En el día de ayer, 19 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia por la que reconoce que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad como parlamentario electo tras las elecciones europeas en las que resultó electo por los ciudadanos. Esta sentencia era la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Supremo sobre este asunto. Cuestión prejudicial, por otro lado, que poco le importaba su resultado al Tribunal Supremo pues ha sentenciado sin tener en consideración la respuesta en forma de sentencia que el TJUE debía dar a dicha cuestión prejudicial.

En definitiva, la tesis que señala el TJUE es que se adquiere la condición de diputado electo tras el proceso electoral y la proclamación de los resultados electorales. Esto quiere decir que no sólo se han vulnerado los derechos de Junqueras en el juicio, sino también los de otros diputados electos para el Parlamento español como fueron el propio Junqueras, Rull, Turull, Romeva o Jordi Sànchez; demostrándose que, según los propios imperialistas europeos, la Justicia del Estado español no cumple con los cánones supuestamente democráticos impuestos por ellos mismos. Asimismo, el Tribunal Supremo ha demostrado su esencia reaccionaria y que la división de poderes, que de manera indecente repiten los reaccionarios defensores del capitalismo, es una burda mentira. Algo que, por otro lado, es lógico, pues el Estado actual es la continuación del Estado franquista, no hubo ruptura alguna y, por tanto, sigue en manos de los fascistas el aparato del Estado.

En el día de hoy, tanto Puigdemont como Comín han obtenido sus credenciales como eurodiputados. Condición que les fue negada por el Parlamento Europeo cuando estaba al mando Antonio Tajani, un reaccionario del partido de Berlusconi y presidente del Parlamento Europeo en la anterior legislatura, los cuáles fueron en 2017 premiados con los Premios Princesa de Asturias por parte de una monarquía puesta a dedo por el criminal Franco.

Las palabras de Puigdemont hoy, con la credencial de eurodiputado en su mano, señalaban que “aún quedan jueces en Europa y que la justicia europea es independiente, una garantía para los ciudadanos europeos”. Sin embargo, no hemos de olvidar que esa Judicatura europea, que tanto alaba ahora Puigdemont, es la misma que sirve a los monopolios europeos, que sirve a los privilegios de los ricos y que administra la voluntad de los monopolios hechas leyes que certifican que los trabajadores de toda Europa, del campo y de la ciudad, cada día seamos más explotados y estemos más empobrecidos. La Justicia europea es tan clasista y tan nociva para los trabajadores como la de los estados imperialistas que conforman ese miserable club de parásitos que conforman la UE. De hecho, incluso la sentencia que reconoce que Junqueras era Eurodiputado electo desde la proclamación del resultado electoral y que, por tanto, el Tribunal Supremo ha vulnerado los derechos de Junqueras, y otros presos políticos catalanes, impide al propio Puigdemont dejar su condición de exiliado político, pues otorga a la Judicatura española la capacidad de mantener la prisión provisional tras la adquisición por parte del interesado de la condición de parlamentario europeo, mientras obtiene el suplicatorio que suspenda la inmunidad por parte del Parlamento Europeo. Esto es, esa Justicia europea que alaba Puigdemont, no duda en blanquear y respetar a un Estado fascista como el español, algo que por otro lado es natural entre capitalistas ya que democracia burguesa y fascismo son dos caras de una misma moneda: la dictadura de la burguesía.

La reacción de los fascistas, los que siempre suelen dar el mensaje que “hay que acatar las sentencias judiciales”, que en su mayoría les son favorables por la naturaleza clasista de la justicia burguesa, son los que apelan al patrioterismo – a pesar de haber vendido absolutamente todo al capital internacional – mostrando la sentencia como una afrenta a España que, según ellos, no debiera cumplirse.

Los oportunistas, como Iglesias, por el contrario, culpan a la judicialización del conflicto político catalán, por parte de los reaccionarios, de que se deteriore “nuestra Justicia” y del alejamiento de un “escenario de resolución”. Iglesias hace suya a la Justicia, la justicia burguesa, la Judicatura donde los herederos de Franco siguen campando a sus anchas, donde la arbitrariedad, la vulneración de los derechos y los atropellos son su esencia. El que hace unos años nos decía “que había que tomar el cielo por asalto” hoy hace suya la justicia española, una justicia experta en vulnerar los derechos políticos, no sólo a Junqueras, sino a Atutxa, Otegi y otros, experta en hacer juicios donde las garantías de los encausados brillan por su ausencia, una justicia que hace que en el Estado español proliferen los presos políticos. Dice Iglesias que “Ahora toca una nueva etapa de diálogo e inteligencia política para caminar hacia la reconciliación que necesita nuestro país”. ¿Qué reconciliación? Todos sabemos que él está bien reconciliado con los fascistas, vimos sus sonrisas con ellos en la celebración de los fastos de la Constitución de 1978, la constitución que convirtió a los fascistas, a los verdugos del pueblo, en “demócratas”. Este país lo que necesita es acabar con la explotación de los trabajadores – a lo que Iglesias ha renunciado tragando con la Reforma Laboral de Zapatero y de Rajoy -, acabar con el fascismo – a lo que Iglesias ha renunciado reivindicando al Estado y lo blanquea echándose sus risas con Espinosa de los Monteros -, reconociendo el derecho a la autodeterminación – a lo que Iglesias ha renunciado al pactar con el PSOE -, etcétera.

Para la clase obrera y demás sectores populares, tan nocivo es el Estado español como la Unión Europea, tan clasista y nociva es la judicatura española como la europea, pues todos ellos están al servicio de los monopolios, todos ellos son instrumentos de la burguesía para someter a los trabajadores. Hoy el capitalismo lo único que puede ofertar al pueblo es represión, miseria y violencia extrema. La única salida que tiene la clase obrera es romper con el capitalismo, acabar con este sistema construyendo el socialismo. Sin embargo, sin el desarrollo de nuestro partido, que lleve a los centros de trabajo y a los barrios la ciencia emancipatoria del proletariado, el marxismo-leninismo, la clase obrera seguirá estando engañada y bajo el influjo de los oportunistas y los reaccionarios. Todo nuestro Partido, nuestros simpatizantes y amigos, debemos pertrecharnos para la lucha ideológica y llevarla a término sin cuartel y, además, debemos de centrarnos en el desarrollo de nuestra política de masas, en el fortalecimiento de la unidad de los trabajadores desde la base, desde los centros de trabajo y extendiendo esta unidad a los barrios, constituyendo el Frente Único del Pueblo, haciendo que el pueblo adquiera la ideología marxista para que sea consciente del papel histórico que le corresponde jugar y pueda verificar la inmensa estafa que le está haciendo la burguesía. El Estado está quebrado, agoniza, pero ni muerto caerá por sí mismo, únicamente el proletariado organizado y dirigido ideológicamente por el marxismo-leninismo conseguirá que esta tiranía corrupta caiga, y ello pasa por fortalecer el instrumento que fusiona el marxismo-leninismo y el movimiento obrero, siendo ese instrumento el Partido Comunista Obrero Español. LA REVOLUCION SOLO VENDRÁ DE MANOS DE LOS QUE PRODUCEN LAS RIQUEZAS.

Abajo la educación pública capitalista pensada para adoctrinar al hijo del obrero
Por una educación pública bajo el Socialismo
Por el Frente Único del Pueblo

Secretaría Política del Comité Regional del PCOE en Andalucía

 

Mientras las instituciones y sus Fuerzas de Seguridad del Estado miran para otro lado cuando los empresarios se saltan sus propias leyes constantemente, mientras se invierte dinero público en el turismo de lujo, al proletario que nada tiene más que sus manos y su imaginación, se le aplica la ley con mano de hierro.

Ayer, la policía municipal de Sevilla que se aposta en el mercadillo del Parque Alcosa, requisó a un vendedor ambulante sus dos canastas de almendras, en las que tenía invertidos 200 euros, lo que para él sin duda es un gran capital.

No hay nada más miserable y criminal que el capitalismo, que se disfraza de “democrático” y “libre” al mismo tiempo que describe a su enemigo el comunismo como “autoritario” y “régimen opresor”.

Efectivamente, el comunismo será autoritario y opresor y no perdonará una, contra los que hoy explotan, expropian, roban y humillan diariamente al pueblo trabajador.

El capitalismo expropia a los pobres y el comunismo expropiará a los ricos.

 

Las huelgas están en auge de nuevo en la provincia de Sevilla, en respuesta al recrudecimiento de la sobre-explotación y los despidos masivos que está perpetrando la patronal.

Es el caso de Ayesa, donde la dirección está ejecutando un proceso de desmantelamiento a base de trocearla en varias empresas con condiciones laborales aún más indignas e insoportables. Este proceso está siendo respondido contundentemente por los representantes sindicales de los trabajadores de la Coordinadora Sindical de Clase perteneciente a la Federación Sindical Mundial, razón por la cual están siendo represaliados por todas las vías, mientras los delegados de CCOO y UGT son cómplices de todo este procesos, siendo marionetas de la dirección de la empresa y sus accionistas (entre ellos la Junta de Andalucía).

En Aerópolis, las subcontratas que gravitan alrededor de Airbus imponen una espiral de bajo coste a ver quién paga menos a los trabajadores para llevarse el contrato de turno con Airbus, monopolio aeronáutico europeo e imperialista con el que se fabrican aviones de guerra que masacran a poblaciones civiles que viven sobre suelos ricos en petróleo, gas o minerales de valor.

Las empresas se asemejan cada vez más a mataderos, sometiendo a cargas de trabajo y salarios incompatibles con una vida decente y en paz.

Las empresas siguen la lucha feroz por el mercado, inherente al régimen capitalista, la cual sólo se puede hacer a base de quitarnos derechos a los trabajadores porque los beneficios de los accionistas los mantendrán a sangre y fuego, llevándose las empresas a otros puntos del planeta si hace falta. Pues ese es el fin último del régimen que vivimos, el ánimo de lucro de esa minoría.

Los trabajadores, los jóvenes, los pensionistas y el resto de clases populares hemos de unir nuestras luchas en una sóla, uniéndonos en un Frente Único del Pueblo que levante un poder obrero y popular que aplaste el poder de los banqueros y empresarios.

 

Como xa determinamos nun artigo anterior, a íntima relación existente entre o ensino e a industria obriga a que, indiscutiblemente, en España a educación se atope cada vez máis precarizada. Isto explica, por exemplo, que as medidas de urxencia recollidas polo goberno de Mariano Rajoy en 2012 atacasen ao sector educativo directamente, aumentando a xornada laboral dos profesores e mestres, xunto a outros traballadores e funcionarios, e conxelando as pagas extraordinarias para recortar o gasto público. Unha vez máis, lembramos, a educación para o Estado Español é gasto, non inversión.

Sen embargo, non debemos esquecer que a calidade da educación non só está ligada ás condicións de traballo, senón tamén á situación socio-económica do alumnado.

Efectivamente, así o demostra un estudio baseado no último informe PISA (o cal deixa a España unha vez máis moi mal parada) que relaciona o poder adquisitivo das familias coa repetición de curso dos alumnos.

Unha vez establecido este contexto, cabe preguntarse se as reivindicacións de CCOO, UGT, CIG e demais sindicatos do Estado para a folga convocada en Galiza teñen un sentido real tal e como o plantexan. Se temos en conta que estes sindicatos non tremen á hora de firmar EREs e ERTEs, realmente podemos afirmar que son sindicatos preocupados pola educación cando noutros centros de traballo se preocupan polo benestar da empresa en vez da mellora económica dos traballadores? A resposta é non.

Non porén, a convocatoria desta folga ten varias causas que imos a enumerar a continuación:

1. En primeiro lugar, a plantilla de profesores nos últimos anos estase a renovar de xeito importante, máis aínda en Galiza, cuxa taxa de interinidade pasa polo 7%, a máis baixa do Estado Español. Isto quere dicir que as novas incorporacións, moitos deles seguramente de curta idade, terán un número de dúbidas administrativas e de confusión en xeral coa situación laboral dos profesores e mestres, polo que o sindicalismo amarelo ten que sacar peito dalgún xeito para convertirse en referencia deste novo profesorado. Os sindicatos, na administración pública, actúan entón como xestores do Estado do mesmo xeito que no sector privado miran cara a empresa.

2. No panorama nacional galego, o ano que ven se celebrarán eleccións, e ante a euforia do esquerdismo por quitarlle a presidencia da Xunta de Galicia ao PP, estas mobilizacións (xunto con outras proclamadas no territorio), responden á campaña electoral indirecta do PSOE, BNG, Podemos… para agotar a candidatura de Alberto Núñez Feijóo.

3. O mundo afrontará unha nova crise económica nun período curto de tempo, polo que o sindicalismo amarelo ten que comezar as súas farsas para, como dixemos no punto 1, afianzar a credibilidade do profesorado ante os futuros recortes que de seguro experimentará o panorama educativo.

Polo tanto, vemos que esta convocatoria de folga, máis que unha xornada de reivindicación e de elevación de conciencias, non é máis que unha loita de feudos políticos que se atopan incómodos ante o novo panorama que se presenta para eles.

Os profesores e mestres de Galiza, do Estado Español e do mundo non poden aspirar a que un sistema que non respecta as condicións laborais dignas de ningún traballador se pare a mirar se o Ensino se realiza en boas ou malas condicións. O capitalismo é un sistema criminal de principio a fin.

Desde o PCOE, denunciamos que esta convocatoria de folga só responde a intereses particulares de sindicatos e partidos políticos do sistema e que non amparan ningunha mellora real para o profesorado, que seguirá vendo as súas condicións laborais precarizadas.

A situación do profesorado mudará cando os traballadores como masa comprendamos que non podemos ir cada un polo noso lado, mirando os intereses do noso centro de traballo, e moito menos confiar no sindicalismo amarelo. A situación docente, dos traballadores que se encargan da formación técnica do ser humano, mellorará cando tódolos obreiros e campesiños nos tendamos a man para asestarlle ao capitalismo unha estocada final a través da Fronte Única do Pobo e construír a nosa propia democracia, unha democracia obreira, unha democracia socialista.

Como ya determinamos en un artículo anterior, la íntima relación existente entre la enseñanza y la industria obliga a que, indiscutiblemente, en España la educación se encuentre cada vez más precarizada. Esto explica, por ejemplo, que las medidas de urgencia recogidas por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 atacaran al sector educativo directamente, aumentando la jornada laboral de los profesores y maestros, junto a otros trabajadores y funcionarios, y congelando las pagas extraordinarias para recortar el gasto público. Una vez más, recordamos, la educación para el Estado Español es gasto, no inversión.

Sin embargo, no debemos olvidar que la calidad de la educación no sólo está ligada a las condiciones de trabajo, sino también a la situación socio-económica del alumnado.

Efectivamente, así lo demuestra un estudio basado en el último informe PISA (el cual deja a España una vez más muy mal parada) que relaciona el poder adquisitivo de las familias con la repetición de curso de los alumnos.

Una vez establecido este contexto, cabe preguntarse si las reivindicaciones de CCOO, UGT, CIG y demás sindicatos del Estado para la huelga convocada en Galicia tienen un sentido real tal y como lo plantean. Si tenemos en cuenta que estos sindicatos no tiemblan a la hora de firmar EREs y ERTEs, ¿realmente podemos afirmar que son sindicatos preocupados por la educación cuando en otros centros de trabajo se preocupan por el bienestar de la empresa en vez de la mejora económica de los trabajadores? La respuesta es no.

Más allá de esto, la convocatoria de esta huelga tiene varias causas que vamos a enumerar a continuación:

1. En primer lugar, la plantilla de profesores en los últimos años se está renovando de manera importante, más aún en Galicia, cuya tasa de interinidad pasa por el 7%, la más baja del Estado Español. Esto quiere decir que las nuevas incorporaciones, muchos de ellos seguramente de corta edad, tendrán un número de dudas administrativas y de confusión en general con la situación laboral de los profesores y maestros, por lo que el sindicalismo amarillo tiene que sacar pecho de alguna manera para convertirse en referencia de este nuevo profesorado. Los sindicatos, en la administración pública, actúan entonces como gestores del Estado al igual que en el sector privado miran hacia empresa.

2. En el panorama nacional gallego, el año que viene se celebrarán elecciones, y ante la euforia del izquierdismo por quitarle la presidencia de la Xunta de Galicia al PP, estas movilizaciones (junto con otras proclamadas en el territorio), responden a la campaña electoral indirecta del PSOE, BNG, Podemos… para agotar la candidatura de Alberto Núñez Feijóo.

3. El mundo afrontará una nueva crisis económica en un período corto de tiempo, por lo que el sindicalismo amarillo tiene que comenzar sus farsas para, como dijimos en el punto 1, afianzar la credibilidad frente al profesorado ante los futuros recortes que a fe que experimentará el panorama educativo.

Por lo tanto, vemos que esta convocatoria de huelga, más que una jornada de reivindicación y de elevación de conciencias, no es más que una lucha de feudos políticos que se encuentran incómodos ante el nuevo panorama que se presenta para ellos.

Los profesores y maestros de Galicia, del Estado Español y del mundo no pueden aspirar a que un sistema que no respeta las condiciones laborales dignas de ningún trabajador se pare a mirar si la enseñanza se realiza en buenas o malas condiciones. El capitalismo es un sistema criminal de principio a fin.

Desde el PCOE, denunciamos que esta convocatoria de huelga solo responde a intereses particulares de sindicatos y partidos políticos del sistema y que no amparan ninguna mejora real para el profesorado, que seguirá viendo sus condiciones laborales precarizadas.

La situación del profesorado cambiará cuando los trabajadores como masa comprendamos que no podemos ir cada uno por nuestro lado, mirando los intereses de nuestro centro de trabajo, y mucho menos confiar en el sindicalismo amarillo. La situación docente, de los trabajadores que se encargan de la formación técnica del ser humano, mejorará cuándo todos los obreros y campesinos nos tendamos a mano para asestarle al capitalismo una estocada final a través del Frente Único del Pueblo y construir nuestra propia democracia, una democracia obrera, una democracia socialista.

 

La agencia IDEA, instrumento de la Junta de Andalucía para ayudar a los empresarios, ha aprobado una subvención de 300.000 euros para el fabricante de productos de limpieza Agerul, situado en Utrera, con el objetivo de ayudarla a expandir su mercado en África. La subvención forma parte del programa Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo 2017-2020.

La Junta de Andalucía dedica el dinero que se quita a los hijos de los trabajadores de las escuelas y universidades, de la educación especial o la atención temprana, de los hospitales y centros de salud, a subvencionar productos “para el hogar: ambientadores, cristal y otras superficies, gran formato, limpiahogar y baños, limpiamuebles, quitagrasas y repelente de perros y gatos”.

Pero independientemente de qué tipo de productos o servicios se subvencionen, la cuestión es que como se ha demostrado en el caso de los EREs, el dinero público sirve para engordar el beneficio privado.

Por tanto, nos preguntamos de manera retórica, si el capitalismo se justifica porque, según los burgueses y sus lacayos, el capital es el que crea el empleo y la riqueza, ¿para qué entonces necesita el dinero de todos? Si, además, como dicen los mismos de siempre, el ser humano es egoísta, ¿por qué ayudamos entre todos a los empresarios?

Lo miremos por donde lo miremos, las empresas se levantan y crecen con el trabajo colectivo de la clase obrera, que es la única que crea el valor de todas las mercancías, cosa que no hace ninguna máquina por sofisticada que sea. Por tanto, la sociedad no necesita de empresarios, banqueros, terratenientes ni demás parásitos, que viven del trabajo ajeno.

 

La empresa multinacional norteamericana SITEL, amparándose en las criminales leyes por las que el Estado les confiere a los empresarios la prerrogativa de despedir colectivamente sin más justificación que la de su voracidad criminal, ha puesto encima de la mesa el despido de 312 trabajadores de su centro de Sevilla y de 10 trabajadores de su centro de Barcelona.

Como no puede ser de otra manera, los trabajadores elegidos por la empresa para ser despedidos son aquéllos que tienen una mayor antigüedad y, por tanto, han consolidado unas condiciones de trabajo superiores que las de los trabajadores que ahora se incorporan al mundo del trabajo.

Y es que los ERE no son más que un instrumento que el Estado de los capitalistas pone en las manos de los empresarios para que estos puedan depurar sus plantillas al objeto de tirar por tierra las condiciones económicas y laborales de la clase trabajadora, como fórmula para incrementar el expolio de los trabajadores apropiándose de más plusvalía generada por estos, a la par que las condiciones de vida de la clase obrera se depauperan cada día más. Eso es lo que puede ofertar el capitalismo y su Estado a los trabajadores.

Hace breves fechas conocimos en la sentencia de los EREs cómo en Andalucía, la propia Junta de Andalucía apoyándose en sus títeres sindicales dilapidaba el dinero público de los andaluces comprando la mal llamada paz social, que en realidad no es otra cosa que saciar las pretensiones de los empresarios con dineros públicos mientras se destruían centenares de miles de puestos de trabajo.

Los “demócratas”, los “constitucionalistas”, los firmes defensores de la “transición”, los “republicanos bien representados por el Borbón”, los de boquillas denominados “progresistas y de izquierda”, que en realidad ponen los dineros públicos al servicio de los intereses de los empresarios, de sindicatos corrompidos hasta el tuétano, nos están demostrando día a día a los trabajadores que son fieles discípulos de Franco y que, por tanto, debemos seguir sometidos a los privilegios de la burguesía, a su criminal dictadura, y a seguir estando bajo el látigo del patrón y del terrateniente. Resulta que mientras la corrupción emana de las instituciones públicas, porque ellas son parte de la superestructura que eleva el sistema capitalista y éste es la corrupción, y riegan con centenares de millones de euros en ayudas y subvenciones a los parásitos empresarios, al pueblo trabajador, al que le han arrebatado sus puestos de trabajo y al que le han arrebatado sus tierras y sus recursos, nos acusan de que abusamos del sistema de salud o no queremos trabajar sino vivir del cuento cobrando subsidios. Eso, vivir del cuento, de la miseria del pueblo, prebendas para los ricos como son los EREs y la PAC en el campo, es lo que lleva haciendo la burguesía, los empresarios y los terratenientes desde hace décadas con el apoyo y la adhesión inquebrantable de sindicatos corrompidos como CCOO y UGT y de la falsa izquierda, tan capitalista y tan defensora del Estado fascista, como PODEMOS/IU/PCE o el PSOE, el partido del GAL, de FILESA y de los ERES.

Esta podredumbre general también acontece en el caso particular de SITEL, donde CCOO y UGT, junto con el sindicato corporativista CSIF, se pliegan al ERE y de manera vergonzosa plantean el 3 de diciembre en la mesa de negociación del ERE una propuesta para que la empresa abone como indemnización el 90% de lo correspondiente al despido improcedente y, posteriormente, se lanzan a hacer una consulta a los 312 afectados, a los que ya de por sí aíslan con respecto del resto de la plantilla, preguntándoles por cuál debe ser la indemnización cuando ellos ya han entregado una propuesta a SITEL. Por otro lado, la CGT en SITEL también se doblega al ERE, poniendo un precio más alto, indemnización de 45 días por año trabajado sin límite de mensualidades, al despido de los trabajadores.

El único sindicato que tiene una postura consecuente es la Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), que rechaza el ERE y exige el mantenimiento de los puestos de trabajo. Por ello, hacemos un llamamiento a los trabajadores de SITEL a que apoyen al sindicato AST y apoyen la huelga de cuatro días que han convocado contra el ERE y que fuercen a la representación sindical a no aceptar el mismo.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores de SITEL a fortalecer el sindicato AST, pues fortalecer dicho sindicato es fortalecer el sindicalismo de clase y a su máximo representante a nivel mundial, la Federación Sindical Mundial (FSM), instrumento necesario para combatir sindicalmente a las empresas y el sistema capitalista. Asimismo, hacemos un llamamiento a los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores a unirse conformando la Asamblea de Comités Delegados y Trabajadores para unir las luchas de sus centros de trabajo en una única lucha de clases contra el sistema capitalista, y les llamamos a que participen en la Asamblea de delegados convocada para el próximo 19 de diciembre a las 11:30 horas en el Centro Cívico Tejar del Mellizo.

Los trabajadores deben romper con aquéllos que les traicionan, con los agentes que la patronal inocula en el seno del movimiento obrero para fraccionarlo, romperlo, engañarlo y llevarlo a claudicar ante la burguesía. Sin los traidores, sin los oportunistas, sin los que venden los puestos de trabajo la burguesía sería incapaz de imponerse a los trabajadores.

Mientras los trabajadores no nos unamos y nos organicemos como clase, mientras no nos unamos todos los sectores que componemos la clase obrera conformando un Frente Único del Pueblo y unamos en él todas las luchas parciales convirtiéndolas en una única lucha de clase contra el capitalismo y su Estado, mientras no veamos en el capitalismo y su Estado burgués la raíz de todos los problemas que afectan a la clase obrera, los trabajadores no avanzaremos. Y el motor de la clase obrera, el motor de ese Frente Único del Pueblo, está en la masa que trabaja, pues es la que tiene la capacidad de castigar con más fuerza a la burguesía parando la producción. La única salida que tiene la clase obrera es acabar con el capitalismo, es hacerse con la propiedad de las empresas, doblegando a la clase de los empresarios, de los capitalistas, de los parásitos, e imponiendo el socialismo, de tal modo que en manos de la clase obrera, que es la inmensa mayoría del pueblo, estén la propiedad de todas las empresas, de toda la tierra, en definitiva, de todos los medios de producción del país.

 

En España los casos de corrupción desvelados e investigados hasta ahora suponen un coste de unos 124 mil millones de euros. Para poner esa cifra en contexto, el presupuesto de sanidad es de unos 4 mil millones y el de Educación unos 2 mil millones de euros.

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada actuó en un total de 678 procesos durante 2018:

Aunque los medios de comunicación del régimen tratan de poner cerco a la herida, la realidad es que el cuerpo entero del régimen capitalista está putrefacto y en descomposición. Conforme se tira del hilo, unos casos de corrupción llevan a otros y abarcan a todas las instituciones y ámbitos geográficos del Estado español.

A la jueza Mercedes Alaya, que se ocupó de la causa de los EREs durante años, la apartaron para que no fuera más allá de Andalucía y el PSOE, pues como ella misma relató en una reciente entrevista concedida a ABC “tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos […] La causa real … fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.[…] durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior».

En el caso de los EREs nos encontramos ante una muestra de cómo las instituciones burguesas acuden al rescate de las empresas para que incluso los despidos, subidas salariales y reestructuraciones les salgan gratis, saltándose si hace falta sus propias normas y controles. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez emitió hasta quince informes entre 2003 y 2009, en los que advertía de las deficiencias del sistema para abonar las ayudas, haciendo caso omiso el gobierno socialista de la Junta de Andalucía.

Como se concluye en la sentencia Nº 490/2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla, relacionada con la pieza política del caso de los EREs, las ayudas a las empresas, con la necesaria colaboración de las cúpulas sindicales de UGT y CCOO, sirvieron para comprar la “paz social” ante una nueva cresta de la crisis capitalista en los años 90 que preveía despidos masivos y cierres de empresas:

“HECHOS PROBADOS […] CUARTO.- Cronología de los hechos. 1.- Hay que partir de la situación social por la que atravesaba la comunidad autónoma de Andalucía en la década de los 90, cerca ya del año 2000. Con una situación generalizada de fuertes crisis empresariales, que afectaban a una importante cantidad de trabajadores, llegando incluso a suponer el despido de plantillas en su totalidad, y cierres inmediatos de muchas empresas.” (Página 226 de la sentencia)

“Que en Santana Motor, al abandonarlo el grupo japonés, pasa a ser una empresa perteneciente a la Junta de Andalucía en el 100 % de su capital social. En dicha sociedad, dado que los japoneses habían retirado parte de las licencias de la distribución y producción, había que hacer una reestructuración tremenda de personal, había que despedir a 600 personas y también había que reubicar a 400 personas en el Parque de proveedores de la propia Santana. Por ello después de lo ocurrido en Cárnicas Molina, en la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación que lo mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor. Pero es que también estaba apuntando el tema de Astilleros, la Bahía de Cádiz e incluso la Faja Pirítica de Huelva.[…] ante esta situación […] era una preocupación de la Junta de Andalucía […] el mantenimiento de la “paz social”. (Pág. 680)

Entre 2001 y 2011 se ejecutaron en Andalucía 9.461 EREs que afectaron a 120.849 trabajadores, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Página 291). Todo ello a pesar de que en todos los pactos y acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos de comparsa (CCOO y UGT), “desde el Pacto por el Empleo de 1997, y el IV Acuerdo de Concertación de 1999 […] se establecían compromisos de la Junta Andalucía, tendentes fundamentalmente al mantenimiento del empleo, a evitar el cierre de empresas y mantener, por tanto, intactas en la medida de lo posible, las plantillas.” (Página 226)

Y como también se concluye de manera rotunda y varias veces en la propia sentencia, los principales beneficiarios de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía fueron los empresarios, aunque dichas ayudas se camuflaran de “sociolaborales”:

“7.- Que estas ayudas, en su mayor parte, son ayudas a empresas, queda acreditado adicionalmente por: […] Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil […] del análisis documental y de las declaraciones tomadas, llegaron a la conclusión que el beneficiario real era la empresa, […] que ésta, una vez “adelgazada” su plantilla con fondos públicos, se beneficiaría del mantenimiento de importantes beneficios en el ejercicio de su actividad empresarial, o incluso, a través de la venta de las instalaciones e inmuebles en los que se ubicaba el centro productivo”. (Pág. 323)

“8.- Siendo el efecto buscado de esta tramitación, apariencia de ser considerados como beneficiarios los extrabajadores, para soslayar los problemas que se derivarían de su consideración de ayudas a empresas”. (Pág. 325)

“10.- Que estamos ante ayudas a empresas y no de ayudas a trabajadores, se desprende igualmente de la ficha del programa 31L, para el ejercicio 2010 […] la aplicación presupuestaria utilizada, artículo 47 “A EMPRESAS PRIVADAS”, identifica como destinatario a las empresas.» (Pag. 329)

Entre las beneficiadas podemos encontrar grandes empresas como Hytasal, Santana Motor, FCC, Ferrovial, Boliden, ABB, Cervezas Alhambra, Minas de Río Tinto, o Dhul.

Lo que la justicia burguesa ni el resto de partidos políticos ponen en entredicho no son las ayudas a las empresas, sino el hecho de que no todas las empresas hayan tenido acceso a ellas, y no sólo las seleccionadas a dedo por el gobierno socialista:

“B) En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, al no haberse efectuado una convocatoria de estas ayudas […] se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de empresas en situación de crisis económica.» (Página 93 de la sentencia)

Aunque la sentencia cifra “el montante global de los créditos […] para ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis […], desde el ejercicio presupuestario 2000, al ejercicio presupuestario 2009, a un total de más de 680.000.000 €” (Página 290), esto no es más que una mínima parte de lo que los empresarios roban a los trabajadores de manera legal a través de las plusvalías que genera la clase obrera con su trabajo.

La corrupción no son “cuatro o cinco golfos” que roban más de la cuenta, como se nos intenta mostrar desde los medios e instituciones del régimen. Es estructural en el capitalismo, pues es la parte de los beneficios que los capitalistas han de destinar en forma de comisiones para, por un lado, hacerse con contratos públicos con el Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y por otro lado, y no menos importante, para comprar a la aristocracia obrera (partidos de la izquierda parlamentaria, sindicatos amarillos) que sirve de muro de contención, mediante la “paz social”, ante una posible revuelta de las clases populares por el empeoramiento de sus condiciones de vida.

Estos son los que nos dicen cómo hemos de vivir los trabajadores
Aquellos que son firmes defensores de la “transición” y la “democracia”, que desde poses “progresistas” nos han dicho que hemos de seguir sometidos al mismo látigo del patrón y del terrateniente que mandaban con el franquismo, han regado a estos con cientos de millones de euros en ayudas y subvenciones mientras al pueblo andaluz nos han venido diciendo que abusamos del sistema de salud o que no queremos trabajar sino vivir del cuento cobrando subsidios.

Entre los condenados encontramos la “crême de la crême” de responsables políticos a todos los niveles: 2 presidentes de la Junta de Andalucía, 2 ministros de trabajo, 1 ministro de sanidad, 1 ministra de fomento, 1 delegado del gobierno, 3 consejeros de Economía, 2 de Hacienda, 2 de Administración Pública, 2 consejeros de empleo, 1 consejero de Obras Públicas y Transportes, 1 Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 2 Directores Generales de Trabajo y Seguridad Social, 1 director general de Administración Local y Justicia, 6 presidentes o directores generales de la Agencia IDEA, 1 director general de presupuestos de la Junta de Andalucía, 1 consejero presidencia, 1 secretario de Estado, 1 secretario general del PSOE en Andalucía, 1 secretario general del PSOE en Sevilla, y 1 presidente de Renfe.

Como vemos, entre los condenados hay responsables en materia de empleo, seguridad social, economía, hacienda, administraciones públicas, justicia, ciencia, transportes, y sanidad. Todos nos han dado lecciones sobre cómo hemos de vivir el pueblo trabajador andaluz.

Tomemos el caso de Carmen Martínez Aguayo. Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009, participó en 1991 en la elaboración del Informe Abril, cuyo objetivo era, coincidiendo con la desaparición del campo socialista de Europa del Este y la URSS, “optimizar” el Servicio Nacional de Salud español. Lo que en lenguaje capitalista significa quitar recursos de la sanidad pública para favorecer al negocio privado de la salud.

En dicho informe se aseguraba que en la Atención Primaria, se “consumen en exceso medios diagnósticos y terapéuticos”, que “el Sistema público no tenía visión global y empresarial”, y se proponía “mayor eficiencia de los recursos”, “promover conciencia de coste en el profesional y en el usuario” y la “creación de estructuras más flexibles y autónomas en su gasto.”

De los EREs al franquismo
El expediente que llevó al gobierno socialista a saltarse los pocas trabas que había a las ayudas a empresas fue el de la cárnica Hijos de Andrés Molina S.A., tras las reiterativas “disconformidades” que plantearon los interventores de la propia Junta de Andalucía.

Pero si tiramos del hilo a través de esta empresa, podemos conectar la corrupción del franquismo con la actual:

– Mediante una ley de 1942, el franquismo intenta controlar la producción de pequeños productores agrícolas creando fachadas cooperativas como la Unión Territorial de Cooperativas (UTECO) de Jaén. Este entramado empresarial fue presidido entre 1962 y 1982 por Domingo Solís, presidente también de la Caja Rural Nacional, de la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén (CPA) y de la Unión Nacional de Cooperativas (Unaco). Su hermano, José Solís. fue un “camisa azul” de la Falange, que concentró un gran poder en el régimen franquista y actuó como fiscal en el juicio que sentenció a muerte a un grupo de maquis en 1941, culpables de querer “restaurar la República”.

– En 1982, Domingo Solís es procesado por “delitos monetarios” que suman 11.600 millones de pesetas (70 millones de euros) y “falsificación de documentos mercantiles”, al acordar partidas de aceite de oliva con una empresa francesa y apropiarse del sobreprecio que correspondía a UTECO (en torno a los mil millones de pesetas, 6 millones de euros).

– José Caballos Mojeda, cabecilla de uno de los clanes socialistas (el del ex-presidente Borbolla) durante las últimas décadas, y uno de cuyos hijos ha sido director de marketing de Maestrazgo de Sevilla SL, una empresa de ibéricos de bellota a la que la Junta concedió 2,4 millones de euros en ayudas directas del «fondo de reptiles», escribía en 1982 en el diario El País acerca del procesamiento del presidente de UTECO: “Una vez más, el Gobierno socialista tiene que cargar con la irresponsabilidad de unos pocos que se ampararon, primero, en la falta de libertades, para luego vivir como peces en el océano del dejar hacer que caracterizó a las Administraciones (?) de UCD. […] Habrá que apelar a esos aceituneros altivos, de Miguel Hernández, para que «de la tierra callada, el trabajo y el sudor» surjan sobre unas bases firmes el desarrollo y el bienestar de ese gran pueblo de Jaén”.

– Con el objetivo de “reconstruir la estructura financiera” de UTECO y la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén (CPA) y “salir al paso” de “una grave crisis en el sector agrario”, el gobierno de Felipe González aprueba en 1983 créditos extraordinarios por valor de 27.160 millones de pesetas (163 millones de euros).

– En febrero de 1988, la empresa pública Mercor, filial del Ministerio de Agricultura, y gestora de UTECO y CPA, comienza el desmantelamiento de sus plantillas (ERE encubierto), recibiendo para ello un crédito estatal de 2.200 millones de pesetas (13 millones de euros). Una de las marcas de aceite de oliva producidas por estas sociedades estatales era Coosur, que fue adquirida en subasta por Aceites del Sur en 2002.

– Meses más tarde, la empresa Hijos de Andrés Molina SA, entonces con mil trabajadores y “una de las más importantes del mercado nacional en la elaboración de productos cárnicos”, compra CPA. El entonces secretario provincial de UGT en Jaén, Tomás Cabrera, declara que la oferta de Hijos de Andrés Molina «tiene el respaldo del sindicato»: «Es una empresa con claras perspectivas de expansión en el mercado exterior, y los beneficios se quedarán en Jaén«.

– A principios de los años 90 Hijos de Andrés Molina SA atraviesa “dificultades financieras”, reduciendo la mitad de la plantilla. La Junta de Andalucía toma el control en 1995 a través del Instituto de Fomento de Andalucía, la actual agencia IDEA. Esta ha sido la agencia intermediaria para usar el “fondo de reptiles”.

– La Junta de Andalucía riega a la empresa Hijos de Andrés Molina con 50 millones de euros en ayudas estatales en forma de préstamos, garantías y condonación de deudas, lo cual es declarado ilegal por la Comisión Europea.

– La Junta de Andalucía regala en 1999 Hijos de Andrés Molina a Campofrío, gracias a la ayuda de 5,83 millones de euros que le se concede. Campofrío se queda con 300 de los 475 obreros que trabajaban en Hijos de Andrés Molina, prejubilando al resto en algunos casos a los 50 años de edad. Además se le ceden 100.000 metros cuadrado de terreno para construir una fábrica de “tecnología punta”, El delegado de industria de la Junta en Jaén, Francisco Reyes, asegura que Campofrío viene a “hacer una gran cárnica en Andalucía”.

– El entonces secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Jaén, Juan Lanzas Fernández, hace de “mediador” en el ERE de Campofrío. El dirigente de UGT hace una gran carrera como “conseguidor” de EREs, habiendo sido recibido según un auto de la jueza Alaya casi 10 millones de euros a través de empresas intermediarias, más 3 millones por mediar hasta en 5 EREs con la familia Ruiz Mateos, y casi 600.000 euros logrados al incluirse a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa y a sus cuñados Angeles Sierra y Carmelo Cruz en el de Dhul. Llegó a tener 16 casas y su madre declaró a la Guardia Civil que su hijo tenía dinero para “asar una vaca”.

– Campofrío, después de reducir la plantilla a 145 trabajadores, vende Cárnicas Molina en 2004 al grupo Primayor Foods, que en 2007 entra en concurso de acreedores y cierra. El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Francisco Reyes, el mismo que en 1999 decía que Campofrío venía a “hacer una gran cárnica en Andalucía”, reconoce que el actual proyecto empresarial de Cárnicas Molina «no es viable».

No olvidemos tampoco la responsabilidad de los oportunistas PCE-IU-Podemos en blanquear lo que ellos llaman la “izquierda”, co-gobernando con el PSOE en la Junta de Andalucía, ayuntamientos de toda España y arrodillándose una y otra vez para gobernar en coalición con estos representantes de la banca y el Ibex-35. No es de extrañar que Alberto Garzón quiera pasar página y olvidemos el latrocinio y expolio al que sus compañeros de viaje han perpetrado contra el pueblo trabajador andaluz:

En definitiva, lluvias de millones para los empresarios y sus lacayos políticos y sindicales, que prometen y prometen, mientras juegan con las vidas y los anhelos de la clase obrera que aspira no más a tener un puesto de trabajo que le permita llegar a fin de mes.

Es hora de aspirar a algo más. Es hora de tomar las riendas de nuestro destino, de tomar el control de los medios de producción para quitarse de encima a una clase parasitaria, la burguesía y la aristocracia obrera amamantada por ella, que vive el paraíso en la tierra y que nos sumergen constantemente en unas condiciones de vida cada vez más miserables y donde es imposible tener un proyecto digno de vida.

Y para ello no hay otra que estructurar y vertebrar a las clases populares desde abajo, desde el corazón de los centros de trabajo, con el sindicalismo de clase, convirtiendo los comités de empresa y delegados de personal en órganos de poder obrero con el que tomar el control de las empresas y la producción; en los barrios obreros, a través de asambleas o asociaciones de vecinos de donde salgan los representantes más honestos y combativos; de los centros de estudio y formación a través de las delegaciones de alumnos, creando asambleas de estudiantes y jóvenes; de asambleas de jornaleros y pequeños campesinos en los pueblos y zonas rurales. Todas estas asambleas unidas a través de un Frente Único del Pueblo que sea el germen de una nueva democracia y una sociedad planificada en beneficio del pueblo trabajador y no de un puñado de sanguijuelas vividoras y parásitas.

 

En una multitudinaria asamblea celebrada el miércoles, los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid han decidido por mayoría ir a la huelga de 24 horas del 3 de diciembre. Los obreros exigen la defensa de todos los servicios que se prestan como públicos desde la EMT y la conservación de todos los puestos de trabajo. Los trabajadores de Metro de Madrid también han convocado huelga para el mismo día.

La deliberada precarización del transporte público madrileño está provocando una situación de caos y malestar en la clase obrera madrileña –principal usuario del transporte público–, que día a día tiene que soportar largas esperas y retrasos en prácticamente todos los servicios de transporte (metro, autobús, Cercanías…). La incomodidad de encontrar estos servicios tan saturados ha convertido el transporte en un tedioso quehacer diario y que cada vez absorbe un mayor tiempo de nuestras vidas.

Los precios del transporte público madrileño se mantienen o siguen subiendo al tiempo que disminuye la frecuencia de trenes de metro y Cercanías, se reduce el número de autobuses y se cierran líneas enteras en el subterráneo. Mientras decenas de autobuses se quedan en las cocheras sin prestar servicio y cientos de turnos quedan sin cubrir por la falta de personal, las esperas de los usuarios en las paradas son mayores y la calidad del servicio es cada día peor.

La situación se vuelve insostenible para los trabajadores de estos servicios, que cada vez deben aguantar mayor presión y carga de trabajo, con continuos cambios de días libres para cubrir la falta de personal y la pérdida notable de la salud que esto conlleva.

Esta deliberada precarización del transporte público madrileño tiene el objetivo claro de iniciar un largo proceso de privatización, tal y como ha sucedido ya en el sector sanitario o en el educativo. La supresión de los servicios públicos básicos (transporte, educación, sanidad, pensiones…) son ya una necesidad imperiosa para la burguesía de este país, que ha visto cómo el inicio de este proceso ha sido tan lucrativo y beneficioso para sus intereses de clase como devastador para el proletariado.

El negocio de la sanidad privada se disparó tras los recortes en la sanidad pública en 2012, que provocaron el deterioro deliberado de la calidad en el servicio público y han logrado que uno de cada cinco hogares tenga un seguro sanitario, con un gasto medio de 1.186 euros anuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas pólizas tuvieron un 5,6% de crecimiento en 2018 y una facturación de 8.520 millones de euros.

Los colegios privados y concertados han duplicado sus ingresos en 13 años y han pasado de facturar 6.698 millones de euros en el curso 2004-2005 a 12.475 millones en el 2017-2018. Todo ello mientras la educación pública continúa bajando su calidad, con falta de profesorado ante el cada vez más alto ratio de alumnos por clase. De igual forma, las 50 universidades públicas de España tienen hoy 44.000 alumnos menos que hace diez años, mientras las universidades privadas han visto incrementado el número de estudiantes en 123.000, beneficiados por la reducción del gasto público. España ha pasado de invertir 10.500 millones de euros en Educación Universitaria en 2009 a dedicarle 9.474 millones en 2017.

Ahora le toca el turno al transporte y la burguesía utiliza las estrategias que siempre le han funcionado. Un deterioro considerable del transporte público sin respuesta por parte de la clase trabajadora conllevará a una privatización de líneas de autobús y metro que irá aumentando gradualmente en función de los beneficios que generen para la clase explotadora.

A la orden de la burguesía de privatizar los servicios públicos como el transporte, la educación o la sanidad no hay ninguna respuesta que le haga frente más que la movilización de la clase trabajadora. La réplica de la clase que hace que funcione cada día el transporte en Madrid, pese a la depauperación del servicio y de las condiciones laborales. La contestación de la clase obrera, cuya mayoría necesita el transporte público para ir cada día a su puesto de trabajo. No hay ninguna respuesta que haga frente a la burguesía más que la movilización de la clase que genera toda la riqueza producida en este país.

La socialdemocracia no ha podido solucionar jamás el problema de las privatizaciones ni tiene la capacidad de hacerlo, por su esencia reformista de un sistema capitalista podrido cuya clase dominante, la burguesía, necesita de esas privatizaciones para poder obtener los beneficios en épocas de crisis venideras como lo es esta. Solo la clase trabajadora, unida y organizada en un Frente Único del Pueblo que aúne todas sus luchas en una sola tendrá capacidad de respuesta ante los atropellos de la burguesía. Solo la clase obrera podrá dar forma a la máxima aspiración de los trabajadores: el Socialismo.