El Estado es el instrumento de explotación de una clase dominante sobre una clase dominada. La sociedad, como parte de la superestructura, refleja las contradicciones del modo de producción, siendo la formación socioeconómica la unidad dialéctica compuesta por el modo de producción – sistema económico – y su superestructura – la sociedad, la cultura, el Estado, etcétera.
El modo de producción de la formación socioeconómica capitalista se fundamenta en la propiedad privada sobre los medios de producción, relación de propiedad con éstos que divide la sociedad en poseedores de los medios de producción – burguesía – y desposeídos que están obligados a vender su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción – proletarios – los cuales generan un valor que en su mayor parte se lo apropia el burgués, obteniendo a cambio un salario que no hace más que garantizar la fuerza de reproducción del proletario para que la explotación se perpetúe y, con ella, la desigualdad, la pobreza y la violencia.
El Estado, que es parte de la superestructura, tiene su razón de ser por la existencia de una sociedad dividida en clases sociales antagónicas, cuyos intereses no es que sean opuestos sino que son diametralmente contrarios. La historia acredita la naturaleza criminal del Estado burgués, ahí están los diferentes estados capitalistas – desde EEUU, a la Alemania hitleriana, la Italia fascista, la España franquista (hoy maquillada bajo una farsa a la que llaman democracia), Japón, y un larguísimo etcétera – que lo certifican.
Sin embargo, la burguesía siempre ha tenido necesidad de mostrar que su Estado es democrático, que sin duda lo es para el burgués pero en absoluto para la mayoría explotada para la que el Estado capitalista, lejos de ser su salvación, es su condena pues ese Estado capitalista es el instrumento que garantiza al burgués no solo su dominio en el terreno económico, sino que es el instrumento desde donde impone su dictadura mediante la represión, tratando de perpetuar su criminal régimen explotador y de desigualdad.
El oportunismo es crucial para que el obrero mantenga una visión distorsionada sobre la cuestión del Estado, su naturaleza clasista, y la necesidad que tiene la clase obrera no de reformar el estado burgués sino de destruirlo. El oportunismo es esencial para que la clase obrera considere el Estado burgués como algo que se puede moldear al objeto de establecer un mínimo de justicia social y unas condiciones de vida menos adversas para la clase trabajadora. De tal manera que engañan a la clase obrera, omitiéndoles la naturaleza de clase del Estado, que se la da la clase dominante en la base económica que refleja en el Estado todas las contradicciones del sistema económico pues es el sistema económico el que determina al Estado.
Un exponente del oportunismo contemporáneo representante del “socialismo del siglo XXI”, Rafael Correa, señala citas como la siguiente:
¿Para qué está el Estado burgués? Para salvaguardar los intereses de los monopolios, de los capitalistas, para someter a la clase obrera teniendo para ello el monopolio de la violencia.
Los jueces de los Estados burgueses no es que sean sumisos, en absoluto, son disciplinados con su misión clasista de salvaguardar los intereses de los monopolios y de arremeter contra todo aquel que vaya contra los intereses de éstos, contra los intereses del gran capital. Y la corrupción no es más que el mecanismo que tienen los monopolios para alcanzar sus objetivos crematísticos, es la manera de interrelacionarse con su Estado y los diferentes aparatos que lo integran, para engrasar la maquinaria. Señala Engels que la democracia burguesa era la forma más perfecta de dictadura de la burguesía porque “la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero de un modo más seguro. De una parte, bajo la forma de corrupción directa de los funcionarios (…) y de otra parte, bajo la forma de alianza entre el Gobierno y la Bolsa”.
El pasado 22 de julio, Pascual Serrano en Mundo Obrero, el órgano de expresión del partido más oportunista del Estado español como es el PCE – partido que está en el Gobierno-, escribió un artículo con el título de “Una democracia sin defensa contra cloacas y mentiras” donde señalaba:
“El elemento en el que yo me quiero centrar es que, a diferencia de otros conflictos, de otros comportamientos ilícitos o inmorales, en lo referente al periodismo y a la difusión de informaciones falsas, una vez más, la impunidad es absoluta. A pesar del daño que puede haberse hecho a un proyecto político en un momento electoral clave mediante la difusión de una mentira que llega a millones de personas, a pesar de que la noticia, difundida un mes antes de las elecciones generales de 2016, podía muy bien haber afectado a un resultado electoral y por tanto condicionar nada menos que nuestro poder legislativo, a pesar de la violación del derecho de esa millonaria audiencia a una información veraz, consagrada en la Constitución, todos tenemos la seguridad de que no habrá ninguna consecuencia legal. El detalle de si los periodistas Inda o Ferreras formaban parte intencionada de la trama falsaria, como indican las grabaciones, es irrelevante para la Justicia, no se sentarán en ningún banquillo en ningún caso. Por supuesto, tampoco los directivos de las empresas de comunicación.
Que haya cloacas policiales del Estado operando contra proyectos y líderes políticos es tremendo, que haya periodistas y medios de audiencias masivas en complot con esas cloacas lo es más, pero que contra todo eso, una vez que ha salido a la luz, nuestra democracia no tenga herramientas para hacer justicia contra los culpables es todavía peor. Es la muestra de que no ha habido un fallo en el sistema o una violación de las reglas, es la prueba de que la democracia no está preparada para defenderse. Y una democracia que no tiene defensa contra todo eso ya no puede considerarse democracia.”
Las cloacas del Estado, o el Estado profundo, no es más que una alianza entre los medios de comunicación de masas – todos ellos en manos de los monopolios -, los cuerpos y fuerzas de represión del Estado, el aparato judicial o judicatura y los partidos políticos del capital – maquinarias electorales financiadas por la banca, las grandes empresas y la corrupción – que forman gobierno.
Es normal que el Estado burgués, con sus cloacas, sus cuerpos represivos, sus jueces y sus fiscales, actúe con impunidad en la salvaguarda de los intereses de la burguesía, de los monopolios. Es normal que el Estado burgués haga todo tipo de celada, de guerra sucia, de represión contra la clase obrera y contra todo aquello que no interese a la minoría explotadora que concentra el capital que es quien verdaderamente tiene el poder político, aunque éste no dé la cara. De hecho no es que sea solamente normal, es que es la función y la razón de existir del Estado burgués.
El oportunismo es tan miserable que, por un lado, se indigna por la forma de proceder acorde a la naturaleza clasista del Estado burgués, y por consiguiente, miserable, corrupta y violenta y, a la par, engaña a la clase obrera contándole que ese mismo Estado burgués permanece impasible ante las mentiras de los medios de comunicación de masas condicionando “un resultado electoral y por tanto condicionar nada menos que nuestro poder legislativo”, mostrando a la clase obrera que el Estado burgués debe velar por el “derecho de esa millonaria audiencia a una información veraz, consagrada en la Constitución”, y queriendo hacer ver a la clase obrera que la democracia del burgués es su democracia, o “nuestra democracia” como indica el PCE en su órgano de expresión. El oportunismo es todavía más nocivo que el Estado burgués, con sus cloacas, para la clase obrera, porque castra por completo la ideología de la clase obrera empujando a ésta a asumir como único Estado el Estado del burgués, guiando a la clase obrera por la senda del idealismo, del reformismo y de la conciliación de clase, pues los valores de la burguesía los universaliza.
Para el oportunista la democracia, la del burgués, y la Constitución son un fetiche, un nuevo Dios. Pero la democracia del burgués no es más que una forma de Estado mediante la cual el capital roba y explota impune e inmisericordemente a la clase obrera. Una forma de Estado que no solo no deja de ser violenta, sino que abraza completamente la ideología fascista y, para ello, simplemente basta echar un vistazo, y no muy profundo, al Estado español.
Ese fetiche de la democracia, que se reduce a la votación de aquellas etiquetas electorales – peones de los monopolios cuya política es realizada desde los consejos de administración de éstos – que financia el capital ya sea por la vía de los préstamos como por la vía de la promoción a través de los medios de comunicación de masas que están en manos del capital, según los capitalistas no son otra cosa que trampa tras trampa.
El columnista del USA Today James Bovard publicó un artículo titulado “¿El FBI cambió las elecciones de 2020?” en el órgano de expresión de la fundación reaccionaria The future of freedom foundation donde cuestiona el resultado electoral de 2020 en EEUU, enumerando una serie de casos donde el FBI ha intervenido para influir en el resultado de las elecciones, denunciando también cómo en 2016 trató el FBI de hacer todo tipo de maniobra para evitar la victoria de Donald Trump.
También hemos de recordar la contienda electoral de 2000 donde en Florida el hermano de George Bush hizo todo tipo de trampas en la votación, y donde el Tribunal Supremo de EEUU, con unos jueces nombrados en su mayoría por George Bush padre, decidieron dar el triunfo electoral a Bush sobre Al Gore. Curiosamente la esposa del ponente de dicha sentencia, el Juez Clarence Thomas, que otorgaba la victoria electoral a George W Bush, había sido contratada por el propio George W. Bush previamente a dicha ponencia.
Pucherazos electorales que se suceden en todos los Estados capitalistas de todos los continentes pues, como decía Stalin, en las elecciones de los capitalistas siempre gana el que cuenta los votos, esto es, los capitalistas.
Otro fetiche para los oportunistas es la constitución, que supuestamente garantiza derechos universales para el pueblo, para la clase obrera. La constitución define la naturaleza de la formación socioeconómica, en este caso del capitalismo. En consecuencia, la constitución lo que hace es garantizar el marco de explotación capitalista. Ello se puede comprobar con nitidez viendo la Constitución española de 1978 por el que se maquilla el Estado franquista, donde los derechos del pueblo son una declaración de intenciones que la misma constitución da la vía para el incumplimiento, donde los derechos y los intereses de los capitalistas sí que no son declaración de intenciones sino reales y efectivos.
Así, pues, los ciudadanos, según el artículo 23 de esa Constitución, “tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Sin embargo, y aún actuando escrupulosamente cómo señala ese artículo, si esa ciudadanía decide mediante esa participación imponer un sistema económico socialista, comprobará que el artículo 38 de esa misma Constitución señala que “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación” y, en consecuencia, esos poderes públicos – la policía, los jueces y el Ejército – están obligados y mandatados constitucionalmente a arremeter contra la ciudadanía y sus resoluciones. Y el Ejército doblemente mandatado, por este artículo 38 y por el artículo 8.
Todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo (artículo 35) pero la propia Constitución en su desarrollo (Ley Orgánica del Estatuto de los Trabajadores que emana del artículo 35.2) permite que el empresario despida y niegue el derecho al trabajo. Los poderes públicos, según la Constitución, “promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo” (artículo 40) con lo que el derecho al trabajo ya, incluso es rebajado al empleo, pero no solo eso, sino que el progreso social y económico siempre estará subordinado a los intereses económicos de los monopolios, esto es, “el marco de una política de estabilidad económica”. Por tanto, el progreso económico y social de los ciudadanos – y aquí hay que incluir el derecho, no fundamental, a la sanidad pública (artículo 43), a la educación pública (artículo 27), a la asistencia y prestaciones sociales de la Seguridad Social (artículo 41), a la cultura y a la investigación científica (artículo 44), a una vivienda digna y adecuada (artículo 47), a las pensiones (artículo 50), etcétera, todos quedan constreñidos por la voluntad de los monopolios, esto es, “en el marco de una política de estabilidad económica”, o lo que es lo mismo, la Constitución Española de 1978 otorga los derechos al pueblo que en cada momento les venga en gana a los monopolios, y a su estabilidad económica.
La propia Constitución de 1978 cuando habla de los derechos anteriormente mencionados, se expresa en que el Estado se obliga y compromete a promover y a actuar para dar satisfacción a esos derechos, cosa diametralmente diferente a garantizar su cumplimiento – que por cierto no se cumplen como el pueblo y las estadísticas sobre la pobreza en España certifican. ¿Y en que se sustancia esa actuación y promoción que dice la Constitución? En lo que marca el artículo 135 de la Constitución Española que señala que “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. (…) El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito (…) Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Es evidente que el cobro de la usura por parte de la plutocracia financiera del mundo sí que es un derecho realmente protegido por la Constitución Española, y no los mencionados hasta ahora. Y, por supuesto, nos deja claro que lo que expresa el artículo 1.2 de la Constitución Española de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” es tan falso como los supuestos derechos que dice esa misma constitución otorgar. Pues la política económica vendrá determinada por la UE, los monopolios europeos, no teniendo el Estado español más capacidad que ejecutar lo que le impongan desde la UE.
Con todo esto nos preguntamos ¿A qué derechos consagrados por la Constitución para el pueblo se refieren los oportunistas? ¿A qué democracia se refieren los oportunistas? ¿A qué moral o a qué legalidad apelan? La función y la razón de ser del Estado burgués es oprimir a la clase obrera, al pueblo, negarle cualquier derecho e imponerle con el mayor del cinismo la mayor de las dictaduras, la dictadura de los monopolios, la dictadura del capital, la dictadura por la que una minoría explota inmisericorde y legalmente a una mayoría a la que deshumaniza y la convierte en un objeto al que le otorga menos valor que a una tuerca. Y el oportunismo, negando la lucha de clases y, por tanto, ocultando la naturaleza de clase del Estado capitalista al proletariado lo que hace es inocular la ideología burguesa, haciendo albergar esperanzas entre los parias, entre los explotados, haciéndoles asumir el capitalismo y, en todo caso, mostrándoles la ilusión de gestionar de otro modo un Estado que, realmente, es el instrumento cardinal para sostener el régimen de explotación capitalista y por su naturaleza enemigo jurado del proletariado, dejando incólume la raíz de los problemas de la clase obrera, de la humanidad, que no es otra cosa que la propiedad privada sobre los medios de producción, el sistema capitalista de producción, de tal manera que el oportunismo es una parte del imperialismo fundamental para que los monopolios mantengan su dictadura que cuesta la vida a centenares de millones de seres humanos cada año. El oportunismo es la máxima expresión de la putrefacción y de la traición y su misión es engañar a la clase obrera – conduciéndola por el sendero del legalismo y del reformismo – al objeto de perpetuar el régimen de explotación capitalista para desviarlo del camino de su emancipación como clase, del cumplimiento de su misión histórica que no es otra que hacer que el ser humano abandone la prehistoria de salvajismo y explotación – consecuencia de despojar de los medios de producción y, por consiguiente, privarle de los medios de vida a miles de millones de seres humanos – y empiece a construir conscientemente su historia, derrocando revolucionariamente el capitalismo, socializando los medios de producción, despojando a la minoría criminal burguesa del poder y de toda participación en la vida política e imponiendo la dictadura del proletariado al objeto de desarrollar el socialismo y avanzar hacia el comunismo, hacia la sociedad sin clases y sin Estado, donde el ser humano sea el centro de todo y donde la humanidad pueda garantizar una vida digna para todos sus integrantes armonizando el desarrollo humano con la naturaleza de la que forma parte el género humano, como única vía posible de garantizar la vida humana en el planeta.
¡CONTRA EL IMPERIALISMO Y SU PRODUCTO EL OPORTUNISMO!
¡POR LA UNIÓN DE LA CLASE OBRERA Y LA ORGANIZACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE PODER, POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!
¡POR EL SOCIALISMO!
Madrid, 8 de agosto de 2022
COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
