Desde hace años, el Estado Español ha perseguido y reprimido a Pablo Hasel, procesándolo, imputándolo y deteniéndolo en varias ocasiones. La Audiencia Nacional, aquel órgano del franquismo llamado Tribunal de Orden Público que pasó de la noche a la mañana de ser un órgano de represión política e ideológica de un estado fascista a un “democrático” tribunal de justicia, es quien se encargó de juzgar y condenar a Hásel, en un juicio farsa cuyo veredicto estaba escrito mucho antes de que éste siquiera declarara. Pablo Hásel, a la espera de la ratificación de su condena por el Tribunal Supremo, ha sido amedrentado no en pocas ocasiones por el Estado, una de ellas el 28 de abril del pasado año, tras un acto de solidaridad con el preso político Paco Cela Seaone y previo a un concierto que Hásel daría en honor a éste.

Son casi cuatro años y medio los que suma la condena pendiente de ratificar, sumado a otras causas abiertas contra él por su militancia, que suman un total de hasta 15 años de prisión. Es este el motivo por el que la fiscalía está presionando al Tribunal Supremo a fin de hacer inmediata la condena y llevar a Pablo a la cárcel.

Las acusaciones contra Pablo Hásel van desde el enaltecimiento del terrorismo hasta las famosas “injurias a la Corona” tan conocidas y utilizadas por parte de la Audiencia Nacional. No son estas las causas reales que el Estado fascista español le imputa a Hásel, sino al igual que a otros tantos, se le imputa y condena por ser un comunista consecuente, solidario con los presos políticos y denunciante del exterminio sistemático que estos sufren en prisión como condena por ser comunistas. También le imputan por denunciar a la monarquía española, sus corruptelas y repugnantes actividades y comportamientos, que lejos de ser autor de estas informaciones, como el mismo dijo, tan solo relata aquello de lo que muchos medios se han hecho eco. En definitiva, le condenan por denunciar el carácter fascista del Estado y por su ideología comunista.

Por ello, desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) nos solidarizamos con el camarada Pablo Hásel y de igual manera con todos los presos políticos, condenamos el fascismo del Estado y su consecuente represión, y hacemos un llamamiento a todos los comunistas y proletarios a denunciar la actuación del Estado español y a actuar en solidaridad, exigiendo su inmediata absolución al igual que la amnistía total para todos los presos políticos existentes en el Estado español.

¡LIBERTAD PABLO HASEL!

¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Madrid, 25 de mayo de 2020

Secretaría de Agitación y Propaganda del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)

La violencia institucional en general y la represión policial en particular son una realidad más que conocidas y experimentadas por los trabajadores del Estado español. Pese a la envoltura democrática que la burguesía franquista quiso presentar tras la muerte del dictador Franco, los crímenes realizados desde los aparatos del Estado (Policía, Guardia Civil, Ejército, etc) y la violencia política institucional organizada no se han detenido. A fin de obstaculizar cualquier lucha revolucionaria, desmovilizar a las masas y frenar el avance del proletariado organizado han hecho uso de todas y cada una de las herramientas a su disposición con el objetivo de conseguir superar las diferentes crisis de legitimidad y económicas del sistema capitalista, sin que ello suponga apenas costo político o económico para la burguesía nacional. Esto no nos sorprende, pues bien sabemos que la retórica democrática es más que selectiva y que su objetivo no es otro que ayudar al capitalismo en dificultades y apuntalar con medidas de urgencia el sistema existente de jerarquía social, los mecanismos de explotación capitalista y la distribución de la propiedad.

Con la situación actual de estado de alarma hemos podido ver con nuestros propios ojos como los medios de comunicación han emprendido una enorme campaña de propaganda con el objetivo de presentar a las criminales Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como si de héroes salvadores del pueblo se tratase, buscando sacar tajada de la nueva crisis del capital para seguir inoculando en los trabajadores valores contrarios a sus intereses de clase. Como bien sabemos los marxistas – y como se está demostrando estos últimos días con las actitudes de la policía durante las caceroladas como las del barrio de Salamanca (Madrid) –  la Policía es un cuerpo represivo que sirve como lacaya del Estado, y como tal no es una herramienta neutra que sirva y proteja a los trabajadores, sino que se coloca directamente al servicio de la clase social dominante, la burguesía, y que es enemiga de los explotados por el capitalismo.

Es por esto por lo que se entiende que dejen a los reaccionarios de Madrid, Valladolid o Sevilla concentrarse tranquilamente pese a la situación excepcional que se vive. Incluso, como hemos visto, la Policía hace manifestaciones públicas de apoyo a estas movilizaciones mientras que la represión queda reservada por entero para la clase obrera. Esto se volvió a ver ayer en Cartagena (Murcia), ciudad en la que los filo-fascistas llevan desde principios de semana concentrándose en la Alameda de San Antón. La Policía, como cuerpo represivo y criminal que es, no duda en escoltar a las manifestaciones reaccionarias que marchan impunes, al tiempo que empujan y agreden con las porras a los jóvenes que se muestran contrarios a la barbarie, que acabaron con varias heridas, móviles y cámaras rotos, y una multa. Las imágenes hablan por sí solas: los policías como la vanguardia del fascismo, el primer cuerpo armado al que se enfrentará el proletariado en revolución (¡pese a que algunos falsos comunistas se empeñan en catalogarlos como trabajadores!). La violencia policial no es más que otra expresión de la lucha de clases. El propio burgués utilizaría la porra contra los trabajadores y sería el ejecutor de la violencia si no fuera tan reacio a utilizar alguna clase de herramienta por primera vez en su vida.

Hoy más que nunca, debemos ser conscientes de que bajo la dictadura del capital es imposible que las fuerzas armadas del Estado respondan a nuestros intereses de clase y a la imprescindible causa de la emancipación del proletariado. Solamente la organización de los trabajadores en torno al marxismo-leninismo y el Partido de nuevo tipo serán capaces de extirpar de la sociedad toda clase de violencia y chovinismo.

Por todo lo mencionado, desde el Partido Comunista Obrero Español condenamos la actitud violenta y represora llevada a cabo por la policía en Cartagena, así como denunciamos el franquismo sociológico que sigue patente en la Policía y el Ejército (y seguirá hasta que no caiga este sistema de explotación). La labor que realizan estos cuerpos represivos no es más que la de defender el sistema de explotación de la burguesía, sostener el orden político, económico y social existente y socavar mediante la violencia cualquier tipo de organización de los obreros contra el fascismo.

¡Trabajadores, acabemos con el Estado fascista y sus fuerzas represoras!

¡Socialismo o barbarie!

Partido Comunista Obrero Español en la Región de Murcia

El pasado mes de abril los sindicatos del Bloque Combativo y de Clase solicitaron a la Delegación de Gobierno en Madrid la realización de una manifestación para el día 1 de mayo para 50 personas, en caravana de coches, cumpliendo todas las normas de seguridad y distanciamiento social requeridas en el Estado de Alarma. Dicha manifestación fue prohibida por el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

La prohibición fue llevada a los tribunales que ratificaron la misma, mostrando la esencia clasista del Estado, y mostrando también que el mal llamado Estado de Alarma es en realidad un Estado de Excepción que está siendo utilizado por el gobierno para eliminar derechos fundamentales.

Para el día 20 mayo se había solicitado también permiso para una protesta contra la ley mordaza y la brutalidad policial, protesta que de nuevo fue prohibida por el gobierno.

El mismo gobierno, autodeclarado “el más progresista de la historia”, que ahora permite una manifestación para el 23 de mayo solicitada por Vox, manifestación que se realizará en las mismas condiciones que la solicitada por los sindicatos del Bloque Combativo y de Clase.

El mismo gobierno bajo el que se están disparando los abusos y las agresiones policiales, pero que ante las manifestaciones no autorizadas de grupos reaccionarios permite total impunidad, llegando la policía a saludar y a escoltar a los manifestantes.

Y mientras todo esto sucede, la Ministra de Igualdad Irene Montero, en un nuevo acto de hipocresía, señalaba en una entrevista en eldiario.es que “crispar y fomentar el odio entre españoles como hacen las derechas en este momento es muy poco patriótico”.

Así es como el oportunismo le abre las puertas al fascismo. Mientras con sus palabras hacen llamamientos a decretar una “alerta antifascista” ante el crecimiento de Vox, con sus actos le dan alas al fascismo y a la reacción, siendo en la práctica cómplices de quienes de palabra dicen estar en contra.

El pueblo tiene que abrir los ojos ante el oportunismo. Las clases populares tan solo tenemos una salida, unir todas las luchas en un Frente Único del Pueblo para mandar este sistema al estercolero de la historia, para construir el Socialismo, único sistema que garantizará el bienestar de los trabajadores y todas las clases populares. Por ello, más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español

Los últimos movimientos de la Junta de Andalucía apuntan a que la empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía S.A.), encargada de la realización de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), va a ser vendida al capital.

La Consejería de Hacienda, Industria y Energía se ha hecho con el 100% de las acciones de Veiasa, que hasta ahora pertenecía a la Sociedad para la promoción y reconversión económica de Andalucía (Soprea). Lo que puede interpretarse como un paso previo a la privatización.

También coincide este hecho con la reducción de la plantilla y la consecuente merma en el servicio ofrecido. En dos meses la media de espera para la ITV ha pasado de una semana a las cinco. El deterioro, a propósito, de un servicio público ha sido siempre el método que han usado las administraciones públicas para justificar su privatización. Sin embargo, Veiasa tiene una media de entre 15 y 20 millones de euros de beneficios, lo que es un pastel goloso para el capital privado, que nunca arriesga, y sólo compra aquello que da grandes ganancias.

La Junta de Andalucía niega que tenga intenciones de privatizar Veiasa, aunque avisa que los monopolios están prohibidos en la Unión Europea.

Hay que recordarle a este representante del capital, aunque seguramente ya lo sabe, que la economía de mercado tiende por sí misma al monopolio, a los cárteles y a los trusts. Esa es su última fase, en la cual nos encontramos. Así lo demuestran las innumerables multas que imponen los organismos que velan porque se cumpla la “ley de la defensa de la competencia”, violada constantemente por las grandes empresas que controlan los distintos sectores de la economía.

Tal es así, que las multas impuestas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia se han disparado un 112% en 2019 respecto al año anterior. Uno de los casos más flagrantes es el de las empresas que se reparten los concursos de Adif: Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym se han repartido contratos que suman un importe de 837 millones. Sin embargo, la sanción es de 118 millones, por lo que se muestra claramente que ni el Estado ni sus instituciones quieren evitar los monopolios, sino que, muy al contrario, están a su servicio.

La economía de mercado, el capitalismo, se sostiene a través del expolio del patrimonio colectivo. Empezando por los recursos naturales, de los que se obtienen las materias primas esenciales para la producción de cualquier bien material, continuando por las empresas que se han levantado con millonarias cantidades de dinero y esfuerzo colectivo de la clase obrera, pero sobre todo apropiándose del valor que genera la fuerza de trabajo de los proletarios, y sin la cual, nada se pone en movimiento y ninguna ganancia puede producirse.

No existe paso intermedio entre la última fase del capitalismo, la de los monopolios, y el socialismo. Por tanto, los comunistas hemos de trabajar conjuntamente en los tajos, barrios, campos y pueblos organizando a la clase obrera y el resto de clases populares para dar el salto cualitativo e impostergable por el que tantas generaciones de comunistas han dado su vida, ante la situación de quiebra generalizada del capitalismo a nivel mundial. El salto revolucionario al Socialismo recuperando para el pueblo trabajador recursos naturales, empresas privatizadas (hasta 120), latifundios y monopolios de los sectores estratégicos de la sociedad.

Por el fin del expolio del patrimonio colectivo

Unión de las clases populares en el Frente Único del Pueblo

La única salida es el Socialismo

Comité Regional de Andalucía del Partido Comunista Obrero Español

La justicia española vuelve a mostrar al lado de quién está condenando a 2 años de cárcel al ex-empleado de UGT-A, Roberto Macías, que denunció públicamente la corrupción de dicha organización. La jueza Mª Ana León Gallego, del juzgado de lo penal 15 de Sevilla, lo acusa de un delito de «descubrimiento y revelación de secretos».

Se posiciona, por tanto, con los que roban dinero público para enriquecerse como lo hace un vulgar empresario, al mismo tiempo que se financian firmando despidos colectivos (EREs).  Se pone del lado de una organización también encausada por el caso de los EREs o fondos de reptiles. La justicia, al fin y al cabo, se pone del lado de UGT-A como se posiciona normalmente con los empresarios, ya que todos ellos están en el mismo camarote del barco en cuyas galeras rema esclavizada la clase obrera.

Según la condena, Roberto Macías obtuvo información confidencial de manera ilegal y, por otro lado, en lugar de transmitir dicha información o denuncia en primer lugar a la justicia o a la policía, lo hizo a la prensa, por lo que muestra abiertamente, y sin ocultarlo, una desconfianza a las instituciones judiciales y a las fuerzas de seguridad del Estado.

La propia condena demuestra que dicha desconfianza era fundada, pues la justicia protege ahora al corrupto como lo podía haber hecho en caso de haber dirigido dicha denuncia en primera instancia y directamente a los tribunales.

La propia sentencia reconoce que UGT-A delinquió pues en ella se mencionan “determinados porcentajes repercutidos a proveedores y no declarados ante la Administración por el Sindicato y el encargo de facturas simuladas”. Razón por la cual el pasado 30 de abril el magistrado Juan José García Vélez impuso una fianza de 40 millones de euros a la antigua cúpula de UGT-A al concluir que «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047 euros».

En cuanto al argumento de la ilegalidad con la que obtuvo los datos donde se muestra el robo de UGT-A a las arcas públicas, cabe preguntarse por las escuchas ilegales efectuadas por las propias fuerzas de seguridad del Estado, por no hablar de las cloacas o servicios secretos del Estado, muchas veces con fines políticos.

El 12 de junio de 1995, el diario El Mundo publicó en su portada el siguiente titular: “El CESID lleva más de diez años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas“. Se descubrió que bajo la presidencia de Felipe González y bajo la dirección del entonces ministro de defensa Narcís Serra, el CESID disponía de un “Gabinete de escuchas”.

Narcís Serra no sólo no ha sido condenado nunca por ello, si no que fue premiado con la presidencia de Caixa Catalunya, de cuyo agujero también salió impune a pesar de la denuncia de la fiscalía anticorrupción.

Pero además, y sobre todo, en esta sentencia la justicia española rechaza aplicar la “DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión” basándose en que, por un lado, dicha directiva no ha sido transpuesta a las leyes españolas, y, por otro lado, se exige que “la persona haya denunciado primero por canales internos o externos“. Esto último es falso, pues dicha directiva europea establece que “el denunciante debe poder elegir el canal de denuncia más adecuado en función de las circunstancias particulares del caso. Además, es necesario proteger la revelación pública de información, teniendo en cuenta principios democráticos tales como la transparencia y la rendición de cuentas, y derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”.

Apoyamos a Roberto Macías en su lucha contra la corrupción consentida por el Estado español, al mismo tiempo que señalamos como principal fuente de corrupción (legal o ilegal) al régimen capitalista, pues mientas haya una burguesía parasitaria que se apropie y acumule la riqueza producida por la clase obrera, existirá el poder de corromper y comprar a las cúpulas sindicales vende-obreras como CCOO, UGT y en general a la aristocracia obrera representada también por la pata izquierda del régimen de explotación del hombre por el hombre: PSOE-IU-PCE-Podemos.

Comité Regional de Andalucía del Partido Comunista Obrero Español

El sistema capitalista està subjecte a canvis i, per això les empreses, per a continuar mantenint els seus beneficis, han de prendre mesures respecte a aquests. Aquestes mateixes mesures vulneren els drets dels treballadors fent que paguin les conseqüències de l’anàrquica producció capitalista que ens condueix a crisis econòmiques cada vegada més constants i més profundes. Les empreses automobilístiques pretenen imposar nous models de producció aplicant el desenvolupament de la tecnologia a fi de robotitzar el procés productiu per a maximitzar el seu benefici reduint al màxim el que els capitalistes denominen costos laborals, és a dir, amb l’objectiu de maximitzar l’explotació.

Per això mateix la companyia Nissan amb producció a l’Estat Espanyol –Barcelona, Àvila i Cantàbria- porta anys acomiadant a treballadors i retallant salaris, retallades amb les quals no han dubtat en col·laborar els renegats sindicats del Sistema, com va ocórrer en 2011 amb UGT i USO a la Nissan.

A Nissan, com a totes les empreses de l’automòbil a l’Estat espanyol, ha funcionat el col·laboracionisme entre els sindicats venuts a la Patronal, fonamentalment CCOO i UGT, els quals no sols compren el relat de la Patronal sinó que venen als treballadors al mal menor, les autèntiques pretensions de l’Empresa, com l’única veritat assumible que els treballadors han d’acceptar i a la qual han de subordinar-se: digui’s congelació salarial, baixada de salaris, increment de la jornada, increment de la temporalitat, etcètera. És bo recordar avui les apel·lacions a la responsabilitat d’UGT l’any 2011, quan va trair sense miraments als treballadors de NISSAN, als quals va portar a la indignitat màxima que fossin els propis treballadors de NISSAN Motor Ibèrica de Barcelona en assemblea els que acceptessin la congelació salarial, ampliar un 6% la productivitat incrementant la flexibilitat de jornada amb 15 dissabtes de producció addicional disponibles a cada exercici. Per no parlar de com aplaudien els consellers de la corrupta CiU el xantatge realitzat per Nissan i els seus sicaris a la plantilla.

Els treballadors de Nissan a Barcelona, amb producció situada a Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i a la Zona Franca (Barcelona), estan contemplant els confits d’avui conseqüència de les noces de l’ahir. Contemplen com el treball es redueix i les condicions es depauperen malgrat haver tirat pedres sobre ells mateixos i sobre la resta de la classe obrera anys enrere.

Les declaracions dels alts càrrecs directius de la  multinacional Nissan reconeixen que la companyia té un pla per a centrar-se més als Estats Units, la Xina i el Japó. Sobre el seu futur, representants de la companyia asseguren que el 28 de maig presentaran el seu “pla de rendiment operatiu” en el qual exposaran les seves estratègies per als pròxims anys.

Des del Partit Comunista Obrer de Catalunya fem una crida a que els obrers de Nissan defensin els seus drets i els llocs de treball. No val buscar una sortida per a aconseguir prejubilacions i fer que els llocs de treball es perdin condemnant a les properes generacions. És necessari vincular la lluita en defensa dels llocs de treball i per la nacionalització de Nissan Motor Ibèrica i implicar els veïns dels municipis en els quals estan radicades aquestes empreses en la lluita. També s’ha d’unir la lluita de Nissan amb els obrers d’altres empreses en la mateixa situació, per la nacionalització de les Empreses i posada a la disposició del Poble, juntament amb un Pla industrial que desenvolupi la indústria a Catalunya i a  la resta de l’Estat, encara més quan s’ha acreditat la feblesa de la indústria a l’Estat espanyol amb la crisi del coronavirus i la necessitat de desenvolupar la indústria i posar la seva producció a la disposició de la societat.

Així mateix, cal organitzar la lluita dels treballadors juntament amb el poble, fusionant les lluites en una lluita de classe contra l’Estat per a pressionar-lo en què dictamini a favor dels treballadors, és a dir, pressionar perquè la Generalitat tiri cap endarrere el ERTE de NISSAN i que el Govern de ‘esquerra’ nacionalitzi NISSAN. El PCOC fa una crida al poble català a donar suport a la lluita de la classe obrera per la nacionalització de les Empreses i per un Pla industrial que garanteixi el dret al treball del poble, i demana el suport per a la lluita dels obrers de la NISSAN així com fem una crida al Comitè de NISSAN a unir la lluita de NISSAN amb la lluita de centenars d’empreses a Barcelona que estan en la mateixa situació enfilant-les totes elles i explicant al poble l’essència del conflicte i la necessitat de la unitat de la classe obrera – de la fàbrica i dels barris i pobles – per a unir totes les lluites en una lluita de classes per a acumular la força necessària per a desequilibrar la balança a favor dels treballadors, no sols de NISSAN, sinó de Barcelona i del conjunt de la classe obrera.

Per la unitat dels Comitès d’Empresa!

Pel Front Únic del Poble!

Pel socialisme!

Barcelona, 15 de maig de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

¡Huelga en la Nissan!

El sistema capitalista está sujeto a cambios y, por ello las empresas, para seguir manteniendo sus beneficios, han de tomar medidas con respecto a estos. Esas mismas medidas vulneran los derechos de los trabajadores haciendo que paguen las consecuencias de la anárquica producción capitalista que nos conduce a crisis económicas cada vez más constantes y más profundas. Las empresas automovilísticas pretenden imponer nuevos modelos de producción aplicando el desarrollo de la tecnología para robotizar el proceso productivo al objeto de maximizar su beneficio reduciendo al máximo lo que los capitalistas denominan costes laborales, es decir, al objeto de maximizar la explotación.

Por eso mismo la compañía Nissan con producción en el Estado Español –Barcelona, Ávila y Cantabria- lleva años despidiendo a trabajadores y recortando salarios, recortes en los que no han dudado en colaborar los renegados sindicatos del Sistema, como ocurrió en 2011 con UGT y USO en Nissan.

En Nissan, como a lo largo y ancho de las empresas del automóvil en el Estado español, ha funcionado el colaboracionismo entre los sindicatos vendidos a la Patronal, fundamentalmente CCOO y UGT, los cuales no sólo compran el relato de la Patronal sino que venden a los trabajadores el mal menor, las auténticas pretensiones de la Empresa, como la única verdad asumible que los trabajadores deben aceptar y a la que deben subordinarse: llámese congelación salarial, bajada de salarios, incremento de la jornada, incremento de la temporalidad, etcétera. Es bueno recordar hoy las apelaciones a la responsabilidad de UGT en el año 2011, cuando traicionó sin miramientos a los trabajadores de NISSAN, a los que llevó a la indignidad máxima de que fueran los propios trabajadores de NISSAN Motor Ibérica de Barcelona en asamblea los que aceptaran la congelación salarial, ampliar un 6% la productividad incrementando la flexibilidad de jornada con 15 sábados de producción adicional disponibles en cada ejercicio. Por no hablar de cómo aplaudían els consellers de la corrupta CiU el chantaje realizado por Nissan y sus esbirros a la plantilla.

Los trabajadores de Nissan en Barcelona, con producción ubicada en Moncada y Reixac, San Andreu de la Barca y en la Zona Franca (Barcelona), están contemplando los lodos de hoy consecuencia de los polvos del ayer. Contemplan como el trabajo se reduce y las condiciones se depauperan a pesar de haber tirado piedras sobre ellos mismos y sobre el resto de la clase obrera años atrás.

Las declaraciones de los altos cargos directivos de la multinacional Nissan reconocen que la compañía tiene un plan para centrarse más en Estados Unidos, China y Japón. Sobre su futuro, representantes de la compañía aseguran que el 28 de mayo presentarán su “plan de rendimiento operativo” en el que expondrán sus planes para los próximos años.

Desde el Partit Comunista Obrer de Catalunya hacemos un llamamiento a que los obreros de Nissan defiendan sus derechos y los puestos de trabajo. No vale buscar una salida para alcanzar prejubilaciones y hacer que los puestos de trabajo se pierdan condenando a las generaciones venideras. Es necesario vincular la lucha en defensa de los puestos de trabajo y por la nacionalización de Nissan Motor Ibérica e implicar a los vecinos de los municipios en los que están radicadas dichas empresas en la lucha. También se debe unir la lucha de Nissan con otros obreros de otras empresas en la misma situación, por la nacionalización de las Empresas y puesta a disposición del Pueblo, junto con un Plan industrial que desarrolle la industria en Cataluña y en el resto del Estado, máxime cuando se ha acreditado la debilidad de la industria en el Estado español con la crisis del coronavirus y la necesidad de desarrollar la industria y poner su producción a disposición de la sociedad.

Asimismo, hay que organizar la lucha de los trabajadores junto con el pueblo, fusionando las luchas en una lucha de clase contra el Estado para presionarlo en que falle a favor de los trabajadores, es decir, presionar para que la Generalitat eche para atrás el ERTE de NISSAN y que el Gobierno de ‘izquierda’ nacionalice NISSAN. El PCOC hace un llamamiento al pueblo catalán a apoyar la lucha de la clase obrera por la nacionalización de las Empresas y por un Plan industrial que garantice el derecho al trabajo del pueblo, y pide el apoyo para la lucha de los obreros de la NISSAN así como hacemos un llamamiento al Comité de NISSAN a unir la lucha de NISSAN con la lucha de centenares de empresas en Barcelona que están en la misma situación engarzándolas todas ellas y explicando al pueblo la esencia del conflicto y la necesidad de la unidad de la clase obrera – de la fábrica y de los barrios y pueblos – para unir todas las luchas en una lucha de clases para acumular la fuerza necesaria para desequilibrar la balanza a favor de los trabajadores, no solo de NISSAN, sino de Barcelona y del conjunto de la clase obrera.

¡Por la unidad de los Comités de Empresa!

¡Por el Frente Único del Pueblo!

¡Por el socialismo!

Barcelona, 15 de mayo de 2020

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC)

El pueblo de Madrid está siendo testigo de un dominó de acontecimientos deplorables, cada cual peor que el anterior, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sucesión de atentados contra la clase obrera que ha protagonizado a lo largo de las últimas semanas subrayan, una vez más, que el Gobierno regional solo tiene ojos para los bolsillos de la burguesía. Para estos gestores de los intereses de los explotadores, la vida del proletariado carece de valor desde el primer momento en que estorba los privilegios de sus señores.

El miércoles 6 de mayo, la Comunidad de Madrid, dirigida por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, optó por solicitar la entrada en la fase 1 de la desescalada. La petición llegó tarde y no venía firmada. Ni siquiera por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que también se oponía a pasar de fase. El Ejecutivo comunitario formalizó la solicitud a las 22.30 horas. Ese mismo día por la mañana, no obstante, la propia Díaz Ayuso consideraba que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) antes de pasar a la fase 1. En paralelo y casi simultáneamente a sus declaraciones, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, sostenía por el contrario que la Comunidad “tiene un sistema sanitario robusto preparado para pasar de fase”.

[El teatro de Ayuso con la crisis de la COVID-19]

En cualquier caso, la Comunidad de Madrid trasladó al Ministerio de Sanidad su petición de pasar a la fase 1. Al parecer, la capacidad del sistema sanitario madrileño se fortaleció milagrosamente a lo largo del día como para que Díaz Ayuso cambiara fugazmente de opinión. Un día después, la ahora exdirectora de Salud Yolanda Fuentes presentaba su dimisión y la presidenta anunciaba una “importante reestructuración” de la Consejería de Sanidad.

Ante la renuncia de quien fue ni más ni menos que la máxima responsable de coordinar la respuesta sanitaria en Madrid, Díaz Ayuso, en un acto de soberbia y fanfarronería infantil, se negó a reconocer las labores profesionales de la médica jefa y manifestó que “no había tenido ocasión de hablar con ella”. Dudosa aptitud la de una presidenta que, en la contingencia epidemiológica más importante del último siglo, que se está cobrando la vida de miles de trabajadores, admite que toma decisiones sin comunicarse con la directora de Sanidad.

En su carta de dimisión, Fuentes argumentaba que la petición de avanzar en la desescalada “no estaba basada en los criterios de salud”. Díaz Ayuso, por su parte, aseguró que la exdirectora “no quería dar el siguiente paso”. “Yo sí”, manifestó, tras lo cual admitió que tomó la decisión tras reunirse “con sectores económicos”. “Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando, pero es cierto que también a lo largo de la semana, según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCI las podemos estirar, hay que tomar una decisión”, expresó Ayuso en su abierta defensa del capital.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no considera importante escuchar los criterios de la directora de Salud, que argumentaba que relajar las medidas causaría un repunte de contagios y más muertos. Pasa olímpicamente de ella, pero, en cambio, sí tiene tiempo e interés en escuchar a los burgueses y pequeñoburgueses preocupados por las pérdidas económicas causadas por la pandemia. “Madrid es un motor económico”, esgrimía. Se le olvida que también es el epicentro del brote en España, con el 29% de los casos de todo el país. Queda demostrado una vez más a qué clase sirven los de Díaz Ayuso. Prevalecen los “criterios económicos”, o, mejor dicho, los intereses de la burguesía frente a los de la clase trabajadora. Si para evitar la quiebra de empresas es necesario sacrificar algunas vidas obreras más, la Comunidad de Madrid no tiene ningún reparo en dar luz verde a la operación del matadero. En humo quedan las fotografías y actos simbólicos de la presidenta en los hospitales madrileños.

Para más inri, Díaz Ayuso anunció el pasado domingo 10 de mayo su intención de construir un hospital de 1.000 camas para tratar epidemias, de cara a la segunda oleada de coronavirus del próximo otoño. Según desarrolló el lunes, este nuevo hospital se hará a imagen y semejanza del montado en el Ifema. “Vamos a construir un hospital que, dependiendo de las épocas si hay rebrote, esté dedicado a ello”, precisó.

Alguien debería recordarle a Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid ya contaba en 2014 con un hospital monográfico en casos de alerta de epidemias: el Hospital Carlos III. No obstante, el Gobierno del PP, entonces presidido por Ignacio González, llevó a cabo una reestructuración que derivó en su desmantelamiento y el Hospital Carlos III acabó convertido en un centro de media estancia dependiente del Hospital La Paz. Como no puede ser de otra manera, la hipocresía, el cinismo y las reacciones tardías convergen cuando los políticos de la burguesía comparecen para aplaudir el sistema público que tanto han mutilado con recortes y privatizaciones en los últimos años.

[El coronavirus destapa las miserias de la sanidad madrileña]

La guinda del pastel en la cadena de infamias de la presidenta llegó muy recientemente, cuando se destapó que está “pasando la cuarentena” en no uno, sino dos apartamentos de un apartahotel de los que uno resulta ser una ‘royal suite’ valorada en 200 euros/noche. Díaz Ayuso disfruta, no obstante, de un precio especial de 80 euros/noche “por la larga estancia”. Tras horas de silencio, el Gobierno regional aseguró el martes que quien corre con los gastos del apartahotel de lujo en el centro de la capital es Díaz Ayuso y no la Comunidad de Madrid. Sin embargo, como ha comunicado Room Mate, la empresa propietaria, la presidenta “contrató sus servicios antes del estado de alarma”. Curiosa cuarentena la de nuestra visionaria presidenta, que anticipaba el desastre sanitario antes que ninguno.

Nadie aclara tampoco cómo es capaz de pagar semejante factura. O nunca antes se recompensaba tan bien ser un perro fiel de la burguesía, o en la Comunidad de Madrid se ha cometido un delito de malversación de fondos públicos. Por si fuera poco, ayer miércoles 13 de mayo, la Comunidad modificó un contrato con una cuantía de más de medio millón de euros inicialmente atribuido “por error” a la cadena hotelera Room Mate, la misma que tiene alojada a la presidenta durante el confinamiento general.

Y es que Díaz Ayuso es un peón de la burguesía, defiende abiertamente los intereses de los explotadores y, como tal, es pagada en consecuencia. Pequeños y grandes lujos encubiertos durante su mandato a cargo de los empresarios, a quienes protege con sus políticas, que más grandes y descarados serán aún cuando se retire –puertas giratorias, cargos millonarios, etc.–. Así es cómo funciona el capitalismo; así es como se legaliza la corrupción; así de podrido es este sistema criminal.

[La clase obrera madrileña, duramente castigada por el COVID-19]

Los trabajadores estamos demostrando, ahora y antes, que somos los que lo producimos todo. Somos los que pagamos con nuestra sangre y sudor los costes de la crisis. Nosotros ponemos los muertos. Ni en tiempos de pandemia dejaremos de ser el sostén del sistema explotador de la burguesía. Y así lo seguiremos siendo, cada vez en condiciones de mayor miseria, hasta que no acabemos con la raíz de nuestros problemas: el sistema capitalista.

Una vez más se muestra que la única solución ante este sistema criminal, que nos condena a las mayores de las miserias, es un sistema en el que se prime la salud por encima de la economía; un sistema en el que todas las personas tengan acceso a la sanidad y que sea capaz de dar servicio a todas las personas sin distinción; un sistema en el que se garanticen todas las necesidades básicas de la población y en el que nunca más la salud de las personas sea motivo de especulación. Una vez más, se demuestra que la única respuesta es el socialismo.

Solo la organización obrera puede poner fin a la salvaje explotación a la que nos someten los Gobiernos de la burguesía. Hoy más que nunca, desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), llamamos a todas las capas populares oprimidas por la burguesía –obreros, desempleados, pensionistas, jornaleros, sanitarios, etc.– a organizarse en torno a un Frente Único del Pueblo (FUP) para defender la sanidad pública y de calidad, combatir juntos al enemigo de clase y su sistema capitalista, y tomar de una vez por todas las riendas de nuestro destino.

¡Trabajador, lucha por tus derechos, lucha por tu pueblo!

¡Acabemos con el virus capitalista!

¡Salud y dignidad para la clase obrera!

¡Socialismo o Barbarie!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid

La manipulación mediática juega un papel esencial a la hora de sostener el sistema capitalista. A base de mentiras y falacias se consigue moldear la opinión general justificando así una forma de proceder rastrera y cada nueva traición del oportunismo.

Los sindicatos del régimen, principalmente CCOO y UGT, son expertos en la técnica del mal menor. Cuando se quiere firmar un retroceso que supone una traición a los trabajadores, se plantea siempre esa posibilidad frente a otra aún peor, creando la predisposición entre los trabajadores a aceptar ese mal menor como única opción válida. De esta forma, si una empresa quiere despedir mediante un ERE a 100 trabajadores, confabulará con estos sindicatos para hacer el teatrillo de una supuesta negociación, con declaraciones rimbombantes por ambas partes que escenifiquen un falso enfrentamiento. La empresa anunciará un ERE para 200 personas y el sindicato de turno (CCOO, UGT, ambos o algún otro sindicato del sistema) dirá que eso es una barbaridad, que hay que negociar algo mejor, y tras unas cuantas reuniones de mesa camilla, de esas a los que los trabajadores nunca tienen acceso, anunciarán un maravilloso acuerdo por el que han conseguido reducir el ERE a 100 trabajadores, justo lo que la empresa quería desde un primer momento.

Partiendo de la base de que cualquier ERE es una aberración, pues tan solo es un mecanismo de las empresas para reestructurar sus plantillas y conseguir así más beneficios, esta estrategia del mal menor se repite constantemente en las negociaciones que estos sindicatos mantienen con las empresas en las que firman EREs, embolsandose de esta forma hasta un 10% del coste de los despidos pactados, un negocio redondo para ambas partes.

A nivel político, el oportunismo usa sus medios de comunicación para generar ese mismo dilema del mal menor, creando una falsa dicotomía izquierda-derecha que oculta que tanto unos como otros defienden lo mismo, el sostenimiento del sistema capitalista y todo lo que ello implica, miseria, muertes, explotación y la destrucción del planeta para satisfacer las insaciables ansias de beneficios de una minoría parasitaria.

Viendo las declaraciones de los políticos de la derecha parlamentaria, pareciera que han llegado a un acuerdo para ver quien dice la barbaridad más grande, quien consigue generar más animadversión. De esta forma, mediante la falsa dicotomía y el papel de la derecha, parte del pueblo acaba por posicionarse en defensa de la pata izquierda del sistema, del socialfascismo del PSOE y el oportunismo de PODEMOS-PCE/IU, sin entrar a valorar el lamentable papel de estos en defensa del sistema y de este fascista Estado, cegados por las emociones de hostilidad que les generan los partidos de la derecha y sus lamentables discursos.

Convierten pues de esta forma la política parlamentaria en una cuestión de bandos, de estar con unos o con otros, y estar contra otros significa estar con unos, cuando la realidad si se analizan sus acciones es que todos los partidos parlamentarios, desde VOX a Unidas Podemos, defienden exactamente lo mismo, están en el mismo bando, el bando de la burguesía, de los capitalistas.

Y una vez montada la farsa, ya ante cualquier decisión de la pata izquierda del sistema, se omite el análisis crítico. Tan sólo hace falta que uno de esos rancios políticos de derechas haga alguna declaración altisonante para que los medios afines al oportunismo salgan a defenderlos ante el ataque de la derecha.

El pasado lunes 11 de mayo eldiario.es publicaba dos noticias que reflejan a la perfección este teatro con el que el sistema mantiene al pueblo entretenido en un falso enfrentamiento.

Por un lado publicaba el titular, “A por Pedro Sánchez por lo civil o por lo penal: tras el procés, Vox judicializa ahora la pandemia”.

Y ese mismo día publicaba esta otra noticia: “El Gobierno escenifica otro acuerdo con sindicatos y patronal en plena ofensiva del PP contra la gestión del coronavirus”.

En este falso enfrentamiento se sitúa a los empresarios, a la patronal, en el lado de los buenos, de los sensatos, los que tienen “voluntad de entendimiento”, frente a “la beligerancia de la oposición”. La misma patronal que pide reducir las prestaciones por desempleo y su duración, o un ERE para reducir funcionarios, o reducir el salario fijo y unir sin límite contratos temporales.

De esta forma ese acuerdo queda bendecido por los medios – que están al servicio de los monopolios – a pesar de suponer un nuevo desfalco de dinero público en beneficio de los empresarios que pagaremos como siempre los trabajadores, demostrando que este gobierno “progresista” está al servicio del capital, al servicio de la burguesía.

Un acuerdo que supone, entre otras cosas, flexibilizar los despidos tras un ERTE. Si bien los medios mintieron en su momento cuando anunciaban que aquellas empresas que aplicaran un ERTE a causa del COVID-19 no podrían realizar despidos durante 6 meses, algo totalmente falso puesto que el despido sigue siendo completamente libre y tan solo se ‘limitaba’ la procedencia de los mismos en base a la situación excepcional por el confinamiento, la realidad una vez plasmada en el BOE es que esos 6 meses comienzan a contar desde que se incorpora del ERTE el primer trabajador. Pero por si esto no fuera poco, por si a la patronal no le bastara con poder despedir libremente a cualquier trabajador sin motivo ninguno, esta ‘limitación’ de los 6 meses será estudiada en cada caso por la autoridad laboral, otorgando ‘flexibilidad’ a las empresas en base a su situación, o lo que viene a ser lo mismo que, como siempre, dejar que los empresarios hagan lo que quieran para aumentar la explotación a los trabajadores. Nada nuevo bajo el sol.

Este es el lamentable papel que juegan los medios de comunicación en la pantomima del politiqueo, la farsa parlamentaria que permite sostener el sistema en base a la falsa idea de ‘pluralidad’, cuando la realidad es que todos defienden lo mismo y todos tienen intereses contrarios a los de la clase trabajadora.

Nada nos queda pues que esperar a las clases populares salvo esto y tan solo tenemos una salida, unir todas las luchas en un Frente Único del Pueblo para mandar este sistema al estercolero de la historia, para construir el Socialismo, único sistema que garantizará el bienestar de los trabajadores y todas las clases populares. Por ello, más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Pasados los meses de la puesta en marcha de un “plan de choque” para reducir las listas de espera de operaciones quirúrgicas en Andalucía, anunciado a bombo y platillo, comprobamos no sólo que no se reducen, si no que las condiciones del personal y la atención sanitarias siguen degradándose a pasos agigantados. En estos momentos incluso más, ya que los desalmados sin escrúpulos que gobiernan aprovechan el desconcierto de la población absorbida por la avalancha informativa del COVID-19, que sigue aplaudiendo mientras a los sanitarios les perpetran todo tipo de atropellos.

El gobierno de PP-Cs-Vox vino con el plan preconcebido de descuartizar aún más el sistema sanitario andaluz para favorecer a las empresas y seguros de sanidad privada, continuando el trabajo sucio del PSOE cuya política sanitaria provocó grandes movilizaciones en los últimos años.

En marzo de 2019, el consejero de sanidad de la Junta de Andalucía coloca a 20 amigos suyos como gerentes  de hospitales y direcciones de distritos.

Uno de estos amigos colocados como gerentes es el ex-alcalde de Écija (PP) y ex-subdelegado del gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, que pasó a ser gerente del Hospital de Osuna.

Preguntado en una entrevista por el “plan de choque”, que supuso un desembolso de 25 millones de euros, dejó claro en qué consistiría:

– “¿Para eso se va a necesitar más personal? ¿Porque si se amplían los horarios (se necesitan) más personal sanitario?”

– “Bueno, es difícil, porque es que no hay médicos. No es cuestión de que no queramos contratar, es que no hay, sobre todo en atención primaria y pediatras no hay…. Entonces lo que hacemos es que con los mismos profesionales que tenemos se refuerzan y a base de ampliar sus horarios de trabajo, de forma voluntaria, por supuesto, se amplían las ofertas a los pacientes. Tenemos que usar los mimbres que tenemos.”

“Cualquier médico de familia está capacitado para hacer atención pediátrica, entonces tenemos médicos de familia en puestos de pediatría”.

“No se trata ni más ni menos que de optimizar los recursos que tenemos … con los profesionales y los medios materiales que tenemos se pueden organizar las cosas para que se atienda un mayor número de personas. Si hay que abrir consultas por la tarde o hacer pruebas diagnósticas por la tarde pues se hace y ya está.”

El ex-alcalde de Écija y actual gerente del Hospital de Osuna se ríe del pueblo trabajador andaluz cuando se excusa en que no hay médicos a pesar de la fuga incesante de médicos y enfermeros al extranjero por la falta de oportunidades y las pésimas condiciones de trabajo. A 31 de diciembre de 2019 el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) había expedido un total de 4.100 certificados de idoneidad a médicos para salir al extranjero, una cifra que supone un crecimiento de un 18,7 por ciento respecto a los datos de 2018. Las especialidades que más quieren salir al extranjero son, precisamente, medicina de familia, anestesiología y pediatría, y Andalucía ocupa el tercer lugar en fuga de médicos.

¿A dónde van entonces los 25 millones de euros del “plan de choque”? Pues, como mínimo, 15 millones han sido para las clínicas privadas a donde se han derivado gran parte de las operaciones.

En febrero de este año el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán Ruiz (formado en ESADE y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal), anunciaba una reforma profunda en Atención Primaria que reconocía que contaría con la resistencia de los “profesionales de Primaria” y les pedía un esfuerzo: “Son medidas muy profundas que afectan a la forma actual de trabajar”.

Entre esas medidas que pretende acometer y con las que piensa comprar a los médicos del SAS, está quitar el complemento de exclusividad de 700 euros que cobran en caso de no trabajar en la sanidad privada (lo cual es opcional), para poder cobrarlos íntegramente aunque trabajen también en el sector privado. Lo cual perjudicará aún más sin duda, como ya ocurre, la atención recibida por los pacientes, pues en muchos casos se deriva del SAS (donde no se da solución) a la consulta privada del médico de turno. El sistema de salud público, como sufrimos en nuestras carnes, está ya más que podrido.

El “plan de choque” del gobierno andaluz consistente básicamente en ahorrar material y personal sanitarios se está aplicando a sangre y fuego incluso durante la pandemia del COVID-19. Lo cual está provocando protestas del personal sanitario que están siendo acalladas por los grandes medios de comunicación mientras nos animan a seguir aplaudiendo como focas.

El 5 de marzo pasado el Sindicato de Enfermería en Sevilla (SATSE) denunciaba que la dirección del distrito de Sevilla “pretende recortar de forma drástica los salarios a profesionales que trabajan a turnos, en noches y festivos en los dispositivos móviles y fijos de urgencias de Sevilla capital”.

El 30 de marzo los sanitarios de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria denuncian que el director gerente para el Distrito de Atención Primaria de Sevilla, José Manuel León-Sotelo, (afiliado del PP como el resto de amigos gerentes del consejero andaluz de salud) les ha suprimido el complemento retributivo que llevaban cobrando desde hace 12 años en plena crisis sanitaria, donde no tienen “capacidad de protesta”. Esto les está llevando a trabajar de noche y días festivos “prácticamente gratis”.

El personal de enfermería de urgencias manifiesta que “estamos dándolo todo y luchando día a día sin los recursos de protección adecuados, exponiendo nuestras vidas y la de nuestras familias”.

Este mismo gerente, que muestra su patriotismo español en las redes sociales, está llevando a cabo una purga apartando a enfermeros de la dirección de Unidades de Gestión Clínica de Polígono Sur-Las Letanías, San Pablo, Amante Laffón, Pino Montano B, El Cachorro, San Pablo o Amate.

El pasado viernes 9 de mayo, ha comunicado la decisión de eliminar las consultas de pediatría de los centros de salud de San Jerónimo y Pino Montano A, obligando a los vecinos de dichos barrios obreros a desplazarse a los centros de Alamillo y Pino Montano B, con el fin de “garantizar circuitos diferenciados, en los que se mantengan las distancias de seguridad entre consultas de pediatría y de Medicina de Familia”. El COVID-19 de nuevo como tapadera con la que colar la fusión del pan con el tocino.

El 29 abril la Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha exigido la dimisión inmediata del Director Gerente por su “falta de compromiso […] de participar activamente en las medidas adoptadas para hacer frente a este virus, lo que a su vez ha llevado a graves negligencias en la utilización de los medios de protección disponibles, optando incluso a la reutilización de los equipos de protección destinados a los profesionales sanitarios, lo que ha sido denunciando ante el Comité de Seguridad y Salud y ante la Inspección de Trabajo.“

Según un informe del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, publicado el pasado 7 de mayo, en España se han notificado 30.660 casos positivos de Covid-19 entre el personal sanitario, lo que supone un 22% del total, porcentaje que ronda el 29% en Andalucía.

El director gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Francisco Merino López, otro de los amigos del consejero de salud andaluz, ha sido moldeado según las apetencias de los capitalistas:  diplomado en Health Policy Innovation for Policymakers por la Universidad de Harvard y en Alta Dirección en Instituciones Sanitarias por la IESE Bussines School de Madrid. Formación que ha aplicado con quirúrgica precisión en la aseguradora Asisa y los sistemas sanitarios de Castilla la Mancha y en Madrid.

Para acallar la avalancha de denuncias del personal sanitario, especialmente en las redes sociales, el 1 de abril, el director gerente del SAS envía una circular a “todos los/as profesionales, sanitarios/as y no sanitarios/as del Servicio Andaluz de Salud“ en la que “se les recuerda a todos los/as profesionales del Servicio Andaluz de Salud la obligación que tienen de guardar secreto sobre cualquier información a la que accedan, en el ejercicio de su actividad profesional, relativa a pacientes afectados por el coronavirus COVID-19“, entre la que se encuentra “la situación de la capacidad asistencial, la relacionada con las necesidades de recursos materiales y con los recursos humanos.“

Éstas son algunas muestras de cómo actúan los patriotas de derecha, como los de izquierda, mientras nos piden todo tipo de sacrificios a los trabajadores de todos los sectores, tanto esenciales como no esenciales, de cómo maltratan al personal sanitario mientras nos piden hasta la saciedad que nos quedemos en casa y aplaudamos, mientras saquean los pocos recursos que destinan al sistema sanitario.

Ese proceso no depende de quién gobierne en Andalucía o el Estado español. Ellos no mandan, no son más que marionetas. Viene impuesto por el FMI, que pasa por encima no ya de los Estados, sino incluso de la Unión Europea, pues es el representante de la oligarquía financiera que se alimenta de las deudas astronómicas que contraen las instituciones estatales y europeas para rescatar el sistema capitalista y que cargan a nuestras espaldas y las de las próximas generaciones.

Hasta que los trabajadores decidamos andar nuestro propio camino, sin esperar más nada de esta democracia a medida del capital, construyendo un Frente Único del Pueblo que estructure y vertebre todas las clases populares devastadas por la explotación-esclavitud, guerras, paro y miseria que aumentan exponencialmente conforme la crisis capitalista se hace más evidente y descarnada.

No hay sanidad digna para el pueblo trabajador bajo la dictadura del capital

Edifiquemos una nueva sociedad para poner al ser humano en el centro de todo

Por el Frente Único del Pueblo

Por el Socialismo

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en Andalucía

Los sindicatos amarillos, principalmente CCOO y UGT pero sin olvidar otros como USO, CSIF, Fasga, Fetico…, han iniciado una nueva campaña en beneficio de los empresarios solicitando a sus delegados sindicales la “moderación” en las peticiones salariales a la hora de negociar los nuevos convenios colectivos.

Esta campaña de “moderación salarial” unida a la de la ampliación y flexibilización de los ERTE suponen nuevas e ingentes concesiones hacia una patronal que va perfilando, con ayuda de estos sindicatos, el nuevo escenario laboral en el que la flexibilidad, la alta rotación, la nula antigüedad y la bajada de salarios deben ser la tónica predominante para el beneficio máximo de la burguesía.

El sindicalismo vendido de estas centrales muestra su faz más miserable, apostando enteramente por la defensa de los dueños privados de los medios de producción y atacando así frontalmente los intereses de los trabajadores, en un momento donde se ha disparado el desempleo hasta los 3.831.203 de trabajadores -contando los más de 4 millones de afectados por ERTE´s, serían 8 millones los trabajadores que han quedado sin empleo o afectados por ERTE-.

Y es que tanto CCOO como UGT, así como el resto de sindicalismo amarillo y vendido, son asimismo empresas y como tal tratan a sus trabajadores y a sus afiliados. Estos últimos no son más que clientes a los que ofrecer servicios -como haría cualquier asesoría laboral- y los primeros son solo mano de obra disponible para su explotación. Solo así se explica que CCOO tuviese a uno de sus abogados durante 35 años como falso autónomo, al que ha tenido que indemnizar con 100 mil euros tras la condena del Juzgado de lo Social número 7 de Zaragoza.

Su hipocresía no tiene límite. Mientras dicen luchar contra la explotación laboral y por la defensa de los trabajadores realizan las mismas prácticas que cualquier otra empresa, como el Expediente de Regulación de Empleo que hizo CCOO en su fundación apoyándose en la Reforma Laboral que dice combatir para su derogación o el ERE de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Galicia por el que fue condenado por el juzgado de lo Social número 2 de Vigo.

Estos sindicatos son empresas que, como cualquier empresa, explotan a sus trabajadores, buscan nuevos clientes (afiliados) a los que vender productos y servicios y que tratan de obtener cuantos más beneficios para repartir entre los directivos de la organización. Así, no dudan en hacer negocios con otras empresas, como en los casos de BBVA y Telefónica donde los sindicatos CCOO y UGT son accionistas de referencia de dos de las mayores gestoras de pensiones del país -Fonditel y la rama de pensiones colectivas de BBVA- por los que se reparten 4 millones de euros en dividendos.

¿Cómo han logrado ser accionistas de referencia estos sindicatos? Vendiendo la defensa de los trabajadores, como no podía ser de otra manera. CCOO, UGT y el resto de sindicatos amarillos se posicionan al lado de las empresas, dicen defender a los trabajadores pero tratan de engañarlos y venderles, y la empresa recompensa ese trabajo con jugosos beneficios.

La clase trabajadora no puede depositar su confianza en este sindicalismo amarillo y vertical. Al contrario, su lucha es también contra ellos organizados en el sindicalismo de clase y combativo que, bajo los principios de la Federación Sindical Mundial, luche por la superación de este sistema capitalista criminal que nos oprime. Asimismo, el sindicalismo de clase y combativo del estado tiene la obligación de aunar su fuerza y proporcionar a la clase trabajadora un sindicato de clase y combativo fuerte, que confronte con estas centrales sindicales vendidas y podridas y que rompa con el pacto social imperante.

El fortalecimiento del proletariado en los centros de trabajo y la organización sindical bajo los principios del sindicalismo de clase y por la superación del capitalismo es imperiosamente necesaria para la emancipación del proletariado. La conquista del socialismo es hoy una necesidad vital e histórica para la vida de la clase trabajadora.

¡CONTRA EL SINDICALISMO TRAIDOR Y LA ARISTOCRACIA OBRERA!

¡POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO DE CLASE, POR EL FORTALECIMIENTO DE LA FSM!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Secretaría de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)