Observamos en estas semanas como distintos territorios del Estado español vuelven a sumirse en el más absoluto caos con la llegada de la siguiente ola de la pandemia del COVID-19. De igual manera, buena parte de los países que conforman la Unión Europea se encuentran en situaciones similares, así como la primera potencia imperialista mundial: Estados Unidos.

Madrid, Navarra, Catalunya, Aragón, Castilla y León, La Rioja… La clase obrera de distintas regiones con Gobiernos regionales de distinto pelaje político -pero todos sometidos a los intereses de la burguesía- están sufriendo las consecuencias directas de esta pandemia bajo un sistema capitalista que no tolera la pérdida de beneficios por motivos de la salud.

En las regiones antes mencionadas, con incidencias acumuladas de más de 500 casos y hasta más de 1.000 casos – como ocurre en Navarra – y con un porcentaje de ocupación de las UCI´s de más de un 30% – casi un 40% en el caso de Madrid –, no se toman las decisiones necesarias para frenar los contagios.

Pero ¿por qué no se toman las medidas necesarias para combatir al COVID-19? La respuesta la encontramos en el actual sistema de producción, el capitalismo, que impide tomar estas medidas para salvaguardar la salud de la mayoría de la población, de los trabajadores. El sistema capitalista se caracteriza por la anarquía en la producción y así, capitalistas de distintas ramas, como los del retail o las grandes superficies, velan por sus propios intereses sin tener en cuenta los intereses del pueblo. Siendo como es el Estado una herramienta de la clase dominante -los dueños de los medios de producción, la burguesía- para oprimir a clase no dominante -clase trabajadora, el proletariado- estos capitalistas que necesitan que sus obreros continúen produciendo para obtener sus beneficios se garantizan que el Estado, mediante un Gobierno siempre fiel a sus intereses, garantice las leyes que permitan que sus obreros sigan trabajando, hacinados en los transportes y centros de trabajo como siempre, haciendo imposible la contención de la pandemia.

Los medios de comunicación de masas, cuyos dueños son los capitalistas, se encargan de intentar maquillar esto y criminalizar a la clase trabajadora echándole la culpa de la pandemia con diferentes excusas como la responsabilidad individual, el ocio o las reuniones familiares, cuando el foco primario de los contagios son los espacios cerrados con aglomeración de personas no convivientes, precisamente medios de transporte y centros de trabajo.

Es imposible, como vemos, que el sistema capitalista proporcione la seguridad y salud a la que el pueblo trabajador tiene derecho, porque confronta directamente con los beneficios capitalistas, que son los que rigen el sistema. Solo hay que analizar cuántas empresas que pueden implementar el teletrabajo han obligado a sus trabajadores a volver a los centros de trabajo, que son la mayoría. El motivo es claro, los sistemas de explotación están optimizados para el trabajo presencial, exprimiendo así a cada trabajador el máximo de su productividad a costa de su salud.

Y para respaldar esto, el autodenominado Gobierno más progresista de la historia publica el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia en el que deja fuera a todos los trabajadores que están teletrabajando por motivos de la pandemia, es decir el 98% de los que están teletrabajando hoy. Así permite el Gobierno que sea la empresa quien decida si se teletrabaja o se vuelve al centro de trabajo sin ningún tipo de regulación legal.

El trabajo es una actividad que debe hacerse en conjunto con los compañeros, es una actividad social, pero en momentos puntuales como este donde peligra la seguridad y salud del pueblo -y donde se estima que el 32,6% de los trabajadores españoles podría desarrollar sus profesiones desde sus domicilios– el teletrabajo obligatorio es una medida que debería ser de carácter obligatorio para la contención de la pandemia.

Esto permitiría que en los transportes y los centros de trabajo no se dieran aglomeraciones, principales focos de contagio hoy. Con la economía planificada y habiendo desechado la anarquía de la producción propia del capitalismo, los centros de trabajo no serían ya los mataderos hacinados que hoy conocemos y se cumplirían a rajatabla las normativas respecto de la Seguridad y Salud en el trabajo -las cuales serían revisadas, ampliadas y mejoradas ostensiblemente- ya que no chocarían frontalmente con la necesidad de acumulación de capital.

Los transportes se mejorarían y reforzarían, así como la sanidad pública, que pasarían a ser totalmente públicos y gratuitos, dejando atrás el ánimo de lucro capitalista que hoy impera -y cada día más- en los servicios públicos y esenciales para el pueblo. No se producirían las contradicciones capitalistas que vemos hoy, donde hay enfermeras y médicos en la cola del paro en plena pandemia mientras los que están trabajando hacen jornadas interminables, quedando exhaustos día a día.

De igual modo la educación también sería pública, universal y gratuita, pudiendo aumentar las ratios de alumnos-profesor que hoy lastran la educación de los más jóvenes además de poner en riesgo la salud en plena pandemia, con decenas de alumnos en cada aula, hacinados.

La ciencia y tecnología saldría del ostracismo y abandono que sufre hoy y nos pondría a la vanguardia -como ocurrió en Cuba o la URSS en el pasado-, permitiendo obtener una vacuna más rápido y con mayor seguridad, tal y como observamos que sucede en Rusia, que aún sigue agradeciendo a Lenin y Stalin los avances que trajo el socialismo al que renunciaron, permitiendo hoy tener la vacuna más avanzada que se conoce mientras el resto de países capitalistas muestran su inferioridad técnica.

Es el capitalismo el que impide que el pueblo trabajador se garantice la seguridad y la salud, porque choca frontalmente con la principal ley de este sistema: la explotación obrera para la obtención del beneficio capitalista. Solo el socialismo puede garantizar a la clase trabajadora el derecho a la salud, así como el derecho al empleo, a la vivienda, a la educación, etc. Estos derechos en el capitalismo son una quimera porque suponen un obstáculo para la acumulación de capital por parte de la burguesía, sin embargo solo en el socialismo pueden ser una realidad, porque los medios de producción, que permiten generar la riqueza, quedan en manos del pueblo y no de un puñado de parásitos.

No hay más salida para el pueblo trabajador que la lucha por derribar el capitalismo y construir el socialismo, y la unidad de los comunistas es necesaria para ello. Deben ser los comunistas quienes, bajo la unidad de acción, guíen al pueblo hacia su emancipación definitiva que permita construir el socialismo, imperiosa necesidad hoy día.

¡Por la unidad de los comunistas!

¡Socialismo o Barbarie!

Secretaría de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

La crisis irrecuperable en la que se encuentra el imperialismo a nivel global y el Estado español en particular, provoca que la burguesía y su aparato estatal ocupen una situación mucho más violenta en la lucha de clases. A nivel económico, se exprime más a los trabajadores a través del cambio del modelo productivo; a nivel ideológico se profundiza en el fascismo; y a nivel político la represión es una constante, tanto si la amenaza para las clases dominantes es real o ficticia.

No debe extrañar a nadie que España sea un territorio completamente reaccionario. Ni la propia burguesía ni sus órganos oficiales la reconocen como democracia de libertades burguesas. Así es cómo se explica, por ejemplo, que el 80% de las principales amenazas a la libertad de expresión que denuncia la ONU sean aplicables a España. Y es que con la excusa del “terrorismo” las instituciones franquistas españolas aprovecharon para avanzar en la represión y en el recorte de derechos individuales y colectivos.

En octubre de 2014, Arnaldo Otegi, a quién ya no le quedan principios a los que renunciar, decía lo siguiente:

El antiterrorismo es un negocio político y económico, y hay gente que teme que se acabe.

En octubre de 2020, podíamos leer lo siguiente en Telepolis, revista de la editorial alemana Heise, sobre el juicio contra los doce independentistas gallegos procesados en la llamada “Operación Jaro”:

Dass Spanien überall Terroristen sieht, ist wahrlich kein Geheimnis

(No es ningún secreto que España ve terroristas por todas partes).

La Operación Jaro no es más que una muestra de la ficción en la que vive el Estado español para poder mantener su represión, su fascismo. Con el falso argumento de estar relacionados con la organización Resistencia Galega (de la cual no existen evidencias de su existencia), el Estado quiere condenar a 12 independentistas gallegos pertenecientes a Causa Galicia y al colectivo Ceivar, con un total de 102 años de cárcel a mayores de 348.000 € de multa.

Mientras tanto, vemos que en Lleida los fascistas no enaltecen al terrorismo, según la judicatura española, a pesar de tener en su posesión arsenales de armas y la evidencia de crear una ‘comunidad armada blanca’ imitando el ataque terrorista de Nueva Zelanda.

La realidad que se está mostrando aquí es que el Estado español es tan reaccionario que intenta aplastar cualquier rastro de las naciones a ejercer su derecho a la autodeterminación, mientras que los fascistas campan a sus anchas sin represalias o con castigos irrisorios.

El PCOE se solidariza con los encausados por la Operación Jaro y exige su absolución total y la liberación de todos los presos políticos del Estado español, recordando al pueblo trabajador que muchos de estos se encuentran con una salud muy delicada (Camarada Arenas, Baños Andújar…) al mismo tiempo que señalamos el carácter fascista del Estado español, cuya esencia franquista sigue totalmente vigente.

¡Por la liberación de todos los presos políticos!

¡Socialismo o barbarie!

Secretaría de Agitación y Propaganda del PCOE en Galicia

Solidariedade cos procesados pola “Operación Jaro”

A crise irrecuperable na que se encontra o imperialismo a nivel global e o Estado español en particular, provoca que a burguesía e o seu aparello estatal ocupen unha situación moito máis violenta na loita de clases. A nivel económico, se espreme máis aos traballadores a través do cambio do modelo productivo; a nivel ideolóxico profúndase no fascismo; e a nivel político a represión é unha constante, tanto se a ameaza para as clases dominantes é real ou ficticia.

Non debe estrañar a ninguén que España é un territorio completamente reaccionario. Nin a propia burguesía nin os seus órganos oficiais a recoñecen como democracia de liberdades burguesas. Así é como se explica, por exemplo, que o 80% das principais ameazas da liberdade de expresión que denuncia a ONU sexan aplicables a España. E é que coa escusa do “terrorismo” as institucións franquistas españolas aproveitaron para avanzar na represión e no recorte de dereitos individuais e colectivos.

En outubro de 2014, Arnaldo Otegi, a quen xa non lle quedan principios aos que renunciar, falaba o seguinte:

El antiterrorismo es un negocio político y económico, y hay gente que teme que se acabe.

En outubro de 2020, podíamos ler o seguinte en Telepolis, revista da editorial alemá Heise, sobre o xuízo contra os doce independentistas galegos procesados na chamada “Operación Jaro”:

Dass Spanien überall Terroristen sieht, ist wahrlich kein Geheimnis

(No es ningún secreto que España ve terroristas por todas partes).

A Operación Jaro non é máis que unha mostra da ficción na que vive o Estado español para poder manter a súa represión, o seu fascismo. Co falso argumento de estar relacionados á organización Resistencia Galega (da cal non existen evidencias da súa existencia), o Estado quere condenar a 12 independentistas galegos pertencentes a Causa Galiza e ao colectivo Ceivar, cun total de 102 anos de cárcere a maiores de 348.000 € de multa.

Mentres tanto, vemos que en Lleida os fascistas non enaltecen ao terrorismo, segundo a xudicatura española, a pesares de ter na súa posesión arsenais de armas e a evidencia de crear unha ‘comunidade armada branca’ imitando o ataque terrorista de Nova Zelanda.

A realidade que se está mostrando aquí é que o Estado español é tan reaccionario que intenta esmagar calquera rastro das nacións a exercer o seu dereito á autodeterminación, mentres que os fascistas campan ás súas anchas sen represalias ou con castigos irrisorios.

O PCOE solidarízase cos procesados pola Operación Jaro e esixe a súa absolución total e a liberación de tódolos presos políticos do Estado español, lembrando ao pobo traballador que moitos destes encóntranse cunha saúde moi delicada (Camarada Arenas, Baños Andújar…) ao mesmo tempo que sinalamos o carácter fascista do Estado español, cuxa esencia franquista segue totalmente vixente.

Pola liberación de tódolos presos políticos!

Socialismo ou barbarie!

Secretatría de Axitación e Propaganda do PCOE en Galiza

La última crisis sanitaria propiciada por el COVID-19 hizo que en el hospital de Granollers se utilizaran medidas más que precarias por los trabajadores sanitarios, pero hay que aclarar que la razón de la crisis sanitaria no es esta contagiosa enfermedad, la razón principal y la única, no es otra que la escasa financiación de la sanidad pública, aparte del interés y la presión al establecer una alternativa privada para el acceso a la sanidad. No es ningún secreto que en muchas partes del Estado español se haya utilizado dinero público para dárselo a centros sanitarios de ámbito privado, haciendo negocio con la salud de las personas y bloqueando el acceso universal a la sanidad. Por otro lado hay también casos como el de Granollers donde el centro es concertado. En otras palabras existen fundaciones que deciden cuánto dinero van a parar al hospital, aunque haya una gestión del Gobierno de España, de la Generalitat en Cataluña o del ayuntamiento.

En el caso de Granollers, ahora que llega una segunda oleada de contagios, que desde la primera quincena de septiembre empezaba a notarse esta subida por los ingresos de enfermos por la pandemia, están produciéndose despidos o reducción de la plantilla en los centros médicos. Ante esta situación, los trabajadores sanitarios de este hospital han salido a la calle, llegando a cortarla para visibilizar esta insostenible realidad, que no únicamente repercute en ellos, sino en toda la sociedad, – y más concretamente la clase obrera, la gran mayoría y la que con su trabajo, mueve el mundo– depauperando las condicionas de vida de los trabajadores por el capricho de la burguesía parasitaria, sosteniendo de este modo la dictadura del capital en su etapa terminal.

La delegada del comité de empresa ha remarcado que ha mejorado algo el abastecimiento de equipos de protección individual, pero recalca que la manera en que han dado dicho material no ha sido correcto, pues los trabajadores no pedimos limosna si no lo que nos corresponde. Muchas empresas privadas y muy reconocidas se aprovechan de esta situación, y quieren recibir beneficio por sus donaciones. Aquí encontramos también un componente de clase que tenemos que denunciar.  También recordamos el papel que tiene CCOO en cualquier centro de trabajo, ya sea en el ámbito sanitario u otro, y no es más que parar la lucha de clases, impidiendo la democratización en los centros de trabajo y jugando a favor de la patronal. Por este motivo la estrategia de la clase obrera no será otra que organizarse independiente de los sindicatos amarillos vendidos al patrón. Por eso, la propuesta estratégica de nuestro partido se fortalecer los sindicatos de la Federación Sindical Mundial, fundamentalmente la Coordinadora Sindical de Clase (CSC), trabajar en ellos de tal manera que nuestros militantes arrastren a los sindicatos de la FSM a la unidad en una única central sindical de clase, así como romper el aislamiento de la clase trabajadora conformando la Asamblea de Comités de Delegados y Trabajadores (ACDT) donde los trabajadores de diferentes sindicatos se unan con el objeto de fortalecer una posición clasista de superación del sistema capitalista y de unidad sindical como clase, rompiendo con las divisiones impuestas por la patronal y los sindicatos verticales del Estado (CCOO y UGT).

Aparte de esto, los vecinos del barrio de la Torreta, en la Roca del Vallès, hace semanas se manifestaron cortando una amplía vía de acceso a la ciudad. Uno de los motivos era por el cierre del CAP del barrio, pues por el confinamiento en marzo lo cerraron y todavía ya pasado el verano no lo han abierto. Pero el abandono del barrio es notable, cosa que hace que reclamaran también una mejora en las calles. El siguiente paso para los vecinos es manifestarse en el núcleo del pueblo, pues claramente el ayuntamiento no responde a las demandas de vecinos del barrio de la Torreta.

Todas estas manifestaciones tienen un enemigo en común: el capitalismo. El capitalismo como un sistema socioeconómico que es, cambia radicalmente nuestras vidas siempre al interés del propietario del capital, dejando al obrero como una mercancía más de la que sacar fuerza de trabajo para convertirla en plusvalía, es decir, en más dinero. Dinero que viene del sudor y la sangre de la clase obrera, sin ninguna exageración, pues los muertos en la primera oleada de la COVID-19 fueron de la clase obrera sin excepción, como los mismos que mueren de accidentes laborales y que trabajan, al contrario de la burguesía.

Estamos viviendo acontecimientos históricos que precisan de una clase obrera fuerte. Es por este motivo que desde el Partido Comunista Obrero de Cataluña animamos y lucharemos junto a nuestros hermanos de clase para fortalecernos. Sabemos que la unión es el elemento que nos hace falta, por eso hará falta que la clase trabajadora y el resto de clases populares se fusionen en un Frente Único por el Pueblo, pues estudiantes, trabajadores de todas las ramas de la producción y todas las clases populares que sufren son víctimas del capitalismo y la patronal no dudará al devaluar todavía más nuestras condiciones de vida.

¡Por la unidad de clase y la unidad de los comunistas!

¡Socialismo o barbarie!

Granollers, 19 de octubre de 2020

Célula del Vallès Oriental del Partido Comunista Obrero de Cataluña (P.C.O.C.)

Treballadors sanitaris i veïns  amb el mateix enemic en comú: El capitalisme

La darrera crisis sanitària propiciada pel COVID-19 va fer que a l’hospital de Granollers s’utilitzessin mesures més que precàries pels treballadors sanitaris, però cal aclarir que la raó de la crisis sanitària no es aquesta contagiosa malaltia, la raó principal i l’única, no es altra que l’escàs finançament de la sanitat publica, apart del interès i la pressió en establir una alternativa privada per l’accés a la sanitat. No és cap secret que a moltes part de l’Estat espanyol s’hagin utilitzat diners públics per posar-los a centres sanitaris d’àmbit privat, fent negoci amb la salut de les persones i bloquejant l’accés universal a la sanitat. D’altra banda n’hi ha també casos com el de Granollers on el centre es concertat. En altres paraules existeixen fundacions que decideixen quants diners van a parar al hospital, encara que hi haguí gestió a traves del Govern d’Espanya, de la Generalitat a Catalunya o de l’ajuntament.

En el cas de Granollers, ara que arriba una segona onada de contagis, que des de la primera quinzena de setembre començava a notar-se aquesta pujada pels ingressos de malalts per la pandèmia, estan produint-se acomiadaments o reducció de la plantilla en els centres mèdics. Davant d’aquesta situació, els treballadors sanitaris d’aquest hospital han sortit al carrer, arribant a tallar-lo per visibilitzar aquesta insostenible realitat, que no nomes repercuteix en ells, si no en tota la societat, – i més concretament la classe obrera, la gran majoria i la que amb el seu treball, mou el món– depauperant les condiciones de vida del treballadors per el caprici de la burgesia parasitaria, sostenint d’aquesta manera la dictadura del capital en la seva etapa terminal.

La delegada del comitè d’empresa ha remarcat que ha millorat alguna cosa l’abastiment d’equips de protecció individual, però recalca que la manera en que han donat aquet material no ha estat correcte, doncs els treballadors no demanem almoina si no el que correspon. Moltes empreses privades i ben reconegudes s’aprofiten d’aquesta situació, i volen rebre benefici per les seves donacions. Aquí trobem també un component de classe que hem de denunciar.  També recordem el paper que té CCOO en qualsevol centre de treball, ja sigui en l’àmbit sanitari o un altre, i no es més  que aturar la lluita de classe, impedint la democratització al centres de treball, i jugant a favor de la patronal. Per aquest motiu l’estratègia de la classe obrera no serà un altre que organitzar-se independent del sindicats grocs venuts al patró. Per això, la proposta estratègica del nostre partit es enfortir els sindicats de la Federació Sindical Mundial, fonamentalment la Coordinadora Sindical de Clase (CSC), treballar en ells de tal manera que els nostres militants arrosseguin als sindicats de la FSM a la unitat en una única central sindical de classe,  així como trencar l’aïllament de la classe treballadora conformant la Assemblea de Comitès de Delegats i Treballadors (ACDT) on els treballadors de diferents sindicats s’uneixin al objecte de enfortir una posició classista de superació del sistema capitalista i de unitat sindical com a classe, trencant con les divisions imposades per la patronal i els sindicats verticals de l’Estat (CCOO i UGT).

Apart d’això, el veïns del barri de la Torreta, a la Roca del Vallès, fa setmanes es van manifestar tallant una amplia via d’accés a la ciutat. Un dels motius va se el tancament del CAP del barri, doncs pel confinament al març el van tancar i encara ja passat l’estiu no l’han obert. Però l’abandonament del barri es notable, cosa que fa que reclamessin també una millora als carrers. El següent pas pels veïns en manifestar-se al nucli del poble, doncs clarament l’ajuntament no respon a les demandes del veïns del barri de la Torreta.

Totes aquestes manifestacions tenen un enemic en comú: el capitalisme. El capitalisme com un sistema socioeconòmic que es, canvia radicalment les nostres vides sempre al interès del propietari del capital, deixant al obrer com una mercaderia més de la que treure força de treball per convertir-la en plusvàlua, és a dir, en més diners. Diners que venen de la suor i la sang de la classe obrera, sense cap exageració, doncs els morts en la primera onada de la COVID-19 van ser de la classe obrera sense excepció, com els mateixos que moren d’accidents laborals, i que treballen, al contrari de la burgesia.

Estem vivint aconteximents històrics que precisen d’una classe obrera forta. És per aquest motiu que des de el Partit Comunista Obrer de Catalunya animem i lluitarem al costat dels nostres germans de classe per enfortir-nos. Sabem que la unió és l’element que ens cal, per això caldrà que la classe treballadora i la resta de classes populars es fusionin en un Front Únic pel Poble, doncs estudiants, treballadors de totes les rames de la producció i totes les classes populars que pateixen son víctimes del capitalisme i la patronal no dubtarà encara més en devaluar les nostres condicions de vida.

Per la unitat de classe i la unitat dels comunistes!

Socialisme o barbàrie!

Granollers, 19 d’octubre de 2020

Cèl·lula del Vallès Oriental del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

El año pasado, tras la sentencia contra el 1-O, el claustro de la Universitat de Barcelona hacía pública una resolución reivindicando el derecho a la autodeterminación, exigiendo la libertad de los presos políticos, señalando la “deriva autoritaria” que estaba tomando el Estado Español y rechazando la violencia policial. Tras este hecho, una serie de profesores del colectivo Universitaris per la Convivència interpusieron un recurso contra dicha resolución argumentando la instrumentación política que se hacía de la universidad por parte del manifiesto. Curioso posicionamiento de este colectivo de profesores que busca que los consejos de gobierno, claustros, decanatos, en definitiva, la comunidad universitaria de Cataluña no se posicione políticamente mientras ellos en su definición señalan que “Universitaris per la Convivència reivindica que los campus se conviertan en auténticos foros para el intercambio de ideas y el acercamiento de posiciones, siempre dentro de un escrupuloso respeto a los derechos y libertades que consagran nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía.”, es decir, se pronuncian en defensa de una Constitución franquista, que consagra la adaptación del Estado franquista una vez muerto el tirano y que niega los derechos democráticos de la nación catalana, y de un Estatuto de Autonomía que no fue el votado por el pueblo catalán.

Un año después, la “Justicia” ha dado la razón a los profesores defensores del Estado  – que niega los derechos democráticos al pueblo de Cataluña – que interpusieron el recurso y han declarado nula la resolución. Argumentan que las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental de libertad de expresión y que de hecho, estarían vulnerando el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y la libertad ideológica. Ana Alonso, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona, expresa: “La universidad forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política. Por tanto, está sometida al deber de neutralidad y ese deber implica que la universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente“.

Desde las instituciones del Estado, incluyendo a los medios de comunicación de la burguesía española, repiten constantemente que la causa judicial en contra del procés no era una cuestión política sino puramente jurídica. Sin embargo, ahora la Judicatura nos dice que cuando una institución pública, como es el caso de la Universidad de Barcelona, toma un posicionamiento claro, vuelve a ser una causa política y se debe aplicar neutralidad. ¿Acaso esa “neutralidad” que pregonan no es sino un posicionamiento político en favor del Estado? Es imposible ver neutralidad política en la decisión de la Judicatura en contra de la Universitat de Barcelona, es imposible ver neutralidad política en la sentencia que impone penas de 9 a 13 años a los presos políticos catalanes, es imposible ver neutralidad política en las actuaciones policiales el día del referéndum porque es imposible ver neutralidad política en cualquier Estado burgués puesto que este no es más que una máquina que sirve para someter a la clase obrera y negarle sus derechos democráticos.

Así pues, el derecho a la autodeterminación dentro de cualquier Estado únicamente se podrá aplicar en caso de que sirva a los intereses de la clase dominante y si hay una pugna entre distintas burguesías se resolverá mediante la fuerza. La violencia es lo único que puede mantener a la burguesía en el poder, y la Judicatura es un brazo desde donde la oligarquía aplica esa violencia contra el pueblo,  todo lo demás es mera ilusión. En la actual fase del desarrollo del capitalismo, la fase imperialista, la autodeterminación se convierte en una quimera que únicamente puede conquistarse con la emancipación de la clase obrera, con el socialismo, ergo la lucha por el derecho a la autodeterminación queda vinculada y subordinada a la  lucha  por la construcción del socialismo y por ello es necesario denunciar el carácter de clase del Estado fascista español cuando condena un gesto democrático como el manifiesto del claustro de la Universitat de Barcelona. El PCOC aboga por la unidad de la clase obrera y de todas las clases populares, por aglutinar todas las demandas democráticas y llevarlas a cabo de la única forma posible, rompiendo con el yugo del capitalismo avanzando hacia el socialismo. Es nuestro deber que así sea dentro del Estado español, uno de los eslabones más débiles del imperialismo y concretamente en Catalunya, el lugar en el que el Estado fascista español ha llegado a mostrar su rostro más reaccionario.

¡Abajo el Estado fascista!

¡Por el derecho a la autodeterminación!

¡Socialismo o barbarie!

Barcelona, 19 de octubre de 2020

Comitè Provincial del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.) en Barcelona

Condemna a la Universitat de Barcelona pel seu suport a l’autodeterminació i el seu rebuig a la violència de l’Estat espanyol

L’any passat, després de la sentència contra el 1-O, el claustre de la Universitat de Barcelona feia pública una resolució reivindicant el dret a l’autodeterminació, exigint la llibertat dels presos polítics, assenyalant la “deriva autoritària” que estava prenent l’Estat Espanyol i rebutjant la violència policial. Després d’aquest fet, una sèrie de professors del col·lectiu Universitaris per la Convivència van interposar un recurs contra aquesta resolució argumentant la instrumentació política que es feia de la universitat per part del manifest. Curiós posicionament d’aquest col·lectiu de professors que busca que els consells de govern, claustres, deganats, en definitiva, la comunitat universitària de Catalunya no es posicioni políticament mentre ells en la seva definició assenyalen que “Universitaris per la Convivència reivindica que els campus es converteixin en autèntics fòrums per a l’intercanvi d’idees i l’acostament de posicions, sempre dins d’un escrupolós respecte als drets i llibertats que consagren la nostra Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia.”, és a dir, es pronuncien en defensa d’una Constitució franquista, que consagra l’adaptació de l’Estat franquista una vegada mort el tirà i que nega els drets democràtics de la nació catalana, i d’un Estatut d’Autonomia que no va ser el votat pel poble català.

Un any després, la “Justícia” ha donat la raó als professors defensors de l’Estat  – que nega els drets democràtics al poble de Catalunya – que van interposar el recurs i han declarat nul·la la resolució. Argumenten que les institucions públiques no gaudeixen del dret fonamental de llibertat d’expressió i que de fet, estarien vulnerant el dret a la llibertat d’expressió, el dret a l’educació i la llibertat ideològica. Ana Alonso, magistrada del Jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona, expressa: “La universitat forma part de l’administració pública i no és una institució de representació política. Per tant, està sotmesa al deure de neutralitat i aquest deure implica que la universitat no pot assumir com a pròpia una posició política determinada, i tant menys quan aquesta posició és manifestament contrària als valors i principis de l’ordenament jurídic vigent”.

Des de les institucions de l’Estat, incloent als mitjans de comunicació de la burgesia espanyola, repeteixen constantment que la causa judicial en contra del procés no era una qüestió política sinó purament jurídica. No obstant això, ara la Judicatura ens diu que quan una institució pública, com és el cas de la Universitat de Barcelona, pren un posicionament clar, torna a ser una causa política i s’ha d’aplicar neutralitat. Potser aquesta “neutralitat” que pregonen no és sinó un posicionament polític en favor de l’Estat? És impossible veure neutralitat política en la decisió de la Judicatura en contra de la Universitat de Barcelona, és impossible veure neutralitat política en la sentència que imposa penes de 9 a 13 anys als presos polítics catalans, és impossible veure neutralitat política en les actuacions policials el dia del referèndum perquè és impossible veure neutralitat política en qualsevol Estat burgès perquè aquest no és més que una maquina que serveix per a sotmetre a la classe obrera i negar-li els seus drets democràtics.

Així doncs, el dret a l’autodeterminació dins de qualsevol Estat únicament es podrà aplicar en cas que serveixi als interessos de la classe dominant i si hi ha una pugna entre diferents burgesies es resoldrà mitjançant la força. La violència és l’única cosa que pot mantenir a la burgesia en el poder, i la Judicatura és un braç des d’on l’oligarquia aplica aquesta violència contra el poble,  tota la resta és pura il·lusió. En l’actual fase del desenvolupament del capitalisme, la fase imperialista, l’autodeterminació es converteix en una quimera que únicament pot conquistar-se amb l’emancipació de la classe obrera, amb el socialisme, ergo la lluita pel dret a l’autodeterminació queda vinculada i subordinada a la  lluita  per la construcció del socialisme i per això és necessari denunciar el caràcter de classe de l’Estat feixista espanyol quan condemna un gest democràtic com el manifest del claustre de la Universitat de Barcelona. El PCOC advoca per la unitat de la classe obrera i de totes les classes populars, per aglutinar totes les demandes democràtiques i dur-les a terme de l’única forma possible, trencant amb el jou del capitalisme avançant cap al socialisme. És el nostre deure que així sigui dins de l’Estat espanyol, un de les baules més febles de l’imperialisme i concretament a Catalunya, el lloc en el qual l’Estat feixista espanyol ha arribat a mostrar el seu rostre més reaccionari.

A baix l’Estat feixista!

Pel dret a l’autodeterminació!

Socialisme o barbàrie!

Barcelona, 19 d’octubre de 2020

Comitè Provincial del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.) a Barcelona

“En ningún país capitalista civilizado existe la «democracia en general», pues lo que existe en ellos es únicamente la democracia burguesa, y de lo que se trata no es de la «democracia en general», sino de la dictadura de la clase, es decir, del proletariado, sobre los opresores y los explotadores”

 –  Vladímir Ilich Uliánov, Lenin

Ayer, domingo 18 de octubre, tuvieron lugar las elecciones en Bolivia, convocadas por los sectores oligárquicos del país que tomaron el control directo del gobierno tras el golpe militar y policial perpetrado contra el presidente constitucional – Juan Evo Morales Ayma – con el apoyo del imperialismo estadounidense y de sus lacayos de la OEA. Al igual que en las pasadas elecciones del 20 de octubre de 2019, la victoria ha sido para el Movimiento Al Socialismo (MAS) con la diferencia de que, por ahora, no se ha desarrollado campaña alguna deslegitimando los resultados.

En el ámbito internacional, la victoria del MAS supone una derrota al imperialismo estadounidense, un estorbo para Donald Trump a falta de dos semanas para las elecciones en los Estados Unidos. Del mismo modo, implica un avance en la influencia del socialimperialismo chino en el país, así como de las relaciones con los gobiernos progresistas del mundo como Cuba y Venezuela.

Frente al parlamentarismo corrupto y podrido de la burguesía, los comunistas vemos las campañas electorales como herramientas en la lucha del proletariado, pero la electoral es una herramienta que no se acerca ni de forma remota a la manera en la que la clase obrera accederá al poder. De hecho, la historia nos transmite una enseñanza totalmente contraria: que ninguna clase oprimida podrá llegar a dominar sin un periodo de dictadura, de conquista revolucionaria del poder político en el que se aplaste la resistencia de los explotadores.

La burguesía, los terratenientes y sus aliados emplean las elecciones como una válvula de escape al movimiento revolucionario, a fin de amortiguar los enfrentamientos entre la minoría explotadora y la mayoría explotada. La táctica electoral debe ser la adaptación de la táctica general de la lucha de clases a la lucha concreta de las elecciones, nunca la renuncia a ésta. La democracia de los trabajadores no es lo mismo que la democracia para la burguesía; la república de los trabajadores es superior a cualquier Estado burgués, pero la dictadura del proletariado contra quienes nos condenan al hambre, opresión, represión, explotación y muerte solo puede alcanzarse mediante el derrocamiento revolucionario de la dominación burguesa, del imperialismo y de los monopolios.

Las masas trabajadoras de Bolivia, la clase obrera, el campesinado, los indígenas y demás sectores de la población han demostrado que no están dispuestos a aceptar un gobierno impuesto. No obstante, los anhelos del socialismo del siglo XXI por alcanzar una democracia «participativa y directa» mediante la mera lucha electoral y sin realizar ningún tipo de limpieza en las instituciones del Estado ya demostró el año pasado que es una táctica con fecha de caducidad. Tratar de alcanzar el socialismo – etapa temprana de la sociedad comunista – en los márgenes y reglas de juego de la dictadura del capital es una concesión demasiado grande. La coexistencia pacífica con la burguesía es imposible.

Por ello, apelamos a los sectores más avanzados de la sociedad de Bolivia a que no se conformen con el electoralismo y luchen por expulsar a la burguesía del país. La victoria del movimiento popular del MAS no eliminará el capitalismo. No basta con llevar políticas contrarias al imperialismo estadounidense pero favorables al socialimperialismo chino. No basta con desplegar la lucha democrática. El proletariado mundial debe prepararse para destruir completamente el poder del capital, destruir a la burguesía y expulsarla en todas partes donde existen relaciones de producción capitalistas, y alcanzar plenamente, y sin concesión alguna, el socialismo.

¡Por el Socialismo!

¡Abajo el imperialismo criminal!

¡Viva el internacionalismo proletario!

Madrid, 19 de octubre de 2020

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E)

Numerosos “medios de comunicación” se han hecho eco de una pelea que hubo el pasado día 15 en el barrio de San Blas. La mayoría de estos medios han hablado de “brutal agresión de menas a unos vecinos”, variando en la forma pero con el mismo trasfondo.

Primero, debemos hablar sobre el término “mena”, el cual hace referencia a “menor extranjero no acompañado”, es decir, chavales menores de edad que llegan a nuestro país solos, sin padre, madre o cualquier otro tipo de tutor mayor de edad. En el crecimiento del fascismo en nuestro país y el relevante papel de los medios de comunicación con respecto a este crecimiento, tenemos que destacar como los medios han generalizado este término con el fin de criminalizar a estos chavales y de desviar la atención de los principales problemas de los barrios, centrando el odio contra ellos en una estrategia disuasoria asquerosamente racista y canalla.

Siguiendo con la noticia, no es la primera vez que escuchamos este tipo de terminología por parte de los medios cuando han de referirse a nazis: “vecinos”, “personas con banderas de España”, y un sin fin de piruetas acrobáticas con tal de no llamar a los nazis por su nombre.

Como era de esperar, y como bien reveló la organización Carabanchel Antifa, estos “vecinos” resultaron ser nazis pertenecientes a la organización fascista Bastión Nacional que, como se puede comprobar en sus cuentas de Instagram, salieron a buscar a los menores extranjeros con el fin de agredirles, acción que terminó con el resultado contrario siendo ellos los que recibieron la paliza.

Días después, la organización fascista antes mencionada convocó una manifestación contra la presencia de los menores, y como si las pruebas que mostró Carabanchel Antifa además de las consignas utilizadas durante la manifestación con un claro componente de odio racial, saludos con el brazo en alto, etc, no fuesen suficiente, muchos medios siguieron tratando a los manifestantes como “vecinos”, cuando ya era prácticamente imposible ocultar que eran nazis, algunos incluso aludiendo falsos motivos para poder justificar la concentración.

Mención de honor para la policía que, como es habitual en este tipo de concentraciones fascistas, no hizo acto de presencia más allá del paseo que se dieron al lado de los cerdos fascistas cuando éstos fueron a casa de los menores a increparles. Esta pasividad por parte de la policía pocas veces, por no decir nunca, las vemos en manifestaciones antifascistas y similares.

En el Estado español los nazis no sólo actúan con una inmunidad insultante, sino que tienen pleno permiso por parte de los perros del Estado para hacerlo. Y no sólo eso, también cuentan con medios de comunicación que justifican sus actos criminales. La burguesía señala y ellos atacan.

Estos actos no pueden pillar por sorpresa a nadie, es una consecuencia inevitable de años y años justificando agresiones, señalando a inmigrantes como delincuentes, propagando el discurso fascista en portada, y un largo etcétera por el cual los medios de comunicación son responsables del crecimiento del fascismo y la normalización de su discurso por parte de la sociedad.

La burguesía ha apostado todo por el fascismo, y lo vemos cada día con este tipo de acciones. Han puesto todo su esfuerzo por desviar la atención de los problemas reales de la clase obrera tratando de que esta se centre en problemas irreales que nada tienen que ver con la clase obrera, como lo es la inmigración.

La socialdemocracia, ante esto, actúa como cómplice de los fascistas, pues la policía que hace oídos sordos ante los criminales actos de los fascistas es competencia de “el gobierno más progresista de la historia”, además de la inanición que muestran personalmente ante estos actos.

La única salida ante el imperante crecimiento del fascismo en nuestra sociedad es plantarle cara de forma clara, concisa y sin dudar de nuestro propósito: terminar con la lacra fascista y acabar con la burguesía que lo financia. El socialismo es la única manera de lograr nuestro objetivo y terminar de una vez por todas con este sistema criminal.

Desde el PCOE hacemos un llamamiento a todas las asociaciones vecinales, organizaciones antifascistas, trabajadores, estudiantes y a todas las personas antifascistas en general a organizarse en torno al Frente Único del Pueblo para crear una fuerza unida que plante cara al fascismo y construya una alternativa real para los trabajadores.

CONTRA EL FASCISMO, ¡NI UN PASO ATRÁS!

Comité Local del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid

A finales de 1966, Ernesto Che Guevara abandonó Cuba para luchar en la vanguardia del movimiento guerrillero en el sudeste boliviano. Después de siete meses de combates – desde marzo a octubre del año siguiente – fue herido y apresado. Tras su captura y posterior asesinato a manos de militares bolivianos y en presencia de un agente de la CIA el 9 de octubre de 1967, en La Higuera (Bolivia), durante la dictadura de René Barrientos, aliado de Estados Unidos, el imperialismo pensaba que la voluntad del Che desaparecería al igual que su persona. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Como relató el periodista Jon Lee Anderson: “Si el cuerpo del Che había desaparecido, su espíritu estaba vivo; estaba en ninguna parte y en todas”.

Eso nos lleva a la actualidad, donde su figura, símbolo de la lucha armada, revolucionaria e internacionalista contra el imperialismo y por la liberación del proletariado mundial, no puede ser sino denostada por la burguesía en su descarado revisionismo histórico al objetivo de socavar la lucha de clases y acercar a la clase trabajadora a posturas conciliadoras con la dictadura del capital o hacia el fascismo. En esta batalla ideológica, a la que no dudan en sumarse medios afines a la reacción española como El Español, Libertad Digital o el ABC, ha destacado el acto de la criminal golpista de Bolivia Jeanine Áñez Chávez homenajeando a los militares que asesinaron al Che en la ciudad de Santa Cruz.

“La lección que dimos los bolivianos al mundo, con la derrota y muerte de Che Guevara en Bolivia, es que la dictadura comunista aquí no tiene paso, ni la comunista ni la fascista ni la populista, ninguna dictadura pasará ni echará raíces en esta nación”, dijo la presidenta no electa que tomó el poder tras el golpe de Estado a Evo Morales.

Como sabemos, quienes insisten en colocar en el mismo nivel comunismo y fascismo demuestran su esencia puramente fascista. En palabras de Thomas Mann: “Quien insiste en esta equiparación puede considerarse un demócrata, pero en verdad y en el fondo de su corazón es en realidad ya un fascista, y desde luego sólo combatirá el fascismo de manera aparente e hipócrita, mientras deja todo su odio para el comunismo”.

Nuevamente, y en esta ocasión en Bolivia, se demuestra que las crisis del mundo descansan sobre una contradicción fundamental: imperialismo o socialismo; la guerra de clases entre la burguesía y el proletariado. Con la batalla ideológica, política y militar, la burguesía busca detener la imparable rueda de la historia, que avanza hacia el socialismo.

No es de extrañar que un régimen como el boliviano realice esta clase de actos anticomunistas, pues su gobierno actual es fruto de un golpe militar y policial perpetrado contra el presidente constitucional – Juan Evo Morales Ayma – con el apoyo del imperialismo estadounidense y de sus lacayos de la OEA. Los sectores oligárquicos del país vulneraron por completo la voluntad del pueblo. Desde la usurpación del poder por parte de Jeanine Áñez dio comienzo una campaña de persecuciones, agresiones y asesinatos contra el pueblo trabajador, al mismo tiempo que los crímenes racistas contra la comunidad indígena no han dejado de aumentar. Todo ello con el objetivo de impedir que los países latinoamericanos logren librarse de las cadenas del imperialismo y de la burguesía, y puedan desarrollar la lucha por la única y verdadera democracia; la dictadura del proletariado.

El socialismo del siglo XXI, completamente antimarxista – protagonizado, principalmente, por Evo Morales, Nicolás Maduro y Rafael Correa – ha demostrado que no es lo mismo estar en el Gobierno que estar en el poder. El Estado tiene una esencia y un carácter de clase. El Estado burgués, mientras que no haya un salto cualitativo y revolucionario, se mantendrá siempre en favor de la burguesía y sus políticas irán en contra del pueblo trabajador. El socialismo del siglo XXI trata de alcanzar una democracia «participativa y directa» pero siempre en los márgenes de la dictadura del capital y, por ende, del modo de producción capitalista que implica la subyugación y explotación de la inmensa mayoría de la sociedad a costa de los privilegios de una minoría. Hoy, con las injerencias imperialistas no sólo en Bolivia, sino en otros países latinoamericanos como Venezuela y Ecuador, el socialismo del siglo XXI se ha visto desbordado y plasma a la perfección la inutilidad de tratar de alcanzar el comunismo mediante la coexistencia pacífica con la burguesía. Son, en definitiva, lo que Lenin calificó en su día como socialpacifistas, socialistas de palabra y pacifistas pequeño-burgueses de hecho.

En palabras del propio Che: “Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que las convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad […] No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico así, ¡nada!”.

¡El fascismo no pasará!

¡Abajo el imperialismo criminal!

Madrid, 16 de octubre de 2020

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

Con el inicio del curso académico se vuelve a comprobar de qué lado está y a qué clase defiende a capa y espada este Gobierno, tanto el Autonómico como el Gobierno Central. Estamos viendo cómo las medidas adoptadas en los centros de estudio de Andalucía frente al COVID-19 son totalmente insuficientes, haciendo que vivamos una vuelta al cole sin prevención alguna. Los gobiernos han dejado en las manos de sus centros la -casi- total gestión de la pandemia con unos recursos tan limitados que no pueden satisfacer las necesidades mínimas del pueblo.

Así lo ha expresado el profesorado, denunciando la falta de competencias en aspectos como la prevención de riesgos laborales, la salud, además de la falta de recursos económicos. También se muestra en las dificultades para mantener la distancia de seguridad, las condiciones higiénicas exigidas o para llevar el control de los posibles casos de COVID-19, como denuncian los docentes andaluces.

Tal y como se señala en la anterior noticia, según una encuesta realizada por el CSIF “solo el 20,77% del profesorado ha podido realizar desdobles de grupos”, mostrando la falta tanto de profesores como de espacios en los centros educativos, siendo imposible mantener unos ratios de alumnos adecuados. Esto ha llevado al gobierno a adoptar una medida sanguinaria contra los profesores, que no es ni más ni menos que la supresión del Máster de Formación del Profesorado (MFP), antes necesario para ejercer la docencia. En vista de que falta profesorado para la situación que vivimos, el Estado ha decidido que no será necesario el MFP para ejercer la docencia, haciendo que las condiciones de los trabajadores sean aún más precarias, se desdoble la explotación y puedan echarlos de una patada cuando les plazca, pues dichos profesores solo podrán ejercer la docencia mientras dure la pandemia, es decir, podrán ejercer hasta que al Estado le plazca. Es tal la situación de falta de profesores que algunos colegios, como el colegio Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre, en Málaga, piden que “Infantil no acuda a clase por falta de profesores”; o los alumnos del instituto Drago de Cádiz, los cuales demandan un descenso del ratio de alumnos.

La realidad es que existe una brecha digital, consecuencia del cada vez mayor empobrecimiento de la población, que quedó latente en la primera ola de COVID-19. Esto no puede pasar por alto teniendo en cuenta que 4 de cada 10 familias no puede llevar a cabo su enseñanza online, no puede pasar por alto teniendo en cuenta que un 10% del presupuesto (135.000.000 euros) recortado a las universidades andaluzas será destinado, en parte, a financiar la RTVA y a uno de sus mejores adalides, Bertín Osborne. Mientras que sectores como el de la educación o la sanidad pública se ven faltos de recursos económicos, los gobiernos dedican gran parte de los recursos económicos en salvar a los empresarios, como las ayudas que se ofrecen a los comercios de ocio nocturno e infantil para pagar los alquileres de los locales. Una vez más somos testigos directos de lo que representamos para los capitalistas, para el Estado y el sistema: mera mercancía totalmente reemplazable. Con todo esto comprobamos, una vez más, que el problema principal no es la gestión del capitalismo, pues aunque nos gobiernen los más progresistas de la historia seguimos estando en la misma -o mayor- situación de miseria, el problema es el capitalismo en sí, de donde radican todos los males de la sociedad.

Otro de los grandes males que sufre el estudiantado es concretamente el de la Formación Profesional (FP), ya que deben pasar un periodo de prácticas en una empresa del sector de la formación profesional que el alumno o alumna haya estudiado. Este periodo de prácticas, según el Gobierno Andaluz, tendrá una flexibilidad de horarios, aunque no hay más ciego que el que no quiere ver, pues el problema principal no son los horarios sino las prácticas como método de esclavitud asalariada más sanguinaria, donde los jóvenes sin experiencia laboral se someten a un trabajo que desarrollan gratuitamente, es decir, el 100% de la productividad del estudiante en prácticas se la llevará el capitalista. En cuanto cumpla el contrato en prácticas, en vez de renovar al joven en su formación laboral, se deshacen de él y meten en ese sumidero de explotación a nuevos jóvenes en prácticas. ¿De quién deben ser, si no de los trabajadores, las empresas que con sudor y lágrimas levantan? ¿A quién tiene que pertenecer, si no a los trabajadores, la producción que con esfuerzo y sufrimiento crean, mientras el capitalista se adueña de ella? La pregunta realmente es: ¿A quién tiene que pertenecer todo, si no a los trabajadores, si somos los trabajadores quienes todo lo creamos?

Como protesta a la situación que se está dando en la educación pública, varias organizaciones, principalmente Marea Verde, han llevado a cabo varias concentraciones y manifestaciones. Estas organizaciones se centran en exigir medidas para una vuelta segura y en pedir la unidad de los diferentes colectivos y sindicatos para defender la educación pública. Las críticas en las concentraciones de Andalucía se han centrado en el gobierno autonómico, estando ausentes las críticas al gobierno central, esto se debe a que detrás de Marea Verde están los oportunistas de Unidas Podemos y Anticapitalistas, quienes forman parte de la misma.

Aunque gracias a los medios de comunicación parezca que estas movilizaciones han tenido éxito, lo cierto es que solo una parte muy pequeña de la comunidad educativa las ha secundado, mostrando una vez más cómo los oportunistas no son capaces de llegar a los profesores ni a los padres y madres de la clase trabajadora, en este caso para defender la educación pública. Esto se debe a que en sus discursos en ningún momento dan una solución real para el pueblo trabajador, ya que se limitan a defender la educación pública, pasando por alto el principal culpable de la mala situación de ésta, que es el sistema capitalista. Provocando, finalmente, que la clase trabajadora se desmovilice, al no ver una solución a sus problemas.

Desde el PCOE hacemos un llamamiento a madres y padres, docentes de todos los niveles, estudiantes y al resto de las clases populares a unir nuestras fuerzas contra el enemigo común, ese mismo enemigo que divide a la clase trabajadora en mil y una luchas, que nos atomiza; ese mismo enemigo que nos exprime hasta las últimas de nuestras energías, ese mismo que nos explota diariamente y hace de nuestro trabajo su paraíso. Ante esta situación, no nos queda otra que organizar la fuerza que derrumbará este viejo mundo, putrefacto y moribundo, en el Frente Único del Pueblo para construir una nueva vida, un nuevo mundo donde la explotación del hombre por el hombre no tendrá cabida, un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Célula Iosif Stalin de Sevilla

Denunciamos anteriormente cómo las autoridades fascistas de la Junta de Andalucía necesitan mantener el mismo instrumento que utilizó el gobierno del PSOE para promocionar su cortijo durante 40 años. Y es que el fin último es beneficiar a los amos de ambas patas (“izquierda” y derecha) del régimen en Andalucía: empresarios, banqueros y terratenientes.

Los terratenientes, una clase parasitaria de origen feudal, de lo más reaccionario de la burguesía del Estado español, ha de recurrir a una visión del mundo aún más arcaica y retrógrada para someter ideológicamente al pueblo trabajador andaluz para que éste no se levante frente al expolio de sus riquezas naturales (especialmente las materias primas) y de su fuerza de trabajo más explotada que el resto del Estado español.

Para ello, Canal Sur ha de recurrir a los tópicos más repugnantes propios  de la dictadura franquista, exaltando el papel de la Iglesia, el Ejército y la “fiesta nacional”, las corridas de toros.

Así nos encontramos con la transmisión el pasado 4 de junio del funeral en la Catedral de Sevilla en homenaje a las víctimas del Covid. En pleno siglo XXI no tenemos suficientes enfermeros ni médicos, ¡pero sí tenemos curas y pompas para implorar por las almas de los fallecidos! No tendremos materiales ni recursos suficientes para el personal sanitario, ni consultas ni tratamientos para curar enfermedades ¡pero tenemos “Misa de Réquiem en re menor” de Mozart para curar el alma!

Decía el arzobispo de la Diócesis de Sevilla, Juan José Asenjo: “muchos de nosotros, aturdidos por la magnitud de la tragedia, hemos llorado por los muertos, solidarios con sus familias, llenos de temor por los enfermos, rezando por el personal sanitario, con medios escasos y mucha generosidad, como otros servidores públicos, militares y civiles“.  En Andalucía, los trabajadores hemos de recurrir al crucifijo y el rezo para combatir enfermedades que hoy deberían estar erradicadas, pero los ricos, ellos sí, no quieren renunciar a la más avanzada tecnología para curarse a través de sus seguros privados.

A Canal Sur no se le caen los anillos al promocionar entre los niños el arte de matar animales por diversión, como parte de las pocas actividades “culturales” que se han organizado en la feria de Jaén. Palabras textuales del reportero de Canal Sur sobre el terreno: “el ayuntamiento de Jaén ha programado distintas actividades culturales como […] actividades para los más pequeños. Hoy, esta tarde, hay un teatro infantil […] Esta mañana se ha desarrollado un tentadero público con alumnos de la escuela de tauromaquia de Jaén, y también en los próximos días se van a celebrar, por ejemplo, tres corridas, una de ellas de rejones”.

Y como colofón, para celebrar el “día del Pilar”, el bufón de la corte Juan y Medio se ha sumado a la propaganda del criminal y fascista del ejército de la Legión en su centenario. En la situación de gravísima crisis económica, política y social que vive el régimen capitalista, es necesario lavar la imagen de las fuerzas de represión ante los más que probables estallidos sociales. La propaganda quiere colarnos que hacen misiones humanitarias bajo el “credo legionario” que incluye “legionarios a luchar, legionarios a morir”.

Este bufón, que habla por boca del señorito andaluz al que representa, también nos recuerda la conmemoración de la clausura, tal día como hoy, de la Expo 92, en la que, según él “no hicimos nada y lo pasamos de lujo”.

Para el PCOE en Andalucía, el pueblo trabajador andaluz podrá ser libre de verdad, en todos los sentidos, también en el espiritual, cuando tome el control de las riquezas que deben ser patrimonio colectivo pues se generan sólo con el trabajo colectivo. Entonces no habrá freno para el desarrollo material, social, cultural y espiritual de todo el pueblo andaluz. Acabaremos con las clases parasitarias explotadoras y, por tanto, con su cultura, ideas y tradiciones ancladas en el medievo.

Pero para tumbar a los terratenientes dueños de los latifundios andaluces, unidos en su interés de clase con las burguesías madrileña, vasca, y catalana, fusionados como monopolios a través del Estado español, hemos de unirnos al resto de clases trabajadoras de todo el país. Pues hoy, bajo la fase imperialista, no es posible la autodeterminación ni siquiera de nacionalidades históricas como Catalunya y Euskal Herria. Hoy, sólo el Socialismo, sin ninguna etapa intermedia, puede traer la emancipación y liberación de todos los proletarios del Estado español y del mundo.

Por el levantamiento y la liberación del pueblo trabajador

Por la unidad de la clase obrera del Estado español

Por la construcción de la República Socialista

Sevilla, a 12 de Octubre de 2020

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en Andalucía

Durante la última etapa del pasado curso académico vimos cómo, tras la suspensión de las clases presenciales, todos los niveles educativos mostraron graves deficiencias en el desarrollo de la enseñanza. Los medios telemáticos que tanto publicitó la Generalitat no funcionaron y el personal docente tuvo que improvisar para desarrollar este tipo de tareas, demostrando el gobierno valenciano una total ignorancia, si no un absoluto desinterés, sobre la situación de los hogares de la clase obrera.

El pasado 4 de mayo, Manuel Castells, Ministro de Universidades, afirmaba que “la brecha digital es un mito” y que el 91,4% de los hogares españoles disponían de un ordenador. Rápidamente, la información del propio INE dejaba en ridículo a Manuel Castells ya que, según datos de 2019, tan solo el 80,9% de los hogares cuenta con algún tipo de ordenador. Teniendo en cuenta que este porcentaje contabiliza las tablets y otro tipo de ordenadores que, si bien pueden acceder a Internet y tienen funcionalidades compatibles con las tareas de la docencia, no cuentan con las múltiples funcionalidades que tan solo son compatibles con ordenadores portátiles o de sobremesa, por no hablar de los ordenadores obsoletos “incompatibles” con el seguimiento y realización de algunas tareas.

La tan cacareada autonomía de los centros y de las universidades se mostró entonces como es: que cada uno/a haga lo que pueda con lo que tiene, porque no le vamos a dar más que migajas y así ha seguido desde entonces. De nuevo veíamos cómo los gestores de las universidades públicas se convertían en pollos sin cabeza a la hora de tomar medidas, dejando a cada profesor/a “a su libre consideración” pero imponiendo de facto, de manera atropellada e ignorando a la representación sindical, una docencia y evaluación online improvisadas, de dudosa eficacia docente y que situaba tanto a profesores/as como a estudiantes en la más absoluta inseguridad jurídica.

Tras un final de curso lleno de decisiones más que deficientes y con un apoyo nulo, el inicio del nuevo curso 2020-2021 nos deja un panorama más lamentable todavía. A un mes de empezar el curso, la mayoría de comunidades autónomas y hogares desconocían qué medidas se implantarían, si se desdoblarían las clases y cursos saturados, si se reforzarían las plantillas docentes, de limpieza, de comedor, qué infraestructuras se utilizarían…

A día de hoy, ya iniciado el curso, la ley establecida por la Generalitat Valenciana ha sido la del “sálvese quien pueda”. Si bien teóricamente se han establecido medidas como la reducción del número de alumnos/as por clase, los grupos “burbuja”, la obligación de una distancia interpersonal mínima, medidas de higiene extra o las entradas, salidas y recreos “escalonados”, Todo ello lo han tenido que decidir docentes especialistas en matemáticas, física, educación física, inglés o lengua … sin ningún tipo de capacitación en lo referente a tratamientos ni gestiones sanitarias: es necesario y urgente la incorporación de personal sanitario perteneciente a la consellería de Sanitat que ayude y coordine todo el proceso.

La pregunta es, ¿cómo las pretenden implementar? Con institutos saturados con hasta 30 alumnos/as por aula porque no existen infraestructuras para más, con docentes que semana a semana superan de largo sus horas laborales establecidas con trabajo extra no remunerado, con unos niveles de sobreexplotación y precariedad incompatibles con la conciliación familiar y laboral que tan solo consiguen dificultar a las familias las entradas y salidas de sus hijos y un largo etcétera de problemas de los que la educación pública ya “gozaba” mucho antes de que la COVID-19 entrara en escena, ¿cómo se piensa asumir las nuevas medidas? La respuesta es clara, recaerá sobre los centros, el profesorado y los padres y madres, mientras la Generalitat se lava las manos responsabilizando a las familias del estado de salud de sus hijas e hijos.

La principal medida, la bajada de la ratio por aula hasta 23 alumnas/os para infantil y primaria y 25 alumnas/os para secundaria, deja patente la manera en la que la Generalitat Valenciana insulta la inteligencia de la comunidad educativa. En primer lugar porque solo descarga la ratio 2 alumnos por aula en primaria y 5 en secundaria en los centros saturados (según los datos de 2019 la ratio media en primaria e infantil era de 20,6 alumnos/as y en secundaria de 24,9). Pero es que además estamos viendo como la mayoría de institutos de secundaria se han visto obligados a impartir la mitad de las clases (con asistencia en días alternos), reduciendo drásticamente la instrucción del alumnado que no lo puede pagar fuera de la institución pública: otra tirita bienintencionada para un sistema que se desangra.. Esto muestra cómo, quienes de nuevo pagarán los platos rotos de esta gestión serán los colegios e institutos más saturados y con menores recursos, aquellos donde se matriculan las/os hijas/os de la clase trabajadora, que no cumplen las ratios y que se ven  obligados a utilizar la semipresencialidad por turnos rotatorios en casa y en el centro a fin de suplir la falta de recursos humanos y materiales. Los institutos de secundaria, que largo tiempo atrás se transformaron en centros de abandono escolar donde desechar a los hijos e hijas del proletariado más precario, verán multiplicados sus problemas para abordar y evitar el “fracaso escolar”, al igual que para atender a aquellas/os alumnas/os con necesidades educativas especiales, es decir, aquellas/os que el capitalismo considera “no rentables”, cuya atención recae casi en exclusiva sobre la enseñanza pública.

Las universidades valencianas, por su parte, han aplicado medidas arbitrarias y claramente insuficientes marcadas por la imposición de una política de “coste 0” que impide la necesaria contratación de nuevo profesorado y personal técnico, el refuerzo de los raquíticos Servicios de Prevención o el de los imprescindibles servicios de limpieza. La imposibilidad presupuestaria para desdoblar grupos de teoría y/o prácticas limita las medidas a las recomendaciones genéricas de uso de la mascarilla en todo momento o mantenimiento de 1,5 m de distancia interpersonal excepto para los laboratorios de prácticas, auténticos generadores de contactos estrechos. Contradictoriamente, la presencialidad es obligatoria en la mayoría de casos, eso sí, en función de los aforos de las aulas, imponiendo a profesores/as y estudiantes un absurdo sistema que llaman “dual” en que parte del alumnado (si realmente acude) atenderá la clase en el aula mientras el resto debe seguir la retransmisión de la misma en directo.

Con todavía menos ayudas, pero con las mismas tasas y exigencias para el alumnado, esta situación, sumada al paro y la precariedad galopantes desencadenados por un capitalismo en crisis estructural agudizada por la pandemia de COVID-19, hace que muchos hijos e hijas de la clase trabajadora hayan tenido que abandonar su formación universitaria por no poder hacer frente a los pagos de las matrículas, tasas o gastos relacionados.

Todas estas medidas reflejan la ineficiencia de los gestores políticos del capitalismo para atender a las necesidades de la inmensa mayoría social, su total despreocupación por la situación del proletariado y el quebrado modelo educativo del capital. El sistema educativo capitalista es tan solo otra herramienta de la burguesía a fin de inocular al proletariado con su ideología, de desechar y jerarquizar a los hijos e hijas de la clase trabajadora dentro de cada una de las enseñanzas en función de las necesidades, trabajos y funciones que el sistema productivo capitalista tiene asignado para ellas y ellos, mientras introduce ideología burguesa a fin de combatir la conciencia de clase y la organización obrera, desde la asignatura de Historia hasta asignaturas relacionadas con el comportamiento en los centros de trabajo o el emprendimiento empresarial, todas cumplen su función.

El sistema educativo no es más que el reflejo del quebrado y agonizante capitalismo y de sus Estados, quienes ya antes de la COVID-19 y con la aceleración que ésta ha provocado, ven en sus horizontes otra crisis económica que no deja de ser la cola de la misma crisis que ya viéramos iniciarse en 2008, y van allanando el terreno a una nueva ola de recortes sociales que dejarán la educación pública todavía más precarizada y sobresaturada de lo que ya hoy día está.

Ante esta situación, todos los partidos políticos del arco parlamentario agacharán la cabeza y reformularán leyes y medidas para una “mejor enseñanza”, puede que incluso un “Pacto Social por la Educación”, pero sin cambiar la base, cambiarlo todo para que nada cambie. El sistema educativo capitalista nos aboca a una vida de servidumbre intelectual e ideológica, así como a un individualismo y competitividad contrarios a los intereses de la clase obrera y resto de sectores populares. Debemos combatir el individualismo y la servidumbre con una educación de clase, pero de clase proletaria, y para ello tan solo cabe la organización popular en los centros de estudio, con el estudiantado en solidaridad con el profesorado y viceversa.

¡Organízate contra la educación capitalista y sus medidas que nos abocan a la enfermedad y la ignorancia!

¡Por una enseñanza al servicio del pueblo trabajador, exclusivamente pública, científica y sin copagos!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) Comité del País Valencià

10 de octubre de 2020

“Necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación”

Karl Marx

El PCPE i el PCOE davant la tornada a classe al País Valencià i la incapacitat del “Govern del Botànic”

Durant l’última etapa del passat curs acadèmic vam veure com, després de la suspensió de les classes presencials, tots els nivells educatius van mostrar greus deficiències en el desenvolupament de l’ensenyament. Els mitjans telemàtics que tant va publicitar la Generalitat no van funcionar i el personal docent va haver d’improvisar per a desenvolupar aquest tipus de tasques, demostrant el govern valencià una total ignorància, si no un absolut desinterés, sobre la situació de les llars de la classe obrera.

El passat 4 de maig, Manuel Castells, Ministre d’Universitats, afirmava que “la bretxa digital és un mite” i que el 91,4% de les llars espanyoles disposaven d’un ordinador. Ràpidament, la informació del mateix INE deixava en ridícul a Manuel Castells ja que, segons dades de 2019, tan sols el 80,9% de les llars compta amb alguna mena d’ordinador. Tenint en compte que aquest percentatge comptabilitza les tauletes i un altre tipus d’ordinadors que, si bé poden accedir a Internet i tenen funcionalitats compatibles amb les tasques de la docència, no compten amb les múltiples funcionalitats que tan sols són compatibles amb ordinadors portàtils o de sobretaula, per no parlar dels ordinadors obsolets “incompatibles” amb el seguiment i realització d’algunes tasques.

La tan esbombada autonomia dels centres i de les universitats es va mostrar llavors com és: que cadascun/a faça el que puga amb el que té, perquè no li donarem més que engrunes i així ha seguit des de llavors. De nou véiem com els gestors de les universitats públiques es convertien en pollastres sense cap a l’hora de prendre mesures, deixant a cada professor/a “a la seua lliure consideració” però imposant de facto, de manera atropellada i ignorant a la representació sindical, una docència i avaluació online improvisades, de dubtosa eficàcia docent i que situava tant a professors/as com a estudiants en la més absoluta inseguretat jurídica.

Després d’un final de curs ple de decisions més que deficients i amb un suport nul, l’inici del nou curs 2020-2021 ens deixa un panorama més lamentable encara. A un mes de començar el curs, la majoria de comunitats autònomes i llars desconeixien quines mesures s’implantarien, si es desdoblegarien les classes i cursos saturats, si es reforçarien les plantilles docents, de neteja, de menjador, quines infraestructures s’utilitzarien…

Hui dia, ja iniciat el curs, la llei establida per la Generalitat Valenciana ha sigut la del “salve’s qui puga”. Si bé teòricament s’han establit mesures com la reducció del nombre d’alumnes/as per classe, els grups “bambolla”, l’obligació d’una distància interpersonal mínima, mesures d’higiene extra o les entrades, eixides i esbarjos “escalonats”, Tot això ho han hagut de decidir docents especialistes en matemàtiques, física, educació física, *ingés o llengua … sense cap mena de capacitació referent a tractaments ni gestions sanitàries: és necessari i urgent la incorporació de personal sanitari *pertenenciente a la conselleria de *Sanitat que ajude i coordine tot el procés.

La pregunta és, com les pretenen implementar? Amb instituts saturats amb fins a 30 alumnes/as per aula perquè no existeixen infraestructures per a més, amb docents que setmana a setmana superen de llarg les seues hores laborals establides amb treball extra no remunerat, amb uns nivells de sobreexplotació i precarietat incompatibles amb la conciliació familiar i laboral que tan sols aconsegueixen dificultar a les famílies les entrades i eixides dels seus fills i un llarg etcètera de problemes dels quals l’educació pública ja “gaudia” molt abans que la *COVID-19 entrara en escena, com es pensa assumir les noves mesures? La resposta és clara, recaurà sobre els centres, el professorat i els pares i mares, mentre la Generalitat es llava les mans responsabilitzant a les famílies de l’estat de salut de les seues filles i fills.

La principal mesura, la baixada de la ràtio per aula fins a 23 alumnes/us per a infantil i primària i 25 alumnes/us per a secundària, deixa patent la manera en la qual la Generalitat Valenciana insulta la intel·ligència de la comunitat educativa. En primer lloc perquè només descarrega la ràtio 2 alumnes per aula en primària i 5 en secundària en els centres saturats (segons les dades de 2019 la ràtio mitjana en primària i infantil era de 20,6 alumnes/as i en secundària de 24,9). Però és que a més estem veient com la majoria d’instituts de secundària s’han vist obligats a impartir la meitat de les classes (amb assistència en dies alterns), reduint dràsticament la instrucció de l’alumnat que no el pot pagar fora de la institució pública: una altra tireta benintencionada per a un sistema que es dessagna.. Això mostra com, els qui de nou pagaran els plats trencats d’aquesta gestió seran els col·legis i instituts més saturats i amb menors recursos, aquells on es matriculen les/us filles/us de la classe treballadora, que no compleixen les ràtios i que es veuen  obligats a utilitzar la *semipresencialidad per torns rotatoris a casa i en el centre a fi de suplir la falta de recursos humans i materials. Els instituts de secundària, que llarg temps arrere es van transformar en centres d’abandó escolar on rebutjar als fills i filles del proletariat més precari, veuran multiplicats els seus problemes per a abordar i evitar el “fracàs escolar”, igual que per a atendre a aquelles/us alumnes/us amb necessitats educatives especials, és a dir, aquelles/us que el capitalisme considera “no rendibles”, l’atenció dels quals recau quasi en exclusiva sobre l’ensenyament públic.

Les universitats valencianes, per part seua, han aplicat mesures arbitràries i clarament insuficients marcades per la imposició d’una política de “cost 0” que impedeix la necessària contractació de nou professorat i personal tècnic, el reforç dels raquítics Serveis de Prevenció o el dels imprescindibles serveis de neteja. La impossibilitat pressupostària per a desdoblegar grups de teoria i/o pràctiques limita les mesures a les recomanacions genèriques d’ús de la màscara en tot moment o manteniment de 1,5 m de distància interpersonal excepte per als laboratoris de pràctiques, autèntics generadors de contactes estrets. Contradictòriament, la presencialitat és obligatòria en la majoria de casos, això sí, en funció dels aforaments de les aules, imposant a professors/as i estudiants un absurd sistema que anomenen “dual” en què part de l’alumnat (si realment acudeix) atendrà la classe a l’aula mentre la resta ha de seguir la retransmissió de la mateixa en directe.

Amb encara menys ajudes, però amb les mateixes taxes i exigències per a l’alumnat, aquesta situació, sumada a l’atur i la precarietat galopants desencadenats per un capitalisme en crisi estructural aguditzada per la pandèmia de *COVID-19, fa que molts fills i filles de la classe treballadora hagen hagut d’abandonar la seua formació universitària per no poder fer front als pagaments de les matrícules, taxes o despeses relacionades.

Totes aquestes mesures reflecteixen la ineficiència dels gestors polítics del capitalisme per a atendre les necessitats de la immensa majoria social, la seua total despreocupació per la situació del proletariat i el fet fallida model educatiu del capital. El sistema educatiu capitalista és tan sols una altra eina de la burgesia a fi d’inocular al proletariat amb la seua ideologia, de rebutjar i jerarquitzar als fills i filles de la classe treballadora dins de cadascuna dels ensenyaments en funció de les necessitats, treballs i funcions que el sistema productiu capitalista té assignat per a elles i ells, mentre introdueix ideologia burgesa a fi de combatre la consciència de classe i l’organització obrera, des de l’assignatura d’Història fins a assignatures relacionades amb el comportament en els centres de treball o l’emprenedoria empresarial, totes compleixen la seua funció.

El sistema educatiu no és més que el reflex de la fracció i agonitzant capitalisme i dels seus Estats, els qui ja abans de la *COVID-19 i amb l’acceleració que aquesta ha provocat, veuen en els seus horitzons una altra crisi econòmica que no deixa de ser la cua de la mateixa crisi que ja vérem iniciar-se en 2008, i van aplanant el terreny a una nova ona de retallades socials que deixaran l’educació pública encara més *precarizada i sobresaturada del que ja hui dia està.

Davant aquesta situació, tots els partits polítics de l’arc parlamentari acatxaran el cap i reformularan lleis i mesures per a un “millor ensenyament”, pot ser que fins i tot un “Pacte Social per l’Educació”, però sense canviar la base, canviar-lo tot perquè res canvie. El sistema educatiu capitalista ens aboca a una vida de servitud intel·lectual i ideològica, així com a un individualisme i competitivitat contraris als interessos de la classe obrera i resta de sectors populars. Hem de combatre l’individualisme i la servitud amb una educació de classe, però de classe proletària, i per a això tan sols cap l’organització popular en els centres d’estudi, amb l’estudiantat en solidaritat amb el professorat i viceversa.

Organitza’t contra l’educació capitalista i les seues mesures que ens aboquen a la malaltia i la ignorància!

Per un ensenyament al servei del poble treballador, exclusivament pública, científica i sense copagaments!

10 d’octubre de 2020

Comité Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol (PCOE) a València

Partit Comunista dels Pobles d’Espanya (PCPE) Comité del País Valencià

“Necessitem una altra educació per a una altra societat i una altra societat per a una altra educació”

Karl Marx