La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, dice en sus artículos 23.2 y 23.3: «Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual». «Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social».

Esta declaración, tan aplaudida e invocada por gobiernos de todos los colores en los países capitalistas, consagra de esta forma la esclavitud asalariada, el trabajo asalariado como única forma de subsistencia para la clase trabajadora, negando de esta forma el derecho de una sociedad a una organización económica superior, a la supresión del salario como método de esclavitud moderna, a la superación del capitalismo como sistema económico criminal e inhumano para instaurar un sistema superior, más justo y necesario, el Socialismo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que un intento de legitimar el capitalismo como estado final de la sociedad humana, intentando negar la inevitable descomposición actual del sistema, que ya sólo se sostiene a base de guerra, explotación y miseria. Reflejo de esto es también su artículo 21.3, que indica que «la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente», negando así la participación política del pueblo más allá de las elecciones, negando la organización de las masas populares y su acceso al poder al margen de las instituciones burguesas.

Pero si esta declaración no es más que la plasmación de la explotación capitalista, la carta magna del imperialismo, ni siquiera éste respeta sus propios artículos, mostrando que en el estado de descomposición actual del capitalismo, la tendencia a la reacción y al fascismo anula cualquier derecho democrático en aras de salvaguardar el poder económico de una minoría.

En su artículo 13.2, la DUDDHH dice: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Y el artículo 14.1, dice: «En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país». Estos artículos plantean una contradicción enorme en el mundo capitalista, pues el imperialismo sólo se sostiene hoy mediante guerras de rapiña para explotar recursos en otros países, de forma que es responsable directo de las condiciones inhumanas que obligan a muchos pueblos a abandonar sus países huyendo de la destrucción de la guerra.

La realidad demuestra el desprecio del imperialismo por sus propias leyes, por sus declaraciones de derechos y de intenciones, que se vuelven papel mojado en cuanto el pueblo pretende llevarlas a la práctica. Y si bien los Estados capitalistas incumplen leyes y acuerdos que ellos mismos firman, la justicia, como un instrumento más al servicio del sistema, no duda en adaptar las leyes que considere necesarias para intentar legitimar estos abusos. Así lo confirma el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes que lleva años realizando el Estado español.

El fallo se sustenta en la irregularidad de la entrada de esos inmigrantes, que no usaron los «canales regulares» para acceder al país, canales que la propia Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa lleva años denunciando que no existen. La inmigración es, como todo en este sistema, una cuestión de clase. Esos ‘canales regulares’ existen para quienes pueden adquirir un bien inmueble por valor igual o superior a 500.000 euros, o quienes pretendan realizar una inversión significativa de capital, por un valor igual o superior a 2 millones de euros, tal como regula la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su artículo 63.

Estas son las leyes que defienden los mismos que hipócritamente condenan esta resolución del TEDH. Sira Rego, eurodiputada de IU, partido que ha sido el sostén del PSOE en numerosos gobiernos y que forma parte del actual gobierno de coalición entre social fascistas y oportunistas, declaraba que «estamos ante un día triste para los derechos humanos y lamentamos profundamente esta sentencia, que es regresiva y permitirá a la UE seguir aplicando políticas migratorias racistas y xenófobas en sus fronteras», omitiendo que es el Estado español de cuyo gobierno forma parte su partido el que ha incumplido sistemáticamente el anterior criterio de ese tribunal, que viene tan sólo a legitimar una práctica que ya se estaba llevando a cabo.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) manifestaba que «no todo vale en la gestión de los flujos migratorios, y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los derechos humanos», mientras que este sindicato junto con UGT se han posicionado en numerosas ocasiones del lado del imperialismo, responsable de la destrucción de los países de los que esos mismos inmigrantes huyen.

Oportunismo político y sindical de la mano, condenando las consecuencias de las causas que apoyan, ambos hablando de derechos humanos, negando la cuestión principal, la cuestión de clase, legitimando este sistema que niega los derechos a la clase explotada, la clase trabajadora, y se los concede a los explotadores. Esos son los derechos ‘humanos’ que defienden en la práctica tanto unos como otros.

El pueblo jamás podrá vivir en paz mientras siga dejando su futuro en manos de oportunistas, mientras no se organice para tomar el poder y mandar al estercolero de la historia este sistema criminal, para construir la única alternativa posible, el Socialismo. Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento a todas las clases populares a alejarse del oportunismo político y sindical y a organizarse desde abajo en un Frente Único del Pueblo, que una todas las luchas en una única contra el capitalismo, que se convierta en un órgano de poder que permita que las riquezas que generamos los trabajadores pasen a manos del pueblo.

 

Desde hace décadas los trabajadores se han dejado engañar por aquellos que nos consideran incapaces de tomar el control de la producción, de la economía y de la sociedad, a pesar de ser nosotros quienes producimos toda la riqueza del país con nuestro sudor y sangre.

Nos aseguran con rotundidad que necesitamos empresarios-parásitos que nos esclavicen y se apropien de nuestro trabajo. No hay otra alternativa nos dicen.

Al mismo tiempo gritan “¡Sí se puede!”, para que les votemos, y una vez sentados en la alcaldía, parlamento o congreso de turno, nos dicen que no les dejan.

Pero la realidad es que ellos existen gracias a la explotación de los trabajadores; si los trabajadores de la ciudad y el campo fuéramos dueños de las empresas, las fábricas, las tierras, las minas y los recursos naturales tan inmensos que emanan de nuestros suelos, los charlatanes de los ayuntamientos, parlamentos y congresos tendrían que ponerse a trabajar, de la misma manera que sus amos empresarios, terratenientes y banqueros.

El pueblo gaditano en especial vive en sus carnes el infierno de la esclavitud en los centros de trabajo y en los campos, el desempleo y la desesperanza de no encontrar un trabajo decente, las pensiones de miseria que apenas permiten llenar el frigorífico, o la falta de futuro de una juventud que por mucho que estudie seguramente tenga que emigrar lejos de su tierra o ganarse la vida de cualquier manera.

Esa es la cruda realidad que maquillan los manporreros de los explotadores que nos inculcan falsas ilusiones en unas instituciones y unas leyes que están hechas por y para los ricos.

Los del “¡Sí, se puede!” no ofrecen otra alternativa a los trabajadores de Navantia que elegir entre el pan o la paz. Son, de esta manera, cómplices de la guerra criminal que Arabia Saudí, que tiene el mismo código penal que el Estado Islámico, ha impuesto en Yemen con la ayuda de los imperios de EEUU, Francia y Reino Unido, provocando una de las mayores catástrofes humanitarias de los últimos años. Los del “¡Sí, se puede!” ahora dicen que no se puede tener trabajo y vivir en paz con otros pueblos hermanos. Nos quieren convertir en cómplices de la barbarie.

Los del “¡Sí, se puede!” se muestran muy “demócratas” con los fascistas de VOX, juntos de la mano celebran la Constitución del 78 que impone la esclavitud que hoy vivimos. Son tan “demócratas” que ven con buenos ojos que a los fascistas de VOX se les pueda votar.

Pero lo que no permiten es que las familias obreras al borde del desahucio y la indigencia muestren su desesperación en los plenos del ayuntamiento, hasta el punto de multar a aquellos que llaman a las cosas por su nombre en presencia del “excelentísimo” alcalde. Multas para el pueblo llano cuando alza la voz, subvenciones, ayudas y servicios municipales para los empresarios.

Es hora de que la clase obrera vuelva a tener un norte propio: ser dueños de nuestro destino, no tener amos ni dueños. Lo cual significa que los latifundios de los señoritos, que reciben millonarias subvenciones de Europa, que los cotos privados que sirven para el recreo de marqueses y demás parásitos, que la industria, las empresas, los bancos, las minas, las maquinarias, pasen a manos del pueblo, pues es de su trabajo de donde emana toda esa riqueza.

Por supuesto, esto no nos lo va a dar ninguna institución, ayuntamiento, parlamento o congreso, porque todos están para defender el régimen corrupto actual.

El pueblo trabajador ha de tomarlo sin pedir permiso, y para eso no tiene otra que organizarse desde abajo, uniendo todas las clases trabajadoras de las empresas, fábricas, cortijos, barrios, con los pensionistas, los jóvenes, los autónomos, pequeños campesinos.

Es necesario organizar un Frente Único del Pueblo para acabar con los parásitos y para que todo el pueblo sea dueño de las riquezas, poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de toda la sociedad y así tener todas las necesidades cubiertas.

 

Nuestra provincia es una de las más ricas de Andalucía y, sin duda, una donde la explotación capitalista se manifiesta de manera más descarnada, al igual que el paro.

Tras expirar el 31 de diciembre el Convenio Provincial de la Hostelería, la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz HORECA – organización integrada tanto en la CEA como en la CEOE – manifestó que en la negociación del nuevo Convenio Provincial de la Hostelería de Cádiz, una de sus aspiraciones es la introducción de una ampliación de la jornada máxima diaria de los trabajadores pasando de 9 a 12 horas. Sin duda la aspiración de la Patronal es agudizar más la explotación, en un sector donde hay en torno a 30.000 trabajadores en nuestra provincia, donde se realizan multitud de horas de trabajo efectivo que no están siendo reconocidas y, por tanto, tampoco remuneradas.

La Patronal gaditana quiere agudizar la explotación todavía más, quiere un incremento en la distribución irregular de la jornada de los trabajadores, en definitiva, no sólo quieren extraer más plusvalía sino quieren establecer mecanismos para concentrar todavía más esta extracción de plusvalía.

Otro sector importante en nuestra provincia es el agrario, en el que los sindicatos diferencian, de partida, a los trabajadores de la vid con el resto de trabajadores agrícolas, una nueva prueba de fraccionamiento de la Patronal con la que, sin duda, colaboran los sindicatos al servicio del Estado, CCOO y UGT.

Otros trabajadores que son divididos enormemente son los que viven del mar, que en nuestra provincia son muchos. Por un lado tenemos a los trabajadores que trabajan en los astilleros, adscritos al metal, por otro los trabajadores del mar, adscritos a convenios incluso a nivel de puertos, transporte marítimo, estibadores, pescadores, etcétera.

La Patronal tiene a los trabajadores como quiere, totalmente divididos y las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de nuestra provincia, al igual que la de los trabajadores del resto del Estado español, cada vez son peores. Nuestra provincia está abonada a liderar la clasificación en términos de paro, por encima del 26%, cifra que se multiplica si hacemos referencia al paro juvenil. Pero no debemos quedarnos aquí, la tasa de actividad en la provincia de Cádiz está en torno al 54%, quiere decir que en nuestra provincia, de cada 100 personas en edad de trabajar, 46 ni tienen trabajo ni están inscritos como demandantes de empleo en el SAE. Lo que significa que en la provincia de Cádiz, si sumamos los desempleados a la tasa de trabajadores no activos, únicamente posee un empleo – entendiendo como empleo el cotizar una hora al mes o, incluso estar desempleado haciendo un curso del SAE que es como hacen las estadísticas –en torno al 39,5% de la población gaditana en edad de trabajar.

A esta situación debemos sumar los desahucios, la calidad de la educación y la sanidad pública, cada día peores, por no hablar de nuestros niños y niñas, pues la provincia de Cádiz tiene una tasa del 41,5% de población infantil en riesgo de pobreza, sólo superado en este ranking en Andalucía por la provincia de Almería.

Por el contrario, los empresarios cada vez obtienen una mayor plusvalía y nuestra provincia alberga grandes latifundios, riqueza que sale de nuestra provincia, que es generada por el proletariado y el pequeño campesinado de nuestra provincia, que lo único que nos deja es miseria, paro y desigualdad a la par que los monopolios y los terratenientes se llenan los bolsillos.

Es momento de que los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Cádiz rompamos la estrategia de la burguesía de dividirnos y nos organicemos y unamos. Todos los trabajadores, ya sean del campo o de la ciudad, ya sean del mar o de la industria, sufrimos por igual la explotación capitalista. Las divisiones que la patronal hace por sectores de la producción es una forma que tiene ésta para dividirnos a los que realmente generamos la riqueza con nuestra fuerza de trabajo. La burguesía, la patronal, sabe perfectamente que estando los trabajadores divididos y desorganizados ellos siempre ganarán y nosotros, los trabajadores, siempre perderemos.

En esta estrategia de división, se arrodillan ante la patronal tanto los sindicatos vendidos – como son CCOO y UGT – como los partidos oportunistas (IU-PCE-Podemos) que fraccionan las luchas del proletariado (en mareas de diferentes colores). Y es que la lucha por la sanidad pública, por la educación pública, por la tierra para los jornaleros, por el derecho al trabajo, la lucha de la mujer obrera, la lucha de los pensionistas, la lucha de la juventud por un futuro o la lucha contra los desahucios y por una vivienda digna, no son luchas separadas, sino que son diferentes maneras de expresarse en la que se manifiesta la lucha de clases. Por ello, en Cádiz se hace fundamental la unión de todas esas luchas en una única lucha de clases contra el responsable de todos esos efectos: El capitalismo monopolista y su Estado. Hoy es una necesidad histórica la unión de todas esas luchas en un Frente Único del Pueblo que sea capaz de unirlas en una única lucha de clases contra la burguesía y su Estado, por la superación de este sistema inhumano que padecemos y que nos condena a los trabajadores a la miseria y a la muerte.

 

Barcelona intenta presentar-se davant el món com una de les ciutats més obertes i cosmopolites que existeixen. L’ajuntament de Barcelona en Comú projecta la imatge d’una gestió eficaç en contra de la precarietat davant els socialdemòcrates del planeta que no dubten en oferir-li suport i reconeixement. Exemples d’això són l’ex presidenta del Brasil, Dilma Rousseff o l’aspirant a la presidència dels EUA, Bernie Sanders. Encara que a l’hora de la veritat, el suport més efectiu que ha rebut el consorci va ser el del reaccionari i feixista Manuel Valls, en la seva fanàtica croada en contra del dret a l’autodeterminació de Catalunya que li va portar a secundar sense condicions, la força no independentista més votada. Fora de les fronteres de la ciutat, s’ha inculcat la falsa idea que el fet que Ada Colau hagi accedit a l’alcaldia ha estat un èxit dels moviments social, de les aspiracions i reivindicacions populars. Res més lluny de la realitat. Entre tanta preocupació per la percepció que es té des de fora, què queda pels qui vivim aquí? què queda pels qui estudiem aquí? què queda pels qui treballem aquí? i què queda pels qui viuen la seva vellesa en aquesta ciutat?

El passat 31 de gener el Periódico donava resposta a aquesta última qüestió en posar en coneixement una sèrie de reveladores xifres que el cap del cos d’emergències municipal va presentar en la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Aquestes xifres estipulen que l’any passat, 141 persones, gairebé totes elles majors de 60 anys, van ser trobades sense vida en el seu domicili per part del cos de Bombers de la ciutat. Per consegüent, es pot determinar que de mitjana una persona gran mor en solitud i en el més absolut oblit cada dos dies a la ciutat comtal.

No obstant, aquestes xifres únicament recullen els casos en els quals ha estat necessari tirar la porta a baix per a poder accedir al domicili. Les ocasions en les quals un familiar o un veí ha pogut obrir la porta en posseïr una clau no es comptabilitzen, amb la qual cosa és deduïble que el número de morts és encara major. El consistori de l’Ajuntament està intentant creuar dades de diferents entitats per a poder concretar una xifra més exacta i ha determinat que a aquestes 141 persones se’ls ha de sumar 16 computats més pel servei municipal de teleassistència. Però les xifres poden anar molt més enllà si tenim en compte que els Mossos d’Esquadra van registrar 786 successos, els quals van acudir a una residència en què hi havia una persona morta dins i la Guàrdia Urbana de Barcelona en recull 207. La qüestió és que, en tots dos casos, no es fa distinció entre els quals vivien en solitud o en companyia.

Des de 2001, a Catalunya el nombre d’habitants amb més de 65 anys ha crescut gairebé un 30%. Els casos de persones majors que viuen en aïllament s’accentuen més en ciutats com Barcelona; més del 10% de la població té més de 76 anys. Davant aquesta perspectiva, les institucions es veuen desbordades. Com ja ens tenen acostumats els responsables públics, incapaços de dur a terme una solució efectiva davant aquesta xacra, es recolzen en entitats privades com la Creu Roja o Amics de la Gent Gran per a atallar el problema. Tracten la vellesa com si fos un problema, quan l’únic problema aquí és un sistema de producció que posa data de caducitat als éssers humans. La realitat és que està més que demostrat que arremetre sobre la superficialitat, amb voluntarisme o caritat, a través de petits canvis quantitatius, no s’aconsegueix abordar el problema des de la seva arrel.

Un exemple de la poca vergonya de les institucions a l’hora d’enfrontar-se a les seves suposades responsabilitats socials envers la gent gran a Barcelona es troba en el cas de la residència per a la tercera edat de l’antiga fàbrica Alchemika en el barri del Clot Camp de l’Arpa. L’Associació de Veïnes i Veïns del barri porta gairebé deu anys lluitant perquè aquesta residència sigui gestionada de manera pública ja que la inversió per a la seva construcció prové de la Generalitat i la construcció va anar a càrrec de l’Ajuntament, el qual també va aportar fons. Reclamen, a més, prioritat en les llistes d’espera per als veïns del barri. No obstant això, una vegada acabada l’obra al 2016, la residència va romandre tancada amb un vigilant de seguretat 24 hores a la porta i així va restar a l’espera que la Generalitat adjudiqués l’administració a una empresa privada en contra de la voluntat dels veïns. Al 2017, la gestió del centre va passar a les mans d’una UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per Ingesan (filial de OHL) i Asproseat. L’ajuntament actual per la seva part va dir que volia comprar completament la residència per a posar-la a la disposició dels veïns, és a dir, volien comprar amb els nostres diners, quelcom que es va construir amb els nostres diners, amb el treball dels nostres companys de classe i que ens pertany.

Com pot llavors la classe obrera permetre’s una vellesa en pau amb tals paràsits polítics aliats dels especuladors? Com pot la classe obrera conciliar una vida sent explotada amb l’atenció als seus parents majors si no disposa d’una ínfima ajuda? La vexació amb la qual es tracta a la tercera edat és descoratjadora.

En algunes ocasions, els Bombers acudien a l’habitatge advertits per algú que es trobava fora i que no podia contactar amb el seu parent que vivia sol. En altres casos, directament s’acudia quan els veïns començaven a olorar el cos en descomposició. I és que Barcelona no deixa de ser un paradís per als capitalistes, els quals veuen als treballadors com a màquines amb una vida útil. Quan envellim ja no importem perquè no som profitosos per a generar i produir la seva riquesa.

La solitud en la qual moren aquestes persones en la seva vellesa és un símptoma més d’aquest capitalisme depredador, que no fa més que separar els vincles de germanor dels éssers humans mitjançant la glorificació del seu individualisme, mantenint i enfortint així la seva maquinària productiva en detriment de la unió popular i el suport mutu. També demostra com un sistema com en el que vivim no té gens d’interès en ajudar les famílies treballadores a poder conciliar el seu treball amb la cura d’una persona major, forçant als treballadors a portar una vida de misèria fins als nostres últims dies.

Els ancians que moren sols a les seves llars són persones que porten tota la seva vida creant riquesa. Riquesa que desgraciadament ha acabat en mans de quatre burgesos xucla sang que veuen Barcelona com el seu tauler de Monopoli sobre el qual dur a terme el seu joc econòmic especulatiu i que tangencialment es converteix en res per a les persones que vivim aquí. És inadmissible que els últims anys de la vida de tants treballadors hagin de passar-se en aïllament induït o en una desatenció sanitària i afectiva total. No es pot tolerar que les famílies treballadores no puguin permetre’s una ajuda qualificada per a acompanyar als seus majors. I és que per més que Ada Colau vingui dels moviments socials, la seva consciència i la seva falta d’humanitat és completament antiobrera i tot el seu poder descansa sobre els òrgans polítics d’un Estat corrupte i feixista. I és que després de cinc anys de mandat ens continuen traient el dret al treball, el dret a un sostre i fins hi tot ens continuen robant la dignitat després de tota una vida de sacrifici i explotació en arribar a la vellesa. Un ajuntament com el de Colau no fa que l’Estat sigui una mica més “democràtic” sinó que li neteja la cara al feixisme.

És per això que la classe obrera de Barcelona no ha de ser còmplice d’aquesta agressió. Hem de mobilitzar-nos davant aquest atropellament als drets dels nostres majors que no és més que la punta de l’iceberg de tota una existència d’alienació, explotació i sofriment silenciós. És el moment d’alçar la veu. Li ho devem als que porten tota una vida patint el menyspreu dels explotadors i els seus lacais polítics. Només la classe obrera organitzada en el Front Únic del Poble podrà desfer aquest despropòsit de l’oportunisme que es viu a Barcelona i prendre consciència de que és possible viure en dignitat i per tant, morir també amb dignitat, satisfet i en pau. El Partit Comunista Obrer de Catalunya fa una crida a les treballadores i treballadors més conscienciats a engrossir les files del Partit per a establir les bases d’un món en el qual valgui la pena viure.

Barcelona intenta presentarse ante el mundo como una de las ciudades más abiertas y cosmopolitas que existen. El ayuntamiento de Barcelona en Comú proyecta la imagen de una gestión eficaz en contra de la precariedad ante los socialdemócratas del planeta que no dudan en ofrecerle apoyo y reconocimiento. Ejemplos de ello son la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff o el aspirante a la presidencia de los EEUU, Bernie Sanders. Aunque a la hora de la verdad, el apoyo más efectivo que ha recibido el consorcio fue el del reaccionario y fascista Manuel Valls, en su fanática cruzada en contra del derecho a la autodeterminación de Catalunya que le llevó a apoyar sin condiciones a la fuerza no independentista más votada. Fuera de las fronteras de la ciudad, se ha inculcado la falsa idea de que el hecho de que Ada Colau haya accedido a la alcaldía ha sido un éxito de los movimientos sociales y de las aspiraciones y reivindicaciones populares. Nada más lejos de la realidad. Entre tanta preocupación por la percepción que se tiene desde fuera ¿qué queda para los que vivimos aquí? ¿qué queda para los que estudiamos aquí? ¿qué queda para los que trabajamos aquí? ¿y qué queda para los que viven su vejez en esta ciudad?

El pasado 31 de enero el Periódico daba respuesta a esta última cuestión al poner en conocimiento una serie de reveladoras cifras que el jefe del cuerpo de emergencias municipal presentó en la Junta de Seguridad Local de Barcelona. Dichas cifras estipulan que el pasado año, 141 personas, casi todas ellas mayores de 60 años, fueron encontradas sin vida en su domicilio por parte del cuerpo de Bomberos de la ciudad. Por consiguiente, se puede determinar que de media una persona mayor fallece en soledad y en el más absoluto olvido cada dos días en la ciudad condal.

Sin embargo, estas cifras únicamente recogen los casos en los que ha sido necesario tirar la puerta abajo para poder acceder al domicilio. Las ocasiones en las que un familiar o un vecino ha podido abrir la puerta al poseer una llave no se contabilizan, con lo cual es deducible que el número de fallecidos es aún mayor. El consistorio del Ayuntamiento está intentando cruzar datos de diferentes entidades para poder concretar una cifra más exacta y ha determinado que a estas 141 personas se les debe sumar 16 computados por el servicio municipal de teleasistencia. Pero las cifras pueden ir mucho más allá si tenemos en cuenta que los Mossos d’Esquadra registraron 786 sucesos en los que acudieron a una residencia en la que había una persona fallecida dentro y la Guardia Urbana de Barcelona recoge 207. La cuestión es que, en ambos casos, no se hace distinción entre los que vivían en soledad o en compañía.

Desde 2001, en Catalunya el número de habitantes con más de 65 años ha crecido casi un 30%. Los casos de personas mayores que viven en aislamiento se acentúan más en ciudades como Barcelona; más del 10% de la población tiene más de 76 años. Ante esta perspectiva, las instituciones se ven desbordadas. Como ya nos tienen acostumbrados los responsables públicos, incapaces de tener una solución efectiva ante esta lacra, se apoyan en entidades privadas como la Cruz Roja o Amics de la Gent Gran para atajar lo que para ellos es un problema. Y es que tratan algo tan normal como la vejez como si fuera un problema, cuando el único problema aquí es un sistema de producción que pone fecha de caducidad a los seres humanos. La realidad es que está más que demostrado que arremetiendo sobre la superficialidad, con voluntarismo o caridad, a través de pequeños cambios cuantitativos, no se consigue abordar el problema desde su raíz.

Un ejemplo de la poca vergüenza de las instituciones a la hora de enfrentarse a sus supuestas responsabilidades sociales para con la gente mayor en Barcelona se encuentra en el caso de la residencia para la tercera edad de la antigua fábrica Alchemika en el barrio del Clot Camp de l’Arpa. L’Associació de Veïnes i Veïns del barrio lleva casi diez años luchando para que dicha residencia sea gestionada de forma pública puesto que la inversión para su construcción proviene de la Generalitat y la construcción corrió a cargo del Ayuntamiento, el cual también aportó fondos. Reclaman, además, prioridad en las listas de espera para los vecinos del barrio. Sin embargo, una vez acabada la obra en 2016, la residencia permaneció cerrada con un vigilante de seguridad 24 horas en la puerta y así permaneció a la espera de que la Generalitat adjudicara la administración a una empresa privada en contra de la voluntad de los vecinos. En 2017, la gestión del centro pasó a manos de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Ingesan (filial de OHL) y Asproseat. El ayuntamiento actual por su parte dijo que quería comprar completamente la residencia para ponerla a disposición de los vecinos, es decir, querían comprar con nuestro dinero, algo que se construyó con nuestro dinero, con el trabajo de nuestros compañeros de clase y que nos pertenece.

¿Cómo puede entonces la clase obrera permitirse una vejez en paz con tales alimañas políticas aliadas con los especuladores? ¿Cómo puede la clase obrera conciliar una vida siendo explotada con la atención a sus parientes mayores si no dispone de una ínfima ayuda? La vejación con la que se trata a la tercera edad es descorazonadora.

En algunas ocasiones, los Bomberos acudían a la vivienda advertidos por alguna persona que se encontraba fuera y que no podía contactar con su pariente que vivía solo. En otros casos, directamente se acudía cuando los vecinos empezaban a oler el cuerpo en descomposición. Y es que Barcelona no deja de ser un paraíso para los capitalistas, los cuales ven a los trabajadores como máquinas con una vida útil. Cuando envejecemos ya no importamos porque no somos provechosos para generar y producir su riqueza.

La soledad en la que mueren estas personas en su vejez es un síntoma más de este capitalismo depredador, que no hace más que separar los vínculos de hermandad de los seres humanos mediante la glorificación de su individualismo, manteniendo y fortaleciendo así su perverso modo de producción en detrimento de la unión popular y el apoyo mutuo. También demuestra como un sistema como en el que vivimos no tiene ningún interés en ayudar a las familias trabajadoras a poder conciliar su trabajo con el cuidado de una persona mayor, forzando a los trabajadores a llevar una vida de miseria hasta nuestros últimos días.

Los ancianos que mueren solos en sus casas son personas que llevan toda su vida creando riqueza. Riqueza que desgraciadamente ha acabado en manos de cuatro burgueses chupa sangres que ven en Barcelona su tablero de Monopoly sobre el que llevar a cabo su juego económico especulativo y que tangencialmente se convierte en nada para las personas que vivimos aquí. Es inadmisible que los últimos años de la vida de tantos trabajadores tengan que pasarse en aislamiento inducido o en una desatención sanitaria y afectiva total. No se puede tolerar que las familias trabajadoras no puedan permitirse una ayuda cualificada para acompañar a sus mayores. Y es que por más que Ada Colau venga de los movimientos sociales, su conciencia y su falta de humanidad es completamente antiobrera y todo su poder descansa sobre los órganos políticos de un Estado corrupto y fascista. Y es que tras cinco años de mandato nos siguen arrebatando el derecho al trabajo, el derecho a un techo y hasta nos siguen robando la dignidad tras toda una vida de sacrificio y explotación al llegar a la vejez. Un ayuntamiento como el de Colau no hace que el Estado sea un poco más “democrático” sino que le limpia la cara al fascismo.

Es por ello que la clase obrera de Barcelona no deber ser cómplice de esta agresión. Debemos movilizarnos ante este atropello a los derechos de nuestros mayores que no es más que la punta del iceberg de toda una existencia de alienación, explotación y sufrimiento silencioso. Es el momento de alzar la voz. Se lo debemos a los que llevan toda una vida acarreando el ninguneo de los explotadores y sus lacayos políticos. Solo la clase obrera organizada en el Frente Único del Pueblo podrá deshacer este despropósito del oportunismo que se vive en Barcelona y tomar conciencia de que es posible vivir en dignidad y, por lo tanto, morir también con dignidad, satisfecho y en paz. El Partit Comunista Obrer de Catalunya hace un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores más concienciados a engrosar las filas del Partido para sentar las bases de un mundo en el que valga la pena vivir.

 

Al igual que la cuestión nacional, la cuestión de la tierra es otra cuestión que la burguesía en España no ha sido capaz de resolver. El pasado día 29 de enero se veía en los medios de comunicación del capital la movilización de campesinos extremeños en Don Benito, donde se produjeron cargas policiales, coincidiendo con la feria agraria Agroexpo, en la que estaba el Ministro de Agricultura. Al día siguiente, el 30 de enero, los medios se fijaban en los cortes de la autovía A4, a la altura de Andújar y de La Carolina, donde campesinos andaluces se movilizaban exigiendo un precio justo del aceite. Estas movilizaciones, organizadas por las patronales agrarias UPA, COAG y ASAJA, así como por patronales agrarias provinciales, no sólo se desarrollaron en Andalucía y en Extremadura, sino también en provincias de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Galicia, Castilla La Mancha o Cantabria.

Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, la pequeña y mediana burguesía agraria, reivindican, entre otras cosas, la falta de precios justos, la subida de los costes de producción, los recortes en las ayudas provenientes de la UE y de las administraciones españolas y, como consecuencia de ello, la despoblación del agro, y la especulación con los productos agrarios, de tal modo que el campesino obtiene cada vez un precio menor por sus productos mientras los intermediarios, los agentes que participan en la comercialización de dichos productos agrarios, se acrecienta. También se quejan de los efectos provocados por el Brexit y la guerra comercial interimperialista.

La bancarrota económica del Estado, lo es también institucional y política y, ante este cuadro, el capitalismo monopolista de Estado se está rompiendo por los flancos que ha sido incapaz de resolver; la cuestión nacional en Cataluña, Euskadi y Galicia, ahora por la cuestión de la tierra, y también por la creciente desigualdad y agudización de la explotación capitalista.

En el Estado español, en 2009 según el último censo agrario realizado por el INE, la pequeña explotación de la tierra contaba con 503.082 explotaciones agrarias que abarcaban 1.034.020,60 hectáreas, que en términos relativos equivale al 52,01% de las explotaciones agrarias y el 4,35% de la superficie agrícola utilizada. Sin embargo, la gran explotación agraria y la propiedad latifundista contaba con 75.508 explotaciones agrarias que abarcaban 15.117.471,28 hectáreas, o lo que es lo mismo, el 7,8% de las explotaciones agrarias condensan el 63,64% de la superficie agrícola española.

Sin duda este proceso de concentración de la tierra, durante esta década, ha ido acentuándose; pequeños propietarios de la tierra arruinados han ido vendiendo sus tierras a aquéllos que pueden comprárselas, terratenientes y monopolios. Por otro lado, la UE a través de la PAC ha realizado una política agraria consistente en subvencionar la extensión que sirve para condenar al campo financiando a los parásitos terratenientes y los grandes monopolios alimentarios, esto es, capitalismo parasitario. El pasado 12 de enero de 2020, en el diario Público se publicó un artículo titulado “Labradores de sofá: más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos”, que dice lo siguiente: “En España ya hay dos ‘labradores de salón’, casi tres según cálculos, por cada agricultor que realmente se dedica a cultivar la tierra o criar ganado: los primeros son más de 650.000 mientras los segundos no llegan a 250.000, según indica un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) sobre el rendimiento económico de las actividades profesionales de los autónomos. (…) ¿Y qué es un labrador de sofá o de salón? Básicamente, propietarios de tierras y de zonas de pasto que no explotan pero cuya titularidad les permite desde hace casi dos décadas llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados ‘derechos históricos’.” Es decir, el campo está condenado para que los parásitos fascistas – que son los dueños de las grandes extensiones de tierra como la Casa de Alba, la familia Domecq, García Carrión, etcétera – se lucren a condición de tener las tierras baldías, improductivas. He aquí el verdadero cáncer del campo, de lo que les gusta llamar a los limpiabotas del capital “la España vacía”.

A ello hay que unir que el Estado sufraga parte de la internacionalización de empresas agrarias, de tal modo que tanto el ICEX como, por ejemplo, la Agencia EXTENDA de la Junta de Andalucía les subvencionan y guían en exportar capitales a otros países, como por ejemplo Marruecos, donde desarrollan la agricultura en dicha zona, incrementando la importación de dichas producciones, así como estimulan el desarrollo de empresas de importación de productos agrícolas de otros países del mundo.

Esta realidad provoca la depauperación del campo, el subdesarrollo y con él los flujos migratorios del campo a la ciudad, a la que nutre de mano de obra barata; así como, por ejemplo, en Andalucía o Galicia, también se producen flujos migratorios del campo al litoral donde estos trabajadores son devorados en sectores como la construcción y la hostelería.

Así, pues, lo acontecido esta semana, y lo que seguirá acaeciendo no es más que la manifestación de un problema estructural del capitalismo monopolista de Estado, las costuras del sistema se abren por las partes más débiles.

Mientras esto sucede, la “izquierda” del sistema achaca el problema del campo a los bajos precios agrarios y a los canales de intermediación y distribución en manos de monopolios extranjeros, tal y como explican Cayo Lara y el PCE. ¿La solución entonces pasa porque estos monopolios sean nacionales? ¿Por qué no señalan al sistema? Pues la razón es evidente, el PCE/IU-PODEMOS son responsables de todo este sistema, son defensores de la Constitución del 78 y de la UE y, en muchos pueblos de Andalucía son incluso ellos los que se alían con los caciques locales desde los municipios que gobiernan.

Por otro lado, la derecha reaccionaria y los empresarios, incluidos los del campo, achacan el problema del agro, fundamentalmente, a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Por último, los sindicatos del Estado – CCOO y UGT – no dudan en arremeter contra las protestas vinculándolas “a la derecha terrateniente y carca” defendiendo la tesis de que la subida del SMI no influye en la problemática del campo. Unos sindicatos a los que se les debería de caer la cara de vergüenza, pues son responsables de la división de los trabajadores asalariados del campo, los jornaleros, siendo sus representantes en el sector del campo el personal más lacayuno a esos terratenientes que critican, firmando convenios provinciales del campo que son auténticas puñaladas a los jornaleros.

Pero como se puede comprobar, ni unos ni otros ubican la culpa del problema agrario al auténtico causante, el capitalismo monopolista de Estado, centrando el debate sobre el salario mínimo interprofesional, al objeto de desviar al pueblo de la raíz del problema: la concentración de la propiedad de la tierra, la política agraria dictada por la asociación imperialista de la UE, que la banca sea privada, el subdesarrollo del campo, en definitiva, el capitalismo monopolista de Estado. Y es que tanto la derecha como la falsa ‘izquierda’ son iguales de capitalistas, son iguales de defensores del capitalismo monopolista.

El pequeño campesino, así como el mediano ahora que la UE se está planteando eliminar parte de las subvenciones, están ante la siguiente disyuntiva: O están condenados a la ruina en caso de proseguir la política inherente al capitalismo monopolista o se unen al proletariado y demás clases populares azotadas por el capitalismo, para superar este sistema que los condena a la ruina, es decir, para construir el socialismo. ¡No hay término medio!

Es obligación de nuestro Partido, y de cualquier comunista que se precie de serlo, estar presente en esta lucha dando nuestra alternativa a este problema estructural del capitalismo monopolista de Estado que es incapaz de resolver: La Reforma Agraria antilatifundista y antimonopolista que:

• Debe ser antilatifundista porque los terratenientes utilizan las grandes extensiones de tierras para obtener materias primas y dinero a costa de la explotación de los jornaleros; materias primas y dinero que se llevan a sus industrias y bancos de Madrid, País Vasco y Cataluña perpetuando el subdesarrollo en Andalucía, Extremadura y ambas Castillas. Se debe expropiar los latifundios y entregar la tierra a los jornaleros y pequeños campesinos al objeto de que procedan a su explotación planificada según las necesidades del país. Esta entrega a los jornaleros debe rodearse de las condiciones óptimas para que su trabajo dé el fruto planificado. Hay que dotar a los nuevos campesinos de superficie agraria suficiente para que sean rentables, de tal modo que se realizará la socialización de las tierras, y su agrupamiento en cooperativas, cuyo rendimiento, la producción, pertenecerán a la sociedad, puesto que ésta les entregará a los campesinos no sólo las tierras; también la maquinaria, aperos, semillas, abonos, tecnología, etcétera. El transporte y la comercialización de los productos ya no supondrían costes añadidos que graven la economía de los nuevos campesinos. De igual manera se procederá con los pequeños agricultores ya existentes. La sociedad pondrá a disposición del campo las estructuras adecuadas para introducir los avances científicos y tecnológicos.

• Debe ser antimonopolista porque todo lo que rodea al proceso de producción del campo está en poder del gran capital industrial y financiero: las maquinas, los productos químicos, el transporte, la comercialización y los préstamos a los pequeños campesinos; ergo están a merced de la banca y los monopolios – españoles y extranjeros – que imponen sus precios y sus leyes. Esta es la razón por la que los pequeños campesinos actuales se ven abocados a la ruina, sin poder afrontar los gastos que son superiores a los ingresos. La existencia de monopolios y de la banca privada es incompatible con nuestra Reforma Agraria. Nuestra Reforma Agraria, la que necesita nuestro país, requiere de la nacionalización y socialización de los monopolios y de la banca y, además, debe acompañarse de la nacionalización y socialización de los sectores estratégicos, casi todos ellos empresas públicas que los gobiernos del PSOE y del PP han privatizado: REPSOL, ENDESA, TELEFÓNICA, REE, INDRA, AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, IBERIA, SANTA BÁRBARA, etcétera. En definitiva, se trata de devolver al pueblo todo lo que él mismo levantó con sus esfuerzos y le fue robado por aquéllos que los privatizaron. Una Reforma Agraria que debe romper con el proyecto imperialista europeo, que debe romper con la UE porque niega la soberanía al pueblo y le impide la racionalización y la planificación democrática según los deseos y necesidades del pueblo trabajador.

Se dan las condiciones objetivas para que el capitalismo monopolista español caiga, está quebrado tanto económica, como política e institucionalmente. Esta crisis bestial del capitalismo monopolista de Estado exacerba el fascismo, la única alternativa que puede ofrecer el capitalismo y sus monopolios al pueblo junto con la ruina y la miseria. El PCOE tiene la obligación de llevar al máximo número de jornaleros y de pequeños campesinos nuestra alternativa, nuestra Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista. El momento es de lucha y de estar en la calle, en el conflicto, en el tajo mostrándoles a los jornaleros y los pequeños campesinos la inviabilidad del capitalismo monopolista de Estado y desenmascarando a los fascistas y confrontándolos. O los comunistas ocupamos ese espacio o serán los fascistas los que conducirán a los campesinos y a los jornaleros a una derrota aún mayor y, con ellos, arrastrarán a todo el pueblo, todo ello como consecuencia de la política socialdemócrata que es incapaz de dar salida a la situación, pues son tan defensores del capitalismo monopolista como la derecha y tan responsables de la situación en la que se encuentran los obreros, los jornaleros y los pequeños campesinos. Hoy más que nunca, y más en el estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

Que el sistema capitalista está quebrado a nivel mundial es una realidad que los propios economistas burgueses ya no ocultan. Las deudas públicas de la mayoría de los países capitalistas superan o rozan el 100% de sus respectivos PIB, lo que lleva a las grandes potencias imperialistas a incrementar las guerras de rapiña con las que saquear recursos de otros países en su huida hacia delante para intentar sostener un sistema moribundo.

En España, al cierre del primer semestre de 2019 la deuda externa se situaba en el 171,3% del PIB, con una capacidad de decisión económica totalmente supeditada al pago de la deuda tras la reforma del artículo 135 de la Constitución llevado a cabo por PSOE y PP en 2011, lo que conlleva que los presupuestos del Estado tengan que ser supervisados por la Unión Europea.

Ante este panorama de absoluta bancarrota, el gobierno ‘de progreso’ de PSOE y Unidas Podemos ha intentado lavar la cara al sistema en sus primeros meses de gestión, con una mísera subida de un 0,9% de las pensiones, lo que supone desde 1,8 euros al mes para la pensión mínima de orfandad, pasando por los 5,7 euros al mes para la pensión mínima para los jubilados, hasta los 23,94 euros al mes para la pensión máxima de jubilación. Se ha aprobado también una subida del Salario Mínimo Interprofesional que ha pasado de los 900 a los 950 euros, si bien antes de conformarse el gobierno se debatía si el salario mínimo subiría a 1000 o 1200 euros.

Estas limosnas que, según la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (IU), permitirán a algunos trabajadores comer pescado durante la semana, a pesar de reconocer abiertamente que «no se puede vivir con 950 euros», y que serán contrarrestadas por completo con las subidas de alquiler, butano, luz, gas, etc., han sido pactadas en tiempo récord entre gobierno, patronal y sindicatos amarillos, los cuales no han dudado en mostrar públicamente la buena relación que mantienen, lo bien que están actuando y la actitud inteligente que están adoptando todos.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, sindicato responsable del empobrecimiento de la clase trabajadora en los últimos años, a través de los acuerdos firmados con el gobierno que han desembocado en las reformas laborales, así como de la firma de miles de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que han enviado al paro a millones de trabajadores, permitiendo a las empresas reestructurar sus plantillas y reducir los salarios, muestra públicamente su papel de lamebotas de la patronal al manifestar que ésta «está adoptando una actitud inteligente».

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, manifestaba ante los medios tener «con la ministra (Yolanda Díaz), una muy buena relación personal, y con Pablo Iglesias también», a lo que la ministra de Unidas Podemos respondía que «en la política, como en la vida lo que prima es el feeling personal. Uno puede tener posiciones políticas diferentes, pero obviamente, si se comporta correctamente, claro que puede llegar a puntos de encuentro».

Para Unidas Podemos, las posiciones políticas e ideológicas no tienen importancia si se tiene feeling personal. La realidad es que no hay diferencias políticas ni ideológicas entre el gobierno de coalición PSOE-Podemos, los sindicatos amarillos o la patronal. Todos ellos defienden una misma ideología, un mismo Estado y una misma política, la defensa a ultranza de un sistema que ya solo genera miseria, pobreza, guerras y muerte; todos ellos son fieles defensores del capitalismo, y ante el aumento de movilizaciones y protestas a nivel mundial, ante el hartazgo de las clases populares, cierran filas.

Y lo hacen hasta puntos vergonzosos, quedando cada vez más patente cómo el discurso oportunista de Podemos ha ido evolucionando a posiciones cada vez más alejadas de aquellas proclamas sobre tomar el cielo por asalto, eliminando cuestiones como el impago de la deuda, la nacionalización de empresas, la reducción de la edad de jubilación o la salida de la OTAN entre otras, integrándose perfectamente con el socialfascismo del PSOE, hasta el punto de que la nueva ministra de Trabajo ha llegado a decir que «técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable», en unas declaraciones que podría haberlas firmado el propio Antonio Garamendi, con quien la ministra tiene tan buena relación personal.

Lejos de la imagen que Unidas Podemos pretende vender de cara a la galería, manifestando que para gobernar en coalición hay que hacer muchas renuncias, la realidad es que las posturas del partido liderado por Pablo Iglesias han ido acercándose cada vez más a las del PSOE –aquel partido, el de la cal viva, que era igual de malo que el PP– mucho antes de que comenzaran las negociaciones para conformar gobierno.

Este gobierno ya solo puede ofrecer engaño a las clases populares, pues no queda ningún margen de mejora dentro de los límites de este sistema, que hace tiempo que quedó obsoleto, y que tan solo puede generar más miseria. El capitalismo está moribundo, pero no caerá por sí solo. Son las clases populares, aquellos que producimos toda la riqueza, los que debemos darle el último empujón y acabar con este sistema criminal para construir la única alternativa viable: el Socialismo.

Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento al proletariado y a todas las clases populares a unir todas sus luchas en un Frente Único del Pueblo, en una única lucha contra el capitalismo, que sea además un órgano de poder de la clase obrera para poner toda la riqueza que generamos en manos del pueblo.

 

El pasado día 4 de enero se inició el debate de investidura, una sesión marcada por la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar el día anterior al President de la Generalitat y negar la condición de europarlamentario al preso político Oriol Junqueras, contradiciendo así lo expresado por el TJUE hace apenas 20 días. Este hecho demuestra, nuevamente, la esencia fascista del Estado español, donde desde un organismo administrativo, como es la Junta Electoral Central – compuesto en gran parte por magistrados del Tribunal Supremo – se demuestra desde el aparato del Estado que la voluntad popular pasa a un segundo plano, subordinada a los intereses de la oligarquía, así como que la separación de poderes es una quimera, mostrándose como un instrumento manejado por la extrema derecha al objeto de satisfacer sus intereses políticos, ya sea pretendiendo influir en el Pleno de Investidura en el Parlamento, ya sea pretendiendo usurpar competencias del Poder Judicial, dando firmeza a sentencias no firmes o ignorando lo expresado por el TJUE.

Hay que recordar cuando en noviembre de 2018, el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, tal y como destapó la prensa, explicaba por Whatsapp a otros senadores del PP el pacto que hicieron PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde afirmaba “(…) Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11 (…) obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (…) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala especial que tiene entre sus atribuciones la de ilegalizar partidos políticos, como sucedió en el caso de Herri Batasuna]”. Ese “Presidente excepcional” era Manuel Marchena, quien presidió el Tribunal que juzgó a los presos políticos catalanes. Por lo que se comprueba, pareciera que la JEC también pudiera estar controlada desde detrás, a tenor de las dos decisiones adoptadas el pasado día 3 de enero.

El debate de investidura arrojó un Parlamento polarizado, dividido prácticamente a partes iguales, donde la extrema derecha se expresa tal y como es – PP, VOX y sus satélites (C’s, Foro Asturias, PRC, CC y UPN) – poniendo el grito en el cielo ante la posibilidad de que reaccionarios – PSOE – y oportunistas de distinto pelaje – PODEMOS y sus satélites, IU/PCE – conformen un gobierno. Y es que a los monopolios cada vez les cuesta más admitir a un gobierno que no sea abiertamente fascista.

Tanto el candidato a la Presidencia del Gobierno, con su cohorte de renegados y oportunistas, así como la tripleta fascista de la oposición y sus criaturas, todos ellos continuadores de la obra de Franco, se daban golpes en el pecho en defensa del Estado y su Constitución, la Constitución de 1978. Todos, desde Sánchez a Abascal, pasando por Casado e Iglesias, reivindicaron la Constitución de 1978. Sin embargo, en la defensa de ésta, quien descolló por su indignidad fue el diputado Alberto Garzón Espinosa, de IU/PCE, que en respuesta al PP y su lógica reivindicación de dicha Constitución – pues al fin y al cabo la Constitución encierra todas las esencias del Estado franquista, como son la bandera franquista, la unidad de España, el dominio del aparato del Estado por parte de las fuerzas fácticas del régimen fascista (ya sea en el Ejército, la Judicatura y en las fuerzas de represión del Estado) -, no dudo en replicar al partido fascista PP, uno de los más corruptos de Europa, que “sin el PCE no se entendería ni la democracia de España ni la Constitución de 1978”. ¡Ahí tenemos a Alberto Garzón reivindicando lo mismo que los fascistas! Ahí tenemos el rostro del oportunismo, reivindicando la traición al proletariado y sacando pecho de su sometimiento al estado fascista y su colaboracionismo con los herederos de Franco y demás traidores oportunistas para poder sostener durante más de 4 décadas el régimen franquista con el tirano ya muerto.

Resulta que la alternativa a los fascistas de PP, VOX y demás engendros que orbitan sobre ellos, son aquéllos que, como Garzón, reivindican la traición al proletariado, reivindican la Constitución del 78 que sostiene incólumes las bases del Estado franquista y se enorgullecen de la traición que impidió que en el estado español, una vez muerto el tirano, hubiera una auténtica ruptura democrática, cosa que jamás se ha producido por mor de la traición del PCE en su momento.

Los problemas que padece el país hunden su raíz en el marco constitucional emanado en el 78, constitución cuyo objeto era el de barnizar al estado franquista y poderlo integrar en el club de imperialistas europeos, UE, salvaguardándolo y, junto con él, sostener al capitalismo monopolista de estado.

El problema nacional de las naciones oprimidas como Cataluña, Euskadi o Galicia, a las que se les niega el ejercicio del derecho democrático a la autodeterminación, el problema del campo andaluz, castellano y extremeño, al igual que el sistema económico que ha arrasado todos los derechos de los trabajadores, a los que han conducido a la miseria moral y material, emanan de la Constitución de 1978 y de la falsa democracia que emana de ella y que oportunistas, lacayos del capital como Garzón, reivindican. Pero no sólo la Constitución del 1978 es responsable de los males que azotan a todos los sectores sociales que conforman el proletariado, sino también el proyecto imperialista europeo como es la UE, proyecto imperialista que, al igual que la Constitución del 78, es abrazada tanto por los que aspiran a estar en el gobierno como los que se oponen a la investidura.

Tienen razón BILDU y la CUP cuando, con claridad, señalan la naturaleza reaccionaria del Estado y la Constitución del 78, como responsable de los problemas que el capitalismo monopolista de estado español se manifiesta incapaz de resolver. Sin embargo, estas organizaciones adolecen también de salida pues ¿cómo pueden aspirar a la independencia y al ejercicio del derecho a la autodeterminación en el escenario internacional imperante bajo la bota del imperialismo? Hoy los derechos democráticos de las naciones están intrínsecamente vinculados al desarrollo del socialismo; no puede haber emancipación nacional si no hay emancipación de la clase oprimida y explotada; no puede haber libre ejercicio del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas si no se destruye el orden mundial imperialista que les niega dicho derecho, que las ha llevado a la encrucijada en la que se encuentran; no puede haber emancipación de las naciones oprimidas sino se acaban con las condiciones que las oprimen; no puede haber emancipación nacional sino conquistamos el socialismo.

El debate de investidura fue un nuevo fraude, un nuevo engaño al pueblo. Si la salida política debe pivotar sobre las bases que han llevado al país a la quiebra, como son la defensa a ultranza del capitalismo monopolista de Estado, de la unidad de España y del sostenimiento del Estado franquista, demuestran, tanto unos como otros, que no tienen salida alguna a la situación. Los fascistas apuestan abiertamente por la represión máxima, por la defensa a ultranza del Estado reaccionario, por la negación de los derechos de los trabajadores y de las naciones, por el fascismo. La alianza de oportunistas y reaccionarios – PSOE, PODEMOS, IU/PCE… – pretenden hacer un gobierno donde la subordinación a la Constitución del 78 y su adhesión al proyecto imperialista europeo – la UE – sea inquebrantable. De tal modo que pretenden retrotraer al país a la época final de Zapatero y, por consiguiente, consolidar todos los retrocesos que Zapatero impuso, como fueron la reforma laboral, la reforma de las pensiones que ha significado el retroceso de las condiciones de los pensionistas y los recortes sociales, pues no olvidemos que fue Zapatero quien, cual lacayo del imperialismo europeo, impuso el equilibrio presupuestario, hecho éste que hace que en la práctica los presupuestos del Estado estén subordinados a los intereses de la UE y sus monopolios, con lo que el gasto social vendrá determinado por la voluntad de los imperialistas europeos y no de un gobierno subordinado a éstos. Y esta realidad será el mayor argumento que tendrán los fascistas para retornar al gobierno.

Si no hay modificación de la Constitución, si todo debe auspiciarse bajo su marco, ERC y el PSOE están engañando al pueblo catalán, pues ésta niega el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Por tanto, están haciendo albergar una ilusión falaz al pueblo catalán.

Es evidente que mientras perviva el capitalismo monopolista de Estado y su superestructura, no hay solución a los problemas que azotan al país. Los trabajadores seguirán sufriendo la explotación y la miseria, los jubilados seguirán viendo como sus pensiones son miserables y como se depauperan sus condiciones de vida, los jóvenes no tendrán futuro alguno; en definitiva, el pueblo verá como sus condiciones de vida seguirán empeorando.

El debate de investidura deja claro que la única salida que tiene la clase obrera es el socialismo, es la alternativa comunista. Es el momento del Partido, del desarrollo del Partido Comunista Obrero Español y de ganar influencia entre el proletariado, mostrándole cómo los oportunistas le están engañando y cómo están allanando el terreno a la reacción desaforada y, por otro lado, dotándole de una estructura organizativa que proporcione una salida popular y revolucionaria a la situación mortecina en la que nos hallamos, uniendo la lucha de todos los sectores que lo componen y organizándola en una única lucha de clase contra la burguesía y su Estado, construyendo el Frente Único del Pueblo no sólo como órgano de intervención política del pueblo, sino también como embrión de los órganos de poder del nuevo estado al servicio de los trabajadores que estamos obligados a construir. Y es que únicamente el socialismo puede dar salida al callejón al que la burguesía ha llevado al pueblo trabajador desde 1939. Mientras exista el capitalismo, la corrupción cada vez será mayor, porque la corrupción es la forma mediante la que la burguesía dirige políticamente, y seguirá agravándose el paro, la crisis, el problema de las pensiones, de la democratización de la tierra, de la cuestión nacional y de la participación democrática del pueblo en la toma de decisiones, a pesar de todos aquéllos que alaban y asumen al capitalismo, y que miran con nostalgia y orgullo a la Transición que en realidad fue un fraude y una traición sin parangón. Hoy más que nunca y más en el estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

En Cádiz, el alcalde José María González “Kichi” demuestra una vez más que la socialdemocracia no tiene soluciones para la clase trabajadora y no hace más que perpetuar el sistema criminal de explotación, el capitalismo.

En un pleno del 25 de febrero de 2016 explicó “la apuesta de su Equipo de Gobierno por la recuperación de cuatro servicios hasta ahora externalizados: salvamento y socorrismo, limpieza de módulos, mantenimiento de playas, y limpieza de dependencias municipales”. En dicho pleno se aprobó que se detallara en los presupuestos de 2016 una aplicación presupuestaria específica que garantizase tal compromiso.

Los hechos ponen en su lugar las falsas promesas de estos oportunistas. A día de hoy no hay ninguna intención de remunicipalización y las trabajadoras de limpieza del ayuntamiento, subcontratadas por Expertus, continúan en una situación insostenible de impagos de nóminas y una clara incertidumbre en sus vidas, sin saber si van a poder pagar las facturas o llenar el frigorífico, situación provocada por el dueño de Expertus, el empresario Josep Marti Borrellas, que como se ve en la siguiente imagen ostenta actualmente 5 cargos y ha ostentado 28 en un total de 19 empresas.

Las trabajadoras se han visto obligadas a encerrarse en el ayuntamiento de Cádiz ante la falta de soluciones por parte de las instituciones y mucho menos de la empresa. Ante esta situación el alcalde de Cádiz, José María González “Kichi”, como un Amancio Ortega o una Duquesa de Alba de marca blanca, porque él no es más que un títere de los capitalistas, dona el 50% de sus ingresos de noviembre y diciembre a las trabajadoras. ¡Esta es la solución de la socialdemocracia, la caridad! Una forma de actuar que perpetúa este sistema criminal y le hace el juego a los burgueses.

Los hechos son tozudos y demuestran que las instituciones del régimen capitalista, desde un ayuntamiento al Estado español, están al servicio de los explotadores, de los parásitos que viven del trabajo de la clase obrera. Se subvencionan empresas privadas y se rescatan bancos, pero a la clase obrera nadie la rescata cuando está en dificultades, sino que se le embarga todo y se le desahucia.

Por ello, la clase obrera no tiene otro camino que organizarse como clase y levantar sus propias instituciones desde abajo, para defender sus intereses, a través de un Frente Único del Pueblo que una todas las luchas parciales en una sola lucha contra este régimen corrupto y esclavista, creando una estructura de poder popular que acabe con el sistema socioeconómico más criminal que la historia de la humanidad haya conocido, el capitalismo. No hay otra salida, hay que mandar este sistema al estercolero de la historia y que la clase obrera sea dueña de lo que levanta con su trabajo, que es TODO.

 

Llega el 2020 y empezamos a oír en la televisión, prensa y radio mensajes de felicidad, consumismo y alegría, y de repente nos sentimos embaucados e inmersos en esa espiral de amor y fraternidad, hasta que de un golpe volvemos a la realidad. Porque los burgueses, los empresarios sí que lo pasarán bien durante las fiestas comiendo, bebiendo y disfrutando de toda clase de lujos que pagamos la clase trabajadora; el problema es que no solo es nuestra riqueza lo que se llevan, motivo suficiente para querer tumbar este sistema, sino que también nos arrebatan a nuestros compañeros trabajadores y los condenan a muerte por un puñado de monedas.

Tan sólo un par de días han pasado de este año 2020 y ya tenemos múltiples víctimas del capital y su daga de avaricia y muerte. Uno de los últimos, un minero de Calañas que trabajaba en las minas de Almonaster la Real, en Huelva, para la empresa Matsa a través de la subcontrata Atene, para más inri.

El suceso tuvo lugar durante la noche, después de una dura jornada de trabajo, cuando el difunto compañero y otro minero se disponían a regresar a sus casas con sus familias y poder disfrutar de ellas antes de volver a marchar a la mina, a volver a arriesgar sus vidas por llevar pan a la mesa, mientras el capitalista de turno estaría disfrutando de una copiosa cena pagada con sangre y sudor de nuestros camaradas mineros. Según la versión de la investigación oficial, cuya veracidad se sabe por descontado que suele ser mínima, nuestros hermanos obreros subían por una carretera dentro de las instalaciones mineras y, en un cambio de rasante, se encontraron un camión averiado en la misma carretera; sin previo aviso ni tiempo para reaccionar, chocaron y, por desgracia, un fallecido y otro herido son las consecuencias de dicho accidente.

Pero ahora es el momento de preguntarse: ¿por qué turnos de trabajo hasta horas tan tardías, sin luz natural? ¿dónde estaban las señalizaciones de la avería del camión que debía proporcionar la empresa responsable del asesinato? ¿quién es el culpable del mal estado de esos vehículos y esas carreteras? ¿se podrían haber evitado las víctimas si los servicios de bomberos y sanitarios tuvieran mejor equipamiento y mayor número de profesionales?

Por desgracia, la minería en Huelva cuenta con un amplio historial de muertes y accidentes a manos del capital. Desde amputaciones de piernas a explosiones de cisternas de cal, los mineros de la sierra de Huelva son conocidos por su largo historial de luchas y, más aún si cabe por la represión sufrida a manos de franquistas, como Queipo de Llano, y de multitud de capitalistas explotadores de todos los rincones del mundo, que no conocen fronteras para sembrar muerte y robar plusvalía porque, al final de todo, se hace omnipresente una máxima, y es que la clase trabajadora pone los muertos y la burguesía se lleva los beneficios.

Desde el PCOE queremos dar nuestro más sincero pésame y apoyo a la familia del camarada fallecido y al compañero herido, y también nos solidarizamos con todos los mineros y su larga lucha por los derechos de la clase obrera a lo largo de la historia.

También hacemos un llamamiento a todos los trabajadores a unirse bajo el sindicalismo de clase en los sindicatos de la Federación Sindical Mundial, así como a todas las clases populares a organizarse en un Frente Único del Pueblo con el objetivo de unificar todas las luchas en una única contra el sistema capitalista que nos condena a la miseria y la muerte, para construir el único sistema que nos permitirá tener una vida digna, el socialismo.

 

Hace unos días conocimos la noticia de que la Brigada de Córdoba de Cerro Muriano, conocida como Brigada Guzmán el Bueno, formada por 400 militares, se desplazará en enero del 2020 a Letonia (país fronterizo con Rusia) con el propósito de cumplir con una misión de la OTAN. En palabras del teniente coronel Emilio Hermoso, jefe al mando del destacamento, “la misión consiste en disuadir y llegado el caso defender a los países de la Alianza”. En otras palabras, se trata de una maniobra más en la campaña imperialista de la OTAN a favor del fascismo y la oligarquía en Ucrania (a los que el Estado Español lleva apoyando desde el 2014) y contra las milicias antifascistas del Donbass.

Entre los partidos políticos al servicio del capital el apoyo es unánime, sea el PSOE, el PP o incluso la izquierda domesticada, entre ellos la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que visitó Kiev en mayo del 2018 y presumía de ello en su red social de Twitter, algo que nunca se le criticó por sus compañeros de trinchera en la política. Esta también fue una de las figuras públicas que salieron en defensa del futbolista ucraniano Roman Zozulya cuando en 2017, tras las protestas de los Bukaneros, afirmó que “si hay algo políticamente discutible lo tienen que decir los tribunales”, a sabiendas que la Justicia Española no hará nada contra él, pues son los mismos que lideraban el sistema judicial en época del régimen de Franco.

A raíz de la cancelación de un partido de fútbol porque la afición llamaba “nazi” a Zozulya, hemos podido apreciar cómo los medios de comunicación de forma sistemática han intentado ocultar su vinculación a la ideología nazi o a grupos paramilitares como el Batallón Azov, enfrentado de forma directa con la República Popular de Donetsk, a los que ha donado cantidades millonarias como muestra de apoyo.

Este tipo de actitud prácticamente unánime del establishment español (desde su clase política, los medios de comunicación o el Ejército) frente al fascismo ucraniano no es de extrañar si tenemos en cuenta que no hubo ruptura real entre el régimen franquista, sino que el actual sistema es una continuación del mismo. Y este apoyo al fascismo no se limita exclusivamente a Ucrania, ya que el presidente Pedro Sánchez (PSOE) que presenta su gobierno junto a Unidas Podemos como un freno al fascismo (al que encarna en una sola fuerza política) no duda tampoco en mandar apoyo en materia de represión al gobierno chileno contra las protestas populares, mientras que países de régimen burgués como el francés (no menos represivo hacia la clase obrera, como hemos podido apreciar en las manifestaciones contra los chalecos amarillos) se ha negado a ello.

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) se hace un llamado a romper con organizaciones imperialistas como la OTAN y queremos manifestar nuestro apoyo a la clase obrera ucraniana y chilena en su lucha contra el fascismo y el capitalismo.