En la Comunidad de Madrid empuña el cetro desde hace décadas la reacción más rancia de este país fascista. Conformado por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos y con los votos favorables de Vox, el Gobierno regional ha heredado la obra de sus antecesores de convertir Madrid en un cortijo para burgueses. El elenco de caciques y mafiosos de Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes seguro se enorgullece del buen trabajo de sus discípulos. En el medio año transcurrido desde que Isabel Díaz Ayuso preside la Comunidad de Madrid, los atentados contra la clase trabajadora se suceden rutinariamente.

El último recorte a los servicios públicos se ha firmado en educación. El Gobierno regional ha pegado un tijeretazo a la partida que ingresan anualmente los colegios públicos por gastos de funcionamiento: de 20 euros por alumno matriculado en cada centro este 2020 se ingresará un euro menos. Además, se reduce un 5% la cantidad que se abona a los 400 colegios bilingües de la región por estar en el programa de enseñanza en inglés y también se ha recortado el presupuesto de los 26 CEIPSO madrileños, los colegios públicos en los que se imparte primaria y secundaria. A estos centros, este año se les ingresará lo mismo que a cualquier otro centro de primaria, es decir, menos dinero.

La Comunidad de Madrid emprende así un paso más hacia uno de los objetivos que le ha fijado la burguesía: el desmantelamiento de la educación pública y la entronización de la educación privada, en el marco de un dilatado proceso de privatización –y mercantilización– de la enseñanza. Con estos últimos recortes, el Gobierno de Díaz Ayuso afianza la educación privada y concertada en Madrid y deteriora los medios y la calidad de la educación pública. De este modo, se agranda todavía más la brecha entre explotados y explotadores.

La privatización de la educación pública se realiza por dos caminos interrelacionados. Por un lado, las cada vez más generosas subvenciones a los centros concertados y privados –1,73millones de euros en 2019–. Y por el otro, los severos recortes a los centros de enseñanza pública (CEIP, IES o CEIPSO), como lo ha sido este último. Consecuencia de ello es que los hijos e hijas de la clase trabajadora no puedan acceder a una educación de calidad, lo que revela de manera aún más visible las desigualdades de clase.

Pero cuidado. Los trabajadores no podemos equivocarnos cuando nos preguntamos sobre el origen de esta infamia. El problema del deterioro de la enseñanza pública y su progresiva privatización, tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto del Estado español, no es un problema de Gobierno. No podemos caer en la trampa del parlamentarismo, en las reglas de juego diseñadas e impuestas por la burguesía para perpetuar su sistema de dominación de clase. Este abuso no se soluciona con un cambio de Ejecutivo, ni regional ni nacional. No se soluciona votando para que entre el PSOE de turno o sus acólitos oportunistas de Podemos-IU-PCE.

La privatización de la enseñanza y el desmantelamiento de los centros públicos es un fenómeno estructural y endémico en el Estado español. Al igual que ocurre con el resto de las empresas e instituciones públicas, los colegios públicos forman parte del Estado. Un Estado que en la comunidad autónoma uniprovincial de Madrid toma la forma del aparato regional que dirige Díaz Ayuso –pero que no posee, pues quienes detentan el poder son los burgueses y sus monopolios–. Y el problema es que el Estado actual es un Estado burgués, que no sirve a los intereses de la clase obrera, sino a los de su clase antagónica, la burguesía. El problema de fondo es el Estado burgués, no el Gobierno, pues este solo se ocupa de administrarlo.

El Estado actual y todo su aparato burocrático ata y sostiene un sistema socioeconómico que perpetúa los privilegios de clase burguesa. Y los intereses de la burguesía entran en directa contradicción con los de la clase trabajadora y los estudiantes e hijos de obreros. Los intereses de una clase solo pueden satisfacerse en detrimento de la otra. Y en el ámbito de la educación, concretamente, esta lucha de clases se ve reflejada en las constantes privatizaciones, en las cada vez menores subvenciones y ayudas económicas, en el deterioro de los servicios públicos y en la corrupción sistémica que aúpa a los hijos de los burgueses con dinero público, con la riqueza generada por los trabajadores, al tiempo que se levantan barreras económicas y sociales a los hijos de los proletarios. Estos problemas los seguiremos sufriendo hasta que no acabemos con el capitalismo y se ponga fin al Estado burgués, para que las instituciones sirvan por fin a la clase trabajadora.

• «Sobre la educación pública, la educación concertada y la educación privada»

No existe ni existirá jamás una educación verdaderamente pública y universal en el capitalismo. No es posible, porque vivimos en una sociedad de clases con intereses contrapuestos. La educación pública con un Estado burgués es una quimera para la clase obrera. Es una ilusión en el sistema de dominación de la burguesía, en el sistema capitalista. Aunque se diga “pública”, no sirve al interés público, sino al privado. Creer que es posible una educación pública de garantías para las clases oprimidas es creer que la clase que nos explota estaría dispuesta a renunciar de manera voluntaria a sus privilegios de clase para aceptar implementar un sistema educativo único y de calidad para todos.

Una educación verdaderamente pública solo es posible con el fin de la sociedad de clases. Los obreros debemos dejar de caer en el engaño de nuestros carceleros de que los problemas fundamentales se pueden resolver con un cambio de Gobierno, ya sea municipal, regional o nacional, y dejar intacto su Estado y su sistema. Por ello, desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) hacemos un llamamiento a nuestros hermanos de clase a que militen en el Partido de vanguardia del proletariado y recalcamos la necesidad de organizar a todas las capas populares oprimidas por la burguesía –trabajadores, desempleados, pensionistas, estudiantes, jornaleros del campo, etc.– y unir todas las luchas aisladas en un Frente Único del Pueblo (FUP) para combatir juntos al enemigo de clase y su sistema.

La realidad nos demuestra cada año que solo hay una solución: acabar con el sistema socioeconómico de la burguesía, con el capitalismo, y destruir su Estado burgués para erigir nuestro sistema propio, el socialismo, y defenderlo con la construcción de un Estado proletario. Ningunas elecciones diseñadas por la burguesía podrán acabar con este sistema explotador. Llegar al Gobierno no es llegar al poder. La clase trabajadora solo podrá poner fin a esta injusticia si conquista el poder de manera revolucionaria para derribar la dictadura del capital y establecer la dictadura del proletariado. Únicamente así, la humanidad podrá avanzar junta hacia la sociedad sin clases, de individuos con un interés común, basada en la justicia y en la igualdad, libre de explotación y encaminada hacia la paz mundial: el comunismo.