Tanto en la noche del pasado día 9 de abril como durante todo el día de ayer, los medios de comunicación del Capital y el Gobierno de España anunciaron a bombo y platillo que “Europa desbloquea 500.000 millones de euros para afrontar la crisis del virus”. La tecnócrata ministra de Economía del Estado español señaló que “hemos alcanzado un buen acuerdo en el Eurogrupo, con una red de seguridad triple para trabajadores, empresas y estados en lucha contra la Covid-19”. Parece ser que todos están contentos.

Sin embargo, en dicho Eurogrupo había dos posiciones enfrentadas, donde una se impuso a la otra y, por consiguiente, hubieron vencedores y vencidos.

Por un lado, España, Francia, Italia, Bélgica, Irlanda, Grecia, Eslovenia, Luxemburgo y Portugal pedían la emisión de eurobonos, también llamados “coronabonos”, como fórmula para que la Unión Europea mutualice la deuda de los diferentes Estados europeos, es decir, que sea la Unión en su conjunto la que asuma los costes y riesgos de la emisión de bonos europeos que garantizarán la deuda emitida por los Estados miembros.

Por otro lado, Alemania y Holanda siempre han rechazado la emisión de eurobonos, de tal modo que si los países de la Unión Europea requieren de inyección de liquidez, ésta les sea aplicada a través de líneas de crédito regidas por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Finalmente la opción que se ha impuesto es que el fondo europeo de rescate, a través del MEDE, ofrezca líneas de crédito de hasta 240.000 millones de euros a los Estados miembros, los cuales deberán cumplir unas determinadas condiciones. Asimismo el Banco Europeo de Inversiones (BEI) movilizará otros 200.000 millones de euros en préstamos destinados para financiar las empresas y el fondo de la Comisión Europea financiará ERTEs contando con 100.000 millones de euros. Esto es a lo que los miembros del Gobierno español llaman “triple red de seguridad”, valorado de la siguiente manera por la Ministra de Economía española:

Supuestamente, un buen acuerdo según Calviño. Un buen acuerdo de palabra, claro está. Porque los hechos son que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado que se acogerá a préstamos del BEI para fortalecer la línea de préstamos otorgados a las empresas a través del ICO y a los préstamos del Fondo de la Comisión Europea para sufragar ERTEs; pero no a la línea de crédito que le correspondería a través del Fondo de Rescate a través del MEDE pues son conscientes que en caso de utilizarlos, España tendría que acogerse a un Memorando de entendimiento en el que la UE impondrá unas condiciones por el crédito interviniendo abiertamente en la economía española, al igual que hicieron con Grecia o Portugal. El hecho es que al día después de cerrarse ese acuerdo la propia Ministra de Economía Nadia Calviño señalaba que “España no renunciará a los eurobonos” y el Primer Ministro italiano Giuseppe Conte pedía nuevamente la emisión de deuda mutualizada – eurobonos – a los países de la Unión Europea. Conte anunció también que Italia no acudiría al MEDE y fijó en 1,5 billones de euros la cuantía económica que, según él, necesita Europa para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus COVID-19.

A tenor de los hechos y los dichos de los gobiernos de Italia y de España, no parece que haya sido un buen acuerdo para ellos. Es más, no sólo no es un buen acuerdo sino que, si hacemos caso a lo que dice el Primer Ministro italiano, es además muy insuficiente pues se requiere 1 billón de euros más. Y es que, entre la visión de que se mutualice la deuda entre todos o que cada uno se cuide su propia cartera y apechugue como buenamente pueda, ha vencido esta segunda posición, defendida por las potencias imperialistas dominantes del club imperialista europeo. En definitiva, ha vencido la lógica del capitalismo. ¡Esta es la Europa de los imperialistas!

Hay que recordar cómo los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han ido cumpliendo diligentemente las órdenes dictadas por los monopolios y los bancos, con reconversiones industriales bestiales, desmantelándose una parte importante de la industria y privatizándose el resto, condiciones necesarias para el acceso de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy UE, procesos que han arrojado al paro a millones de trabajadores; donde han arremetido con violencia contra el campo español arruinando a miles de campesinos sirviendo a los intereses de terratenientes y monopolios alimentarios y que definieron el papel que España debía jugar en términos económicos: Un país con una economía centrada en el turismo y en el sector terciario o de servicios, un Estado dependiente en términos económicos y subordinado a los intereses de los monopolios alemanes, los cuales controlan la política económica y monetaria. Esta realidad hace que la soberanía española, sencillamente, sea inexistente. La modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011 por parte del Gobierno del PSOE – donde Pedro Sánchez votó a favor de que el pago de la deuda, es decir la usura de los monopolios europeos, esté por encima de las necesidades del pueblo español – demuestra el grado de sumisión, y traición contra el pueblo español, de los capitalistas españoles.

Esa traición de agosto de 2011 perpetrada por PP y PSOE, este 1 de enero de 2020 ha desplegado plenos efectos entrando en vigor el artículo 135.2 de la Constitución, de tal modo que es inconstitucional que las cuentas públicas no recojan los ajustes que exija Bruselas, es decir, que según la propia Constitución Española, las cuentas públicas deben ser validadas y determinadas por Bruselas. ¡Esa es la soberanía del Estado español, ninguna!

El COVID-19 nos muestra, en su plenitud, la incapacidad del Estado español para responder, como consecuencia de su falta de soberanía a la hora de aplicar una política económica y monetaria propia, y también, como consecuencia de la falta de industria y una producción industrial, debiendo ir a comprar afuera aquello que no dispone como consecuencia del abandono de la industria en aras del turismo y de los servicios, en aras de cumplir lacayunamente con los designios definidos por los monopolios europeos para los trabajadores españoles.

Los problemas de los trabajadores, de los pequeños campesinos, en definitiva, de las clases populares y laboriosas del Estado español no van a encontrar jamás solución en el capitalismo ni en el seno de la Unión Europea. De hecho, tanto el capitalismo monopolista de Estado como la Unión Europea son responsables de nuestros males y, por ello, debemos romper con ambos.

Los problemas de los trabajadores del Estado español únicamente se pueden solventar atendiendo a sus reivindicaciones históricas. Es necesario resolver la cuestión de la tierra, y para ello se hace necesario el desarrollo de una Reforma Agraria antimonopolista y antilatifundista, de tal modo que se socialice la tierra, proporcionando a los jornaleros y campesinos todos los recursos necesarios para poner al campo en plena producción, modernizándolo y desarrollándolo industrialmente. Para ello hay que socializar la banca, los canales de distribución y comercialización y deben ser los propios trabajadores organizados en un Estado diametralmente opuesto al actual, un Estado proletario y socialista, los que planifiquen la producción y determinen su distribución. Por tanto, hay que socializar la economía, cosa que implicará también un alineamiento y unas relaciones internacionales diferentes, no basadas en la usura y sí en la cooperación y el internacionalismo con otros Estados oprimidos hoy por el yugo criminal del imperialismo. Empezando para ello con las naciones oprimidas en el Estado español, un Estado que debe romper con la premisa franquista de la “Unidad de España”, y que desde el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas – Galicia, Cataluña y Euskadi – establezca una fórmula de unión fraternal en términos de plena igualdad, una unidad en términos clasistas en base al principio del internacionalismo proletario y no del sometimiento. Pero para conseguir esto, todos los maltratados por el Estado, todos los sectores del proletariado, los campesinos, en definitiva, el pueblo trabajador debe unirse conformando un Frente Único del Pueblo que vaya edificando un contrapoder capaz de transformar radicalmente la sociedad, de acabar con el capitalismo y construir el socialismo, que es el único sistema que puede garantizar el bienestar y el progreso de las masas trabajadoras.

El capitalismo monopolista está quebrado y únicamente se puede sostener por la vía de la violencia, del sometimiento y de la guerra imperialista. El socialismo hoy no sólo es la única salida que tienen las masas populares, de hecho es una necesidad histórica para que la humanidad pueda vivir. ¡Para que la humanidad pueda vivir, el capitalismo debe morir!

Esta crisis está agudizando todas las contradicciones del sistema capitalista y la autodenominada por el capitalismo “prensa libre” no está siendo una excepción. Observamos como los Gobiernos regionales destinan partidas presupuestarias para hacer publireportajes en la “prensa independiente” o como las redes sociales aplican la censura hacia todas las informaciones y opiniones contrarias a las emanadas del Gobierno central, con la justificación de los famosos bulos o “fake news”.

El País publica hoy el artículo “La Junta de Andalucía paga por artículos elogiosos de su gestión de la crisis del coronavirus”, en el que denuncia que una decena de medios nacionales y regionales como El Mundo, ABC, El Confidencial, Europa Press, Cope, Libertad Digital, OkDiario, o Sur han difundido publirreportajes en los que se dan por sentados logros de la Junta sobre recursos sanitarios o inversiones que en realidad son planes o proyectos aprobados en los Consejos de Gobierno.

Esto no hace sino demostrar la enorme mentira que es la libertad de prensa bajo el capitalismo. Y es que El País lleva haciendo esto muchos años con el PSOE, del que ha sido su fiel servidor, y con otras muchas empresas. Sirva de ejemplo la continua negativa a publicar críticas o noticias que no beneficien a grandes empresas como El Corte Inglés o a la gran banca. Empresas estas que riegan con publicidad continuada a este diario, manteniendo económicamente su publicación.

Lenin, mostrando su genialidad y haciendo gala de su capacidad de observar la lucha de clases en cada aspecto de la vida, describió la libertad de imprenta en su TESIS E INFORME SOBRE LA DEMOCRACIA BURGUESA Y LA DICTADURA DEL PROLETARIADO, presentado al I Congreso de la III Internacional el 4 de marzo de 1919:

“La «libertad de imprenta» es asimismo una de las principales consignas de la «democracia pura». Los obreros saben también, y los socialistas de todos los países lo han reconocido millones de veces, que esa libertad será un engaño mientras las mejores imprentas y grandísimas reservas de papel se hallen en manos de los capitalistas y mientras exista el poder del capital sobre la prensa, poder que se manifiesta en todo el mundo con tanta mayor claridad, nitidez y cinismo cuanto más desarrollados se hallan la democracia y el régimen republicano, como ocurre, por ejemplo, en Norteamérica. A fin de conquistar la igualdad efectiva y la verdadera democracia para los trabajadores, para los obreros y los campesinos, hay que quitar primero al capital la posibilidad de contratar a escritores, comprar las editoriales y sobornar a la prensa, y para ello es necesario derrocar el yugo del capital, derrocar a los explotadores y aplastar su resistencia. Los capitalistas siempre han llamado «libertad» a la libertad de lucro para los ricos, a la libertad de morirse de hambre para los obreros. Los capitalistas llaman libertad de imprenta a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública. Los defensores de la «democracia pura» también se manifiestan de hecho en este caso como defensores del más inmundo y venal sistema de dominio de los ricos sobre los medios de ilustración de las masas, resultan ser embusteros que engañan al pueblo y que con frases bonitas, bellas y falsas hasta la médula distraen de la tarea histórica concreta de liberar a la prensa de su sojuzgamiento por el capital. Libertad e igualdad verdaderas será el orden de cosas que están instaurando los comunistas, y en él será imposible enriquecerse a costa de otros, no habrá posibilidad objetiva de someter directa o indirectamente la prensa al poder del dinero, no habrá obstáculo para que cada trabajador (o grupo de trabajadores, sea cual fuere su número) posea y ejerza el derecho igual de utilizar las imprentas y el papel que pertenecerán a la sociedad.”

Como acertadamente nos ilustra Lenin, la libertad de prensa bajo el capitalismo no es más que la libertad de los monopolios para fabricar y falsear la opinión pública, como hoy vemos que hacen con este tipo de publirreportajes o blanqueando directamente a la gran banca y a las grandes empresas del país y del mundo. ¿Cuánta tinta no se ha vertido en estos días alabando las “donaciones” de estas empresas y sus dueños? El Corte Inglés, Inditex, Amancio Ortega, IKEA, BBVA, Banco Santander, Mapfre, Mutua Madrileña, LG, Orange, Vodafone y un largo etcétera de empresas que han logrado multimillonarios beneficios explotando a sus trabajadores y a los que ahora han expulsado al paro con ERTEs por el coronavirus han copado las portadas de todos los diarios por sus “donaciones”.

Los mismos medios de comunicación que prácticamente todos los días dedican contenidos a denigrar a la Unión Soviética, al comunismo y a sus principales representantes históricos, tachándolos de totalitarios y dictadores, son los que blanquean hoy a los Gobiernos corruptos de PP, PSOE y a las grandes empresas y bancos que los financian.

Esta es la esencia del sistema capitalista: la máxima explotación y desprecio por los trabajadores que todo lo generan, que todo lo producen. La apropiación privada de todos los beneficios que genera la clase obrera, blanqueando continua y sistemáticamente este robo con el mismo dinero que generamos con nuestro sudor bajo la mentira de la libertad de prensa.

Y que el Estado español es un Estado fascista lo demuestra el sometimiento absoluto, no solo de la prensa nacional, sino también de las redes sociales, como Twitter o Facebook, al discurso gubernamental. La censura de las publicaciones contrarias al discurso del Estado en estas redes sociales, con la excusa del bulo o “fake news”, muestran la esencia del fascismo, totalmente instalado en el Estado.

Los comunistas ya no podemos ni tan siquiera publicar y difundir nuestros contenidos libremente en redes sociales. Tras la cortina de humo de los “fake news” se esconde el inicio de la censura a la libertad de opinión y a la libertad política, propia de los estados fascistas, que no tardarán en pretender instaurar bajo el pretexto de las mentiras y los bulos que hay en internet. Toda opinión no acorde con la del Estado será un bulo o una “fake news” perjudicial para la sociedad, la ley y el orden. La pregunta es cuándo comenzará el cierre de cuentas, medios, páginas web, órganos de expresión… contrarios al Estado y sus políticas.

Bien sabe la burguesía que su sistema capitalista está en absoluta bancarrota y que la clase obrera está comprobando en sus carnes la inviabilidad de este. El capitalismo necesita tiempo para adoptar soluciones y reorganizarse -trayendo consigo una nueva crisis, mayor si cabe-, y el fascismo es la tabla de salvación, como ya lo fue en el pasado, para lograr sacar la cabeza del barro y respirar. De ahí el miedo a los comunistas, al Partido Comunista Obrero Español, y a su política revolucionaria.

El Partido Comunista Obrero Español no se intimida por el fascismo, muy al contrario, somos conocedores de la capacidad de la clase trabajadora para derrotarlo, mandando con ello al estercolero de la historia al sistema capitalista. El marxismo-leninismo ya nos ha mostrado el camino y, fieles seguidores como somos de las lecciones comunistas que nos ha dado la historia, lo andaremos con determinación y fuerzas revolucionarias hasta la construcción del Socialismo, máxima aspiración de la clase trabajadora.

La falta de equipos de protección individual (EPIs) en el Hospital Puerta del Mar, y en todos los hospitales, para los profesionales que tratan a enfermos con coronavirus, nos muestra la verdadera naturaleza del sistema capitalista. Un sistema ineficiente y destructivo, que destina muchos hombres y materiales a la producción de los más extravagantes bienes de lujo, al mismo tiempo que no produce los bienes más elementales para la vida del pueblo. Y cuando los produce, como los respiradores o mascarillas, los acapara, los guarda en un cajón para que suban el precio y hacer más negocio con ellos. De la misma manera que se tira leche a los ríos para que no baje de precio, o de la misma manera que la industria farmacéutica compra patentes de medicinas que curan para que no se erradiquen ciertas enfermedades y seguir vendiendo productos asociados a esas enfermedades, como la insulina.

En Cádiz un grupo de 90 mujeres, amas de casas en su mayoría, están elaborando desde sus casas de forma altruista batas, patucos y gorros, para paliar la ineficacia de un sistema incapaz tan siquiera de facilitar los recursos básicos para que los profesionales sanitarios puedan trabajar sin poner en riesgo sus vidas, demostrando así cómo es la clase obrera la que llegado el momento cubre las deficiencias de este sistema.

Mientras, por ejemplo, dos grandes empresas del ámbito textil como son «El Corte Inglés», que en 2018 sumó ventas por valor de 11.483.748.000 € y realiza un ERTE que afecta a 25.900 trabajadores, o «Inditex», que en 2018 obtuvo ventas de 10.242.000.000€ y que confirma un ERTE para 25.000 trabajadores y el cierre de dos de sus tiendas en Cádiz.

Ambas amparadas en las medidas de flexibilización con las que les premia el gobierno, con la connivencia de los sindicatos traidores CCOO y UGT. ERTEs que pagaremos entre todos mientras los grandes empresarios quedan con sus bolsillos llenos.

La eficacia que demuestran estas 90 proletarias gaditanas que encerradas en sus casas, con mínimos recursos e instrumentos de trabajo caseros son capaces de organizarse y producir el material necesario para proteger a los sanitarios de un hospital ante una pandemia mundial, nos confirma, hoy más que nunca, la necesidad de que el pueblo tome el control de los medios de producción.

Nos venden que no quieren dejar a nadie detrás, pero ¿a quién no quieren dejar detrás? La clase obrera siempre ha estado detrás, somos la mercancía más vilipendiada por los capitalistas, pues es a través de nuestra explotación donde sacan sus mayores beneficios y llegado un momento de crisis, como el actual, nos desechan antes de perder un solo céntimo de ellos.

Todos los trabajadores, despedidos mediante EREs, ERTEs o despedidos sin mayores protocolos, son familias obreras que se quedan atrás, porque quedan a merced a las alimañas capitalistas para una aún mayor explotación al aumentar el ejército industrial de reserva.

En estos momentos la putrefacción del sistema ha quedado patente, al igual que ha quedado patente que hoy es el pueblo quien con los mínimos recursos y medios de producción rudimentarios está luchando para salvar la vida de los trabajadores más expuestos. Si el pueblo tuviese en sus manos los centros de producción, si el pueblo planificase la producción para satisfacer sus necesidades, no habrían EREs, ERTEs, ni despidos llegado el momento de una crisis como la que ahora nos asola, nadie quedaría detrás porque la producción estaría planificada para cubrir nuestras necesidades, toda producción sería necesaria para satisfacernos.

Hoy más que nunca también ha quedado patente que es necesario organizar al movimiento obrero y popular en un Frente Único del Pueblo, para tomar el control de los medios de producción, de los monopolios de distribución y comercialización y de la banca.

Solo a través del Socialismo la clase obrera conseguirá librarse del yugo del opresor capitalista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la intención de convocar a los partidos políticos con el propósito de consensuar un nuevo Pacto de la Moncloa, naturalmente, sin aclarar por qué y para qué; sin embargo, evoca el pacto, aún en vigor, como el acontecimiento más importante de la historia contemporánea de España, con el deseo de que su aura “positiva” impregne de optimismo al pueblo trabajador en las circunstancias actuales pocos halagüeñas.

Para Sánchez y suponemos que para su gobierno, incluido PODEMOS-IU/PCE, el nuevo pacto al igual que el anterior resolverá todos los problemas que hoy acucian a la sociedad española y que llenan de incertidumbres el futuro inmediato. Se trata de eso, de alumbrar engañosamente las oscuras perspectivas que se ciernen sobre las clases populares de nuestro país, dado que el paro y la penuria económica son las únicas consecuencias seguras que derivarán del trance actual.

Pero ¿qué de bueno tuvieron los Pactos de la Moncloa aún en vigor? Para la clase capitalista el contubernio significó la continuación del franquismo en el aspecto económico. El fascismo tuvo la misión de crear más de 120 grandes empresas en los más diversos sectores económicos sustentadas por el Estado, muchas de ellas adscritas a las reglas militares para impedir que una posible rebelión de los trabajadores terminara con la etapa fascista tan necesitada por el capitalismo español. Fueron industrias estatales levantadas con el esfuerzo y la inteligencia de las clases trabajadoras, diseñadas para que en el futuro, una vez asentadas y desarrolladas, pasarán a manos de los capitalistas, con el fin de que estos pudieran lograr su integración en la Comunidad Económica Europea. Ejemplos de estas empresas que citamos son Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera, Argentaria (anteriormente ‘Banco Exterior’), Red Eléctrica Española, Retevisión, Ence, Indra, Inespal, El Cano, Enatcar, Aerolíneas Argentinas, Transmediterránea, Santa Bárbara, Suria K Potasas, Renfe, Iberia, Construcciones Aeronáuticas y, así, un largo etcétera.

Cubierta la etapa fascista y ante el temor de que las luchas in crescendo del pueblo trabajador pusieran en peligro el sistema económico, el franquismo, los capitalistas y los partidos traidores, entre los que se encontraban el PCE y el PSOE, urdieron los Pactos de la Moncloa, que tenían como misión la de escribir sobre el papel un decálogo de intenciones que embaucaran al pueblo, mientras los burgueses culminaban sus propósitos de integrarse en la Europa económica. Para este menester se llevaron a cabo con matemática precisión las dos medidas cardinales que precisaba el capitalismo español. La primera fue la privatización de las grandes empresas hasta entonces estatales levantadas con el saber y el quehacer de los trabajadores, y en segundo lugar, eliminar las industrias obsoletas o inservibles a través de una reconversión brutal que empujó a centenares de miles de obreros al paro y que, con puño de acero, llevó a término el PSOE del GAL, de Felipe González.

Naturalmente, los capitalistas no hubiesen sido capaces de llevar a cabo tales medidas sin la abjuración de sus principios por parte de los PSOE y PCE, y también sin contar con las traiciones de los sindicatos CCOO y UGT. Además, los Pactos de la Moncloa obturaron todos los caminos para hacer inviables las reivindicaciones históricas de las naciones y pueblos, como son el derecho a la autodeterminación y la implantación de una Profunda Reforma Agraria antimonopolista y antilatifundista en Andalucía, Extremadura, Castilla y Canarias.

Como corolario, los Pactos de la Moncloa, muy lejos de ser la panacea, fueron una pesadilla para las clases laboriosas y para los pueblos y naciones del Estado. La primera consideración que surge al respecto es que los capitalistas y sus gobiernos se basaron en la presunta eficacia del burgués en la gestión de las empresas, y en que los trabajadores no eran capaces de sustentarlas por ignorancia e indisciplina y, es por ello, que se privatizaron, pero la historia al final coloca a todos en su sitio. Al cabo de cuarenta años a los empresarios y sus adláteres se les vienen encima sus argumentos pues, bajo su mandato y después de cuatro décadas, las privatizaciones han surtido el efecto contrario: los trabajadores están en paro y las empresas privatizadas se hallan en peligro de muerte bajo su dirección y la de selectos economistas, y es que el sistema está caduco. Y ese, y no otro, es el argumento cardinal que empuja a Sánchez a construir un nuevo Pacto. APUNTALAR AL CAPITALISMO BAJO LAS ESPALDAS DE LOS TRABAJADORES. Pero este apuntalamiento del capitalismo debe hacerse bajo unas premisas de mayor dureza contra el pueblo trabajador, de mayor explotación, si cabe, de lo que hasta hoy se ha hecho. Estas 4 décadas de vigencia de los Pactos de la Moncloa de 1977, sin duda, han servido para que los capitalistas se hayan enriquecido a costa de la clase obrera, han servido para que hayan saqueado y explotado a sus anchas al país y hayan reprimido con una bestialidad absoluta los inexistentes derechos y libertades del pueblo, como lo acreditan la existencia de presos políticos comunistas, sindicalistas e independentistas en este país, así como de exiliados por razones políticas. Hemos de denunciar, con más fuerza si cabe, la situación del preso comunista Manuel Pérez Martínez que con 75 años y más de un cuarto de siglo en la cárcel por el único delito de ser comunista, y a pesar de su maltrecho estado de salud y su avanzada edad, lo mantienen estos carceleros firmantes de los Pactos de la Moncloa pudriéndose en la cárcel en contraposición con lo que hacen con vulgares corruptos, como por ejemplo Zaplana u otros, que ya están en la calle. Pero claro, no es lo mismo un escayolista comunista como Manuel Pérez Martínez que un burgués del Partido Popular, esa es la Justicia clasista y la Libertad emanadas de los Pactos de la Moncloa: Más franquismo con el tirano muerto. En este sentido no hemos escuchado al oportunismo, como por ejemplo Pablo Iglesias, pedir la excarcelación de Manuel Pérez Martínez, Camarada Arenas, como sí hizo con el corrupto Zaplana, apelando a razones humanitarias. Es obvio, el oportunismo está con los de su clase, y al igual que en el 77, no dudarán en estar en esta reedición de los Pactos del Oprobio para el Pueblo que quieren reeditar.

Y es que lo que está sucediendo en el mundo de nuestros días tiene una lectura de clases, quienes se salgan de ella surcarán caminos extraviados y volverán al mismo lugar, a la crisis. Y precisamente la solución está en el antagonismo, será cubriendo, y no soslayando las reivindicaciones históricas de nuestros pueblos y naciones: DERECHO A LA AUTODETERMINACION, REFORMA AGRARIA ANTIMONOPOLISTA Y ANTILATIFUNDISTA Y LA SOCIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. Pero estas soluciones jamás podrán dimanar de un pacto interclasista, sino que devendrá de un FRENTE UNICO DEL PUEBLO, orientado para la transformación radical de la sociedad porque, en definitiva, la situación, no solo en España sino en el mundo entero, demuestra que el capitalismo solo se puede sostener por la fuerza bruta y la violencia contra los trabajadores, que constituyen la absoluta mayoría del pueblo.

El Pacto de la Moncloa, cualquiera que se dé, podrá lavar la cara del sistema y admitir las reivindicaciones menos importantes, pero un capitalista jamás firmará un documento que ponga en tela de juicio su sistema económico. Por tal razón es una falacia prodigar la creencia de que entre los capitalistas y los trabajadores puede darse un acuerdo que no atente a los intereses de una parte. Como es también un engaño que los capitalistas, que cuentan con las fuerzas represivas y las leyes a su favor, menoscaben su propio poder a través de un pacto, cuando lo que pretenden lo pueden conseguir con decretos y aplicando la violencia, como han hecho siempre y siguen haciendo.

En estos días, pese a la grave situación que vivimos, la maquinaria del capital no cesa. En los medios de comunicación a lo largo y ancho del país no paramos de ver cómo se alaba la “contribución” de empresarios con respecto a la lucha contra el coronavirus. Incluso representantes políticos como la presidenta de nuestra Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, alaba estas acciones por parte de la burguesía, incluso de grupos fascistas asesinos como el Frente Atlético.

Los medios muestran las donaciones de grandes burgueses como Amancio Ortega; dan alabanzas a las actuaciones brutalmente agresivas y violentas de las fuerzas policiales, las cuales han sufrido un repunte estos días; dan voz a personajes que se erigen como profesionales y conocedores supremos de la situación que terminan siendo peones del fascismo para difundir su mensaje… En definitiva, sale a la palestra lo más repulsivo de nuestra sociedad y los grandes olvidados siguen siendo los de siempre: los trabajadores.

La mayoría de trabajadores se están exponiendo cada día al virus, yendo a trabajar en un transporte público abarrotado y con empresas que no cumplen ni unas mínimas condiciones higiénicas que puedan garantizar la salud de los trabajadores. Muchos tuvieron (y tienen) que seguir trabajando pese a formar parte de sectores que no son esenciales en una situación como la que nos encontramos, pero para la burguesía y su Estado la economía es lo primero y la salud de los trabajadores es algo secundario.

La situación de los trabajadores de los denominados sectores esenciales no es mucho mejor. En la televisión se les llama héroes, se les aplaude todos los días, políticos y personajes famosos salen en redes dándoles las gracias… Esto no es más que una cortina de humo para tapar el penoso estado en el que se encuentran trabajando los sanitarios por culpa de años y años de recortes.

Todas estas “muestras de afecto” no son más que el resultado de romantizar una situación de explotación laboral extrema. No es héroe el sanitario que trabaja 24 horas sin parar, ni la cajera que trabaja 10 horas seguidas sin parar a un ritmo frenético, ni el ‘rider’ al que su empresa obliga a seguir repartiendo cosas completamente innecesarias actualmente; todos ellos son trabajadores explotados, obligados a poner su salud al límite más extremo posible.

Si en vez de aplaudirles nos paráramos a escucharles, sabríamos todo lo que están sufriendo los trabajadores durante esta pandemia. Sabríamos la estafa del hospital de campaña montado en el Ifema (montado en su mayoría por trabajadores del Ifema y voluntarios, y no únicamente por la UME, como se ha comentado a lo largo de estas semanas), el cual la presidenta Ayuso no ha parado de alabar y de engrandecer a base de falsedades. Los sanitarios destinados aquí denuncian que los pacientes están hacinados, que ellos están expuestos a los pacientes con coronavirus y que sufren una gran escasez de recursos materiales, entre otras cosas. Hasta tal punto llega la falta de material que los sanitarios del Ifema se tienen que “proteger” con bolsas de basura, con el evidente riesgo que esto conlleva. No es de extrañar, viendo estas penosas condiciones, que los sanitarios se estén infectando en masa.

Y como ellos, miles de trabajadores se están exponiendo a contagiarse o incluso morir por las deficientes condiciones laborales que padecen. Al igual que los sanitarios, los trabajadores de supermercado se están infectando debido a la pésima planificación del Estado y de las empresas de alimentación, que, principalmente durante las primeras semanas, dejaron a los trabajadores completamente expuestos, sin el material higiénico necesario, ante cientos de personas que se abarrotaban a comprar. Y como ellos, los riders y los repartidores en general, que tienen que ir casa por casa a entregar paquetes con el peligro que supone el hecho de que en su trabajo no se pueda mantener una distancia de seguridad necesaria.

No hay pandemia que frene el terrorismo patronal. Como siempre, son los trabajadores los que se parten la cara trabajando para mantener a la sociedad estable, sufriendo riesgos innecesarios y alentados por una patronal y un Estado criminales que superponen sus beneficios frente a todo lo demás. ¿Dónde están los empresarios en esta crisis, aparte de realizando ERTEs? ¿No eran ellos los que generaban la riqueza? ¿Por qué no trabajan ellos en vez de sus trabajadores?

Que todo esto se nos quede en la memoria. La próxima vez que salgas a aplaudir al balcón acuérdate de todos los criminales que están haciendo que los trabajadores mueran completamente abandonados. No romanticemos la explotación laboral, ni ahora ni nunca. Que paguen los criminales que por sus decisiones en favor de la economía están matando a miles de trabajadores.

Los trabajadores, que estamos demostrando -ahora y antes- que somos quienes producimos todo a pesar de cualquier dificultad, no vamos a salir de esta misera hasta que no acabemos con la raíz de nuestros problemas, que es el sistema capitalista de producción. La clase obrera debe organizarse y conformar, junto con jubilados, estudiantes, parados, campesinos… su propio poder mediante un Frente Único del Pueblo que pueda construir el socialismo que nos libre de esta miseria y explotación capitalista y logremos la vida digna que nos merecemos.

Des que es va decretar l’Estat d’alarma, la Generalitat de Catalunya no ha parat de tirar pilotes fora i culpar al Govern espanyol de la poca eficiència de les mesures preses. Aquesta critica se sustentaria si no fos perquè, culpant així al Govern, obvien la part de la culpa que els concerneix.

Fa una mica més d’una setmana, la Consellera de Presidència i Portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, en una conferència telemàtica, criticava les mesures adoptades per Sánchez: “Considerem que estan arribant tard i són insuficients. I no ho diem nosaltres, sinó empresaris, patronals, sindicats i moltes persones plenament afectades”. Perquè evidentment, per als representants polítics de la burgesia, l’important és l’opinió d’aquells als quals representen: empresaris, patronals i sindicats de l’Estat. L’ambigüitat dels termes “persones plenament afectades”, ens fa pensar que aquestes persones també deuen ser aquests mateixos burgesos.

El Conseller d’Interior, Miquel Buch, va acusar el Govern d’Espanya a principis de la pandèmia, en una entrevista a Catalunya Ràdio: “Li ha preocupat més (a Pedro Sánchez) agafar les competències de salut, Mossos d’Esquadra i transport, entre d’altres, en lloc de plantar cara a la pandèmia”. Ho va acusar de “embolicar-se amb la bandera” i de “no fer la feina”, no obstant això, no va fer cap crítica als seus antecessors polítics per totes les retallades emprades en sanitat i que ara paguem car. Així doncs, deixa clar que el seu interès passa per continuar traient més rèdit polític per la pugna de competències que té l’un o l’altre més que per les vides de les persones que han patit les seves polítiques.

Sense deixar de ser culpable el govern del PSOE-Podemos/IU, el govern de JuntsxCAT i ERC tampoc pot rentar-se les mans. Catalunya supera avui els 3.000 morts per COVID-19 mentre gran part del personal dels centres sanitaris es queixen de les condicions en les quals treballen i de la falta de recursos des que va començar l’epidèmia. I la culpa d’aquesta situació no implica simplement les últimes mesures preses per la crisi, sinó que ve de d’abans, d’una constant espoliació de recursos a la sanitat a Catalunya que van començar els pares polítics i ideològics dels quals ara continuen ostentant el Govern de la Generalitat.

El diari naciodigital.cat, publicava el dimarts 7 de març un article en el qual exposava els diferents sous que es guanyen en els centres sanitaris catalans en funció del càrrec que s’ocupa, segons si es tracta d’un centre privat, públic o concertat o si es tracta d’un hospital o un ambulatori.

L’Institut Català de Salut (ICS) posa a disposició les taules retributives dels centres públics, pactats en el 2019 entre sindicats i el Departament de Salut. En primer lloc, es pot comprovar com un gerent territorial pot cobrar anualment 70.417 i 97.627 euros en funció del territori que gestioni. En segon lloc, i ja entrant en els centres sanitaris, el director d’un hospital públic amb 450 llits pot arribar a cobrar 72.000 euros anuals. El director mèdic i el director econòmic cobrarien 63.859 i 62.600 euros bruts anuals respectivament. Un el subdirector d’infermeria tindria un sou de 42.300 euros bruts anuals. Si l’hospital comptés amb menys de 450 llits, l’escala seria la mateixa, però amb 5.000 euros menys de mitjana. Fins aquí, els sous dels càrrecs directius als hospitals públics.

Els sous van descendint i varien segons si es tracta d’un director clínic (51.700 euros bruts anuals) o un facultatiu (32.600 euros bruts anuals) en funció de si la jornada és de 37 hores o de 40 (poden arribar a créixer entre 10.000 i 12.000 euros bruts a l’any). Els diplomats sanitaris cobren entre 29.000 i 30.000 euros bruts anuals. Els subdirectors d’infermeria, uns 47.000 i els supervisors (responsables de cada unitat), 37.000 euros bruts anuals. El graó salarial més baix als hospitals públics segons les taules retributives, ho ocupen els auxiliars d’infermeria, que ingressen entre 19.800 i 20.500 euros bruts cada any, en funció de la seva experiència. Així doncs, el director d’un hospital públic a Catalunya pot arribar a cobrar al mes 5.000 euros més dels que cobra un auxiliar d’infermeria, quan probablement en aquests moments, el treball prestat per l’infermer està sent igual o més crucial, a més d’infinitament més arriscat, que el d’un directiu (urgències col·lapsades i cures constants als pacients).

En els centres d’atenció primària (CAP) els sous són més baixos. Els càrrecs directius en aquests centres poden arribar a compensar-ho ja que reben un complement de 5.000 euros si no exerceixen fora del sistema públic. No obstant això, un auxiliar d’infermeria d’Equips d’Atenció Primària, cobra sempre per sota dels 20.000 euros bruts anuals.

Segons l’article de naciodigital.cat, el president del Sector Primària del ICS del sindicat Metges de Catalunya (MC) i facultatiu del CAP Blanes, Javier O’Farrill, considera que els sous dels sanitaris que s’acaben d’incorporar als centres catalans, fan que aquests optin anar-se a treballar a zones frontereres com la Comunitat Valenciana, Aragó o França, ja que la diferència salarial respecte a aquests llocs, segons ell mateix, és abismal. Al·lega, que el sentiment de sobrecàrrega de treball és continu a causa de la falta de personal. La representant de CCOO a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida també es queixa d’aquesta sobrecàrrega als hospitals i al·lega: «Ni metges ni infermers tenim les ràtios que ens toca. Hi ha 5,3 infermeres per cada 1.000 pacients, mentre que a Alemanya hi ha 13 i a França 9,8».

La vaga realitzada fa dos anys per part dels metges dels Centres d’Atenció Primària, es va saldar amb un pacte entre el sindicat Metges de Catalunya i el ICS. Des de llavors, segons naciodigital.cat, els especialistes tenen “12 minuts per atendre un pacient presencialment, sis si ho fan per telèfon i entre 45 minuts i una hora si es desplacen al seu domicili”. Si amb una grip comuna el sistema ja corria el risc de col·lapsar-se i pacients s’havien de quedar en els passadissos, amb el COVID-19, el problema ha anat a més. O’Farrill assenyala: “L’epidèmia s’ha trobat una sanitat esquelètica, a qui li demanen que rendeixi com si fos d’alt nivell. (…) Estem recollint els fruits de les retalladles”.

Avui els comunistes, volem recordar aquelles imatges atroces dels Mossos d’Esquadra agredint a sanitaris dels CAP durant la vaga al novembre del 2018. Els mateixos que llavors justificaven la violència, avui surten al balcó a aplaudir a aquests mateixos treballadors que lluitaven pels seus drets. Als mateixos hipòcrites, que des de la seva ignorància infinita utilitzen arguments tan puerils com “si critiques a la policia, després no els cridis quan tinguis un problema” els preguntem avui: A qui avises tu perquè cuidi de la teva salut? Qui són els que avui salven vides estant en condicions materials vergonyoses? A qui aplaudeixes cada dia al balcó i els anomenes heroi? Als mateixos que quan defensaven els seus drets i els teus drets, ignoraves i donaves suport a les agressions policials en contra seva. Ara resulta, que també eren agressions en contra teva, en contra de tots.

Les retallades dels governs d’Artur Mas i Zapatero van fer perdre 920 facultatius dels CAP i van representar una pèrdua de poder adquisitiu d’entre el 25% i el 30% dels treballadors sanitaris. La retallada salarial de Zapatero va ser del 5%. El Govern d’Espanya, es va comprometre a ingressar enguany el 60% de la paga extra de 2013, no obstant això, encara no s’ha percebut aquest ingrés. Per part seva, la Generalitat de Catalunya, es va comprometre a pagar durant el mes d’abril la totalitat de l’import del complement de productivitat, mesura pactada des del 2018.

L’any 2010, durant els últims espertenecs de vida del tripartit, o Govern d’Entesa com es va dir durant la seva segona legislatura, es va crear el SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya) amb l’objectiu d’ajuntar els serveis del ICS, amb la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), sociosanitaris i el CAP. El Govern de la Generalitat d’Artur Mas, amb Boi Ruiz com a Conseller de Salut, va integrar l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès a aquesta xarxa, tots dos, centres privats. Segons el Col·legi de Metges de Barcelona, avui el sector privat representa el 25% del total de l’activitat sanitària i un 50% de metges, combinen l’activitat en el sector públic i privat. I és que els sous de la pública més les condicions en les quals treballen, empenyen a molts metges a anar a la privada. No obstant això, treballar exclusivament per a la privada pot suposar una alta quantitat de diners en despeses. La xacra de la privatització de la sanitat per part de la burgesia a Catalunya es nota avui més que mai.

El conveni del SISCAT mostra que un treballador de la sanitat dins del sistema concertat cobra entre 27.700 i 41.500 euros bruts anuals, mentre que un infermer pot ingressar 28.000. El sou pot variar segons nocturnitat o responsabilitat, percentatges que també es van reduir en l’època de les retallades. La mateixa representant de CCOO a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, diu que han demanat a la Generalitat que tots els treballadors, tant de la privada com de la pública, cobrin el mateix.

La sanitat privada a Catalunya, tant la que funciona pel seu compte, com la que té concerts amb la Generalitat, compta amb 9.000 llits. Amb l’arribada del coronavirus, moltes companyies d’assegurances mèdiques privades estan duent a terme ERTE’s, i ho fan, segons el Col·legi de Metges, perquè “només funcionen les urgències però les despeses es mantenen». ERTE en sanitat en un dels moments en els quals es necessita més personal sanitari. Això és la privatització, això és convertir la vida dels éssers humans en una mercaderia, això és, en definitiva, el capitalisme, un sistema salvatge i criminal.

Els fets mostren la necessitat del desenvolupament del sindicalisme de classe en el si del moviment obrer català i, les lluites dels treballadors de la sanitat catalana, testifiquen la necessitat del desenvolupament del sindicalisme classista, tant en el sector sanitari com en la resta dels sectors. Un sindicalisme que trenqui la lluita sectorialitzada i organitzi a la classe obrera unint la lluita dels diferents sectors en una única lluita de classes contra la burgesia, el seu sistema econòmic i el seu Estat, responsables dels mals que la classe obrera pateix. És necessari que el sindicalisme classista, combatiu, que organitzi als treballadors dins dels centres de treball, s’obri camí perquè això implica, també, l’afebliment de la burgesia. Un sindicalisme que es regeixi per uns principis de classe a internacionalistes, el sindicalisme dels sindicats de la FSM. Però la lluita transcendeix el terreny econòmic, es dóna també en el terreny polític i ideològic, per això és lluita de classes.

El COVID-19 ha mostrat en tota la seva dimensió el saqueig que la burgesia ha perpetrat al poble privatitzant els serveis públics. I si criminal ha estat el saqueig, encara més criminals són els que han planificat i executat tal saqueig, que van des de l’esquerra fins a la dreta del sistema perquè, al cap i a la fi, tots ells són iguals de capitalistes i iguals de marionetes dels monopolis, de la burgesia. L’Estat burgès, dels capitalistes, és un instrument d’opressió i saqueig en mans de la burgesia, els treballadors hem d’unir la lluita dels centres de treball amb la dels barris, i les diferents lluites dels diferents sectors del proletariat i unir-la en una única lluita contra la burgesia i el seu Estat, a fi d’acabar amb el capitalisme i establir un Estat en mans de la classe treballadora que atengui els nostres interessos com a classe. Per a això, aquesta unitat ha d’erigir-se en organització. Organització del poder de la classe obrera que es confronti a l’Estat, això és, el Front Únic del Poble.

Els treballadors, davant d’aquesta pandèmia, estem demostrant que som els únics capaços de solucionar les crisis enfront del caos i misèria cap a la qual ens empeny el capitalisme i el seu Estat. Hem de fer un salt i desfer-nos d’un sistema caducat que únicament ens porta problemes i que ens vengui al millor postor, el capitalisme, i apostar un sistema acord al desenvolupament i als interessos de la majoria: el socialisme.

Desde que se decretó el Estado de alarma, la Generalitat de Catalunya no ha parado de tirar balones fuera y culpar al Gobierno español de la poca eficiencia de las medidas tomadas. Dicha critica se sustentaría si no fuera porque, culpando así al Gobierno, obvian la parte de la culpa que a ellos les atañe.

Hace algo más de una semana, la Consellera de Presidencia y Portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, en una conferencia telemática, criticaba las medidas adoptadas por Sánchez: “Consideramos que están llegando tarde y son insuficientes. Y no lo decimos nosotros, sino empresarios, patronales, sindicatos y muchas personas plenamente afectadas”. Porque evidentemente, para los representantes políticos de la burguesía, lo importante es la opinión de aquellos a los que representan: empresarios, patronales y sindicatos del Estado. La ambigüedad de los términos “personas plenamente afectadas”, nos hace pensar que esas personas también deben ser esos mismos burgueses.

El Conseller d’Interior, Miquel Buch, acusó al Gobierno de España a principios de la pandemia, en una entrevista en Catalunya Ràdio: “Le ha preocupado más (a Pedro Sánchez) coger las competencias de salud, Mossos d’Esquadra y transporte, entre otros, en lugar de plantar cara a la pandemia”. Lo acusó de “envolverse con la bandera” y de “no hacer el trabajo”, sin embargo, no hizo ninguna crítica a sus antecesores políticos por todos los recortes empleados en sanidad y que ahora pagamos caro. Así pues, deja claro que su interés pasa por seguir sacando más rédito político por la pugna de competencias que tiene uno u otro más que por las vidas de las personas que han sufrido sus políticas.

Sin dejar de ser culpable el gobierno de PSOE-Podemos/IU, el Govern de JuntsxCAT y ERC tampoco puede lavarse las manos. Catalunya supera hoy los 3.000 muertos por COVID-19 mientras gran parte del personal de los centros sanitarios se quejan de las condiciones en las que trabajan y de la falta de recursos desde que empezó la epidemia. Y la culpa de esta situación no implica simplemente a las últimas medidas tomadas por la crisis, sino que viene de atrás, de una constante expoliación de recursos a la sanidad en Catalunya que empezaron los padres políticos e ideológicos de los que ahora continúan ostentando el Govern de la Generalitat.

El diario naciodigital.cat, publicaba el martes 7 de marzo un artículo en el que exponía los diferentes sueldos que se ganan en los centros sanitarios catalanes en función del cargo que se ocupa, según si se trata de un centro privado, público o concertado o si se trata de un hospital o un ambulatorio.

L’Institut Català de Salut (ICS) pone a disposición las tablas retributivas de los centros públicos, pactados en el 2019 entre sindicatos y el Departament de Salut. En primer lugar, se puede comprobar cómo un gerente territorial puede cobrar anualmente 70.417 o 97.627 euros en función del territorio que gestione. En segundo lugar, y ya entrando en los centros sanitarios, el director de un hospital público con 450 camas puede llegar a cobrar 72.000 euros anuales. El director médico y el director económico cobrarían 63.859 y 62.600 euros brutos anuales respectivamente. Un subdirector de enfermería tendría un sueldo de 42.300 euros brutos anuales. Si el hospital contara con menos de 450 camas, la escala sería la misma, pero con 5.000 euros menos de media. Hasta aquí, los sueldos de los cargos directivos en los hospitales públicos.

Los sueldos van descendiendo y varían según si se trata de un director clínico (51.700 euros brutos anuales) o uno facultativo (32.600 euros brutos anuales) en función de si la jornada es de 37 horas o de 40 (pueden llegar a crecer entre 10.000 y 12.000 euros brutos al año). Los diplomados sanitarios cobran entre 29.000 y 30.000 euros brutos anuales. Los subdirectores de enfermería, unos 47.000 y los supervisores (responsables de cada unidad), 37.000 euros brutos anuales. El escalón salarial más bajo en los hospitales públicos según las tablas retributivas, lo ocupan los auxiliares de enfermería, que ingresan entre 19.800 y 20.500 euros brutos cada año, en función de su experiencia. Así pues, el director de un hospital público en Catalunya puede llegar a cobrar al mes 5.000 euros más de los que cobra un auxiliar de enfermería, cuando probablemente en estos momentos, el trabajo prestado por el enfermero está siendo igual o más crucial, además de infinitamente más arriesgado, que el de un directivo (urgencias colapsadas y cuidados constantes a los pacientes).

En los centros de atención primaria (CAP) los sueldos son más bajos. Los cargos directivos en estos centros pueden llegar a compensarlo ya que reciben un complemento de 5.000 euros si no ejercen fuera del sistema público. Sin embargo, un auxiliar de enfermería de Equipos de Atención Primaria, cobra siempre por debajo de los 20.000 euros brutos anuales.

Según el artículo de naciodigital.cat, el presidente del Sector Primaria del ICS del sindicato Médicos de Cataluña y facultativo del CAP Blanes, Javier O’Farrill, considera que los sueldos de los sanitarios que se acaban de incorporar a los centros catalanes, hacen que éstos opten por irse a trabajar a zonas fronterizas como Comunitat Valenciana, Aragón o Francia, ya que la diferencia salarial con respecto a estos lugares, según él mismo, es abismal. Alega que el sentimiento de sobrecarga de trabajo es continuo debido a la falta de personal. La representante de CCOO en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida también se queja de dicha sobrecarga en los hospitales y alega: «Ni médicos ni enfermeros tenemos las ratios que nos toca. Hay 5,3 enfermeras por cada 1.000 pacientes, mientras que en Alemania hay 13 y en Francia 9,8».

La huelga realizada hace dos años por parte de los médicos de los Centres d’Atenció Primària se saldó con un pacto entre el sindicato Metges de Catalunya y el ICS. Desde entonces, según naciodigital.cat, los especialistas tienen “12 minutos para atender un paciente presencialmente, seis si lo hacen por teléfono y entre 45 minutos y una hora si se desplazan a su domicilio.” Si con una gripe común el sistema ya corría el riesgo de colapsarse y pacientes se tenían que quedar en los pasillos, con el COVID-19, el problema ha ido a más. O’Farrill señala: “La epidemia se ha encontrado una sanidad esquelética, a la que piden que rinda como si fuera de alto nivel. (…) Estamos recogiendo los frutos de los recortes».

Hoy los comunistas queremos recordar esas imágenes atroces de los Mossos d’Esquadra agrediendo a sanitarios de los CAP durante aquella huelga de noviembre del 2018. Los mismos que entonces justificaban la violencia, hoy salen al balcón a aplaudir a esos mismos trabajadores que luchaban por sus derechos. A los mismos hipócritas, que desde su ignorancia infinita utilizan argumentos tan pueriles como “si criticas a la policía, luego no los llames cuando tengas un problema” les preguntamos hoy: ¿A quién llamas tú para que cuide de tu salud? ¿Quiénes son los que hoy salvan vidas estando en condiciones materiales vergonzosas? ¿A quién sales a aplaudir cada día al balcón y llamas héroe? A los mismos que cuando defendían sus derechos y tus derechos, ignorabas y apoyabas las agresiones policiales en su contra. Resulta ahora, que también eran agresiones en tu contra, en contra de todos.

Los recortes de los gobiernos de Artur Mas y Zapatero hicieron perder 920 facultativos de los CAP y representaron una pérdida de poder adquisitivo de entre el 25% y el 30% de los trabajadores sanitarios. El recorte salarial de Zapatero fue del 5%. El Gobierno de España, se comprometió a ingresar este año el 60% de la paga extra de 2013, sin embargo, aún no se ha percibido dicho ingreso. Por su parte, la Generalitat de Catalunya se comprometió a pagar durante el mes de abril la totalidad del importe del complemento de productividad, medida pactada desde el 2018.

En el año 2010, durante los últimos coletazos de vida del tripartit, o Govern d’Entesa como se llamó en su segunda legislatura, se creó el SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya) con el objetivo de juntar los servicios del ICS, con la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), sociosanitarios y el CAP. El Govern de la Generalitat de Artur Mas, con Boi Ruiz como Conseller de Salut, integró el Hospital General de Catalunya y la Clínica del Vallès a dicha red, ambos, centros privados. Según el Colegio de Médicos de Barcelona, hoy el sector privado representa el 25% del total de la actividad sanitaria y un 50% de médicos, combinan la actividad en el sector público y privado. Y es que los sueldos de la pública más las condiciones en las que trabajan, empujan a muchos médicos a ir a la privada. Sin embargo, trabajar exclusivamente para la privada puede suponer una alta cantidad de dinero en gastos. La lacra de la privatización de la sanidad por parte de la burguesía en Catalunya se nota hoy más que nunca.

El convenio del SISCAT muestra que un trabajador de la sanidad dentro del sistema concertado cobra entre 27.700 y 41.500 euros brutos anuales, mientras que un enfermero puede ingresar 28.000. El sueldo puede variar según nocturnidad o responsabilidad, porcentajes que también se redujeron en la época de los recortes. La misma representante de CCOO en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, dice que han pedido a la Generalitat que todos los trabajadores, tanto de la privada como de la pública, cobren lo mismo.

La sanidad privada en Catalunya, tanto la que funciona por su cuenta, como la que tiene conciertos con la Generalitat, cuenta con 9.000 camas. Con la llegada del coronavirus, muchas compañías de seguros médicos privados están llevando a cabo ERTEs, y lo hacen, según el Colegio de Médicos, porque “sólo funcionan las urgencias pero los gastos se mantienen». ERTE en sanidad en uno de los momentos en los que se necesita más personal sanitario. Eso es la privatización, eso es convertir la vida de los seres humanos en una mercancía, eso es, en definitiva, el capitalismo, un sistema salvaje y criminal.

Los hechos muestran la necesidad del desarrollo del sindicalismo de clase en el seno del movimiento obrero catalán y, las luchas de los trabajadores de la sanidad catalana, atestiguan la necesidad del desarrollo del sindicalismo clasista, tanto en el sector sanitario como en el resto de los sectores. Un sindicalismo que rompa la lucha sectorializada y organice a la clase obrera uniendo las luchas de los diferentes sectores en una única lucha de clases contra la burguesía, su sistema económico y su Estado, responsables de los males que la clase obrera padece. Es necesario que el sindicalismo clasista, combativo, que organice a los trabajadores dentro de los centros de trabajo, se abra camino porque ello implica, también, el debilitamiento de la burguesía. Un sindicalismo que se rija por unos principios de clase a internacionalistas, el sindicalismo de los sindicatos de la FSM. Pero la lucha trasciende el terreno económico, se da también en el terreno político e ideológico, por ello es lucha de clases.

El COVID-19 ha mostrado en toda su dimensión el saqueo que la burguesía ha perpetrado al pueblo privatizando los servicios públicos. Y si criminal ha sido el saqueo, todavía más criminales son los que han planificado y ejecutado tal saqueo, que van desde la izquierda hasta la derecha del sistema pues, al fin y al cabo, todos ellos son igual de capitalistas e igual de marionetas de los monopolios, de la burguesía. El Estado burgués, de los capitalistas, es un instrumento de opresión y saqueo en manos de la burguesía, los trabajadores debemos unir la lucha de los centros de trabajo con la de los barrios y las diferentes luchas de los distintos sectores del proletariado en una única lucha contra la burguesía y su Estado, al objeto de acabar con el capitalismo y establecer un Estado en manos de la clase trabajadora que atienda a nuestros intereses como clase. Para ello, esa unidad debe erigirse en organización. Organización de poder de la clase obrera que se confronte al Estado, esto es, el Frente Único del Pueblo.

Los trabajadores, ante esta pandemia, estamos demostrando que somos los únicos capaces de solventar las crisis frente al caos y miseria hacia la que nos empuja el capitalismo y su Estado. Debemos dar un salto y despojarnos de un sistema caducado que únicamente nos trae problemas y que nos vende al mejor postor, el capitalismo, y apostar un sistema acorde al desarrollo y a los intereses de la mayoría: el socialismo.

A medida que pasa el tiempo se está haciendo cada vez más patente que la crisis del COVID-19 ha acentuado, más aún, el retroceso de la clase trabajadora. Se clarifica de nuevo que las crisis las pagamos las clases populares y los beneficios y el rédito se lo lleva la clase parásita de la burguesía y sus títeres burócratas y parlamentarios. El día 2 de abril conocíamos que los puestos de trabajo perdidos desde el inicio del Estado de Alarma ascendían a 900.000, elevando la cifra de parados a 3’5 millones. En otras palabras, en 15 días se ha perdido tanto empleo como en los 5 meses que acompañaron el estallido de la crisis de 2008.

La pandemia no ha hecho otra cosa que acelerar algo que era inevitable y que el PCOE lleva advirtiendo durante años: la caducidad del sistema capitalista es tal que ni si quiera es capaz de afrontar una enfermedad con una tasa de letalidad del 2% al 4%. Esto es, entre otros motivos, debido a que la temporalidad y el empleo precario impulsado por quienes nos roban la riqueza todos los días, la burguesía, no pueden mantener un sistema público en condiciones, y en consecuencia se obtienen los recortes en sanidad, pensiones, educación, etc.

En materia de educación, ya hablamos en otro artículo que la educación pública, por mucho que se defienda, en el capitalismo sólo favorece a la burguesía, tanto en contenido, como en valores y en metodología. Así, los alumnos que tienen orígenes humildes tienen más complicado el aprendizaje y la adquisición de unos conceptos mínimos que les permitan desarrollarse como plenos seres humanos a lo largo de sus vidas. Así, el informe de 2018 llamado “Desigualdades socioeconómicas y rendimiento académico en España” y elaborado por el Observatorio Social de “la Caixa”, establece los siguiente puntos clave entre otros:

“1. A la edad de 15 años, se constata la existencia de una brecha de 82 puntos PISA (equivalentes a dos años de escolarización) entre los alumnos de hogares con un mayor nivel socioeconómico y aquellos de hogares con un menor nivel socioeconómico.
2. En España, la pertenencia a un hogar situado en el cuartil inferior de nivel socioeconómico multiplica por 6 el riesgo de obtener un rendimiento académico muy bajo. […]
4. Los resultados de las pruebas de lectura llevadas a cabo a los 10 años muestran diferencias considerables según el nivel socioeconómico y cultural de las familias. Tal desigualdad aparece temprano en la vida de los jóvenes y luego se mantiene o queda exacerbada durante la educación secundaria.”

Por tanto, ya sea pública, concertada o privada, la cuestión de clase siempre estará presente en el capitalismo, pues esta rezuma de todos sus poros.

Más aún se ha hecho patente esta cuestión al declararse el Estado de Alarma el 14 de marzo de este año. Y es que a la clase política “progresista” en el gobierno actual le ha salpicado en la cara el sistema educativo mediocre que se imparte en este país, siendo incapaces de garantizar el derecho a la educación de forma telemática durante el tiempo que dure el confinamiento. Esto ya no es sólo algo que afecta a los alumnos (niños, adolescentes y adultos), sino que afecta también a los profesores. Ambas partes se han visto abarrotadas de una carga de trabajo completamente desproporcionada por la falta de medidas y medios realmente efectivos.

Por un lado, nos encontramos con la llamada “brecha digital”, esto es, la existencia de familias con limitaciones de acceso a internet o las nuevas tecnologías. Pedro Sánchez sacaba pecho hace unos días con que España se había convertido en “el quinto país del mundo con mayor tráfico de datos en Internet” ante esta nueva situación. No obstante, no cuenta la marioneta del Estado que un 70% de los españoles tiene un nivel de competencias en las nuevas tecnologías básico o inferior, sin contar que un 8% de los hogares españoles ni si quiera cuenta con conexión a la red. Estos datos muestran la dificultad con la que las clases populares recibirán una docencia en condiciones en sus casas, frente a los hijos de familias adineradas con mayor acceso a las nuevas tecnologías.

Por otro, el profesorado (al que también afecta la brecha digital) se encuentra con que debe realizar evaluaciones en muchos casos con la mínima información, el uso de entornos/plataformas improvisados por las Consejerías de Educación, una comunicación con el alumnado mucho más deficiente… Y todo esto dando palos de ciego, improvisando, muchas veces siendo informados de las novedades de la situación actual a través de la prensa o los telediarios antes que por vías internas. Además de que todas las medidas tomadas y por tomar son, por definición, una suerte de despotismo ilustrado: educar sin los educadores.

Vemos por tanto que las instituciones de la Educación en el capitalismo ni escuchan a los trabajadores que la necesitan ni escuchan a los trabajadores que la imparten. En este sistema se impone el sálvese quien pueda, lo cual sólo deja atrás a los trabajadores que con el sudor de su frente pagan las comodidades de la burguesía. Es necesaria, entonces, una verdadera educación popular. Una educación en valores obreros, en la que los mediadores sean el profesorado y las familias, no ningún burócrata intermediario. La posibilidad de llevar esto a cabo sólo podrá materializarse construyendo el socialismo y que los trabajadores sean productores y dueños de las fábricas, del campo, de las escuelas… Por ello, desde el PCOE impulsamos la creación del Frente Único del Pueblo, punto de encuentro de trabajadores de todos los sectores, de parados, de jubilados, de estudiantes, de amas de casa… para juntarnos de una vez por todas y acabar con este sistema putrefacto que sólo genera pobreza, incultura e ignorancia.

 

La situación y condiciones de vida de muchos trabajadores penden de un hilo por culpa del Estado de Alarma del que es cómplice el Ayuntamiento de Cádiz. Entre esos trabajadores se encuentran los que realizan ciertos servicios auxiliares que no han sido llamados cuando les tocaba. Eso no es inacción ni incompetencia del Ayuntamiento, como denuncia Autonomía Obrera en un comunicado. El mirar para otro lado es ser cómplice.

Que en empresas de servicio público del Ayuntamiento de Cádiz se estén produciendo despidos y ERTEs en estos momentos en los que la clase obrera está sufriendo el mayor ataque desde hace décadas, no es más que el resultado de las políticas del régimen que desde este Ayuntamiento siempre se han defendido.

Cuando el Ayuntamiento delega la contratación de los trabajadores públicos en manos de empresas privadas trata a dichos trabajadores como mera mercancía de intercambio desentendiéndose así de ellos.

Es por esto normal que el alcalde «anticapitalista» que tenemos, nos venda entre las medidas adoptadas por el Estado de Excepción vigente como «excepcionales» el “Rechazo de ERTE en los servicios de playa”. El ayuntamiento nos vende como medida excepcional el expresar una opinión. Pero en realidad no es más que la constatación de una realidad, la realidad de que debido a sus políticas capitalistas dirigidas a hacer un negocio con sus trabajadores, llenando los bolsillos de empresas privadas, es incapaz de garantizar los puestos de trabajo de los servidores públicos.

Ante esta situación, Autonomía Obrera, sindicato que se autodenomina de clase, responde a los despidos con un comunicado muy blando para algo tan grave. Esto nos hace pensar que la finalidad de dicho comunicado está encaminada a convencer a los trabajadores de que la gestión del equipo de gobierno se debe solo a su inacción. De esta manera echan un capote a los anticapitalistas, pues no es que no actúen, al contrario, son colaboradores imprescindibles del sistema, sistema al que se acogen y del que se benefician desde sus poltronas.

Estos servicios son necesarios para el pueblo y no deberían ser una fuente de enriquecimiento de empresas privadas que no solo explotan a los trabajadores, sino que también sacan tajada en el cobro del servicio a los gaditanos.

Los trabajadores de las empresas auxiliares, así como los trabajadores de todos los servicios públicos, pueden comprobar en sus carnes qué significa que una empresa sea nacionalizada o municipalizada en esta dictadura que sufrimos la clase obrera. Con las instituciones actuales que representan a los banqueros y empresarios, los servicios “públicos” o municipales serán gestionados en su beneficio, es decir, para garantizarles sus negocios.

Los sindicatos no deben ser sólo instrumentos de denuncia, los sindicatos deben ser escuelas donde los trabajadores se instruyan como una sola clase unida contra el sistema que los oprime. Deberían ser instrumentos de lucha y unidad de la clase obrera por un mundo nuevo sin explotación. Y es la dejación de este deber por parte de determinados sindicatos la que ha permitido que hoy la clase obrera este más desprotegida que nunca, sin unión y sin rumbo a merced de sus enemigos de clase.

Es una contradicción que haya varios sindicatos que se llamen “de clase”, cuando debería haber una única central sindical que permita estructurar a la clase obrera en un sólo puño y defender su interés de clase, tal como lo hace la patronal con su sindicato CEOE.

El PCOE aboga por la construcción de un sindicalismo de clase que una de verdad a la clase obrera desde abajo, planteando luchas colectivas que unan los intereses de todas las clases populares, dentro y fuera de los centros de trabajo. Luchar por cuestiones concretas y parciales que sólo benefician a un colectivo o sector de la clase obrera, divide y fragmenta ese interés común que tenemos los trabajadores: acabar con la explotación del hombre por el hombre.

La lucha de clases es internacional como bien demuestran los acontecimientos actuales, una lucha del capitalismo por sostenerse en su agonía y la del nuevo régimen que hay que edificar, el Socialismo. Con esa visión global han de orientarse todas nuestras luchas y tareas.

En ese sentido, los militantes del PCOE promueven y trabajan por el desarrollo del sindicalismo de clase en el Estado español a través de la Federación Sindical Mundial, organización internacional a la que pertenece la Coordinadora Sindical de Clase desde la que luchamos sin descanso por la construcción de una central sindical única que aglutine todas aquellas organizaciones sindicales que se consideren de clase.

Si la producción de nuestro país estuviese dirigida a abastecer al pueblo en todas sus necesidades, seguramente no seríamos el séptimo país a nivel mundial en exportación de armas, pero posiblemente tendríamos respiradores, mascarillas y guantes para protegernos, y lo que aún es más seguro habría muchos cientos de miles menos de trabajadores asesinados con el fruto de nuestro trabajo, porque en el capitalismo el mayor negocio es la destrucción, es la guerra y en la guerra los que mueren son el pueblo.

Si los medios de producción pertenecieran a los trabajadores que luchan por sacar adelante a sus familias con sus trabajos, y no en las manos de los que nos explotan para vivir a todo lujo y sin dar golpe ellos y sus familias durante generaciones, tendríamos el poder de dirigir la producción en nuestro propio beneficio, y entonces solo entonces nadie se quedaría detrás.

Si los latifundios fueran de todo el pueblo, servirían para proveer al pueblo de alimentos en lugar de servir como cotos privados de caza, si los monopolios de la distribución y comercialización fueran de todo el pueblo se acabaría la especulación, si los monopolios de la banca, la industria, la química, la maquinaria agrícola, de los seguros… fueran de todo el pueblo los jornaleros y pequeños campesinos recibirían todo lo que necesitan para producir alimentos sin ponerse la soga al cuello. La sociedad les proveería de todo lo que necesitan, y ellos nos proveerían de todo el alimento y materias primas que necesitamos.

Es por tanto necesario reconstruir las cenizas del movimiento obrero y popular uniendo a todas las capas populares en un Frente Único del Pueblo con el objetivo de tomar el control de las riquezas y planificar la sociedad y la economía en beneficio de todas las clases trabajadoras.

La clase obrera seguirá dando palos de ciego mientras no seamos capaces de reconocer que nuestro problema es el sistema y que lo que nos venden, tanto la socialdemocracia del PSOE como los oportunistas de PODEMOS con todos sus satélites sindicales, hoy aliados, no son más que pequeños remiendos para que este sistema injusto y opresor siga funcionando.

Solo la clase obrera organizada y unida en un Frente Único del Pueblo será capaz de tomar el control de la sociedad e instaurar el Socialismo.

 

En el día de ayer, 4 de marzo, Pedro Sánchez anunció que en la próxima semana llevará al Congreso de los Diputados la propuesta de ampliar, por dos semanas más, el estado de alarma, hasta el 26 de abril, propuesta que saldrá adelante pues ya el PP ha anunciado que votará favorablemente. Asimismo, Pedro Sánchez ha advertido que en la prórroga del estado de alarma, a partir del día 13 de abril, tanto la industria como la construcción volverán en pleno al trabajo, aunque hay que advertir que, actualmente, el 35% de los trabajadores siguen desplazándose para acudir a su trabajo.

También el Presidente del Gobierno ha señalado que preparará más prórrogas del estado de alarma y, por tanto, se prolongará mucho más allá del 26 de abril. Reiterando en varias ocasiones que “el futuro será diferente a ayer, y todavía más diferente a anteayer” y hablando de un periodo de estado de alarma extenso, “de transición” hacia una “nueva normalidad y hacia la reconstrucción de nuestra economía”, señalando también que el Estado empleará la tecnología para controlar a los infectados.

Pedro Sánchez, en un discurso preñado de interclasismo, no dudó en lanzar alabanzas a los empresarios, apelando a la unidad en términos interclasistas, o lo que es lo mismo, planteando que los obreros deben seguir sometiéndose a los intereses y la voluntad de la burguesía y del capitalismo monopolista de Estado, que deben seguir pasando vicisitudes, miseria y muerte para que los empresarios sigan manteniendo sus privilegios y sigan viviendo a cuerpo de rey. En este sentido, no dudo en apelar al recuerdo y a la necesidad de reeditar los Pactos de la Moncloa de 1977, un pacto entre fascistas y oportunistas para avalar la pervivencia del capitalismo monopolista y su Estado fascista que garantice a la burguesía su dominio y, también, el sometimiento de la clase obrera y demás clases populares. También apeló a la Unión Europea en su discurso, señalando que el problema del coronavirus no es un problema exclusivamente nacional sino europeo y que la UE debe responder unida a la crisis, advirtiendo Sánchez que él es un hombre pragmático, indicando que España no va a renunciar a los eurobonos a la par que anunciaba que en el seno de la UE están negociando otras medidas.

Tras el mensaje del Presidente del Gobierno, como máximo representante del Gobierno conformado hoy en España, un gobierno de alianza entre reaccionarios y oportunistas, se deduce que tras las bambalinas hay una intensa actividad del gran Capital con su superestructura – sus organizaciones políticas (desde las abiertamente fascistas, a las reaccionarias y oportunistas) y los sindicatos a su servicio (CCOO y UGT) – al objeto de garantizar su dominio, su dictadura, ante la situación de bancarrota que está viviendo su régimen. Y es que mientras el pueblo está confinado y limitado en sus libertades, mientras el pueblo tiene negados parte de sus derechos democráticos – como el derecho a manifestación -, los capitalistas están desempeñando una actividad frenética en la guerra que están librando contra el pueblo para sostener este régimen – que no se sostiene por ningún lado – que garantiza sus privilegios a costa de la vida de los trabajadores.

El Presidente del Gobierno ayer ya reflejó el resultado de dicha actividad, y por donde va a ir la vida nueva que debe ir abriéndose paso tras el prolongado estado de alarma. El Presidente del Gobierno repitió varias veces que la vida no será la misma que antes del COVID-19. Hemos de recordar que volver a lo mismo sería volver a la crisis, a la bancarrota del capitalismo monopolista y su Estado. Antes del COVID-19, el Estado tenía una deuda pública superior a 1,207 billones de euros, un país donde economistas burgueses, como Gay de Liébana – no sospechoso de ser bolchevique – señalaba hace un par de años que “la deuda española es impagable, el país está en bancarrota”, cuando el coronavirus COVID-19, en todo caso, nada más podía existir en la mente de algunos científicos. Volver a lo mismo, a lo que había antes del estado de alarma, es una tasa de temporalidad y precariedad laboral elevadísima, en definitiva, es volver a un sistema económico en bancarrota donde la empresa capitalista únicamente generaba 13,5 millones de empleos de 39.322.000 personas en edad de trabajar, es decir, los capitalistas únicamente eran capaces de garantizar el derecho al trabajo al 34,33% de los españoles en edad de trabajar, siendo generosos, porque el trabajo generado es explotación descarnada, es precariedad absoluta. Un trabajo tan precario que, en un par de semanas, ha dado buena cuenta de qué tipo de trabajo estábamos hablando. Volver a lo mismo que había antes del estado de alarma eran los recortes sociales, el desmantelamiento de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación pública, donde lo ancianos vivían en condiciones lamentables en las residencias gracias a la privatización de éstas, donde las listas de espera quirúrgicas son quilométricas mientras que los bancos y los empresarios reciben dineros públicos a manos llenas que le es robado al pueblo por el Gobierno de turno, en definitiva, donde la clase trabajadora y los campesinos no tienen más futuro que la muerte y la miseria.

Pues bien, según Pedro Sánchez, a esa España ya no vamos a volver. ¿Y a qué España quieren conducir a la clase obrera el Gobierno de coalición del PSOE y PODEMOS-IU/PCE dirigidos por los grandes capitalistas? Pues las acciones desarrolladas por el estado de alarma y las intervenciones del Presidente del Gobierno están siendo muy clarificadoras del camino por el que pretenden conducirnos.

Por un lado, con el estado de alarma el Gobierno pretende blanquear al Estado fascista y fortalecerlo. De tal modo, se lanza una campaña de blanqueo del Ejército y de las fuerzas represivas del Estado – quienes controlan totalmente la calle – en las que, vergonzosamente, participa sin pudor ni vergüenza el PCE. Algo que no nos sorprende, pues ese partido ya hace muchas décadas que se posicionó junto con la burguesía y su Estado fascista y dejó en la estacada a la clase obrera y a los luchadores antifascistas del Estado español. También se está tratando de blanquear a la Corona, a la par que se oculta la enorme corrupción que asola a la jefatura del Estado, tapándose todo tipo de investigación de la misma la cual se está destapando por acciones judiciales en Gran Bretaña y Suiza. Así, pues, blanqueo del Estado fascista, ocultación de la corrupción que asola al Estado y hacer una campaña ideológica y propagandística al objeto de que el pueblo asuma como propios la simbología fascista del Estado: Fuerzas de represión y Ejército, Corona y Unidad de España.

Por otro lado, en términos económicos el estado de alarma ya ha mostrado el sesgo clasista de las medidas económicas adoptadas a favor de la burguesía y del camino que han emprendido. Donde el 95% del dinero público va destinado a favorecer a los empresarios y los usureros que negocian con el derecho a la vivienda del pueblo trabajador. Además, según Sánchez, ahora la salida es reeditar la traición perpetrada contra el pueblo trabajador, es buscar unos nuevos Pactos de la Moncloa, los cuales han llevado a los trabajadores a la indigencia moral y material en la que nos encontramos y han verificado la inviabilidad del capitalismo monopolista de Estado en España. Asimismo, en el terreno económico, Sánchez promete sumisión total a la Unión Europea. Promete a los monopolios europeos, fundamentalmente a la banca alemana, que no dudará en sacrificar al pueblo español en aras de los beneficios e intereses económicos de dicha banca y dichos monopolios europeos. Por ello, aunque el Gobierno de España desea que la Unión Europea, a través de los eurobonos, contribuya a sostener el enorme endeudamiento del Estado, Sánchez, apelando a su condición de pragmático en este asunto, le dice a Alemania que, finalmente, tragará con la propuesta de los imperialistas europeos de que España, a través del Fondo de Rescate de la Eurozona (MEDE), pueda acceder a un rescate abriéndose una línea de crédito de hasta 35.000 millones de euros, siempre y cuando el Estado español siga siendo una marioneta de la UE, y su política económica esté dirigida por los monopolios europeos, por la banca alemana, mediante la firma de un Memorando de Entendimiento, esto es, convertir a España en una nueva Grecia, perder completamente la soberanía. Algo que tampoco nos sorprende, puesto que para PODEMOS no sería difícil reeditar lo que hizo su homóloga griega Syriza hace unos años: vender al pueblo trabajador griego e hincarse de rodillas ante los monopolios europeos, ante Alemania.

Nuevamente los oportunistas y los fascistas quieren reeditar su pacto de traición contra el pueblo español al objeto de salvar al corrupto Estado emanado por dichos pactos, nuevamente quieren sostener al régimen franquista – sostener la obra del tirano sin él – para que los monopolios traten de recomponer su criminal sistema a cambio de negar una ruptura del Pueblo con el capitalismo putrefacto que estamos padeciendo y la superestructura que ha generado, que niega los derechos democráticos de la clase trabajadora y de las naciones oprimidas que componen el Estado y nos condena a la pobreza y a la explotación.

El Estado está mostrando su auténtico rostro fascista en este estado de alarma. Según organizaciones sociales como SOS Racismo y Es Racismo, las paradas policiales a personas por motivos étnicos-raciales en los barrios obreros de las ciudades de Barcelona, Madrid o Bilbao se han incrementado; también está mostrando su rostro fascista no poniendo en libertad a los presos políticos, cuya vida está en serio riesgo en las cárceles como consecuencia del coronavirus. También se están controlando los teléfonos móviles del pueblo so pretexto de controlar los movimientos de los afectados por coronavirus mostrándonos el Estado un nuevo camino abierto para la represión del pueblo, como es el de controlar a la población a través de la telefonía móvil, siendo otra razón para que el pueblo rompa con el capitalismo y este Estado reaccionario pues, de lo contrario, todo avance de la tecnología, lejos de beneficiar al pueblo lo que hará es apretar todavía más la cuerda de la represión a su cuello, como acredita esta medida adoptada por el Gobierno.

El Partido Comunista Obrero Español se opone de plano a la salida que la burguesía monopolista, verbalizada por su Gobierno títere, pretende dar a la encrucijada a la que su moribundo sistema económico y social nos ha llevado. El capitalismo monopolista de Estado en España y en el mundo estaba en crisis, en auténtica bancarrota, antes de que saltara a la palestra mundial la pandemia del coronavirus COVID-19. El Gobierno de PSOE y PODEMOS-IU/PCE plantea al pueblo español una nueva traición, igual que en 1977, para salvaguardar los intereses del gran Capital, de los monopolios y de las agrupaciones imperialistas – como es la Unión Europea – y por ello la salida que ofrece a la clase obrera, a los campesinos arruinados por la Política Agraria de la Unión Europea, no es otra cosa que más represión, más pobreza, más sometimiento del pueblo a los intereses miserables de un puñado de capitalistas, más muerte.

La clase obrera, las clases laboriosas y populares, los campesinos maltratados por el capitalismo, no tenemos otra salida que unirnos y organizarnos para atacar la raíz de todos nuestros males, el capitalismo.

Mientras nuestro pueblo está poniendo los enfermos y los muertos, mientras nuestro pueblo sufre recortes de libertades, el Gobierno de los capitalistas – la coalición de reaccionarios y oportunistas del PSOE y PODEMOS-IU/PCE – está haciendo todo tipo de componenda y tejemaneje a espaldas del pueblo al objeto de sostener este moribundo sistema que niega al pueblo el progreso social y la vida para satisfacer los intereses de una minoría ladrona, corrupta y explotadora.

Todas las cartas están encima de la mesa. El capitalismo únicamente puede ofrecer muerte, miseria y guerra, como estamos viendo. El Gobierno ya ha mostrado el camino de la gran burguesía, una nueva alianza de fascistas y oportunistas – entre los que hay que contar a los traidores sindicatos CCOO y UGT – para salvaguardar este descompuesto y caduco régimen y garantizar el sometimiento y sacrificio de nuestro pueblo ante el altar del imperialismo germano-estadounidense.

Los monopolios, los explotadores, el gran Capital, ya han verbalizado su oferta por boca del renegado presidente de Gobierno que tiene hoy el Estado español. Es momento de que la clase obrera y las clases populares derroquen en la calle la voluntad criminal de una nueva traición contra el pueblo. La clase obrera, los campesinos, las clases populares no tenemos otra salida que unirnos y organizarnos en un Frente Único del Pueblo que una nuestras luchas y las convierta en una única lucha de clases contra el capitalismo y su Estado.

El Estado y su gobierno no van a resolver nuestros problemas, los va a agudizar más. Es una necesidad vital hoy para el pueblo español y los pueblos del mundo romper la cadena imperialista, romper con el capitalismo que nos ha instalado en el fascismo, que nos niega el presente y el futuro, que nos condena a la muerte y a la guerra imperialista. El capitalismo está muerto, supone un freno para el desarrollo de la humanidad porque la propiedad privada sobre los medios de producción frena el desarrollo de las fuerzas productivas, destruyendo no sólo al ser humano sino también destruyendo el ecosistema, la naturaleza, constituyendo el mayor riesgo para el mantenimiento de vida en el Planeta.

El momento es de lucha, de construir un poder popular de los trabajadores y campesinos alternativo al Estado que sea capaz de abrir la única alternativa que el pueblo español tiene hoy: acabar con el capitalismo y construir el socialismo; acabar con los privilegios de una minoría criminal y explotadora y poner a disposición de los trabajadores y de los campesinos todos los medios de producción, esto es, socializando la banca, socializando la tierra llevando a cabo una reforma agraria que modernice y desarrolle la producción agrícola socialista y, cómo no, poniendo en manos del pueblo trabajador todas las empresas al objeto de que éste no sólo desarrolle la producción industrial sino que el fruto de dicha producción, que le corresponde, sea distribuido de forma justa y equitativa entre el pueblo que genera toda la riqueza al objeto de satisfacer los intereses y las necesidades del pueblo y no de satisfacer los intereses crematísticos de una minoría explotadora y corrupta.

 

El pasado 17 de marzo el gobierno anunciaba una de las medidas económicas a raíz del Estado de Alarma (Estado de Excepción en la práctica) y la paralización de ciertos sectores económicos, la concesión de decenas de miles de millones de euros en préstamos y avales públicos a las empresas a través de créditos del Instituto Oficial de Crédito (ICO).

Como hemos denunciado ya en numerosos artículos, todas las medidas aprobadas van destinadas a intentar salvar a los empresarios, al capital y su sistema. Muchas de esas medidas son aprovechadas además por las empresas para agudizar aún más la explotación a la que someten cada día a los trabajadores (como la flexibilización de los ERTEs).

La banca no iba a ser una excepción en esta vorágine de trasvase de dinero público a manos privadas, y a pesar de que ya el Estado le regaló más de 60.000 millones de euros –dinero público que nunca recuperaremos a pesar de las promesas de Unidas Podemos en campaña-, esta crisis no deja de ser otra oportunidad de seguir robando al pueblo.

Como la banca pública, otra de las falsas promesas del oportunismo que no duda en engañar al pueblo en periodos de campaña electoral, es una utopía para un gobierno fiel defensor del sistema capitalista, la concesión de los créditos ICO se realiza a través de entidades bancarias privadas, las cuales no dudan en sacar tajada de esta crisis.

Tanto es así que el pasado 2 de abril AUSBANC (Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca) denunciaba públicamente “prácticas extorsivas de alguna banca” al contratar préstamos ICO. Estas prácticas consisten en la obligatoriedad para la aprobación de esos créditos de la contratación de un seguro de vida decenas de veces más caro que los que existen en el mercado, y que supone en la práctica un encarecimiento del tipo de interés superior al 25% de interés anual, lo que según la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, podría incluso suponer un delito.

Y todo esto ocurre con un Ministro de Consumo, Alberto Garzón, coordinador federal de IU y militante del PCE, que en una situación excepcional como la actual no está planteando medidas como la nacionalización de la banca privada (medidas que sí planteaban en campaña electoral desde Unidas Podemos), y que demuestra como el oportunismo no es más que la pata izquierda del sistema.

Tampoco está actuando el Ministerio de Consumo con contundencia contra las casas de apuestas ante el aumento de consumo de juegos de azar online como casinos, ruletas y póquer en esta situación de confinamiento, que supone en palabras del propio Ministro, “una situación explosiva para grupos de población vulnerable”. Ante esta situación explosiva, el Ministerio de Consumo se ha limitado a reducir la franja publicitaria para las casas de apuestas al periodo comprendido entre la 1 y las 5 de la madrugada, una medida que el propio Garzón ya quiso implantar antes del confinamiento y a la que tuvo que renunciar ante la presión del lobby de las casas de apuestas.

Nada ha cambiado con este gobierno de coalición supuestamente “progresista”, pero que sigue siendo, al igual que todos los gobiernos anteriores, un gobierno títere en manos del capital financiero y un fiel defensor de un sistema capitalista moribundo que nada tiene que ofrecer ya al pueblo trabajador salvo más explotación, más miseria, más reacción y más fascismo.

Nada nos queda pues que esperar a las clases populares salvo esto y tan solo tenemos una salida, unir todas las luchas en un Frente Único del Pueblo para mandar este sistema al estercolero de la historia, para construir el Socialismo, único sistema que garantizará el bienestar de los trabajadores y todas las clases populares. Por ello, más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!