Hoy, 25 de marzo de 2020, España se ha convertido en el segundo país del mundo (solo superado por Italia) en número de muertes por coronavirus. Ya son 3.434 muertes (¡y subiendo!) cuya responsabilidad cae directamente en la catastrófica y bochornosa gestión de la crisis por parte del gobierno de “izquierdas”, que no duda en sacrificar miles de vidas para no detener el quebrado sistema de producción capitalista, a sabiendas de que la inmensa mayoría de muertes serán de personas de clase trabajadora, en especial nuestros mayores.

En el caso de la Región de Murcia, la cuenta oficial del Gobierno de España destinada a informar sobre Salud Pública no se avergüenza en reportar la más que cuestionable cifra de 477 casos confirmados en nuestra Región. Por supuesto, los números que verdaderamente se barajan son totalmente distintos. Si atendemos a las cifras que se estiman desde el seguimiento telefónico médico, se calcula que habría más de 7.500 casos posibles y casi 8.000 personas en contacto estrecho. Un ejemplo de que el gobierno no sólo no duda en mandar a miles de trabajadores a sus puestos de trabajo, donde están en continúo contacto con cientos de compañeros y sin el material y espacios adecuados para evitar la propagación de la pandemia, sino que además miente descaradamente a esos miles de trabajadores que se están jugando el pellejo. Esto, lejos de ser sorprendente, es lo único que podemos esperar de un sistema como el capitalismo que se sustenta en la explotación de una minoría de privilegiados sobre una inmensa mayoría de población que se encuentra explotada y esclavizada mediante el trabajo asalariado.

Pese a que la riqueza del Estado procede de la extracción del plusvalor que genera la fuerza de trabajo del proletariado, desde el Gobierno (recordemos) de “izquierdas” no dudan en sacrificar miles de vidas en la vorágine capitalista, además de observarse otro componente de clase en quién puede o no hacerse el test. ¿No es raro que tantos políticos y burgueses hayan sido noticia estos días por haber dado positivo? ¿Y qué pasa con los trabajadores? Según la Conserjería de Sanidad, para nosotros, los trabajadores, no hay tests suficientes y no se puede saber si esas personas que llaman alarmadas con síntomas son portadores o no del virus. No es que no puedan saberlo, es que no les importa lo más mínimo el número de vidas de trabajadores que vayan a ser sacrificadas en aras de salvar su moribundo sistema económico, que está quebrado a nivel mundial. Unas pruebas rápidas podrían detectar la presencia del virus en el organismo de una persona en apenas media hora.

A la mentira descarada de las cifras oficiales se une que la Consejería de Salud está llevando a cabo una política de no dar datos oficiales de casos positivos por municipios. Esa falta de información se complementa con la labor de los medios de manipulación de masas, máquinas de propaganda que trabajan sin descanso para que la población normalice y vaya asumiendo la nueva realidad que el Estado capitalista nos quiere imponer. Una acción que tiene un objetivo muy claro: la labor ideológica de los medios de comunicación es la de insuflar un patético sentimiento de unidad nacional, esta vez, contra el virus. El coronavirus es el nuevo enemigo al que hay que combatir, cómo no, unidos. Que los explotados deban “unirse” con sus explotadores supone ideológicamente la sustitución de la lucha de clases del marxismo por la armonía de clases del fascismo, el emplear el nacionalismo como la piedra angular del entramado ideológico de la burguesía, que tiende inexorablemente hacia la reacción. El Estado español trata de hacernos partícipes a los trabajadores de la tarea colectiva de frenar el virus en favor de un interés patrio superior, para que así no luchemos contra los verdaderos virus de esta sociedad: el capitalismo, la burguesía y su Estado.

En estos momentos de ineficiencia entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, no han dudado en salir como hongos todos los oportunistas a tratar de rascar su momento de gloria. Fernando López Miras, el pusilánime presidente de la Región de Murcia por el Partido Popular, hablaba hace dos días de “cesar todas las actividades no esenciales”. Estas declaraciones, lejos de mostrar una leve preocupación por la salud de la población murciana (¡ya podría haberse preocupado cuando su partido desmantelaba la sanidad pública de la Región!) esconden dos objetivos:

En primer lugar, continuar con el tan manido y falso enfrentamiento entre el Partido Popular y el PSOE, ambos sirvientes del mismo capital financiero y meras herramientas en la subyugación de la clase trabajadora por parte de un Estado que tiende cada vez más a la reacción. Y ese es el segundo objetivo que se esconde tras las declaraciones de nuestro, por desgracia, presidente; el endurecimiento del estado de alarma para que la burguesía pueda seguir implementando sin oposición medidas reaccionarias que se intensifican con la duración del confinamiento, medidas que reprimen las libertades de los trabajadores y cuya punta de lanza se encuentra en los abusos policiales que estamos observando estos días con la excusa de “proteger nuestra salud”. ¿Es que acaso ir a trabajar a una fábrica rodeados de cientos de compañeros es más seguro que salir a pasear a solas? Por supuesto que no. ¿Por qué una persona en bicicleta se juega una multa (con agresión de regalo), pero no se alarman con los repartidores de Glovo o Just Eat? Porque “proteger nuestra salud” es una excusa. Una excusa para restringir nuestro movimiento. La crisis del coronavirus es un desastre planeado. Con ella, se están realizando una serie de etapas preparatorias en las que el Estado español, disfrazado con la apariencia de la democracia burguesa, se equipa con una serie de medias reaccionarias, hasta el momento en el que las contradicciones sean tales que el poder de la burguesía sea insostenible por medio de los cauces convencionales (¡Aunque de eso sabe bastante el PSOE de los GAL!).

Que la burguesía no engañe a nadie. No es el coronavirus lo que ha desencadenado la crisis del capitalismo, su declive y bancarrota se sabía desde hace años, y esta pandemia está siendo utilizada como excusa para enviar a miles de trabajadores al paro por medio de EREs y ERETs, que afectan ya a medio millón de trabajadores (¡y subiendo!). En el caso de nuestra Región, según la Conserjería de Empleo, más de 1.200 empresas han presentado ERTEs en apenas una semana, que provocarán la pérdida de miles de puestos de trabajo y la terrible consecuencia de que muchas familias trabajadoras pasarán enormes dificultades económicas durante el tiempo que el Gobierno decida que debe durar el estado de alarma. Con esto, el Gobierno de “izquierdas” aprovecha la inusual situación para insuflar millones de euros a las empresas, convirtiéndose el Estado en una máquina de transferencia del dinero que genera el trabajador hacia las manos del mismo empresario que lo explota diariamente y que ahora lo condena a seguir trabajando en condiciones peligrosas para su salud y la de sus familiares. Tras el rescate a la banca, nos encontramos ahora con el rescate a los empresarios.

Con la situación que miles de trabajadores estamos viviendo en nuestras propias carnes estos días, queda más que demostrado que el tan vanagloriado Welfare State o Estado de bienestar del que presumen los líderes occidentales no es más que un mito. ¿Qué hace el Estado de bienestar por los ancianos que están muriendo en las residencias? ¿Qué hace ante los continuos abusos de poder por parte de las fuerzas policiales? ¿Qué va a hacer por nuestra Región cuando llevan años destruyendo nuestra sanidad pública? ¿Y por quienes mueren solos en sus casas? La respuesta está clara: el Estado no va a hacer nada por la clase trabajadora excepto explotarla, porque el Estado es una herramienta de opresión de una clase sobre otra y actualmente se encuentra en manos de la burguesía capitalista, cuyo único objetivo es la mayor acumulación posible de riquezas a costa del sufrimiento de millones de personas.

El capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. Explotación, miseria, represión y fascismo es todo lo que puede ofrecer a las enormes masas de trabajadores, cuya labor esencial en estos momentos debe ser la de organizarse contra quienes les oprimen, fortaleciendo las filas del Partido Comunista Obrero Español y luchando por el nuevo Estado obrero.

 

No es una opinión sino un hecho objetivo que el orden mundial imperialista se hallaba en bancarrota mucho antes de que el COVID-19 saltase a la palestra. Las burbujas creadas por las potencias imperialistas, la deuda impagable y cada vez mayor, la creación de dinero ficticio, en definitiva, las medidas económicas adoptadas al objeto de salir de la crisis provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Norteamérica, también denominada crisis de las hipotecas subprime, lo que han hecho es acentuar todavía más la crisis capitalista, y que lejos de solventarla, lo que han hecho es profundizarla todavía más y mostrar la inviabilidad del capitalismo como sistema económico.

A principios del año 2016, antes de que se celebrara el Foro de Davos, el economista burgués canadiense William White, que a su vez fue Presidente de la OCDE y asesor de Ángela Merkel, señalaba en una entrevista al diario británico “The Telegraph” que “al sistema financiero global le sobreviene una peligrosa avalancha de impagos y bancarrotas que pondrá a prueba la estabilidad política y social mundial” y proseguía diciendo que “la situación actual es peor que en 2007, puesto que las municiones macroeconómicas necesarias para combatir la crisis están prácticamente agotadas”, reconociendo no sólo que la crisis había ganado en intensidad sino que no eran capaces de combatirla, no sabían qué hacer ni cómo salir.

En el Foro de Davos celebrado el 15 de enero de 2016, en su informe anual – realizado por los monopolios Marsh&McLennan Companies, Swiss Re, Zurich Insurance Group, Universidad de Oxford, Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Pensilvania –, se alertaba del riesgo que supondrá para la estabilidad del mundo en la próxima década la creciente desigualdad entre países ricos y pobres, desigualdad que portaría inherente la amenaza de crisis de alimentos, pandemias de salud, etcétera; a lo que también añadían otros riesgos como crisis fiscales, alto desempleo estructural, crisis del agua y el cambio climático. Riesgos, todos ellos, que según los monopolios mundiales y los dirigentes políticos a su servicio, amenazaban el desarrollo y la economía. La que fuera economista jefe del Foro Económico Mundial entre octubre de 2012 y enero de 2017, Jennifer Blanke, señalaba al respecto que “cada riesgo analizado encierra el potencial de provocar una falla a escala mundial pero es su interconectividad lo que hace que sus repercusiones negativas sean tan pronunciadas ya que, en su conjunto, pueden ejercer un efecto aumentado”.

Como puede comprobarse, el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos – que no es más que uno de los órganos de las multinacionales desde dónde imponen su dictadura a nivel planetario, su orden mundial – todo lo que está aconteciendo ya lo tenía planificado como uno de los riesgos consecuencia de su lógica, de su esencia clasista, que no es otra que acrecentar la desigualdad, hacer que los monopolios concentren más y más riqueza en detrimento de las masas trabajadoras las cuales cada vez son más expoliadas y más pobres.

Estos riesgos de los que hablaban hace 4 años los más reputados peones del imperialismo y sus monopolios, son consecuencia del mismo y el desarrollo de las políticas dictadas por los capitalistas lo único que hará es agrandar dichos efectos, conduciendo al mundo a una mayor desigualdad económica como resultado del proceso de acumulación capitalista conduciendo al mundo a la bancarrota, la guerra y la destrucción, no sólo por la conquista de los mercados sino también por liquidar el medio ambiente. Ellos no pueden reconocer que lo que denominan riesgos realmente son consecuencias de su sistema pues, de reconocerlo, no tendrían otra salida que acabar con él y, por tanto, con sus privilegios y con su existencia como clase social.

Como puede verse, esta bancarrota del capitalismo augurada por los propios monopolios donde contemplaban, entre otras, la amenaza de pandemia, es muy anterior no sólo al coronavirus COVID-19 sino también a algunas de sus excrecencias como, por ejemplo, Donald Trump.

No es el coronavirus COVID-19 el que desencadena la crisis capitalista sino que son los imperialistas en declive, en bancarrota, los que instrumentalizan el coronavirus COVID-19 para reducir las libertades de la clase obrera, para arrojar a millones de trabajadores al paro negándoles su derecho al trabajo, para sentar las bases económicas para que los monopolios exploten en mayor grado a los trabajadores incrementando todavía más la desigualdad que, según decían esos mismos capitalistas en el Foro de Davos de 2016, es la causa de sus problemas, mostrándonos no sólo la inviabilidad del capitalismo, sino que es una necesidad para la vida en el planeta superarlo, pues el imperialismo únicamente puede aportarnos barbarie, muerte, miseria. El capitalismo es la crisis, pues ésta es su producto genuino y la humanidad no saldrá de la crisis mientras no mande al capitalismo al estercolero de la historia.

En el Estado español el gobierno de la “izquierda” – el cual ya se retrató en la moción de censura de junio de 2018 votando el sostenimiento de las políticas reaccionarias realizadas por el fascista Rajoy, apoyadas por Rivera, tanto en materia económica como de recortes de libertades – no ha dudado en utilizar el coronavirus COVID-19 como chivo expiatorio perfecto para justificar, por un lado, transferencias económicas a favor de los empresarios así como manos libres para arrojar a centenares de miles de trabajadores al paro y, por el otro, para restringir los escasos resquicios de libertad que el pueblo todavía tiene que anuncian la intención de hacer más asfixiante el sometimiento del pueblo por parte del Estado, abiertamente fascista.

Los medios de comunicación del Capital, al unísono, se lanzan a su labor ideológica al objeto de que el pueblo asuma como necesarios los atropellos planteados por la burguesía y su Gobierno. La fórmula que emplean los imperialistas y sus maquinarias propagandísticas e ideológicas, mal llamados medios de comunicación, siempre es igual: la búsqueda de un enemigo externo para justificar los atropellos contra los trabajadores, las guerras imperialistas así como todo tipo de crimen que perpetra la burguesía, que es la clase social más criminal y asesina que ha parido la Historia. Veamos algunos ejemplos de esa táctica, de ese patrón de actuación:

• El nacionalismo fue la ideología creada por las burguesías en el siglo XIX para buscar el sometimiento del proletariado en torno a ellas al objeto de la defensa de los mercados nacionales contra el enemigo exterior, el extranjero.

• El comunismo es un enemigo permanente desde que se inicia la crisis general del capitalismo con el triunfo de la primera revolución socialista, en 1917, contra el que la burguesía ha desarrollado el anticomunismo, el fascismo como doctrina, para asustar a la clase obrera y, así, justificar todos los desmanes de los monopolios contra los trabajadores.

• El terrorismo, curiosamente financiado en la mayoría de las ocasiones por los propios capitalistas, y ahí están tanto Al Qaeda e ISIS que lo atestiguan, ha servido para justificar recortes de libertades y guerras de rapiña como las celebradas en Asia y en Oriente Medio durante este siglo XXI tanto por los EEUU como sus socios europeos.

El coronavirus COVID-19 es el nuevo enemigo que hay que batir. Esta vez el enemigo es un virus – que los propios imperialistas discuten si proviene de un mercado chino de Wuhan fruto de la naturaleza o de un laboratorio norteamericano de Wisconsin, alumbrado por el hombre como arma biológica fruto de la ingente cantidad invertida por EEUU entre 2001 y 2015, más de 100.000 millones de dólares -, un enemigo invisible que permite a las potencias imperialistas en declive justificar todas sus fechorías, todas las medidas impopulares, todos los recortes de derechos y libertades que tienen que perpetrar para seguir subsistiendo, seguir parasitando y para ello es necesario reprimir física e ideológicamente al pueblo para que acepte con la menor resistencia posible lo inaceptable, siguiendo el modus operandi ya enunciado por el líder de la Escuela de Chicago, el reaccionario Milton Friedman.

Como hemos citado anteriormente, ya los medios de manipulación de masas del Capital, sus maquinarias de propaganda, están a pleno pulmón desarrollando esa labor de atemorizar y engañar al pueblo sin pausa ni compasión para que éste vaya asumiendo la nueva realidad que el Estado de los capitalistas pretende imponer. Pero en esa labor, y sabiendo leer entrelíneas, es decir, desde una perspectiva clasista, también reflejan la putrefacción y la podredumbre del sistema al que pretenden salvar. En este sentido es interesante leer un artículo publicado en el medio “economíaDigital”, firmado por el periodista Alessandro Solís, titulado “El distanciamiento social llegó para quedarse, según los científicos” donde nos habla de que el “distanciamiento social” viene para quedarse como forma eufemística para que el lector asuma el estado marcial, incluso una vez pase la acción del virus y ello, según el título, lo apoya nombrando a “los científicos”. Señala dicho artículo:

“El distanciamiento social llegó para quedarse, significando que, incluso cuando las cifras de nuevos contagios se empiecen a desinflar, nuestras interacciones en la sociedad seguirán siendo limitadas”.

Supuestamente el Gobierno justifica el estado de alarma – y con él el distanciamiento social como denomina la prensa – en el aplanamiento de la curva de contagios al objeto de que no colapse el sistema sanitario español. Es decir, que se trata de una medida que viene determinada por la capacidad de respuesta del sistema sanitario y, por consiguiente, atiende a un criterio de respuesta del Estado más que epidemiológico o relacionado propiamente con el virus. Por tanto, una vez sea controlada esa curva de contagios y éstos se produzcan dentro del margen asumible establecido, de no ruptura de la capacidad de respuesta del sistema ¿por qué “nuestras interacciones en la sociedad seguirán siendo limitadas” tal y como ya nos están anunciando tanto la prensa como la portavoz del Gobierno? ¿O es que tras el golpe de estado que está perpetrando el imperialismo para salvar su moribundo sistema económico lo que hay es una restricción mayor de las escasas libertades que tienen los trabajadores?

Dicho artículo también señala:

“Lo cierto es que hace tan solo algunas semanas muchos gobernantes rechazaban medidas tan draconianas como las activadas en China, defendiendo que la democrática sociedad occidental jamás llegaría a tales extremos. A estas alturas deberíamos estar preparados para ver más situaciones nunca antes contempladas, como ya está sucediendo en tantos países».

Curiosamente los atentados del 11S se produjeron en un entorno económico de crisis, caracterizado por el pinchazo de la burbuja de las puntocom, con una crisis petrolera que produjo un alza de los precios del crudo, y con la quiebra de empresas como Enron. Ese atentado, el cual produce discusión también sobre su autoría incluso en los propios EEUU, sirvió de justificación para que los EEUU pudieran llevar a término diversas guerras imperialistas para salir de la crisis que les acuciaba, entre otras cosas, robando el petróleo de Iraq. Desde el gobierno fascista de Bush y sus adláteres, conocidos como el cuarteto de las Azores – a Bush había que sumarle Durao Barroso, Blair y Aznar -, instrumentalizaron el atentado del 11S y dirigiendo a sus aparatos de propaganda, los mass media, lanzaron a los pueblos del mundo la diatriba de que “los ciudadanos debían ceder derechos y libertades a cambio de tener mayor seguridad”. Sin duda, durante los cuatro primeros lustros del siglo, el retroceso en los derechos y libertades de los trabajadores ha sido superlativo.

El coronavirus sirve para que los imperialistas planteen a los pueblos otro falso debate; el debate centrado en las “medidas draconianas como las activadas en China”, que según los capitalistas puede realizar dicho país porque es una cruel dictadura donde se vulneran los derechos humanos, o “la democrática sociedad occidental” adalid de la libertad. Al igual que hace 19 años los imperialistas norteamericanos y europeos plantearon la dialéctica derechos y libertades versus seguridad, que ha significado que los trabajadores pierdan derechos y libertades y el mundo sea más inseguro; hoy los burgueses necesitan al fascismo para sostener su moribundo capitalismo monopolista y por eso ahora nos plantean el debate sobre si “democracia occidental” o restricción de esa supuesta democracia para poder responder como China ante eventos como el del COVID-19. Un debate fariseo que persigue liquidar completamente los resquicios de libertad que le puedan quedar a los trabajadores y adaptar el Estado al capitalismo putrefacto, esto es, el fascismo sin complejo alguno. De hecho, clarificadoras están siendo las ruedas de prensa diarias que están dando los representantes escogidos por los diferentes ministerios durante el vigente estado de alarma, donde el Gobierno persigue el blanqueo de los símbolos del Estado fascista como son la Jefatura del Estado, asolada por la corrupción, así como el Ejército y la unidad de España. Sin duda, para los trabajadores del Estado español este episodio del coronavirus va a significar un giro de tuerca más en la forma fascista del Estado. Pero nos preguntamos ¿Acaso es cierto que China sea tan dictatorial y, por ejemplo, Francia o España sean tan “democráticas”? Con respecto del Coronavirus COVID-19, China no confinó todo el país sino que siguió las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud – organismo también imperialista financiado por los monopolios, fundamentalmente farmacéuticos – y confinó totalmente el foco como era la provincia de Hubei, paralizando completamente la producción en ella pero garantizando el Estado la satisfacción de todas las necesidades de la población así como su puesto de trabajo. Pero no lo hizo con el resto del país, ni restringió los movimientos, sino que puso al conjunto del país a disposición de la provincia que era el foco de la infección. Por el contrario, España no ha confinado los focos – Madrid, Cataluña y la parte norte (País Vasco, Navarra y La Rioja) – sino que ha declarado el estado de alarma a todo el país, restringiendo la libertad de movimientos de todos los ciudadanos, vulnerando en la práctica derechos fundamentales del pueblo trabajador, paralizando el Estado en aquello que atañe al pueblo pero agilizando su estructura para servir a los empresarios y facilitar la destrucción, en una semana, de cerca de un millón de puestos de trabajo. ¿Quién ha actuado de manera más ajustada a las directrices indicadas por la OMS? ¿Quién ha satisfecho más las necesidades y la seguridad de sus ciudadanos? China, sin duda.

Pero, tal y como señalábamos anteriormente, el artículo también refleja la putrefacción y la podredumbre del sistema al que pretenden salvar, de su “Estado del Bienestar”, de las “democracias occidentales” de tal modo que, por ejemplo, el articulista señala:

“Apenas atravesando la primera semana del confinamiento obligado, la ciudadanía de España – y de otros países que han tomado medidas similares – se pregunta cuánto tiempo más tendrá que abstenerse en la sociedad de la misma forma que lo han hecho todas sus vidas. Los padres de familia están aprendiendo a convivir las 24 horas del día con sus hijos – que no van a clases – en el mismo espacio, (…)”

Curioso, ese “Estado del bienestar”, esas democracias occidentales, hacen que tenga que ocurrir un estado de alarma como consecuencia de una pandemia para que los padres aprendan lo que es convivir con sus hijos, reconociendo implícitamente que la voracidad del sistema lleva al trabajador a un grado de explotación, alienación y mala vida que le niega, incluso, la convivencia con sus hijos, con su familia. Por no hablar del trato que dispensa el sistema a sus ancianos que el Coronavirus COVID-19 está sacando a la luz, infectándose masivamente en las residencias, por no hablar del hallazgo del Ejército cuando iba a desinfectar las residencias y se encontraba a ancianos muertos en las camas. Esas democracias occidentales, ese Estado del Bienestar está tan podrido como el sistema económico putrefacto del que emana y prueba de ello es el trato que la sociedad dispensa a sus ancianos, a sus niños, a los trabajadores, a los que no duda en pisotear.

El capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. No sólo ha demostrado su inviabilidad, sino que acredita que únicamente se puede mantener a costa de liquidar al ser humano y a la naturaleza. El imperialismo sólo se puede sostener por la violencia, y únicamente puede ofertar más miseria para las masas proletarias, para los campesinos, y más represión, más reacción, más fascismo, y en este escenario también se halla el Estado español. Hoy más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

Per molt que la burgesia tapi el seu veritable rostre, a hores d’ara cada vegada més gent veu el que hi ha darrere de la màscara. Els que fa a penes vint anys parlaven de “l’Estat del benestar”, ara mateixa l’única cosa que poden oferir és feixisme. Veiem feixisme als EUA, feixisme a Anglaterra, feixisme a Amèrica Llatina i feixisme en el Parlament Europeu. Així doncs, les lleis, aquests instruments construïts per a protegir i legitimar els interessos de la burgesia, s’interpreten i s’utilitzen en funció de cap a on bufi el vent a cada moment.

L’article 47 de la Constitució Espanyola recull el dret a l’habitatge, però després, a l’hora de portar-lo a la pràctica, no és més que paper mullat. L’Article diu així: “Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per a impedir l’especulació”. En canvi, en la pràctica, el dret a l’especulació de la minoria burgesa és la veritable llei i està per sobre del dret a tenir un habitatge digne. És una expressió més de la putrefacció del capitalisme monopolista d’Estat. Poc importa la seva Constitució, ells mateixos i els seus hereus la interpreten, la canvien i se la salten segons els seus interessos de la classe, que són els interessos dels monopolis, de la burgesia.

Segons la web epdata.es, les dades publicades dilluns passat 16 de març per la Secció Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) indiquen que es van dur a terme 12.446 desnonaments durant el 2019 a Catalunya. Famílies senceres que es queden al carrer, o en un sistema d’habitatge social que no dóna proveïment i emmascara la seva ineptitud en una muntanya de burocràcia que per a la gran majoria dels treballadors és un mur impossible de travessar tot i amb ajuda de juristes.

Amb la “crisi del coronavirus”, suposadament, s’han parat els llançaments de desnonaments de manera temporal. El Govern no ha cedit cap moratòria als lloguers, a diferència de les hipoteques, encara que és cert que alguna empresa privada ho ha fet. Cal dir que a aquesta moraròria no pot acollir-se tothom, únicament aquelles persones que es trobin en cas de “vulnerabilitat econòmica». A més, si els ingressos del conjunt familiar en el mes anterior són superiors a 1.613,52 euros no es tindrà dret a aquesta moratòria, depenent si algun dels membres de la família té una discapacitat (pot variar la quantitat).

També es tindrà dret a la moratòria si la quota d’hipoteca i subministraments bàsics supera el 35% dels ingressos familiars. D’altra banda, per a accedir a ella s’han de lliurar en l’entitat financera que va concedir el préstec, la moratòria al costat de tots els documents que acreditin aquesta vulnerabilitat, amb llibre de família o bé un document de parella de fet o un certificat d’empadronament, per a acreditar la quantitat de persones que habiten en l’habitatge. Les persones amb discapacitat hauran de tenir una declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral. I a més, segons El País: “En el cas d’un treballador en l’atur, s’haurà de presentar un certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. En el cas de cessament d’activitat dels treballadors autònoms, serà indispensable un certificat expedit per l’Agència Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma” a més: “S’afegirà també una declaració responsable del deutor amb la qual certifica el compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients.”

Així doncs, és cert que existeix una moratòria per a les hipoteques, però amb molta lletra petita i amb molta burocràcia entremitg, com no podia ser d’una altra manera. Cal esperar que a l’abril, el problema tornarà a ser el mateix o més gran, tenint en compte la quantitat d’impagaments injustificats que hi haurà tant d’hipoteques com de lloguers. La classe treballadora no pot esperar de cap manera que li beneficiï una estratègia dissenyada per a reestructurar el decadent capitalisme, com és la que s’està desplegant amb l’excusa del coronavirus, a causa de la crisi inherent al propi sistema i anterior a l’existència del COVID-19.

Un dels focus més conflictius respecte a l’habitatge és el de la ciutat de Barcelona, plagada de pisos turístics que encareixen els lloguers fins al punt de tornar-se impagables. Els joves treballadors per a poder independitzar-se a la ciutat tenen dues opcions: o compartir pis o viure en estudis de poc menys de 30 metres quadrats en els quals se’ls pot anar més de la meitat del sou en el lloguer.

En quant a les famílies, cada vegada són més les que es veuen abocades a abandonar la ciutat pel fet que els propietaris dels pisos estan interessats a treure molt més rèdit a la seva propietat. Moltes famílies marxen a viure a pobles o municipis relativament pròxims a la ciutat (per a estar prop del treball) com Cardedéu, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat, Sabadell, Rubí, Pallejà o fins i tot fora de la província. El cens municipal de l’INE, indicava que 466 persones havien abandonat la ciutat en 2019 respecte al 2018.

Per no parlar dels 200 menors que viuen en barraques amb les seves famílies a la ciutat que es presenta com la més “cosmopolita” de l’Estat o que en els últims deu anys ha pujat un 72% el nombre de persones sense sostre. El cens de la fundació Arrels, va recomptar unes 1.195 persones dormint al carrer de Barcelona (sense comptar les que dormen en equipaments municipals o d’assentaments irregulars, que doblegarien la xifra) mentre el Govern ens demana que ens quedem a casa. La mateixa fundació Arrels ha denunciat que a Barcelona s’està arribant a multar fins amb 300 euros a persones sense sostre per no estar confinades.

Enfront de la problemàtica de l’habitatge, els únics que planten cara són els treballadors agrupats en col·lectius en defensa de l’habitatge, ja sigui en quant als lloguers com en quant a les hipoteques. Són aquests col·lectius, independents de les institucions, els que ajuden a enfrontar-se contra l’Administració i els especuladors als afectats per les constants pujades del preu de l’habitatge i els lloguers a la ciutat comtal emanades de la usura dels propietaris que només busquen el benefici econòmic mitjançant l’especulació.

Entre aquests col·lectius cal recalcar la tasca duta a terme per l’Observatori de l’Habitatge i Turisme del Clot i Camp de l´Arpa (Barcelona), al qual el Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) dóna el seu sencer suport. L’Observatori va demostrar un gran valor enfrontant-se a un cas tan difícil i mediàtic com de Cinto, un senyor de 92 anys amb 75% de discapacitat al qual la propietària del bloc en el qual viu porta al voltant de 20 anys intentant fer-lo fora per a poder pujar els lloguers d’aquest bloc a plaer amb l’única excusa d’un retard en els pagaments, però aquests pagaments mai s’han retardat més de 30 dies!

Un altre cas en el qual s’està lluitant actualment en el barri del Clot, és el de l’Allende i en Khalil, una família amb dos fills menors. L’empresa propietària és Monpa, antiga cadena de fleques que va deixar a 96 treballadors al carrer quan va tancar. Dimarts passat 3 de març es va dur a terme el quart llançament. La policia va desplegar enfront la casa de l’Allende i d’en Khalil un dispositiu policial de quatre furgonetes antidisturbis dels Mossos d’Esquadra. En veure l’aglomeració de gent que tapàvem l’entrada de l’edifici, van decidir retirar-se al·legant que no tenien suficients dispositius. No obstant això, el procés continua obert i Monpa, no vol negociar amb la família, segons ells mateixos, pel mal que aquest cas li ha fet a la seva imatge.

La realitat, és que en l’anterior llançament (divendres 24 de gener), es van unir a frenar el desnonament les antigues treballadores de la fleca que Monpa tenia a un carrer de l’habitatge, que a més van criticar durament les condicions laborals a les quals les sotmetia l’empresa. Això és el que de debò li dol als capitalistes, veure a les seves pròpies treballadores fent costat als seus germans i germanes de classe en contra del mateix enemic: els que ens exploten en el treball i després ens persegueixen fins al nostre barri per a especular amb les nostres cases, la burgesia criminal.

Així doncs, veiem que enfront del feixisme i a les agressions de l’Estat capitalista, neix una força de treballadors i treballadores que sent la necessitat urgent d’organitzar-se. A vegades per falta de treball, a vegades per falta de sostre i a vegades, simplement, per pura dignitat. Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya fem una crida a totes les persones que es vegin afectades per la xacra dels lloguers abusius a participar de les assemblees per l’habitatge del seu barri o del seu poble, així com a tot a totes les classes populars a unir-se en solidaritat i per un interès comú enfront de l’Estat de la burgesia, i aglutinar totes les lluites constituint un Front Únic del Poble contra els responsables de tots els nostres problemes: El capitalisme i el seu Estat burgès.

També fem una crida als obrers conscients de la necessitat d’enfortir l’instrument sublim de la classe obrera en la direcció de la lluita de classes contra la burgesia, a engrandir les files del Partit, ja que aquest és el cervell i l’ànima del proletariat i el seu instrument fonamental perquè la nostra classe social realitzi la missió històrica que li correspon: La seva emancipació com a classe social imposant el socialisme i el seu Estat.

Por mucho que la burguesía tape su verdadero rostro, a estas alturas cada vez más gente ve lo que hay detrás de la máscara. Los que hace apenas veinte años hablaban del “Estado del bienestar”, ahora mismo lo único que pueden ofrecer es fascismo. Vemos fascismo en los EEUU, fascismo en Inglaterra, fascismo en América Latina y fascismo en el Parlamento Europeo. Así pues, las leyes, esos instrumentos construidos para proteger y legitimar los intereses de la burguesía, se interpretan y se utilizan en función de hacia dónde sople el viento en cada momento.

El artículo 47 de la Constitución Española recoge el derecho a la vivienda, pero luego, al llevarlo a la práctica, no es más que papel mojado. El Artículo dice así: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. En cambio, en la práctica, el derecho a la especulación de la minoría burguesa es la verdadera ley y está por encima del derecho a tener una vivienda digna. Es una expresión más de la putrefacción del capitalismo monopolista de Estado. Poco importa su Constitución, ellos mismos y sus herederos la interpretan, la cambian y se la saltan según sus intereses de clase, que son los intereses de los monopolios, de la burguesía.

Según la web epdata.es, los datos publicados el pasado lunes 16 de marzo por la Sección Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que se llevaron a cabo 12.446 desahucios durante el 2019 en Catalunya. Familias enteras que se quedan en la calle, o en un sistema de vivienda social que no da abasto y enmascara su ineptitud en una montaña de burocracia que para la gran mayoría de los trabajadores es un muro imposible de atravesar todo y con ayuda de juristas.

Con la “crisis del coronavirus”, supuestamente, se han parado los lanzamientos de desahucios de forma temporal. El Gobierno no ha cedido ninguna moratoria a los alquileres, a diferencia de las hipotecas, aunque es cierto que alguna empresa privada lo ha hecho. Cabe decir que a dicha moratoria no puede acogerse todo el mundo, únicamente aquellas personas que se encuentren en caso de “vulnerabilidad económica”. Además, si los ingresos del conjunto familiar en el mes anterior son superiores a 1.613,52 euros no se tendrá derecho a dicha moratoria, dependiendo si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad (puede variar la cantidad).

También se tendrá derecho a la moratoria si la cuota de hipoteca y suministros básicos supera el 35% de los ingresos familiares. Por otro lado, para acceder a ella se deben entregar en la entidad financiera que concedió el préstamo, la moratoria junto a todos los documentos que acrediten dicha vulnerabilidad, con libro de familia o bien un documento de pareja de hecho o un certificado de empadronamiento, para acreditar la cantidad de personas que habitan en la vivienda. Las personas con discapacidad deberán tener una declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral. Y además, según El País: “En el caso de un trabajador en el paro, se deberá presentar un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. En caso el de cese de actividad de los trabajadores autónomos, será indispensable un certificado expedido por la Agencia Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.” además: “Se añadirá también una declaración responsable del deudor con la que certifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes.”

Así pues, es cierto que existe una moratoria para las hipotecas, pero con mucha letra pequeña y con mucha burocracia entre medio, como no podía ser de otra manera. Cabe esperar que en abril, el problema volverá a ser el mismo o más grande, teniendo en cuenta la cantidad de impagos injustificados que habrá tanto de hipotecas como de alquileres. La clase trabajadora no puede esperar de ninguna forma que le beneficie una estrategia diseñada para reestructurar el decadente capitalismo, como es la que se está desplegando con la excusa del coronavirus, a causa de la crisis inherente al propio sistema y anterior a la existencia del COVID-19.

Uno de los focos más conflictivos con respecto a la vivienda es el de la ciudad de Barcelona, plagada de pisos turísticos que encarecen los alquileres hasta el punto de volverse impagables. Los jóvenes trabajadores para poder independizarse en la ciudad tienen dos opciones: o compartir piso o vivir en estudios de poco menos de 30 metros cuadrados en los que se les puede ir más de la mitad del sueldo en el alquiler.

En cuanto a las familias, cada vez son más las que se ven abocadas a abandonar la ciudad debido a que los propietarios de los pisos están interesados en sacar mucho más rédito a su propiedad. Muchas familias marchan a vivir a pueblos o municipios relativamente cercanos a la ciudad (para estar cerca del trabajo) como Cardedéu, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat, Sabadell, Rubí, Pallejà o incluso fuera de la provincia. El censo municipal del INE, indicaba que 466 personas habían abandonado la ciudad en 2019 con respecto al 2018.

Por no hablar de los 200 menores que viven en chabolas con sus familias en la ciudad que se presenta como más “cosmopolita” del Estado o de que en los últimos diez años ha subido un 72% el número de personas sin techo. El censo de la fundación Arrels, recontó unas 1.195 personas durmiendo en la calle en Barcelona (sin contar las que duermen en equipamientos municipales o de asentamientos irregulares, que doblarían la cifra) mientras el Gobierno nos pide que nos quedemos en casa. La misma fundación Arrels ha denunciado que en Barcelona se está llegando a multar hasta con 300 euros a personas sin techo por no estar confinadas.

Frente a la problemática de la vivienda, los únicos que plantan cara son los trabajadores agrupados en colectivos en defensa de la vivienda, ya sea en cuanto a alquileres como en hipotecas. Son estos colectivos, independientes de las instituciones, los que ayudan a enfrentarse contra la Administración y los especuladores a los afectados por las constantes subidas del precio de la vivienda y los alquileres en la ciudad condal emanadas de la usura de los propietarios que sólo buscan el beneficio económico mediante la especulación.

Entre estos colectivos cabe recalcar la labor del Observatori de Habitatge y Turisme del Clot y Camp de l´Arpa (Barcelona), al cual el Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) da su entero apoyo. El Observatori demostró un gran valor enfrentándose a un caso tan difícil y mediático cómo el de Cinto, un señor de 92 años con 75% de discapacidad al cual la dueña del bloque en el que vive lleva alrededor de 20 años intentando echarle para poder subir los alquileres de dicho bloque a placer y cuya única excusa es el retraso en los pagos, ¡pero dichos pagos nunca se han retrasado más de 30 días!

Otro caso en el cual se está luchando actualmente en el barrio del Clot es el de Allende y Khalil, una familia con dos hijos menores. La empresa propietaria es Monpa, antigua cadena de panaderías que dejó a 96 trabajadores en la calle al cerrar. El pasado martes 3 de marzo se llevó a cabo el cuarto lanzamiento. La policía desplegó frente a la casa de Allende y Khalil un dispositivo policial de cuatro furgonetas antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Al ver la aglomeración de gente que taponábamos la entrada del edificio, decidieron retirarse alegando que no tenían suficientes dispositivos. Sin embargo, el proceso sigue abierto y Monpa, no quiere negociar con la família, según ellos mismos, por el daño que este caso le ha hecho a su imagen.

La realidad, es que en el anterior lanzamiento (viernes 24 de enero), se unieron a frenar el desahucio las antiguas trabajadoras de la panadería que Monpa tenía a una calle de la vivienda, que además criticaron duramente las condiciones laborales a las que las sometía la empresa. Eso es lo que de verdad le duele a los capitalistas, ver a sus propias trabajadoras apoyando a sus hermanos y hermanas de clase en contra del mismo enemigo: los que nos explotan en el trabajo y luego nos persiguen hasta nuestro barrio para especular con nuestras casas, la burguesía criminal.

Así pues, vemos que frente al fascismo y a las agresiones del Estado capitalista, nace una fuerza de trabajadores y trabajadoras que siente la necesidad urgente de organizarse. A veces por falta de trabajo, a veces por falta de techo y a veces, simplemente, por pura dignidad. Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya hacemos un llamamiento a todas las personas que se vean afectadas por la lacra de los alquileres abusivos a participar de las asambleas por la vivienda de su barrio o de su pueblo, así como a todo a todas las clases populares a unirse en solidaridad y por un interés común frente al Estado de la burguesía, y aglutinar todas las luchas constituyendo un Frente Único del Pueblo contra los responsables de todos nuestros problemas: El capitalismo y su Estado burgués.

También hacemos un llamamiento a los obreros conscientes de la necesidad de fortalecer el instrumento sublime de la clase obrera en la dirección de la lucha de clases contra la burguesía, a engrosar las filas del Partido, puesto que éste es el cerebro y el alma del proletariado y su instrumento fundamental para que nuestra clase social realice la misión histórica que le corresponde: Su emancipación como clase social imponiendo el socialismo y su Estado.

 

El 30 de noviembre de 2010 Vicenç Navarro escribía un artículo titulado «FEDEA: la voz de la banca y de la gran patronal«, en el que podíamos leer: «FEDEA es la fundación de estudios económicos patrocinada por los mayores bancos y cajas de ahorros de España, junto con algunas de las grandes empresas del país (BBVA, Banco Popular, Santander, Banco de Madrid, Banco de España, Bolsa de Madrid, La Caixa, Banco Sabadell, Caja Madrid, Banco Español de Crédito, Corporación Financiera Alba, Repsol, Iberdrola, Abertis, y otros). Patrocina y financia documentos e informes que promocionan los puntos de vista del capital financiero y de la gran patronal. Siempre, desde que se inició, ha promovido la reducción de los derechos laborales y sociales de la población, a base de desregular el mercado de trabajo y reducir las pensiones y el gasto público social, enfatizando la necesidad de reducir los impuestos y aumentar su regresividad. Sus estudios tienen escasa credibilidad científica, aunque ello no sea obstáculo para que tengan a su disposición grandes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión afines a aquellos grupos de presión, cuyo poder mediático y político es enorme».

Y efectivamente, FEDEA es la voz del capital. Basta con echar un vistazo en su página web a sus patronos para ver qué intereses están detrás de esta fundación.

Vicenç Navarro es actualmente miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, partido que forma el gobierno de coalición junto con el PSOE y que ha aprobado las medidas económicas que el capital demanda para seguir ahondando en un trasvase de dinero público a manos privadas.

De hecho, el 21 de marzo eldiario.es publicaba una entrevista a José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA, en la que éste alababa las medidas tomadas por el gobierno ante la crisis del coronavirus.

De esta forma se cierra el círculo de la infamia del oportunismo político. La voz de la patronal, la voz de los grandes bancos, la voz del capital alabando las medidas económicas del gobierno, medidas que pretenden salvar un sistema económico moribundo, que pretenden ocultar la descomposición absoluta del sistema, la corrupción del Estado, que pretenden en definitiva sostener el capitalismo a costa de la salud y la economía de millones de trabajadores.

El pueblo trabajador tiene que abrir los ojos ante el oportunismo. Ningún gobierno, ni de “izquierdas” ni de “derechas” va a salvarnos. Solo el pueblo organizado desde abajo, vertebrado en un Frente Único del Pueblo, que tome el control de los medios de producción para que toda la riqueza que producimos sea nuestra, para avanzar en la superación de este sistema y la construcción del socialismo, puede garantizar el bienestar de las clases populares. Hoy más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

Después varios días analizando la situación bajo este Estado de Alarma impuesto, hemos llegado a la conclusión de que este sería un buen momento, es más, es el mejor momento para que el gobierno nos demuestre lo realmente preocupado que está por los que ellos llaman los «más vulnerables». Y decimos los que ellos llaman, porque son precisamente esos a los que llaman «más vulnerables» los que día a día con su trabajo sacan a adelante a este país, mientras los «fuertes» solo tienen que hacer el esfuerzo de arrebatarnos las riquezas que producimos.

Pues bien, todo esto nos lleva a reflexionar sobre dos cuestiones en particular:

En primer lugar, se empeñan en decirnos desde el gobierno, tanto la falsa izquierda como la derecha, que no escatimarán en esfuerzos en ayudar a los «más vulnerables», y que nadie se quedará atrás con la catástrofe económica que tendrá lugar después de esta crisis sanitaria que sufrimos.

Muchos nos preguntamos, ya que el decreto permite la intervención del Estado de las empresas, tanto estatales como privadas, por el “bien común” ¿por qué en empresas como NAVANTIA que es estatal, no es el Estado el que, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, aprovecha para, a partir de ahora, asumir directamente la contratación de todos los trabajadores que necesita la “comunidad”? Garantizando así tanto las condiciones dignas de vida como los puestos de trabajo de todos aquellos que se han quedado de una forma u otra en la calle, en lugar de facilitar los ERTEs, EREs y otras formas de despidos a las subcontratas, que no son más que un nido de parásitos que solo sirven para explotar y robar los beneficios a los trabajadores, imponiéndoles horarios de 12 horas 7 días a la semana, sin contar con las medidas de seguridad mínimas, como lo demuestran los numerosos accidentes laborales, incluso con resultado de muerte: tres trabajadores muertos en 2019.

Los trabajadores no queremos vivir de los subsidios ni de la beneficencia del Estado. Los trabajadores queremos vivir de nuestro trabajo, pero también debemos exigir que este trabajo sea digno y que los beneficios que producimos no se los queden intermediarios que lo único que sirven es para sacar la gran tajada de lo que nosotros producimos.

Eso mismo se podría hacer con numerosas empresas que son estatales pero que utilizan la externalización de servicios solo para enriquecer a un montón de empresarios ladrones que utilizan su posición para explotar a sus trabajadores y vivir de ellos sin dar un palo al agua.

Así, podrían volver a nacionalizarse las 120 empresas que se han privatizado durante todo este periodo, que ellos llaman “democracia”, para, como en el caso de NAVANTIA, garantizar tanto los puestos de los trabajadores como las dignas condiciones de estos, y se evitaría la perdida de muchísimos millones de euros en empresas que solo son intermediarias y solo sirven para enriquecer a una panda de explotadores que viven a nuestra costa.

Por otro lado, pensamos que en pos del “bien común” y aprovechando este Estado de Alarma, nuestro gobierno, incluida la oposición, tan preocupados por el “bien común” y sobre todo por los «más vulnerables», deberían no solamente garantizar que durante el tiempo que dure esta «crisis sanitaria» no se le cortará a nadie el suministro de luz y agua, que son vitales para todos, sino que se deberían nacionalizar las empresas de luz y de agua, garantizando a todos el servicio de por vida, sin que tengamos que estar sometidos a las tremendas manipulaciones de precio que hacen de estos servicios y que llevan a los «más vulnerables» a pasar frío e incluso a la muerte, ya que las neumonías no se cogen solo por el coronavirus, y muchos de nuestros mayores y niños mueren de neumonía todos los inviernos por no poder calentarse porque les es imposible por los abusivos precios de la luz, o simplemente porque les han cortado el suministro de una energía que debería ser un derecho pero que es un negocio y como tal no se tiene miramiento con la que hoy parece ser tan preciada vida del «más vulnerable·.

Pero esto no lo harán los gobiernos marionetas de la banca ni la patronal, ni el Estado, que ha rescatado a la banca con 60 mil millones de euros que no se recuperarán, y que está contra la clase obrera pues es cómplice de la esclavitud que sufrimos en los centros de trabajo, de los despidos colectivos subvencionados por la vía de los EREs firmados también por los sindicatos traidores de CCOO y UGT, sin importarle la suerte de los hijos de trabajadores despedidos. Es este Estado el que ejecuta los desahucios de esas familias obreras a las que han dejado sin trabajo, y los ejecuta con esos policías que patrullan para multarnos con entre 600 y 3000 euros por salir a tomar el aire.

Por tanto, si el Estado interviene como ha hecho siempre y lo está haciendo ahora no es para rescatar a los trabajadores, si no en beneficio de los que nos explotan y nos mandan al paro aprovechando cualquier circunstancia, como puede ser una pandemia.

Por tanto, si los empresarios y banqueros se quedan con los beneficios y las pérdidas y sacrificios de todo tipo las asumimos nosotros los trabajadores, ¿por qué no intervenimos nosotros y tomamos el control de las empresas y las riquezas que producimos? ¿por qué no levantar nuestro propio Estado que entonces sí tomará las medidas necesarias para prevenir todo tipo de enfermedades, para que los ambulatorios y hospitales tengan los mejores recursos y el personal suficiente, para los colegios no se caigan a pedazos, para que todo el mundo pueda ganarse la vida trabajando, y para satisfacer todas y cada una de las necesidades que tenemos las clases trabajadoras?

Eso es necesario y es posible, porque somos nosotros los que hacemos funcionar la sociedad, la economía, día a día, 24 horas, y así se hace más evidente aún durante cualquier situación de emergencia. Si la “comunidad” hace los sacrificios, que la “comunidad” sea también dueña de los beneficios.

 

El passat dia 17 de març, es registrava en el mòdul II de la presó de Picassent un intent de motí per part d’alguns presos que, armats amb pals i mobiliari, començaren a cridar i a amenaçar als funcionaris de presons. Front la situació, el servei de Preventius va acudir amb diversos funcionaris per a dissuadir els “disturbis”. Després de restaurar la normalitat, sis dels interns han passat a “aïllament normal”.

Els funcionaris han afirmat a la premsa que aquesta situació ha succeït degut a la cancel·lació dels vis a vis per les mesures referents del Coronavirus, la qual cosa ha desencadenat un tall de subministres de drogues a la presó, que hauria provocat que els reclusos estigueren alterats, segons els funcionaris.

La presó de Picassent registra anualment nombrosos incidents greus, sols 778 durant els últims 6 mesos de l’any 2018, entre els quals es conten agressions a funcionaris, agressions entre reclusos i intervencions d’objectes prohibits. No és cap secret, ni per als habitants de València, ni tan sols per a la resta de l’estat que la presó de Picassent sofreix de massificació, que en nombroses ocasions ha presentat problemes de falta d’atenció sanitària i que, en la presó, anualment hi ha nombrosos casos de sarna, fins 13 registrats en 2018. Els protocols d’actuació front a malalties ja erradicades són negligents en el millor dels casos.

A aquesta saturació se suma la inexistent prevenció front al Coronavirus que l’estat proporciona als funcionaris i el total desemparament amb el qual tracten els presos, els quals, inclús amb símptomes que indiquen un positiu en Coronavirus porten més d’una setmana esperant una prova que no sols no arriba, sinó que tampoc s’espera que arribe.

Els presos, durant l’intent de motí del passat dia 17, demanaven mesures de seguretat per a evitar que els funcionaris pogueren transmetre la malaltia als reclusos, sol·licitaven una assistència mèdica que actualment és inexistent, màscares per evitar els contagis i un mètode de prevenció de l’expansió.

Davant aquesta situació, els mitjans de comunicació no sols callen, sinó que a més, redueixen les demandes i consignes dels presos a un “síndrome d’abstinència” degut a la cancel·lació dels vis a vis. I açò fa preguntar-nos que, si l’estat coneix els punts d’entrades de drogues i objectes no permesos en les presons, per què no actua en contra d’això? Per què es redueixen a un mer espectador?

Una cosa és clara, l’estat ha dictat ja una sentència clara per als reclusos que poblen la presó de Picassent: la total indiferència cap a les vides humanes. Des de l’estat se’ns manifesta constantment un discurs fals de reinserció i tolerància, però la realitat és que el capitalisme poc o gens li importa la reinserció i les vides humanes, per a ells, les presons són escorxadors on abandonen aquells que han errat a la seua sort, dificultant i negant qualsevols tipus de reinserció i assassinar aquells que han fet front al sistema, els presos polítics.

El pasado día 17 de marzo se registraba en el módulo II de la prisión de Picassent un intento de motín por parte de algunos presos que, armados con palos y mobiliario, empezaron a gritar y a amenazar a los funcionarios de prisiones. Ante la situación el servicio de Preventivos acudió junto con varios funcionarios a disuadir los “disturbios”. Tras restaurar la normalidad seis de los internos han pasado a “aislamiento normal”.

Los funcionarios han afirmado ante la prensa que esta situación ha tenido lugar debido a la cancelación de los vis a vis debido a las medidas referentes al Coronavirus, lo cual ha desencadenado un corte de suministro de drogas en la cárcel, que habría provocado que los reclusos estuviesen alterados, según los funcionarios.

La prisión de Picassent registra anualmente numerosos incidentes graves, tan solo 778 durante los últimos 6 meses de 2018, entre los cuales se cuentan agresiones a funcionarios, agresiones entre reclusos e intervenciones de objetos prohibidos. No es secreto alguno ni para los habitantes de València ni para los del resto del estado que la prisión de Picassent sufre de masificación, que en numerosas ocasiones ha presentado problemas de falta de atención sanitaria y que, en ella, anualmente hay numerosos casos de sarna, hasta 13 registrados en 2018. Los protocolos de actuación frente a enfermedades ya erradicadas son negligentes en el mejor de los casos.

A esta saturación se suma la inexistente prevención frente al coronavirus que el Estado proporciona a los funcionarios y el total desamparo con el que tratan a los presos, quienes, incluso con síntomas que indican un positivo en coronavirus llevan más de una semana esperando una prueba que no solo no llega, sino que tampoco se la espera.

Los presos, durante el intento de motín del pasado día 17 pedían medidas de seguridad para evitar que los funcionarios pudiera transmitir la enfermedad a los reclusos, solicitaban una asistencia médica que actualmente es inexistente, mascarillas para evitar los contagios y un método de prevención de la expansión.

Ante esta situación los medios no solo callan, sino que además reducen las peticiones y consignas de los presos a un “síndrome de abstinencia” debido a la cancelación de los vis a vis. Y más todavía nos hace preguntarnos que, si el Estado conoce los puntos de entradas de drogas y objetos no permitidos en las cárceles, ¿por qué no actúa contra ello? ¿Por qué se reduce a un mero espectador?

Algo está claro, el Estado ha dictado ya una sentencia clara para los reclusos que pueblan la prisión de Picassent, la total indiferencia por las vidas humanas. Desde el Estado se nos manifiesta constantemente un discurso falso de reinserción y tolerancia, pero la realidad es que al capitalismo poco o nada le importa la reinserción ni las vidas humanas, para ellos las cárceles son mataderos donde abandonar a su suerte a aquellos que han errado, dificultando y negando cualquier tipo de reinserción, y asesinar a aquellos que han hecho frente al sistema, los presos políticos.

 

En los barrios más pobres de España, como son el “Polígono Sur” y “Los pajaritos”, la cuarentena está llevando a una situación dramática a muchas familias que dependen de la venta ambulante, o de la economía “informal” en general, resultado de la falta de empleo que sufren millones de españoles.

En estos barrios, sin poder llevar ningún ingreso a sus casas, sin tener capacidad de ahorro (un tercio de los hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos), las familias están pasando literalmente hambre. De hecho, ya se avisaba en el informe Foessa de Cáritas que un porcentaje importante de familias andaluzas no podría soportar una crisis como la de 2008. 650 niños necesitaban de los comedores escolares para poder comer, y muchas familias tenían ya que elegir entre poner la comida y calentar su casa.

Estas familias no piden dinero, piden comida o bonos para canjearlos por alimentos en supermercados. El propio relator de la ONU Philip Alston que visitó estos barrios el pasado 31 de enero ya alertó de que la situación de estos barrios era de extrema pobreza, y según él «los beneficios de la recuperación económica han ido a parar en gran medida a las empresas y las personas más ricas«.

No sólo el Estado no interviene para socorrer a los hogares proletarios, si no que encima les envía el ejército para amedrentar a los vecinos de esos humildes barrios en una actitud propia de un Estado cada vez más abiertamente fascista.

Se impone un Estado de alarma (en la práctica, de Excepción) invocando a una emergencia sanitaria, apelando al “bien común”, pero se abandona a su suerte a millones de personas que no tienen trabajo y tienen que buscarse la vida en la calle.

La situación actual refleja a las claras el papel que juegan los Estados en la sociedad capitalista. Lo más urgente fue calmar a los mercados, es decir, a los inversores especuladores que parasitan la economía productiva. No les bastaron los primeros 120 mil millones anunciados por el BCE ni los 18 mil millones de moratoria fiscal a las empresas aprobada por el gobierno “socialista” de Pedro Sánchez.

Ha tenido que llegar una auténtica riada de millones de euros para calmarlos: la compra de 1,3 billones de euros por parte del BCE en compra de deuda soberana y empresarial, y los 200 mil millones más que movilizará el Estado español, el 20% del PIB.

A los mercados no les bastó con el “se hará lo que se pueda”, si no el “se hará lo que haga falta, cueste lo que cueste”.

Desde el Comité Provincial del PCOE en Sevilla denunciamos que este Estado de Excepción que impide la libre circulación de las personas, que prohíbe las reuniones, está provocando más miseria y hambre a aquellos que el Estado abandona a su suerte, mientras se pliega a los mercados dándole todo lo que piden para calmar su insaciable apetito, “cueste lo que cueste”.

Hacemos un llamamiento al pueblo trabajador a organizarse y estructurarse desde abajo, en cuanto sea posible para levantar su propio Estado obrero, que hará lo contrario que el Estado actual: sacrificar a los mercados en pos del “bien común” y en pos de la salud y bienestar de los pueblos.

 

Organitza’t front a les retallades i la precarització!
Organitza’t front a un sistema que et maltracta!
Respecte i solidaritat obrera!

Comitè Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol en València

València: Los técnicos de emergencias sanitarias como carne de cañón

¡Organízate frente a los recortes y la precarización!
¡Organízate frente a un sistema que te maltrata!
¡Respeto y solidaridad obrera!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València

 

El pasado martes 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó una serie de “medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” agrupadas en el Real Decreto-ley 8/2020.

Dicho Real Decreto-ley destina 300 millones de euros para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario para hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales.

Los Ayuntamientos dispondrán de una cuantía igual al superávit del ejercicio 2019 para financiar las ayudas económicas y las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia, o lo que es lo mismo, unos 5 mil millones de euros para todos los ayuntamientos.

Destinarán una línea de crédito de hasta 200 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender las necesidades financieras de las pequeñas y medianas empresas para que éstas puedan invertir en la compra y leasing de equipamientos tanto para adaptarlas tanto a la digitalización como para el trabajo no presencial, o teletrabajo.

Destinarán una línea de avales por cuenta del Estado para empresarios de hasta 100.000 millones de euros para “facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19”. Es decir, el Estado avalará hasta 100.000 millones de euros sobre créditos que se realizarán a través de las entidades de crédito, es decir, la banca.

Además, se amplía la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 millones de euros para facilitar la liquidez de las empresas.

Se crea una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización siendo beneficiarias las empresas internacionalizadas.

Gasto por parte del Estado en investigación científica en el ámbito del COVID-19 por una cuantía de 29.650.000 euros.

Como se puede comprobar, el Gobierno ha decidido movilizar 117.530 millones de euros de dinero público en dicho Real Decreto-ley, de los que para el pueblo trabajador, incluyendo aquí las partidas de investigación científica contra el coronavirus, son 5.330 millones de euros; mientras que para los empresarios se destinan 112.200 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 95,46% del dinero público comprometido por el Gobierno irán a los bolsillos de los empresarios, por un 4,54% que irá destinado para las clases populares y la clase obrera. Como se puede comprobar, fijándonos exclusivamente para qué clase está destinada cada partida de dinero, sin duda, el gobierno de la falsa izquierda no ha dudado en entregar prácticamente toda la tajada a los empresarios.

Pablo Iglesias decía el pasado 19 de marzo que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco en lo económico y social, pero, evidentemente, a tenor de todo lo mostrado anteriormente, su Gobierno atiende infinitamente mejor a los empresarios que al resto del pueblo.

CCOO y UGT, ya antes de que se decretara el Estado de Alarma, habían pactado con la Patronal un acuerdo exigiendo al Gobierno que se diera manga ancha a los empresarios a la hora de hacer EREs y ERTEs, siempre que éstos fueran negociados con ellos y en el caso de los ERTEs el trabajador tuviera derecho a prestación por desempleo, aunque no tuviera el periodo de cotización suficiente para haber devengado dicho derecho, y que el cobro de dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. La subordinación de CCOO y UGT a la Patronal es vergonzosa, llevan 40 años engañando y traicionando a los trabajadores de este país y, en una situación clave como la actual, no podían fallarle a los empresarios. El Gobierno, a posteriori, no ha dudado en transponer en el Real Decreto-ley lo previamente acordado por la CEOE, CCOO y UGT.

El Gobierno, y sus arrastrados sindicatos – CCOO y UGT-, venden como un triunfo para los trabajadores los ERTEs. Sin embargo, para quien realmente es un triunfo es para los empresarios que verán como el Estado asumirá la retribución a los trabajadores a los que les suspendan los contratos, es decir, se ahorrarán tanto los salarios como las cotizaciones de los trabajadores. Sin embargo, el trabajador perderá, como mínimo, un 30% de su salario los primeros 180 días que será un mínimo del 50% de su salario a partir del día 181. ¡Esto es el capitalismo! El empresario siempre gana y el trabajador siempre pierde, y el Estado siempre sirve al empresario.

También dice el Gobierno que atiende a las capas más empobrecidas con medidas como la moratoria en el pago de la hipoteca, o porque durante el mes siguiente a la entrada en vigor del real decreto-ley las eléctricas, los suministradores de gas y de agua no podrán suspender el suministro a aquéllas personas que estén en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social tal y como quedan definidas dichas categorías en el Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, ley realizada por el Partido Popular por la que restringieron las condiciones para tener acceso al bono social eléctrico, es decir, ley que benefició a las empresas eléctricas. Hay que recordar que la entrada en vigor de esa ley en 2017 implicó que de 2,3 millones de beneficiarios del bono social se pasara en 10 meses a 1.230.160 de beneficiarios. Sin duda esto es un pequeñito parche que no soluciona, en absoluto, el problema generado por el capitalismo, la pobreza y la desigualdad, que se multiplicará como consecuencia de la acentuación de la crisis capitalista. De hecho aquí se nota la mano del oportunismo traidor podemita, se nota la mano de la engañifa, donde se ponen medidas irrisorias, teniendo en cuenta el dinero público que se pretende movilizar, como fórmula para blanquear el saqueo de las cuentas públicas a favor de la burguesía.

Si de verdad el Estado y su Gobierno quieren servir a los intereses de la mayoría de la población, de las capas populares y del proletariado, en lo concerniente a las hipotecas (derecho a la vivienda), y los “suministros básicos” como denomina a la luz, agua y gas en el Real Decreto-ley e intervenir en el precio de los mismos, no le queda otro remedio que nacionalizar la banca, y las empresas suministradoras de esos “suministros básicos” y subordinarlos a los intereses del pueblo. Cosa que, ni por aproximación, pretenden hacer.

Los medios de manipulación del capital, así como los apéndices sindicales del Estado, CCOO y UGT, anuncian que “el Gobierno deberá absorber más de un millón de parados por la crisis del coronavirus en las próximas semanas”. El Gobierno de los capitalistas, con IU-PCE y PODEMOS, nuevamente ha mostrado a quien sirve, que no son a otros que a los empresarios. Nuevamente el marxismo acierta en su caracterización del Estado como instrumento de opresión de una clase sobre otra y, en el caso del Estado burgués español un instrumento al servicio de la burguesía para someter a los trabajadores. Ello se puede ver en las medidas adoptadas por el Gobierno, donde no dudan en distribuir nuevamente la riqueza a favor de la burguesía, de los empresarios, de los monopolios, de la banca.

Las medidas adoptadas por el Gobierno no pretenden solventar los problemas del pueblo, sino salvaguardar al capitalismo agonizante y los intereses y los privilegios de la burguesía y su Estado, y ello se demuestra día a día en las ruedas de prensa que los cargos elegidos por los ministerios que están al frente de la crisis por el COVID-19 se expresan, donde se está instrumentalizando un problema de salud pública para ajustar las cuentas de un nacionalismo – el español – contra otros nacionalismos de otras naciones que integran el Estado, como el catalán, o para hacer que el pueblo cambie su visión para con el Ejército y otras Fuerzas Represivas del Estado, a cuya cabeza se encuentra una Jefatura del Estado asolada por la corrupción, que es lo que predomina en el conjunto del Estado.

Nos encontramos ante una ofensiva de los monopolios contra los trabajadores a nivel mundial. La pandemia es la fórmula que la burguesía monopolista pretende aprovechar para ajustar el mercado de trabajo al desarrollo del avance tecnológico. De hecho la OIT ya cifra en 25 millones los trabajadores que perderán su empleo a nivel mundial. Los gobiernos de las potencias imperialistas están actuando todos siguiendo la táctica “del capitalismo contemporáneo”, del imperialismo, descrita por el líder de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, un reaccionario desenfrenado que decía que “solo una crisis – real o percibida – da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”. A los pueblos del mundo, al proletariado, únicamente le queda o la miseria y la muerte o la revolución proletaria y el socialismo, no hay término medio, no hay otro camino. En el Estado español PODEMOS e IU/PCE han demostrado ser tan reaccionarios y tan burgueses como la extrema derecha y ahí están las medidas adoptadas que, como hemos visto, sacrifican nuevamente a los trabajadores y benefician los sucios bolsillos de los monopolios, de la burguesía. Aquellos fariseos oportunistas que dicen que su razón de existir es la “unidad de los comunistas” pero que viven de la división del Movimiento Comunista Español deberían recordar ahora cuando demandaban un gobierno de PSOE y PODEMOS/IU como mal menor hace un par de meses; tan fariseos y oportunistas son ellos como aquéllos que se denominan Partidos Comunistas y dan coba a esas expresiones que no hacen otra cosa que hacer el juego sucio a los enemigos del proletariado.

El Partido Comunista Obrero Español (PCOE) reafirma su compromiso con el marxismo-leninismo y con el proletariado, a cuyos elementos más avanzados hacemos un llamamiento para que fortalezcan las filas de nuestro Partido, máxime en un momento como el actual donde los trabajadores nos jugamos todo. Nuestro Partido denuncia el enorme engaño y la enorme traición que se está perpetrando contra los trabajadores. Por ello, el PCOE no va a colaborar ni un instante con los represores del pueblo, que sería debilitar el camino y las filas de la Revolución y acrecentar el número de traidores y siervos de la reacción, sino que multiplicará su labor revolucionaria y militante para desentrañar todas las engañifas contra los trabajadores y organizarlos para que nuestra clase social rompa el yugo de la explotación y se emancipe construyendo el Socialismo.

El capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. No sólo ha demostrado su inviabilidad, sino que acredita que únicamente se puede mantener a costa de liquidar al ser humano y a la naturaleza. El imperialismo sólo se puede sostener por la violencia y únicamente puede ofertar más miseria para las masas proletarias, para los campesinos, y más represión, más reacción, más fascismo, y en este escenario también se halla el Estado español. Hoy más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!