El pasado día 10 de noviembre se celebraron las segundas elecciones generales de este año 2019, la repetición de los comicios del pasado 28 de abril los cuales dejaron unos resultados con los cuales el partido más votado, el PSOE, fue incapaz de conformar un gobierno.

Se llegó al 10 de noviembre en una situación de ingobernabilidad, de crisis política más aguda de la que ya existía en abril, tras la sentencia contra los políticos independentistas catalanes, así como los reveses en materia judicial y de derechos políticos que está recibiendo el Estado desde organismos internacionales y otros estados europeos. Asimismo, la situación económica continúa empeorando, con una deuda pública en septiembre de 1,207 billones de euros; donde las instituciones capitalistas, y los monopolios, corrigen a la baja el crecimiento del PIB español en sus previsiones, tanto para este año como los años siguientes, y donde los medios de comunicación del capital advierten que el cada vez menor crecimiento del PIB es fruto de un ‘dopaje’, señalando que en realidad el PIB se encuentra estancado, puesto que ese crecimiento se sostiene como consecuencia del endeudamiento, con lo que la bola de la deuda pública sigue haciéndose de unas dimensiones superiores, alcanzando al 99% del PIB, llevando al Estado a una situación económica de bancarrota.

La precariedad laboral y la temporalidad cada día son mayores, de tal modo que el empleo que se crea es trabajo basura que condena al trabajador a la pobreza, y el paro en el último trimestre – agosto, septiembre y octubre – ha crecido en casi 226.000 trabajadores más. La Seguridad Social presentó en 2018 un saldo negativo de 18.286,46 millones de euros, un 1,52% del PIB, y el fondo de reserva de la seguridad social para las pensiones, la que denominan hucha de las pensiones, la han dilapidado los gobiernos de PP y PSOE en compra de deuda pública. Otros indicadores, como que el déficit de la balanza comercial española en 2018 creció hasta la cifra de 36.399,4 millones de euros, la grave situación de la industria en España, cada vez menor, retrocediendo a pasos agigantados fundamentalmente en el sector minero-metalúrgico; por no hablar del campo, donde la política imperialista de la UE tiene como efecto el incremento del latifundio en ambas Castillas, Andalucía y Extremadura, provocando un incremento de los flujos migratorios del agro a la ciudad, de tal modo que una parte del estado español se queda vacía a la par que en las ciudades el incremento de la mano de obra hace que los empresarios tiren todavía más por tierra las condiciones de los trabajadores, a la par que un puñado de familias terratenientes parasitan y se lucran con las subvenciones europeas y estatales al objeto de mantener baldías las tierras.

Esta situación del estado español converge con una situación crítica del imperialismo a nivel internacional, donde existen múltiples factores de incertidumbre económica que muestran su putrefacción y descomposición: Una política monetaria del BCE y de la FED que han generado burbujas de deuda que están al borde de estallar, y que dejarán a múltiples estados en la quiebra, descollando ahí a la criminal potencia norteamericana; el Brexit; la desaceleración económica mundial donde ya incluso los propios analistas económicos capitalistas no pueden negar la inminente recesión mundial, para 2020 o 2021, y donde incluso muchos de estos analistas advierten del fin del capitalismo.

Este escenario en el terreno de la economía, estos elementos que hemos desgranado harán que la situación económica de España empeore todavía más, de tal modo que según los propios capitalistas, la UE exige al nuevo gobierno que resulte un recorte del gasto público superior a los 12.000 millones de euros para el año 2020. Esta situación de crisis económica es la que tendrá que abordar el nuevo gobierno que se conforme.

La crisis económica desencadenó la crisis política hace ya más de una década, habiéndose exacerbado todas las cuestiones no resueltas, o cerradas en falso, por la burguesía, como son la cuestión nacional – fundamentalmente en Cataluña y País Vasco -, la cuestión de la tierra latente en Andalucía, Extremadura y Castilla y la putrefacción propia del capitalismo monopolista, destruyendo el sector productivo, fundamentalmente la industria, y apostando por la especulación y la internacionalización de las empresas al objeto de sacar los capitales del país para aumentar sus tasas de plusvalías sobreexplotando al proletariado de otros estados del mundo.

Con este cuadro, la burguesía lo ha apostado todo al fascismo, a la exacerbación del nacionalismo español, con el objetivo de confrontar a los pueblos de las distintas naciones que componen el Estado, desviando a la clase obrera de la lucha de clases al objeto de dividirla y someterla a los intereses de la burguesía monopolista españolista.

Tras la moción de censura, el tablero político se escoró, todavía más hacia la extrema derecha. De tal modo que, por un lado, el PSOE hizo que la ‘izquierda’ del sistema abrazara la política reaccionaria del Gobierno de Rajoy tanto en el aspecto económico, como en el aspecto político. Por otro lado, la pata derecha del sistema competía en ver cuál de ellas era más fascista. Con esa dialéctica se llegó a las elecciones de abril de 2019, donde al igual que en las elecciones de noviembre, se han pasado de largo de los verdaderos problemas que acucian a la clase obrera, donde se ha silenciado la bancarrota del Estado, la corrupción, centrando la burguesía la discusión en el principio franquista de la defensa de la unidad de España, enarbolando el nacionalismo para cegar y engañar al pueblo.

La burguesía, a lo largo de esta década, ha demostrado ser muy diestra a la hora de ir sorteando la crisis política en la que se halla inmersa. Ante el agotamiento del sistema bipartidista encarnado en la dupla PP-PSOE, la burguesía ha regenerado, tanto generacionalmente los liderazgos como con la creación de nuevos partidos, al objeto de sustentar un tablero político dividido en una pata “izquierda” y una pata derecha, a efectos de etiquetas pues todos ellos son reaccionarios y defensores del capitalismo monopolista de Estado, con un sistema político totalmente escorado hacia la extrema derecha donde el fascismo está totalmente asimilado y blanqueado, como lo demuestra el tratamiento que el Estado y los medios de manipulación del capital han dado a VOX y como ha quedado demostrado en el juicio contra el procès, donde VOX era acusación particular, o en el traslado de la momia del tirano asesino Franco que no fue más que un nuevo acto de exaltación del fascismo.

La burguesía ha sacrificado ya la falsa dialéctica que estableció tras el 15M de la nueva política versus la vieja política, con el tablero político fijado en la extrema derecha, con el fascismo blanqueado, de poco le sirve ya el engendro de C’s, que seguirá el mismo camino que en su momento siguieron UCD y UPyD.

En las elecciones generales de 2008, el bipartidismo (PP-PSOE) obtuvo, entre ambos, el 83,27% de los votos emitidos, o lo que es lo mismo, 21.567.345 votos. Por el contrario, en las elecciones del pasado 10 de noviembre, con una participación inferior en un 4% a los comicios de 2008, el bipartidismo obtuvo el 44,90% de los votos emitidos, o lo que es lo mismo, 11.772.852 votos, su mínimo histórico desde 2008, obteniendo casi la mitad de los obtenidos en los comicios de 2008. Aunque el bipartidismo vaya retrocediendo en número de votos, no lo ha hecho en porcentaje de voto que, con respecto de abril de 2019 ha repuntado en más de un 3%, pasando del 45,09% de voto que obtuvieron la dupla PP-PSOE en abril de 2019 al 48,32% de noviembre.

El bipartidismo, la fórmula que los herederos de Franco tuvieron para sostener su sistema político desde la muerte del asesino hasta 2011, cuando irrumpió el 15M, apoyándose en la burguesía catalana liderada por el corrupto Pujol y en el PNV, fue remozada ante la crisis política que estalló tras el 15M y la victoria por mayoría absoluta del PP en 2011; mediante la creación de PODEMOS al objeto de suturar la pata izquierda del sistema y relanzando el engendro de C’s para suturar la pata derecha; ahí entraba el nuevo engaño de la burguesía: la nueva política – que en realidad apuntalaba a la vieja política- contra la vieja política, representada por el bipartidismo.

El Referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, sacó a flote la esencia fascista del Estado, situando su sistema político en su justo lugar, en la extrema derecha, como lo corroboró la moción de censura de junio de 2018, donde el PSOE hizo que hasta los independentistas votasen favorablemente las políticas de Rajoy al objeto de echarlo del gobierno pues, el voto a favor de echar a Rajoy en la moción de censura fue, por gracia del PSOE, el voto a favor de la obra de Rajoy, y ahí siguen vigentes la ley mordaza, la reforma laboral, el pensionazo contra los jubilados y los recortes sociales.

Este periodo entre abril de 2019 y noviembre, en el que se ha desarrollado el juicio farsa contra los independentistas catalanes, donde se ha conocido la vergonzosa sentencia contra los presos políticos catalanes así como las sucesivas maniobras judiciales al objeto de negar la participación política de los líderes nacionalistas, donde desde Europa y organizaciones de derechos humanos se ha señalado la naturaleza reaccionaria y antidemocrática, en el sentido burgués, del estado español, mostrándolo como un Estado que no cumple con los cánones “democráticos” que los imperialistas establecen, ha hecho que la burguesía haya subido la apuesta al fascismo.

Tras los resultados electorales de abril, el objetivo de los monopolios era la conformación de un gobierno de PSOE y C’s para tratar de acometer las medidas antiobreras que requieren los intereses de los capitalistas en el momento de descomposición actual. Sin embargo, las contradicciones de C’s, que ha servido sin escrúpulos y sin vergüenza a la banca sosteniendo lo más corrupto en cada momento, así como la esencia fascista de sus dirigentes, hicieron inviable esta maniobra exigida por los monopolios. Ante la falta de utilidad de Cs para los capitalistas, éstos proceden a dar la puntilla a la falsa dialéctica de vieja y nueva política y, en armonía a la radicalización política existente en el país, y tras un concienzudo y planificado blanqueo del fascismo en el juicio del procès y con el acto de exaltación fascista de sacar al asesino del Valle de los Caídos, lo apuesta todo al fascismo, de tal modo que en el Estado español, hoy, el sistema político ha pasado de bipartidista a tres bloques – el bloque abiertamente fascista; el bloque supuestamente de ‘izquierda’ encabezado por el PSOE, un partido tan reaccionario como el PP y, por último, el bloque conformado por las fuerzas políticas nacionalistas e independentistas vascas, catalanas y gallegas.

El PP en el año 2011, cuando consiguió la mayoría absoluta, obtuvo 10.830.693 votos, en los comicios celebrados el pasado domingo 10 de noviembre la suma de C’s, PP y VOX obtuvieron, con un porcentaje casi idéntico de participación que en las elecciones de 2011, 10.297.472 votos, es decir, casi 600 mil votos menos de los que obtuvo el PP en 2011. Si comparamos con los votos obtenidos por la pata derecha del sistema en las elecciones generales de abril de este año, donde sacaron 11.217.410 votos comprobamos que en estos seis meses han perdido cerca de un millón de votos.

Por otro lado, el PSOE en 2008 obtuvo 11.289.335 votos, e IU sacó en dichos comicios 969.946 votos, sumando ambas fuerzas políticas 12.259.281 votos. En las elecciones del pasado 10 de noviembre de 2019 sumando a las diferentes fuerzas políticas que componen el bloque de ‘izquierda’ del sistema – PODEMOS y sus confluencias, el engendro de Errejón y sus confluencias y el PSOE – sumaron 10.427.223 votos, casi dos millones de votos menos que en 2008. En abril de 2019 este bloque sumó 11.217.773 votos, con lo que en estos seis meses han retrocedido prácticamente en 800 mil votos.

De hecho, el bloque fascista, en número de votos, ha retrocedido más en estos seis meses que el bloque de ‘izquierda’ del sistema, de tal manera que la diferencia en abril de 2019 entre estos dos bloques fue de 363 votos a favor de la ‘izquierda’ del sistema por 129.751 votos a favor de la ‘izquierda’ del sistema el pasado 10 de noviembre. Sin embargo, en número de escaños, el bloque de derecha ha subido 4 escaños por los 7 escaños que ha perdido el bloque de la ‘izquierda’ del sistema. Ello se debe a que los fascistas han concentrado su voto en VOX y el PP, unido al efecto de Errejón, que lejos de favorecer al PSOE lo que ha hecho es introducir una mayor fragmentación en el voto de esa supuesta izquierda, beneficiando a PP y VOX.

Por último, el bloque conformado por los partidos independentistas y nacionalistas vascos, catalanes y gallegos sumaron el pasado 10 de noviembre 2.415.602 votos, es decir, 730.762 votos más que en las elecciones generales de 2015, y 30.652 votos más que en abril de 2019.

En estos seis meses, desde el 28 de abril al 10 de noviembre, los firmantes del artículo 155 en Cataluña han perdido 1.680.097 votos mientras que los independentistas han avanzado tanto en número de votos como en escaños en dicho periodo.

Si miramos en términos cualitativos estos resultados, comprobamos que la burguesía está más fraccionada y que la situación política cada día se radicaliza más, tanto en el bloque eminentemente fascista como en el bloque del nacionalismo catalán, vasco y gallego donde las fuerzas abiertamente independentistas cobran más fuerza.

Desde las elecciones generales de 2008, las últimas celebradas antes de los efectos provocados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la participación ha oscilado entre el 68,94% de las generales de 2011 y el 75,75% de las generales del pasado 28 de abril. Este dato quiere decir que la clase obrera participa activamente en las elecciones generales, en contraposición con otro tipo de comicios, como por ejemplo son las elecciones europeas donde la abstención supera el 55%.

Los resultados electorales dejan un panorama político totalmente fragmentado, en una situación de cada vez mayor precariedad del sistema político, donde se agudiza la cuestión nacional catalana y vasca, donde los partidos independentistas se han fortalecido, de tal modo que tendrán más capacidad para la defensa de sus intereses clasistas que cuestionan el principio franquista de la unidad de España e incluso de la monarquía.

Nuestro Partido no considera que las elecciones burguesas sean la forma en la que la clase obrera accederá al poder, de hecho, las experiencias históricas nos muestran sin margen alguno para la duda, que el proletariado únicamente podrá conseguir su emancipación social, únicamente podrá conquista el poder político de manera revolucionaria.

Estas elecciones generales del 10 de noviembre han sido una continuación de las del pasado 28 de abril, y han servido al Partido para seguir dándonos a conocer entre la clase obrera, para fortalecer la organización y para que nuestros camaradas no sólo hayan podido trasladar nuestra visión revolucionaria y nuestro programa a un número importante de trabajadores y mostrarles la suciedad y la faz antidemocrática y reaccionaria del Estado, sino que también les ha servido para templarse y forjarse como cuadros, para saber leer la psicología de la clase y tratar de elevar esa psicología en conciencia de clase. También ha servido para que los camaradas conozcan la forma de actuar del Estado, y la suciedad que encierra el proceso electoral, fundamentalmente en las provincias de Albacete y Tarragona, donde nuestros camaradas han comprobado, en sus propias carnes, como esas Juntas Electorales Provinciales actuaron maniobreramente para impedir que hubieran candidaturas del PCOE, en Albacete porque supuestamente faltaban 14 firmas, a pesar que nos anularon más de un 20% de los avales recabados y que el funcionario se mostró ante nosotros en términos abiertamente anticomunistas en la entrega de los avales y en Tarragona escamoteando dos días en la rectificación de avales.

La expansión del Partido nos ha permitido presentarnos en A Coruña, Lugo, Castellón, Teruel, Guadalajara, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Córdoba, Segovia y Murcia – y aunque no hemos conseguido presentarnos en otras circunscripciones, sí hemos trabajado para ello en Barcelona, Granada, Toledo, Tarragona, Madrid, Albacete o Pontevedra, por citar algunas provincias -, de tal modo que la presencia del partido en estas elecciones ha crecido en cuatro circunscripciones con respecto de abril y se ha multiplicado prácticamente por cuatro en comparación con las anteriores elecciones generales de 2016. Es por este desarrollo del Partido, unido al incremento de la participación, por la que el voto al PCOE ha seguido creciendo.

El Comité Ejecutivo del PCOE valora positivamente el resultado que arroja a nuestra organización estos procesos electorales del 28 de abril y del 10 de noviembre pues lo ha fortalecido organizativa e ideológicamente; lo ha promocionado entre el pueblo trabajador y ha servido para hacerlo crecer también cualitativa y numéricamente y establecer las condiciones para que el Partido se desarrolle y se multiplique por nuevas provincias en las que, hasta hace poco, no teníamos organización. Por todo ello, la prioridad del Partido pasadas ya las elecciones del 10 de noviembre no es otra que ajustar las estructuras organizativas del mismo al crecimiento que estamos experimentando, seguir desarrollando el partido tanto cuantitativamente como cualitativamente. Para el PCOE la prioridad fundamental hoy es desarrollar la organización y llevar a cabo una lucha sin cuartel contra el capitalismo monopolista de Estado, fundamentalmente, en el terreno ideológico.

Asimismo, queremos destacar que en las 12 provincias en las que hemos concurrido, hemos sido el partido comunista más votado, por encima de otros partidos que también se autodenominan comunistas; de tal modo que el PCOE ha sido el partido comunista más votado en Galicia, Andalucía o en la Región de Murcia. Por otro lado la realidad, nuevamente, ha desenmascarado caretas oportunistas y la superchería de algunos que pretenden arrancar obreros hacia la socialdemocracia con el aplauso y el apoyo de algunos partidos comunistas del mundo que hacen injerencia en el movimiento comunista español, fraccionándolo, los cuales, a pesar de presentarse en más circunscripciones han retrocedido en número de votos.

Sin duda, en el estado español se dan las condiciones para que emerja con fortaleza un partido revolucionario, un partido marxista-leninista. Máxime ante la contradicción que se le abre al sistema en caso de prosperar el gobierno que pretenden llevar a cabo PSOE y PODEMOS. Un acuerdo de gobierno anunciado justo dos días después de la celebración de las elecciones al objeto de tratar de esquivar las resistencias que los esbirros fascistas tanto del bloque conformado por PP-VOX-Cs como de dentro de las propias filas del PSOE, hecho que evidencia, no sólo la debilidad con la que será alumbrado dicho gobierno, sino que para la burguesía un gobierno de reaccionarios y oportunistas ya no les sirve, de hecho no les sirve otra cosa que no sea el fascismo. Nuestro Partido es consciente que ante este escenario, el periodo que se abre es de desarrollo del Partido que hoy es una necesidad para los trabajadores y que es el arma sublime del proletariado para organizarse, para acabar con el capitalismo y para construir el socialismo.

Bajo el marco del capitalismo y del poder del estado de los capitalistas el pueblo trabajador no tiene más salida que el hambre, la opresión, la represión, la explotación y la muerte, por ello, objetivamente, no hay más salida que la Revolución Socialista, el socialismo, y que el poder esté en manos del Proletariado y su estado. Por ello, el Partido Comunista Obrero Español continuará trabajando con la clase obrera, en los centros de trabajo, en el campo, en los barrios, en la construcción de órganos de poder popular del proletariado, uniendo las luchas de los distintos sectores del proletariado en una única lucha contra el capitalismo (Frente Único del Pueblo), uniendo al sindicalismo de clase al objeto de que en el Estado se constituya una alternativa sindical de clase que aglutine a todo el sindicalismo de clase bajo la bandera de la FSM y uniendo a los comités de empresa, delegados y trabajadores para conseguir que en sus manos esté la producción (ACDT). En este sentido, el PCOE continuará, en virtud a nuestras fuerzas y grado de desarrollo, luchando por el Socialismo y por acabar con el capitalismo y su estado criminal, que niega el derecho a la autodeterminación de la nación catalana, vasca y gallega, que niega la tierra a los campesinos, que niega la democracia a los trabajadores y los despoja de todo derecho y los condena a la explotación y represión más descarnada, el paro y la miseria. Nadie vendrá a liberarnos pues la emancipación del proletariado sólo puede ser obra suya, armado de su partido, el Partido Comunista Obrero Español.

Ante la agudización de la crisis del capitalismo, es momento de redoblar los esfuerzos para llegar a los obreros, jornaleros, jubilados, mujeres, estudiantes, en definitiva, a todos los sectores del proletariado y conseguir que hagan suya la política del PCOE, pues únicamente son ellos organizados bajo una dirección revolucionaria, los que podrán llevar a término la misión que nos tiene encomendada la Historia: Mandar al capitalismo al estercolero de la Historia y construir el Socialismo.

 

Les diferents accions i reivindicacions convocades pels CDR i Tsunami democràtic continuen desenvolupant-se gairebé diàriament tot i que ja fa un mes que es coneix la sentència del procés. La desobediència a la Junta Electoral, celebrant actes lúdico-polítics a la jornada de reflexió, va inaugurar un nou cicle de mobilitzacions, boicots i talls de carreteres, sent el més important el tall de l’AP-7 a la Jonquera, la frontera de França amb Catalunya, al qual va haver d’intervenir personalment la policia francesa per a desallotjar als manifestants. L’endemà, el tall va retrocedir fins al tram de l’AP-7 de Salt (Girona), al qual es bifurca el trànsit (especialment concorregut) cap a Barcelona o França. Allà, tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Nacional van reprimir sense miraments als manifestants. Es van veure escenes de veritable terror quan, un cop ja no existia cap tall, els antiavalots entraren al poble en cerca de manifestants, apuntant directament pilotes de gomes contra aquests i inclús pujant als autobusos a fer identificacions. Aquest nou cicle de mobilitzacions continua avui dia als carrers de Barcelona.

Tota reivindicació nacional es vertebra amb els interessos de la burgesia, no obstant és fals que el moviment independentista actual estigui exclusivament mogut per interessos nacionalistes, com també ho és la creença que la lluita per l’existència d’un estat català neixi amb Convergència o ERC. La reivindicació independentista sempre ha estat present al si de Catalunya i és una qüestió democràtica no resolta dins de tantes altres dins l’Estat espanyol.

En el context de fallida de l’economia capitalista i en concret amb la crisi econ mica que arrasa des del 2007 a les potències imperialistes europea i nord-americana, l’Estat espanyol es veu forçat a materialitzar unes retallades als pressupostos que, d’una banda empobreixen les ja de per si precàries condicions de vida de la classe treballadora i altres classes populars, així com a una reforma laboral criminal que rendeix enterament la classe treballadora als peus de la burgesia; per d’altra banda, també es comencen a deteriorar el privilegi de la burgesia catalana, la qual no aconsegueix imposar els seus interessos davant la negativa de l’Estat a acceptar un nou Estatut, el qual va ser, en termes del feixista Alfonso Guerra, «cepillado». En aquest context, els partits representants de la burgesia catalana decideixen reactivar i encoratjar la qüestió nacional entroncant amb el profund allunyament de la societat amb l’Estat.

L’actual moviment independentista a Catalunya va néixer com una reivindicació portada a terme per diverses entitats culturals i partits burgesos catalans que exigien un referèndum d’autodeterminació i que anaven plantant parades a diversos pobles i ciutats de Catalunya per a difondre el seu prop sit. Evidentment aquests partits no operaven obertament amb aquest moviment, sinó que ho feien a través de les seves diverses organitzacions, com per exemple la Joventut Nacionalista de Catalunya (joventuts en aquell moment de Convergència i actualment de PdeCAT). D’aix fa gairebé deu anys. Després de la conferència Nacional per l’Estat Propi, el 2012 es funda Assemblea Nacional Catalana (ANC), els textos fundacionals de la qual ja deixaven palès com els processos que es dugueren a terme a les antigues repúbliques soviètiques per a integrar-se al model capitalista després de la desintegració de l’URSS, eren un referent per a aconseguir el seu dret a l’autodeterminació. Així d’idealistes eren les seves motivacions, que creien que l’imperialisme europeu i nord-americà havia defensat aquest dret i que faria el mateix amb Catalunya. Per aquells temps tant Convergència com ERC començaren a donar suport obert al moviment per l’autodeterminació de Catalunya i la posaren com a prioritat a la seva agenda política.

A partir d’aquí es desenvolupa un procés que porta de la mà a les institucions catalanes, és a dir, institucions sota control de l’Estat espanyol, amb el moviment social al carrer i que ha donat lloc a manifestacions més multitudinàries dels últims anys a Catalunya. És per aquesta raó que la carta d’utilitzar les institucions per a canalitzar el conflicte s’han acabat cremant i cap partit (com a representants de la burgesia que només rendeixen comptes a les seves institucions, com la Generalitat o el Parlament Europeu, i no als moviments populars) ha sabut estar a l’altura de les demandes d’un moviment rupturista. I és rupturista en la mesura que es sosté sobre un dret democràtic d’una nació a l’interior d’un Estat que no és democràtic burgès, sinó feixista.

Així doncs, la distància entre el marc institucional i les accions socials s’han incrementat a mesura que s’anaven organitzant moviments que responen a la necessitat de protegir-se de les agressions de l’Estat. L’exemple més clar són els CDR, que van néixer com a Comitès en Defensa del Referèndum i han acabat com a Comitès en Defensa de la República.

Tot i que els mitjans de comunicació del capital intenten seguir vinculant els actes reivindicatius duts a terme pels CDR i Tsunami Democràtic amb els partits polítics independentistes, la realitat és que existeix una fractura entre ambdós. En primer lloc perquè és el govern de JxCat i ERC els que envien als cossos policials de Mossos a reprimir als manifestants, ja sigui a les mobilitzacions de la setmana del 14 d’octubre o als talls de carreteres com l’esmentat de la Junquera, entre el passat dilluns 11 i dimarts 12 de novembre. En segon lloc, aquests partits criminalitzen a gran part dels manifestants i els titllen de violents. Si aix fos degut al fet que la Generalitat juga a dues bandes, no serien tan durs a l’hora de reprimir ni tan contundents quan criminalitzen, ja que clarament no els hi sortiria a compte. Ja durant la setmana que es conegué la sentència del procés, en una de les manifestacions de la plaça d’Urquinaona (Barcelona), es va expulsar Gabriel Rufian (ERC) per traïdor a causa d’unes declaracions seves en contra dels aldarulls d’aquells dies. Com a exemple, sense anar més lluny, a la manifestació del 14 de novembre de Jardinets de Gràcia (Barcelona) va confluir-hi dues manifestacions: l’una de caràcter obertament independentista, i l’altra per a demanar l’alliberament i no deportació d’un ciutadà immigrant anomenat Ayoub, detingut injustament aquests dies. El final del manifest que es va llegir a la segona es mencionava que cap partit independentista posa solució al problema i ambdues manifestacions es van fondre en un aplaudiment general.

Que tan ERC com la CUP treguin rèdit electoral no vol dir que guardin un control o que vagin directament de la mà de les accions populars. Indiscutiblement, dins dels CDR i Tsunami es troben simpatitzants, votants i militants de partits independentistes. No hi ha dubte que aquests partits utilitzen aquests moviments socials com el seu propi front de masses per a dur a terme el seu programa polític. Aix no obstant, el fastig i la decepció amb aquests representats polítics de la burgesia que van prometre una República que no han sigut capaços ni tan sols d’intentar-ho, condueix a una fallida entre el moviment popular i les institucions, que temen que tot s’escapi de les seves mans. Entitats que sempre han estat a disposició dels partits burgesos com Associació de Municipis per la Independència (que va formar part de Junts pel Sí a les eleccions auton miques de 2015) van crear fa poc l’Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT), una sort d’invent desesperat dels rgans de dominació burgesos catalans per a portar al moviment independentista de nou al seu terreny i allunyar-lo de la lluita al carrer. I és que la burgesia tem a l’organització popular, i tem qualsevol moviment que transcorri al marge dels seus interessos la desbordi de tal manera que la lluita abandoni el terreny eminentment burges manifestat en el xoc entre sobiranistes i unionistes i aquesta es vagi transformant qualitativament en lluita de classes contra el capitalisme. De fet la lluita ja està virant, una lluita on el poble cada cop s’allunya més del control d’unes institucions corrompudes i reaccionàries.

Si existeix una baula més feble dins de l’imperialisme d’EE UU i Europa aquests és l’Estat espanyol, que pel seu caràcter reaccionari i feixista queda lligat a una superestructura que volgut homologar-se amb la resta d’Estats d’Europa i que, tanmateix, no ha tingut el mateix desenvolupament sota el domini del règim burgès. I si a més existeix una baula encara més feble dins d’aquest, aquesta és Catalunya, el lloc on l’Estat ha mostrat la seva pitjor cara reprimint amb brutalitat a un moviment de caràcter pacifista, negant-se a buscar una sortida política del conflicte i judicialitzant tot el procés, deixant en evidència la inseparabilitat entre els poders executiu i judicial de l’Estat espanyol, demostrat, a més, la incapacitat de l’Estat feixista espanyol per a solucionar la qüestió nacional catalana, basca i gallega. Fa només una setmana, abans de les eleccions, Pedro Sánchez treia la cara dient que la Fiscalia obeïa ordres del govern per a immediatament després haver de rectificar i aclarir la seva autonomia. L’última volta de rosca repressiva la veiem en el fet que el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón pretén investigar per terrorisme els aldarulls i talls arran de la sentència del procés, emulant així l’abjecte macro sumari 18/98 (dut a terme pel també abjecte Baltasar Garzón, el del «tot és ETA») del País Basc.

Davant d’aquesta situació, els i les comunistes no ens podem quedar de braços plegats davant l’onada repressiva perpetrada per l’Estat espanyol, negant de facto drets tan bàsics com el de manifestació o de reunió. És per aix totalment necessari teixir llaços de solidaritat i suport amb la resta de l’Estat en un front únic i ampli contra el feixisme i per la llibertat de tots els presos polítics, unint totes les lluites del poble en una única lluita de classes contra el capitalisme monopolista i el seu Estat, responsable de tots els mals que pateix el poble, amb l’objectiu de derrocar el capitalisme i construir el socialisme, que és l’única manera amb què el proletariat i les classes populars sotmesa per la burgesia es puguin emancipar, que alhora és l’única manera amb què les nacions que componen l’Estat puguin exercir plenament els seus drets democràtics, que és l’única manera de trencar amb el jou del feixisme i fer que la classe obrera pugui ser amo del seu destí, del seu futur.

Las diferentes acciones y reivindicaciones convocadas por los CDR y Tsunami Democràtic continúan desempeñándose casi a diario pese a que ya hace un mes que se conoce la sentencia al procès. La desobediencia a la Junta Electoral, celebrando actos lúdico-políticos en la jornada de reflexión, inauguró un nuevo ciclo de movilizaciones, boicots y cortes de carreteras, siendo el más importante el corte de la AP-7 en la Jonquera, la frontera de Francia con Catalunya, en el que tuvo que intervenir personalmente la policía francesa para desalojar a los allí manifestados. Al día siguiente, el corte retrocedió hasta el tramo de la AP-7 de Salt (Girona), en el cual se bifurca el tráfico (especialmente concurrido) hacia Barcelona o Francia. Allí, tanto los Mossos d’Esquadra como la Policía Nacional reprimieron sin miramientos a los manifestantes. Se vieron escenas de verdadero terror cuando, una vez ya no existía corte alguno, los antidisturbios entraron en el pueblo en busca de manifestantes, apuntando directamente pelotas de goma contra los mismos e incluso subiendo a los autobuses a hacer identificaciones. Este nuevo ciclo de movilizaciones continúa a día de hoy en las calles de Barcelona.

Toda reivindicación nacional se vertebra con los intereses de una burguesía, sin embargo es falso que el movimiento independentista actual esté única y exclusivamente movido por intereses nacionalistas, como también lo es la creencia de que la lucha por la existencia de un estado catalán nazca con Convergència o ERC. La reivindicación independentista siempre ha estado presente en el seno de Catalunya y es una cuestión democrática no resuelta dentro de tantas otras en el Estado español.

En el contexto de bancarrota de la economía capitalista y en concreto con la crisis económica que azota desde 2007 a las potencias imperialistas europea y norteamericana, el Estado español se ve forzado a materializar unos recortes presupuestarios que, por un lado, depauperan las ya de por sí precarias condiciones de vida de la clase obrera y demás clases populares, así como a una reforma laboral criminal que rinde enteramente a la clase trabajadora a los pies de la burguesía; pero por otro también empiezan a deteriorar privilegios de la burguesía catalana, la cual no logra imponer sus intereses ante la negativa del Estado a aceptar el nuevo Estatut, el cual fue, en términos del fascista Alfonso Guerra, “cepillado”. En ese contexto, los partidos representantes de la burguesía catalana deciden reactivar y alentar la cuestión nacional entroncando con el profundo desapego de la sociedad con el Estado.

El actual movimiento independentista en Catalunya nació como una reivindicación llevada a cabo por diversas entidades culturales y partidos burgueses catalanes que exigían un referéndum de autodeterminación y que iban plantando paradas en diversos pueblos y ciudades de Catalunya para difundir su propósito. Evidentemente dichos partidos no operaban abiertamente junto a este movimiento sino que lo hacían a través de sus diversas organizaciones, como por ejemplo la Joventut Nacionalista de Catalunya (juventudes en ese momento de Convergència y actualmente de PdeCAT). De esto hace casi más de diez años.

Tras la Conferència Nacional per l’Estat Propi, en 2012 se funda la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en cuyos textos fundacionales ya dejaban patente cómo los procesos que llevaron a cabo las antiguas repúblicas soviéticas para integrarse en el modelo capitalista tras la desintegración de la URSS eran un referente para alcanzar su derecho a la autodeterminación. Así de idealistas eran sus motivaciones, que creían que el imperialismo europeo y norteamericano había defendido dicho derecho y que haría lo mismo con Catalunya. La por entonces Convergència y ERC ya empezaron a dar un apoyo abierto al movimiento por la autodeterminación de Catalunya y ponen dicha cuestión en lo alto de su agenda política.

A partir de aquí se desarrolla un proceso que lleva de la mano a las instituciones catalanas, es decir, instituciones bajo el control del Estado español, con el movimiento social en la calle y que ha dado lugar a las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años en Catalunya. Es por esta razón que la carta de utilizar las instituciones para canalizar el conflicto se ha acabado quemando y ningún partido (como representantes de la burguesía que son rinden pleitesía a sus instituciones como la Generalitat o el Parlamento Europeo y no a los movimientos populares) ha sabido estar a la altura de lo que demandaba un movimiento rupturista, habiendo sido desbordados por el pueblo. Y es rupturista en medida de que se sustenta sobre un derecho democrático de una nación en el interior de un Estado que no es democrático burgués sino fascista.

Así pues la brecha entre el marco institucional y las acciones sociales se ha ido incrementando a medida que se iban organizando movimientos que responden a la necesidad de protegerse de las agresiones del Estado. El ejemplo más claro son los CDR, que nacieron como Comités en Defensa del Referéndum y que han acabado como Comités en Defensa de la República.

Pese a que los medios de comunicación del capital intentan seguir vinculando los actos reivindicativos llevados a cabo por los CDR y Tsunami Democràtic con los partidos políticos independentistas, la realidad es que existe una fractura entre ambos. En primer lugar porque es el gobierno de JxCat y ERC los que envían a los cuerpos policiales de los Mossos a reprimir a los manifestantes, ya sea en las movilizaciones que se llevaron a cabo la semana del 14 de octubre o bien en los cortes de carreteras como el mencionado de la Junquera entre el pasado lunes 11 y martes 12 de noviembre. En segundo lugar, estos partidos criminalizan a gran parte de los manifestantes y los tildan de violentos. Si esto se debiera a que la Generalitat juega dos bandos, no serían tan duros a la hora de reprimir ni tan contundentes al criminalizar ya que claramente no les saldría a cuenta. Ya durante la semana en que se supo la sentencia del procès, en una de las manifestaciones en la plaza Urquinaona de Barcelona, se expulsó a Gabriel Rufián (ERC) por traidor debido a unas declaraciones suyas en contra los disturbios que acontecieron esos días. Como ejemplo, sin ir más lejos, en la manifestación del 14 de noviembre de Jardinets de Gràcia (Barcelona) confluyeron dos manifestaciones: una de carácter abiertamente independentista y otra para pedir la liberación y no deportación de un ciudadano inmigrante llamado Ayoub, detenido injustamente estos días. El final del manifiesto que se leyó en la segunda se mencionaba que ningún partido independentista pone solución al problema y ambas manifestaciones se fundieron en un aplauso general.

Que tanto ERC como la CUP saquen rédito electoral, no significa que guarden un control o que vayan directamente de la mano de las acciones populares. Indiscutiblemente dentro de CDR y Tsunami se encuentran simpatizantes, votantes y militantes de partidos independentistas. No cabe duda de que estos partidos utilizan o intentan utilizar dichos movimientos sociales como frentes de masas para llevar a cabo su propio programa político. Sin embargo, el hastío y la decepción con estos representantes políticos de la burguesía que prometieron una República que no han sido capaces ni siquiera de intentarlo, conduce a una quiebra entre el movimiento popular y las instituciones que temen todo lo que escape de su cauce. Entidades que siempre han estado a disposición de los partidos burgueses como Associació de Municipis per la Independència (que formó parte de Junts pel Sí en las elecciones autonómicas del 2015) crearon hace poco la Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT), una suerte de invento desesperado de los órganos de dominación burgueses catalanes de llevar al movimiento independentista de nuevo a su terreno y alejarlo de la lucha en la calle. Y es que la burguesía teme a la organización popular y teme cualquier movimiento que transcurra al margen de sus intereses le desborde de tal modo que la lucha abandone el terreno eminentemente burgués manifestada en el choque entre soberanistas y unionistas y ésta vaya transformándose cualitativamente, convirtiéndose en lucha de clases contra el capitalismo. De hecho la lucha ya está virando, manifestándose cada vez de manera más abierta como lucha entre fascistas y antifascistas, una lucha donde la lucha del pueblo cada vez se aleja más del control de unas instituciones corrompidas y reaccionarias.

Si existe un eslabón débil dentro del imperialismo de EEUU y Europa ese es el Estado español, que por su carácter reaccionario y fascista queda anclado a una superestructura que ha querido homologarse al resto de Estados de Europa y que, sin embargo, no ha tenido el mismo desarrollo bajo el dominio del régimen burgués. Y si además existe un eslabón aún más débil dentro de éste, ese es Catalunya, el lugar donde el Estado ha mostrado su peor rostro reprimiendo con brutalidad a un movimiento de carácter pacifista, negándose a buscar una salida política al conflicto y judicializando todo el proceso, dejando en evidencia la inseparabilidad entre los poderes ejecutivo y judicial del Estado español, demostrando la incapacidad del Estado fascista español para solventar la cuestión nacional catalana, vasca y gallega. Hace apenas una semana, antes de las elecciones, Pedro Sánchez sacaba pecho diciendo que la Fiscalía obedecía órdenes del gobierno para inmediatamente después tener que rectificar y aclarar su autonomía. La última vuelta de tuerca represiva la vemos en que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pretende investigar por terrorismo los disturbios y cortes a raíz de la sentencia del procès, emulando así el infame macrosumario 18/98 (llevado por el también infame Baltasar Garzón, el del “todo es ETA”) del País Vasco.

Ante esta situación, los y las comunistas no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la ola represiva perpetrada por el Estado español, negando de facto derechos tan básicos como el de manifestación o de reunión. Es por ello totalmente necesario estrechar lazos de solidaridad y apoyo con el resto del Estado en un frente único y amplio contra el fascismo y por la libertad de todos los presos políticos, uniendo todas las luchas del pueblo en una única lucha de clases contra el capitalismo monopolista y contra su Estado, responsable de todos los males que sufre el pueblo, al objeto de derrocar al capitalismo y construir el socialismo, que es la única manera en que el proletariado y las clases populares sometidas por la burguesía se puedan emancipar, que es la única manera en que las naciones que componen el Estado puedan ejercer plenamente sus derechos democráticos, que es la única manera de romper el yugo del fascismo y hacer que la clase obrera pueda ser la dueña de su destino, de su futuro.

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado a principios de mes la reserva de 48 viviendas protegidas de alquiler en el centro de Madrid para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La concesión obedece a las resoluciones emanadas de la primera reunión de la comisión de Ayudas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, celebrada en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE), y se circunscribe en el proyecto de reserva de viviendas del Plan PIVE regional para familias de agentes.

Los cuerpos represivos del Estado burgués tendrán el privilegio de gozar su derecho a la vivienda, que bajo el capitalismo no se garantiza para todos los seres humanos, por tan solo 280 euros mensuales. Dichas viviendas sociales se encuentran en Lavapiés, zona cuyo techo tiene un coste medio de 14.62 euros por metro cuadrado, según la media del portal de venta y alquiler de pisos Idealista. Díaz Ayuso justifica semejante servicio a sus cuerpos represivos como medida para reconocer “la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

La concesión de la presidenta regional cumple un objetivo: contentar a su burocracia de control y sometimiento del orden para que sus agentes elijan a la Comunidad de Madrid como destino y así paliar un déficit de 2.500 efectivos. O, dicho de otra manera, para reforzar el aparato represivo estatal entrenado para servir a los intereses de la burguesía sin dudar en actuar por la fuerza en situaciones de desorden y, así, funcionar como su brazo ejecutor.

La ausencia del derecho a la vivienda es el principal obstáculo de bienestar de la clase trabajadora. La medida de Díaz Ayuso es una clara representación del carácter falaz de la legalidad instaurada por la burguesía. Por mucho que lo defienda la sacrosanta Constitución Española, la realidad demuestra que el derecho a la vivienda está subordinado a los intereses del capital y se queda en mero papel mojado para el proletariado. En Madrid, para encontrar pisos de 40 metros cuadrados a partir de 700 euros, los obreros debemos asumir que no encontraremos vivienda a no ser que busquemos en la periferia. En la Comunidad de Madrid, el precio del alquiler se ha disparado y hoy es el epicentro de desahucios en el Estado español.

El Ejecutivo regional argumenta que el alto coste de la vida en muchos municipios de la Comunidad de Madrid es un gran inconveniente para los agentes, ignorando y menospreciando, por supuesto, el empobrecimiento del resto de la sociedad. Los monopolios y el capital financiero saquean con impunidad al pueblo, explotándolo sin miramientos, y estos políticos corruptos a su servicio agasajan a los aparatos represivos de la dictadura del capital, de este criminal sistema de explotación que condena todos los años en España a miles de obreros a la pobreza, al hambre y a la muerte.

En su clásico La cuestión de la vivienda, Friedrich Engels criticó las soluciones propuestas por los reformistas burgueses y pequeñoburgueses sobre el problema en torno al derecho a la vivienda. Esgrimió como argumento central que, en la sociedad capitalista, su inexistencia no es un accidente y es un derecho vital que solo puede ser garantizado con la abolición del orden social que da origen a su incumplimiento. La solución definitiva del problema no pasa por reformas, ni por el cambio de un ministro o de un Gobierno, como pretenden algunos, sino por la muerte del sistema capitalista y la construcción del Socialismo.

La inexistencia del derecho a la vivienda guarda un vínculo fundamental con la etapa del capitalismo ascensional, cuando las masas laboriosas empiezan a desplazarse del campo a las grandes ciudades, a la par que muchos son desalojados de sus viviendas en los centros urbanos por su revalorización. El problema de la vivienda no alude al hecho de que la clase obrera haya vivido siempre en condiciones penosas, en barrios superpoblados, con malas condiciones sanitarias y ambientales, sino, concretamente, a la peculiar intensificación de esas malas condiciones de vida a consecuencia del aumento de las rentas y del hacinamiento, por la súbita afluencia de población a las grandes ciudades. La escasez de vivienda no solo afecta a la clase obrera, sino también a sectores de la pequeña burguesía, y lleva a una infinidad de seres humanos a perderlo todo y a vivir sin un techo bajo el que cobijarse.

Subyacente al problema de la vivienda, existe otro aspecto vinculado con la dinámica de explotación capitalista, que ocasiona que la escasez de viviendas se recree permanentemente. Los distintos ciclos de crisis económicas del capitalismo arrojan periódicamente a la desocupación a millones de proletarios. Muchos no pueden pagar el alquiler y otros muchos pierden sus viviendas. Asimismo, la feroz lucha competitiva del mercado lleva a los capitalistas a aumentar la explotación sin cesar y a pagar un salario inferior al valor de la fuerza de trabajo vendida por el obrero.

Es un hecho que en los países imperialistas, mayormente, existe un número de viviendas superior al conjunto de la población. Residencias que se encuentran desocupadas y a la venta, y que en incontables casos se han construido para destinarlas a la especulación inmobiliaria. En España, hay viviendas suficientes para alojar a todos los individuos y familias. Pero en el capitalismo no se han edificado para satisfacer las necesidades del pueblo, sino para servir como medio lucrativo para la burguesía, al objeto de generar una todavía mayor cuota de beneficio. La especulación de la vivienda es un medio más al disfrute de los capitalistas para apropiarse de toda la riqueza social que puedan. Y, para asegurarse de ello, para salvaguardar la existencia de su criminal sistema de dominación, la burguesía aplica todo el poder represivo de su Estado. La clase obrera solo viviremos en una vivienda digna si destruimos el capitalismo y erigimos de sus cenizas el Socialismo. Y nadie lo hará por nosotros salvo nosotros mismos.

 

¡Por unas condiciones dignas en los centros de día asturianos!
¡Que viva la lucha de la clase obrera!

PCOE en Asturias

 

El Partido Comunista Obrero Español (PCOE) condena el golpe militar y policial perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el presidente constitucional, Juan Evo Morales Ayma. Con el apoyo del imperialismo estadounidense y de sus lacayos de la OEA, los sectores oligárquicos del país han vulnerado la voluntad del pueblo boliviano, que reeligió en las urnas a su presidente legítimo el 20 de octubre.

 

Denunciamos las persecuciones, agresiones y asesinatos contra el pueblo trabajador de Bolivia, así como los ataques y crímenes racistas contra la comunidad indígena. Ante las políticas económicas intervencionistas y soberanistas del Gobierno, la burguesía boliviana lo ha volcado todo a la reacción. Tal es la quiebra del imperialismo hoy, que los capitalistas ya no pueden aguantar siquiera políticas económicas reformistas. La oligarquía boliviana y sus amos de Washington han financiado a grupos terroristas fascistas que promueven el odio, la discriminación y la violencia hacia los campesinos, indígenas y trabajadores humildes afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

El golpe de Estado en Bolivia, que ha causado tres muertos y más de 400 heridos, prueba una vez más que las crisis del mundo descansan sobre una contradicción fundamental: imperialismo o socialismo. Demuestra que estamos ante una guerra de clases entre el proletariado y la burguesía.

Lo que sucede en Bolivia es un ejemplo de que no es lo mismo estar en el Gobierno que estar en el poder. Una revolución está condenada al fracaso cuando confía en las Fuerzas Armadas provenientes de la institucionalidad burguesa y no arma al pueblo. La dimisión del presidente legítimo y el triunfo del golpe de Estado prueba que el denominado “Socialismo del Siglo XXI” debe avanzar hacia el Socialismo real si no quiere que el imperialismo lo asfixie y que la contradicción entre imperialismo y socialismo se resuelva desfavorablemente, en detrimento de la vida de la clase trabajadora. Animamos a nuestros hermanos obreros y campesinos bolivianos a que peleen y defiendan con uñas y dientes sus intereses de clase, a que no bajen la guardia ni le concedan ni un solo respiro a su enemigo antagónico, a la burguesía, que ante la merma de sus intereses ha centrado todos sus esfuerzos y recursos para acabar con el Gobierno soberanista y antiimperialista de Evo Morales.

En un momento histórico de quiebra y agonía del sistema capitalista, la burguesía no duda en apoyarse en el fascismo y en aplicar la violencia más descarnada para proteger sus privilegios. La oligarquía boliviana y el imperialismo no se merecen ni una sola concesión. Lo que merecen es la socialización de sus empresas y bancos. Nosotros, la clase del proletariado, solo podremos acabar con nuestra miseria y vivir en paz si derribamos el caduco sistema capitalista y destruimos el Estado burgués y su burocracia, incluidas sus Fuerzas Armadas y sus cuerpos y fuerzas de represión, para erigir nuestro sistema propio, el Socialismo, y lo defendamos imponiéndole a la burguesía la represión de nuestro nuevo Estado socialista, de nuestra propia dictadura, la dictadura del proletariado, para acabar con su dominación y su existencia como clase.

Desde el Partido Comunista Obrero Español, condenamos enérgicamente el golpe de Estado y reafirmamos nuestro apoyo a la soberanía del pueblo boliviano y a su derecho a decidir sobre su destino sin ser una marioneta del imperialismo estadounidense. Llamamos a la más amplia solidaridad con el presidente legítimo Evo Morales y exigimos el respeto a las decisiones del pueblo boliviano. Animamos a los obreros y campesinos de Bolivia a que se defiendan de las agresiones fascistas e imperialistas y que no capitulen ante el golpe de Estado.

“La bestialidad imperialista; bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy(…). Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fiera sedienta de sangre, que están dispuestas a degollar, asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad(…). No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada”. Ernesto Che Guevara,  discurso de noviembre de 1964.

 

 

El lunes 11 de noviembre se cumplieron 12 años del asesinato de Carlos Palomino a manos del militar nazifascista Josué Estébanez. El joven antifascista se dirigía a una contramanifestación de respuesta a la concentración del partido nazi Democracia Nacional cuando, en la estación de metro de Legazpi, fue asesinado a sangre fría por Estébanez, quien le propinó una puñalada con una navaja de 15 centímetros.

 

La Coordinadora Antifascista y los familiares y amigos de Carlos Palomino convocaron una manifestación para este lunes en recuerdo del militante antifascista, con el objetivo de lanzar el mensaje al estado Español, cómplice del asesinato del joven por su permisividad y blanqueamiento del fascismo, de que el antifascismo ni olvida ni perdona. Los antifascistas no cesaremos en la lucha, recordaremos a todos los caídos a manos del fascismo y seguiremos tomando las calles para denunciar a todos aquellos cómplices directos de la barbarie fascista. Un año más, el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid acudió a la manifestación en memoria de Carlos Palomino.

Hoy nos encontramos inmersos en un momento histórico en el que el Estado español se encuentra en profunda crisis política y económica. Ante las cada vez más exacerbadas contradicciones del sistema, la burguesía aplica sin piedad la violencia represiva fascista en esta mal llamada democracia.

Desde el Partido Comunista Obrero Español, remarcamos la necesidad de combatir el fascismo en las calles y en todos los lugares en los que esté presente y crece con impunidad. Siempre, en contraposición a la socialdemocracia y al oportunismo encabezados por la “izquierda” institucional, que hace gala de un pacifismo y tolerancia hacia el fascismo, permitiendo su legalidad, y cuyos actos entran en abierta contradicción con su cínico e hipócrita “antifascismo”.

Recordamos que fue la permisividad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que autorizó la manifestación nazifascista de aquel 11 de noviembre de 2007 e ignoró y desatendió al joven herido de 16 años, lo que permitió su muerte. Una vez más, queda demostrado el papel histórico de la socialdemocracia como pata izquierda de la dictadura del capital, de blanquear y vender una “cara bonita” del sistema criminal de la burguesía, que aúpa el fascismo en aras de defender sus intereses y privilegios de clase a la mínima señal de organización de la clase obrera. Los comunistas debemos ser implacables con el fascismo y con aquellos que le dan alas. Debemos ser conscientes de que el fascismo y la socialdemocracia que lo blanquea son objetivamente dos caras de una misma moneda, en tanto que son los sostenes necesarios para que la burguesía mantenga su sistema de dominación. Sin el papel activo de estos dos agentes de la burguesía, el capitalismo se encontraría hace tiempo en el vertedero de la historia.

La única manera de acabar con el fascismo es poniendo fin a la raíz del problema: el capitalismo y el Estado burgués que lo impone. La construcción del Socialismo es la única solución que tiene la clase obrera para avanzar hacia una sociedad libre de explotación, de miseria, y por supuesto, de fascismo.

Desde el PCOE, queremos enviar un afectuoso abrazo y nuestras más sinceras y respetuosas condolencias a los familiares y amigos de Carlos Palomino. Su ejemplo pervivirá eternamente entre los antifascistas y nos recordará cada día por qué jamás debemos cesar en la lucha.

 

El Tribunal Constitucional ha avalado el despido objetivo de un trabajador por faltar el 20% o más de días laborables al trabajo de forma justificada durante dos meses, dejando bien claro una vez más que las instituciones judiciales, al igual que el resto de la superestructura del sistema, están incuestionablemente al servicio de la burguesía en su lucha contra el pueblo trabajador para lograr cada día mayores cuotas de explotación.

Esta sentencia responde a una cuestión prejudicial de un juzgado de Barcelona que le consultaba si el artículo 52 apartado D del Estatuto de los Trabajadores se ajusta a la Ley Fundamental. Este punto fue modificado en las dos últimas reformas laborales importantes: la de 2010, hecha por el Gobierno del PSOE, y la de 2012, del Ejecutivo del PP. Ese artículo pretende criminalizar a los trabajadores enfermos mediante el denominado “absentismo laboral” fijando unos umbrales por los que se puede despedir con una causa objetiva —es decir, con una indemnización de 20 días por año trabajado— a un empleado si falta al trabajo el 20% de los días hábiles en un periodo de dos meses o el 25% en cuatro, aunque esas bajas estén justificadas.

La trabajadora faltó al trabajo nueve días de 40. En ocho de ellos, la ausencia estaba justificada por “incapacidad temporal”, es decir, lo que popularmente se llama una baja. En la carta de despido se determina que la trabajadora había faltado el 22,5% de jornadas hábiles entre el 11 de abril y el 17 de mayo de 2016. Y se añade que en el conjunto del año las ausencias habrían ascendido al 7,84%.

El Tribunal Constitucional explica en la sentencia que “el despido lo ha hecho (la empresa) con una finalidad legítima —evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo—, que encuentra fundamento en la libertad de empresa y la defensa de la productividad”. También apunta que “el absentismo conlleva para el empresario un perjuicio de los intereses legítimos, por la menor eficiencia de la prestación laboral de los trabajadores que faltan a su puesto de trabajo de forma incipiente”, basándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este tribunal, al servicio de la burguesía, antepone los intereses empresariales -es decir, los intereses de la burguesía dueña de los medios de producción, de las empresas- a la salud de los trabajadores. Los trabajadores que se pongan enfermos pueden y deben ser despedidos para el Tribunal Constitucional, vulnerando así el derecho a salud de los trabajadores, mostrándose nuevamente la naturaleza criminal del capitalismo.

La burguesía, sin embargo, prefiere pagar los salarios de algunos trabajadores negándoles a éstos el trabajo efectivo -creando el artículo 297 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social sobre la ejecución provisional de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido- para evitar que los sindicalistas represaliados con el despido estén en contacto diario durante toda la jornada laboral con sus compañeros de trabajo, pese a haber ganado en los juzgados de lo Social el juicio contra ese despido demostrándose que, incluso, el sistema subordina sentencias de sus jueces a la represión de la burguesía, represión sindical y política de los empresarios contra los trabajadores y las organizaciones de clase.

Y es que la burguesía sabe muy bien que donde se juega “los cuartos” es, en buena medida, en los centros de trabajo, que es donde los trabajadores viven, tristemente, la mayor parte de su vida y donde sufren las consecuencias de la explotación capitalista de primera. Ahí, en la propiedad del empresario, es donde un comunista también debe demostrar su capacidad política, elevando la conciencia de los compañeros día a día, dirigiendo un frente de masas con una potencia como no hay otro – y no escondiéndose, corrompiendo ideológicamente a los trabajadores y firmando EREs y lo que les pongan por delante los empresarios, como hacen los oportunistas en Telefónica, por ejemplo. En los centros de trabajo es donde la burguesía no puede permitir que se produzca esa elevación de conciencia de la clase trabajadora si quiere sostener la propiedad de los medios de producción, y por ello reprime a estos compañeros, vanguardia de la clase obrera, con el despido y negándoles el trabajo cuando ganan el juicio.

El derecho a la salud de los trabajadores, dice la burguesía con la boca del Tribunal Constitucional y su sentencia, vulnera la productividad de la empresa, pero tener a un trabajador despedido injustamente cobrando su salario sin permitirle trabajar para sostener la represión de los empresarios, no. ¡He ahí un ejemplo de la naturaleza clasista y criminal del capitalismo y su Estado!

Que el capitalismo está en bancarrota es ya un hecho demostrable, como también lo es que todas las leyes aprobadas (Reformas laborales, Ley Mordaza…) nos han dejado como resultado la existencia de un estado fascista totalmente preparado para ser explotado por los políticos a sueldo de la burguesía.

El capitalismo monopolista y su estado no pueden sostenerse ya si no es empleando todas las armas fascistas de las que se ha dotado, y hechos como el del Tribunal Constitucional, avalando el despido por baja laboral, aunque esté justificada y asumiendo que el beneficio de la empresa prevalece frente al derecho a la integridad física o moral de los trabajadores, y a la salud humana así lo demuestran.

La clase burguesa, dueña de los medios de producción, de las empresas que gracias a sus trabajadores producen todo lo necesario para la vida, necesitan y exigen cada vez mayores cuotas de explotación para con sus obreros con el objetivo de acumular mayores ganancias de cara a la crisis cíclica que se aproxima. De esta forma, toda la superestructura de un sistema ya podrido tiende a la reacción más absoluta contra los únicos de los que la burguesía obtiene sus beneficios: los trabajadores.

Y nosotros, la clase obrera, los trabajadores, cada día tenemos una vida más miserable, con mayor inseguridad y precariedad laboral, con menos derechos, menos libertades y menos salario. Ya no podemos ni enfermar si queremos llevar a casa un mal salario. Esta situación no la van a solucionar los partidos políticos de la burguesía (PP, PSOE, Ciudadanos, VOX…) ni tampoco la pequeña burguesía de Unidas Podemos con sus reformas imposibles para un sistema podrido y putrefacto hasta los cimientos. Solo el pueblo trabajador organizado en un Frente Único del Pueblo puede mandar al sistema capitalista que le oprime y explota al estercolero de la historia y crear él mismo el estado socialista, su legítima aspiración política.

 

La clase obrera de Chile se ha levantado contra el implacable yugo del capital. La agudización de las contradicciones del sistema capitalista ha obligado al Estado de la burguesía a intensificar la explotación del proletariado chileno para salvaguardar la dominación de los monopolios nacionales y transnacionales. El momento histórico de decadencia del imperialismo no deja otra alternativa a la burguesía que acelerar el proceso de liquidación de los prácticamente inexistentes derechos de los trabajadores chilenos y agudizar el robo y la esclavitud.

El imperialismo estadounidense, que durante la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) usó a Chile como cobaya para los experimentos neoliberales de Milton Friedman y la Escuela de Chicago, ve como su “milagro económico” se desmorona. Chile posee la distribución de la riqueza más desigual de la OCDE, con las universidades más costosas del continente, con un mercado laboral desregulado, con pensiones de miseria y con un sistema de salud pública quebrado.

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado de Chile se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. El sueldo mínimo es de 301.000 pesos (423 dólares estadounidenses) mientras que la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (562 dólares) al mes, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

Asimismo, la salud pública no es de calidad ni cubre todas las enfermedades, por lo que el 20% de la población se ve obligada a recurrir a la medicina privada. El precio promedio de los medicamentos originales no genéricos es de 28,5 dólares, el más alto de la región, según un estudio hecho por la consultora estadounidense IMS Health (IQVIA) publicado en 2018. Y en cuanto al sistema de pensiones en Chile, consiste en un fondo privado al que aporta el propio trabajador, no los empresarios. Un pensionista chileno recibe un promedio de 286 dólares al mes, muy por debajo de los 423 dólares del salario mínimo.

Las contradicciones del capitalismo en Chile y América Latina

Decía el escritor Eduardo Galeano que “la historia del subdesarrollo de América Latina integra la historia del desarrollo del capitalismo mundial”. Latinoamérica ha sido un foco de la geografía internacional que ha sufrido muchas de las más feroces experiencias de opresión de la historia. Remanso de recursos naturales codiciados por un sinfín de imperios, los países latinoamericanos han sido durante siglos colonias saqueadas por el imperialismo español, portugués, holandés, francés, británico y estadounidense.

Con el avance de la historia y el paso del capitalismo ascensional a capitalismo monopolista, el papel que ha desempeñado América Latina en la dominación del capital la ha convertido en el punto de encuentro de las contradicciones fundamentales del imperialismo. Y estás últimas semanas, en Chile, país cuyo proletariado ha sufrido una de las expresiones más despóticas y desreguladas del emporio de la economía de mercado, con la combinación del fascismo pinochetista y del neoliberalismo impuesto desde Washington, ha estallado una crisis del sistema capitalista, que se encuentra en profunda agonía y decadencia.

En la Universidad Sverdlov, el camarada Iosif Stalin expuso en 1924 las principales contradicciones del capitalismo, exacerbadas a niveles extremos en su fase imperialista:

“Lenin llamó al imperialismo ‘capitalismo agonizante’. ¿Por qué? Porque el imperialismo lleva las contradicciones del capitalismo a su último límite, a su grado extremo, más allá del cual empieza la revolución. Entre estas contradicciones, hay tres que deben ser consideradas como las más importantes.

La primera contradicción es la existente entre el trabajo y el capital. El imperialismo es la omnipotencia de los trusts y de los sindicatos monopolistas, de los bancos y de la oligarquía financiera de los países industriales. En la lucha contra esta fuerza omnipotente, los métodos habituales de la clase obrera –los sindicatos y las cooperativas, los partidos parlamentarios y la lucha parlamentaria– resultan absolutamente insuficientes. Una de dos: u os entregáis a merced del capital, vegetáis a la antigua y os hundís cada vez más, o empuñáis un arma nueva: así plantea la cuestión el imperialismo a las masas de millones de proletarios. El imperialismo lleva a la clase obrera al umbral de la revolución.

La segunda contradicción es la existente entre los distintos grupos financieros y las distintas potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de materias primas, por territorios ajenos. El imperialismo es la exportación de capitales a las fuentes de materias primas, la lucha furiosa por la posesión monopolista de estas fuentes, la lucha por un nuevo reparto del mundo ya repartido, lucha mantenida con particular encarnizamiento por los nuevos grupos financieros y por las nuevas potencias, que buscan ‘un lugar bajo el sol’, contra los viejos grupos y las viejas potencias, tenazmente aferrados a sus conquistas. La particularidad de esta lucha furiosa entre los distintos grupos de capitalistas es que entraña como elemento inevitable las guerras imperialistas, guerras por la conquista de territorios ajenos. Esta circunstancia tiene, a su vez, la particularidad de que lleva al mutuo debilitamiento de los imperialistas, quebranta las posiciones del capitalismo en general, aproxima el momento de la revolución proletaria y hace de esta revolución una necesidad práctica.

La tercera contradicción es la existente entre un puñado de naciones ‘civilizadas’ dominantes y centenares de millones de hombres de las colonias y de los países dependientes. El imperialismo es la explotación más descarada y la opresión más inhumana de centenares de millones de habitantes de las inmensas colonias y países dependientes. Extraer superbeneficios: tal es el objetivo de esta explotación y de esta opresión. Pero, al explotar a esos países, el imperialismo se ve obligado a construir en ellos ferrocarriles, fábricas, centros industriales y comerciales. La aparición de la clase de los proletarios, la formación de una intelectualidad del país, el despertar de la conciencia nacional y el incremento del movimiento de liberación son resultados inevitables de esta ‘política’. El incremento del movimiento revolucionario en todas las colonias y en todos los países dependientes, sin excepción, lo evidencia de modo palmario. Esta circunstancia es importante para el proletariado, porque mina de raíz las posiciones del capitalismo, convirtiendo a las colonias y a los países dependientes, de reservas del imperialismo, en reservas de la revolución proletaria.

Tales son, en términos generales, las contradicciones principales del imperialismo, que han convertido el antiguo capitalismo ‘floreciente’ en capitalismo agonizante”.

En el Estado chileno se concentran las contradicciones fundamentales del imperialismo en un grado significativo. Chile es el avance más destacado del capitalismo monopolista de Estado en el continente latinoamericano. La acumulación de capital ha desarrollado las fuerzas productivas del país y ha creado masas de millones de proletarios. La economía chilena se encuentra en manos de un puñado de empresas y, en dichos monopolios, el proceso de producción es gestionado de principio a fin por obreros. Los burgueses accionistas ya ni siquiera participan en la administración y solo actúan en la extracción de plusvalía. Los monopolios son el germen de las empresas en el Socialismo, donde no existe el carácter privado de la apropiación del trabajo social, donde ya la burguesía no es propietaria de los medios de producción. Bajo la fase actual del capitalismo, las fuerzas productivas están constreñidas, pues más allá del umbral de los monopolios está el modo de producción socialista. El capitalismo monopolista de Estado ha entronado la omnipotencia de los grandes bancos y de las multinacionales y sus patronales en Chile.

Estados Unidos, la potencia imperialista hegemónica en Latinoamérica, impuso en la Chile pinochetista una política económica que redistribuía todavía más la riqueza a favor de la burguesía y de sus monopolios. El Estado chileno, siervo de la Casa Blanca, puso en marcha una multitud de mecanismos para estimular y acelerar el proceso de exportación de capitales, otorgando miles de millones de dólares de dinero público a las empresas para que estas se internacionalizasen y, con ello, se deslocalizara la producción.

Al tiempo que imponía medidas que conducían a redistribuir la riqueza a favor de banqueros y empresarios y facilitar la explotación y el saqueo de los trabajadores, la burguesía chilena y el imperialismo estadounidense se valieron del aparato represivo estatal y, concretamente, de la fuerza militar de la dictadura de Pinochet para reprimir al pueblo que tiempo antes votó en masa y eligió presidente al marxista Salvador Allende, asesinado en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La dictadura de Pinochet fue la criminalización del pueblo ante cualquier acción contra el estado de opresión, explotación y saqueo que la burguesía nacional e internacional imponía con total libertad y que sirvió para desarrollar el capitalismo monopolista de Estado en Chile.

El colapso de la Unión Soviética y del Bloque del Este, unido a las décadas de represión y neutralización de la disidencia en Chile, atomizaron el movimiento obrero y el avance revolucionario del pueblo chileno, concediendo kilómetros de ventaja a la burguesía en la guerra ideológica. Dichos factores permitieron a la burguesía nacional e internacional fortalecer sus posiciones y asegurar sus intereses de clase sin tener que recurrir a una dictadura abierta y facultaron que el Estado chileno heredero de la dictadura adoptase la forma de un régimen aparentemente democrático. Luego, con la profundización y quiebra del imperialismo, la burguesía y su Estado han tenido paulatinamente que avanzar una vez más hacia la reacción, apuntalando el fascismo como forma que adopta la dictadura de la burguesía en este momento histórico.

La crisis en Chile y en otros países latinoamericanos coincide con el momento de debilidad de su dueño y señor explotador, el imperialismo estadounidense, ante el auge de las nuevas potencias imperialistas de los BRICS, encabezadas por China y Rusia. La crisis del liderato monetario de Estados Unidos concurre con la caída de sus reservas petrolíferas y han sido los factores de peso en la actitud y necesidad bélica de la superpotencia imperialista. Lejos de la sedicente lucha por la paz, la libertad y los derechos humanos con las que ha encubierto sus guerras de rapiña, Estados Unidos ha intervenido en más de 70 golpes de Estado para instalar gobiernos títeres y fieles a sus intereses. Ante la crisis de Chile y de sus aliados latinoamericanos, Washington contempla hoy su impotencia y recuerda con nostalgia los tiempos posteriores a la Guerra Fría, en los que fue el imperio y amo absoluto del mundo.

En Latinoamérica, la contradicción entre el capital financiero de Estados Unidos y el de los BRICS, especialmente el de China, se agudiza inexorablemente. La emergencia de las nuevas potencias rusa y china y su deseo de apropiarse de las fuentes de materias primas del continente hasta ahora controladas por Estados Unidos amenaza seriamente los intereses de la superpotencia yankee. La exportación de capital chino a países del ALBA como Venezuela, Nicaragua o Bolivia demuestra la lucha por un nuevo reparto del mundo y revela el debilitamiento del imperialismo estadounidense. Las contradicciones se siguen agudizando y en Latinoamérica se está gestando una guerra interimperialista encaminada a reordenar el mapa político del continente y el sistema económico mundial.

El Estado fascista chileno

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica, es un multimillonario dueño de una de las mayores fortunas de su país, con un capital estimado de 2.700 millones de dólares en 2017, según la revista Forbes. Piñera es la personificación de los monopolios y del capital financiero en Chile, que no duda en sacar los tanques y asesinar a inocentes para proteger sus intereses de clase.

El estado de emergencia, decretado por primera vez desde la dictadura de Pinochet, se ha cobrado 20 muertos, más de 1.000 heridos y 3.300 detenidos. Con los militares y carabineros en la calle, que anunciaron varios toques de queda en distintas ciudades, las imágenes y vídeos de abusos y actos de represión circularon por centenares. Muchas denuncias por violaciones de derechos básicos hacen referencia a lugares que se han convertido en centros de tortura y llegan a tejer un paralelismo entre la situación actual y lo que se vivió durante el gobierno de facto de Pinochet, cuando hubo miles de personas que se convirtieron en “desaparecidos” a manos de las fuerzas de seguridad. En las detenciones, miles de personas gritan su nombre y apellidos al tiempo que el Ejército se los lleva hacia su furgón, por miedo a desaparecer.

Cel@celulapirri

 · 21 oct. 2019

 

En Chile la gente, mientras está siendo detenida, está gritando su propio nombre y dirección por si les desaparecen.
Terrorífico.

Alba Calao@Albacalao1

 

Tremendamente triste. En la dictadura chilena (1973-1990) hubieron miles de desaparecidos y cometieron las torturas más cínicas y obscenas de toda latinoamérica. Por eso gritan sus nombres. Mi pareja está ahí, y estoy cagada de miedo, de rabia y de pena.
Difusión.

 

 

3.253

0:21 – 22 oct. 2019

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La represión encarnizada del Gobierno de Sebastián Piñera pone en evidencia que la dictadura de Pinochet solo cayó en las formas. Al recurrir a las viejas armas que tenía guardadas desde los tiempos del dictador, el Estado ha desvelado que los cimientos políticos, jurídicos y legales sobre los que se sostiene la República de Chile no se corresponden a los de una estructura de poder de una democracia burguesa.

Conviene recordar las palabras de Dimitrov en su informe ante en VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista en 1935:

“El desarrollo del fascismo y la propia dictadura fascista revisten en los distintos países formas diferentes, según las condiciones históricas, sociales y económicas, las particularidades nacionales y la posición internacional de cada país. En unos países, principalmente allí, donde el fascismo no cuenta con una amplia base de masas y donde la lucha entre los distintos grupos en el campo de la propia burguesía fascista es bastante dura, el fascismo no se decide inmediatamente a acabar con el parlamento y permite a los demás partidos burgueses, así como a la socialdemocracia, cierta legalidad. En otros países, donde la burguesía dominante teme el próximo estallido de la revolución, el fascismo establece el monopolio político ilimitado, bien de golpe y porrazo, bien intensificando cada vez más el terror y el ajuste de cuentas con todos los partidos y agrupaciones rivales, lo cual no excluye que el fascismo, en el momento en que se agudezca de un modo especial su situación, intente extender su base para combinar –sin alterar su carácter de clase– la dictadura terrorista abierta con una burda falsificación del parlamentarismo”.

En Chile, la economía, la judicatura, los medios de comunicación, la Policía y el Ejército son herederos de la dictadura de Pinochet. A lo largo de los últimos años, el Estado burgués chileno ha sido capaz de mantener una falsa apariencia de democracia porque las contradicciones todavía se encontraban a un nivel de inmadurez que permitía al Estado sofocarlas y contenerlas, pero nunca resolverlas, sin tener que verse obligado a emplear toda la maquinaria represiva que le permite la legalidad fascista. Sin embargo, el alza del boleto de metro ha sido la gota que ha colmado el vaso, el cambio cuantitativo que ha provocado un gran salto cualitativo de un problema de fondo, de una contradicción más profunda que va más allá de la subida de una tasa. Ha explotado en una crisis que amenaza con romper las costuras del Estado al servicio del imperialismo. Las protestas han forzado a la burguesía a apostarlo todo a la reacción, al fascismo, para contener las reivindicaciones del pueblo chileno y proteger los intereses de sus monopolios y sus bancos. Piñera ha desvelado la verdadera naturaleza del Estado chileno: un régimen fascista.

Movimiento Politico de Resistencia@smolny7

 

 

Vídeo para saber lo que es la violencia y el terrorismo de Estado: un militar chileno le dispara a quemarropa a un joven indefenso

 

 

43

11:03 – 23 oct. 2019

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El pueblo chileno ha salido a la calle a desatar toda la ira contenida que ha generado la violencia estructural, cotidiana e invisible de la explotación capitalista. Los trabajadores y estudiantes han respondido con la violencia a la que les ha ido sometiendo la burguesía todos los días de sus vidas. Una respuesta cuyas dimensiones se han intensificado tras la despiadada e inmisericorde brutalidad de los cuerpos policiales y militares.

La violencia del oprimido, legítima y motor de cambios sociales y revoluciones, que tiene su origen y parte de la violencia del opresor, nunca ha sido, es, ni será equiparable a la violencia del Estado de la burguesía chilena y de sus monopolios. Una violencia nace como respuesta de la otra. Por mucho que los medios de comunicación del capital criminalicen las protestas y pongan al mismo nivel la brutalidad de los cuerpos represivos del Estado con la respuesta del pueblo, la violencia de la clase obrera chilena nace por necesidad, porque sus carceleros no les dejan ninguna vía alternativa real, y no existiría de no ser por la fuerza bruta de la burguesía y de su dictadura del capital.

Alina Duarte@AlinaDuarte_

 

 

En Valparaíso:

 

 

5.080

22:07 – 22 oct. 2019 · Providencia, Chile

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Una vida digna en el capitalismo es imposible para la clase trabajadora. Las contradicciones se agudizan y el sistema se encuentra en franca decadencia. No tiene nada más que ofrecer, salvo más miseria, más hambre y más violencia. El futuro es cada vez más gris bajo la dictadura de los monopolios. La clase obrera, en Chile y en el resto del mundo, solo podrá vivir en paz si se organiza y corta de manera revolucionaria la raíz del problema. El proletariado, sujeto revolucionario, debe enviar a la burguesía y a su sistema capitalista al vertedero de la historia y erigir de sus cenizas el Socialismo. Debe aniquilar la dictadura del capital que sostiene el sistema de dominación de la burguesía y establecer la suya propia, la dictadura del proletariado, para defender el Socialismo. Los obreros solo podremos tener una vida digna y plena si nos hacemos con el poder, si asestamos el golpe de gracia al caduco sistema capitalista. Solo gozaremos de verdaderos derechos básicos si echamos a la burguesía, clase que nos oprime, e imponemos el Socialismo para avanzar hacia una sociedad justa, sin explotación y sin clases: el Comunismo.

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), exigimos la dimisión inmediata del presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, por la despiadada represión policial y militar. También queremos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de los que dieron su vida para proteger los derechos del pueblo de Chile. Finalmente, expresamos nuestro más enérgico apoyo a nuestros hermanos de clase, los trabajadores chilenos, y los animamos a que no abandonen la lucha y a que redoblen e intensifiquen sus esfuerzos para avanzar decididos hacia la toma revolucionaria del poder, hacia la destrucción del capitalismo y hacia la fundación del único sistema posible que garantice el bienestar de la clase trabajadora: el Socialismo.

 

Hoy domingo se ha celebrado en Sevilla un acto pidiendo que se saque de la Basílica de la Macarena al genocida Queipo de Llano, responsable al menos de 3000 asesinatos según asociaciones por la Memoria Histórica. El PCOE se ha sumado a la repulsa contra el verdugo y se solidariza con las familias de los ejecutados vilmente por las hordas fascistas dirigidas en Sevilla por Queipo de Llano.

En el acto se han recordado las palabras con las que Queipo de Llano pedía matar como perros a aquellos que desobedecieran el nuevo orden fascista y llamaba a violar a las mujeres de republicanos en aras de practicar el “amor libre”:

“Nuestros valientes legionarios han demostrado a rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.

Esta es la vileza y la crueldad de los verdugos fascistas que ejecutan y ejecutarán sin contemplaciones y recreándose en los más profundos dolores causados a aquellos que luchen contra el régimen de explotación. Verdugos como Queipo de Llano siguen órdenes de sus amos, la oligarquía financiera, terratenientes y gran burguesía que recurren a ellos para aplacar cualquier intento de “sedición” o “rebelión” por parte de las clases populares.

Lo cual ocurrirá mientras no acabemos con ese régimen de explotación que es la causa de nuestros principales males. Para sostener la explotación las clases poseedoras utilizan el aparato del Estado, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Fuerzas de Seguridad del Estado, herederas del régimen franquista. Frente a esa super-estructura, las clases populares no pueden enfrentarse con escaramuzas y cientos de plataformas que luchan contra cada uno de los síntomas de dicho régimen.

La historia nos enseña, desde Chile hasta España, que el régimen de explotación del hombre por el hombre tiende a la violencia por la vía económica, de las leyes y de la represión, y que o acabamos con ellos o ellos acaban con nosotros.

Desde el PCOE hacemos un llamamiento a organizar un movimiento antifascista y conectarlo con el movimiento obrero y las clases populares de los centros de trabajo, barrios obreros, centros de estudio, y pueblos jornaleros para unir y vertebrarlos construyendo un movimiento social y político que tumbe al mismo tiempo a los verdugos y a su amo: el Capital.

 

“El proletariado no tiene apoyo; no puede vivir para sí mismo ni un solo día. La burguesía se apropia el monopolio de todos los medios de subsistencia… el proletariado sólo puede recibir de esta burguesía lo que necesita, mientras ella es protegida en su monopolio por la fuerza del Estado. El proletariado es, por lo tanto, legalmente y de hecho, el esclavo de la burguesía; ella puede disponer de su vida y de su muerte. Le ofrece los medios de subsistencia, pero por un equivalente, por su trabajo […]”. (Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra).

“El régimen de producción capitalista como corresponde a su carácter contradictorio y antagónico, da un paso más y dilapida la vida y la salud del obrero, considerando la degradación de sus mismas condiciones de vida como economía en el empleo del capital constante y, por tanto, como medio para la elevación de la cuota de ganancia”. (Carlos Marx, El Capital, vol. III).

Dichos fragmentos tienen un gran significado sobre el tema a tratar, debido a que describen de una forma exacta la relación de explotación del proletariado a manos de la burguesía, que usa todo lo que esté a su alcance con el fin de mantener la precaria condición de la clase trabajadora, capitalizando su salud y todas sus necesidades para poder aumentar la acumulación del capital por manos de la burguesía.

Esta relación aberrante entre los trabajadores y empresarios solo se puede dar dentro del sistema capitalista, que prima la posesión de capital, deshumanizando por completo cualquier aspecto de la sociedad, como es en este caso la precarización de la salud de los obreros, haciendo que haya incontables víctimas mortales y que este hecho esté totalmente normalizado en una sociedad capitalista enfermiza.

A continuación estudiaremos las últimas noticias sobre la desoladora situación de la sanidad asturiana en su conjunto, para poder observar cómo esta relación entre dos clases antagónicas sigue vigente en el sector servicios. La Voz de Asturias estos últimos meses ha arrojado artículos que dan una visión sobre la precarización de la sanidad en esta comunidad autónoma.

Uno de estos artículos trata la saturación de pacientes en los centros médicos ante la carencia de profesionales de la salud. Según La Voz, los médicos asturianos durante los siete primeros meses del 2019 han tenido que atender a casi tres millones de pacientes, sin embargo el problema no es el número de personas citadas en un centro médico, si no que el verdadero problema reside en la relación de pacientes por profesional de la salud (presión asistencial real). Analizando esta magnitud es donde obtenemos los datos que nos hacen ver que hay una escasez de médicos en los centros de salud y sus periféricos.

En cuanto a las localidades con poca población, perteneciente a la zona rural, se tienen profesionales con menos de 10 pacientes al día, lo que nos muestra el proceso de despoblación desolador que sufren las zonas rurales asturianas, sin embargo, los datos más preocupantes en cuanto a la falta de personal vienen de las zonas más pobladas en Asturias, así, en Noreña, La Corredoria o Nava-Bimenes-Cabranes la media se dispara a más 40 subiendo esta cifra hasta 60 ante una epidemia de gripe. Además esta situación se agrava al no cubrirse las bajas o las vacaciones.

Esta situación fue denunciada por Carlos Fernández Moro, portavoz de primaria en el Sindicato Médico, para La Voz de Asturias, afirmando: “En esta situación lo único que podemos hacer es intuir que no tienen nada grave [..] A día de hoy hay compañeros que atienden a más de 60 de manera regular, sin picos concretos”. Por otra parte, también ha expresado su descontento un médico avilesino, contando como cada aproximadamente cinco minutos tiene una nueva consulta o urgencia.

Ante esta situación, los facultativos llevan años reivindicando 10 minutos por paciente, ya que consideran que es el tiempo mínimo necesario para poder realizar un diagnóstico consistente. Si se respetase este tiempo, el número de pacientes oscilaría entre 28 y 30.

Otro de los artículos que también llama la atención es el que narra el cierre de un centro de salud en Gijón por falta de personal.

Los vecinos de la zona se encontraron con el cartel mostrado en la foto anunciando el cierre del centro de salud el 26 de agosto de 2019. Ante esta situación, Manuel Cañete, presidente de la asociación de vecinos denuncia: “Tenemos que mostrar nuestro más enérgico rechazo a esta situación que la administración sabía desde hace tiempo. Sólo demuestra la mala política sanitaria en Atención Primaria. Están logrando la privatización de la salud por inacción”.

Además, los coordinadores de los centros de salud de área V de la misma ciudad han firmado una carta en la que expresan su preocupación por el estado de la sanidad pública y la falta de profesionales, ya que entre los principales problemas se encuentra la falta de médicos disponibles para cubrir bajas, vacaciones o permisos.

Esta situación no solo ha ocurrido en Gijón, sino que también suceden casos similares en localidades más pequeñas, donde la noticia no llega a ser sonada aunque los hechos tengan la misma relevancia. Un ejemplo es el caso de la villa de Salas, perteneciente al concejo que lleva el mismo nombre, donde hace aproximadamente un año el área de pediatría estaría unas semanas sin actividad, movilizando a padres y madres preocupados por la situación. Ante esta situación, ningún partido burgués del concejo ha tomado cartas en el asunto para combatir la precariedad, mostrando, como siempre, inoperancia e ineptitud.

Con estos hechos sobre la mano se pueden sacar unas conclusiones claras sobre la naturaleza del problema, que se encuentra en los mismos entresijos del sistema económico y social actual en el que, el culto a la acumulación del capital es diario, obviando todos los problemas de la clase trabajadora, ya que de la precariedad de los obreros la burguesía aumenta su capital.

Esta acumulación del capital debida a la buscada precariedad de los servicios sanitarios públicos se da ya que obligan al obrero, creador de toda riqueza, a buscar cubrir sus necesidades primarias mediante empresas privadas, enalteciendo la privatización y provocando que hasta el dinero que la clase trabajadora usa en cuidar su propia salud vaya a parar a manos de la burguesía, sin mencionar los impuestos soportados por la clase trabajadora. Esto se puede observar empíricamente gracias a un informe hecho por la fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) titulado ‘Sanidad privada, aportando valor: Análisis de situación 2018’. En dicho informe se arroja que la sanidad privada cuenta actualmente en Asturias con más de 130.000 asegurados, once hospitales y 969 camas, realiza el 23,6% de las intervenciones y atiende el 12,8% de las urgencias, exponiendo como Asturias cuenta en la actualidad con un sistema sanitario privado en expansión.

Además, también se puede ahondar en el concepto de “Sanidad pública”, debido a que en un sistema en el que todo se basa en el aumento de capital de una clase social con un gran poder no tiene sentido llamar público a nada, ya que mediante su poder, la burguesía, como hemos visto anteriormente, juega a su antojo con dichos servicios sanitarios supuestamente públicos buscando únicamente su propio beneficio. Es decir, no puede llamarse público algo usado para satisfacer los deseos económicos de una minoría.

Debido a esto se puede afirmar que la sanidad pública actual solo se trata de un espejismo fundamentado por la clase dominante actual, o dicho de otra forma, la sanidad pública pertenece en su totalidad a la burguesía, pero es pagada con el sudor la clase trabajadora.

En el PCOE tenemos claro que la única forma que tendrá el pueblo de conseguir un sistema sanitario que de verdad le pertenezca es con la marcha hacia un modelo socialista, en el que se produzca la ruptura del estado capitalista y la desaparición de la burguesía, pasando el poder a manos de los trabajadores. Será en este momento cuando por fin todos los servicios pertenecerán y servirán a la clase obrera.

Con el fin de denunciar, organizarse y hacer frente a los intentos de privatización y precarización de los servicios sanitarios, desde el PCOE llamamos a todos los trabajadores, pensionistas, estudiantes, etc. a organizarse en el Frente Único del Pueblo (FUP), ya que la única forma posible de luchar contra tan poderoso sistema que aplasta a al pueblo trabajador es la unión en un frente común de todas las clases explotadas por el Capitalismo para enviarlo al basurero de la historia y edificar el Socialismo.