El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con el 50% de discapacidad reconocida y que fue expulsada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años, ha vuelto a colocar ante los ojos de toda la sociedad una contradicción fundamental. Por un lado, la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna mientras que la vivienda continúa sometida a relaciones de propiedad y rentabilidad que termina imponiéndose sobre las necesidades concretas de quienes la habitan. No resultan entonces extrañas las manifestaciones de la secretaria de Estado de Vivienda, sobre el desahucio de Maricarmen: “Hemos intentado muchas cosas, pero es víctima de una empresa depredadora”.

El caso de Maricarmen no aparece aislado. En L’Hospitalet de Llobregat, Olga, de 54 años, fue desahuciada el 15 de abril de 2026 y se suicidó el 7 de septiembre. Las organizaciones vecinales y sindicales han señalado el desahucio y la pérdida de vivienda como elementos centrales de un deterioro que ya había estado acompañado de problemas económicos y de salud mental.

Los dos casos permiten observar una contradicción inscrita en el propio ordenamiento constitucional. El artículo 47 establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, incluyendo la regulación del suelo para impedir la especulación. Pero el artículo 38 reconoce la libertad de empresa dentro del marco de la economía de mercado y establece que los poderes públicos deben garantizar y proteger su ejercicio. Esta coexistencia no es accidental. El Estado constitucional reconoce derechos sociales que son papel mojado, pero al mismo tiempo protege y blinda jurídicamente las relaciones de propiedad privada, la especulación y la libertad de empresa, que es la libertad de acción del capital sobre los seres humanos y que ya vemos en lo que termina para estas dos mujeres que no son un caso aislado.

Como denunciaba Lenin, “El estado y la revolución” (1917), el Estado no actúa como una institución situada por encima de las clases sociales, sino dentro de una sociedad estructurada por relaciones de clase. Esta se convierte en la principal característica del Estado burgués, cuya función no es otra que crear un marco jurídico y económico, regado de dinero público, para la protección de la apropiación privada por parte del capital sobre los seres humanos.

Los comunistas del PCOE tenemos claro que, mientras no conquistemos el poder, cuando existan conflictos entre el derecho constitucional a la vivienda, los procedimientos de desahucio y los intereses patrimoniales de propietarios, entidades financieras y fondos de buitres, el estado burgués siempre se decantará por ellos. En el caso de Olga, por ejemplo, las organizaciones sociales denunciaron que una cadena de decisiones institucionales no consiguió ofrecer una alternativa habitacional suficiente antes del lanzamiento y en el caso de Maricarmen no han dudado en desplegar las fuerzas represivas para defender los intereses de los fondos buitres. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que sus servicios sociales habían intervenido desde años atrás pero que se habían visto frenados por las leyes que ellos mismos habían legislado.

Ahí aparece la cuestión política fundamental de qué ocurre cuando una necesidad humana básica, como disponer de un hogar, entra en contradicción con una relación económica basada en la propiedad y la rentabilidad. Como ya dijimos, por un lado, el artículo 47 establece el mandato de impedir la especulación, mientras que el artículo 38 protege la economía de mercado. La cuestión de la vivienda se convierte así también en una cuestión sobre los límites y las prioridades del modelo económico que claramente se decanta por una de las partes, la propiedad privada capitalista.

Los casos de Maricarmen y Olga permiten, por tanto, analizar la vivienda no solamente como un problema individual, sino como un conflicto social en el que intervienen propietarios, inquilinos, entidades financieras, fondos buitres, administraciones públicas, jueces y organizaciones sociales. La respuesta política en este conflicto deja a las claras la posición del Estado burgués, que no es otra que la defensa de los intereses de su clase social a favor de la propiedad privada, la violencia del mercado y los fondos buitres y, al ser una cuestión de clase, deja a las claras que los comunistas necesitamos un nuevo Estado y no un nuevo gobierno dentro de la democracia burguesa.

La indignación es un punto de partida que pone al descubierto, para amplias capas de la clase obrera que todavía operan sin conciencia de clase, la violencia organizada de la burguesía y sus estamentos armados y legislativos que muchas veces queda latente. Los casos de Maricarmen y Olga le sirven al PCOE para estudiar esta contradicción entre los intereses del capital y la supervivencia de los seres humanos y proclama que su único antídoto es la creación de un Estado obrero que cristalice en la dictadura del proletariado, la forma más radical de democracia al ser el gobierno de la inmensa mayoría de los explotados sobre la minoría parásita y asesina. El PCOE transforma el sufrimiento individual en análisis colectivo, identifica las estructuras económicas e institucionales que vulneran a nuestros hermanos de clase y plantea las formas de organización políticas que pueden garantizar efectivamente el acceso a la vivienda y que no es otra que la organización de los vulnerados y explotados dentro de su partido de vanguardia.

¡Maricarmen no es un caso aislado!

¡Hoy la vivienda es el frente!

¡Techo, memoria y justicia social!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Hay imágenes que reflejan una época.

La Comunidad de Madrid compra un ático de lujo pagado con dinero público (para no se sabe muy bien qué), a través de una de las empresas menos transparentes de la Comunidad: Planifica Madrid.

Cinco meses antes de la adquisición del ático de Chamberí de Ayuso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a una modificación presupuestaria de 9 millones de euros para esta empresa pública encargada de la compra. La compra tiene lugar el 14 de abril de 2026. El ático tenía 486 metros cuadrados (200 de ellos de terraza) y un coste de 6,3 millones de euros. Además, estaba frente a la vivienda privada donde reside la madre de la presidenta.

No es casualidad que, según comenta el periodista David Fernández “La única manera de ejecutar esa compra es con una de las empresas más opacas que hay en la Comunidad de Madrid, que es Planifica Madrid. Antes sabéis que estaba en Nuevo Arpegio, que antes se llamaba Arpegio, que antes se llamaba Obras de Madrid, que antes se llamaba Proma… Bueno, ha pasado por muchos nombres, porque ha tenido muchos pufos en su historia con Esperanza Aguirre, con Cristina Cifuentes… De hecho, hay una pieza en el caso Púnica que va sobre esta empresa, que todavía no se ha juzgado, y varios funcionarios que actualmente trabajan en esa empresa van a ser juzgados“.

El 15 de abril de 2026, el medio digital Eldiario.es publicaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid había buscado piso para comprar en Chamberí, siendo un cargo público el encargado de los contactos y las visitas. Tres meses después, el pasado 30 de julio sale a la luz esa compra por 6,3 millones de euros revelada por El País. Y en paralelo, ese mismo día conocemos que González Amador, pareja de la presidenta, pone en venta el piso que compartían por 1,8 millones, el piso que había comprado en 2022 por 850.000 euros. 24 horas más tarde, la Comunidad de Madrid anuncia que el ático salía a la venta.

Mientras a la clase trabajadora se le repite hasta el cansancio que la vivienda es una cuestión de oferta y demanda y que cada persona debe buscarse la vida mediante un supuesto “esfuerzo”, el aparato político, de alguna forma encuentra millones para realizar operaciones inmobiliarias de este tamaño y pretenden que lo consideremos una simple “cuestión administrativa” (tomándonos por tontos cuanto menos).

Pero no, no estamos ante una simple “cuestión administrativa”, estamos ante una cuestión política, y sobre todo ante una cuestión de clase.

Porque hay algo que resulta extremadamente difícil de ignorar, por no decir imposible: mientras Madrid se convierte en una ciudad prácticamente inaccesible para la mayoría de los trabajadores, mientras miles de jóvenes no pueden ni siquiera soñar con independizarse y mientras acceder a una vivienda digna cada vez supone una parte mayor de los salarios, la Comunidad de Madrid por arte de magia encuentra millones para comprar un ático de lujo, que ningún trabajador podría ni siquiera soñar con tener.

Lo realmente impactante de este caso no es lo anterior, sino con la normalidad que se produce.

Para el trabajador, según la burguesía y sus secuaces, la vivienda es un problema que se tiene que resolver individualmente. “Ahorra”, “trabaja más”, “vete a vivir más lejos”, “comparte piso”. Y un largo etcéteras de supuestas soluciones a algo que no debería ser un problema.

Sin embargo, para los que ocupan posiciones de poder y para sus lacayos, parece que siempre tienen a mano una solución institucional ¡Y luego tienen la cara de hablarte de esfuerzos!

Cuando se trata de la clase trabajadora siempre tienen una palabra preparada: sacrificio. Se recortan servicios, se contienen salarios y se deterioran las condiciones de vida en nombre de una supuesta eficiencia económica.

Pero cuando se trata de ellos, el discurso cambia completamente. Entonces aparecen los millones, los informes, los tecnicismos y todo un surtido de justificaciones para presentarnos como normal algo que para cualquier obrero sería inalcanzable.

El dinero público, que rápidamente se nos presenta como insuficiente para garantizar derechos, parece encontrar otras posibilidades cuando están en juego los privilegios de los que gobiernan.

Y esto es el punto central: cuando se trata de los trabajadores siempre faltan los recursos, sin embargo, cuando se trata de la burguesía y sus gobernantes, mágicamente, siempre aparece una solución. No estamos ante una cuestión administrativa, sino ante el reflejo de una sociedad en la que los privilegios de unos pocos se sostienen gracias al sacrificio de la clase trabajadora.

Frente a esta situación no debemos callarnos y hacer como que no ha pasado nada. Una vivienda digna no puede ser un privilegio de clase, debe de ser un derecho garantizado para todos los trabajadores.

La riqueza que producimos los trabajadores debe de estar al servicio de quienes la producen. Pero esto solo puede lograrse bajo el Socialismo pues, como vemos, bajo el sistema capitalista de producción, la vivienda, la salud y cualquier otro derecho solo está garantizado para la burguesía y sus lacayos.

¡Organízate en el Partido Comunista Obrero Español!

¡Socialismo o barbarie!

Célula Iosif Stalin del PCOE en Madrid

Desde el Partido Comunista Obrero Español queremos trasladar nuestra solidaridad a los dos compañeros de AMA Asturies que fueron agredidos durante las fiestas de San Mateo en Oviedo.

Las imágenes hablan por sí solas: un grupo de individuos irrumpió en la caseta de AMA Asturies al grito de “Arriba España”, profiriendo insultos homófobos y agrediendo físicamente a dos jóvenes. Esto no es una simple pelea ni una “anécdota”. Es una agresión fascista contra jóvenes organizados y no puede ser presentada de otra manera.

Aún más preocupante resulta que, ante estos hechos, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, haya optado por quitar hierro a la agresión, calificándola de “anécdota”, apelando a “las dos versiones” y justificando a los agresores como simples “chavales” que “no son tan mala gente”. Mientras tanto, señala a los propios agredidos afirmando que “son siempre los mismos”.

No es casualidad que se ponga el foco sobre quienes reciben las agresiones mientras se busca comprensión para quienes las ejecutan. Esa actitud contribuye a blanquear la violencia fascista y a crear las condiciones para que vuelva a repetirse.

Frente a esto, no podemos responder con pasividad. Quien pretende intimidarnos debe saber que encontrará resistencia. No vamos a aceptar que los fascistas campen a sus anchas por nuestros barrios, nuestros espacios y nuestras organizaciones mientras quienes sufrimos sus agresiones permanecemos indefensos.

Debemos ser conscientes de una realidad: en la calle, la clase trabajadora no puede confiar en que otros vayan a protegerla. Tenemos que aprender a protegernos y a proteger a nuestros compañeros. La organización también significa prepararnos para la autodefensa, fomentar la formación física y los conocimientos básicos necesarios para afrontar situaciones de agresión con responsabilidad y capacidad de respuesta, siempre desde la organización colectiva.

El fascismo no se derrota pidiendo que sea amable. Se combate organizándonos, enfrentando sus ideas y evitando que pueda imponer mediante la intimidación quién tiene derecho a ocupar las calles.

Desde el partido comunista obrero Español condenamos la agresión y mostramos nuestra solidaridad con los compañeros de AMA Asturies.

Contra el fascismo: organización, solidaridad, autodefensa y lucha

Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Asturias

L’Idescat assenyala que, a l’àmbit metropolità de Barcelona, només el 27,5% de la població té el català com a llengua habitual, el 38,9% al Penedès i el 40,4% al Camp de Tarragona. A la resta del territori (Comarques Gironines, Comarques Centrals, Alt Pirineu i Aran i Ponent) tampoc no se supera el 60%, sent les Terres de l’Ebre l’únic lloc on s’arriba al 72,2%. És a dir, a Catalunya, la llengua pròpia està totalment minoritzada.

La fallida econòmica del capitalisme aprofundeix i agreuja el malestar social a Catalunya. L’any 2024 ja denunciàvem que prop d’una quarta part de la població catalana es trobava en risc de pobresa o exclusió social, segons l’Idescat. Lluny de resoldre’s, aquesta situació persisteix, ja que el 2025 el percentatge es va situar en el 24,8%, prop de dos milions de persones, mentre que entre els menors de 16 anys va ascendir fins al 36,1%. A això s’hi suma el problema de l’habitatge, amb un lloguer mitjà que ja supera els 860 euros mensuals a Catalunya.

Mentrestant, el PIB català va créixer un 2,7% durant el mateix any, demostrant una vegada més que el creixement de la «riquesa» sota el capitalisme no es tradueix en una millora de les condicions de vida de la classe obrera, com alguns polítics i ideòlegs burgesos intenten fer creure.

El 23 d’agost vam veure com la Policia Nacional agredia sense miraments un menor d’edat aficionat del Barça per portar una estelada. Un fet molt similar es va repetir el 6 de setembre quan un aficionat del CE Europa va ser agafat del coll i llençat al sòl amb violència per agents de la Policia Nacional, per posteriorment confiscar-li l’estelada i obligar-lo a dir que és espanyol. Després del primer succés, el Camp Nou es va omplir d’estelades el 27 d’agost, en un acte que va rebre el suport tant del club com de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Tanmateix, que aquestes entitats assumissin i canalitzessin la protesta no resta espontaneïtat a l’acte ni minimitza el malestar que el va fer possible, ja que era d’esperar que, amb el seu suport o sense, l’afició respongués de manera similar, amb xiulades als símbols espanyols i mostres d’exaltació dels símbols independentistes. El que va passar demostra que el malestar social que no troba resposta en la política institucional ni en les institucions burgeses acaba buscant altres vies d’expressió, a través d’actes populars o culturals, i que aquells que pretenguin enfrontar-se a la voluntat d’un poble podran guanyar batalles, però difícilment podran acabar amb el conflicte que les origina.

Aquest juliol es van sumar noves dades a les ja exposades, quan la plataforma Acción Contra el Odio va publicar un informe sobre els sentiments d’odi entre la població de l’Estat espanyol. En l’apartat relatiu a «origen, ètnia o nacionalitat», els catalans apareixem com el segon col·lectiu que genera més odi, únicament per darrere dels MENA.

El mateix informe dividia la mostra en dos grans blocs ideològics, d’una banda, el de dreta i ultradreta, format per persones afins al PP, Vox i Se Acabó la Fiesta i, de l’altra, el bloc progressista, format per simpatitzants del PSOE, Sumar i Podemos. Entre els enquestats de dreta i ultradreta, els catalans continuàvem ocupant la segona posició, novament per darrere dels MENA. Tanmateix, entre els simpatitzants del bloc progressista, passàvem a ocupar el primer lloc. Aquest és el govern amb el qual pacten Junts i ERC.

Tota aquesta informació ens mostra l’Estat espanyol com un estat fallit que ho aposta tot a fomentar l’odi entre els membres de la classe obrera que oprimeix, ja que la presa de consciència de classe suposaria l’enfonsament definitiu d’aquest estat feixista.

D’altra banda, la derrota del Procés i la traïció dels partits que el van dirigir han deixat un terreny adobat perquè forces feixistes com Aliança Catalana pretenguin apropiar-se del descontentament existent i presentar-se com a defensores dels drets nacionals de Catalunya. El feixisme, tanmateix, no pot oferir cap emancipació al poble català, ja que divideix i enfronta els treballadors, i aquests drets, nacionals o socials, només es podran conquerir mitjançant la unitat i la lluita popular, perquè no cal esperar res dels polítics burgesos, com ja hem vist.

A més, com si tot el que s’ha esmentat fos poc, el grup nazi Núcleo Nacional ha convocat una concentració per a l’11 de setembre a la plaça de Jacint Verdaguer de Barcelona, un fet inaudit en la història de les Diades i que demostra com el feixisme i el nacionalisme espanyol se senten segurs i avancen sense complexos fins i tot als territoris que històricament els han estat més hostils.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya considera que aquesta situació és insostenible, insuportable i d’emergència màxima. Hem de deixar enrere les organitzacions i els partits que van anteposar els seus interessos burgesos mentre ens prometien portar fins al final el nostre legítim dret a l’autodeterminació i que, a més, han acabat amb la sanitat i l’educació públiques, s’han carregat la nostra indústria i han regalat les nostres ciutats i cases als estrangers rics, mentre impulsen campanyes per mantenir el català que, tot i ser justes, no deixen de respondre a la vella tàctica burgesa de traslladar la responsabilitat a la voluntat individual per amagar les conseqüències de les seves pròpies polítiques brutals, en aquest cas, sobre la llengua i la cultura.

També hem de deixar enrere totes aquelles organitzacions que es reivindiquen socialistes o comunistes, però que parlen de socialisme en abstracte o pretenen ajornar la revolució. És l’hora de tornar a articular la lluita antifeixista de la mà d’un moviment obrer organitzat i d’un Partit Comunista fort. El feixisme i la reacció són l’última carta que li queda per jugar a un imperialisme moribund, disposat a morir matant. El socialisme, per contra, és l’interès objectiu de la classe obrera, l’única que pot mantenir vives la llengua i la cultura catalanes, així com l’única que de debò arribarà fins al final per defensar els seus drets i millorar les seves condicions de vida.

Aquesta Diada de 2026, cal recordar totes aquelles persones que lluiten i han lluitat per una Catalunya lliure, tant de l’espanyolisme com dels paràsits burgesos que enarboren la bandera de Catalunya, però que sempre ens acaben donant l’esquena. No hem de donar cap respir ni a Núcleo Nacional ni a Aliança Catalana, així com hem d’assenyalar el Govern del PSC, de la mà de Comuns i ERC, com a venedors d’obrers i botiflers. Per un 11-S combatiu i sense complexos. Per tots aquells que donen la cara.

Visca la Diada i visca Catalunya socialista!

Proletaris de tot el món, uniu-vos!

Socialisme o barbàrie!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

Diada Nacional de Catalunya

El Idescat señala que en el ámbito metropolitano de Barcelona, únicamente el 27,5% de la población tiene el catalán como lengua habitual, el 38,9% en el Penedès y el 40,4% en el Camp de Tarragona. En el resto del territorio (Comarques Gironines, Comarques Centrals, Alt Pirineu i Aran y Ponent) tampoco se supera el 60%, siendo les Terres de l’Ebre el único lugar donde se alcanza el 72,2%. Es decir, en Cataluña, la lengua propia está totalmente minorizada.

La bancarrota del capitalismo profundiza y agrava el malestar social en Catalunya. En 2024 ya denunciábamos que cerca de una cuarta parte de la población catalana se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, según el Idescat. Lejos de resolverse, esta situación persiste ya que en 2025, el porcentaje se situó en el 24,8%, cerca de dos millones de personas, mientras que entre los menores de 16 años ascendió hasta el 36,1%. A ello se suma el problema de la vivienda, con un alquiler medio que ya supera los 860 euros mensuales en Catalunya.

Mientras tanto, el PIB catalán creció un 2,7% durante el mismo año, demostrando una vez más que el crecimiento de la “riqueza” bajo el capitalismo no se traduce en una mejora de las condiciones de vida para la clase obrera como algunos políticos e ideólogos burgueses nos intentan hacer creer.

El 23 de agosto vimos cómo la Policía Nacional agredía sin miramientos a un menor de edad aficionado del Barça por portar una estelada. Un hecho muy similar se repitió el 6 de septiembre cuando un aficionado del CE Europa fue agarrado del cuello y tirado al suelo con violencia por agentes de Policía Nacional, para posteriormente confiscarle la estelada y obligarle a decir que es español. Tras el primer suceso, el Camp Nou se llenó de esteladas el 27 de agosto, en un acto respaldado tanto por el club como por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Sin embargo, que estas entidades asumieran y canalizaran la protesta no le resta espontaneidad al acto ni minimiza el malestar que lo hizo posible ya que era de esperar que, con o sin su respaldo, la afición respondiera de forma similar, con abucheos a los símbolos españoles y muestra de exaltación de símbolos independentistas. Lo ocurrido demuestra que el malestar social que no encuentra respuesta en la política institucional ni en las instituciones burguesas acaba buscando otras vías de expresión, a través de actos populares o culturales, y que quienes pretendan enfrentarse a la voluntad de un pueblo podrán ganar batallas, pero difícilmente podrán acabar con el conflicto que las origina.

Nuevos datos se sumaron este julio a los ya expuestos, cuando la plataforma Acción Contra el Odio publicó un informe sobre los sentimientos de odio entre la población del Estado español. En el apartado relativo al «origen, etnia o nacionalidad», los catalanes aparecemos como el segundo colectivo que mayor odio genera, únicamente por detrás de los MENA.

El mismo informe dividía la muestra en dos grandes bloques ideológicos, por un lado, el de derecha y ultraderecha, compuesto por personas afines al PP, Vox y Se Acabó la Fiesta y por otro, el bloque progresista, formado por simpatizantes del PSOE, Sumar y Podemos. Entre los encuestados de derecha y ultraderecha, los catalanes seguíamos ocupando la segunda posición, nuevamente por detrás de los MENA. Sin embargo, entre los simpatizantes del bloque progresista, pasábamos a ocupar el primer puesto. Ése es el gobierno con el que pacta Junts y ERC.

Toda esta información nos muestra al Estado español como un Estado fallido que lo apuesta todo a fomentar el odio entre los miembros de la clase obrera a la que oprime, ya que la toma de conciencia de clase supondría el hundimiento definitivo de este Estado fascista.

Por otro lado, la derrota del Procés y la traición de los partidos que lo dirigieron han dejado un terreno abonado para que fuerzas fascistas como Aliança Catalana pretendan apropiarse del descontento existente y presentarse como defensoras de los derechos nacionales de Catalunya. El fascismo, sin embargo, no puede ofrecer ninguna emancipación al pueblo catalán, ya que divide y enfrenta a los trabajadores y dichos derechos, nacionales o sociales, solo podrán conquistarse a través de la unidad y la lucha popular, pues nada cabe esperar de los políticos burgueses como ya hemos visto.

Por si todo esto fuera poco, el grupo nazi Núcleo Nacional ha convocado una concentración para el 11 de septiembre en la plaça de Jacint Verdaguer de Barcelona, algo inaudito en la historia de las Diadas y que demuestra cómo el fascismo y el nacionalismo español se sienten seguros y avanzan sin complejos incluso en los territorios que históricamente les han sido más hostiles.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya considera que esta situación es insostenible, insoportable y de máxima emergencia. Debemos dejar atrás a las organizaciones y partidos que antepusieron sus intereses burgueses mientras nos prometían llevar hasta el final nuestro legítimo derecho a la autodeterminación y que, además, han acabado con la sanidad y la educación públicas, se han cargado nuestra industria y han regalado nuestras ciudades y casas al extranjero rico, mientras impulsan campañas para mantener el catalán que, aunque justas, no dejan de responder a la vieja táctica burguesa de trasladar la responsabilidad a la voluntad individual para esconder las consecuencias de sus propias políticas brutales, en éste caso, con la lengua y la cultura.

También debemos dejar atrás a todas aquellas organizaciones que se reclaman socialistas o comunistas, pero que hablan de socialismo en abstracto o pretenden postergar la revolución. Es la hora de volver a articular la lucha antifascista de la mano de un movimiento obrero organizado y de un Partido Comunista fuerte. El fascismo y la reacción son la última baza que le queda por jugar a un imperialismo moribundo, dispuesto a morir matando. El socialismo, por el contrario, es el interés objetivo de la clase obrera, la única que puede mantener viva la lengua y la cultura catalana (como hemos visto), así como la única que de verdad irá hasta el final por defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.

En la Diada de este 2026, cabe recordar a todas aquellas personas que luchan y han luchado por una Catalunya libre, tanto del españolismo como de los parásitos burgueses que enarbolan la bandera de Catalunya, pero que siempre nos dejarán en la estacada. No debemos dar ningún respiro ni a Núcleo Nacional ni a Aliança Catalana, así como debemos señalar al Govern del PSC, de la mano de Comuns y ERC, como vendeobreros y botiflers. Por un 11-S combativo y sin complejos. Por todos aquellos que dan la cara.

Visca la Diada i visca Catalunya socialista!

Proletaris de tot el món, uniu-vos!

Socialisme o barbàrie!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

La fallida de l’imperialisme ha forçat una estratègia dels monopolis que consisteix a estendre organitzacions i partits feixistes allà on arribin els seus tentacles. Aquestes organitzacions es caracteritzen, sobretot, per un discurs antiimmigració, ultranacionalista i de suport obert als Estats Units i a Israel. Dins de l’Estat espanyol, aquest moviment està ara representat en gran mesura (encara que no plenament) per VOX. Tanmateix, a Catalunya, bona part de la batuta ha passat a Aliança Catalana (AC).

A les darreres enquestes del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a El Periódico i del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), veiem com AC se situa com a tercera o segona força política a Catalunya, desplaçant Junts com a màxim representant de la dreta. Tot i que cal ser prudents a l’hora d’interpretar aquestes dades, ja que els partits burgesos solen utilitzar les enquestes de manera estratègica per mobilitzar el vot que els interessa i, sovint, per criminalitzar tots aquells que no creiem en la seva estafa electoral. Per exemple, se sol al·legar que la culpa de l’ascens de l’extrema dreta és de les persones que no van a les urnes, com si un feixista s’hagués d’aturar per unes eleccions que li són contràries (la història ens demostra que mai no és així), o com si les alternatives oportunistes que ofereix el sistema per l’esquerra no fossin igual de reaccionàries.

Segons el Sondeig d’Opinió de Catalunya 2024 de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), el 63,6% dels votants d’AC es declarava contrari a la independència de Catalunya i, segons el CEO, s’estima que un 23% dels qui van votar VOX a les eleccions catalanes de 2024 ara votarien AC en unes noves eleccions a la Generalitat. És a dir, la majoria dels votants d’AC semblen més atrets per les seves propostes xenòfobes i racistes que no pas per la defensa dels drets lingüístics o pel dret a la separació política de Catalunya de l’Estat espanyol.

Continuant amb les dades del CEO, el Procés no només va mobilitzar l’independentisme que existia fins aleshores, sinó que en va ampliar significativament la base social, ja que, en pocs anys, la independència va passar de ser l’opció territorial preferida per aproximadament una quarta part dels catalans a gairebé la meitat (cosa que no significa que l’altra meitat fos antiindependentista del tot), un creixement net equivalent a prop d’1,4 milions de persones. Aquesta expansió, acompanyada de mobilitzacions amb milions d’assistents mantingudes durant anys, va convertir l’independentisme en un moviment amb una capacitat d’aglutinació social sense precedents a la Catalunya recent, al qual es va sumar fins i tot un 24% de la població migrant i gairebé un 30% de la població amb dos progenitors migrants.

A més, el 2023 (encara amb un Govern d’ERC), AC va representar amb prou feines el 0,02% del temps de paraula política als informatius de TV3, segons dades del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), i, durant la campanya de les eleccions catalanes de 2024, se li van concedir 40 segons de temps de paraula (el 0,9% del dedicat a les candidatures). Dit d’una altra manera, la televisió pública catalana no va voler donar corda a AC.

En canvi, la presidenta d’AC, Sílvia Orriols, va anar adquirint una notable exposició en mitjans privats i, posteriorment, en mitjans d’àmbit espanyol. El diari ARA ha documentat el seu pas per capçaleres i espais com El Mundo, OK Diario, Crónica Global o La Sexta, en definitiva, grups privats que també van donar visibilitat a VOX, en clara sintonia amb els interessos dels monopolis que, en expandir la seva estratègia feixista, han matat sense miraments allò que va donar èxit al Procés i que el va fer tan atractiu per a molta gent, com ara el seu caràcter democràtic, la seva força rupturista arran de la crisi de 2007 o la seva obertura a qualsevol persona que en volgués formar part, característiques totalment incompatibles amb AC.

Cal recordar que bona part del descontent que va recollir el Procés ha passat a AC també per culpa dels mateixos partits independentistes, que han acabat pactant amb l’Estat per por de perdre els seus privilegis com a representants polítics de la burgesia, ja que ells mateixos van procurar conduir el Procés d’acord amb els seus interessos i, quan van veure masses de persones mobilitzades i decidides a lluitar, es van acovardir davant la possibilitat de no poder controlar-les. Amb el camp tan ben adobat després de la traïció dels partits independentistes, és fàcil per a AC erigir-se en la nova promesa protectora dels drets lingüístics i culturals de Catalunya, mitjançant la xerrameca i la demagògia barata típiques dels feixistes.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.) fa una crida a la classe obrera catalana perquè no es deixi enganyar pels paranys dels monopolis i del seu Estat per dividir-nos, fragmentar-nos i posar fi a les nostres vides mitjançant les seves polítiques criminals, portin la màscara que portin.

Cal assenyalar AC, allà on sigui, com a enemiga dels interessos de la classe obrera catalana, incapaç d’atorgar a Catalunya la sobirania que mereix com a nació, perquè el feixisme és disgregador, discriminatori i antipopular. Davant seu, han estat les classes populars, amb la seva capacitat d’unir i aglutinar, les que sempre han aconseguit prou força per posar l’Estat espanyol contra les cordes i fer-ne aflorar la seva veritable cara. Tampoc cal esperar res de la burgesia que es pinta la cara de demòcrata, ja que sempre anteposarà els seus interessos a qualsevol mena de sobirania, com ja va demostrar venent el Procés per salvar-se ella mateixa.

Així mateix, també fem una crida a la classe obrera catalana perquè s’organitzi juntament amb la classe obrera de la resta de l’Estat en peu d’igualtat, ja que totes dues estan destinades a trencar amb aquest Estat i eliminar-lo, com també a lluitar per la unitat de tota la classe obrera mundial.

Aquest 10 de setembre, tothom al Fossar de les Moreres a les 18:00 per plantar cara a AC i recordar-los que Catalunya només pot ser antifeixista. I l’endemà, aquest 11 de setembre, tornem als carrers per dir a l’Estat espanyol que Catalunya continua viva i que no renuncia als seus drets.

Visca Catalunya lliure!

Fora feixistes!

Visca la lluita internacionalista!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

Aliança Catalana no es la última esperanza del independentismo, sino el último clavo en la tumba del Procés

La bancarrota del imperialismo ha forzado una estrategia de los monopolios que consiste en extender organizaciones y partidos fascistas allá donde lleguen sus tentáculos. Dichas organizaciones se caracterizan, sobre todo, por un discurso antiinmigración, ultranacionalista y de apoyo abierto a Estados Unidos e Israel. Dentro del Estado español, dicho movimiento está ahora representado en gran medida (aunque no plenamente) por VOX. Sin embargo, en Catalunya, gran parte de la batuta ha pasado a Aliança Catalana (AC).

En las últimas encuestas del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), vemos cómo AC se sitúa como tercera o segunda fuerza política en Catalunya, desplazando a Junts como máximo representante de la derecha. Aunque cabe ser prudente a la hora de interpretar dichos datos, ya que los partidos burgueses suelen utilizar las encuestas de forma estratégica para movilizar el voto que les interese y, a menudo, para criminalizar a todos aquellos que no creemos en su estafa electoral. Por ejemplo, se suele alegar que la culpa de la subida de la extrema derecha es de las personas que no acuden a las urnas como si un fascista se fuera a frenar por unas elecciones que le son contrarias (la historia nos demuestra que nunca es así) o como si las alternativas oportunistas que ofrece el sistema por la izquierda, no fueran igual de reaccionarias.

Según el Sondeo de Opinión de Catalunya 2024 de L’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), el 63,6 % de los votantes de AC se declaraba contrario a la independencia de Catalunya y, según el CEO, se estima que un 23% de quienes votaron a VOX en las catalanas de 2024 ahora votarían a AC en unas nuevas elecciones a la Generalitat. Es decir, la mayoría de los votantes de AC parecen más atraídos por sus propuestas xenófobas y racistas y no por la defensa de los derechos lingüísticos o por el derecho a la separación política de Catalunya del Estado español.

Siguiendo con los datos del CEO, el Procés no solo movilizó al independentismo que existía hasta la fecha, sino que amplió significativamente su base social, ya que, en pocos años, la independencia pasó de ser la opción territorial preferida por aproximadamente una cuarta parte de los catalanes a rozar la mitad (lo cual no significa que la otra mitad fueran antiindependentistas en su totalidad), un crecimiento neto equivalente a alrededor de 1,4 millones de personas. Esta expansión, acompañada de movilizaciones con millones de asistentes sostenidas durante años, convirtió al independentismo en un movimiento con una capacidad de aglutinación social sin precedentes en la Catalunya reciente, al cual se sumó incluso un 24% de población migrante y casi un 30% de la población con dos progenitores migrantes.

Además, en 2023 (aún con un Govern de ERC), AC representó apenas el 0,02 % del tiempo de palabra política en los informativos de TV3, según datos del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), y, durante la campaña de las elecciones catalanas de 2024, le concedió 40 segundos de tiempo de palabra (el 0,9% del dedicado a las candidaturas). Dicho de otra forma, la televisión pública catalana no quiso darle pábulo a AC.

En cambio, por otro lado, la presidenta de AC, Sílvia Orriols, fue adquiriendo una notable exposición en medios privados y, posteriormente, en medios de ámbito español. El diari ARA ha documentado su paso por cabeceras y espacios como El Mundo, OK Diario, Crónica Global o La Sexta, en definitiva, grupos privados que también le dieron exposición a VOX en clara sintonía con los intereses de los monopolios que, al expandir su estrategia fascista, han matado sin miramientos aquello que le dio éxito al Procés y que lo hizo tan atractivo para mucha gente, como su carácter democrático, su fuerza rupturista tras la crisis de 2007 o su apertura a toda persona que quisiera formar parte, características totalmente incompatibles con AC.

Cabe recordar que gran parte del descontento que recogió el Procés ha pasado a AC también por culpa de los mismos partidos independentistas que han acabado pactando con el Estado por miedo a perder sus privilegios como representantes políticos de la burguesía, pues ellos mismos procuraron manejar el Procés para que fuera en consonancia con sus intereses y cuando vieron masas de gente movilizadas y decididas a luchar, se acobardaron ante la posibilidad de no poder controlarlas. Con el terreno tan bien abonado tras la traición de los partidos independentistas, es fácil para AC erigirse como la nueva promesa protectora de los derechos lingüísticos y culturales de Catalunya, a través de la palabrería y la demagogia barata típicas de los fascistas.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.) hace un llamamiento a la clase obrera catalana para que no se deje engañar por las trampas de los monopolios y su Estado para dividirnos, fragmentarnos y acabar con nuestras vidas a través de sus políticas criminales, lleven la careta que lleven.

Es necesario señalar a AC, allí donde esté, como enemigo de los intereses de la clase obrera catalana, incapaces de otorgar a Catalunya la soberanía que merece como nación, porque el fascismo es disgregador, discriminatorio y antipopular. Frente a él, han sido las clases populares, con su capacidad para unir y aglutinar, las que siempre han conseguido la fuerza suficiente para poner al Estado español contra las cuerdas y sacar su verdadera cara. Tampoco cabe esperar nada de la burguesía que se pinta la cara de demócrata, pues siempre van a anteponer sus intereses a cualquier tipo de soberanía como ya demostraron vendiendo el Procés para salvarse ellos.

Así mismo, también hacemos un llamamiento a la clase obrera catalana a que se organice junto a la clase obrera del resto del Estado en pie de igualdad, pues ambas están destinadas a romper y a acabar con éste, así como la lucha por la unidad de toda la clase obrera mundial.

Este 10 de septiembre, todo el mundo al Fossar de les Moreres a las 18:00 para plantar cara a AC y recordarles que Catalunya solo puede ser antifascista. Y al día siguiente, este 11 de septiembre, volvemos a las calles para decirle al Estado español que Catalunya sigue viva y que no renuncia a sus derechos.

Visca Catalunya lliure!

Fora feixistes!

Visca la lluita internacionalista!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

El cierre del ejercicio 2025 y la presentación de cuentas anuales de las empresas han sido, en su mayoría, un éxito para la burguesía nacional que ha presentado beneficios récord en el IBEX 35, superando los 66.006 millones de euros de beneficio neto atribuido. La clase obrera, sin embargo, sufre expedientes de regulación de empleo, disminución del poder adquisitivo y una cada vez mayor exposición a riesgos laborales, tanto físicos como psicosociales, que amenazan su propia salud.

La burguesía sigue disfrutando de las mieles del sistema de explotación asalariada, amasando entre sus manos cada vez más capital gracias al robo a la clase trabajadora. Los grandes bancos de origen español superaron los 34.000 millones de euros en beneficios netos conjuntos, lo que representa un incremento del 7% respecto al excelente ejercicio de 2024.

Sin duda, la subida de los tipos de interés desde 2020 ha supuesto el aumento de pingües beneficios para el sector de la banca y, a su vez, ha significado directamente una enorme pérdida de dinero para los trabajadores, que ahora pagan mucho más por sus hipotecas de lo que lo hacían antes. Un dinero que ha ido directamente a las manos de los grandes bancos y sus directivos.

Iberdrola, la principal compañía energética del país, ha desbancado del tercer puesto a CaixaBank, gracias también al robo a manos llenas al proletariado. Según los datos de Red Eléctrica Española 2022 fue el año más caro de la historia: la factura tipo llegó a 1.419 € (un 38,7% más que en 2021) y, aunque los precios bajaron en 2023 y 2024, nunca han vuelto a los precios anteriores. Los trabajadores pagamos la luz mucho más cara que hace 6 años, de hecho en 2025 hemos pagado un 14,3% más que en el año anterior.

De igual manera otras empresas energéticas como Naturgy, Endesa o Repsol, baten récords de beneficios gracias a la subida de precios de la electricidad, el gas y la gasolina que, como siempre, hemos pagado los obreros.

Inditex está también a la cabeza los beneficios empresariales hoy gracias a una estrategia de deslocalización de la producción realizada a finales de los años 90, desde los talleres de costura gallega hacia los países de Asia y Latinoamérica. Esto le ha permitido poder vender sus productos con bajísimos costos de producción que ofrece una diáspora de maquilas, es decir, fábricas ubicadas en los países con los salarios más bajos del mundo, como Bangladesh, o en talleres clandestinos de São Paulo o Buenos Aires.

Según los cálculos de la Campaña Ropa Limpia de Setem, si partimos de una hipotética prenda vendida por 29 euros, la venta al por menor se lleva el mayor margen: 17 euros, es decir, un 59%. Le sigue el beneficio de la marca (3,6 euros), los gastos de los materiales (3,40 euros), los gastos de transporte (2,19 euros) y los intermediarios (1,2 euros). Los beneficios de la fábrica proveedora en algún país del Sudeste asiático suponen 1,15 euros (el 4%) y, para los salarios de los trabajadores, quedan apenas 18 céntimos: un 0,6% de los 29 euros que figuran en la etiqueta de la camiseta.

El 24 de abril de 2013 se derrumbó en Bangladesh el edificio Rana Plaza, muriendo 1.129 trabajadores a los que se sumaron más de 2.000 heridos, debido a las precarias condiciones de seguridad e higiene en las que trabajaban para el sector textil, y que hoy en día siguen siendo la norma y provocando accidentes en medio mundo, aunque no aparezcan publicados en la prensa burguesa.

Pero ¿Dónde van todos estos beneficios empresariales?

El año 2025 presenció cómo el mercado bursátil español rompía todos los registros históricos en materia de distribución de dividendos. Se estima que, liderados por la banca y el sector energético, los pagos directos al accionista alcanzarán los 42.000 millones de euros en el próximo ciclo, consolidando una rentabilidad por dividendo que supera de manera estructural el 5% de media para el IBEX 35, una de las más atractivas a nivel global.

De manera simultánea, se ha consolidado definitivamente en el entorno corporativo español una práctica importada de los mercados de capitales anglosajones: los programas masivos de recompra de acciones propias (share buybacks) seguidos de su amortización. En 2025, un 69% de las empresas españolas incluidas en el índice selectivo ejecutó programas de recompra, destinando un gasto total de 12.700 millones de euros a la destrucción de papel para inflar artificialmente el beneficio por acción (BPA).

En un lapso de tan solo diez años, el volumen de estas recompras ha experimentado un crecimiento explosivo del 150% en el mercado español. Esta recompra de acciones para el inversor y la empresa, tiene varios efectos directos:

• Aumento del Beneficio Por Acción (BPA): Si una empresa gana 1.000 € y hay 1.000 acciones, el beneficio es de 1 € por acción. Si recompran y destruyen 200 acciones, esos mismos 1.000 € ahora se dividen entre 800 acciones, subiendo el BPA a 1,25 € automáticamente (sin que la empresa haya ganado ni un euro más).
• Mayor presión de demanda: Al salir la propia empresa al mercado a comprar sus acciones con grandes cantidades de dinero, genera una demanda que suele empujar el precio de la acción al alza.
• Eficiencia fiscal: Es una forma de “premiar” al accionista sin repartir un dividendo. Cuando cobras un dividendo, tienes que pagar impuestos inmediatamente. Con la recompra, el valor de tus acciones sube, pero solo pagarás impuestos si decides venderlas en el futuro.

Es decir, la tendencia de las empresas es a “cerrar filas” en un escenario de grandes beneficios hoy, pero que dicho escenario a futuro puede cambiar por su inestabilidad. Los beneficios se quedan en casa del burgués.

Así se entiende esta noticia:

Según el informe anual del banco suizo UBS hay en total 32 españoles que superan la barrera de los mil millones de patrimonio, esto supone que la lista ha crecido en cinco personas respecto a 2024. Entre todos ellos acumulan una riqueza de 213.000 millones de dólares, un 21% más. Pero el 58% del patrimonio de estos milmillonarios (124.000 millones) está en manos de uno de ellos: el fundador de Inditex, Amancio Ortega.

Otro informe, de Oxfam Intermón, indica que, en 2025, la riqueza conjunta de los milmillonarios en todo el mundo creció más de un 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años, hasta alcanzar un máximo histórico de 18,3 billones de dólares. Desde 2020, la riqueza combinada de estos milmillonarios ha crecido un 81%.

Casi la mitad de la población mundial, sin embargo, vive en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día, y un 28% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Según este informe de Oxfam, sólo con el incremento de este último año, estos 2,5 billones de dólares podrían acabar con la pobreza extrema de los próximos 26 años.

¿Y la clase obrera?

Mientras, según este mismo informe, los salarios pierden peso en la economía y crecen por debajo de lo que aumenta el coste de vida, arrastrando la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras y los hogares. En los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación.

El 1% más rico concentra el 23,9% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6,7% en España. El 0,1% más rico en España (unas 48.000 personas con una riqueza promedio de 20 millones de euros) ha visto aumentar su participación en la riqueza nacional desde 2010 y ya supone más del 10% del total.

Nuestra clase tiene un escenario de precariedad transversal para todas sus capas. La juventud trabajadora sufre desde la década pasada un aumento en los costes universitarios que la van alejando de los estudios superiores, cada vez más difíciles de costear para una familia obrera.

Conseguir un puesto de trabajo es más difícil, con datos en 2025 de un 24% de paro juvenil e incluso trabajando sufren en muchos casos una estafa directa en sus derechos laborales (salarios, categorías profesionales, adaptación de jornada por estudios, licencias retribuidas, etcétera…). Como ejemplo encontramos que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó entre 2021 y 2025 un total de 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones.

La juventud trabajadora es una capa de la clase obrera que sufre una gran cantidad de ataques de la patronal que, debido a la inexperiencia y falta de conciencia de clase, recibe sin saber cómo defenderse, huérfanos de hermanos de clase con mayor experiencia que ejerzan una mínima protección organizada, donde el sindicalismo exhibe una patética posición de subordinación a los intereses de la burguesía.

El periodo de prueba, que sufre la juventud pero también muchos obreros independientemente de su edad, sexo o cualquier otra cuestión, es una de las trampas que este “Gobierno progresista” de PSOE-IU-PCE-Sumar ha impuesto a los trabajadores. La desaparición del contrato de obra o servicio determinado tras la reforma laboral de 2021 hizo que la patronal desplazara la carga de la contratación temporal hacia el período de prueba de los contratos indefinidos:

En 2026 se produjo un aumento del 1.200% en estas extinciones: En los dos primeros meses de 2026, más de 103.000 contratos indefinidos se extinguieron alegando la no superación del período de prueba, en comparación con los menos de 8.000 que se registraron en el mismo período del año 2021.

El Ministerio de Trabajo anunció en marzo el inicio de 520 inspecciones, de las cuales se han finalizado 458. En 342 de ellas (el 75% del total) Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades respecto de la aplicación del despido por no superar el periodo de prueba. Este período de prueba se ha convertido, de facto, en una válvula de escape barata para cubrir necesidades estacionales o temporales prescindiendo del trabajador sin abonar indemnización ni preaviso, por lo que el trabajador no ha ganado nada con la desaparición del contrato por obra y servicio ya que sigue sufriendo la temporalidad en el puesto de trabajo.

Los expedientes de regulación de empleo no han parado de producirse, a pesar del pico sufrido en la pandemia del Covid19, el ritmo ha continuado hasta hoy.

En 2025 encontramos expedientes de regulación de empleo, sobre todo, en el sector de las telecomunicaciones (Vodafone Zegona ejecutó 898 despidos, MasOrange 609 tras la fusión y Telefónica, más de 4.500 afectados, el 26% de la plantilla de todo el grupo), en Consultoría (Capgemini, 710 afectados) y en Alimentación y Gran Consumo (Nestlé, 242 despidos y Danone, 143 afectados).

Los gigantes de la consultoría tecnológica, el comercio electrónico y el sector servicios no han aplicado estos despidos por una quiebra real o por pérdidas imprevistas, sino como maniobras de reestructuración preventiva bajo el amparo de causas organizativas ETOP (Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción). Una estrategia de la burguesía para blindar sus márgenes de beneficio frente al avance de la automatización por IA, sacrificando a los trabajadores en el altar de la rentabilidad.

El sector de las telecomunicaciones se erige hoy como el principal escenario del desmantelamiento del empleo cualificado. Bajo el pretexto de la competitividad de precios, las fusiones monopolísticas de MasOrange o el desembarco de fondos de inversión como Zegona en Vodafone, la burguesía ha orquestado una sangría de miles de puestos directos e indirectos, sacrificando el sustento de la clase trabajadora en aras de salvaguardar sus márgenes de rentabilidad.

Todos los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo que pierden su puesto de trabajo entran directamente a la rueda del trabajo temporal sufriendo los ya analizados periodos de prueba (que la mayoría no superan) o en los contratos fijos discontinuos, que sigue siendo trabajo temporal.

Los salarios, mientras tanto, aumentan a un ritmo ridículamente bajo en comparación con el aumento de los precios de los bienes de consumo con lo que, de hecho, los salarios reales de la clase obrera retroceden. Así, el IPC sube desde 2021 a un ritmo mucho mayor que los salarios, haciendo perder a la clase obrera poder adquisitivo.

Durante el primer semestre del presente ejercicio, los salarios han experimentado un incremento medio del 2,5%, una cifra que palidece frente al ascenso del 3,2% en los precios de consumo durante el mismo intervalo. Estos datos, extraídos de la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas de la Agencia Tributaria y confrontados con el IPC del INE, evidencian un nuevo episodio de asfixia económica para los hogares proletarios. La cifra sólo refleja el incremento salarial medio de quienes trabajan en una empresa de gran tamaño. Estas, al estar obligadas a presentar de forma mensual sus declaraciones, cuentan con los datos más actualizados de salarios.

Esta erosión de la capacidad de compra de la clase obrera no se limita a las cifras fiscales. Los registros de la negociación colectiva del Ministerio de Trabajo revelan una realidad idéntica: los incrementos pactados en convenio se estancaron en un 3% hasta julio. Esta cifra condena a 8,6 millones de proletarios —el 44% de los asalariados— a cinco meses consecutivos de empobrecimiento real, al quedar sus salarios asfixiados bajo un IPC que escaló violentamente hasta el 3,6%. El robo al valor del trabajo se institucionaliza a través de acuerdos que no logran ni siquiera cubrir el encarecimiento básico de la vida y que son auténticas puñaladas al proletariado que llevan la firma de los sindicatos del régimen.

Aunque la subida salarial media pactada en convenio cerró el año 2025 en un 3,53%, este dato general oculta una enorme brecha en las nóminas de los más de 10,1 millones de trabajadores protegidos por convenio ya que:

• 3,74 millones de trabajadores (aproximadamente el 37% del total con convenio) quedaron fuera de la media general, pactando una subida de apenas el 2,96% (muy en línea con el IPC de diciembre de ese año).
• 1,87 millones de trabajadores experimentaron subidas aún menores, situadas en una horquilla de entre el 1,35% y el 2,47%.
• Más de 100.000 empleados sufrieron una congelación salarial total o incrementos meramente testimoniales.

En resumen, más de 5,71 millones de trabajadores bajo convenio (el 56,5% del total cubierto) quedaron fuera de la subida general del 3,53%, viendo revalorizados sus salarios por debajo del promedio.

Además, los convenios colectivos registrados con efectos económicos en 2026 solo alcanzan a unos 8,6 millones de trabajadores, lo que equivale a un 44% del total de asalariados en España.

El 56% restante de los asalariados se encuentra técnicamente fuera de la cobertura de la negociación colectiva activa registrada para dicho ejercicio. Sus nóminas dependen por completo de las decisiones unilaterales de las empresas o de la aplicación directa del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para aquellos que dependen estrictamente del SMI, sus ingresos aumentaron un 3,1% en 2026 (alcanzando los 1.221 € brutos al mes en 14 pagas), una subida que, descontada la inflación acumulada, sitúa su capacidad de compra real al mismo nivel que hace cinco años.

Aunque las cifras oficiales agregadas de la negociación colectiva reflejan un aumento medio del 3,02% hasta julio de 2026, la realidad del bolsillo de la mayoría de los trabajadores queda por debajo debido a la ponderación de los siguientes factores:

1. El peso de los convenios plurianuales antiguos (2,91%)

La inmensa mayoría de los trabajadores bajo convenio no están cobrando las subidas que se firman este año (que promedian un 3,73%). De los 2.768 convenios registrados con efectos en 2026, el 83% (2.308 acuerdos) se firmaron en años anteriores. Estos convenios antiguos contemplan una subida media de tan solo el 2,91%, lo que arrastra a la baja la nómina de más de 8,6 millones de personas.

2. La realidad de las Grandes Empresas (2,5%)

Los datos más dinámicos y actualizados de salarios cobrados mensualmente provienen de la Agencia Tributaria (a través de las declaraciones de las Grandes Empresas). Esta estadística revela que los sueldos reales de quienes trabajan en estas corporaciones aumentaron un promedio de solo el 2,5% durante el primer semestre de 2026.

3. Convenios de empresa y sectores precarizados (2,26% – 2,69%)

Cuando el ámbito de negociación se reduce a la realidad particular de cada centro de trabajo, los incrementos pactados son significativamente menores:

• Los convenios colectivos circunscritos estrictamente al ámbito de empresa contemplan un incremento medio de apenas el 2,59% (o del 2,56% si se analiza la estadística de marzo).
• Los convenios de grupos de empresas (que representan a grandes corporaciones complejas) reducen el aumento salarial medio a un 2,26%.
• Por sectores de actividad, los trabajadores del sector agrario perciben la subida media más baja de todo el tejido productivo, fijada en el 2,69%.

Si nos fijamos en la distribución salarial de la clase trabajadora en el estado, observamos como casi un tercio del total corresponde a salarios entre 16 mil y 23 mil euros brutos anuales, que sumado al 18% de trabajadores que cobran menos de 16 mil euros brutos anuales al año encontramos que casi la mitad de la clase trabajadora tiene un salario que no permite una vida independiente bajo este sistema capitalista en prácticamente ninguna capital de provincia del estado.

Pero no solo la pérdida es económica para la clase trabajadora. La salud de los trabajadores también se resiente bajo el sistema capitalista de producción, como se puede comprobar analizando los propios datos de las instituciones burguesas como el INE o el Ministerio de Trabajo:

Los accidentes con baja y las muertes se mantienen en unas cifras de auténtico horror y que demuestran la más absoluta miseria del capitalismo, sobre todo en los sectores de los servicios (donde más volumen de trabajadores hay) y la construcción, sector donde mayor índice de incidencia hay. Las caídas a distinto nivel, los atrapamientos y sepultamientos y los accidentes de tráfico y maquinaria siguen liderando año tras año los riesgos visibles más comunes.

Mientras los accidentes físicos se mantienen estables, con caídas únicamente por motivo de la cantidad de trabajadores en activo por las crisis (económicas o pandemia), los riesgos psicosociales han aumentado exponencialmente de una manera brutal y han impactado duramente en la salud de la clase trabajadora.

Los riesgos psicosociales y de salud mental son los que registran el incremento más rápido e intenso debido a mayor explotación laboral impuesta por la patronal. En España, el 40 % de los trabajadores (11 puntos por encima de la media de la UE, que se sitúa en el 29 %) señala directamente a su puesto de trabajo como la causa de su ansiedad o depresión.

Nuevas patologías como las denominadas “tecnoestrés”, “hiperconectividad” o “infoxicación”, debido a la transición digital y el uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han introducido riesgos nuevos y emergentes. El 31,6% de las empresas en España reporta un aumento en la intensidad laboral y el 31,7% destaca una sobrecarga de información derivada del uso de herramientas digitales. La conectividad constante y la expectativa de estar disponible con poca antelación por motivos laborales destruye el derecho al descanso.

Los riesgos ergonómicos vinculados al sedentarismo, como las posturas sedentarias prolongadas (estar sentado la mayor parte del tiempo afecta al 75,6 % de las empresas con herramientas digitales en España, y se eleva al 84,7 % en la modalidad de teletrabajo) y los movimientos repetitivos (67,4 %) siguen aumentando y son algunos de los desafíos emergentes más complejos de atajar.

La duplicación de las bajas por salud mental en España que reportan los datos oficiales reflejan un crecimiento de carácter exponencial en los problemas de salud mental que se trasladan directamente al ámbito laboral, convirtiendo a la salud mental en la segunda causa de baja laboral en el país.

Este aumento de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo de todo el estado provoca graves consecuencias tanto físicas como fisiológicas, mentales y emocionales y conductuales y sociales:

• Patologías No Traumáticas (PNT): El estrés laboral crónico es un precursor directo de trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares. Problemas como infartos de miocardio, derrames cerebrales e ictus representan actualmente más del 40 % de las muertes ocurridas durante la jornada laboral en España.
• Trastornos musculoesqueléticos (TME): Dolores agudos de espalda, cuello y extremidades (lumbalgias, tendinitis) derivados del trabajo estático en pantallas y de movimientos repetitivos.
• Síndrome de Burnout (desgaste profesional): Provoca un proceso degenerativo que comienza con fatiga, insomnio y automedicación (fase moderada), y puede evolucionar hacia el cinismo, la aversión al trabajo (fase grave), el aislamiento y la depresión crónica o riesgo de suicidio en su nivel extremo.
• Ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración ante la incapacidad de equilibrar las demandas del puesto con los recursos del trabajador.
• Abuso de sustancias nocivas: Se ha detectado un incremento en la dependencia del tabaco, alcohol y, muy especialmente, en el consumo de psicofármacos como ansiolíticos y relajantes musculares para sobrellevar la presión del día a día en el puesto de trabajo.
• Conflictos y aislamiento: La sobrecarga y el teletrabajo aumentan el aislamiento social de los compañeros. Además, la insatisfacción puede derivar en conductas de violencia física o verbal (tanto interna como externa de cara a clientes o usuarios conflictivos).

Las bajas médicas por trastornos mentales en España se han duplicado en un periodo de ocho años, pasando de 280.000 en 2016 a más de 600.000 en 2023. Esta tendencia se consolida en 2024, donde solo en los primeros nueve meses (enero a septiembre) ya se registraron más de 468.000 bajas, situándose en una proyección anual de unas 624.000 bajas (+123 % respecto a 2016).

Estas bajas se producen, como hemos visto, por una necesidad de la burguesía de lograr un aumento en la productividad, cuya consecuencia es la elevación de los niveles de tensión y estrés de los trabajadores a todos los niveles.

Y, por supuesto, la solución de la patronal no es otra que cambiar las leyes para evitar pagar las bajas médicas, criminalizando a los trabajadores por un problema que está generando la burguesía en su afán de una mayor acumulación de capital, con el Partido Popular como principal aliado.

Según Feijoo el aumento de la incapacidad temporal es “un cáncer” y propone que los trabajadores de baja cobren menos. Pero desde el PCOE creemos que el cáncer es el, su partido, su sistema económico y la clase a la que representa y que los que deberían cobrar menos son ellos, concretamente nada una vez se socialicen los medios de producción y estén en manos del proletariado.

¿Cómo puede salir la clase obrera de este laberinto?

Como hemos analizado a lo largo del texto, las empresas españolas obtienen su dinero de robar a manos llenas directamente a sus propios trabajadores, a través de la plusvalía, pero también indirectamente al resto del pueblo trabajador con el aumento de los precios de bienes básicos (ropa, energía) y los intereses hipotecarios.

Estos beneficios empresariales se quedan en las manos de unos pocos mientras la clase obrera pierde salud y poder adquisitivo, llegando a niveles críticos en los que casi la mitad de los trabajadores no pueden vivir de forma independiente y cuya salud mental y física empeora cada día.

Este es el escenario que tenemos los obreros bajo el capitalismo, un laberinto de pobreza y enfermedad en el que no podemos continuar. Las condiciones de vida siguen depauperándose para el proletariado en el estado español mientras los capitalistas acumulan más y más ganancias que nosotros mismos hemos generado con nuestro trabajo.

La única salida de la clase trabajadora es la organización, pero no sindicalmente para arrancar unas pocas migajas dentro del sistema capitalista -que sin duda nos robarán por otro lado- o socialmente para paliar el desmantelamiento de los servicios públicos. Sino la organización política para destruir este sistema capitalista criminal que ya no permite nada más que el fascismo y la reacción para su supervivencia.

La organización política para la construcción del socialismo, máxima aspiración del proletariado hoy, que -mediante la socialización de los medios de producción- garantice la vida y la salud del proletariado solucionando los grandes males que hoy nos aquejan: vivienda, educación, sanidad, trabajo, conciliación de la vida profesional y personal…

La clase trabajadora hoy no tiene más remedio que tomar las riendas de su destino, reconocerse como clase, organizarse y hacer la revolución socialista para tomar lo que le pertenece y emanciparse definitivamente para crear una sociedad justa y humanista, lejos de la miseria y la explotación que hoy sufrimos.

¡Organízate en el Partido Comunista Obrero Español!

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Contemplamos cómo el pueblo, que es la clase obrera, cada día vive en una situación de mayor pobreza. Los asesinos que defienden al capitalismo, pues solo puede defender este sistema o el alienado o el criminal, reiteran tanto de viva voz como a través de millones de bots manejados por ellos mismos que el capitalismo genera riqueza cuando ésta se concentra en cada vez menores manos, ampliándose, tanto en amplitud como en profundidad, la pobreza del pueblo.

La esencia del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, maximizar el robo del plusvalor generado por el proletariado y dislocar lo máximo, al alza, el precio de la mercancía de su valor, o lo que es lo mismo, el capitalismo es la exacerbación del robo a la mayoría obrera por parte de la minoría burguesa.

En la vivienda se muestra, a las claras, el rostro criminal del capitalismo y la necesidad que tiene la humanidad de aniquilarlo. Con respecto de la vivienda, los farsantes economistas lacayos del gran capital como, por ejemplo, Juan Ramón Rallo, con respecto al problema de la vivienda en España, lo caracteriza de la siguiente manera:

“Analicemos, si no, el fondo del argumento. Se nos dice que los inversores compran inmuebles, suben los alquileres y, si el inquilino no puede pagarlos, lo sustituyen por otro que sí lo haga. Pero detengámonos precisamente ahí: ¿por qué existe inmediatamente otro inquilino dispuesto a pagar un alquiler más elevado? Si la oferta de vivienda fuera abundante, ese potencial inquilino dispondría de alternativas más baratas y no aceptaría un precio inflado. Que lo acepte (en muchos casos, con sensación de urgencia) revela exactamente lo contrario de lo que pretende el relato gubernamental: que la demanda de vivienda supera con mucho la oferta disponible. (…)”. 9 de mayo de 2026, Rallo, ABC, “Vivienda: propaganda antes que soluciones”.

Este portavoz del gran capital reduce el problema a una mera cuestión de oferta y de demanda; en este caso de una alta demanda de vivienda que supera a una oferta escasa. Ello lo argumenta, en términos numéricos, de la siguiente forma:

“Las cifras son elocuentes: desde 2022 España ha sumado prácticamente dos millones de nuevos residentes, en su inmensa mayoría de origen extranjero, a un ritmo neto superior a las 600.000 personas anuales. Si el tamaño medio del hogar español es de 2,5 personas, solo para alojar a esa nueva población habría que construir unas 200.000 viviendas cada año. ¿Cuántas estamos construyendo? Aproximadamente la mitad: en torno a 100.000.”. 9 de mayo de 2026, Rallo, ABC, “Vivienda: propaganda antes que soluciones”.

Según las “cifras elocuentes” de este bot de la banca disfrazado de economista, se construyen la mitad de las viviendas que debieran construirse. Pero los datos reales dicen que, según el Censo de Población y Viviendas del INE, realizado en 2021, en España había “3.837.328 viviendas se catalogan como vacías y 2.514.511 de uso esporádico”. Por tanto, este dato ya tapa la boca a Rallo y demás marionetas del capital, pues en 2021 ya había 3.837.328 vacías, muchas más – casi 8 veces más – de las 500.000 viviendas que Rallo denuncia que no se han hecho desde entonces para que no hubiere problema de vivienda. Es evidente que el problema no es de número de viviendas, sino de otro tipo y los números son demoledores y, de manera elocuente, tapan la boca a Rallo y demás voceros del capital financiero. En consecuencia, ya de partida, la caracterización del problema de la vivienda realizada por los títeres del capital, es errónea y, por tanto, las conclusiones a la que llegan partiendo de la mentira no pueden ser más que mentira.

Porque el problema de la vivienda no es más que la expresión de un problema cardinal que se refleja en todos los ámbitos y sectores de la economía capitalista y no es otro que el sistema de propiedad privada sobre los medios de producción y la consecuente mercantilización de las necesidades humanas sobre lo que gira el sistema de producción capitalista, que se exacerba en su fase actual de concentración del capital. Un dato que obvia Rallo es que el 57% de las viviendas en España están en manos de fondos buitre y de multipropietarios. Sin duda, lo que estos grandes propietarios de vivienda, que la utilizan como mercancía para enriquecerse, desean, es que se produzcan más viviendas para acaparar más vivienda, para engordar y acumular más propiedad, que es lo que desarrolla el capitalismo, la concentración de la propiedad y, con esta, del capital. Por eso Rallo, como buena marioneta del capital que es, lo que pide es construir más viviendas y, además, abaratar los costes a los capitalistas que construyen en lo que corresponde a la parte que el Estado grava, echando la culpa al gobierno de turno para exculpar a los que realmente fijan los precios, los grandes propietarios, los que acaparan la mayor parte de la propiedad de las viviendas:

“¿Y por qué construimos tan pocas viviendas? Las causas son diversas, pero una de las más importantes es el intervencionismo urbanístico de nuestras administraciones públicas: la restricción de la oferta de suelo, la hipertrofia regulatoria o la asfixiante fiscalidad estrangulan la construcción y condenan a que cada año se edifiquen muchísimas menos viviendas de las necesarias. Es decir, la escasez de oferta no es un fenómeno natural: es el resultado directo de las políticas intervencionistas que este Gobierno no solo mantiene, sino que agrava.”. 9 de mayo de 2026, Rallo, ABC, “Vivienda: propaganda antes que soluciones”.

Nada dice Rallo del papel del capital financiero en el encarecimiento de la vivienda. Rallo pone el acento en que determinados ayuntamientos no liberen el suelo que el capital financiero desea, y decimos bien, el capital financiero, en las licencias y permisos oficiales, pero calla ante lo que realmente encarece la vivienda: el parasitismo de la banca, del capital financiero, y los obscenos márgenes de ganancia de los promotores. ¿Quién gana realmente con la promoción y la construcción de viviendas? El capital financiero, ya sean los bancos o los fondos de capital, en el caso de no cumplir con los requisitos establecidos por la banca tradicional. Nada dice Rallo de las comisiones bancarias por los préstamos a la compra de suelo y a la construcción de las viviendas, nada dice de los tipos de interés bancario de dichos préstamos, que en la actualidad puede ir desde el 5%-6% anual hasta el 13%-15% de los fondos de capital privados en el caso de que el constructor no cumpla los requisitos establecidos por el banco y deba acudir a obtener la financiación de dichos fondos. Por no hablar, posteriormente, de lo que obtiene el capital financiero por los diferentes préstamos hipotecarios de cada vivienda producida. Ni tampoco habla Rallo de la suma de beneficios, no de los constructores, sino de intermediarios y promotores, que encarecen el precio de la vivienda final entre un 15% y un 20%, que se multiplica por los intereses bancarios.

Así pues, el precio final de una vivienda realizada por una promotora privada adquirida mediante una hipoteca a 30 años, se incrementa entre un 40% y un 57%, dependiendo del tipo de interés e incluyendo los gastos financieros del Banco, a lo que hay que añadir el beneficio del promotor, que oscila en la horquilla del 10%-20%, que incrementa el precio final de la vivienda y el valor del suelo, en torno al 15%-20% del mismo; las tasas y licencias implican en torno al 10% del precio final. Por tanto, es el capitalismo y su forma de propiedad privada sobre los medios de producción, su esencia de mercantilizar las necesidades humanas, la que desboca y disloca el precio sobre el valor real de la vivienda, de tal modo que de media para una vivienda que se pague con una hipoteca a 30 años, el valor real de la vivienda, considerando como vivienda el binomio conformado por la construcción y el suelo, equivale al 25%-30% del precio final que paga el comprador. Ergo el capital financiero (banco/fondo de inversión) y el promotor privado (empresario) endilgan al comprador un sobre coste, o inflan el precio final, entre un 60%-70% que, en realidad, constituye el verdadero robo en lo que es el verdadero cáncer, el verdadero problema de la vivienda, el capitalismo y su sistema de propiedad privada y forma de producción.

Mienten los capitalistas como Rallo cuando señalan que “Si mañana se pudieran construir con agilidad miles de viviendas nuevas, el mercado se volvería mucho menos rentable y mucho más arriesgado para los especuladores: es decir, mucho menos atractivo” (9 de mayo de 2026, Rallo, ABC “Vivienda: propaganda antes que soluciones”), porque la esencia del sistema capitalista no es satisfacer las necesidades del pueblo sino llenar los bolsillos de los capitalistas y ello lo hacen dislocando el precio del valor, o lo que es lo mismo, robando a la clase obrera como hemos demostrado con el tema de la vivienda. De hecho el construir más bajo el sistema capitalista que defienden los Rallo de turno y pedir  “Solo la liberalización del suelo y la agilización radical de los trámites urbanísticos pueden hacerlo” (9 de mayo de 2026, Rallo, ABC “Vivienda: propaganda antes que soluciones”), lo que significa es la acumulación de más vivienda en las manos de los fondos de inversión, bancos y capitalistas y más ruina para la clase obrera, pues el desarrollo del capitalismo, como la historia acredita, conduce a la concentración de la propiedad en unas pocas manos, al monopolio y, por ello, los voceros de la oligarquía financiera como Rallo, lejos de ir a la raíz del problema, lo que hacen es mentir para llegar a la conclusión que satisface a los responsables del problema: la banca, el capital financiero.

Sólo el socialismo, sólo la propiedad social de la vivienda que garantice el derecho al uso de la vivienda por parte de la clase obrera, puede garantizar que se satisfaga la necesidad de que no haya ningún trabajador, ninguna familia obrera, sin una vivienda en la que poder habitar. Para empezar, asumiendo el estado socialista toda vivienda cerrada y poniéndola al servicio del pueblo y, en el caso de necesidad de construcción de nueva vivienda, desarrollando un proceso de producción socialista de viviendas, donde la propia clase obrera pueda disponer del suelo necesario, cuyo propietario es el pueblo a través del Estado socialista, para edificar las viviendas que se necesiten poniendo los recursos necesarios dicho Estado, a través de su banco público, que liquide los sobre costes que introducen los parásitos capitalistas como la banca privada, los fondos de inversión y los promotores/empresarios.

Solo el socialismo puede garantizar la vida para la clase obrera que el capitalismo le niega a cada día que pasa pues la esencia del capitalismo no es satisfacer los intereses de la mayoría proletaria sino engordar los beneficios económicos de la minoría burguesa, del capital financiero. Sólo el socialismo puede resolver los problemas que azotan a la humanidad, que es el proletariado, hoy.

Sevilla, 30 de agosto de 2026

F.J. Barjas.

Secretario general del Partido Comunista Obrero Español (P.C.O.E.)

El encarecimiento del coste de la vida para la clase obrera constituye una de las expresiones más visibles de las contradicciones del capitalismo en su fase imperialista y última. Mientras los salarios permanecen estancados o crecen por debajo del aumento del coste de la vida, los beneficios de las grandes corporaciones, especialmente en sectores estratégicos como la vivienda, la energía, la banca o la distribución alimentaria, continúan aumentando. La inflación no ha supuesto un reparto equitativo de los sacrificios, ha significado una nueva transferencia de renta desde la clase obrera hacia el gran capital.

Hace apenas unas décadas, el acceso a una vivienda era una aspiración alcanzable para una familia obrera. En España, el precio medio de una vivienda equivalía aproximadamente a unos 120 salarios mensuales, mientras que hoy esa relación se ha multiplicado exponencialmente, convirtiendo la compra de una vivienda en una meta prácticamente inalcanzable para una gran parte de la juventud y de la clase obrera. La última estocada la trajo la Ley 6/1998 sobre “Régimen del suelo y valoraciones” aprobada por el fascista confeso y sicario de los monopolios, José María Aznar, asesor del fondo buitre inmobiliario J.E.Roberts y que hizo estallar la burbuja inmobiliaria de 2008. Pero ya venía precedida de estocadas anteriores por los gobiernos que le precedieron. El resultado es una generación condenada al alquiler permanente, a vivir en habitaciones, al endeudamiento o a retrasar indefinidamente su emancipación.

Del mismo modo, durante buena parte del siglo XX, un solo salario podía sostener, con mayores o menores dificultades, a una familia. La evolución del capitalismo ha invertido esa realidad. En la actualidad, incluso dos salarios resultan insuficientes para garantizar un nivel de vida digno en numerosos hogares. Una persona que vive sola debe destinar una parte creciente de sus ingresos al alquiler o la hipoteca, al suministro eléctrico, al gas, al transporte y a una cesta de la compra cuyo precio aumenta mucho más deprisa que los salarios. El margen para el ahorro desaparece, mientras cualquier gasto imprevisto conduce al endeudamiento.

La energía constituye uno de los ejemplos más claros de esta lógica. Un recurso indispensable para la vida y la producción permanece sometido a la búsqueda del máximo beneficio privado. Lo mismo sucede con los alimentos básicos, cuya distribución se concentra en manos de un reducido número de grandes empresas capaces de trasladar cualquier tensión artificialmente creada en el mercado a los precios finales, mientras preservan sus márgenes de beneficio. La inflación, lejos de afectar por igual a todos los sectores sociales, golpea con mucha mayor intensidad a quienes dependen exclusivamente de su salario.

Esta situación debe entenderse en el marco de una transformación estructural del capitalismo. La creciente hegemonía del capital financiero sobre el capital productivo ha subordinado la inversión, el empleo y la producción a la rentabilidad inmediata. La especulación inmobiliaria, los fondos buitres y los grandes grupos financieros condicionan cada vez más las decisiones económicas, silencian a los gobiernos de los estados, que se pliegan a sus deseos, desplazando la creación de riqueza material en favor de la acumulación financiera.

Las consecuencias sociales son evidentes. La juventud retrasa o renuncia a emanciparse, la natalidad disminuye, las condiciones laborales se precarizan y el horizonte de estabilidad desaparece para amplios sectores de la población. Para los comunistas son el resultado lógico de un sistema orientado prioritariamente a maximizar la rentabilidad del capital, incluso cuando ello implica deteriorar las condiciones materiales necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, la automatización, la robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial reducen la demanda de trabajo humano en determinados sectores, intensificando el poder de negociación del capital frente a una clase obrera cada vez más fragmentada y precaria.

La energía, la vivienda, la alimentación o las finanzas no pueden seguir funcionando exclusivamente como mercancías destinadas a generar beneficios privados, deben responder al interés general. La respuesta a esta situación no puede limitarse a medidas paliativas. Es necesario intervenir sobre las causas estructurales de la crisis mediante una revolución social.

El encarecimiento del coste de la vida no es un accidente pasajero ni una anomalía del mercado capitalista. Es la consecuencia lógica de un modelo económico que concentra la riqueza, socializa los costes y convierte necesidades fundamentales en fuentes de rentabilidad para una minoría y que ya no tiene más recorrido. Como dijo Lenin en su obra “Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo” (1920), ”Para que tenga lugar una revolución es indispensable que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como antes. Sólo cuando los “de abajo” no quieren vivir como antes, y los “de arriba” no pueden continuar como antes, puede triunfar la revolución”. Organizando dicha resistencia se halla el PCOE, construyendo las estructuras del poder obrero. El Partido avanza y se templa en la lucha con el objetivo de recuperar el control por parte de la clase obrera de los sectores estratégicos de la economía, establecer mecanismos eficaces de represión contra la resistencia de los privilegios de las clases que parasitan la economía mediante la especulación, el expolio y la violencia explícita, como vimos en la manifestación contra el turismo en Mallorca, cuando las contradicciones del sistema económico alcanzan la mayor temperatura. Frente a ello, el PCOE actúa de vanguardia de la clase obrera para la organización y para construir las herramientas imprescindibles que garanticen unas condiciones de vida dignas para nuestra clase y para poner la riqueza social al servicio de quienes la producen mediante la dictadura del proletariado, que construya un estado obrero capaz de demoler los privilegios de los rentistas y de los capitalistas chupasangres. Te llamamos a engrosar nuestras filas.

¡Por la demolición del capitalismo!

¡Por el fin del expolio para la clase obrera!

¡Por la organización obrera, milita en el PCOE!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Asturias ha sido históricamente uno de los grandes bastiones industriales y obreros del Estado español. La minería, la siderurgia, la construcción naval y la industria metalúrgica no solo sostuvieron durante décadas la economía de la región, sino que dieron origen a una clase trabajadora con una fuerte tradición de organización y lucha. Desde la Revolución de Octubre de 1934 hasta las grandes huelgas mineras del siglo XX, la historia de Asturias está estrechamente ligada al movimiento obrero.

Sin embargo, tras décadas de reconversiones industriales, cierres de empresas, privatizaciones y deslocalizaciones, el panorama ha cambiado profundamente. La pérdida de miles de empleos en la minería, la reducción de plantillas en la siderurgia y la desaparición de buena parte del tejido industrial han transformado la estructura económica de Asturias. Aunque continúan existiendo empresas industriales estratégicas, el peso de la industria se ha reducido mientras aumenta la dependencia del sector servicios y del turismo, sectores que, en muchos casos, ofrecen empleos más precarios y con peores condiciones laborales.

Las cifras de desempleo han mejorado respecto a los peores años de la crisis de 2008, pero esa mejora no siempre se traduce en estabilidad. La temporalidad, la contratación parcial involuntaria, la externalización de servicios y los bajos salarios siguen siendo una realidad para miles de trabajadores. Muchos jóvenes, aun contando con estudios y cualificación, se ven obligados a aceptar empleos precarios o a emigrar a otras comunidades o al extranjero en busca de oportunidades. Asturias continúa perdiendo población y presenta uno de los mayores índices de envejecimiento de Europa, consecuencia directa de un modelo económico incapaz de ofrecer perspectivas de futuro a gran parte de su juventud.

A esta realidad se suma otro problema que crece de forma silenciosa: el deterioro de la salud mental de la clase trabajadora. El aumento de los trastornos de ansiedad, la depresión, el agotamiento emocional o el estrés laboral reflejan el impacto que tienen unas condiciones de trabajo marcadas, en muchos casos, por la incertidumbre, la intensificación de los ritmos de producción, la presión constante por mantener el empleo y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Cada vez son más frecuentes las bajas laborales relacionadas con problemas psicológicos, que afectan no solo a la salud de los trabajadores, sino también a sus familias y a su calidad de vida

El coste de la vida continúa aumentando. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la clase trabajadora. Mientras existen miles de viviendas desocupadas, comprar o alquilar una vivienda resulta cada vez más difícil para muchas familias. En ciudades como Gijón y Oviedo, así como en buena parte del litoral asturiano, el incremento del precio de los alquileres y la expansión de las viviendas de uso turístico han reducido la oferta de alquiler residencial, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna para trabajadores y jóvenes.

A ello se añade que siguen produciéndose desahucios por impago de alquileres o hipotecas. Aunque en los últimos años se han aprobado diversas medidas de protección social, muchas familias continúan enfrentándose a situaciones de vulnerabilidad residencial. La vivienda, un derecho reconocido constitucionalmente, sigue funcionando como un activo económico sujeto a la lógica del beneficio.

La sanidad pública asturiana, también atraviesa dificultades. Las listas de espera, la falta de profesionales en determinadas especialidades, el cierre temporal de consultorios o las dificultades para cubrir plazas en algunas zonas rurales generan un creciente malestar entre la población. Paralelamente, la expansión de la sanidad privada y proyectos como el nuevo hospital de Quirón en Gijón reflejan un aumento del peso del negocio sanitario privado. Esta tendencia favorece una progresiva transferencia de recursos y pacientes hacia empresas privadas en detrimento del fortalecimiento de la sanidad pública.

A todo ello se suma el deterioro de otros servicios públicos. La educación enfrenta problemas de despoblación escolar en muchas comarcas, mientras el transporte público y otros servicios esenciales sufren dificultades especialmente en el medio rural. Las cuencas mineras y numerosos concejos del occidente y del interior continúan perdiendo población.

Este contexto de incertidumbre económica y social favorece también el crecimiento de posiciones reaccionarias y surgen discursos que canalizan ese descontento hacia explicaciones simplistas o hacia la búsqueda de culpables distintos de las causas reales.Es cuando surge el nacionalismo más exacerbado, que hoy se enquista en los barrios obreros. Este fenómeno debe analizarse atendiendo a las condiciones materiales que lo hacen posible y a las contradicciones propias del desarrollo del capitalismo.

Otro problema que afecta al movimiento obrero es su fragmentación. Asturias cuenta con una larga tradición sindical y asociativa, pero también con una gran diversidad de organizaciones, plataformas y colectivos que, en numerosas ocasiones, actúan de forma separada. Las diferencias estratégicas, ideológicas o organizativas pueden dificultar la construcción de respuestas comunes frente a problemas compartidos como la precariedad o la pérdida de empleo.

La unidad de la clase trabajadora constituye un elemento central para aumentar su capacidad de organización y de intervención. Para derribar este orden socioeconómico se debe también mantener una lucha sin tregua contra el oportunismo ya que es quien allana el camino a la reacción y perpetúa la supervivencia de este sistema. La lucha contra el imperialismo es inútil si no se lucha contra el oportunismo. Esta reflexión continúa siendo una cuestión fundamental dentro de toda organización obrera.

Asturias posee una enorme experiencia histórica de lucha. Esa memoria forma parte de su identidad colectiva. Sin embargo, los desafíos actuales exigen de nuevo las formas clásicas de organización que dieron triunfos a la clase obrera, formas capaces de responder a una economía cada vez más concentrada, donde los grandes grupos empresariales y financieros tienen una influencia creciente sobre la producción, la vivienda, la energía y los servicios esenciales.

El futuro de Asturias dependerá de su capacidad para organizarse en la lucha contra el capital y preparar la revolución. Estos objetivos requieren una clase trabajadora organizada en un solo partido, consciente de sus intereses comunes y capaz de construir respuestas colectivas frente a los problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de la población. Solo mediante la unidad, la solidaridad y la organización podrá recuperarse el protagonismo histórico que la clase obrera asturiana ha demostrado en algunos de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero.

Organízate en el partido comunista obrero Español

Socialismo o barbarie

Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Asturias

La entrevista del periódico Nortes a Xabel Vegas, portavoz de IU/Sumar en Asturias, refleja unas contradicciones políticas ante el nuevo contexto internacional, típicas de la socialdemocracia. Por un lado, mantiene un discurso pacifista y antimilitarista; por otro, defiende el desarrollo de la industria militar española y europea bajo el concepto de “autonomía estratégica”.

Vegas afirma que su organización es “pacifista” y “antimilitarista”, pero sostiene al mismo tiempo que Europa necesita reforzar su capacidad industrial de defensa y que Indra debe convertirse en un polo estratégico para producir blindados.

Su argumento no consiste en defender el rearme por sí mismo, sino en afirmar que, si existe producción militar, es preferible que la controle una empresa pública española antes que una multinacional estadounidense como General Dynamics.

La cuestión deja de ser si aumenta la capacidad militar y pasa a ser quién controla esa producción. Este desplazamiento resulta insuficiente, porque el problema no reside únicamente en la propiedad formal de la empresa, sino en la función económica y política que desempeña dentro del sistema capitalista.

Vegas sostiene que Indra es una empresa pública participada por la SEPI y que, por tanto, representa una alternativa preferible.

Sin embargo,la propiedad estatal no elimina necesariamente las relaciones capitalistas. Un Estado capitalista puede poseer empresas que continúan funcionando según criterios de rentabilidad, competencia internacional y acumulación de capital.

En este sentido, el hecho de que Indra tenga participación pública no modifica por sí mismo la naturaleza de su actividad principal: producir tecnología destinada al ámbito militar mediante contratos financiados con recursos públicos.

El concepto de “autonomía estratégica” ocupa un lugar central en toda la argumentación.

Vegas dice que Europa debe reducir su dependencia militar de Estados Unidos y desarrollar una industria propia de defensa.

Esta idea plantea una cuestión fundamental: sustituir la dependencia de una potencia por el fortalecimiento de otra no implica necesariamente superar la lógica del imperialismo. Puede interpretarse como un intento de reforzar la capacidad económica, tecnológica y militar de un bloque geopolítico dentro del mismo sistema internacional.

El debate deja entonces de situarse entre militarismo y pacifismo para convertirse en una discusión sobre qué bloque dispone de mayor autonomía.

Otro de los argumentos recurrentes es la creación de empleo industrial en Asturias. Sin embargo, surge una pregunta: ¿debe vincularse el desarrollo industrial de una región a la expansión de la producción militar?

El problema no consiste únicamente en crear empleo, sino en decidir hacia qué sectores se orientan la inversión pública, la capacidad tecnológica y el conocimiento científico.

Una política industrial basada en contratos militares puede generar puestos de trabajo, pero también hace depender esos empleos de la continuidad del gasto en defensa.

Cuando se le pregunta por empresas proveedoras vinculadas a Israel, Vegas responde que considera inaceptable mantener relaciones con un Estado al que califica de “terrorista” y sostiene que esos proveedores deben ser sustituidos. Su respuesta reconoce el problema y propone eliminar esos suministros. Pero, hasta qué punto una industria militar integrada en cadenas internacionales puede desvincularse de los intereses estratégicos y comerciales que caracterizan al mercado mundial del armamento.

El resultado es vender una farsa, donde conviven principios potencialmente difíciles de armonizar pero que al fin y al cabo, es la lógica del oportunismo, la lógica de la socialdemocracia que, históricamente, allana el camino al fascismo implementando las políticas necesarias para que el imperialismo continúe desarrollándose.

Mientras las empresas estén en manos de una minoría parasitaria que decide qué se produce y cuyo fin último es el lucro privado, y no el bienestar social, no importa qué bloque geopolítico tiene mayor autonomía – una autonomía que es una ilusión en una economía totalmente interconectada -, porque toda la producción irá destinada a enriquecer a la burguesía, no a satisfacer las necesidades de la clase obrera.

Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Asturias