Durante la última etapa del pasado curso académico vimos cómo, tras la suspensión de las clases presenciales, todos los niveles educativos mostraron graves deficiencias en el desarrollo de la enseñanza. Los medios telemáticos que tanto publicitó la Generalitat no funcionaron y el personal docente tuvo que improvisar para desarrollar este tipo de tareas, demostrando el gobierno valenciano una total ignorancia, si no un absoluto desinterés, sobre la situación de los hogares de la clase obrera.

El pasado 4 de mayo, Manuel Castells, Ministro de Universidades, afirmaba que “la brecha digital es un mito” y que el 91,4% de los hogares españoles disponían de un ordenador. Rápidamente, la información del propio INE dejaba en ridículo a Manuel Castells ya que, según datos de 2019, tan solo el 80,9% de los hogares cuenta con algún tipo de ordenador. Teniendo en cuenta que este porcentaje contabiliza las tablets y otro tipo de ordenadores que, si bien pueden acceder a Internet y tienen funcionalidades compatibles con las tareas de la docencia, no cuentan con las múltiples funcionalidades que tan solo son compatibles con ordenadores portátiles o de sobremesa, por no hablar de los ordenadores obsoletos “incompatibles” con el seguimiento y realización de algunas tareas.

La tan cacareada autonomía de los centros y de las universidades se mostró entonces como es: que cada uno/a haga lo que pueda con lo que tiene, porque no le vamos a dar más que migajas y así ha seguido desde entonces. De nuevo veíamos cómo los gestores de las universidades públicas se convertían en pollos sin cabeza a la hora de tomar medidas, dejando a cada profesor/a “a su libre consideración” pero imponiendo de facto, de manera atropellada e ignorando a la representación sindical, una docencia y evaluación online improvisadas, de dudosa eficacia docente y que situaba tanto a profesores/as como a estudiantes en la más absoluta inseguridad jurídica.

Tras un final de curso lleno de decisiones más que deficientes y con un apoyo nulo, el inicio del nuevo curso 2020-2021 nos deja un panorama más lamentable todavía. A un mes de empezar el curso, la mayoría de comunidades autónomas y hogares desconocían qué medidas se implantarían, si se desdoblarían las clases y cursos saturados, si se reforzarían las plantillas docentes, de limpieza, de comedor, qué infraestructuras se utilizarían…

A día de hoy, ya iniciado el curso, la ley establecida por la Generalitat Valenciana ha sido la del “sálvese quien pueda”. Si bien teóricamente se han establecido medidas como la reducción del número de alumnos/as por clase, los grupos “burbuja”, la obligación de una distancia interpersonal mínima, medidas de higiene extra o las entradas, salidas y recreos “escalonados”, Todo ello lo han tenido que decidir docentes especialistas en matemáticas, física, educación física, inglés o lengua … sin ningún tipo de capacitación en lo referente a tratamientos ni gestiones sanitarias: es necesario y urgente la incorporación de personal sanitario perteneciente a la consellería de Sanitat que ayude y coordine todo el proceso.

La pregunta es, ¿cómo las pretenden implementar? Con institutos saturados con hasta 30 alumnos/as por aula porque no existen infraestructuras para más, con docentes que semana a semana superan de largo sus horas laborales establecidas con trabajo extra no remunerado, con unos niveles de sobreexplotación y precariedad incompatibles con la conciliación familiar y laboral que tan solo consiguen dificultar a las familias las entradas y salidas de sus hijos y un largo etcétera de problemas de los que la educación pública ya “gozaba” mucho antes de que la COVID-19 entrara en escena, ¿cómo se piensa asumir las nuevas medidas? La respuesta es clara, recaerá sobre los centros, el profesorado y los padres y madres, mientras la Generalitat se lava las manos responsabilizando a las familias del estado de salud de sus hijas e hijos.

La principal medida, la bajada de la ratio por aula hasta 23 alumnas/os para infantil y primaria y 25 alumnas/os para secundaria, deja patente la manera en la que la Generalitat Valenciana insulta la inteligencia de la comunidad educativa. En primer lugar porque solo descarga la ratio 2 alumnos por aula en primaria y 5 en secundaria en los centros saturados (según los datos de 2019 la ratio media en primaria e infantil era de 20,6 alumnos/as y en secundaria de 24,9). Pero es que además estamos viendo como la mayoría de institutos de secundaria se han visto obligados a impartir la mitad de las clases (con asistencia en días alternos), reduciendo drásticamente la instrucción del alumnado que no lo puede pagar fuera de la institución pública: otra tirita bienintencionada para un sistema que se desangra.. Esto muestra cómo, quienes de nuevo pagarán los platos rotos de esta gestión serán los colegios e institutos más saturados y con menores recursos, aquellos donde se matriculan las/os hijas/os de la clase trabajadora, que no cumplen las ratios y que se ven  obligados a utilizar la semipresencialidad por turnos rotatorios en casa y en el centro a fin de suplir la falta de recursos humanos y materiales. Los institutos de secundaria, que largo tiempo atrás se transformaron en centros de abandono escolar donde desechar a los hijos e hijas del proletariado más precario, verán multiplicados sus problemas para abordar y evitar el “fracaso escolar”, al igual que para atender a aquellas/os alumnas/os con necesidades educativas especiales, es decir, aquellas/os que el capitalismo considera “no rentables”, cuya atención recae casi en exclusiva sobre la enseñanza pública.

Las universidades valencianas, por su parte, han aplicado medidas arbitrarias y claramente insuficientes marcadas por la imposición de una política de “coste 0” que impide la necesaria contratación de nuevo profesorado y personal técnico, el refuerzo de los raquíticos Servicios de Prevención o el de los imprescindibles servicios de limpieza. La imposibilidad presupuestaria para desdoblar grupos de teoría y/o prácticas limita las medidas a las recomendaciones genéricas de uso de la mascarilla en todo momento o mantenimiento de 1,5 m de distancia interpersonal excepto para los laboratorios de prácticas, auténticos generadores de contactos estrechos. Contradictoriamente, la presencialidad es obligatoria en la mayoría de casos, eso sí, en función de los aforos de las aulas, imponiendo a profesores/as y estudiantes un absurdo sistema que llaman “dual” en que parte del alumnado (si realmente acude) atenderá la clase en el aula mientras el resto debe seguir la retransmisión de la misma en directo.

Con todavía menos ayudas, pero con las mismas tasas y exigencias para el alumnado, esta situación, sumada al paro y la precariedad galopantes desencadenados por un capitalismo en crisis estructural agudizada por la pandemia de COVID-19, hace que muchos hijos e hijas de la clase trabajadora hayan tenido que abandonar su formación universitaria por no poder hacer frente a los pagos de las matrículas, tasas o gastos relacionados.

Todas estas medidas reflejan la ineficiencia de los gestores políticos del capitalismo para atender a las necesidades de la inmensa mayoría social, su total despreocupación por la situación del proletariado y el quebrado modelo educativo del capital. El sistema educativo capitalista es tan solo otra herramienta de la burguesía a fin de inocular al proletariado con su ideología, de desechar y jerarquizar a los hijos e hijas de la clase trabajadora dentro de cada una de las enseñanzas en función de las necesidades, trabajos y funciones que el sistema productivo capitalista tiene asignado para ellas y ellos, mientras introduce ideología burguesa a fin de combatir la conciencia de clase y la organización obrera, desde la asignatura de Historia hasta asignaturas relacionadas con el comportamiento en los centros de trabajo o el emprendimiento empresarial, todas cumplen su función.

El sistema educativo no es más que el reflejo del quebrado y agonizante capitalismo y de sus Estados, quienes ya antes de la COVID-19 y con la aceleración que ésta ha provocado, ven en sus horizontes otra crisis económica que no deja de ser la cola de la misma crisis que ya viéramos iniciarse en 2008, y van allanando el terreno a una nueva ola de recortes sociales que dejarán la educación pública todavía más precarizada y sobresaturada de lo que ya hoy día está.

Ante esta situación, todos los partidos políticos del arco parlamentario agacharán la cabeza y reformularán leyes y medidas para una “mejor enseñanza”, puede que incluso un “Pacto Social por la Educación”, pero sin cambiar la base, cambiarlo todo para que nada cambie. El sistema educativo capitalista nos aboca a una vida de servidumbre intelectual e ideológica, así como a un individualismo y competitividad contrarios a los intereses de la clase obrera y resto de sectores populares. Debemos combatir el individualismo y la servidumbre con una educación de clase, pero de clase proletaria, y para ello tan solo cabe la organización popular en los centros de estudio, con el estudiantado en solidaridad con el profesorado y viceversa.

¡Organízate contra la educación capitalista y sus medidas que nos abocan a la enfermedad y la ignorancia!

¡Por una enseñanza al servicio del pueblo trabajador, exclusivamente pública, científica y sin copagos!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en València

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) Comité del País Valencià

10 de octubre de 2020

“Necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación”

Karl Marx

El PCPE i el PCOE davant la tornada a classe al País Valencià i la incapacitat del “Govern del Botànic”

Durant l’última etapa del passat curs acadèmic vam veure com, després de la suspensió de les classes presencials, tots els nivells educatius van mostrar greus deficiències en el desenvolupament de l’ensenyament. Els mitjans telemàtics que tant va publicitar la Generalitat no van funcionar i el personal docent va haver d’improvisar per a desenvolupar aquest tipus de tasques, demostrant el govern valencià una total ignorància, si no un absolut desinterés, sobre la situació de les llars de la classe obrera.

El passat 4 de maig, Manuel Castells, Ministre d’Universitats, afirmava que “la bretxa digital és un mite” i que el 91,4% de les llars espanyoles disposaven d’un ordinador. Ràpidament, la informació del mateix INE deixava en ridícul a Manuel Castells ja que, segons dades de 2019, tan sols el 80,9% de les llars compta amb alguna mena d’ordinador. Tenint en compte que aquest percentatge comptabilitza les tauletes i un altre tipus d’ordinadors que, si bé poden accedir a Internet i tenen funcionalitats compatibles amb les tasques de la docència, no compten amb les múltiples funcionalitats que tan sols són compatibles amb ordinadors portàtils o de sobretaula, per no parlar dels ordinadors obsolets “incompatibles” amb el seguiment i realització d’algunes tasques.

La tan esbombada autonomia dels centres i de les universitats es va mostrar llavors com és: que cadascun/a faça el que puga amb el que té, perquè no li donarem més que engrunes i així ha seguit des de llavors. De nou véiem com els gestors de les universitats públiques es convertien en pollastres sense cap a l’hora de prendre mesures, deixant a cada professor/a “a la seua lliure consideració” però imposant de facto, de manera atropellada i ignorant a la representació sindical, una docència i avaluació online improvisades, de dubtosa eficàcia docent i que situava tant a professors/as com a estudiants en la més absoluta inseguretat jurídica.

Després d’un final de curs ple de decisions més que deficients i amb un suport nul, l’inici del nou curs 2020-2021 ens deixa un panorama més lamentable encara. A un mes de començar el curs, la majoria de comunitats autònomes i llars desconeixien quines mesures s’implantarien, si es desdoblegarien les classes i cursos saturats, si es reforçarien les plantilles docents, de neteja, de menjador, quines infraestructures s’utilitzarien…

Hui dia, ja iniciat el curs, la llei establida per la Generalitat Valenciana ha sigut la del “salve’s qui puga”. Si bé teòricament s’han establit mesures com la reducció del nombre d’alumnes/as per classe, els grups “bambolla”, l’obligació d’una distància interpersonal mínima, mesures d’higiene extra o les entrades, eixides i esbarjos “escalonats”, Tot això ho han hagut de decidir docents especialistes en matemàtiques, física, educació física, *ingés o llengua … sense cap mena de capacitació referent a tractaments ni gestions sanitàries: és necessari i urgent la incorporació de personal sanitari *pertenenciente a la conselleria de *Sanitat que ajude i coordine tot el procés.

La pregunta és, com les pretenen implementar? Amb instituts saturats amb fins a 30 alumnes/as per aula perquè no existeixen infraestructures per a més, amb docents que setmana a setmana superen de llarg les seues hores laborals establides amb treball extra no remunerat, amb uns nivells de sobreexplotació i precarietat incompatibles amb la conciliació familiar i laboral que tan sols aconsegueixen dificultar a les famílies les entrades i eixides dels seus fills i un llarg etcètera de problemes dels quals l’educació pública ja “gaudia” molt abans que la *COVID-19 entrara en escena, com es pensa assumir les noves mesures? La resposta és clara, recaurà sobre els centres, el professorat i els pares i mares, mentre la Generalitat es llava les mans responsabilitzant a les famílies de l’estat de salut de les seues filles i fills.

La principal mesura, la baixada de la ràtio per aula fins a 23 alumnes/us per a infantil i primària i 25 alumnes/us per a secundària, deixa patent la manera en la qual la Generalitat Valenciana insulta la intel·ligència de la comunitat educativa. En primer lloc perquè només descarrega la ràtio 2 alumnes per aula en primària i 5 en secundària en els centres saturats (segons les dades de 2019 la ràtio mitjana en primària i infantil era de 20,6 alumnes/as i en secundària de 24,9). Però és que a més estem veient com la majoria d’instituts de secundària s’han vist obligats a impartir la meitat de les classes (amb assistència en dies alterns), reduint dràsticament la instrucció de l’alumnat que no el pot pagar fora de la institució pública: una altra tireta benintencionada per a un sistema que es dessagna.. Això mostra com, els qui de nou pagaran els plats trencats d’aquesta gestió seran els col·legis i instituts més saturats i amb menors recursos, aquells on es matriculen les/us filles/us de la classe treballadora, que no compleixen les ràtios i que es veuen  obligats a utilitzar la *semipresencialidad per torns rotatoris a casa i en el centre a fi de suplir la falta de recursos humans i materials. Els instituts de secundària, que llarg temps arrere es van transformar en centres d’abandó escolar on rebutjar als fills i filles del proletariat més precari, veuran multiplicats els seus problemes per a abordar i evitar el “fracàs escolar”, igual que per a atendre a aquelles/us alumnes/us amb necessitats educatives especials, és a dir, aquelles/us que el capitalisme considera “no rendibles”, l’atenció dels quals recau quasi en exclusiva sobre l’ensenyament públic.

Les universitats valencianes, per part seua, han aplicat mesures arbitràries i clarament insuficients marcades per la imposició d’una política de “cost 0” que impedeix la necessària contractació de nou professorat i personal tècnic, el reforç dels raquítics Serveis de Prevenció o el dels imprescindibles serveis de neteja. La impossibilitat pressupostària per a desdoblegar grups de teoria i/o pràctiques limita les mesures a les recomanacions genèriques d’ús de la màscara en tot moment o manteniment de 1,5 m de distància interpersonal excepte per als laboratoris de pràctiques, autèntics generadors de contactes estrets. Contradictòriament, la presencialitat és obligatòria en la majoria de casos, això sí, en funció dels aforaments de les aules, imposant a professors/as i estudiants un absurd sistema que anomenen “dual” en què part de l’alumnat (si realment acudeix) atendrà la classe a l’aula mentre la resta ha de seguir la retransmissió de la mateixa en directe.

Amb encara menys ajudes, però amb les mateixes taxes i exigències per a l’alumnat, aquesta situació, sumada a l’atur i la precarietat galopants desencadenats per un capitalisme en crisi estructural aguditzada per la pandèmia de *COVID-19, fa que molts fills i filles de la classe treballadora hagen hagut d’abandonar la seua formació universitària per no poder fer front als pagaments de les matrícules, taxes o despeses relacionades.

Totes aquestes mesures reflecteixen la ineficiència dels gestors polítics del capitalisme per a atendre les necessitats de la immensa majoria social, la seua total despreocupació per la situació del proletariat i el fet fallida model educatiu del capital. El sistema educatiu capitalista és tan sols una altra eina de la burgesia a fi d’inocular al proletariat amb la seua ideologia, de rebutjar i jerarquitzar als fills i filles de la classe treballadora dins de cadascuna dels ensenyaments en funció de les necessitats, treballs i funcions que el sistema productiu capitalista té assignat per a elles i ells, mentre introdueix ideologia burgesa a fi de combatre la consciència de classe i l’organització obrera, des de l’assignatura d’Història fins a assignatures relacionades amb el comportament en els centres de treball o l’emprenedoria empresarial, totes compleixen la seua funció.

El sistema educatiu no és més que el reflex de la fracció i agonitzant capitalisme i dels seus Estats, els qui ja abans de la *COVID-19 i amb l’acceleració que aquesta ha provocat, veuen en els seus horitzons una altra crisi econòmica que no deixa de ser la cua de la mateixa crisi que ja vérem iniciar-se en 2008, i van aplanant el terreny a una nova ona de retallades socials que deixaran l’educació pública encara més *precarizada i sobresaturada del que ja hui dia està.

Davant aquesta situació, tots els partits polítics de l’arc parlamentari acatxaran el cap i reformularan lleis i mesures per a un “millor ensenyament”, pot ser que fins i tot un “Pacte Social per l’Educació”, però sense canviar la base, canviar-lo tot perquè res canvie. El sistema educatiu capitalista ens aboca a una vida de servitud intel·lectual i ideològica, així com a un individualisme i competitivitat contraris als interessos de la classe obrera i resta de sectors populars. Hem de combatre l’individualisme i la servitud amb una educació de classe, però de classe proletària, i per a això tan sols cap l’organització popular en els centres d’estudi, amb l’estudiantat en solidaritat amb el professorat i viceversa.

Organitza’t contra l’educació capitalista i les seues mesures que ens aboquen a la malaltia i la ignorància!

Per un ensenyament al servei del poble treballador, exclusivament pública, científica i sense copagaments!

10 d’octubre de 2020

Comité Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol (PCOE) a València

Partit Comunista dels Pobles d’Espanya (PCPE) Comité del País Valencià

“Necessitem una altra educació per a una altra societat i una altra societat per a una altra educació”

Karl Marx

Desde que se iniciaran los protocolos del COVID-19 hemos visto cómo en las universidades públicas se ha hecho una gestión nefasta de la pandemia. Los decanatos, en la mayoría de los casos han optado por ignorar la situación de desamparo académico de la universidad, abandonando a su suerte al profesorado y al alumnado, dejando los cursos en el aire, sin garantizar los recursos necesarios para realizar las clases de manera telemática.

En aquel momento, muchas universidades, profesores y muchos medios, vendieron aquella situación como un problema de falta de preparación, la pandemia pilló por sorpresa a las instituciones educativas y estas hicieron lo que buenamente pudieron con los medios disponibles.

Bien, la pandemia y sus consecuencias en España comenzaron a mediados de marzo de este año, es decir, hace unos 6 meses. En estos 6 meses hemos vivido la desescalada, la “nueva normalidad” y sus medidas, así como se han modificado muchos de los hábitos y costumbres de nuestro día a día, lo que parece no haber cambiado es la previsión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, quien ha protagonizado uno de los espectáculos más bochornosos de la pandemia, tanto por su contenido, como en su forma.

El curso tenía inicio previsto en el 21 de septiembre, fecha ya tardía respecto a lo que se acostumbra al inicio del curso. Pocos días antes del 21, se informa que para poder habilitar correctamente el centro San Pedro Mártir y Madre de Dios se retrasarían las clases hasta el 28 de septiembre, para cumplir así con el inicio presencial de las clases.

El problema lo vemos cuando, el día 23 de septiembre, el delegado de la facultad informa, vía WhatsApp al alumnado que pasen a todos los grupos de clase la información de que el día 28 comenzarán las clases, pero de forma telemática, contradiciendo totalmente las instrucciones e informaciones dadas días antes en un mail. Tras esto, varios alumnos se sorprenden de las formas en las que la universidad comunica esto a los alumnos y deciden, vía redes sociales, ponerse en contacto con la universidad, quien confirma lo dicho por el delegado de la facultad. Acto seguido y mediante una publicación en Instagram, la universidad confirma esta información, las clases se realizarán de manera no presencial para todos los cursos.

Dos días más tarde se envía un comunicado a los alumnos confirmando la información que previamente se había facilitado primero por Whatsapp y luego por Instagram, sin mucho detalle ni explicaciones, sino más bien el envío de una confirmación de lo que ya se sabía, pero dos días más tarde y por el cauce que debiera haber sido informado desde un inicio.

Esto pudiera parecer simplemente un desliz o un error, pero debemos entender el contexto en el que esto ocurre. Existe una realidad, y es que las universidades son lugar de migración de estudiantado de diversas partes del Estado, ya sea por preferencia, comodidad, facilidad económica u otros factores, muchos estudiantes han de desplazarse hasta la ciudad de Toledo para cursar sus estudios en la UCLM de Toledo, han de cargar con sus pertenencias, desplazarse en algunos casos cientos de kilómetros y además pagar residencias, pisos y todos los gastos, aparte de una matrícula universitaria que en Castilla La Mancha ronda de media los 900€/año. Todo esto supone que, a día de hoy, los estudiantes habrán desembolsado entre medio y un mes de gastos para que ahora la universidad lo resuma todo con una disculpa y pida “afrontar con ánimo este comienzo”.

Es evidente que la universidad ha tenido tiempo sobrado para prever e informar al estudiantado de las posibles medidas, al igual que de preparar las aulas y los medios por los que se impartiría clase, pero ha preferido no hacerlo ya que sabe que, de haber sabido que el curso sería telemático en su mayoría, una parte importante del estudiantado hubiera elegido otra universidad para este curso. De nuevo vemos como las universidades que se dicen públicas trabajan con el engaño y la duda a fin de no perder sus beneficios económicos, abandonando totalmente a su suerte al estudiantado.

Contra esta situación no queda más que la organización de todos los estudiantes, pues tan solo unidos y de manera coordinada se nos escuchará y podremos lucha contra el modelo universitario actual, que lejos de ser un lugar donde expandir nuestro conocimiento y evolucionar como personas, es una máquina de crear trabajadores precarios y sin conciencia, inoculando ideología burguesa a cada paso, fomentando el individualismo y siendo una mina de trabajo gratuito para las empresas a través de las “prácticas”. ¡Estudiante, no permitas que te sigan pasando por encima y se sigan riendo de ti!

¡LUCHÉMOS POR UNA UNIVERSIDAD PROLETARIA!

¡EL CONOCIMIENTO HA DE SER DEL PUEBLO!

¡ORGANÍZATE CONTRA LA EDUCACIÓN CAPITALISTA!

 A 7 de octubre de 2020 en Toledo

PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE) EN TOLEDO

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) EN TOLEDO

La incapacidad del equipo directivo de la UCM para gestionar de manera eficaz e igualitaria situaciones de crisis se demostró ampliamente en las medidas clasistas y negligentes que fueron adoptadas durante el confinamiento desde el 13 de marzo. El objetivo último de este conjunto de medidas —recubiertas de un falso halo de preocupación e interés por los problemas de estudiantes y trabajadores de la Universidad— fue retrasar lo máximo posible la adopción de decisiones fijas e inamovibles, delegando toda la responsabilidad en profesores y alumnos, de forma que la imagen del equipo directivo no se viera perjudicada ante los posibles escenarios y obstáculos que fueran apareciendo. Los resultados de esta despreocupación y negligencia pudimos comprobarlos a lo largo de todo el período lectivo y vacacional: despido improcedente de trabajadores, incumplimiento de mínimos docentes, abuso de poder por parte de los profesores, caos y desorden administrativo, compañeros incapaces de seguir las clases debido a la brecha digital, etc…

 Ante los resultados desastrosos de su gestión, el equipo directivo prometió el desarrollo de un Plan de contingencia para el curso 2020-21 que minimizara los efectos negativos en materia de educación, así como los riesgos de contagios por la Covid-19. Para ello, ateniéndose al Plan Campus Seguro promulgado el 2 de Septiembre de 2020 por la Comunidad de Madrid —el cual apostaba por un modelo semipresencial a nivel universitario— la UCM redujo el aforo máximo en más de un 50%. Gracias a ello, la presencialidad se reduce en muchos de los estudios ofertados a un 15%, mientras que el peso del curso recae en la docencia online. La formación práctica universitaria, totalmente indispensable en asignaturas del campo científico y sanitario, es reducida al mínimo imprescindible, lanzando al mercado laboral a miles de jóvenes sin la formación necesaria, condenándolos a un futuro aún más incierto que el previsto ante la crisis económica actual.

El 85% de la formación universitaria es —en la mayoría de casos— online lo que supone un esfuerzo económico extra por parte de las familias obreras, que tendrán que abonar el importe correspondiente al material tecnológico necesario para el desarrollo de la docencia online. De igual modo, el modelo híbrido semipresencial —que como ya hemos visto es en la práctica una docencia online— imposibilita al estudiantado el acceso a las instalaciones universitarias: bibliotecas, aulas, áreas de descanso, etc… deteriorando, aún más, la calidad educativa. La consiguiente acción lógica por parte de una institución pública que “busca garantizar el acceso universal a una educación universal” hubiera sido rebajar el importe de matrícula de forma proporcional a lo correspondiente en cuanto a mantenimiento de las instalaciones.

De igual modo, el Gobierno -autodenominado por el oportunismo de IU/Podemos como el más progresista- ha dejado en el más absoluto abandono a los estudiantes de procedencia obrera, quienes no han recibido ni una sola ayuda pese a las dificultades que ya hemos mencionado. Así, mientras las empresas han recibido miles de millones de euros en ayudas, pagando con los ERTE los salarios a los trabajadores que debían haber asumido estas, los estudiantes -sobre todo los hijos de los trabajadores- hemos quedado sumidos en el olvido.

Tanto la dirección de la UCM como el Gobierno vuelven a revelar su naturaleza clasista, al servicio de la burguesía, al mantener el mismo precio/crédito que el resto de años escolares, precio que ya resultaba abusivo e imposibilitaba el acceso a estudios universitarios a gran parte de la clase obrera. Es decir, los estudiantes nos vemos obligados a abonar el importe íntegro de la matrícula que correspondería a un curso presencial, mientras se prohíbe el uso de las instalaciones comunes que corresponde el principal atractivo de la universidad presencial.

Una vez más queda claro que, en este sistema capitalista, los estudiantes no tienen garantizado en absoluto el derecho a la formación, mucho menos a la formación de calidad, pretendiendo convertir la enseñanza y la educación en un caro privilegio al alcance de unos pocos. Los estudiantes, los hijos de los obreros, debemos tener claro que solo el Socialismo es capaz de proporcionarnos una enseñanza acorde con las necesidades de la clase trabajadora.

Secretaría de Juventud del Comité Regional de Madrid del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Ya hemos analizado en artículos anteriores cómo la pandemia de COVID-19 está siendo la excusa perfecta de los monopolios para imponer un nuevo modelo productivo, así como para justificar toda clase de medidas destinadas a trasvasar dinero público a manos privadas. Además de justificar estas medidas, se pretende usar a la pandemia como explicación de las deficiencias de un sistema que ya estaba quebrado mucho antes de que tuviéramos noticias del primer caso de coronavirus. El ejemplo más evidente es la situación de la sanidad pública, que era deficitaria mucho antes de esta pandemia.

Ya en 2014, el Defensor del Paciente denunciaba que casi 800 personas habían muerto en España por no haber recibido la atención médica necesaria. En febrero de 2019, el número de personas en lista de espera se situaba, según datos oficiales, en 584.018. Según el Defensor del Paciente, el dato era de 635.563 personas. En noviembre de 2019, según el Ministerio de Sanidad, la cifra se elevaba a 671.494 personas.

Según un estudio de la asociación Círculo de la Sanidad, la tasa de pacientes en espera para una intervención quirúrgica no urgente por 1.000 habitantes, aumentó un 11,08% entre 2012 y 2017. Otro estudio llevado a cabo en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, revelaba que entre 1999 y 2002, fallecieron, sólo en ese hospital – que daba cobertura a una población de 256.000 personas – 134 personas en lista de espera. En enero de 2015, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C presentó una querella contra la exministra de Sanidad Ana Mato por haber “dejado morir” a unos 4.000 pacientes con el virus en el último año al restringir el acceso a los fármacos de última generación pese a estar ya aprobados, reconociendo el propio Ministerio que no podían financiar el tratamiento porque el coste era “inasumible”.

Algo similar ocurre con la dependencia. Según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, 24.554 personas han fallecido en lo que va de 2020 en listas de espera sin haber recibido la asistencia reconocida por ley. Pero esto no es nada nuevo ni algo más de lo que culpar a la pandemia. Entre 2012 y 2017, casi 200.000 personas murieron en listas de espera sin recibir las ayudas a la dependencia.

A esta infame lista de muertes se suma una nueva víctima, una mujer de Espinosa de los Monteros, Burgos, que ha muerto de cáncer sin haber logrado siquiera una cita presencial con su médico. La mujer de 48 años comenzó a sentirse mal en abril de este año y tan sólo fue atendida mediante llamadas telefónicas a pesar de encontrarse cada vez peor. No fue hasta el 18 de junio que consiguió una cita con el traumatólogo, que aceptó el erróneo diagnóstico realizado telefónicamente del médico de cabecera – una lumbociatalgia – sin llegar a revisarla. Tras un periplo de visitas a distintos hospitales, termina con un diagnóstico de cáncer de colon que acabaría con su vida el 13 de agosto.

Puede observarse claramente como, en el capitalismo, la sanidad pública nunca ha sido de calidad, que el desmantelamiento de la misma no depende de colores políticos, sino del desarrollo del propio sistema capitalista. La crisis económica que los propios economistas capitalistas preveían ya hace años para 2020, ha encontrado en el COVID-19 una coartada perfecta, pero con pandemia o sin ella, el desarrollo actual del capitalismo tan sólo puede ofrecernos ya miseria y muerte.

Reclamar una sanidad pública de calidad bajo el capitalismo carece totalmente de sentido, pues la sanidad depende por completo del Estado, que en un sistema capitalista es un órgano al servicio de la burguesía, no del pueblo. No se puede construir una sanidad pública de calidad si antes no se construye un Estado proletario que ponga en manos del pueblo todos los recursos.

Por ello es ya una cuestión de vida o muerte que la clase trabajadora junto con el resto de clases populares unan todas las luchas – sanidad, educación, pensiones, laborales, etc. – en una única lucha para derrocar el sistema capitalista e implantar el socialismo, el único sistema que garantizará que toda la riqueza que generamos los trabajadores esté al servicio del pueblo, permitiendo de esta forma desarrollar los servicios públicos que nuestra clase necesita y merece, arrebatando el poder a quienes nos dejan morir para seguir enriqueciéndose a nuestra costa.

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Hay quienes reniegan del Socialismo o la Dictadura del Proletariado argumentando que es una utopía que la clase obrera tome el poder y dirija la producción, que planifique la economía y la sociedad en beneficio de todo el pueblo trabajador, a pesar de que todo emana de su trabajo colectivo. Defienden, por tanto, que los parásitos burgueses, terratenientes y banqueros, que no hacen ni el trabajo sucio que hacen sus lacayos del congreso y el parlamento andaluz, sean los que decidan a qué se destina la riqueza generada y a quiénes poner al frente de sectores tan delicados como el de la sanidad. Enfrente estamos los comunistas, los únicos que consideramos a la clase obrera el sujeto revolucionario, y porque señalamos además que asistimos a los síntomas de un régimen decadente, anacrónico, de señoritos y siervos, que refleja el pensamiento y la esencia de la clase dominante.

¿Acaso destinaríamos los trabajadores 11 millones de euros emanados de nuestro esfuerzo a mantener a bufones parásitos como Bertín Osborne, terrateniente para más INRI? ¿a subvencionar una televisión de pandereta y peineta, de pan y circo, que ha sido y es Canal Sur bajo los gobiernos del PSOE-IU antes y PP-Cs-Vox ahora, para quitárselo a la lucha contra una pandemia? Pues eso es lo que ha hecho el actual gobierno fascista de la Junta de Andalucía, mostrando cuán necesario es para los terratenientes andaluces un instrumento como RTVA, dotada ya de antemano con 157 millones de euros, para impedir que la clase obrera andaluza desarrolle la conciencia de clase necesaria para levantarse ante el saqueo al que es sometido el pueblo andaluz.

Y muy ilustrativo del papel que juega la izquierda comparsa del sistema, es el apoyo de Adelante Andalucía a este desvío de recursos destinados a combatir al COVID-19, al que consideran NECESARIO.

¡Y éstos son los que dicen que la clase obrera no está preparada para mandar! ¡Que eso es una utopía! Claro, no les interesa ¡porque se les acabaría el chollo y tendrían que ponerse a trabajar, si es que alguna vez lo han hecho!

También sería inconcebible que la clase obrera, contando con un personal médico más cualificado y con más medios tecnológicos que nunca, colocara al frente del sistema de salud a un chiquilicuatre como Jesús Aguirre, que ni siquiera sabe expresarse en público:

Por el derrocamiento del capital y sus lacayos

Por la construcción de una nueva sociedad sin parásitos

Toda la riqueza en manos del pueblo trabajador

Comité Regional del P.C.O.E. de Andalucía

El pasado viernes 25 de septiembre, en Barcelona, se celebró el acto de entrega de los despachos judiciales, acto llevado a cabo por la cúpula judicial. A dicho evento el Gobierno negó la asistencia al monarca y jefe del Estado esgrimiendo razones de seguridad. Las supuestas razones de seguridad eran el chalaneo realizado con la sentencia de inhabilitación a Torra, sentencia dictada desde que el Estado manejó a su antojo a la Junta Electoral en su celada contra el nacionalismo catalán.

Esta ausencia ha servido para recrudecer el enfrentamiento entre la extrema derecha y el Gobierno “progresista”, ambos iguales de defensores del capitalismo monopolista de Estado y de su Estado franquista, con la Jefatura del Estado siempre como frontispicio de las fuerzas reaccionarias que realmente dirigen el Estado. Así, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el cual lleva prácticamente dos años en funciones, no dudó en posicionarse en su lugar, con la parte más reaccionaria y franquista del Estado viniendo a decir que el Gobierno había impedido al monarca estar presente en dicho acto como consecuencia de movimientos políticos realizados desde la propia jefatura del Estado. No hemos de olvidar que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial fue impuesto por el PP en 2013, algo obvio, pues este personaje fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar y emparentado con la familia del Teniente General fascista José Antonio Sáenz de Santa María, a través del nieto de este último.

Esta trifulca es la respuesta al anuncio del Ministro de Justicia el pasado 23 de septiembre de empezar a tramitar los indultos a los presos políticos del Govern de Puigdemont así como de revisar el Código Penal con respecto de la sedición. Y, sin duda, esta acción viene determinada por la necesidad que el Gobierno de PSOE con PODEMOS/IU/PCE como subalternos tienen para tratar de buscar apoyos para sacar adelante sus presupuestos así como otro tipo de medidas, como por ejemplo, neutralizar el poder que el PP – como representante más importante de la extrema derecha – tiene en el Consejo General del Poder Judicial a través de sus nombramientos en 2013, los cuales están ya en funciones, al objeto de quitar la capacidad de seguir colocando a jueces ultraconservadores, cuando no abiertamente fascistas, en los órganos de poder de la judicatura como está haciendo Lesmes.

La putrefacción del Estado se comprueba por múltiples vectores, siendo uno de los más notorios el Poder Judicial. Tras las sentencias del procès, la de los jóvenes de Altsasu o, sin ir más lejos, la última contra el antifascista Rodrigo Lanza se comprueba que dicho brazo del Estado, junto con el Ejército y las Fuerzas Represivas y su Jefatura – el Rey -, son la parte más reaccionaria del mismo. Sin embargo, la forma premeditada de actuar se constata analizando los hechos, como por ejemplo que la Casa Real anunció la huida del Estado español del padre del Jefe del Estado el pasado 3 de agosto, en uno de los momentos del año donde el pueblo más distraído se halla. Otro ejemplo ha sido cómo han hecho pública la sentencia inhabilitando al President de la Generalitat. Una vez pasada la Diada Nacional de Catalunya y el acto del Consejo General del Poder Judicial el pasado 25 de septiembre en Barcelona, el lunes 28 de septiembre hacen pública la Sentencia de inhabilitación de Torra. Y, sin duda, siendo conscientes de la repercusión de esta sentencia, inmediatamente después – el martes 29 de septiembre – se hace pública la amnistía absoluta a la estafa de la salida a bolsa de Bankia, curiosamente con la Presidenta de la Audiencia Nacional Ángela Murillo a la cabeza, que resuelve una estafa que a los trabajadores del Estado español les ha costado más de 14 mil millones de euros, absolviendo a los presuntos estafadores, de tal modo que dicha estafa para el pueblo se zanja sin culpable alguno. La Jueza Murillo los ha puesto en la calle señalando que la culpa ha sido de la doble recesión y pasando por encima de la Fiscalía, los inspectores del Banco de España y el juez Andreu por su instrucción del caso Bankia, y salva al propio Estado – Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aparte de a Rato y 33 inculpados más. Hay que recordar que la Jueza Murillo ha sido señalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el juicio realizado contra Arnaldo Otegi en el caso Bateragune, da tal manera que dicho Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por la parcialidad de esta Jueza, totalmente ubicada en la extrema derecha, forzando al Tribunal Supremo a anular la sentencia en el caso Bateragune contra Otegi.

El Estado, cada día más escorado hacia la extrema derecha, incluso le inoportuna ya un gobierno compuesto por reaccionarios, socialdemócratas y oportunistas. De hecho el Estado reclama un gobierno abiertamente fascista, ya le incomoda incluso una derecha entregada como el PSOE, por eso los choques entre la judicatura, las fuerzas represivas del Estado y el Gobierno.

Los abiertamente fascistas salen en defensa abierta de la Corona, alabando a Felipe VI como por ejemplo ha hecho el fascista Felipe González y censurando al sector oportunista del Gobierno. La defensa de la Corona y de la unidad de España unida a la judicialización de la política, como consecuencia del control absoluto de la Judicatura por parte de los fascistas, son las banderas de estos. Por otro lado, el gobierno, también defensor de la monarquía y de las leyes reaccionarias realizadas por los fascistas, pues en nada han cambiado el corpus jurídico impuesto por el reaccionario y corrupto gobierno de Rajoy, necesita sacar adelante tanto unos presupuestos como reformar las leyes relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial, limitándole poder cuando esté en funciones.

Y en este escenario, la fracción socialdemócrata del nacionalismo catalán, ERC, traicionando por completo al pueblo catalán y a lo expresado por éste el pasado 1 de octubre, está transando con el gobierno del PSOE y PODEMOS/IU/PCE. El Gobierno es consciente de que necesita reconstruir la mayoría de la moción de la censura a Rajoy. La negociación que tienen entre ellos es clara: indulto para los presos políticos del Govern de Puigdemont y reforma del Código Penal con respecto del delito de sedición y fortalecer la posición de ERC para que ésta se convierta en la fuerza política hegemónica en Cataluña al objeto de buscar un encaje de Cataluña en el Estado sin que se rebase el autonomismo, aniquilando por completo el 1 de octubre.

La putrefacción de la superestructura y la naturaleza fascista del Estado se constata y resume con rapidez: Mientras el Estado inhabilita a un President de la Generalitat por no quitar una pancarta que reclama la libertad de los presos políticos ese mismo Estado otorga impunidad a los que estafan al pueblo español ya sea en Bankia o ya sea un monarca salpicado por corrupción al que se facilita la salida del país y se custodia en los Emiratos Árabes Unidos huyendo de la justicia suiza, pues la española le otorga la impunidad absoluta.

Por más juegos de manos que hagan los capitalistas – ya sean fascistas o socialdemócratas y oportunistas, todos ellos defensores del Capitalismo monopolista y su Estado reaccionario – la putrefacción política e institucional, esto es, de la superestructura es resultado de la bancarrota del capitalismo a nivel mundial, a nivel general y, consecuentemente, del capitalismo en el Estado español.

Por más que los capitalistas – ya sean fascistas o socialdemócratas y oportunistas – se afanen en salir en defensa del capitalismo señalando a la COVID-19 como responsable de la crisis económica, leyendo lo que ellos mismos señalaban hace una década, esa defensa queda refutada por ellos mismos demostrándose como una nueva mentira de los capitalistas para ocultar la realidad, que no es otra que la caducidad e inviabilidad del capitalismo. El imperialista George Soros en septiembre de 2012, es decir, hace 8 años, señalaba lo siguiente “La zona euro es una miniatura del sistema Bretton Woods que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial y que subordinaba la periferia al centro (…) el verdadero peligro es que Europa quedará permanentemente dividida entre acreedores y deudores. A los primeros siempre les irá mejor que a los segundos, porque estos tienen que pagar tipos de interés mucho mayores y eso se convierte en una desventaja permanente que ampliará las diferencias entre ambos (…) así la periferia estará permanentemente deprimida y dependiente del centro que acaparará toda la inversión y el talento y que dejará a la periferia permanentemente en crisis, y ese es el destino que le depara a España y a Italia (…)”. En realidad todo es más sencillo aún, el capitalismo productivo ha pasado a la historia, vivimos en la fase putrefacta del capitalismo, donde la economía es especulativa, virtual, ficticia, por ello, el capitalismo está sentenciado porque ya es inviable, yendo al traste tanto “deudores como acreedores” – empleando la terminología de Soros – porque lo que está muerto es el capitalismo.

El desequilibrio de la composición orgánica del capital es cada vez mayor, incrementándose por la vía del capital constante en detrimento del capital variable, la parte del capital que genera plusvalía, que es donde realmente está la riqueza en el sistema capitalista. En la búsqueda de la obtención de más plusvalía los monopolios se lanzan en los brazos del desarrollo tecnológico buscando la automatización, al objeto de obtener plusvalía de manera más extractiva, sin embargo, esta automatización bajo el capitalismo lo que produce es que desciendan los márgenes de ganancia del burgués, pero también expulsa a cada vez más millones de trabajadores a engrosar las filas del paro forzoso, condenándolos a la miseria y, por tanto, reduciéndose drásticamente la demanda de tal modo que se suceden las crisis con mayor frecuencia, de tal modo que la única manera que la burguesía tiene para sostener artificiosamente su caduco y moribundo sistema es mediante la putrefacción, mediante el dinero ficticio.

El Doctor en sociología de la Universitat Jaume I de Castelló, D. Andrés Piqueras Infante, en su ensayo “El capital ficticio especulativo-parasitario se pone al mando del capitalismo. El recrudecimiento de la desigualdad, la explotación, el desempleo, la precariedad, la pobreza, el despotismo y la desposesión”, en la revista AREAS, señala:

“Según avanza la automatización el capital productivo levanta ante sí obstáculos de más difícil superación: pérdida sostenida de la rentabilidad y agotamiento del crecimiento exponencial, creciente incapacidad de generar empleo y de realizar la ganancia. Frente a ello, se dispara la importancia y el papel del capital en su forma de dinero, como capital a interés en su versión más ficticia y a la vez especulativo-parasitaria. La “financiarización” no es sino la exacerbación de esta versión, pero no es causante sino dependiente de la caída de la rentabilidad industrial. Sin embargo, el auge del capital ficticio especulativo-parasitario está moldeando profundamente al capital productivo, contribuyendo a profundizar algunas dinámicas dramáticas: selección de la inversión productiva eliminadora de empleo o empobrecedora del mismo, brutalización de los mercados laborales, acumulación sin crecimiento, desposesión de la riqueza colectiva y aceleración de la desigualdad, entre otras. Con ello se compromete la propia viabilidad de la sociedad. (…) Automatización más “Financiarización” más Desposesión más Explotación Amplia, muy difícilmente pueden ni constituir ni mantener sociedad. Y un modo de producción que no puede hacer sociedad se muestra manifiestamente inviable. Sin futuro.”

El capitalismo es inviable, la propiedad privada sobre los medios de producción supone un freno al desarrollo del ser humano y, en consecuencia, o mandamos al capitalismo al estercolero de la historia y se socializan los medios de producción para ponerlos a disposición del desarrollo del ser humano, o el género humano está condenado a la miseria y a la extinción. La disyuntiva histórica ante la que se confronta el género humano hoy es clara: O socialismo o barbarie, o socialismo o muerte.

La única salida que tiene la clase obrera es una salida rupturista y revolucionaria contra el capitalismo, contra la burguesía y por la construcción del socialismo, de la socialización de los medios de producción, por poner la economía en manos de la clase obrera así como construir un Estado nuevo, donde sea la clase obrera la que imponga sus dictados.

Lo primero que tenemos que hacer los comunistas, pues, es combatir al oportunismo y no mimetizarnos con el discurso de éste. Debemos dejar atrás otras disyuntivas como la que plantean los oportunistas en el Estado español, como por ejemplo “monarquía o república”, y plantear la disyuntiva en los justos términos del momento histórico en el cual nos hallamos que, como hemos visto, es “capitalismo o socialismo”. Fortalecer al oportunismo es fortalecer al capitalismo que es quien lo crea y alimenta y, por consiguiente, es fortalecer a la oligarquía y desviar a los trabajadores de su misión histórica.

Lenin nos enseñó que “La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su Poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar este Poder”. La república en general que pregona la burguesía no monárquica, y parte del oportunismo, no implica la resolución de los problemas de la clase obrera, ni tampoco la resolución de las contradicciones irresolubles que devoran al sistema capitalista. Es una república nociva para los trabajadores porque hace que la oligarquía siga ostentando el Poder. No es más que un señuelo, una forma con la que engañar al pueblo y frenar su avance, en el caso que éste se movilice abiertamente contra la monarquía.

Por otro lado, otra parte del oportunismo, con un abigarrado discurso pseudorrevolucionario, propugna la República Popular. Sin embargo, la república popular no tiene razón de ser hoy pues no se dan las condiciones específicas que alumbraron este tipo de democracia en la década de los 40s del siglo pasado, primero porque no existe una Unión Soviética, segundo porque el imperialismo se halla, como hemos comprobado, en la bancarrota, caduco, en agonía permanente.

La clase obrera hoy posee el conocimiento para mover y dirigir su propio Estado. Por ello, por el desarrollo de la lucha de clases, no procede más que la socialización absoluta de los medios de producción y, consecuentemente, la instauración del poder de los trabajadores en general orientados por la clase obrera y no un Estado multiclasista, o lo que es lo mismo, lo que la clase obrera y demás clases populares requieren es la Dictadura del Proletariado en el sentido marxista-leninista, esto es, una República Socialista donde se liquide inmediatamente el aparato del Estado burgués y sea sustituido por el poder de la clase obrera.

La cuestión no está en discutir qué forma de Estado ha de tener el Estado burgués, el Estado capitalista, la cuestión no está en buscar ententes con la burguesía y darle fórmulas para que la burguesía siga teniendo el Poder, sino que la salida pasa por destruir el capitalismo y su Estado, y ello pasa inexorablemente por la Dictadura del Proletariado, por la República Socialista ya que, cualquier otra cosa es un engaño, es moverlo todo para que no cambie nada, para sostener al capitalismo.

¡POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA!

¡POR LA DICTADURA DEL PROLETARIADO!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Madrid, 4 de octubre de 2020

COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

El pasado 18 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid explicó en rueda de prensa las nuevas medidas sanitarias que obligan al confinamiento a 37 zonas sanitarias y afectan a más de 19 barrios y pueblos de Madrid, aumentando a 45 zonas sanitarias a partir del próximo lunes. La gran mayoría de estos barrios y pueblos es donde reside la clase obrera madrileña.  Esta estrategia de los gestores del capital en Madrid es más una cuestión de lucha de clases que una medida sanitaria.

En su comunicación Ayuso dejó claras sus intenciones cuando afirmó “hay que evitar el desastre económico” o, en otras palabras, hay que impedir que baje la tasa de ganancia de la burguesía. Sus medidas van orientadas a impedir las pérdidas de las empresas y no a proteger la salud del pueblo trabajador de Madrid, por eso mismo permiten que desde los barrios confinados se salga a trabajar y que haya actividad económica dentro de las zonas con restricciones. Pero, por otro lado, siguen sin dar solución a los problemas que ya hemos ido denunciando, desde años antes de la pandemia y que sí producen aumentos de contagios, como es un transporte público con falta de plantilla y con trenes repletos en las horas punta, donde lo difícil es que no se produzcan contagios. Una sanidad que niega la condición de personal de riesgo a los celadores, que cierra centros de atención primaria en los barrios obreros, generando desatención médica y largas esperas en nuestros barrios. Unas condiciones de vivienda, en plena burbuja del alquiler, que impide a la clase obrera tener una casa en condiciones dignas y que cuando es requerida para la especulación, no dudan en soltar a sus perros para desahuciar a los que no pueden pagar los alquileres o hipotecas con unos salarios de miseria o se han visto en la calle con la excusa de la reducción de producción como consecuencia de la pandemia.

Llegados a este punto no podemos dejar pasar la actuación del Gobierno central. En las últimas horas hemos podido ver como el ministro de sanidad propone intervenir la gestión sanitaria en la comunidad de Madrid. A falta de concreción de dichas medidas estamos seguros de que se tratará de un nuevo episodio en el juego de trileros que desde hace meses se viene produciendo, intentando mostrar que se vela por la salud del pueblo trabajador. Pero no es más que una pantalla de humo partidista tras haber dado el visto bueno a las medidas de Ayuso y haber enviado un mayor número de cuerpos policiales a los barrios obreros confinados para así intentar exculparse e intentar aprovechar el legítimo descontento mostrado en las calles la semana pasada. El Gobierno “de progreso”, compuesto por reaccionarios y oportunistas de diferente pelaje, es igual de responsable que Ayuso de lo que está sucediendo en Madrid, baste para ello echar una mirada hacia atrás y constatar cómo miraron hacia otro lado ante el permanente trampeo de la Comunidad de Madrid en la desescalada subordinando los criterios y las magnitudes sanitarias a los intereses de los empresarios y sus bolsillos.

Los trabajadores y trabajadoras hemos sido testigos, con toda claridad, en esta semana de protestas contra esta decisión absolutamente clasista de confinar los barrios obreros de Madrid, como Gobierno Regional y Central se han coordinado para atacar y reprimir brutalmente estas manifestaciones obreras. Los centenares de imágenes de la brutalidad policial vistas en redes sociales describen a la perfección el carácter de clase del Estado, donde la Policía Nacional -dependiente del Gobierno “progresista”- cargó contra quienes se manifestaban por una sanidad pública en el barrio obrero de Vallecas.

Desde el PCOE y el PCPE hacemos hincapié en que todas estas medidas y carencias no son sólo producto de la mala gestión del PP sino que es parte del ataque sistemático hacia la clase trabajadora por parte de la burguesía y del proceso de trasvase de riqueza del proletariado hacia la burguesía que es la esencia de la política económica del Estado de los monopolios. Estas medidas no son exclusivas de la Comunidad de Madrid sino que se reproducen en todo el Estado y son producto de las condiciones de miseria que el capitalismo impone a la clase obrera para aumentar sus beneficios. Es nuestra obligación alertar a la clase obrera que se moviliza en los barrios para que no se deje engañar por las posiciones oportunistas que proclaman que con la dimisión de Ayuso todo esto se solucionará. La única forma de solucionar este problema es acabar con la raíz de este: el capitalismo y su Estado.

Los trabajadores y trabajadoras de los barrios y municipios del cinturón sur de Madrid, confinados por la Comunidad, son los primeros que pueden constatar no solo lo injusto de esta medida, sino fundamentalmente lo inútil de las mismas. Y es que estamos más que ante un confinamiento por cuestiones sanitarias. Un ciudadano de una zona sanitaria restringida puede desplazarse a cualquier otra zona a trabajar, o acudir a cualquier comercio que se encuentre en su zona para mantener activa la economía (para que la tasa de ganancia decrezca lo menos posible), pero no podrá visitar a un familiar que viva en su misma calle respetando todas las medidas sanitarias, si para esto necesitase cambiar de zona.  Se trata de un nuevo giro de tuerca del Estado para limitar de manera selectiva los movimientos de gran parte de la clase obrera al objeto de frenar la respuesta de los trabajadores ante la depauperación creciente de las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Es por ello que, si de verdad la Comunidad de Madrid y el Gobierno del PSOE y PODEMOS-IU/PCE quisieran atajar los contagios no dudarían, primero, en hacer que sólo acudieran a trabajar el personal de los servicios esenciales. Asimismo, el Estado español está entre los 20 Estados del mundo que más gasta en gastos militares, de hecho el gasto militar previsto para 2020 asciende a la cifra de los 20.300 millones de euros. Si de verdad quisieran combatir la COVID-19 no dudarían en recortar drásticamente el gasto militar y destinarlo, entre otras cosas a aumentar el personal sanitario en los centros de salud y en los hospitales, ampliar las infraestructuras de transporte público con la contratación de chóferes y maquinistas, así como la adquisición de más flotas de autobuses y metros para asegurar un transporte público seguro y se eviten las aglomeraciones y, como no, poner fin a la política urbanística de los capitalistas que expulsan a los trabajadores de la ciudad de Madrid y aledaños, especulando con la vivienda. En este sentido, lejos de expropiar la vivienda cerrada en manos de bancos o las viviendas que se destinan para otro uso crematístico y no para satisfacer el derecho a la vivienda del pueblo, lo que se sigue haciendo es enviar a las fuerzas represivas a ejecutar los desahucios.

Sin embargo, las medidas que requiere la clase obrera madrileña y de las demás naciones que componen el Estado español son inabordables por parte del Estado capitalista español y sus diferentes administraciones. El capitalismo monopolista en el Estado español, al igual que en el resto del mundo, está quebrado y carcomido por la corrupción, es capitalismo en putrefacción, y lo único que puede proporcionar es más corrupción, más represión, más empobrecimiento para los trabajadores.

Estado, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid abandonan a la clase trabajadora a su suerte, y no sólo eso, sino que además se ceban con ellos criminalizándolos, ignorando por completo las necesidades de los barrios obreros y ahora culpabilizándolos de una pandemia y confinándolos de una manera absolutamente injustificada. Además, ante cualquier atisbo de protesta frente a esta situación injusta, se arremete físicamente contra los trabajadores que únicamente piden mejoras en la sanidad pública enviando a la policía a cargar contra ellos.

La pandemia que estamos viviendo está resaltando más que nunca las diferencias existentes entre la clase privilegiada y la clase trabajadora de nuestro país. Esto, a su vez, también nos hace ver a la clase obrera la necesidad de una revolución que derroque a este sistema criminal que nos condena a la miseria y a la muerte para poder construir un sistema, el socialismo, que nos garantice una vida digna de trabajo que cubra nuestras necesidades.

Ahora, más que nunca, los y las comunistas debemos avanzar en nuestra unidad en base a la acción, en base a un programa revolucionario que nos lleve a estar organizados y unidos en los frentes de lucha con la clase obrera, uniendo la lucha de los trabajadores en los centros de trabajo con la lucha de la clase obrera en los barrios, para hacer que la clase obrera cumpla la misión que históricamente le corresponde, derrocar el imperialismo y construir el socialismo, la única manera de acabar con este criminal sistema decadente que nos niega el progreso social y vivir en libertad.

¡Por la unidad de los comunistas!

¡Por la unidad del proletariado contra el capitalismo!

¡Socialismo o Barbarie!

Comité Regional de Madrid del PCPE

Comité Regional de Madrid del PCOE

El pasado 24 de septiembre, los vecinos de las zonas confinadas salieron a manifestarse de forma pacífica pidiendo el fin de las medidas tomadas por el Gobierno de Ayuso, las cuales discriminan por cuestión de clase, además de exigir más recursos para la sanidad pública y una mayor y mejor atención médica en estas zonas confinadas, la cual actualmente es inexistente por la falta de personal médico.

Ante estas, protestas y sin razón aparente, la policía nacional cargó contra los manifestantes con una desproporcionalidad completamente desmesurada, dando golpes por encima de la cadera (algo que está prohibido), sin número de identificación visible e incluso dando cabezazos a los detenidos ya reducidos.

Las medidas discriminatorias por razón de clase han sido obra de Ayuso, pero no podemos olvidarnos del papel de cómplice que está teniendo el Gobierno central de PSOE/UP. Además de permitir las medidas del Gobierno regional de Madrid, no podemos olvidar que la Policía Nacional que cargó a sangre fría contra los manifestantes es responsabilidad del Ministerio del Interior, el cual está dirigido por el cómplice de los torturadores Fernando Grande-Marlaska.

Tanto el Gobierno regional de Ayuso como el Gobierno central de PSOE y UP son culpables de la situación que están viviendo los barrios obreros de Madrid. Mientras criminalizan a la clase obrera acusándonos de ser los causantes de los contagios, siguen obligándonos a ir a trabajar usando el abarrotado transporte público y en centros de trabajo insalubres y hacinados, es por ello el 86,5% de los trabajadores de zonas confinadas van todos los días a trabajar a las zonas no confinadas, según  estudio realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, basado en datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2018.

Los trabajadores hemos sido testigos, con toda claridad, en esta semana de protestas contra esta decisión absolutamente clasista de confinar los barrios obreros de Madrid, como Gobierno Regional y Central se han coordinado para atacar y reprimir brutalmente estas manifestaciones obreras.  La crisis del coronavirus ha dejado ver de forma clara la espeluznante división de clases que existe en nuestra sociedad. Mientras los trabajadores nos jugamos la vida teniendo que ir a trabajar en un metro abarrotado a un centro de trabajo que en la mayoría de los casos no cumple unas medidas mínimas de salubridad, la burguesía sigue engordando su fortuna sin parar mientras la clase política legisla para que este orden de las cosas continúe siendo así.

Los problemas acuciantes que nos afectan hoy a todos los trabajadores, problemas relativos a la sanidad, educación, laborales, las pensiones, el paro y la pobreza, que están aumentando exponencialmente, no podremos solventarlos con soluciones puntuales, sectoriales y a corto plazo, que es como pretenden los gobiernos sofocar el descontento de las clases populares.

Hemos de ir a la raíz, tomar el control y la gestión de los recursos, no sólo de los que concentra el Estado, sino los que acumulan los monopolios y grandes empresas de los sectores estratégicos de la sociedad. Porque son éstos los que en realidad gobiernan y deciden cuántas personas de las clases trabajadoras han de morir para enriquecer a sus dueños y rescatarlos a ellos de sus crisis.

Hemos de remplazar, por tanto, un Estado burgués al servicio de la banca y los grandes empresarios, corrupto y carcomido ya hasta la médula, por un Estado obrero, emanado desde abajo a través de representantes directos en los centros de trabajo (comités de empresa, juntas y delegados de personal), barrios (asociaciones de vecinos), centros de estudio (delegaciones de alumnos), madres y padres de alumnos (AMPAs) junto con asambleas de jornaleros y pequeños campesinos en los pueblos.

¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO CONTRA EL CAPITALISMO!

¡POR EL SOCIALISMO!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Madrid

Como denunciaba el PCOE el 12 de mayo de 2020, el “plan de choque” en la sanidad andaluza se está aplicando a sangre y fuego, pero no con el objetivo anunciado de aligerar las listas de espera, sino todo lo contrario, dejar bajo mínimos el sistema de salud público en beneficio de los grupos de sanidad privada que como aves de rapiña parasitan nuestra salud y dinero público.

La receta, reconocida por los propios responsables en 2019, como el gerente del hospital de Osuna, era clara: “lo que hacemos es que con los mismos profesionales que tenemos se refuerzan y a base de ampliar sus horarios de trabajo […] con los profesionales y los medios materiales que tenemos se pueden organizar las cosas para que se atienda un mayor número de personas”.

La situación ya está estallando en los centros de atención primaria de la provincia de Sevilla, donde se concentran cientos de vecinos por la imposibilidad de conseguir siquiera una cita con el médico de cabecera. Lo cual está provocando que muchos pacientes no puedan continuar sus tratamientos: enfermedades respiratorias, diabetes, cáncer, mamografías, pediatría, … están dejando de ser atendidas porque todo el personal lo han desviado para responder a la pandemia del COVID-19. En realidad, la pandemia la están utilizando como excusa para dar un hachazo más a la atención sanitaria que recibe el pueblo trabajador.

Desde Salud Responde o bien no responden, o mantienen en cola de espera durante horas o no dan citas en 15 días. Trabajadores de dicho servicio denuncian que hay hasta 2000 chats de dudas sin responder cada día. En una sala con capacidad para 110 trabajadores sólo hay 65. El servicio de Salud Responde fue adjudicado por 9,9 millones de euros a la empresa Ilunion del grupo ONCE, que ofrece condiciones miserables: salario bruto de 250 euros al mes por trabajar sólo fines de semana. Ilunion es un grupo empresarial que saca plusvalías extra contratando personal con discapacidades, obteniendo subvenciones, pero que realizan las mismas tareas que si no tuvieran ninguna discapacidad.

El personal de atención primaria denuncia que no pueden más, todas sus tareas están absorbidas por el seguimiento de los casos de COVID-19, sin poder atender el resto de pacientes. Tienen que identificar, valorar gravedad, solicitar PCR, aislar, dar de baja laboral, rastrear, contactar, resolver dudas… Todo esto con agendas ya sobrecargadas de entre 40 y 80 pacientes. Así lo afirma Carmen González, médica de familia y presidenta de la asociación “Basta Ya” de médicos de atención primaria: “Parece que no valemos nada. Que da igual cómo atendamos al paciente. No puedo atender un caso de violencia de género en cinco minutos. Nos vamos a volver locos, cometemos errores…”.

La situación está siendo más evidente en atención primaria, pero afecta a todos los ámbitos del sistema de salud. El sábado 29 de agosto, se mandató a enfermeras del Centro de Salud de Mairena del Aljarafe en Sevilla dejar el puesto de Urgencias para realizar PCR a la residencia de ancianos de Vitalia de la misma ciudad. Las matronas del Hospital de la Mujer de Virgen del Rocío de Sevilla, una vez más, han tenido que hacer huelga ante la falta insostenible de personal. Hasta 4 puestos sin cubrir en turnos de 10.

Según el Sindicato de Enfermería SATSE de Sevilla “el aumento de la presión asistencial tanto en Primaria como en los centros hospitalarios, las largas colas para ser atendidos en los centros de salud, las demoras de más de 14 días para obtener una cita o la imposibilidad de contactar por teléfono con los mismos, están provocando un incremento de las situaciones de tensión y un colapso del sistema que requiere de una intervención urgente”.

Este problema es estructural. No hemos de olvidar el colapso de las urgencias de los hospitales sevillanos, especialmente en épocas de epidemia de gripe, como en 2018 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el PSOE en el gobierno andaluz:

El Comité Provincial del PCOE de Sevilla señala al Estado español y a la Junta de Andalucía, los partidos que han gobernado en todos los ámbitos desde hace 40 años – PSOE-PP-IU-PCE-PODEMOS-Cs – como los verdaderos responsables de esta situación, habiendo provocado muertes desde hace muchos años, y que provocarán con mayor intensidad ahora, por la falta de atención de innumerables patologías con la excusa de la pandemia.

Estos no son más que otros de los efectos de los rescates millonarios a la banca y grandes empresas que desde 2008 llevan ejecutando los distintos gobiernos estatales y autonómicos, con mayor intensidad aún en 2020 porque ya el sistema capitalista no levanta cabeza sin esos rescates.

Por tanto, si queremos acabar con los problemas del ámbito sanitario, del educativo, del laboral, de las pensiones, del paro y de la pobreza, que están aumentando exponencialmente, hemos de salir de las soluciones puntuales, sectoriales y a corto plazo, que es como pretenden los gobiernos sofocar el descontento de las clases populares.

Hemos de ir a la raíz, tomar el control y la gestión de los recursos, no sólo de los que concentra el Estado, si no los que acumulan los monopolios y grandes empresas de los sectores estratégicos de la sociedad. Porque son éstos los que en realidad gobiernan y deciden cuántas personas de las clases trabajadoras han de morir para enriquecer a sus dueños y rescatarlos a ellos de sus crisis.

Hemos de remplazar, por tanto, un Estado burgués al servicio de la banca y los grandes empresarios, por un Estado obrero, emanado desde abajo a través de representantes directos en los centros de trabajo (comités de empresa, juntas y delegados de personal), barrios (asociaciones de vecinos), centros de estudio (delegaciones de alumnos), madres y padres de alumnos (AMPAs) junto con asambleas de jornaleros y pequeños campesinos en los pueblos.

Por la Unión de todas las Luchas en una sola

Por la Construcción del Frente Único del Pueblo

Por la superación del Capitalismo y la edificación del Socialismo

Comité Provincial del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Sevilla

La Junta de Andalucía, de la mano del Estado español, es cómplice y responsable de la situación caótica que se vive en los centros educativos, residencias de ancianos y centros de salud andaluces (especialmente de atención primaria).

Esta situación es fruto de la falta de medios humanos y materiales que los gobiernos andaluz y español han decretado mientras están regando con miles de millones de euros a empresarios nacionales y extranjeros. Como mostramos más adelante, a pesar de que absolutamente todo el PIB del país (1 billón de euros) emana del trabajo colectivo de las clases populares, ningún medio va para las familias trabajadoras, teniendo que costeárselo todo, mientras a los empresarios se les dota de todo tipo de recursos para maximizar sus beneficios.

Los gobiernos andaluz y español son, por tanto, responsables de la mayor parte de los contagios y verdugos de gran parte de los fallecidos causados por la pandemia y el resto de enfermedades que están siendo desatendidas.

El colmo de la desvergüenza del gobierno andaluz es hacer firmar, como están haciendo en ciertos colegios como el CEIP Pío XII de Sevilla, un protocolo donde se desentienden de las consecuencias de llevar a los niños a los colegios y responsabilizan a las familias de lo que ocurra.

En dicho protocolo reconocen que las condiciones en las que están obligando a las familias trabajadoras a llevar a sus hijos al colegio no pueden garantizar el riesgo cero de contagio.

Para lavarse las manos, las autoridades educativas están trasladando la responsabilidad mediante  documentos y protocolos a directores, profesores y familias trabajadoras que no dan abasto teniendo en cuenta todos los trámites que han de realizar ya de por sí en un curso ordinario.

Pero además, las autoridades educativas reconocen que los centros no tienen recursos materiales para ni tan siquiera garantizar la educación a distancia, a la que va a ser necesario recurrir de nuevo conforme los brotes corran como la pólvora.

Para la simple comunicación entre los centros educativos y las familias se pide utilizar, especialmente en aquellos “centros TIC”, una aplicación llamada iPasen para lo que se necesita una tablet, un smartphone o un ordenador:

Esto nos piden a las familias trabajadoras sabiendo, como denuncian asociaciones de madres y padres de alumnos, que 4 de cada 10 familias tienen dificultades para que sus hijos sigan las clases por internet en sus casas.

Dato de abril de este año, por lo que teniendo en cuenta la avalancha de ERTEs y despidos en masa que se han ido sucediendo desde entonces y seguirán produciéndose, estas dificultades de las familias trabajadoras se están agravando exponencialmente.

Más cínico si cabe todavía es el programa BYOD “Trae tu propio dispositivo al aula” promovido en algunos colegios como el CEIP Antonio González de Mairena del Alcor en Sevilla. En un documento enviado a las familias de los alumnos, se comunica que el centro ha decidido apostar por una “metodología” consistente en que,  “dado los escasos recursos económicos de los que dispone el centro para la compra, reparación, etc, de los equipos informáticos […] cada alumno y alumna use en el aula su propio dispositivo electrónico, ya sea tablet u ordenador portátil, para utilizarlo como herramienta complementaria para el aprendizaje”.

¿Qué metodología educativa es esa que depende del bolsillo de los padres de los alumnos y que crea agravios comparativos entre los niños?

Todo esto, sin tener en cuenta el ya importante esfuerzo económico que supone para las familias obreras el inicio de cualquier curso, donde también han de hacerse cargo del material escolar. Como es, por ejemplo, el necesario en educación infantil para los 3 años que piden en el CEIP Pío XII de Sevilla:

¡Y todavía hablan de “educación pública”! ¡Pero no hay dinero, no hay recursos, dirán!

¿Y de quién depende que no haya recursos para la educación “pública”? ¿De los mismos a los que  algunos, con el mantra de defender la educación pública, piden más inversión en educación? ¿Pedirían más dinero para educación en la época de Franco? ¿Entonces por qué lo piden para unas instituciones públicas que son herederas del franquismo? ¿Dejamos que gestionen nuestro dinero a los mismos que regalan miles de millones de euros a la banca y la patronal sean de “izquierda” o de derecha? ¿A los cómplices de que las familias trabajadoras naufraguen en la galopante esclavitud asalariada, en la miseria y el absoluto abandono de todas sus necesidades materiales, sanitarias, sociales y espirituales?

¿Y qué hace la pata izquierda de este régimen del saqueo? ¿Lavarle la cara a la banca promoviendo la caridad de la “obra social” para sacar tajada vía “marketing social corporativo” de la misma miseria que ellos generan? Así hacen los “anticapitalistas” de Cádiz, la otra rama oportunista y vende-obrera que ha salido de Podemos para buscar su propio nicho electoral (el andalucista) y garantizarse un futuro de confort en las concejalías, consejerías o ministerios de turno.

¿Y qué pasa conforme nuestros hijos, sus padres o sus abuelos se contagian? Nos topamos entonces con un sistema de salud que hace aguas. Y en este ámbito también asoman las miserias de nuestros gobernantes, representantes del IBEX-35, fondos de inversión y demás oligarcas parasitarios.

Mientras apelan a la responsabilidad individual, a la de las familias trabajadoras, a la de los jóvenes, una vez más nos dejan vendidos ante esta y cualquier tipo de enfermedad, poniendo bajo mínimos, también en este sector, los medios materiales y humanos de los centros de salud y hospitales, y poniendo la esperanza de vida de nuestros mayores en manos de los fondos de inversión que controlan una gran parte de las residencias de ancianos. Convierten a éstos, de nuevo, en mataderos.

Así lo denuncian sindicatos de enfermería como de médicos de familia.

Alertan los representantes del personal de enfermería de la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de personal sanitario, ya que “a los profesionales de Enfermería de Atención Primaria se les han incrementado sus funciones, y a sus actividades habituales se les ha sumado la recogida de muestras PCR, el seguimiento y el rastreo de los pacientes Covid-19 y sus contactos,  el triaje en las puertas de los centros sin unos protocolos claros y sin una formación previa o el aumento de las visitas domiciliarias”.

A sus funciones habituales, se suman además las de “detectar los casos Covid a nivel de los centros sociales y residenciales”, y las relacionadas con los colegios, pues “de cara al inicio del curso escolar, cada Distrito sanitario de Atención Primaria deberá nombrar, como mínimo, una enfermera referente por Zona Básica”.

A pesar de que el personal sanitario lleva meses avisándolo, no sólo no se han aumentado los recursos sino que se han suprimido y sólo se hacen consultas de atención primaria por teléfono. El colapso ya se está produciendo: “En general se está produciendo una gran presión asistencial en los centros, los usuarios están soportando largas colas en espera de ser atendidos ya que al intentar ponerse en contacto con el centro por teléfono es imposible”.

No sólo lo decimos los comunistas, lo dicen también los representantes del personal sanitario: “existe un problema de medios humanos y de organización al que, si no se le pone solución, llegaremos en poco tiempo al colapso de la atención primaria.”

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria también alerta de la falta de personal sanitario: “si a esto se añade los escasos recursos humanos con los que contamos, que hace que tengamos que suplir, con el mismo personal, bajas, jubilaciones y ahora las vacaciones de los compañeros ausentes, nos convierte en el auténtico muro de contención de la sanidad, evitando, día a día, el colapso del sistema sanitario.”

Según los datos de la Seguridad Social, el sector de la sanidad había perdido entre enero y febrero más de 18 mil trabajadores. A pesar de la contratación de 35 mil empleados en marzo y abril para salir del paso ante la avalancha de casos y muertes por la pandemia, en mayo y junio de nuevo se despidieron a 17 mil trabajadores del sector sanitario.

Los médicos de familia avisaban en agosto: “si esto sigue así y no se planifica será un error que llevará el nombre de cada una de las víctimas que se produzcan y una vergüenza nacional.”

Las advertencias se están confirmando, pues el colapso es evidente desde hace semanas en los centros de atención primaria:

Y se imponen confinamientos en los colegios conforme se producen los rebrotes:

¿Y cuál es la prioridad del gobierno andaluz (como la del estatal)? Cuidar y acompañar a los que menos lo necesitan y que nos roban el fruto de nuestro trabajo: los empresarios. Así lo hace a través, por ejemplo de la Agencia Extenda, que ayuda a los empresarios a internacionalizar sus negocios, tal como lo ha estado haciendo durante años bajo el mandato socialista:

O a través de la Agencia Idea, otro gran botín para financiar EREs y negocios empresariales. Están, por ejemplo, los 100 millones de euros de ayuda para más de 1300 proyectos empresariales, o los 45,5 millones de euros para crear 3 fondos de capital riesgo para “expansión empresarial”:

O tenemos el plan de rescate que lanza la Junta de Andalucía para los 55.000 empresarios del sector hostelero:

Dicho plan, llamado ‘Medidas ante el Covid-19 aplicables a la hostelería y el ocio nocturno’, destinan a los empresarios del sector turístico y “actividades conexas” avales, gestionados por el ICO, por valor de 95.000 millones de euros, más 500 millones de euros para los empresarios del transporte por carretera.

Después de criminalizar a los jóvenes de las clases populares por reunirse en la calle, se fomenta y financia el sector de los bares, las terrazas y pubs. Poderoso caballero es don dinero.

Pero esto no queda aquí. El presidente de la Junta acaba de presentar otro plan multimillonario de dinero público de todos los andaluces para garantizar el negocio seguro a todos los empresarios extranjeros que se instalen en Andalucía:

Así lo reconoce el presidente de la Junta de Andalucía al presentar “Andalucía en marcha”:

“Vamos a promover con el esfuerzo de todos, una Andalucía en marcha acelerando el ritmo inversor en nuestra tierra […] para hacer obras de todo tipo […] en infraestructuras sanitarias, educativas, hidráulicas, transporte y comunicaciones”.

De la misma manera lo presenta el consejero de Economía Rogelio Velasco:

“Este plan […] facilitará que emprendedores y empresas se implanten y desarrollen en nuestra tierra.”

Esta es la huida hacia adelante de los gobiernos y los Estados capitalistas frente a las crisis: dinero público para las empresas a través de conciertos, licitaciones y obras públicas que multiplicarán la deuda pública que de nuevo recaerá sobre las espaldas de las familias trabajadoras.

Todo esto, tarde o temprano, va a provocar el estallido social que han pronosticado las propias fuerzas de seguridad del Estado. Para que ese estallido social derive en un cambio de régimen, en el fin del saqueo de miles de millones de seres humanos por parte de una minoría parasitaria, es necesaria la unidad de la clase obrera, la unión de todas las luchas en un frente único del pueblo y para ello es imprescindible la influencia de un partido comunista.

Por eso es vital, hoy, la unidad de los comunistas que aspiramos, en la teoría y en la práctica, a la instauración del Socialismo.

La enfermedad es el Capitalismo

La vacuna el Socialismo

Por la Construcción del Frente Único del Pueblo

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en Andalucía