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Reforma laboral: el gobierno ‘progresista’ se ríe de los trabajadores

Si revisamos el programa electoral con el que Unidas Podemos se presentó a las últimas elecciones, entre muchas promesas vacías que jamás se cumplirán podemos encontrar lo siguiente con respecto a las reformas laborales de PSOE (2010) y PP (2012):

En el programa electoral del PSOE podemos encontrar también referencias a la reforma laboral del PP, a la que se le atribuyen todos los males, incluidos los que son consecuencia directa de la reforma laboral del PSOE de 2010:

Ya en mayo de 2020, PSOE, Unidas Podemos y Bildu pactaban “derogar de manera íntegra” la reforma laboral del PP de 2012:

Llevamos ya años escuchando en los medios al gobierno de coalición hablar de la derogación de la reforma laboral, algo que técnicamente de hecho no es posible como tal, pues la reforma laboral no es una ley, sino que fueron modificaciones de una ley ya existente, el Estatuto de los Trabajadores, ley que no se va a derogar en ningún momento. Entendemos pues que en todo momento, estos partidos estaban hablando de revertir los cambios realizados en esas reformas laborales –o en la reforma laboral del PP ahora que todos han rebajado sus promesas electorales-.

Leyendo los diferentes programas electorales, los acuerdos previamente alcanzados y las diferentes noticias en las que el gobierno habla de derogar la reforma laboral, podríamos pensar que en noviembre de 2021 la reforma laboral del PP –la del PSOE ahora la dan por buena sus socios de gobierno– estaría ya derogada. Sin embargo, el pasado 2 de noviembre PSOE y Unidas Podemos anunciaban que habían alcanzado un acuerdo –otro más– para derogar la reforma laboral de 2012.

Sólo una panda de sinvergüenzas oportunistas puede seguir anunciando algo que llevan años prometiendo e incumpliendo, como si nada, con la naturalidad de quien lleva en su ADN la traición y el engaño. La ‘nueva’ política ha demostrado ser la misma basura que la vieja, esa que venían a cambiar. No hay más que echar un vistazo a las declaraciones de Yolanda Díaz, la mitificada ministra de trabajo a la que la progresía y algunos medios de manipulación rinden pleitesía como si de una diosa se tratase, en las que matizaba la supuesta derogación de la reforma laboral.

En dichas declaraciones aclaraba la ministra: “¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas”, añadiendo que “sería irresponsable”.

Evidentemente que la reforma en sí no es derogable técnicamente, pero las modificaciones realizadas en el Estatuto de los Trabajadores por ambas reformas son técnicamente reversibles, volviendo a la situación anterior, o volviendo a actualizar los artículos modificados por las reformas para recuperar los derechos perdidos.

Pero la realidad es que el anterior Estatuto de los Trabajadores, siendo menos malo que el actual, así como nuestra constitución y la gran mayoría de leyes, son el fruto de la democratización del franquismo en nuestro país, trasladando la gran mayoría de las prerrogativas fascistas a nuestra legalidad.

Sin embargo, para quienes defienden la transición como un proceso modélico, volver al Estatuto de los Trabajadores anterior a las reformas laborales es parte de su argumentario político y de sus promesas electorales, como bien hemos podido comprobar. No obstante, la ministra considera “irresponsable” aplicar las medidas que su coalición electoral (Podemos-PCE-IU) llevaba en el programa para las últimas elecciones. Incluir medidas “irresponsables” en un programa electoral para engañar a tus votantes debe ser algo muy ‘responsable’ para quienes pretenden a toda costa defender este Estado fascista.

En este sentido, lo primero que hay que analizar es cómo el gobierno de coalición ha dado por buena la reforma laboral del 2010 implantada por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, y qué medidas se implantaron entonces:

  • Descuelgue de convenios: La reforma laboral introdujo la posibilidad para las empresas de que, en caso de crisis, no se aplicase el régimen salarial previsto por el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa, permitiendo de esta forma a las empresas reducir las condiciones salariales.

  • Reducción de jornada por causas económicas: Se habilitó igualmente a las empresas a reducir la jornada y el sueldo entre un 10% y un 70% por causas económicas.

  • Ampliación de la indemnización de 33 días por año trabajado en despidos improcedentes: A pesar de que la indemnización por despido improcedente en el anterior Estatuto de los Trabajadores estaba fijado en 45 días por año trabajado, existía un tipo de contratación de fomento del empleo que permitía una indemnización de 33 días. La reforma laboral de 2010 amplió el número de trabajadores que pasaban a poder ser despedidos con una indemnización de 33 días, incluyendo a trabajadores con más de tres meses en las listas del desempleo, los desempleados entre 31 y 44 años que hayan tenido un contrato fijo y que se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente, a los desempleados que en los dos años anteriores hubieran estado con contratos temporales, y a los contratados temporales a quienes la empresa quisiera hacer fijos desde la reforma.

  • Calificación de procedencia de despido por pérdidas de la empresa: esta reforma habilitó la posibilidad de despedir objetivamente por causas económicas, lo que reduce la indemnización de 45 días a 20, permitiendo a la empresa acogerse a este modelo en base a “pérdidas actuales o previstas”. De esta forma, una previsión de pérdidas en una empresa que tiene beneficios –previsión realizada por la propia empresa– bastaría para despedir a trabajadores ahorrándose más del 50% de la indemnización, facilitando enormemente los despidos.

  • Despido por absentismo: Esta medida permitía a las empresas despedir por absentismo a aquellos trabajadores que faltaran a su puesto de trabajo durante más de un 20% de las jornadas hábiles a lo largo de dos meses consecutivos, o el 25% si son cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.

Estas medidas son ahora ratificadas en los acuerdos firmados por PSOE y Unidas Podemos al olvidar por completo la reforma laboral del 2010 y centrarse únicamente en la de 2012. Pero más allá de eso, ya podemos ver claramente cual será la dirección de la nueva reforma laboral que llevará a cabo el gobierno títere, que se adaptará a los ajustes que exige Europa para entregar los fondos del plan de recuperación.

El pasado 3 de noviembre ya dejaba una pista la ministra en una entrevista en La Sexta, en la que aclaraba que el Gobierno “no va a tocar el despido” en su nueva reforma, aclarando que “la reforma laboral del PP fue muy agresiva, y este Gobierno va a actuar en lo más urgente y necesario del mercado de trabajo, que es su modernización”.

Para la ministra ‘comunista’, la rebaja en la indemnización por despido que entre PSOE y PP implantaron en sus respectivas reformas y que ha permitido a las empresas acometer millones de despidos desde entonces, no es algo urgente ni necesario. Lo importante es ‘modernizar’ el mercado de trabajo, que no es más que un eufemismo de permitir más libertad a las empresas para aplicar las medidas que consideren para mantener sus beneficios a costa de las condiciones de la mayoría trabajadora.

Ese discurso de ‘modernización’ que hoy defiende Yolanda Díaz es el mismo que Pedro Sánchez exponía en el debate de investidura de 2019, señalando que quería configurar un nuevo Estatuto de los Trabajadores debido a lo arcaico del anterior que, según él, “data de los 80s del siglo pasado”, algo que no supone ningún problema para estos lacayos del imperialismo cuando se trata de la podrida Constitución de 1978, que sentó las bases para que los franquistas se levantaran de un día para otro siendo demócratas, que apuntaló el dominio de los monopolios salvaguardando la divina propiedad privada de los medios de producción, protegiendo a ultranza al capitalismo, negando los derechos democráticos de las naciones oprimidas, conservando intacto el aparato franquista dentro del Estado (ejército, judicatura, etc).

El Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea incluye también estos apuntes que indican claramente el sentido de las medidas que este gobierno pretende aplicar en materia de mercado laboral, hablando de la “modernización de la negociación colectiva”, o de la subcontratación, indicando que “procede una modernización de su regulación que asegure un uso adecuado en los supuestos que mejoran la actividad productiva”.

Por encima de todo este juego de titulares y noticias propagandísticas, del teatrillo del simulado enfrentamiento dentro del ejecutivo, de las vergonzantes declaraciones de la derecha más reaccionaria que casi parecen pretender hacer bueno al gobierno actual, la realidad es que este sistema es totalmente irreformable, y que gestionado por oportunistas o por fascistas, sólo avanzará en una dirección, en la cada vez mayor explotación de la clase trabajadora.

Sólo la demolición del capitalismo y la construcción revolucionaria del socialismo pueden garantizar unas condiciones dignas para la mayoría trabajadora. No hay otra salida que arrebatar los medios de producción a la burguesía monopolista que es quien dicta las leyes que los gobiernos acaban aplicando, constituir un poder obrero alternativo a través de un Frente Único del Pueblo que garantice que la riqueza que generamos los trabajadores esté al servicio del pueblo. La disyuntiva es clara, o ellos o nosotros.

 

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)