamenta en los bajos salarios.

Por otro lado, el modelo sindical impuesto en el estado español por reaccionarios y oportunistas, y que el proletariado no suscribe ni siente como propio, y sus sindicatos del régimen – CCOO y UGT -, nuevamente van a rebufo del movimiento espontáneo de la clase obrera; sindicatos que llevan décadas firmando traiciones y desmovilizando a la clase obrera se ven forzados a convocar una huelga general a contrapié, en contra de su propia voluntad, mas ellos son responsables, con los convenios que firman, del empobrecimiento de la clase obrera.

El proletariado español debe aprender a reconocer a sus enemigos y el rechazo de la clase obrera a estos sindicatos amarillos -puras creaciones patronales para la defensa de sus intereses contra el proletariado- es la primera lección que debe extraer nuestra clase social de este conflicto.

Cierto es que dentro de este movimiento por la vivienda hay organizaciones oportunistas y reformistas, y más aún organizaciones abiertamente contrarias a los intereses obreros, cuyos máximos exponentes son CCOO y UGT, responsables directos de los bajos salarios y del deterioro de los salarios reales. Pero no es menos cierto que se han movilizado amplias capas del proletariado, habitualmente desmovilizadas, que han decidido sumarse a la lucha por la vivienda que afecta a la mayor parte de la clase obrera, como hemos visto en las manifestaciones de los últimos días.

La exigencia de una huelga por parte de organizaciones convocantes de estas manifestaciones y acampadas han obligado a CCOO y UGT a incluirse en la convocatoria de una huelga general, cosa que ni se habrían planteado hace apenas un mes. Esto supone un cambio de paradigma, ya que estas centrales viven cómodas en la inacción de la clase obrera, pero se les ven las costuras cuando hay movimiento obrero, pues es su esencia oportunista y vendida al capital tratar de institucionalizar las luchas obreras y llevarlas al Parlamento burgués.

Esas centrales sindicales traidoras y vendidas, apéndices del Estado burgués, se ven obligadas a estar en esta lucha no porque crean que los obreros deben tener una vivienda digna donde poder vivir, cosa que les da absolutamente igual, sino porque es su trabajo desmovilizar todo lo posible esta lucha en las calles y los barrios del país y canalizarlas hacia las instituciones burguesas, donde finalmente muere cualquier aspiración proletaria.

Este momento conduce al Partido a esforzarse por ir construyendo en movimiento consciente, contra el capitalismo y por la revolución socialista, este movimiento espontáneo que nace por la depauperación de las condiciones de vida del proletariado, por la negación del acceso al valor de uso de una vivienda ya que, en el capitalismo, desaparecen los derechos del pueblo para convertirse en negocios para la burguesía. El oportunismo tiene como objetivo traducir este movimiento en voto para el PSOE y el oportunismo de la “izquierda” de este, ambos burgueses y capitalistas y responsables de la situación de miseria en la que se halla el proletariado. El Partido debe mostrar al proletariado que sus problemas no van a solventarse dentro del capitalismo, su parlamentarismo podrido y sus elecciones burguesas trucadas que, únicamente, la salida a la situación en la que se halla nuestra clase pasa por la democratización de la economía y de la política, esto es, pasa por la socialización de los medios de producción y la toma del poder político por parte de la clase proletaria, pasa por el socialismo y, por ello, dicho movimiento debe dirigirse contra la verdadera causa del problema: el capitalismo y el sistema político que eleva que únicamente sirve al gran capital. En consecuencia, nuestro Partido y todo aquel que se reivindique marxista-leninista, debe dar la lucha para desbordar por la vía revolucionaria esta movilización que los oportunistas pretenden canalizar en número de votos para, después, desactivarla y seguir sirviendo al Capital. La lucha por la vivienda solo puede ser una lucha revolucionaria porque:

1. No se puede desligar del modelo productivo impuesto por la burguesía y basado en el turismo y de la esencia del imperialismo: la acumulación de los medios de producción en cada vez menos manos ya que, para el capitalismo, la vivienda no es un derecho sino una mercancía y/o un medio de producción.
2. No se puede desligar del resto de luchas que el proletariado libra en su día a día: salarios, educación, sanidad, pensiones…, siendo una manifestación más de la lucha de clases.

La expropiación sin indemnización de todas las viviendas en manos de bancos, SOCIMI´s, fondos buitre y grandes tenedores, así como la socialización y planificación pública del suelo y la vivienda bajo control obrero, que es la solución real para la vivienda del proletariado, es imposible bajo el capitalismo porque atenta contra su base misma.

La lucha por la vivienda es solo uno de los problemas que sufrimos los proletarios, pero no es menos importante que el problema de los bajos salarios, la temporalidad de los contratos fijos discontinuos, los actuales abusivos periodos de prueba, el aumento de los precios, las listas de espera para poder acudir al médico -que nos cuestan literalmente la vida-, la calidad y precios de la educación de nuestros hijos o las pensiones de nuestros mayores, fruto todo ello de las políticas de privatización.

Es por todo ello que la lucha del proletariado es integral y no parcial y debe poner en jaque el sistema capitalista en su totalidad. Bien es cierto que el conflicto estalla por su lado más acuciante, pero no es menos cierto que ninguno de los problemas que sufre el proletariado bajo el capitalismo se puede resolver de forma individual.

El Partido Comunista Obrero Español saluda y apoya la huelga del próximo 11 de Noviembre, y pondremos nuestras fuerzas para tratar de que el movimiento tome conciencia de que por la vía del sistema político capitalista nada se puede conseguir pues es el propio sistema el que niega a la clase obrera la vida; que el problema de la vivienda es causado por el mismo que niega al proletariado un salario y un puesto de trabajo con el que poder vivir, el que niega a la clase obrera el poder estudiar por la privatización de la educación, o que niega la vida al jubilado con pensiones de miseria o un servicio sanitario público que los políticos del capital – entre los que están los oportunistas – desmantelan en favor de la burguesía mediante la privatización, por ello, es necesario unir las diferentes luchas existentes  en una única lucha de clases contra el capitalismo, la burguesía y su Estado conformando un Frente Único del Pueblo que construya un contrapoder obrero capaz de enfrentarse al estado burgués y derrocarlo revolucionariamente, superando el capitalismo para desarrollar el Socialismo.

Es evidente que un día de huelga general no va a suponer cambio sustancial en las condiciones de vida del proletariado por sí mismo, pero desde el PCOE intentaremos que este movimiento que la clase obrera ha desencadenado sirva para fortalecer las fuerzas del Revolución, que son las únicas fuerzas, y la única salida, que tenemos la clase proletaria para poder salir adelante y poder vivir de manera digna y libre.

Solo la unidad de la clase trabajadora en un Frente Único del Pueblo que aglutine todas las luchas del proletariado y que le dote de una organización fuerte y multitudinaria podrá ser capaz de construir un sistema humanista erradicando la explotación del hombre por el hombre. Y solo bajo la dirección de un Partido Comunista audaz y poderoso en lo ideológico será capaz de guiar al proletariado en la construcción del Socialismo.

¡Los proletarios no tenemos nada que perder salvo las cadenas, tenemos en cambio un mundo que ganar!

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Partido Comunista Obrero Español

Los estados europeos comienzan a sufrir un colapso económico y de deuda. Francia, Alemania o Italia, a la cabeza de este inicio de crisis, están promoviendo políticas antiobreras con la excusa de la contención del déficit, paso previo a la crisis abierta y reconocible que traerá de nuevo las penalidades ya sufridas por la clase obrera hace 18 años.

El Gobierno francés de Lecornu tiene por objetivo aprobar el ajuste de 54 mil millones de euros que afectará al pueblo trabajador con congelación salarial, recortes en pensiones, recortes sanitarios y en bajas médicas y congelación de gastos para los ayuntamientos.

La clase obrera ha respondido uniéndose a las movilizaciones ya en marcha por las mejoras en educación, saliendo en masa a las calles para defender sus derechos y oponerse a los planes de recortes de servicios públicos y salarios.

Respecto a esta situación, el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español resuelve:

1. El Partido Comunista Obrero Español apoya las movilizaciones de la clase obrera francesa y aplaude la unidad de trabajadores de muchas ramas, jubilados, sindicalistas y estudiantes en un solo frente de protesta, animando al resto de sectores de la clase obrera a unirse a ellos en defensa de los derechos del proletariado francés.
2. Advertimos a la clase obrera francesa, asimismo, de la necesidad de organizarse políticamente de forma independiente, luchando por sus propios intereses, con su propio partido y dirigentes. Los partidos políticos socialdemócratas del arco parlamentario francés no pueden capitalizar el movimiento, bajo riesgo de la desmovilización y fracaso del mismo.

Solo la unidad de la clase trabajadora bajo la dirección de un Partido Comunista que dirija con ímpetu revolucionario el movimiento obrero en Francia garantizará el éxito de las reivindicaciones proletarias, cuya máxima aspiración es la socialización de los medios de producción y la instauración de la Dictadura del Proletariado.

¡Socialismo o barbarie!

Madrid, a 3 de octubre de 2026

VII PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL  PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)

El 15 de mayo de 2011 se convocaron concentraciones en más de 50 ciudades contra la situación política en España, con un bipartidismo en crisis y un cuestionamiento del régimen del 78. En la madrugada del 16 de mayo los manifestantes de la Puerta del Sol fueron desalojados, siendo detenidas 19 personas. El 17 de mayo se volvieron a concentrar 10.000 personas en la Puerta del Sol, conformándose cientos de acampadas en ciudades por todo el Estado español.

En aquel momento las propuestas que se recogieron en asambleas y a través de buzones incluían numerosas cuestiones, como un cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción única; Derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de la Ley Hipotecaria para que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda (dación en pago); Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad; Libre circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica; Abolición de las leyes como la Ley del Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, la Ley de Extranjería y la conocida como ley Sinde; Reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones; Implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales; Que los programas y las propuestas políticas tengan carácter vinculante; Que sea obligatorio por la Ley Electoral presentar unas listas limpias y libres de imputados o condenados por corrupción; Reducción del poder del FMI y del BCE; Nacionalización inmediata de todas aquellas entidades bancarias que hayan tenido que ser rescatadas por el Estado; Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado; Acceso popular a los medios de comunicación; Verdadera regularización de las condiciones laborales; Recuperación de las empresas públicas privatizadas; Efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial; Reducción del gasto militar; Referéndum por la Jefatura del Estado.

Una de las organizaciones convocantes de la manifestación del 15 de mayo que dio origen al 15M era la plataforma Democracia Real Ya, una plataforma “asindical y apartidista”, que apostaba por “la unión de la sociedad civil” como método para construir un sistema mejor. Desde un primer momento, el 15M se alejó de la clase obrera, hablando de indignados, sociedad civil o cualquier otro sustantivo que evitara mostrar el carácter de clase de la sociedad capitalista, origen de todos los males que este movimiento denunciaba.

Del propio movimiento surgió después Podemos, un partido que al igual que el 15M, evitaba hablar de clase trabajadora, usando un lenguaje que pretendía ocultar la esencia clasista del capitalismo, hablando de casta, de los de arriba y los de abajo, y en definitiva no mostrando que la esencia de todos los problemas que se denunciaban estaban en el propio modelo económico, en el que la explotación asalariada era la base del resto de explotaciones, y que sólo superando este modelo económico podrían revertirse todos los ataques que la clase obrera sufría en todo el estado.

El resultado del 15M y de las actuaciones (o falta de actuación) de las organizaciones y colectivos surgidos posteriormente lo podemos ver hoy en día. Los trabajadores somos ahora más pobres, habiendo perdido más de un 10% de poder adquisitivo; el problema de la vivienda se ha encrudecido, convirtiéndose en la principal preocupación de los españoles; la sanidad y la educación públicas continúan su desmantelamiento progresivo; los presupuestos militares se han incrementado y la participación del Estado español en las guerras de rapiña del imperialismo es cada vez mayor; los problemas de salud mental se han disparado, siendo el suicidio la principal causa de muerte externa.

Del cuestionamiento del bipartidismo (“PSOE y PP la misma mierda es”), Podemos pasó a convertirse en la muleta del PSOE, apuntalando el bipartidismo por su pata izquierda. Las propuestas recogidas en las asambleas y buzones del 15M así como cuestiones como el impago de la deuda o la derogación de la ley mordaza quedaron en el olvido, pasando a un programa de mínimos sustentado en el mal menor, ante la amenaza de que un gobierno del PP sería mucho peor. Al final, para intentar evitar que gobernara el PP, acabaron aplicando las mismas políticas que el PP, pero con colorines y purpurina.

A día de hoy, después de abandonar las propuestas del 15M (mucho más ambiciosas aunque claramente insuficientes desde un punto de vista revolucionario), la asfixia a la que la clase obrera se ve sometida en cuestión de vivienda, ha empujado a nuevas acampadas en distintas ciudades, dirigidas principalmente por el Sindicato de Inquilinas.

Esta organización tiene como cara más visible a Valeria Racu, una activista que entre 2012 y 2014 estudió en el colegio privado internacional United World Colleges gracias a una beca de la Fundación La Caixa, y que entre 2016 a 2019 cursó el grado de Antropología Social en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, una cara que los medios de comunicación se están encargando de pasear por todo tipo de programas. Curioso que mientras las voces de los comunistas son silenciadas y muchos de ellos son encarcelados, aparezcan estos activistas en todos los medios sin ningún tipo de censura.

La fórmula parece la misma que en su día se utilizó con el 15M, crear organizaciones que renieguen del carácter de clase (principalmente anticomunistas), que recojan el malestar y lo encaucen en unas vías que el sistema pueda asimilar, planteando reformas, proyectos de ley y cualquier otro mecanismo que, en la práctica, no altere en lo más mínimo el poder de los monopolios ni la estructura económica de la sociedad, condenando de facto a la clase obrera a continuar en la más absoluta precariedad y miseria. De hecho, puede verse por el lenguaje que utilizan que intentan de cualquier forma salvaguardar a la burguesía en su conjunto como clase, cuando hablan de ‘economía extractivista’ en lugar de capitalismo, o como cuando Podemos habla de ‘clase rentista’ y ‘clase inquilina’, en lugar de hablar de clase burguesa y clase obrera.

A esto se suma que organizaciones supuestamente revolucionarias caen en el seguidismo y el espontaneísmo de la socialdemocracia, al limitarse a participar en esas concentraciones, engrosar las filas de los manifestantes, sin ningún plan para elevar políticamente esas luchas y acumular fuerzas para la revolución.

Si el movimiento por la vivienda no se aglutina con los movimientos por la sanidad, la educación, las pensiones, y se conforma un único movimiento de clase por la superación del sistema capitalista y la construcción del socialismo, estaremos condenados a repetir los mismos errores, a confiar de nuevo en salvadores (universitarios y universitarias muy preparados todos) que nos alejen de la vía revolucionaria y nos conduzcan de nuevo al matadero parlamentario, a su burocracia, a la realpolitik, en definitiva, a la claudicación y la derrota.

Lejos del izquierdismo de algunos individuos que llaman al uso de la violencia de forma anárquica y que no se comprometen con su militancia, nosotros hacemos un llamamiento a encauzar y organizar la indignación en pos de la revolución.

La clase obrera no puede permitirse un nuevo 15M, un nuevo Podemos, un nuevo Frente Amplio, o el nombre que se les vaya ocurriendo a los oportunistas a sueldo del imperialismo, que sigan mareando la perdiz por los caminos burocráticos del sistema. Es necesaria la organización revolucionaria que fundida con el movimiento obrero lleve a la clase trabajadora al poder, derrocando el capitalismo e instaurando el socialismo, poniendo todos los medios de producción al servicio de la mayoría del pueblo (que es el proletariado) para acabar de una vez por todas con la precariedad, la miseria y la muerte a la que nos conduce el imperialismo. Es necesario engrosar las filas del PCOE y organizar a la clase obrera para la toma del poder, única vía para garantizar un futuro para la humanidad.

¡Sin revolución socialista la vivienda seguirá siendo una mercancía!

¡Socialismo o barbarie!

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

L’Idescat assenyala que, a l’àmbit metropolità de Barcelona, només el 27,5% de la població té el català com a llengua habitual, el 38,9% al Penedès i el 40,4% al Camp de Tarragona. A la resta del territori (Comarques Gironines, Comarques Centrals, Alt Pirineu i Aran i Ponent) tampoc no se supera el 60%, sent les Terres de l’Ebre l’únic lloc on s’arriba al 72,2%. És a dir, a Catalunya, la llengua pròpia està totalment minoritzada.

La fallida econòmica del capitalisme aprofundeix i agreuja el malestar social a Catalunya. L’any 2024 ja denunciàvem que prop d’una quarta part de la població catalana es trobava en risc de pobresa o exclusió social, segons l’Idescat. Lluny de resoldre’s, aquesta situació persisteix, ja que el 2025 el percentatge es va situar en el 24,8%, prop de dos milions de persones, mentre que entre els menors de 16 anys va ascendir fins al 36,1%. A això s’hi suma el problema de l’habitatge, amb un lloguer mitjà que ja supera els 860 euros mensuals a Catalunya.

Mentrestant, el PIB català va créixer un 2,7% durant el mateix any, demostrant una vegada més que el creixement de la «riquesa» sota el capitalisme no es tradueix en una millora de les condicions de vida de la classe obrera, com alguns polítics i ideòlegs burgesos intenten fer creure.

El 23 d’agost vam veure com la Policia Nacional agredia sense miraments un menor d’edat aficionat del Barça per portar una estelada. Un fet molt similar es va repetir el 6 de setembre quan un aficionat del CE Europa va ser agafat del coll i llençat al sòl amb violència per agents de la Policia Nacional, per posteriorment confiscar-li l’estelada i obligar-lo a dir que és espanyol. Després del primer succés, el Camp Nou es va omplir d’estelades el 27 d’agost, en un acte que va rebre el suport tant del club com de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Tanmateix, que aquestes entitats assumissin i canalitzessin la protesta no resta espontaneïtat a l’acte ni minimitza el malestar que el va fer possible, ja que era d’esperar que, amb el seu suport o sense, l’afició respongués de manera similar, amb xiulades als símbols espanyols i mostres d’exaltació dels símbols independentistes. El que va passar demostra que el malestar social que no troba resposta en la política institucional ni en les institucions burgeses acaba buscant altres vies d’expressió, a través d’actes populars o culturals, i que aquells que pretenguin enfrontar-se a la voluntat d’un poble podran guanyar batalles, però difícilment podran acabar amb el conflicte que les origina.

Aquest juliol es van sumar noves dades a les ja exposades, quan la plataforma Acción Contra el Odio va publicar un informe sobre els sentiments d’odi entre la població de l’Estat espanyol. En l’apartat relatiu a «origen, ètnia o nacionalitat», els catalans apareixem com el segon col·lectiu que genera més odi, únicament per darrere dels MENA.

El mateix informe dividia la mostra en dos grans blocs ideològics, d’una banda, el de dreta i ultradreta, format per persones afins al PP, Vox i Se Acabó la Fiesta i, de l’altra, el bloc progressista, format per simpatitzants del PSOE, Sumar i Podemos. Entre els enquestats de dreta i ultradreta, els catalans continuàvem ocupant la segona posició, novament per darrere dels MENA. Tanmateix, entre els simpatitzants del bloc progressista, passàvem a ocupar el primer lloc. Aquest és el govern amb el qual pacten Junts i ERC.

Tota aquesta informació ens mostra l’Estat espanyol com un estat fallit que ho aposta tot a fomentar l’odi entre els membres de la classe obrera que oprimeix, ja que la presa de consciència de classe suposaria l’enfonsament definitiu d’aquest estat feixista.

D’altra banda, la derrota del Procés i la traïció dels partits que el van dirigir han deixat un terreny adobat perquè forces feixistes com Aliança Catalana pretenguin apropiar-se del descontentament existent i presentar-se com a defensores dels drets nacionals de Catalunya. El feixisme, tanmateix, no pot oferir cap emancipació al poble català, ja que divideix i enfronta els treballadors, i aquests drets, nacionals o socials, només es podran conquerir mitjançant la unitat i la lluita popular, perquè no cal esperar res dels polítics burgesos, com ja hem vist.

A més, com si tot el que s’ha esmentat fos poc, el grup nazi Núcleo Nacional ha convocat una concentració per a l’11 de setembre a la plaça de Jacint Verdaguer de Barcelona, un fet inaudit en la història de les Diades i que demostra com el feixisme i el nacionalisme espanyol se senten segurs i avancen sense complexos fins i tot als territoris que històricament els han estat més hostils.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya considera que aquesta situació és insostenible, insuportable i d’emergència màxima. Hem de deixar enrere les organitzacions i els partits que van anteposar els seus interessos burgesos mentre ens prometien portar fins al final el nostre legítim dret a l’autodeterminació i que, a més, han acabat amb la sanitat i l’educació públiques, s’han carregat la nostra indústria i han regalat les nostres ciutats i cases als estrangers rics, mentre impulsen campanyes per mantenir el català que, tot i ser justes, no deixen de respondre a la vella tàctica burgesa de traslladar la responsabilitat a la voluntat individual per amagar les conseqüències de les seves pròpies polítiques brutals, en aquest cas, sobre la llengua i la cultura.

També hem de deixar enrere totes aquelles organitzacions que es reivindiquen socialistes o comunistes, però que parlen de socialisme en abstracte o pretenen ajornar la revolució. És l’hora de tornar a articular la lluita antifeixista de la mà d’un moviment obrer organitzat i d’un Partit Comunista fort. El feixisme i la reacció són l’última carta que li queda per jugar a un imperialisme moribund, disposat a morir matant. El socialisme, per contra, és l’interès objectiu de la classe obrera, l’única que pot mantenir vives la llengua i la cultura catalanes, així com l’única que de debò arribarà fins al final per defensar els seus drets i millorar les seves condicions de vida.

Aquesta Diada de 2026, cal recordar totes aquelles persones que lluiten i han lluitat per una Catalunya lliure, tant de l’espanyolisme com dels paràsits burgesos que enarboren la bandera de Catalunya, però que sempre ens acaben donant l’esquena. No hem de donar cap respir ni a Núcleo Nacional ni a Aliança Catalana, així com hem d’assenyalar el Govern del PSC, de la mà de Comuns i ERC, com a venedors d’obrers i botiflers. Per un 11-S combatiu i sense complexos. Per tots aquells que donen la cara.

Visca la Diada i visca Catalunya socialista!

Proletaris de tot el món, uniu-vos!

Socialisme o barbàrie!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

Diada Nacional de Catalunya

El Idescat señala que en el ámbito metropolitano de Barcelona, únicamente el 27,5% de la población tiene el catalán como lengua habitual, el 38,9% en el Penedès y el 40,4% en el Camp de Tarragona. En el resto del territorio (Comarques Gironines, Comarques Centrals, Alt Pirineu i Aran y Ponent) tampoco se supera el 60%, siendo les Terres de l’Ebre el único lugar donde se alcanza el 72,2%. Es decir, en Cataluña, la lengua propia está totalmente minorizada.

La bancarrota del capitalismo profundiza y agrava el malestar social en Catalunya. En 2024 ya denunciábamos que cerca de una cuarta parte de la población catalana se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, según el Idescat. Lejos de resolverse, esta situación persiste ya que en 2025, el porcentaje se situó en el 24,8%, cerca de dos millones de personas, mientras que entre los menores de 16 años ascendió hasta el 36,1%. A ello se suma el problema de la vivienda, con un alquiler medio que ya supera los 860 euros mensuales en Catalunya.

Mientras tanto, el PIB catalán creció un 2,7% durante el mismo año, demostrando una vez más que el crecimiento de la “riqueza” bajo el capitalismo no se traduce en una mejora de las condiciones de vida para la clase obrera como algunos políticos e ideólogos burgueses nos intentan hacer creer.

El 23 de agosto vimos cómo la Policía Nacional agredía sin miramientos a un menor de edad aficionado del Barça por portar una estelada. Un hecho muy similar se repitió el 6 de septiembre cuando un aficionado del CE Europa fue agarrado del cuello y tirado al suelo con violencia por agentes de Policía Nacional, para posteriormente confiscarle la estelada y obligarle a decir que es español. Tras el primer suceso, el Camp Nou se llenó de esteladas el 27 de agosto, en un acto respaldado tanto por el club como por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Sin embargo, que estas entidades asumieran y canalizaran la protesta no le resta espontaneidad al acto ni minimiza el malestar que lo hizo posible ya que era de esperar que, con o sin su respaldo, la afición respondiera de forma similar, con abucheos a los símbolos españoles y muestra de exaltación de símbolos independentistas. Lo ocurrido demuestra que el malestar social que no encuentra respuesta en la política institucional ni en las instituciones burguesas acaba buscando otras vías de expresión, a través de actos populares o culturales, y que quienes pretendan enfrentarse a la voluntad de un pueblo podrán ganar batallas, pero difícilmente podrán acabar con el conflicto que las origina.

Nuevos datos se sumaron este julio a los ya expuestos, cuando la plataforma Acción Contra el Odio publicó un informe sobre los sentimientos de odio entre la población del Estado español. En el apartado relativo al «origen, etnia o nacionalidad», los catalanes aparecemos como el segundo colectivo que mayor odio genera, únicamente por detrás de los MENA.

El mismo informe dividía la muestra en dos grandes bloques ideológicos, por un lado, el de derecha y ultraderecha, compuesto por personas afines al PP, Vox y Se Acabó la Fiesta y por otro, el bloque progresista, formado por simpatizantes del PSOE, Sumar y Podemos. Entre los encuestados de derecha y ultraderecha, los catalanes seguíamos ocupando la segunda posición, nuevamente por detrás de los MENA. Sin embargo, entre los simpatizantes del bloque progresista, pasábamos a ocupar el primer puesto. Ése es el gobierno con el que pacta Junts y ERC.

Toda esta información nos muestra al Estado español como un Estado fallido que lo apuesta todo a fomentar el odio entre los miembros de la clase obrera a la que oprime, ya que la toma de conciencia de clase supondría el hundimiento definitivo de este Estado fascista.

Por otro lado, la derrota del Procés y la traición de los partidos que lo dirigieron han dejado un terreno abonado para que fuerzas fascistas como Aliança Catalana pretendan apropiarse del descontento existente y presentarse como defensoras de los derechos nacionales de Catalunya. El fascismo, sin embargo, no puede ofrecer ninguna emancipación al pueblo catalán, ya que divide y enfrenta a los trabajadores y dichos derechos, nacionales o sociales, solo podrán conquistarse a través de la unidad y la lucha popular, pues nada cabe esperar de los políticos burgueses como ya hemos visto.

Por si todo esto fuera poco, el grupo nazi Núcleo Nacional ha convocado una concentración para el 11 de septiembre en la plaça de Jacint Verdaguer de Barcelona, algo inaudito en la historia de las Diadas y que demuestra cómo el fascismo y el nacionalismo español se sienten seguros y avanzan sin complejos incluso en los territorios que históricamente les han sido más hostiles.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya considera que esta situación es insostenible, insoportable y de máxima emergencia. Debemos dejar atrás a las organizaciones y partidos que antepusieron sus intereses burgueses mientras nos prometían llevar hasta el final nuestro legítimo derecho a la autodeterminación y que, además, han acabado con la sanidad y la educación públicas, se han cargado nuestra industria y han regalado nuestras ciudades y casas al extranjero rico, mientras impulsan campañas para mantener el catalán que, aunque justas, no dejan de responder a la vieja táctica burguesa de trasladar la responsabilidad a la voluntad individual para esconder las consecuencias de sus propias políticas brutales, en éste caso, con la lengua y la cultura.

También debemos dejar atrás a todas aquellas organizaciones que se reclaman socialistas o comunistas, pero que hablan de socialismo en abstracto o pretenden postergar la revolución. Es la hora de volver a articular la lucha antifascista de la mano de un movimiento obrero organizado y de un Partido Comunista fuerte. El fascismo y la reacción son la última baza que le queda por jugar a un imperialismo moribundo, dispuesto a morir matando. El socialismo, por el contrario, es el interés objetivo de la clase obrera, la única que puede mantener viva la lengua y la cultura catalana (como hemos visto), así como la única que de verdad irá hasta el final por defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.

En la Diada de este 2026, cabe recordar a todas aquellas personas que luchan y han luchado por una Catalunya libre, tanto del españolismo como de los parásitos burgueses que enarbolan la bandera de Catalunya, pero que siempre nos dejarán en la estacada. No debemos dar ningún respiro ni a Núcleo Nacional ni a Aliança Catalana, así como debemos señalar al Govern del PSC, de la mano de Comuns y ERC, como vendeobreros y botiflers. Por un 11-S combativo y sin complejos. Por todos aquellos que dan la cara.

Visca la Diada i visca Catalunya socialista!

Proletaris de tot el món, uniu-vos!

Socialisme o barbàrie!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

El cierre del ejercicio 2025 y la presentación de cuentas anuales de las empresas han sido, en su mayoría, un éxito para la burguesía nacional que ha presentado beneficios récord en el IBEX 35, superando los 66.006 millones de euros de beneficio neto atribuido. La clase obrera, sin embargo, sufre expedientes de regulación de empleo, disminución del poder adquisitivo y una cada vez mayor exposición a riesgos laborales, tanto físicos como psicosociales, que amenazan su propia salud.

La burguesía sigue disfrutando de las mieles del sistema de explotación asalariada, amasando entre sus manos cada vez más capital gracias al robo a la clase trabajadora. Los grandes bancos de origen español superaron los 34.000 millones de euros en beneficios netos conjuntos, lo que representa un incremento del 7% respecto al excelente ejercicio de 2024.

Sin duda, la subida de los tipos de interés desde 2020 ha supuesto el aumento de pingües beneficios para el sector de la banca y, a su vez, ha significado directamente una enorme pérdida de dinero para los trabajadores, que ahora pagan mucho más por sus hipotecas de lo que lo hacían antes. Un dinero que ha ido directamente a las manos de los grandes bancos y sus directivos.

Iberdrola, la principal compañía energética del país, ha desbancado del tercer puesto a CaixaBank, gracias también al robo a manos llenas al proletariado. Según los datos de Red Eléctrica Española 2022 fue el año más caro de la historia: la factura tipo llegó a 1.419 € (un 38,7% más que en 2021) y, aunque los precios bajaron en 2023 y 2024, nunca han vuelto a los precios anteriores. Los trabajadores pagamos la luz mucho más cara que hace 6 años, de hecho en 2025 hemos pagado un 14,3% más que en el año anterior.

De igual manera otras empresas energéticas como Naturgy, Endesa o Repsol, baten récords de beneficios gracias a la subida de precios de la electricidad, el gas y la gasolina que, como siempre, hemos pagado los obreros.

Inditex está también a la cabeza los beneficios empresariales hoy gracias a una estrategia de deslocalización de la producción realizada a finales de los años 90, desde los talleres de costura gallega hacia los países de Asia y Latinoamérica. Esto le ha permitido poder vender sus productos con bajísimos costos de producción que ofrece una diáspora de maquilas, es decir, fábricas ubicadas en los países con los salarios más bajos del mundo, como Bangladesh, o en talleres clandestinos de São Paulo o Buenos Aires.

Según los cálculos de la Campaña Ropa Limpia de Setem, si partimos de una hipotética prenda vendida por 29 euros, la venta al por menor se lleva el mayor margen: 17 euros, es decir, un 59%. Le sigue el beneficio de la marca (3,6 euros), los gastos de los materiales (3,40 euros), los gastos de transporte (2,19 euros) y los intermediarios (1,2 euros). Los beneficios de la fábrica proveedora en algún país del Sudeste asiático suponen 1,15 euros (el 4%) y, para los salarios de los trabajadores, quedan apenas 18 céntimos: un 0,6% de los 29 euros que figuran en la etiqueta de la camiseta.

El 24 de abril de 2013 se derrumbó en Bangladesh el edificio Rana Plaza, muriendo 1.129 trabajadores a los que se sumaron más de 2.000 heridos, debido a las precarias condiciones de seguridad e higiene en las que trabajaban para el sector textil, y que hoy en día siguen siendo la norma y provocando accidentes en medio mundo, aunque no aparezcan publicados en la prensa burguesa.

Pero ¿Dónde van todos estos beneficios empresariales?

El año 2025 presenció cómo el mercado bursátil español rompía todos los registros históricos en materia de distribución de dividendos. Se estima que, liderados por la banca y el sector energético, los pagos directos al accionista alcanzarán los 42.000 millones de euros en el próximo ciclo, consolidando una rentabilidad por dividendo que supera de manera estructural el 5% de media para el IBEX 35, una de las más atractivas a nivel global.

De manera simultánea, se ha consolidado definitivamente en el entorno corporativo español una práctica importada de los mercados de capitales anglosajones: los programas masivos de recompra de acciones propias (share buybacks) seguidos de su amortización. En 2025, un 69% de las empresas españolas incluidas en el índice selectivo ejecutó programas de recompra, destinando un gasto total de 12.700 millones de euros a la destrucción de papel para inflar artificialmente el beneficio por acción (BPA).

En un lapso de tan solo diez años, el volumen de estas recompras ha experimentado un crecimiento explosivo del 150% en el mercado español. Esta recompra de acciones para el inversor y la empresa, tiene varios efectos directos:

• Aumento del Beneficio Por Acción (BPA): Si una empresa gana 1.000 € y hay 1.000 acciones, el beneficio es de 1 € por acción. Si recompran y destruyen 200 acciones, esos mismos 1.000 € ahora se dividen entre 800 acciones, subiendo el BPA a 1,25 € automáticamente (sin que la empresa haya ganado ni un euro más).
• Mayor presión de demanda: Al salir la propia empresa al mercado a comprar sus acciones con grandes cantidades de dinero, genera una demanda que suele empujar el precio de la acción al alza.
• Eficiencia fiscal: Es una forma de “premiar” al accionista sin repartir un dividendo. Cuando cobras un dividendo, tienes que pagar impuestos inmediatamente. Con la recompra, el valor de tus acciones sube, pero solo pagarás impuestos si decides venderlas en el futuro.

Es decir, la tendencia de las empresas es a “cerrar filas” en un escenario de grandes beneficios hoy, pero que dicho escenario a futuro puede cambiar por su inestabilidad. Los beneficios se quedan en casa del burgués.

Así se entiende esta noticia:

Según el informe anual del banco suizo UBS hay en total 32 españoles que superan la barrera de los mil millones de patrimonio, esto supone que la lista ha crecido en cinco personas respecto a 2024. Entre todos ellos acumulan una riqueza de 213.000 millones de dólares, un 21% más. Pero el 58% del patrimonio de estos milmillonarios (124.000 millones) está en manos de uno de ellos: el fundador de Inditex, Amancio Ortega.

Otro informe, de Oxfam Intermón, indica que, en 2025, la riqueza conjunta de los milmillonarios en todo el mundo creció más de un 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años, hasta alcanzar un máximo histórico de 18,3 billones de dólares. Desde 2020, la riqueza combinada de estos milmillonarios ha crecido un 81%.

Casi la mitad de la población mundial, sin embargo, vive en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día, y un 28% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Según este informe de Oxfam, sólo con el incremento de este último año, estos 2,5 billones de dólares podrían acabar con la pobreza extrema de los próximos 26 años.

¿Y la clase obrera?

Mientras, según este mismo informe, los salarios pierden peso en la economía y crecen por debajo de lo que aumenta el coste de vida, arrastrando la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras y los hogares. En los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación.

El 1% más rico concentra el 23,9% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6,7% en España. El 0,1% más rico en España (unas 48.000 personas con una riqueza promedio de 20 millones de euros) ha visto aumentar su participación en la riqueza nacional desde 2010 y ya supone más del 10% del total.

Nuestra clase tiene un escenario de precariedad transversal para todas sus capas. La juventud trabajadora sufre desde la década pasada un aumento en los costes universitarios que la van alejando de los estudios superiores, cada vez más difíciles de costear para una familia obrera.

Conseguir un puesto de trabajo es más difícil, con datos en 2025 de un 24% de paro juvenil e incluso trabajando sufren en muchos casos una estafa directa en sus derechos laborales (salarios, categorías profesionales, adaptación de jornada por estudios, licencias retribuidas, etcétera…). Como ejemplo encontramos que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó entre 2021 y 2025 un total de 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones.

La juventud trabajadora es una capa de la clase obrera que sufre una gran cantidad de ataques de la patronal que, debido a la inexperiencia y falta de conciencia de clase, recibe sin saber cómo defenderse, huérfanos de hermanos de clase con mayor experiencia que ejerzan una mínima protección organizada, donde el sindicalismo exhibe una patética posición de subordinación a los intereses de la burguesía.

El periodo de prueba, que sufre la juventud pero también muchos obreros independientemente de su edad, sexo o cualquier otra cuestión, es una de las trampas que este “Gobierno progresista” de PSOE-IU-PCE-Sumar ha impuesto a los trabajadores. La desaparición del contrato de obra o servicio determinado tras la reforma laboral de 2021 hizo que la patronal desplazara la carga de la contratación temporal hacia el período de prueba de los contratos indefinidos:

En 2026 se produjo un aumento del 1.200% en estas extinciones: En los dos primeros meses de 2026, más de 103.000 contratos indefinidos se extinguieron alegando la no superación del período de prueba, en comparación con los menos de 8.000 que se registraron en el mismo período del año 2021.

El Ministerio de Trabajo anunció en marzo el inicio de 520 inspecciones, de las cuales se han finalizado 458. En 342 de ellas (el 75% del total) Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades respecto de la aplicación del despido por no superar el periodo de prueba. Este período de prueba se ha convertido, de facto, en una válvula de escape barata para cubrir necesidades estacionales o temporales prescindiendo del trabajador sin abonar indemnización ni preaviso, por lo que el trabajador no ha ganado nada con la desaparición del contrato por obra y servicio ya que sigue sufriendo la temporalidad en el puesto de trabajo.

Los expedientes de regulación de empleo no han parado de producirse, a pesar del pico sufrido en la pandemia del Covid19, el ritmo ha continuado hasta hoy.

En 2025 encontramos expedientes de regulación de empleo, sobre todo, en el sector de las telecomunicaciones (Vodafone Zegona ejecutó 898 despidos, MasOrange 609 tras la fusión y Telefónica, más de 4.500 afectados, el 26% de la plantilla de todo el grupo), en Consultoría (Capgemini, 710 afectados) y en Alimentación y Gran Consumo (Nestlé, 242 despidos y Danone, 143 afectados).

Los gigantes de la consultoría tecnológica, el comercio electrónico y el sector servicios no han aplicado estos despidos por una quiebra real o por pérdidas imprevistas, sino como maniobras de reestructuración preventiva bajo el amparo de causas organizativas ETOP (Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción). Una estrategia de la burguesía para blindar sus márgenes de beneficio frente al avance de la automatización por IA, sacrificando a los trabajadores en el altar de la rentabilidad.

El sector de las telecomunicaciones se erige hoy como el principal escenario del desmantelamiento del empleo cualificado. Bajo el pretexto de la competitividad de precios, las fusiones monopolísticas de MasOrange o el desembarco de fondos de inversión como Zegona en Vodafone, la burguesía ha orquestado una sangría de miles de puestos directos e indirectos, sacrificando el sustento de la clase trabajadora en aras de salvaguardar sus márgenes de rentabilidad.

Todos los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo que pierden su puesto de trabajo entran directamente a la rueda del trabajo temporal sufriendo los ya analizados periodos de prueba (que la mayoría no superan) o en los contratos fijos discontinuos, que sigue siendo trabajo temporal.

Los salarios, mientras tanto, aumentan a un ritmo ridículamente bajo en comparación con el aumento de los precios de los bienes de consumo con lo que, de hecho, los salarios reales de la clase obrera retroceden. Así, el IPC sube desde 2021 a un ritmo mucho mayor que los salarios, haciendo perder a la clase obrera poder adquisitivo.

Durante el primer semestre del presente ejercicio, los salarios han experimentado un incremento medio del 2,5%, una cifra que palidece frente al ascenso del 3,2% en los precios de consumo durante el mismo intervalo. Estos datos, extraídos de la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas de la Agencia Tributaria y confrontados con el IPC del INE, evidencian un nuevo episodio de asfixia económica para los hogares proletarios. La cifra sólo refleja el incremento salarial medio de quienes trabajan en una empresa de gran tamaño. Estas, al estar obligadas a presentar de forma mensual sus declaraciones, cuentan con los datos más actualizados de salarios.

Esta erosión de la capacidad de compra de la clase obrera no se limita a las cifras fiscales. Los registros de la negociación colectiva del Ministerio de Trabajo revelan una realidad idéntica: los incrementos pactados en convenio se estancaron en un 3% hasta julio. Esta cifra condena a 8,6 millones de proletarios —el 44% de los asalariados— a cinco meses consecutivos de empobrecimiento real, al quedar sus salarios asfixiados bajo un IPC que escaló violentamente hasta el 3,6%. El robo al valor del trabajo se institucionaliza a través de acuerdos que no logran ni siquiera cubrir el encarecimiento básico de la vida y que son auténticas puñaladas al proletariado que llevan la firma de los sindicatos del régimen.

Aunque la subida salarial media pactada en convenio cerró el año 2025 en un 3,53%, este dato general oculta una enorme brecha en las nóminas de los más de 10,1 millones de trabajadores protegidos por convenio ya que:

• 3,74 millones de trabajadores (aproximadamente el 37% del total con convenio) quedaron fuera de la media general, pactando una subida de apenas el 2,96% (muy en línea con el IPC de diciembre de ese año).
• 1,87 millones de trabajadores experimentaron subidas aún menores, situadas en una horquilla de entre el 1,35% y el 2,47%.
• Más de 100.000 empleados sufrieron una congelación salarial total o incrementos meramente testimoniales.

En resumen, más de 5,71 millones de trabajadores bajo convenio (el 56,5% del total cubierto) quedaron fuera de la subida general del 3,53%, viendo revalorizados sus salarios por debajo del promedio.

Además, los convenios colectivos registrados con efectos económicos en 2026 solo alcanzan a unos 8,6 millones de trabajadores, lo que equivale a un 44% del total de asalariados en España.

El 56% restante de los asalariados se encuentra técnicamente fuera de la cobertura de la negociación colectiva activa registrada para dicho ejercicio. Sus nóminas dependen por completo de las decisiones unilaterales de las empresas o de la aplicación directa del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para aquellos que dependen estrictamente del SMI, sus ingresos aumentaron un 3,1% en 2026 (alcanzando los 1.221 € brutos al mes en 14 pagas), una subida que, descontada la inflación acumulada, sitúa su capacidad de compra real al mismo nivel que hace cinco años.

Aunque las cifras oficiales agregadas de la negociación colectiva reflejan un aumento medio del 3,02% hasta julio de 2026, la realidad del bolsillo de la mayoría de los trabajadores queda por debajo debido a la ponderación de los siguientes factores:

1. El peso de los convenios plurianuales antiguos (2,91%)

La inmensa mayoría de los trabajadores bajo convenio no están cobrando las subidas que se firman este año (que promedian un 3,73%). De los 2.768 convenios registrados con efectos en 2026, el 83% (2.308 acuerdos) se firmaron en años anteriores. Estos convenios antiguos contemplan una subida media de tan solo el 2,91%, lo que arrastra a la baja la nómina de más de 8,6 millones de personas.

2. La realidad de las Grandes Empresas (2,5%)

Los datos más dinámicos y actualizados de salarios cobrados mensualmente provienen de la Agencia Tributaria (a través de las declaraciones de las Grandes Empresas). Esta estadística revela que los sueldos reales de quienes trabajan en estas corporaciones aumentaron un promedio de solo el 2,5% durante el primer semestre de 2026.

3. Convenios de empresa y sectores precarizados (2,26% – 2,69%)

Cuando el ámbito de negociación se reduce a la realidad particular de cada centro de trabajo, los incrementos pactados son significativamente menores:

• Los convenios colectivos circunscritos estrictamente al ámbito de empresa contemplan un incremento medio de apenas el 2,59% (o del 2,56% si se analiza la estadística de marzo).
• Los convenios de grupos de empresas (que representan a grandes corporaciones complejas) reducen el aumento salarial medio a un 2,26%.
• Por sectores de actividad, los trabajadores del sector agrario perciben la subida media más baja de todo el tejido productivo, fijada en el 2,69%.

Si nos fijamos en la distribución salarial de la clase trabajadora en el estado, observamos como casi un tercio del total corresponde a salarios entre 16 mil y 23 mil euros brutos anuales, que sumado al 18% de trabajadores que cobran menos de 16 mil euros brutos anuales al año encontramos que casi la mitad de la clase trabajadora tiene un salario que no permite una vida independiente bajo este sistema capitalista en prácticamente ninguna capital de provincia del estado.

Pero no solo la pérdida es económica para la clase trabajadora. La salud de los trabajadores también se resiente bajo el sistema capitalista de producción, como se puede comprobar analizando los propios datos de las instituciones burguesas como el INE o el Ministerio de Trabajo:

Los accidentes con baja y las muertes se mantienen en unas cifras de auténtico horror y que demuestran la más absoluta miseria del capitalismo, sobre todo en los sectores de los servicios (donde más volumen de trabajadores hay) y la construcción, sector donde mayor índice de incidencia hay. Las caídas a distinto nivel, los atrapamientos y sepultamientos y los accidentes de tráfico y maquinaria siguen liderando año tras año los riesgos visibles más comunes.

Mientras los accidentes físicos se mantienen estables, con caídas únicamente por motivo de la cantidad de trabajadores en activo por las crisis (económicas o pandemia), los riesgos psicosociales han aumentado exponencialmente de una manera brutal y han impactado duramente en la salud de la clase trabajadora.

Los riesgos psicosociales y de salud mental son los que registran el incremento más rápido e intenso debido a mayor explotación laboral impuesta por la patronal. En España, el 40 % de los trabajadores (11 puntos por encima de la media de la UE, que se sitúa en el 29 %) señala directamente a su puesto de trabajo como la causa de su ansiedad o depresión.

Nuevas patologías como las denominadas “tecnoestrés”, “hiperconectividad” o “infoxicación”, debido a la transición digital y el uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han introducido riesgos nuevos y emergentes. El 31,6% de las empresas en España reporta un aumento en la intensidad laboral y el 31,7% destaca una sobrecarga de información derivada del uso de herramientas digitales. La conectividad constante y la expectativa de estar disponible con poca antelación por motivos laborales destruye el derecho al descanso.

Los riesgos ergonómicos vinculados al sedentarismo, como las posturas sedentarias prolongadas (estar sentado la mayor parte del tiempo afecta al 75,6 % de las empresas con herramientas digitales en España, y se eleva al 84,7 % en la modalidad de teletrabajo) y los movimientos repetitivos (67,4 %) siguen aumentando y son algunos de los desafíos emergentes más complejos de atajar.

La duplicación de las bajas por salud mental en España que reportan los datos oficiales reflejan un crecimiento de carácter exponencial en los problemas de salud mental que se trasladan directamente al ámbito laboral, convirtiendo a la salud mental en la segunda causa de baja laboral en el país.

Este aumento de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo de todo el estado provoca graves consecuencias tanto físicas como fisiológicas, mentales y emocionales y conductuales y sociales:

• Patologías No Traumáticas (PNT): El estrés laboral crónico es un precursor directo de trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares. Problemas como infartos de miocardio, derrames cerebrales e ictus representan actualmente más del 40 % de las muertes ocurridas durante la jornada laboral en España.
• Trastornos musculoesqueléticos (TME): Dolores agudos de espalda, cuello y extremidades (lumbalgias, tendinitis) derivados del trabajo estático en pantallas y de movimientos repetitivos.
• Síndrome de Burnout (desgaste profesional): Provoca un proceso degenerativo que comienza con fatiga, insomnio y automedicación (fase moderada), y puede evolucionar hacia el cinismo, la aversión al trabajo (fase grave), el aislamiento y la depresión crónica o riesgo de suicidio en su nivel extremo.
• Ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración ante la incapacidad de equilibrar las demandas del puesto con los recursos del trabajador.
• Abuso de sustancias nocivas: Se ha detectado un incremento en la dependencia del tabaco, alcohol y, muy especialmente, en el consumo de psicofármacos como ansiolíticos y relajantes musculares para sobrellevar la presión del día a día en el puesto de trabajo.
• Conflictos y aislamiento: La sobrecarga y el teletrabajo aumentan el aislamiento social de los compañeros. Además, la insatisfacción puede derivar en conductas de violencia física o verbal (tanto interna como externa de cara a clientes o usuarios conflictivos).

Las bajas médicas por trastornos mentales en España se han duplicado en un periodo de ocho años, pasando de 280.000 en 2016 a más de 600.000 en 2023. Esta tendencia se consolida en 2024, donde solo en los primeros nueve meses (enero a septiembre) ya se registraron más de 468.000 bajas, situándose en una proyección anual de unas 624.000 bajas (+123 % respecto a 2016).

Estas bajas se producen, como hemos visto, por una necesidad de la burguesía de lograr un aumento en la productividad, cuya consecuencia es la elevación de los niveles de tensión y estrés de los trabajadores a todos los niveles.

Y, por supuesto, la solución de la patronal no es otra que cambiar las leyes para evitar pagar las bajas médicas, criminalizando a los trabajadores por un problema que está generando la burguesía en su afán de una mayor acumulación de capital, con el Partido Popular como principal aliado.

Según Feijoo el aumento de la incapacidad temporal es “un cáncer” y propone que los trabajadores de baja cobren menos. Pero desde el PCOE creemos que el cáncer es el, su partido, su sistema económico y la clase a la que representa y que los que deberían cobrar menos son ellos, concretamente nada una vez se socialicen los medios de producción y estén en manos del proletariado.

¿Cómo puede salir la clase obrera de este laberinto?

Como hemos analizado a lo largo del texto, las empresas españolas obtienen su dinero de robar a manos llenas directamente a sus propios trabajadores, a través de la plusvalía, pero también indirectamente al resto del pueblo trabajador con el aumento de los precios de bienes básicos (ropa, energía) y los intereses hipotecarios.

Estos beneficios empresariales se quedan en las manos de unos pocos mientras la clase obrera pierde salud y poder adquisitivo, llegando a niveles críticos en los que casi la mitad de los trabajadores no pueden vivir de forma independiente y cuya salud mental y física empeora cada día.

Este es el escenario que tenemos los obreros bajo el capitalismo, un laberinto de pobreza y enfermedad en el que no podemos continuar. Las condiciones de vida siguen depauperándose para el proletariado en el estado español mientras los capitalistas acumulan más y más ganancias que nosotros mismos hemos generado con nuestro trabajo.

La única salida de la clase trabajadora es la organización, pero no sindicalmente para arrancar unas pocas migajas dentro del sistema capitalista -que sin duda nos robarán por otro lado- o socialmente para paliar el desmantelamiento de los servicios públicos. Sino la organización política para destruir este sistema capitalista criminal que ya no permite nada más que el fascismo y la reacción para su supervivencia.

La organización política para la construcción del socialismo, máxima aspiración del proletariado hoy, que -mediante la socialización de los medios de producción- garantice la vida y la salud del proletariado solucionando los grandes males que hoy nos aquejan: vivienda, educación, sanidad, trabajo, conciliación de la vida profesional y personal…

La clase trabajadora hoy no tiene más remedio que tomar las riendas de su destino, reconocerse como clase, organizarse y hacer la revolución socialista para tomar lo que le pertenece y emanciparse definitivamente para crear una sociedad justa y humanista, lejos de la miseria y la explotación que hoy sufrimos.

¡Organízate en el Partido Comunista Obrero Español!

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Uno de los temas candentes que enfrenta la clase obrera es el aumento indiscriminado del precio de la cesta de la compra. Se calcula que uno de cada cinco niños en el Estado español sufre pobreza alimentaria. En este artículo vamos a desenmascarar las estrategias que facilitan la especulación con este derecho básico y nos centraremos en la agricultura. La agricultura atraviesa una crisis que va mucho más allá de la producción de alimentos. Cada año desaparecen miles de pequeñas explotaciones mientras la tierra, la distribución y los beneficios se concentran en manos de un número cada vez menor de grandes empresas. El resultado es un modelo que expulsa a quienes trabajan en el campo, encarece los alimentos para la población y subordina un derecho básico como la alimentación a la lógica del beneficio privado. Es la lógica del sistema capitalista que sólo puede dirigirse al monopolio, a proletarizar a las masas obreras y a convertir todo en mercancía, incluso los derechos básicos como la alimentación, la vivienda, la sanidad, etc.

La concentración de la propiedad agraria es uno de los principales problemas del sector. Grandes fondos de inversión, empresas agroindustriales y propietarios con enormes extensiones de tierra acumulan enormes recursos, mientras los pequeños agricultores encuentran enormes dificultades para acceder a la tierra, al crédito o a precios justos para sus productos. La especulación convierte la tierra en un activo financiero en lugar de un bien social destinado a producir alimentos.

A esta realidad se suma el enorme poder de las grandes distribuidoras. Mientras el agricultor recibe una parte mínima del precio final, los márgenes aumentan a lo largo de la cadena comercial, perjudicando tanto a quienes producen como a quienes consumen. En este contexto, un reducido número de cadenas de supermercados concentra la mayor parte de la comercialización alimentaria y utiliza su posición dominante para imponer precios de compra cada vez más bajos a los productores. La consecuencia es una pérdida constante de soberanía alimentaria. Los territorios dependen cada vez más de importaciones, monocultivos orientados a la exportación y cadenas logísticas globales vulnerables. Se abandona la producción local de alimentos básicos mientras crece la dependencia de grandes corporaciones capaces de decidir qué se produce, dónde se produce y a qué precio llega a la mesa. Es el fin de la libre competencia que enarbolan como motor principal del sistema capitalista sus defensores y pasan a un modelo productivo centralizado y planificado que corresponde a unas relaciones de producción más elevadas, las socialistas, con el único escollo de que éstas no se orientarán al lucro privado, como el caso que enfrentamos, sino a la necesidad social. Por eso, a la clase obrera no le queda otro recurso que expropiar los medios de producción para ponerlos al servicio de su clase.

La clase obrera debe organizarse para romper la lógica de la mercantilización y de la apropiación privada del trabajo social por métodos revolucionarios. Otras medidas solo pueden ofrecer soluciones parciales mientras el sistema económico continúe organizado en torno al beneficio privado. La concentración de la propiedad y del poder económico no es una anomalía, sino una consecuencia lógica del capitalismo.

Desde el PCOE planteamos socializar los grandes medios de producción y distribución alimentaria, impulsar una planificación democrática de la agricultura orientada a las necesidades sociales y no al beneficio empresarial, garantizar el acceso universal a una alimentación saludable mediante una radical reforma agraria y proteger el trabajo agrícola mediante formas de propiedad colectiva y cooperativa. La tierra debe cumplir una función social, los alimentos deben ser un derecho y la producción agrícola debe organizarse democráticamente por quienes trabajan en el campo y por la sociedad en su conjunto.

Solo superando un modelo basado en la acumulación privada será posible construir una verdadera soberanía alimentaria, donde producir alimentos deje de ser un negocio para convertirse en un derecho de la clase obrera.

¡La tierra no es una mercancía!

¡Por la soberanía alimentaria, derribemos el capitalismo!

¡Socializar la tierra es garantizar el pan!

¡Por la reforma agraria!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

La educación pública en Catalunya arrastra, desde hace años, los efectos de las políticas antiobreras impulsadas por los diferentes gobiernos de la Generalitat. Uno de los momentos cruciales fue el periodo de la crisis económica de las subprime, especialmente entre 2010 y 2014, cuando se aplicaron recortes que afectaron de forma directa a los recursos destinados a la enseñanza pública. Durante esos años, el presupuesto educativo se redujo de manera considerable y la inversión por alumno cayó de forma sostenida, deteriorando las condiciones materiales en las que se desarrolla el proceso educativo. Por todo esto los docentes llevan desde hace varios días en huelga, luchando y llegando a paralizar Barcelona.

Aunque algunos oportunistas señalan que en los últimos años los presupuestos han aumentado, esto no significa que el sistema educativo haya recuperado los niveles de financiación necesarios para garantizar una enseñanza pública de calidad. La inversión educativa sigue situándose por debajo de las necesidades reales de la clase obrera, las ratios continúan siendo elevadas, la red concertada mantiene una posición privilegiada gracias a la transferencia constante de recursos públicos hacia la educación privada – fundamentalmente en manos de la Iglesia Católica – y las sucesivas reformas curriculares han añadido nuevas contradicciones a un sistema ya profundamente perjudicado.

Desde una perspectiva materialista, la crisis en la educación pública no puede entenderse como un problema aislado ni como el resultado de errores técnicos de gestión. La Escuela forma parte de la superestructura social y está estrechamente vinculada a las necesidades de reproducción del modo de producción capitalista. Históricamente, la expansión de los sistemas públicos de enseñanza respondió a la necesidad de formar una fuerza de trabajo formada, disciplinada y capaz de responder a las exigencias de la producción industrial. Sin embargo, las transformaciones recientes del capitalismo están modificando estas necesidades. Con la creciente automatización de los procesos productivos y el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, se ha reducido la necesidad de amplios sectores de trabajadores altamente cualificados. Mientras una minoría de especialistas concentra funciones técnicas y de dirección, una parte cada vez mayor de la clase obrera es empujada hacia empleos precarios, fragmentados y sometidos a una fuerte degradación de las condiciones laborales. En este contexto, el capital tiene cada vez menos interés en garantizar una formación amplia, crítica y universal para el conjunto de la población. Además, la no cualificación de los obreros reduce los salarios y aumenta por ahí la cuota de ganancia de los capitalistas que son dueños de los medios de producción.

Por ello, el deterioro de la educación pública no debe interpretarse únicamente como una consecuencia de las políticas de austeridad. Constituye también una expresión de las nuevas necesidades de la acumulación del capital. Una población con elevados niveles de formación crítica, capacidad de organización y acceso generalizado al conocimiento representa una potencial amenaza para un sistema basado en la explotación y la desigualdad. En cambio, una enseñanza pública empobrecida, orientada a competencias superficiales y subordinada a las demandas inmediatas del mercado favorece la reproducción del orden explotador existente. Las grandes empresas tecnológicas penetran en las aulas, los servicios educativos se externalizan, la investigación queda cada vez más subordinada a intereses empresariales y el conocimiento deja de concebirse como un bien común para convertirse en una mercancía sometida a la lógica del beneficio privado. El objetivo estratégico de este proceso es avanzar hacia la privatización progresiva del conocimiento. Del mismo modo que se privatizan servicios públicos esenciales, se pretende convertir el acceso al saber en un privilegio de clase. Las élites económicas continúan garantizando para sus hijos una formación de alto nivel en centros privados o de prestigio, mientras la escuela pública se ve empujada hacia una función cada vez más asistencial, destinada a gestionar las consecuencias sociales de la desigualdad sin cuestionar sus causas estructurales.

La contradicción resulta evidente. Mientras pedagogos como Vygotsky defendían que el desarrollo intelectual de las personas depende de las condiciones sociales y materiales en las que viven, las administraciones educativas pretenden aplicar discursos sobre inclusión, equidad y atención a la diversidad sin proporcionar los recursos necesarios para hacerlo posible. Se exige a docentes y centros que compensen desigualdades cuya raíz se encuentra en el propio funcionamiento del sistema capitalista. Por ello, la defensa de la educación pública no puede limitarse a la reivindicación de mayores presupuestos o mejores condiciones laborales, aunque ambas sean imprescindibles. Debe formar parte de una lucha más amplia contra la mercantilización de todos los ámbitos de la vida social. Por eso, la defensa de la educación está inseparablemente ligada a la lucha por superar las relaciones de producción capitalistas que generan explotación, desigualdad y alienación.

La degradación de la enseñanza, la mercantilización del conocimiento y la creciente subordinación de la educación a los intereses del capital son manifestaciones de una misma realidad, la contradicción entre las necesidades de la clase obrera, que somos la inmensa mayoría, y los intereses de una minoría parasitaria que posee y controla los medios de producción.

Por ello, la lucha por una educación verdaderamente pública, científica, gratuita y al servicio de la clase obrera está inseparablemente unida a la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. Solo una sociedad socialista, en la que los medios de producción estén bajo control colectivo y la economía se organice en función de las necesidades sociales y no del beneficio privado, puede garantizar que el conocimiento deje de ser una mercancía y se convierta en un patrimonio común accesible para todos.

Frente a quienes pretenden convertir la educación en un negocio, es necesario fortalecer la organización y la lucha de la clase obrera en todos los frentes. La juventud estudiantil, el profesorado y el conjunto de nuestra clase comparten un mismo interés objetivo, poner fin a un sistema que sacrifica el desarrollo humano en beneficio de la acumulación de capital. En esta tarea, el trabajo de los comunistas resulta fundamental.

El Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) se solidariza y apoya con la lucha de los docentes y les recuerda la necesidad de construir la unidad de la clase obrera y organizar la lucha contra todas las formas de explotación y dominación capitalista. La defensa de la educación pública forma parte de esa lucha general por la emancipación de la clase obrera y por la construcción de una sociedad socialista en la que la ciencia, la cultura y el conocimiento estén al servicio del pueblo y no de los monopolios. Porque la educación no debe servir para formar mano de obra dócil para las empresas, sino para desarrollar plenamente las capacidades humanas y contribuir a la construcción consciente de una sociedad sin explotadores ni explotados. Defender la educación pública es defender el futuro de la clase obrera. Defender el socialismo es defender las condiciones materiales que harán posible una educación verdaderamente universal, igualitaria y emancipadora.

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

Defensar l’educació pública és defensar el futur de la classe obrera

L’educació pública a Catalunya, des de fa anys, ha patit les conseqüències de les polítiques antiobreres implementades pels diferents governs de la Generalitat. Un dels moments clau va ser el període de la crisi econòmica de les hipoteques, especialment entre 2010 i 2014, quan es van aplicar retallades que van afectar directament els recursos destinats a l’ensenyament públic. Durant aquests anys, el pressupost educatiu es va reduir notablement i la inversió per alumne va disminuir de forma sostinguda, deteriorant les condicions materials en què es desenvolupa el procés educatiu. Per tot això, els docents han estat en vaga des de fa dies, lluitant i aconseguint paralitzar Barcelona.

Tot i que alguns oportunistes assenyalen que els pressupostos han augmentat en els últims anys, això no significa que el sistema educatiu hagi recuperat els nivells de finançament necessaris per garantir una educació pública de qualitat. La inversió educativa continua situant-se per sota de les necessitats reals de la classe obrera, les ràtios continuen sent elevades, la xarxa concertada manté una posició privilegiada gràcies a la transferència constant de recursos públics cap a l’educació privada – principalment en mans de l’Església Catòlica – i les reformes curriculars successives han afegit noves contradiccions a un sistema ja profundament perjudicat.

Des d’una perspectiva materialista, la crisi en l’educació pública no pot entendre’s com a un problema aïllat ni com a resultat d’errors tècnics de gestió. L’escola forma part de la infraestructura social i està estretament relacionada amb les necessitats de reproducció del mode de producció capitalista. Històricament, l’expansió dels sistemes públics d’ensenyament va respondre a la necessitat de formar una força de treball formada, disciplinada i capaç de respondre a les exigències de la producció industrial. No obstant això, les transformacions recents del capitalisme estan modificant aquestes necessitats. Amb l’augment de la automatització dels processos productius i el desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial, s’ha reduït la necessitat de grans sectors de treballadors amb alta qualificació. Mentre que una minoria d’especialistes concentra funcions tècniques i de direcció, una part cada vegada més gran de la classe obrera és empra cada vegada més en llocs precaris, fragmentats i sotmesos a una forta degradació de les condicions laborals. En aquest context, el capital té cada vegada menys interès en garantir una formació àmplia, crítica i universal per a tot la població. A més, la manca de qualificació dels treballadors redueix els salaris i augmenta així la quota de benefici dels capitalistes que són propietaris dels mitjans de producció.

Per tant, el deteriorament de l’educació pública no ha d’interpretar-se únicament com a conseqüència de les polítiques d’austeritat. Constitueix també una expressió de les noves necessitats de l’acumulació del capital. Una població amb nivells elevats de formació crítica, capacitat d’organització i accés generalitzat al coneixement representa una potencial amenaça per a un sistema basat en l’explotació i la desigualtat. En canvi, una educació pública empobrida, orientada a habilitats superficials i sotmesa a les demandes immediates del mercat, fomenta la reproducció de l’ordre explotador existent. Les grans empreses tecnològiques entren a les aules, els serveis educatius s’externalitzen, la investigació queda cada vegada més sotmesa a interessos empresarials i el coneixement deixa de ser un bé comú per convertir-se en un producte que està subjecte a la lògica del benefici privat. L’objectiu estratègic d’aquest procés és avançar cap a la privatització progressiva del coneixement. De la mateixa manera que es privatitzen serveis públics essencials, s’intenta convertir l’accés al saber en un privilegi de classe. Les elits econòmiques continuen garantint als seus fills una formació de nivell superior en centres privats o de prestigi, mentre que l’escola pública queda relegada a una funció cada vegada més assistencial, destinada a gestionar les conseqüències socials de la desigualtat sense qüestionar les seves causes estructurals.

La contradicció és evident. Mentre que pedagogs com Vygotsky defensaven que el desenvolupament intel·lectual de les persones depèn de les condicions socials i materials en què viuen, les administracions educatives intenten aplicar discursos sobre inclusió, equitat i atenció a la diversitat sense proporcionar els recursos necessaris per fer-ho possible. S’exigeix als docents i als centres que compensin les desigualtats que tenen la seva arrel en el mateix funcionament del sistema capitalista. Per tant, la defensa de la educació pública no pot limitar-se a la reivindicació de pressupostos més grans o millors condicions laborals, tot i que aquestes siguin imprescindibles. Ha de formar part d’una lluita més ampla contra la mercantilització de tots els àmbits de la vida social. Per tant, la defensa de l’educació està inseparablement lligada a la lluita per superar les relacions de producció capitalistes que generen explotació, desigualtat i alienació.

La degradació de l’ensenyament, la mercantilització del coneixement i la creixent subordinació de l’educació als interessos del capital són manifestacions d’una mateixa realitat, la contradicció entre les necessitats de la classe obrera, que som la majoria, i els interessos d’una minoria parasitària que posseïx i controla els mitjans de producció.

Per tant, la lluita per una educació veritablement pública, científica, gratuïta i al servei de la classe obrera està inseparablement unida a la lluita per la transformació revolucionària de la societat. Només una societat socialista, en la qual els mitjans de producció estiguin sota control col·lectiu i l’economia s’organitzi en funció de les necessitats socials i no del benefici privat, pot garantir que el coneixement deixi de ser una mercaderia i es converteixi en un patrimoni comú accessible per a tothom.

Front els qui pretensen convertir l’educació en un negoci, és necessari reforçar l’organització i la lluita de la classe obrera en tots els fronts. La joventut estudiantil, el professorat i tot el nostre grup compartim el mateix objectiu: posar fi a un sistema que sacrifica el desenvolupament humà en benefici de l’acumulació de capital. En aquesta tasca, el treball dels comunistes resulta fonamental.

El Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) es solidaritza i dona suport a la lluita dels docents i els recorda la necessitat de construir la unitat de la classe obrera i organitzar la lluita contra totes les formes d’explotació i dominació capitalista. La defensa de l’educació pública forma part d’aquesta lluita general per l’emancipació de la classe obrera i per la construcció d’una societat socialista en la qual la ciència, la cultura i el coneixement estiguin al servei del poble i no dels monopolis. Perquè l’educació no ha de servir per formar força de treball obedient per a les empreses, sinó per desenvolupar plenament les capacitats humanes i contribuir a la construcció conscient d’una societat sense explotadors ni explotats. Defensar l’ educació pública és defensar el futur de la classe obrera. Defensar el socialisme és defensar les condicions materials que fan possible una educació veritablement universal, igualitària i emancipadora.

COMITÈ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

La defensa del empleo portuario frente a los intentos de precarización vuelve a mostrar que sólo la organización y la lucha de la clase trabajadora pueden frenar los ataques del capital.

Los trabajadores de la estiba del Puerto de Avilés vienen protagonizando en las últimas semanas varias jornadas de huelga frente a los planes empresariales que amenazan su modelo de empleo. Este 14 de marzo volvieron a movilizarse en las calles de Avilés para defender sus puestos de trabajo y denunciar el bloqueo en las negociaciones.

El origen del conflicto se encuentra en la intención de desmantelar el actual sistema de organización del trabajo portuario basado en el Centro Portuario de Empleo. Este modelo permite la contratación colectiva de los estibadores y garantiza cierta estabilidad laboral para la plantilla. Su desaparición abriría la puerta a una mayor precarización del sector, favoreciendo la fragmentación del empleo, la temporalidad y el deterioro de las condiciones laborales.

Los trabajadores han advertido que estas medidas suponen un nuevo intento de debilitar derechos conquistados tras años de lucha en los puertos.

La lucha de los estibadores de Avilés vuelve a recordarnos que, frente a los ataques del capital, la única garantía para defender los derechos de la clase trabajadora es la organización y la movilización colectiva.

Trasladamos toda nuestra solidaridad con los estibadores en lucha y con sus familias, así como con todos los trabajadores que defienden sus derechos frente a los intentos de precarización del empleo.

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Asturias

El mal llamado y autoproclamado “Gobierno más progresista de la historia” anunció a bombo y platillo el fin de los contratos temporales gracias a su Reforma Laboral de 2022 (Real Decreto-ley 32/2021) que eliminó los contratos por obra o servicio. Sin embargo, el trabajo temporal está más vigente que nunca.

Según publica la propia prensa burguesa, los ceses en periodo de prueba de indefinidos se disparan un 864% desde la reforma laboral, consagrando así el  empleo temporal. “Las empresas españolas extinguieron 1,02 millones de contratos en 2025 porque el trabajador no superó el periodo de prueba, un 2,34% más que en 2024 y un 79% más que en 2021, antes de la reforma laboral”.

La burguesía ha mantenido intacto el trabajo temporal, que supone una de sus grandes fuerzas para mantener al obrero en la miseria y lograr cotas de explotación cada vez más altas, y ha utilizado a su última y flamante Ministra de Trabajo para perpetrar este truco de trilerismo.

Ni se ha acabado con los contratos temporales, puesto que siguen vigentes las modalidades de contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora (Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores) ni se ha limitado o reducido el trabajo de carácter temporal. De hecho ha aumentado.

Tanto el aumento en los tiempos del periodo de prueba como la inclusión del contrato fijo discontinuo han sido dos herramientas fundamentales para la patronal para profundizar en el trabajo temporal, en la explotación de los obreros, a pesar del ejercicio de marketing llevado a cabo por Yolanda Díaz anunciando el fin del trabajo temporal con la Reforma Laboral de 2022.

Estas herramientas han servido para introducir el despido libre y gratuito, ya que el cese de un contrato fijo en periodo de prueba no supone indemnización para el trabajador y no hay que justificarlo. De hecho, los Convenios Sectoriales con mayor cantidad de trabajadores (Grandes Almacenes, Tecnológicas y Telecomunicaciones, Consultoría…) oscilan entre los 3 y 6 meses de periodo de prueba (según la categoría profesional) lo que permite perfectamente a las empresas contratar y despedir libremente y sin coste gracias al periodo de prueba.

En el caso de los contratos fijos discontinuos, que son per se trabajo temporal, permiten tanto a la burguesía como al Estado obtener un beneficio doble. Por un lado, mantener el contrato temporal ahorrando la indemnización de 12 días por año trabajado que tenía el antiguo contrato temporal por obra y servicio, ya que el fin de llamamiento es flexible y no supone un despido. Y por este motivo, también permite al Estado mantener a ese trabajador que no está trabajando como ocupado y no como parado, maquillando así los datos del paro que acumulan récord tras récord de ocupación, aunque haya decenas de miles de obreros sin trabajar.

De hecho, en términos globales, si analizamos el número medio de horas efectivas semanales trabajadas no ha parado de descender año a año:

De igual forma, los ocupados a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial no dejan de aumentar:

Como estamos observando, a tenor de los datos del propio Instituto Nacional de Estadística.

El cambio de puesto de trabajo es constante y cada vez más rápido en el estado, más de la mitad de las altas de seguridad social provienen de contratos que no duran más de un mes:

Todos los tipos de contrato, por separado, mantienen una volatilidad mayor que antes de la reforma. Los fijos discontinuos, con 841.340 asalariados a cierre de 2025 solo suponen el 4,8% del total, cuando en 2019 apenas llegaban al 2,4%. Sin embargo, suman 55.307 bajas o altas diarias, el 27,4% del total de rotaciones. Hace seis años solo eran el 3,3%.

Todo esto lo que genera es una gran inestabilidad en los puestos de trabajo, impidiendo a los obreros tener puestos de trabajo con los que mantener unos salarios que les permitan sostener una vida con perspectivas de futuro. El capitalismo, en su avance en esta época de desarmonización de las fuerzas productivas respecto de las relaciones de producción, en un momento de automatización que no corresponde ya con las relaciones de producción capitalistas sino con el Socialismo, no hace sino generar guerra, muerte y miseria para la clase trabajadora.

El Gobierno, con Yolanda Díaz a la cabeza del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es el ejecutor de una Reforma Laboral criminal que ya supone la ruina de millones de obreros hoy y que se prevé que aumente drásticamente en los próximos años, que comenzó con los trabajadores más jóvenes pero que ya está afectando a los más mayores también.

Intentarán echar la culpa a agentes externos, pero a los comunistas no se nos escapa que este Gobierno ha implementado de forma implacable los planes de una clase burguesa que solo pretende mantenerse en el poder y seguir acumulando beneficios a base de robar a los obreros.

La clase obrera no puede tener ni un ápice de confianza en este Gobierno, brazo ejecutor de los planes de la burguesía para enriquecerse a manos llenas que desembocarán en una nueva crisis brutal que pagará de nuevo el proletariado. Y es deber de los comunistas llevar esta realidad a la clase obrera de todas las maneras posibles para organizarlo contra este sistema capitalista, injusto, y derribarlo para construir el Socialismo.

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del PCOE

La huelga convocada en el sector auxiliar del metal en Asturias ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que la burguesía industrial y sus representantes políticos intentan ocultar: sin la clase obrera no funciona un solo engranaje de la industria.

En los últimos días, piquetes de trabajadores han bloqueado los accesos a las factorías de ArcelorMittal en Gijón y Avilés, paralizando operaciones clave de mantenimiento y reparación en las instalaciones siderúrgicas. Entre ellas se encuentra una intervención fundamental en el Horno Alto B de Veriña, cuya reparación depende en gran medida del trabajo de las empresas auxiliares del metal.

Este conflicto afecta a miles de trabajadores de la industria auxiliar, empleados en tareas de mantenimiento industrial, montajes mecánicos, soldadura, electricidad y reparación de instalaciones industriales. Su lucha no es un hecho aislado. Es la expresión concreta de una contradicción fundamental del capitalismo: la que enfrenta los intereses de la clase obrera con los de la patronal.

La huelga surge tras el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo del sector de montajes y empresas auxiliares del metal, que lleva más de un año sin avances reales.

Las reivindicaciones son claras:

• Recuperar poder adquisitivo frente a la inflación.
• Mejorar las condiciones salariales.
• Reducir la jornada laboral anual.
• Regular mejor los desplazamientos y dietas.
• Garantizar el relevo generacional en las plantillas.

Frente a estas demandas, la patronal del sector, agrupada en Femetal, pretende mantener la precarización estructural de miles de trabajadores que sostienen la industria asturiana. Mientras los beneficios empresariales se recuperan tras la crisis, los empresarios se niegan incluso a garantizar la recuperación del poder adquisitivo perdido.

Pero el bloqueo del convenio también evidencia otro problema que la clase trabajadora conoce bien: la política de negociación permanente y concesiones del sindicalismo amarillo.

Durante décadas, las direcciones de CCOO y UGT han convertido la negociación colectiva en un mecanismo de gestión de los recortes en lugar de una herramienta de confrontación contra la patronal. El resultado es que convenio tras convenio los trabajadores ven cómo se consolidan jornadas interminables, salarios insuficientes y condiciones cada vez más precarias.

Uno de los aspectos más reveladores de esta huelga es la importancia real de las empresas auxiliares en la producción industrial. En complejos como ArcelorMittal, gran parte de los trabajos de mantenimiento, montaje y reparación dependen de estas plantillas externalizadas. Sin ellas, la producción se paraliza. Lo que hoy está ocurriendo con la reparación del Horno Alto B lo demuestra con claridad.

Este modelo de subcontratación masiva no es casual. Es una estrategia deliberada del capital para fragmentar a la clase obrera, dividir plantillas y rebajar salarios y derechos. La externalización permite a las grandes multinacionales beneficiarse de mano de obra altamente cualificada mientras descargan sobre otras empresas la presión laboral, los riesgos y la precariedad. Y, en demasiadas ocasiones, esta fragmentación ha sido aceptada en los acuerdos firmados por las direcciones amarillistas,consolidando una división entre trabajadores de plantilla y trabajadores de las empresas auxiliares que solo beneficia a la patronal.

La huelga del metal también se produce en un contexto más amplio de incertidumbre industrial en Asturias. En los últimos años se han multiplicado las advertencias sobre posibles recortes de actividad, deslocalizaciones y reorganizaciones productivas en el sector siderúrgico. Las grandes multinacionales utilizan con frecuencia la amenaza del cierre o del traslado de producción para presionar a trabajadores e instituciones públicas. El chantaje es siempre el mismo: aceptar peores condiciones laborales o asumir la pérdida de empleo.

Pero la historia del movimiento obrero demuestra que ceder ante ese chantaje solo conduce a nuevas concesiones. La desindustrialización no es un fenómeno inevitable ni natural: es el resultado de decisiones tomadas por el capital en busca de mayores tasas de beneficio.

La huelga del metal en Asturias es un ejemplo de la única vía que históricamente ha permitido a la clase obrera defender sus derechos: la lucha organizada. Cuando los trabajadores paralizan la producción, se revela una verdad fundamental que el capitalismo intenta ocultar: toda la riqueza social la produce el trabajo.

Los altos hornos, las plantas siderúrgicas, los complejos industriales… nada de eso funciona sin los miles de obreros que cada día ponen en marcha la producción. Por eso la huelga es una herramienta fundamental de la clase trabajadora. No solo como medio de presión económica, sino también como escuela de conciencia y organización. Y también demuestra que la fuerza real de los trabajadores no reside en las mesas de negociación, sino en su capacidad de parar la producción.

El conflicto del metal en Asturias no afecta únicamente a los trabajadores del sector. La industria siderúrgica ha sido históricamente uno de los pilares del empleo y de la economía de la región. Cada ataque a las condiciones laborales en este sector repercute en toda la clase trabajadora. Por eso la huelga de las empresas auxiliares debe entenderse como una lucha de conjunto: una lucha contra la precarización, contra la desindustrialización y contra un modelo económico que sacrifica los intereses de los trabajadores en beneficio del capital.

Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Asturias