La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, dice en sus artículos 23.2 y 23.3: «Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual». «Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social».

Esta declaración, tan aplaudida e invocada por gobiernos de todos los colores en los países capitalistas, consagra de esta forma la esclavitud asalariada, el trabajo asalariado como única forma de subsistencia para la clase trabajadora, negando de esta forma el derecho de una sociedad a una organización económica superior, a la supresión del salario como método de esclavitud moderna, a la superación del capitalismo como sistema económico criminal e inhumano para instaurar un sistema superior, más justo y necesario, el Socialismo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que un intento de legitimar el capitalismo como estado final de la sociedad humana, intentando negar la inevitable descomposición actual del sistema, que ya sólo se sostiene a base de guerra, explotación y miseria. Reflejo de esto es también su artículo 21.3, que indica que «la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente», negando así la participación política del pueblo más allá de las elecciones, negando la organización de las masas populares y su acceso al poder al margen de las instituciones burguesas.

Pero si esta declaración no es más que la plasmación de la explotación capitalista, la carta magna del imperialismo, ni siquiera éste respeta sus propios artículos, mostrando que en el estado de descomposición actual del capitalismo, la tendencia a la reacción y al fascismo anula cualquier derecho democrático en aras de salvaguardar el poder económico de una minoría.

En su artículo 13.2, la DUDDHH dice: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Y el artículo 14.1, dice: «En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país». Estos artículos plantean una contradicción enorme en el mundo capitalista, pues el imperialismo sólo se sostiene hoy mediante guerras de rapiña para explotar recursos en otros países, de forma que es responsable directo de las condiciones inhumanas que obligan a muchos pueblos a abandonar sus países huyendo de la destrucción de la guerra.

La realidad demuestra el desprecio del imperialismo por sus propias leyes, por sus declaraciones de derechos y de intenciones, que se vuelven papel mojado en cuanto el pueblo pretende llevarlas a la práctica. Y si bien los Estados capitalistas incumplen leyes y acuerdos que ellos mismos firman, la justicia, como un instrumento más al servicio del sistema, no duda en adaptar las leyes que considere necesarias para intentar legitimar estos abusos. Así lo confirma el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes que lleva años realizando el Estado español.

El fallo se sustenta en la irregularidad de la entrada de esos inmigrantes, que no usaron los «canales regulares» para acceder al país, canales que la propia Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa lleva años denunciando que no existen. La inmigración es, como todo en este sistema, una cuestión de clase. Esos ‘canales regulares’ existen para quienes pueden adquirir un bien inmueble por valor igual o superior a 500.000 euros, o quienes pretendan realizar una inversión significativa de capital, por un valor igual o superior a 2 millones de euros, tal como regula la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su artículo 63.

Estas son las leyes que defienden los mismos que hipócritamente condenan esta resolución del TEDH. Sira Rego, eurodiputada de IU, partido que ha sido el sostén del PSOE en numerosos gobiernos y que forma parte del actual gobierno de coalición entre social fascistas y oportunistas, declaraba que «estamos ante un día triste para los derechos humanos y lamentamos profundamente esta sentencia, que es regresiva y permitirá a la UE seguir aplicando políticas migratorias racistas y xenófobas en sus fronteras», omitiendo que es el Estado español de cuyo gobierno forma parte su partido el que ha incumplido sistemáticamente el anterior criterio de ese tribunal, que viene tan sólo a legitimar una práctica que ya se estaba llevando a cabo.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) manifestaba que «no todo vale en la gestión de los flujos migratorios, y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los derechos humanos», mientras que este sindicato junto con UGT se han posicionado en numerosas ocasiones del lado del imperialismo, responsable de la destrucción de los países de los que esos mismos inmigrantes huyen.

Oportunismo político y sindical de la mano, condenando las consecuencias de las causas que apoyan, ambos hablando de derechos humanos, negando la cuestión principal, la cuestión de clase, legitimando este sistema que niega los derechos a la clase explotada, la clase trabajadora, y se los concede a los explotadores. Esos son los derechos ‘humanos’ que defienden en la práctica tanto unos como otros.

El pueblo jamás podrá vivir en paz mientras siga dejando su futuro en manos de oportunistas, mientras no se organice para tomar el poder y mandar al estercolero de la historia este sistema criminal, para construir la única alternativa posible, el Socialismo. Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento a todas las clases populares a alejarse del oportunismo político y sindical y a organizarse desde abajo en un Frente Único del Pueblo, que una todas las luchas en una única contra el capitalismo, que se convierta en un órgano de poder que permita que las riquezas que generamos los trabajadores pasen a manos del pueblo.

 

Desde hace décadas los trabajadores se han dejado engañar por aquellos que nos consideran incapaces de tomar el control de la producción, de la economía y de la sociedad, a pesar de ser nosotros quienes producimos toda la riqueza del país con nuestro sudor y sangre.

Nos aseguran con rotundidad que necesitamos empresarios-parásitos que nos esclavicen y se apropien de nuestro trabajo. No hay otra alternativa nos dicen.

Al mismo tiempo gritan “¡Sí se puede!”, para que les votemos, y una vez sentados en la alcaldía, parlamento o congreso de turno, nos dicen que no les dejan.

Pero la realidad es que ellos existen gracias a la explotación de los trabajadores; si los trabajadores de la ciudad y el campo fuéramos dueños de las empresas, las fábricas, las tierras, las minas y los recursos naturales tan inmensos que emanan de nuestros suelos, los charlatanes de los ayuntamientos, parlamentos y congresos tendrían que ponerse a trabajar, de la misma manera que sus amos empresarios, terratenientes y banqueros.

El pueblo gaditano en especial vive en sus carnes el infierno de la esclavitud en los centros de trabajo y en los campos, el desempleo y la desesperanza de no encontrar un trabajo decente, las pensiones de miseria que apenas permiten llenar el frigorífico, o la falta de futuro de una juventud que por mucho que estudie seguramente tenga que emigrar lejos de su tierra o ganarse la vida de cualquier manera.

Esa es la cruda realidad que maquillan los manporreros de los explotadores que nos inculcan falsas ilusiones en unas instituciones y unas leyes que están hechas por y para los ricos.

Los del “¡Sí, se puede!” no ofrecen otra alternativa a los trabajadores de Navantia que elegir entre el pan o la paz. Son, de esta manera, cómplices de la guerra criminal que Arabia Saudí, que tiene el mismo código penal que el Estado Islámico, ha impuesto en Yemen con la ayuda de los imperios de EEUU, Francia y Reino Unido, provocando una de las mayores catástrofes humanitarias de los últimos años. Los del “¡Sí, se puede!” ahora dicen que no se puede tener trabajo y vivir en paz con otros pueblos hermanos. Nos quieren convertir en cómplices de la barbarie.

Los del “¡Sí, se puede!” se muestran muy “demócratas” con los fascistas de VOX, juntos de la mano celebran la Constitución del 78 que impone la esclavitud que hoy vivimos. Son tan “demócratas” que ven con buenos ojos que a los fascistas de VOX se les pueda votar.

Pero lo que no permiten es que las familias obreras al borde del desahucio y la indigencia muestren su desesperación en los plenos del ayuntamiento, hasta el punto de multar a aquellos que llaman a las cosas por su nombre en presencia del “excelentísimo” alcalde. Multas para el pueblo llano cuando alza la voz, subvenciones, ayudas y servicios municipales para los empresarios.

Es hora de que la clase obrera vuelva a tener un norte propio: ser dueños de nuestro destino, no tener amos ni dueños. Lo cual significa que los latifundios de los señoritos, que reciben millonarias subvenciones de Europa, que los cotos privados que sirven para el recreo de marqueses y demás parásitos, que la industria, las empresas, los bancos, las minas, las maquinarias, pasen a manos del pueblo, pues es de su trabajo de donde emana toda esa riqueza.

Por supuesto, esto no nos lo va a dar ninguna institución, ayuntamiento, parlamento o congreso, porque todos están para defender el régimen corrupto actual.

El pueblo trabajador ha de tomarlo sin pedir permiso, y para eso no tiene otra que organizarse desde abajo, uniendo todas las clases trabajadoras de las empresas, fábricas, cortijos, barrios, con los pensionistas, los jóvenes, los autónomos, pequeños campesinos.

Es necesario organizar un Frente Único del Pueblo para acabar con los parásitos y para que todo el pueblo sea dueño de las riquezas, poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de toda la sociedad y así tener todas las necesidades cubiertas.

 

Nuestra provincia es una de las más ricas de Andalucía y, sin duda, una donde la explotación capitalista se manifiesta de manera más descarnada, al igual que el paro.

Tras expirar el 31 de diciembre el Convenio Provincial de la Hostelería, la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz HORECA – organización integrada tanto en la CEA como en la CEOE – manifestó que en la negociación del nuevo Convenio Provincial de la Hostelería de Cádiz, una de sus aspiraciones es la introducción de una ampliación de la jornada máxima diaria de los trabajadores pasando de 9 a 12 horas. Sin duda la aspiración de la Patronal es agudizar más la explotación, en un sector donde hay en torno a 30.000 trabajadores en nuestra provincia, donde se realizan multitud de horas de trabajo efectivo que no están siendo reconocidas y, por tanto, tampoco remuneradas.

La Patronal gaditana quiere agudizar la explotación todavía más, quiere un incremento en la distribución irregular de la jornada de los trabajadores, en definitiva, no sólo quieren extraer más plusvalía sino quieren establecer mecanismos para concentrar todavía más esta extracción de plusvalía.

Otro sector importante en nuestra provincia es el agrario, en el que los sindicatos diferencian, de partida, a los trabajadores de la vid con el resto de trabajadores agrícolas, una nueva prueba de fraccionamiento de la Patronal con la que, sin duda, colaboran los sindicatos al servicio del Estado, CCOO y UGT.

Otros trabajadores que son divididos enormemente son los que viven del mar, que en nuestra provincia son muchos. Por un lado tenemos a los trabajadores que trabajan en los astilleros, adscritos al metal, por otro los trabajadores del mar, adscritos a convenios incluso a nivel de puertos, transporte marítimo, estibadores, pescadores, etcétera.

La Patronal tiene a los trabajadores como quiere, totalmente divididos y las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de nuestra provincia, al igual que la de los trabajadores del resto del Estado español, cada vez son peores. Nuestra provincia está abonada a liderar la clasificación en términos de paro, por encima del 26%, cifra que se multiplica si hacemos referencia al paro juvenil. Pero no debemos quedarnos aquí, la tasa de actividad en la provincia de Cádiz está en torno al 54%, quiere decir que en nuestra provincia, de cada 100 personas en edad de trabajar, 46 ni tienen trabajo ni están inscritos como demandantes de empleo en el SAE. Lo que significa que en la provincia de Cádiz, si sumamos los desempleados a la tasa de trabajadores no activos, únicamente posee un empleo – entendiendo como empleo el cotizar una hora al mes o, incluso estar desempleado haciendo un curso del SAE que es como hacen las estadísticas –en torno al 39,5% de la población gaditana en edad de trabajar.

A esta situación debemos sumar los desahucios, la calidad de la educación y la sanidad pública, cada día peores, por no hablar de nuestros niños y niñas, pues la provincia de Cádiz tiene una tasa del 41,5% de población infantil en riesgo de pobreza, sólo superado en este ranking en Andalucía por la provincia de Almería.

Por el contrario, los empresarios cada vez obtienen una mayor plusvalía y nuestra provincia alberga grandes latifundios, riqueza que sale de nuestra provincia, que es generada por el proletariado y el pequeño campesinado de nuestra provincia, que lo único que nos deja es miseria, paro y desigualdad a la par que los monopolios y los terratenientes se llenan los bolsillos.

Es momento de que los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Cádiz rompamos la estrategia de la burguesía de dividirnos y nos organicemos y unamos. Todos los trabajadores, ya sean del campo o de la ciudad, ya sean del mar o de la industria, sufrimos por igual la explotación capitalista. Las divisiones que la patronal hace por sectores de la producción es una forma que tiene ésta para dividirnos a los que realmente generamos la riqueza con nuestra fuerza de trabajo. La burguesía, la patronal, sabe perfectamente que estando los trabajadores divididos y desorganizados ellos siempre ganarán y nosotros, los trabajadores, siempre perderemos.

En esta estrategia de división, se arrodillan ante la patronal tanto los sindicatos vendidos – como son CCOO y UGT – como los partidos oportunistas (IU-PCE-Podemos) que fraccionan las luchas del proletariado (en mareas de diferentes colores). Y es que la lucha por la sanidad pública, por la educación pública, por la tierra para los jornaleros, por el derecho al trabajo, la lucha de la mujer obrera, la lucha de los pensionistas, la lucha de la juventud por un futuro o la lucha contra los desahucios y por una vivienda digna, no son luchas separadas, sino que son diferentes maneras de expresarse en la que se manifiesta la lucha de clases. Por ello, en Cádiz se hace fundamental la unión de todas esas luchas en una única lucha de clases contra el responsable de todos esos efectos: El capitalismo monopolista y su Estado. Hoy es una necesidad histórica la unión de todas esas luchas en un Frente Único del Pueblo que sea capaz de unirlas en una única lucha de clases contra la burguesía y su Estado, por la superación de este sistema inhumano que padecemos y que nos condena a los trabajadores a la miseria y a la muerte.

 

Barcelona intenta presentar-se davant el món com una de les ciutats més obertes i cosmopolites que existeixen. L’ajuntament de Barcelona en Comú projecta la imatge d’una gestió eficaç en contra de la precarietat davant els socialdemòcrates del planeta que no dubten en oferir-li suport i reconeixement. Exemples d’això són l’ex presidenta del Brasil, Dilma Rousseff o l’aspirant a la presidència dels EUA, Bernie Sanders. Encara que a l’hora de la veritat, el suport més efectiu que ha rebut el consorci va ser el del reaccionari i feixista Manuel Valls, en la seva fanàtica croada en contra del dret a l’autodeterminació de Catalunya que li va portar a secundar sense condicions, la força no independentista més votada. Fora de les fronteres de la ciutat, s’ha inculcat la falsa idea que el fet que Ada Colau hagi accedit a l’alcaldia ha estat un èxit dels moviments social, de les aspiracions i reivindicacions populars. Res més lluny de la realitat. Entre tanta preocupació per la percepció que es té des de fora, què queda pels qui vivim aquí? què queda pels qui estudiem aquí? què queda pels qui treballem aquí? i què queda pels qui viuen la seva vellesa en aquesta ciutat?

El passat 31 de gener el Periódico donava resposta a aquesta última qüestió en posar en coneixement una sèrie de reveladores xifres que el cap del cos d’emergències municipal va presentar en la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Aquestes xifres estipulen que l’any passat, 141 persones, gairebé totes elles majors de 60 anys, van ser trobades sense vida en el seu domicili per part del cos de Bombers de la ciutat. Per consegüent, es pot determinar que de mitjana una persona gran mor en solitud i en el més absolut oblit cada dos dies a la ciutat comtal.

No obstant, aquestes xifres únicament recullen els casos en els quals ha estat necessari tirar la porta a baix per a poder accedir al domicili. Les ocasions en les quals un familiar o un veí ha pogut obrir la porta en posseïr una clau no es comptabilitzen, amb la qual cosa és deduïble que el número de morts és encara major. El consistori de l’Ajuntament està intentant creuar dades de diferents entitats per a poder concretar una xifra més exacta i ha determinat que a aquestes 141 persones se’ls ha de sumar 16 computats més pel servei municipal de teleassistència. Però les xifres poden anar molt més enllà si tenim en compte que els Mossos d’Esquadra van registrar 786 successos, els quals van acudir a una residència en què hi havia una persona morta dins i la Guàrdia Urbana de Barcelona en recull 207. La qüestió és que, en tots dos casos, no es fa distinció entre els quals vivien en solitud o en companyia.

Des de 2001, a Catalunya el nombre d’habitants amb més de 65 anys ha crescut gairebé un 30%. Els casos de persones majors que viuen en aïllament s’accentuen més en ciutats com Barcelona; més del 10% de la població té més de 76 anys. Davant aquesta perspectiva, les institucions es veuen desbordades. Com ja ens tenen acostumats els responsables públics, incapaços de dur a terme una solució efectiva davant aquesta xacra, es recolzen en entitats privades com la Creu Roja o Amics de la Gent Gran per a atallar el problema. Tracten la vellesa com si fos un problema, quan l’únic problema aquí és un sistema de producció que posa data de caducitat als éssers humans. La realitat és que està més que demostrat que arremetre sobre la superficialitat, amb voluntarisme o caritat, a través de petits canvis quantitatius, no s’aconsegueix abordar el problema des de la seva arrel.

Un exemple de la poca vergonya de les institucions a l’hora d’enfrontar-se a les seves suposades responsabilitats socials envers la gent gran a Barcelona es troba en el cas de la residència per a la tercera edat de l’antiga fàbrica Alchemika en el barri del Clot Camp de l’Arpa. L’Associació de Veïnes i Veïns del barri porta gairebé deu anys lluitant perquè aquesta residència sigui gestionada de manera pública ja que la inversió per a la seva construcció prové de la Generalitat i la construcció va anar a càrrec de l’Ajuntament, el qual també va aportar fons. Reclamen, a més, prioritat en les llistes d’espera per als veïns del barri. No obstant això, una vegada acabada l’obra al 2016, la residència va romandre tancada amb un vigilant de seguretat 24 hores a la porta i així va restar a l’espera que la Generalitat adjudiqués l’administració a una empresa privada en contra de la voluntat dels veïns. Al 2017, la gestió del centre va passar a les mans d’una UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per Ingesan (filial de OHL) i Asproseat. L’ajuntament actual per la seva part va dir que volia comprar completament la residència per a posar-la a la disposició dels veïns, és a dir, volien comprar amb els nostres diners, quelcom que es va construir amb els nostres diners, amb el treball dels nostres companys de classe i que ens pertany.

Com pot llavors la classe obrera permetre’s una vellesa en pau amb tals paràsits polítics aliats dels especuladors? Com pot la classe obrera conciliar una vida sent explotada amb l’atenció als seus parents majors si no disposa d’una ínfima ajuda? La vexació amb la qual es tracta a la tercera edat és descoratjadora.

En algunes ocasions, els Bombers acudien a l’habitatge advertits per algú que es trobava fora i que no podia contactar amb el seu parent que vivia sol. En altres casos, directament s’acudia quan els veïns començaven a olorar el cos en descomposició. I és que Barcelona no deixa de ser un paradís per als capitalistes, els quals veuen als treballadors com a màquines amb una vida útil. Quan envellim ja no importem perquè no som profitosos per a generar i produir la seva riquesa.

La solitud en la qual moren aquestes persones en la seva vellesa és un símptoma més d’aquest capitalisme depredador, que no fa més que separar els vincles de germanor dels éssers humans mitjançant la glorificació del seu individualisme, mantenint i enfortint així la seva maquinària productiva en detriment de la unió popular i el suport mutu. També demostra com un sistema com en el que vivim no té gens d’interès en ajudar les famílies treballadores a poder conciliar el seu treball amb la cura d’una persona major, forçant als treballadors a portar una vida de misèria fins als nostres últims dies.

Els ancians que moren sols a les seves llars són persones que porten tota la seva vida creant riquesa. Riquesa que desgraciadament ha acabat en mans de quatre burgesos xucla sang que veuen Barcelona com el seu tauler de Monopoli sobre el qual dur a terme el seu joc econòmic especulatiu i que tangencialment es converteix en res per a les persones que vivim aquí. És inadmissible que els últims anys de la vida de tants treballadors hagin de passar-se en aïllament induït o en una desatenció sanitària i afectiva total. No es pot tolerar que les famílies treballadores no puguin permetre’s una ajuda qualificada per a acompanyar als seus majors. I és que per més que Ada Colau vingui dels moviments socials, la seva consciència i la seva falta d’humanitat és completament antiobrera i tot el seu poder descansa sobre els òrgans polítics d’un Estat corrupte i feixista. I és que després de cinc anys de mandat ens continuen traient el dret al treball, el dret a un sostre i fins hi tot ens continuen robant la dignitat després de tota una vida de sacrifici i explotació en arribar a la vellesa. Un ajuntament com el de Colau no fa que l’Estat sigui una mica més “democràtic” sinó que li neteja la cara al feixisme.

És per això que la classe obrera de Barcelona no ha de ser còmplice d’aquesta agressió. Hem de mobilitzar-nos davant aquest atropellament als drets dels nostres majors que no és més que la punta de l’iceberg de tota una existència d’alienació, explotació i sofriment silenciós. És el moment d’alçar la veu. Li ho devem als que porten tota una vida patint el menyspreu dels explotadors i els seus lacais polítics. Només la classe obrera organitzada en el Front Únic del Poble podrà desfer aquest despropòsit de l’oportunisme que es viu a Barcelona i prendre consciència de que és possible viure en dignitat i per tant, morir també amb dignitat, satisfet i en pau. El Partit Comunista Obrer de Catalunya fa una crida a les treballadores i treballadors més conscienciats a engrossir les files del Partit per a establir les bases d’un món en el qual valgui la pena viure.

Barcelona intenta presentarse ante el mundo como una de las ciudades más abiertas y cosmopolitas que existen. El ayuntamiento de Barcelona en Comú proyecta la imagen de una gestión eficaz en contra de la precariedad ante los socialdemócratas del planeta que no dudan en ofrecerle apoyo y reconocimiento. Ejemplos de ello son la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff o el aspirante a la presidencia de los EEUU, Bernie Sanders. Aunque a la hora de la verdad, el apoyo más efectivo que ha recibido el consorcio fue el del reaccionario y fascista Manuel Valls, en su fanática cruzada en contra del derecho a la autodeterminación de Catalunya que le llevó a apoyar sin condiciones a la fuerza no independentista más votada. Fuera de las fronteras de la ciudad, se ha inculcado la falsa idea de que el hecho de que Ada Colau haya accedido a la alcaldía ha sido un éxito de los movimientos sociales y de las aspiraciones y reivindicaciones populares. Nada más lejos de la realidad. Entre tanta preocupación por la percepción que se tiene desde fuera ¿qué queda para los que vivimos aquí? ¿qué queda para los que estudiamos aquí? ¿qué queda para los que trabajamos aquí? ¿y qué queda para los que viven su vejez en esta ciudad?

El pasado 31 de enero el Periódico daba respuesta a esta última cuestión al poner en conocimiento una serie de reveladoras cifras que el jefe del cuerpo de emergencias municipal presentó en la Junta de Seguridad Local de Barcelona. Dichas cifras estipulan que el pasado año, 141 personas, casi todas ellas mayores de 60 años, fueron encontradas sin vida en su domicilio por parte del cuerpo de Bomberos de la ciudad. Por consiguiente, se puede determinar que de media una persona mayor fallece en soledad y en el más absoluto olvido cada dos días en la ciudad condal.

Sin embargo, estas cifras únicamente recogen los casos en los que ha sido necesario tirar la puerta abajo para poder acceder al domicilio. Las ocasiones en las que un familiar o un vecino ha podido abrir la puerta al poseer una llave no se contabilizan, con lo cual es deducible que el número de fallecidos es aún mayor. El consistorio del Ayuntamiento está intentando cruzar datos de diferentes entidades para poder concretar una cifra más exacta y ha determinado que a estas 141 personas se les debe sumar 16 computados por el servicio municipal de teleasistencia. Pero las cifras pueden ir mucho más allá si tenemos en cuenta que los Mossos d’Esquadra registraron 786 sucesos en los que acudieron a una residencia en la que había una persona fallecida dentro y la Guardia Urbana de Barcelona recoge 207. La cuestión es que, en ambos casos, no se hace distinción entre los que vivían en soledad o en compañía.

Desde 2001, en Catalunya el número de habitantes con más de 65 años ha crecido casi un 30%. Los casos de personas mayores que viven en aislamiento se acentúan más en ciudades como Barcelona; más del 10% de la población tiene más de 76 años. Ante esta perspectiva, las instituciones se ven desbordadas. Como ya nos tienen acostumbrados los responsables públicos, incapaces de tener una solución efectiva ante esta lacra, se apoyan en entidades privadas como la Cruz Roja o Amics de la Gent Gran para atajar lo que para ellos es un problema. Y es que tratan algo tan normal como la vejez como si fuera un problema, cuando el único problema aquí es un sistema de producción que pone fecha de caducidad a los seres humanos. La realidad es que está más que demostrado que arremetiendo sobre la superficialidad, con voluntarismo o caridad, a través de pequeños cambios cuantitativos, no se consigue abordar el problema desde su raíz.

Un ejemplo de la poca vergüenza de las instituciones a la hora de enfrentarse a sus supuestas responsabilidades sociales para con la gente mayor en Barcelona se encuentra en el caso de la residencia para la tercera edad de la antigua fábrica Alchemika en el barrio del Clot Camp de l’Arpa. L’Associació de Veïnes i Veïns del barrio lleva casi diez años luchando para que dicha residencia sea gestionada de forma pública puesto que la inversión para su construcción proviene de la Generalitat y la construcción corrió a cargo del Ayuntamiento, el cual también aportó fondos. Reclaman, además, prioridad en las listas de espera para los vecinos del barrio. Sin embargo, una vez acabada la obra en 2016, la residencia permaneció cerrada con un vigilante de seguridad 24 horas en la puerta y así permaneció a la espera de que la Generalitat adjudicara la administración a una empresa privada en contra de la voluntad de los vecinos. En 2017, la gestión del centro pasó a manos de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Ingesan (filial de OHL) y Asproseat. El ayuntamiento actual por su parte dijo que quería comprar completamente la residencia para ponerla a disposición de los vecinos, es decir, querían comprar con nuestro dinero, algo que se construyó con nuestro dinero, con el trabajo de nuestros compañeros de clase y que nos pertenece.

¿Cómo puede entonces la clase obrera permitirse una vejez en paz con tales alimañas políticas aliadas con los especuladores? ¿Cómo puede la clase obrera conciliar una vida siendo explotada con la atención a sus parientes mayores si no dispone de una ínfima ayuda? La vejación con la que se trata a la tercera edad es descorazonadora.

En algunas ocasiones, los Bomberos acudían a la vivienda advertidos por alguna persona que se encontraba fuera y que no podía contactar con su pariente que vivía solo. En otros casos, directamente se acudía cuando los vecinos empezaban a oler el cuerpo en descomposición. Y es que Barcelona no deja de ser un paraíso para los capitalistas, los cuales ven a los trabajadores como máquinas con una vida útil. Cuando envejecemos ya no importamos porque no somos provechosos para generar y producir su riqueza.

La soledad en la que mueren estas personas en su vejez es un síntoma más de este capitalismo depredador, que no hace más que separar los vínculos de hermandad de los seres humanos mediante la glorificación de su individualismo, manteniendo y fortaleciendo así su perverso modo de producción en detrimento de la unión popular y el apoyo mutuo. También demuestra como un sistema como en el que vivimos no tiene ningún interés en ayudar a las familias trabajadoras a poder conciliar su trabajo con el cuidado de una persona mayor, forzando a los trabajadores a llevar una vida de miseria hasta nuestros últimos días.

Los ancianos que mueren solos en sus casas son personas que llevan toda su vida creando riqueza. Riqueza que desgraciadamente ha acabado en manos de cuatro burgueses chupa sangres que ven en Barcelona su tablero de Monopoly sobre el que llevar a cabo su juego económico especulativo y que tangencialmente se convierte en nada para las personas que vivimos aquí. Es inadmisible que los últimos años de la vida de tantos trabajadores tengan que pasarse en aislamiento inducido o en una desatención sanitaria y afectiva total. No se puede tolerar que las familias trabajadoras no puedan permitirse una ayuda cualificada para acompañar a sus mayores. Y es que por más que Ada Colau venga de los movimientos sociales, su conciencia y su falta de humanidad es completamente antiobrera y todo su poder descansa sobre los órganos políticos de un Estado corrupto y fascista. Y es que tras cinco años de mandato nos siguen arrebatando el derecho al trabajo, el derecho a un techo y hasta nos siguen robando la dignidad tras toda una vida de sacrificio y explotación al llegar a la vejez. Un ayuntamiento como el de Colau no hace que el Estado sea un poco más “democrático” sino que le limpia la cara al fascismo.

Es por ello que la clase obrera de Barcelona no deber ser cómplice de esta agresión. Debemos movilizarnos ante este atropello a los derechos de nuestros mayores que no es más que la punta del iceberg de toda una existencia de alienación, explotación y sufrimiento silencioso. Es el momento de alzar la voz. Se lo debemos a los que llevan toda una vida acarreando el ninguneo de los explotadores y sus lacayos políticos. Solo la clase obrera organizada en el Frente Único del Pueblo podrá deshacer este despropósito del oportunismo que se vive en Barcelona y tomar conciencia de que es posible vivir en dignidad y, por lo tanto, morir también con dignidad, satisfecho y en paz. El Partit Comunista Obrer de Catalunya hace un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores más concienciados a engrosar las filas del Partido para sentar las bases de un mundo en el que valga la pena vivir.

 

Al igual que la cuestión nacional, la cuestión de la tierra es otra cuestión que la burguesía en España no ha sido capaz de resolver. El pasado día 29 de enero se veía en los medios de comunicación del capital la movilización de campesinos extremeños en Don Benito, donde se produjeron cargas policiales, coincidiendo con la feria agraria Agroexpo, en la que estaba el Ministro de Agricultura. Al día siguiente, el 30 de enero, los medios se fijaban en los cortes de la autovía A4, a la altura de Andújar y de La Carolina, donde campesinos andaluces se movilizaban exigiendo un precio justo del aceite. Estas movilizaciones, organizadas por las patronales agrarias UPA, COAG y ASAJA, así como por patronales agrarias provinciales, no sólo se desarrollaron en Andalucía y en Extremadura, sino también en provincias de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Galicia, Castilla La Mancha o Cantabria.

Los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, la pequeña y mediana burguesía agraria, reivindican, entre otras cosas, la falta de precios justos, la subida de los costes de producción, los recortes en las ayudas provenientes de la UE y de las administraciones españolas y, como consecuencia de ello, la despoblación del agro, y la especulación con los productos agrarios, de tal modo que el campesino obtiene cada vez un precio menor por sus productos mientras los intermediarios, los agentes que participan en la comercialización de dichos productos agrarios, se acrecienta. También se quejan de los efectos provocados por el Brexit y la guerra comercial interimperialista.

La bancarrota económica del Estado, lo es también institucional y política y, ante este cuadro, el capitalismo monopolista de Estado se está rompiendo por los flancos que ha sido incapaz de resolver; la cuestión nacional en Cataluña, Euskadi y Galicia, ahora por la cuestión de la tierra, y también por la creciente desigualdad y agudización de la explotación capitalista.

En el Estado español, en 2009 según el último censo agrario realizado por el INE, la pequeña explotación de la tierra contaba con 503.082 explotaciones agrarias que abarcaban 1.034.020,60 hectáreas, que en términos relativos equivale al 52,01% de las explotaciones agrarias y el 4,35% de la superficie agrícola utilizada. Sin embargo, la gran explotación agraria y la propiedad latifundista contaba con 75.508 explotaciones agrarias que abarcaban 15.117.471,28 hectáreas, o lo que es lo mismo, el 7,8% de las explotaciones agrarias condensan el 63,64% de la superficie agrícola española.

Sin duda este proceso de concentración de la tierra, durante esta década, ha ido acentuándose; pequeños propietarios de la tierra arruinados han ido vendiendo sus tierras a aquéllos que pueden comprárselas, terratenientes y monopolios. Por otro lado, la UE a través de la PAC ha realizado una política agraria consistente en subvencionar la extensión que sirve para condenar al campo financiando a los parásitos terratenientes y los grandes monopolios alimentarios, esto es, capitalismo parasitario. El pasado 12 de enero de 2020, en el diario Público se publicó un artículo titulado “Labradores de sofá: más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos”, que dice lo siguiente: “En España ya hay dos ‘labradores de salón’, casi tres según cálculos, por cada agricultor que realmente se dedica a cultivar la tierra o criar ganado: los primeros son más de 650.000 mientras los segundos no llegan a 250.000, según indica un informe de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) sobre el rendimiento económico de las actividades profesionales de los autónomos. (…) ¿Y qué es un labrador de sofá o de salón? Básicamente, propietarios de tierras y de zonas de pasto que no explotan pero cuya titularidad les permite desde hace casi dos décadas llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados ‘derechos históricos’.” Es decir, el campo está condenado para que los parásitos fascistas – que son los dueños de las grandes extensiones de tierra como la Casa de Alba, la familia Domecq, García Carrión, etcétera – se lucren a condición de tener las tierras baldías, improductivas. He aquí el verdadero cáncer del campo, de lo que les gusta llamar a los limpiabotas del capital “la España vacía”.

A ello hay que unir que el Estado sufraga parte de la internacionalización de empresas agrarias, de tal modo que tanto el ICEX como, por ejemplo, la Agencia EXTENDA de la Junta de Andalucía les subvencionan y guían en exportar capitales a otros países, como por ejemplo Marruecos, donde desarrollan la agricultura en dicha zona, incrementando la importación de dichas producciones, así como estimulan el desarrollo de empresas de importación de productos agrícolas de otros países del mundo.

Esta realidad provoca la depauperación del campo, el subdesarrollo y con él los flujos migratorios del campo a la ciudad, a la que nutre de mano de obra barata; así como, por ejemplo, en Andalucía o Galicia, también se producen flujos migratorios del campo al litoral donde estos trabajadores son devorados en sectores como la construcción y la hostelería.

Así, pues, lo acontecido esta semana, y lo que seguirá acaeciendo no es más que la manifestación de un problema estructural del capitalismo monopolista de Estado, las costuras del sistema se abren por las partes más débiles.

Mientras esto sucede, la “izquierda” del sistema achaca el problema del campo a los bajos precios agrarios y a los canales de intermediación y distribución en manos de monopolios extranjeros, tal y como explican Cayo Lara y el PCE. ¿La solución entonces pasa porque estos monopolios sean nacionales? ¿Por qué no señalan al sistema? Pues la razón es evidente, el PCE/IU-PODEMOS son responsables de todo este sistema, son defensores de la Constitución del 78 y de la UE y, en muchos pueblos de Andalucía son incluso ellos los que se alían con los caciques locales desde los municipios que gobiernan.

Por otro lado, la derecha reaccionaria y los empresarios, incluidos los del campo, achacan el problema del agro, fundamentalmente, a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Por último, los sindicatos del Estado – CCOO y UGT – no dudan en arremeter contra las protestas vinculándolas “a la derecha terrateniente y carca” defendiendo la tesis de que la subida del SMI no influye en la problemática del campo. Unos sindicatos a los que se les debería de caer la cara de vergüenza, pues son responsables de la división de los trabajadores asalariados del campo, los jornaleros, siendo sus representantes en el sector del campo el personal más lacayuno a esos terratenientes que critican, firmando convenios provinciales del campo que son auténticas puñaladas a los jornaleros.

Pero como se puede comprobar, ni unos ni otros ubican la culpa del problema agrario al auténtico causante, el capitalismo monopolista de Estado, centrando el debate sobre el salario mínimo interprofesional, al objeto de desviar al pueblo de la raíz del problema: la concentración de la propiedad de la tierra, la política agraria dictada por la asociación imperialista de la UE, que la banca sea privada, el subdesarrollo del campo, en definitiva, el capitalismo monopolista de Estado. Y es que tanto la derecha como la falsa ‘izquierda’ son iguales de capitalistas, son iguales de defensores del capitalismo monopolista.

El pequeño campesino, así como el mediano ahora que la UE se está planteando eliminar parte de las subvenciones, están ante la siguiente disyuntiva: O están condenados a la ruina en caso de proseguir la política inherente al capitalismo monopolista o se unen al proletariado y demás clases populares azotadas por el capitalismo, para superar este sistema que los condena a la ruina, es decir, para construir el socialismo. ¡No hay término medio!

Es obligación de nuestro Partido, y de cualquier comunista que se precie de serlo, estar presente en esta lucha dando nuestra alternativa a este problema estructural del capitalismo monopolista de Estado que es incapaz de resolver: La Reforma Agraria antilatifundista y antimonopolista que:

• Debe ser antilatifundista porque los terratenientes utilizan las grandes extensiones de tierras para obtener materias primas y dinero a costa de la explotación de los jornaleros; materias primas y dinero que se llevan a sus industrias y bancos de Madrid, País Vasco y Cataluña perpetuando el subdesarrollo en Andalucía, Extremadura y ambas Castillas. Se debe expropiar los latifundios y entregar la tierra a los jornaleros y pequeños campesinos al objeto de que procedan a su explotación planificada según las necesidades del país. Esta entrega a los jornaleros debe rodearse de las condiciones óptimas para que su trabajo dé el fruto planificado. Hay que dotar a los nuevos campesinos de superficie agraria suficiente para que sean rentables, de tal modo que se realizará la socialización de las tierras, y su agrupamiento en cooperativas, cuyo rendimiento, la producción, pertenecerán a la sociedad, puesto que ésta les entregará a los campesinos no sólo las tierras; también la maquinaria, aperos, semillas, abonos, tecnología, etcétera. El transporte y la comercialización de los productos ya no supondrían costes añadidos que graven la economía de los nuevos campesinos. De igual manera se procederá con los pequeños agricultores ya existentes. La sociedad pondrá a disposición del campo las estructuras adecuadas para introducir los avances científicos y tecnológicos.

• Debe ser antimonopolista porque todo lo que rodea al proceso de producción del campo está en poder del gran capital industrial y financiero: las maquinas, los productos químicos, el transporte, la comercialización y los préstamos a los pequeños campesinos; ergo están a merced de la banca y los monopolios – españoles y extranjeros – que imponen sus precios y sus leyes. Esta es la razón por la que los pequeños campesinos actuales se ven abocados a la ruina, sin poder afrontar los gastos que son superiores a los ingresos. La existencia de monopolios y de la banca privada es incompatible con nuestra Reforma Agraria. Nuestra Reforma Agraria, la que necesita nuestro país, requiere de la nacionalización y socialización de los monopolios y de la banca y, además, debe acompañarse de la nacionalización y socialización de los sectores estratégicos, casi todos ellos empresas públicas que los gobiernos del PSOE y del PP han privatizado: REPSOL, ENDESA, TELEFÓNICA, REE, INDRA, AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, IBERIA, SANTA BÁRBARA, etcétera. En definitiva, se trata de devolver al pueblo todo lo que él mismo levantó con sus esfuerzos y le fue robado por aquéllos que los privatizaron. Una Reforma Agraria que debe romper con el proyecto imperialista europeo, que debe romper con la UE porque niega la soberanía al pueblo y le impide la racionalización y la planificación democrática según los deseos y necesidades del pueblo trabajador.

Se dan las condiciones objetivas para que el capitalismo monopolista español caiga, está quebrado tanto económica, como política e institucionalmente. Esta crisis bestial del capitalismo monopolista de Estado exacerba el fascismo, la única alternativa que puede ofrecer el capitalismo y sus monopolios al pueblo junto con la ruina y la miseria. El PCOE tiene la obligación de llevar al máximo número de jornaleros y de pequeños campesinos nuestra alternativa, nuestra Reforma Agraria Antilatifundista y Antimonopolista. El momento es de lucha y de estar en la calle, en el conflicto, en el tajo mostrándoles a los jornaleros y los pequeños campesinos la inviabilidad del capitalismo monopolista de Estado y desenmascarando a los fascistas y confrontándolos. O los comunistas ocupamos ese espacio o serán los fascistas los que conducirán a los campesinos y a los jornaleros a una derrota aún mayor y, con ellos, arrastrarán a todo el pueblo, todo ello como consecuencia de la política socialdemócrata que es incapaz de dar salida a la situación, pues son tan defensores del capitalismo monopolista como la derecha y tan responsables de la situación en la que se encuentran los obreros, los jornaleros y los pequeños campesinos. Hoy más que nunca, y más en el estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

Que el sistema capitalista está quebrado a nivel mundial es una realidad que los propios economistas burgueses ya no ocultan. Las deudas públicas de la mayoría de los países capitalistas superan o rozan el 100% de sus respectivos PIB, lo que lleva a las grandes potencias imperialistas a incrementar las guerras de rapiña con las que saquear recursos de otros países en su huida hacia delante para intentar sostener un sistema moribundo.

En España, al cierre del primer semestre de 2019 la deuda externa se situaba en el 171,3% del PIB, con una capacidad de decisión económica totalmente supeditada al pago de la deuda tras la reforma del artículo 135 de la Constitución llevado a cabo por PSOE y PP en 2011, lo que conlleva que los presupuestos del Estado tengan que ser supervisados por la Unión Europea.

Ante este panorama de absoluta bancarrota, el gobierno ‘de progreso’ de PSOE y Unidas Podemos ha intentado lavar la cara al sistema en sus primeros meses de gestión, con una mísera subida de un 0,9% de las pensiones, lo que supone desde 1,8 euros al mes para la pensión mínima de orfandad, pasando por los 5,7 euros al mes para la pensión mínima para los jubilados, hasta los 23,94 euros al mes para la pensión máxima de jubilación. Se ha aprobado también una subida del Salario Mínimo Interprofesional que ha pasado de los 900 a los 950 euros, si bien antes de conformarse el gobierno se debatía si el salario mínimo subiría a 1000 o 1200 euros.

Estas limosnas que, según la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (IU), permitirán a algunos trabajadores comer pescado durante la semana, a pesar de reconocer abiertamente que «no se puede vivir con 950 euros», y que serán contrarrestadas por completo con las subidas de alquiler, butano, luz, gas, etc., han sido pactadas en tiempo récord entre gobierno, patronal y sindicatos amarillos, los cuales no han dudado en mostrar públicamente la buena relación que mantienen, lo bien que están actuando y la actitud inteligente que están adoptando todos.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, sindicato responsable del empobrecimiento de la clase trabajadora en los últimos años, a través de los acuerdos firmados con el gobierno que han desembocado en las reformas laborales, así como de la firma de miles de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que han enviado al paro a millones de trabajadores, permitiendo a las empresas reestructurar sus plantillas y reducir los salarios, muestra públicamente su papel de lamebotas de la patronal al manifestar que ésta «está adoptando una actitud inteligente».

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, manifestaba ante los medios tener «con la ministra (Yolanda Díaz), una muy buena relación personal, y con Pablo Iglesias también», a lo que la ministra de Unidas Podemos respondía que «en la política, como en la vida lo que prima es el feeling personal. Uno puede tener posiciones políticas diferentes, pero obviamente, si se comporta correctamente, claro que puede llegar a puntos de encuentro».

Para Unidas Podemos, las posiciones políticas e ideológicas no tienen importancia si se tiene feeling personal. La realidad es que no hay diferencias políticas ni ideológicas entre el gobierno de coalición PSOE-Podemos, los sindicatos amarillos o la patronal. Todos ellos defienden una misma ideología, un mismo Estado y una misma política, la defensa a ultranza de un sistema que ya solo genera miseria, pobreza, guerras y muerte; todos ellos son fieles defensores del capitalismo, y ante el aumento de movilizaciones y protestas a nivel mundial, ante el hartazgo de las clases populares, cierran filas.

Y lo hacen hasta puntos vergonzosos, quedando cada vez más patente cómo el discurso oportunista de Podemos ha ido evolucionando a posiciones cada vez más alejadas de aquellas proclamas sobre tomar el cielo por asalto, eliminando cuestiones como el impago de la deuda, la nacionalización de empresas, la reducción de la edad de jubilación o la salida de la OTAN entre otras, integrándose perfectamente con el socialfascismo del PSOE, hasta el punto de que la nueva ministra de Trabajo ha llegado a decir que «técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable», en unas declaraciones que podría haberlas firmado el propio Antonio Garamendi, con quien la ministra tiene tan buena relación personal.

Lejos de la imagen que Unidas Podemos pretende vender de cara a la galería, manifestando que para gobernar en coalición hay que hacer muchas renuncias, la realidad es que las posturas del partido liderado por Pablo Iglesias han ido acercándose cada vez más a las del PSOE –aquel partido, el de la cal viva, que era igual de malo que el PP– mucho antes de que comenzaran las negociaciones para conformar gobierno.

Este gobierno ya solo puede ofrecer engaño a las clases populares, pues no queda ningún margen de mejora dentro de los límites de este sistema, que hace tiempo que quedó obsoleto, y que tan solo puede generar más miseria. El capitalismo está moribundo, pero no caerá por sí solo. Son las clases populares, aquellos que producimos toda la riqueza, los que debemos darle el último empujón y acabar con este sistema criminal para construir la única alternativa viable: el Socialismo.

Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento al proletariado y a todas las clases populares a unir todas sus luchas en un Frente Único del Pueblo, en una única lucha contra el capitalismo, que sea además un órgano de poder de la clase obrera para poner toda la riqueza que generamos en manos del pueblo.

 

El pasado día 24 de enero, en el medio nuevatribuna.es, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, escribía un artículo titulado “El empleo, una necesidad olvidada” que, aparte de dejar bien patente que es una pieza más del engranaje del Estado capitalista español, es una oda a la desvergüenza impropio de lo que le correspondería a un supuesto líder sindical.

Pero bueno, UGT lleva décadas siendo uno de los sindicatos predilectos de la patronal, que sirve para albergar muchas candidaturas amarillas bajo las precitadas siglas, e incluso llamarle sindicato se nos hace excesivo, máxime cuando en el propio artículo Pepe Álvarez se autodenomina “agente social”.

Su alineamiento con la burguesía es tal, que le lleva en todo momento a hablar de empleo. Para Pepe Álvarez y la UGT, el problema no es el capitalismo, ni la negación del derecho al trabajo, ni la explotación capitalista; ese es el marco que ellos defienden, por ello, siempre hablan de empleo, rehuyendo hablar del derecho al trabajo que tiene todo trabajador, todo ser humano.

Y es que hablar en términos de empleo, implica despojar al ser humano de su esencia, del elemento decisivo desencadenante del desarrollo del género humano, de su evolución, de su humanización, como es el trabajo que, en palabras del propio Engels, es el elemento distintivo que desencadena “la transformación del mono en hombre”. Y el Secretario General de UGT se expresa así porque asume el capitalismo como el único sistema económico posible, y por tanto, anteponiendo el interés de una minoría criminal y explotadora como es la burguesía al interés de la inmensa mayoría de la humanidad, a la que le niega de facto el derecho al trabajo y, por consiguiente, le arrebata a esa mayoría de hombres y mujeres, despojados de los medios de producción, su esencia humana, lo aleja de su esencia creadora condenándolo al proceso inverso de la humanización, a la deshumanización, al embrutecimiento ensordecedor. Ello es lo que implica abandonar la reivindicación del derecho al trabajo y sustituirlo por el empleo que, al fin y al cabo, no es más que una ocupación laboral retribuida salarialmente, es decir, una relación económica que implica la existencia de un salario y, por consiguiente, la consagración de la explotación capitalista, la subordinación de la mayoría humana a los intereses de una minoría criminal y explotadora como es la burguesía.

El derecho al trabajo es el derecho que tiene todo ser humano a contribuir en la generación de riqueza para la sociedad, en contribuir con su actividad a la producción de bienes para la sociedad, en definitiva, a la relación fundamental y necesaria del hombre con la naturaleza y, también, con la sociedad en la que se siente partícipe de la construcción de la misma, así como del beneficio producido por la masa trabajadora. Así pues, el trabajo no sólo es la forma en la que el ser humano se relaciona con la naturaleza para generar riqueza para la sociedad y para garantizar su desarrollo como ser humano, sino que es su aportación a la construcción de la sociedad, de la civilización, y el producto de esta relación no es otro que construir a la sociedad, de la que el trabajador también forma parte, siendo ésta la beneficiaria del fruto del trabajo del trabajador y no la minoría explotadora, la burguesía, que se apropia de dicho fruto negando a la mayoría el derecho al trabajo, despojando a la mayoría de su esencia creadora como ser humano, condenando a la mayoría a la deshumanización para consagrar la explotación asalariada, salario que le sirva a los empleados para poderse sostener mínimamente y poder reproducir su situación de explotación en beneficio del burgués. Esto es lo que significa equiparar empleo con trabajo.

Pepe Álvarez no puede pensar de otra forma; de lo contrario, sería socialista y, por consiguiente, jamás habría llegado a dirigir a ese sindicato, el cual tiene abierto varios casos de corrupción en Andalucía, Canarias y Asturias, entre otros. Pues bien, esta corrupción económica es infinitamente menor que la enorme corrupción o degeneración ideológica en la que cae Pepe Álvarez y demás sindicalistas amarillos que conforman el sindicato UGT, algo que también se podría extender a CCOO, y que se refleja, por ejemplo, en esta cuestión.

El servicio de Pepe Álvarez al capitalismo monopolista de Estado español es tal, que no duda en deformar la realidad, en engañar a quien le lea. Señala Álvarez “Desempleo. Esa es la palabra que define la situación de 3,2 millones de personas en nuestro país”. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2019, realizada por Instituto Nacional de Estadística, publicada el pasado 28 de enero, en el Estado español hay una tasa de actividad del 58,74%, compuesta por 19.966.900 ocupados y por 3.191.900 parados. Hay que tener en cuenta que, en España, un trabajador que cotice una hora o que haga un curso de formación impartido por el INEM o un servicio de empleo público, deja de figurar como demandante de empleo, deja de figurar como parado, con lo que las cifras del paro en España, cada vez que salen, están totalmente manipuladas. Pues bien, si hay una tasa de actividad del 58,74% de los ciudadanos del Estado español en edad de trabajar, quiere decir que hay una tasa de inactividad del 41,26%, es decir, personas que ni tienen ocupación ni figuran como demandantes de empleo en las Oficinas Públicas de Empleo, o lo que es lo mismo, 16.267.145 personas en edad de trabajar. Si a la población inactiva le añadimos los 3.191.900 parados tenemos que, en el Estado español, 19.459.045 personas no tienen, ni tan siquiera, un empleo. O lo que es lo mismo, en España en realidad hay un 49,35% de personas en edad de trabajar que no tienen un empleo. Con lo que Pepe Álvarez miente.

Este es un dato demoledor, que demuestra que el capitalismo monopolista de Estado deja en la cuneta a la mitad del pueblo, y ello a pesar de que las cifras del paro y de la ocupación están manipuladas, infladas. Si a esas cifras le sumamos los trabajadores públicos, y los trabajadores que trabajan para la administración paralela o para empresas privadas cuyo trabajo tiene su origen en el Estado, tenemos que la iniciativa privada, a duras penas crea 1 puesto de trabajo por cada 3 trabajadores. A ello hay que sumarle una tasa de temporalidad del 26,1% y que, según la OCDE, en España el 21,7% de los puestos de trabajo registran un alto riesgo de automatización, es decir, que serán trabajos realizados por robots en el corto plazo, y que “un 30,2% de los trabajadores ocupa puestos de trabajo con una elevada probabilidad (que cifra entre el 50% y el 70%) de sufrir una profunda transformación” (Diario El País, 25 de abril de 2019), con lo que se demuestra que el capitalismo monopolista cada día que pasa es más insostenible.

Dice Álvarez que es necesario “un cambio de modelo productivo que refuerce la política industrial” y para ello reclama “un Pacto por la Industria, reclamado por los agentes sociales en el seno del Consejo Económico Social, que aumente el peso del sector industrial en el PIB hasta el 20% como reclama la Unión Europea (actualmente el 16%) y lo convierta en uno de los principales generadores de empleo estable”. En coherencia con ello, es decir, que la Industria aumente su peso en el PIB, CCOO y UGT se están hartando de firmar EREs, aumentando hasta octubre un 77% los despidos por ERE con respecto al 2018, de los que el 42% de los mismos provienen de la Industria. Y no sólo los EREs, UGT ha firmado convenios vergonzosos como en Telefónica y en ENDESA, donde la destrucción de empleo y las prejubilaciones son la constante, a la par que se acrecienta la subcontratación. UGT en ENDESA ha firmado que todo trabajador con 25 años cotizados se pueda prejubilar percibiendo entre el 60% y el 80% de su salario hasta alcanzar los 63 años, donde obligatoriamente se deberán jubilar; estamos hablando de prejubilaciones de trabajadores de 50 y 51 años. Esto significa que UGT está firmando destrucción de empleo, y cierres de empresas, que en ENDESA se traducen en cierres como las de las centrales térmicas de Andorra, Litoral, As Pontes o Compostilla.

UGT es un instrumento más al servicio de la Patronal para llevar a cabo las reestructuraciones de plantillas, para destruir empleo, para negar a más trabajadores su derecho al trabajo y para enriquecer cada vez más a los empresarios. Eso es lo que llevan haciendo desde hace 40 años en España, eso es lo que están haciendo en la actualidad y eso es lo que harán en el futuro mientras los trabajadores no los mandemos al estercolero de la historia junto con el sistema económico que defienden: El capitalismo. El discurso de Pepe Álvarez lo puede firmar cualquier empresario o cualquier banquero, es profundamente antiobrero y está totalmente alineado con los intereses y con la dirección económica impuesta por la burguesía.

Pepe Álvarez y la UGT, y lo que digamos para este sindicato también es plenamente válido para CCOO, son enemigos jurados de la clase obrera. No solo basta con no estar afiliados a dichos sindicatos, que son apéndices del Estado, los trabajadores deben organizarse en los centros de trabajo, fortaleciendo las filas de los sindicatos de clase, de los sindicatos que conforman la Federación Sindical Mundial (FSM).

Es necesario que los trabajadores fortalezcan el sindicalismo de clase para fortalecer la organización de la clase obrera en los centros de trabajo, que es el auténtico motor revolucionario y de cambio capaz de aglutinar todas las luchas de los distintos sectores que conforman el proletariado y unirlas en una única lucha de clase contra la burguesía, su sistema económico y la superestructura que éste eleva, conformando un Frente Único del Pueblo como instrumento de poder para superar al capitalismo monopolista de Estado, en bancarrota económica y política, y de dar una alternativa a este moribundo y criminal sistema, que no puede ser otra salida que el socialismo.

 

A principios de este mes, y tras casi un año con un Gobierno en funciones, en el estado español se ha conformado un Gobierno de coalición entre el PSOE y PODEMOS-IU/PCE. En cuatro años se han celebrado cuatro elecciones generales y ha habido tres gobiernos diferentes, prueba inequívoca de la crisis política que vive el estado español.

El gobierno conformado, compuesto por reaccionarios y oportunistas, tratará de dar algunas migajas al proletariado y demás clases populares y, a lo sumo, deshacer algunas de las políticas realizadas por Rajoy y que, no olvidemos, fueron todas ellas – incluyendo la política económica – refrendadas por las fuerzas políticas que sostienen el actual gobierno en la moción de censura de junio de 2018 que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Estas migajas ya se han visto con la subida del 0,9% de las pensiones, que hará que los pensionistas sigan perdiendo poder adquisitivo este año. Sin duda, estos fuegos de artificio, al igual que la subida el SMI a 950 euros al mes – bendecido por las corruptas cúpulas sindicales de CCOO y UGT – tienen por objeto hacer albergar al pueblo la ilusión que desde el Gobierno y mediante la actividad parlamentaria pueden conquistar mayores cotas de bienestar.

Pero la realidad nos dice, por un lado, que estar en el Gobierno no significa tener el Poder del Estado. De hecho, el Estado fascista español, a través de la Judicatura, no duda en quitar y poner parlamentos, en quitar y poner representantes políticos, en inhabilitar a dirigentes políticos, en definitiva, en pasar por encima de la voluntad popular del pueblo expresada en las urnas, es decir, demostrando de manera abierta que la democracia en el estado español es una mera quimera.

Por otro lado, el Estado está en bancarrota política – donde se producen choques entre distintas partes del Estado, entre el poder judicial y los poderes legislativo y ejecutivo; entre la Generalitat de Catalunya y el Estado – reflejo de la bancarrota económica con una deuda impagable, con un sistema económico que niega el derecho al trabajo a un 50% de la población en edad de trabajar, que destruye los sectores productivos de la economía apostándolo todo a la especulación, al capitalismo putrefacto; un sistema económico incapaz de resolver la cuestión agraria y que cada vez somete a la pobreza a una mayor capa de la población.

El Gobierno ‘de progreso’ seguirá abrazando los principios económicos que abrazaba Rajoy, los principios económicos impuestos por la Troika, de tal modo que serán las instituciones imperialistas las que dicten la política económica basadas en el equilibrio presupuestario, en la reducción del gasto público y la reducción del déficit, es decir, mantienen la modificación del artículo 135 realizada por Zapatero y el PP. Los oportunistas que iban a “tomar el cielo por asalto” se tragarán completamente las imposiciones de la Troika, como ya hizo Syriza en Grecia.

A tenor de todo ello, el Pleno del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español resuelve:

1) Todas las organizaciones del Partido deben redoblar sus esfuerzos en regar de propaganda los centros de trabajo, las universidades y los barrios obreros al objeto de mostrar los engaños del Gobierno así como mostrarle al proletariado que la única salida pasa por la destrucción del capitalismo y la edificación del socialismo. El Partido debe estar en la calle para incrementar su influencia, para mostrarle al pueblo el camino del Socialismo; de lo contrario el fascismo calará en el pueblo trabajador, ante el fracaso del gobierno oportunista y la decepción popular que genere – erigiéndose como única alternativa.

2) Llevar a cabo la política de masas del Partido, fortaleciendo las filas del sindicalismo de clase en el estado español, los sindicatos de la Federación Sindical Mundial (FSM), y coadyuvando en su proceso de unión del sindicalismo de clase. Asimismo, trabajando por la unidad de la clase obrera y unir todas las luchas – las mismas que el oportunismo se afana en mantenerlas divididas y sectorizadas – en una única lucha de clase contra el capitalismo, auténtico responsable de todos los males que azotan a los trabajadores, conformando el Frente Único del Pueblo que vaya construyendo progresivamente un contrapoder proletario contra las podridas instituciones burguesas.

 

La situación política en que se encuentra hoy el proletariado en el Estado español es crucial para el devenir de sus derechos y libertades y de su situación como clase. Lejos de lo que nos vende la prensa burguesa, con su pesimismo sobre el nuevo Gobierno formado por PSOE y UP, y de la visión de la prensa pequeñoburguesa, que arroja esperanzas al proletariado sobre la mejora de sus condiciones de vida con dicho Gobierno, lo cierto es que el proletariado enfrenta un periodo en el que la lucha de clases se encarnizará todavía más.

Este Gobierno reformista es claro que traicionará a la clase obrera, como no podría ser de otra manera. Lo hemos comprobado ya con la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros, alabando el pacto social entre patronal, gobierno y sindicatos amarillos. Una subida que, a tenor de lo sucedido en la última -cuando los propios sindicatos CCOO y UGT se pusieron del lado de la patronal indicando que era el importe bruto-, no afectará prácticamente en nada a los que menos salario ganan y no supone absolutamente nada para la mayor parte de la clase trabajadora en el Estado español.

Este acuerdo traicionero, que apenas supone ninguna mejora para el conjunto de la clase obrera, hay que entenderla como una moneda de cambio con la que la patronal aprovechará para implementar nuevos y más profundos retrocesos a la vez que mantiene las actuales reformas laborales, la ley mordaza, etc. Todo gracias al tan venerado “pacto social”, que no es más que una engañifa para que la clase trabajadora vea nuevamente recortados sus derechos y sus condiciones de vida.

La burguesía hoy, sin un contrapeso real como lo fue la Unión Soviética -que amenazó realmente al sistema capitalista aportando una alternativa real a la clase trabajadora de todo el mundo-, no encuentra obstáculos para obtener las máximas cuotas de ganancia a costa de la clase trabajadora. En el Estado español, este Gobierno reformista encontrará la oposición de la facción más reaccionaria de la burguesía, deseosa de su caída para que la derecha, ya instalada en el fascismo, explote al máximo el Estado fascista que tiene a su disposición.

Y la socialdemocracia abrirá las puertas de par en par al fascismo, como ya ocurriese en el pasado, por sus eternas contradicciones que le impiden llevar a cabo el programa político que necesita el pueblo, que no es otro que el programa revolucionario del Partido Comunista Obrero Español. La oposición de la burguesía reaccionaria y el descontento popular con las medidas de este Gobierno será el detonante para que los partidos fascistas del Estado español lleguen a la Moncloa.

La clase trabajadora tiene ante sí el reto de cumplir su misión histórica, de tomar de una vez las riendas de su destino y de ejecutar políticamente, sin ambages de ningún tipo, la defensa de sus intereses de clase, liderados por su vanguardia revolucionaria. El Partido Comunista Obrero Español hace un llamamiento a los trabajadores más avanzados a organizarse en las filas del Partido, reforzando la organización que llevará al proletariado a la toma del poder político, imprescindible para la construcción del Socialismo.

En la cuestión sindical, pedimos a todos los sindicatos del Estado español de clase y combativos, afiliados y simpatizantes de la Federación Sindical Mundial, a unirse orgánicamente en una única central sindical, fuerte y decidida, que luche por la superación de este sistema capitalista, injusto y contrario a los intereses del pueblo trabajador, que trae de nuevo el fascismo.

A los jornaleros, de Castilla, Extremadura y Andalucía, les instamos a organizarse y luchar por la reforma agraria que traiga al país la socialización de las tierras y de la banca, y con ello el impulso de la ciencia y la tecnología que posibilita el trabajo de biólogos, técnicos e ingenieros que hoy se ven forzados a emigrar.

A tenor de todo ello, el Pleno del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español resuelve:

Todas las organizaciones del Partido deben ofrecer el máximo compromiso para desarrollar la línea de masas e impulsar el Frente Único del Pueblo, un movimiento sociopolítico que una la necesaria lucha antifascista con las de los campesinos, jóvenes, trabajadores y pensionistas, porque las luchas no pueden ser aisladas, hay que unirlas en un frente clasista contra el responsable de la vida de miseria que hoy sufrimos, que es el capitalismo.