El gobierno reaccionario de la Junta de Andalucía ha salido en rescate de sus hermanos de clase: los empresarios. Esos que dicen que crean la riqueza, de manera milagrosa, sin el concurso de la clase obrera a la que tienen por clase vaga y parasitaria. Pues según ellos, cuando nos ponemos enfermos o cuando estamos en el paro es porque no queremos trabajar.

Para su gusto tenemos demasiados derechos y eso impide ser lo suficientemente competitivos. Ellos, nos dicen, quieren ser competitivos, porque su único fin en la vida y para el que vinieron a este mundo, es para crear empleo.

Pero resulta que “papá Estado”, y en este caso “mamá Junta”, se disponen a endeudarnos de por vida a las clases trabajadoras para que los empresarios de todos los sectores no pierdan un céntimo de sus beneficios. Después nos impondrán trabajos forzados y cuasi-esclavos para devolver esa deuda porque entonces dirán “las arcas están vacías”, como acostumbran a hacer durante las cíclicas crisis capitalistas. Sólo que ésta que atravesamos es la más profunda de la historia y no nos abandonará hasta que el pueblo trabajador abandone para siempre el régimen de producción capitalista.

El pasado 2 de abril la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía convalidó con nocturnidad y alevosía tres decretos-ley por la vía de “la tramitación de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.” La supuesta superioridad del capitalismo respecto a cualquier otro sistema se desvanece como un azucarillo en cuanto llega una pandemia de cierta relevancia.

El espíritu de los tres decretos es que la administración pública debe intervenir para paliar los catastróficos efectos provocados por la pandemia del COVID-19. Intervenir, sí, eso que dicen los liberales que impide que el mercado funcione bien y genere la riqueza que según ellos disfrutamos por igual explotadores y explotados. Este fenómeno también desenmascara a los oportunistas de la izquierda parlamentaria (PSOE – PODEMOS – IU – PCE – ANTICAPITALISTAS), pues entre las fábulas que nos cuentan y con las que pretenden mandarnos a dormir a los obreros como si fuéramos niños, es que el Estado y demás instituciones burguesas pueden intervenir en la economía en beneficio de los trabajadores. Este engaño y traición al mismo tiempo ha costado muchas vidas a las clases trabajadoras del campo y la ciudad, como muestras los golpes de Estado fascistas de Franco en 1936 y Pinochet en 1973, militares respectivos del ejército de la II República española y de la democracia burguesa chilena que con tanto ahínco defendió Salvador Allende.

Hete aquí que el primer Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, con un centenar de medidas que modifican hasta 21 leyes y 6 decretos de todos los ámbitos, reconoce en su introducción que “incluso antes de la llegada del COVID-19, las previsiones de crecimiento económico de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la propia OCDE, ya subrayaban una señalada ralentización de la economía mundial así como un frenazo especialmente brusco en el crecimiento de la zona euro. […] como ya adelantaba el Banco de España en sus últimas proyecciones macroeconómicas de la economía española para el periodo 2019-2021, de nuevo, sin incluir el posible efecto del COVID-19.”

De hecho, ya en la https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/246/1ley del Presupuesto de Andalucía para 2020, aprobado en diciembre de 2019, se avisaba de que “los indicadores económicos disponibles cuando se elabora el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2020 anticipan una moderación del ritmo de crecimiento de la economía, apuntando a una mayor debilidad en el caso de la economía europea”. Moderación del crecimiento, en lenguaje burgués, significa recesión.

Por tanto, las “reformas estructurales” con las que pretenden “elevar la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz” estaban ya preparadas antes de la llegada de la pandemia, pues “la economía andaluza se enfrenta a una nueva fase cíclica con un horizonte de desaceleración económica”. Es decir, se enfrentaba a un nuevo estallido de la crisis cíclica capitalista, que no se fue y ha seguido acompañándonos estos años atrás.

El primer decreto es una avalancha de reformas de leyes de todos los ámbitos con el objetivo de la “eliminación de barreras, una reducción de costes tanto para las empresas como para las personas consumidoras, o la eliminación o simplificación de trámites que penalizan la creación de valor”. Traducido al lenguaje de la calle, mayor facilidad para la apropiación de plusvalías, es decir, del robo de trabajo ajeno. Las palabras “traba” y “barrera” aparecen hasta 19 veces en el texto del decreto, lo cual demuestra que todavía les parece muy insuficientes las facilidades que les brindan para enriquecerse las instituciones públicas a su servicio.

El gobierno andaluz pone como ejemplo a seguir la libertad regulatoria de Singapur, otra de las fábricas asiáticas con las que los monopolios internacionales consiguen rebajar el valor de la fuerza de trabajo y extraernos más plusvalías a las clases trabajadoras del mundo entero. Andalucía, gracias al gobierno andaluz, podrá convertirse en la Singapur de Europa.

Entre los ámbitos cuyas “trabas” se eliminan están los del agua, la ordenación del territorio, urbanismo pesca, sector agroalimentario, calidad ambiental, patrimonio histórico, sector público, salud pública, turismo, suelos, vertidos, servicios sociales, o energía, por lo que podemos echarnos a temblar porque la voracidad del mercado va a arrasar con las pocas limitaciones que tenía para terminar de cargarse nuestros recursos, patrimonio y salud públicas.

Insistimos, y para no añadir más confusión a la que provocan con sus postureos contra la “derecha” los charlatanes pequeño-burgueses de la izquierda parlamentaria: lo que varía entre la “derecha” y la “izquierda” del sistema es el grado de expropiación de la riqueza colectiva por parte de los capitalistas. Gobierne quien gobierne bajo la economía de mercado, nuestro trabajo colectivo no beneficia a la sociedad, sino a una minoría parasitaria.

Como pequeñas muestras de esta nueva arremetida legal tenemos:

– Modificación de la Ley de Ordenación de la Pesca, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, que se adapta a la Ley de Costas aprobada por el gobierno del PP en 2014 y que permite una mayor explotación económica de las costas. A partir de ahora para la obtención de la autorización de cultivos marinos y habilitación para la ocupación del dominio público marítimo terrestre ya no es necesario que el informe de la Administración del Estado sea favorable.

– Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, con el objetivo entre otros de “agilizar la implantación sobre suelo no urbanizable de […] infraestructuras hidráulicas, energéticas y el aprovechamiento de recursos minerales […] mediante un procedimiento más sencillo y ágil que el previsto en la normativa vigente.”

– Modificación de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, que facilitará la conversión de viviendas en establecimientos turísticos: “la propiedad de las viviendas o apartamentos que constituyen las unidades de alojamiento puedan corresponder a distintas personas y pueden ser, por tanto, objeto de transacción económica, facilitando así la inversión.”

– Se modifica la Ley 1/2005, de 4 de marzo, “por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias”, para que los monopolios de la distribución tengan aún más influencia y capacidad de decisión en el sector agroalimentario.

– Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se reducen aún más las instalaciones o actividades que deben contar con una evaluación ambiental “eliminando trabas innecesarias que redunden en una respuesta más rápida de la Administración a los operadores económicos, mejorando así la actividad industrial en Andalucía”.

– Modificación de la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, por la que se podrá usar aguas procedentes de plantas desaladoras para usos industriales, equiparándolas así a las aguas procedentes de la reutilización de aguas residuales.

– Modificación de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, donde se reducen las actividades y obras sujetas a la evaluación del impacto sobre la salud. Es decir, que nuestra salud frene menos aún sus actividades económicas.

– Se modifica la ley del Comercio Interior para “incrementar y flexibilizar los horarios de apertura autorizados en domingos y festivos«. Una vez más, eliminando trabas, esta vez a los monopolios del comercio y promotoras de centros comerciales para poder competir con los monopolios del comercio electrónico (Amazon, Alibaba…). Este aumento de horarios de apertura de comercios se aplicará especialmente en “zonas de gran afluencia turística”.

– Modificación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, con el objetivo de facilitar la gestión privada de servicios sociales (“evitar una carga administrativa excesiva […] que provocan, principalmente a las pequeñas y medianas entidades gestoras de servicios sociales, perjuicios tanto en la actividad económica”). Ya hemos comprobado que al capital le importa poco en qué condiciones viven (y mueren) nuestros ancianos en las residencias.

– Se cambia la ley 8/2018, de 8 de octubre, “de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético de Andalucía”, para que no sea obligatorio elaborar la “huella de carbono de Andalucía, basada en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero”.

Encontramos también en este decreto una medida expropiatoria impropia, según ellos, de liberales. Disposición adicional decimoséptima: “en casos de inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía […] el Consejo de Gobierno […] podrá adoptar mediante Decreto […] la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación”. ¡¿Ven señores de la socialdemocracia?! Los capitalistas expropian a través de sus instituciones cuando quieren. Ustedes ni siquiera se atreven a pronunciar esa palabra en pos del “bien común”. “Bien común” por el que no tienen ningún pudor en someternos a un régimen de terror y arresto domiciliario sacando al ejército a la calle para amedrentarnos con la excusa de la emergencia sanitaria ¡mientras enfermeros y médicos tienen que protegerse con bolsas de basura y desabastecidos de mascarillas!

Pero continuemos con el siguiente capítulo de esta “batería” o “paquete” de medidas, como les gusta a sus señorías decir, para no salir aún del asombro que provoca la colaboración de las fuerzas “progresistas” con el lado más salvaje del capitalismo.

El decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de “medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, y de agilización de actuaciones administrativas para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus” supone otro aluvión de millones para los empresarios, siempre acompañados de los adjetivos “pequeños y medianos” y metiéndolos en el mismo saco que los autónomos para que nos den más pena. ¿Será quizás por ello que el PSOE ha apoyado el decreto-ley y Adelante Andalucía se ha abstenido?

Las nuevas dádivas a las empresas de todos los sectores (que no a sus trabajadores) se inyectarán de la siguiente manera:

– Vía “subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca Garantía por importe máximo de hasta treinta y seis millones de euros (36.000.000 euros) para fortalecer la solvencia de la citada entidad (fondo de provisiones técnicas), de forma que le permita avalar operaciones financieras que se concedan a PYMES y a los autónomos y autónomas andaluces por importe de hasta quinientos millones de euros (500.000.000 euros)”.

– A través de una “línea de garantías de créditos concedidos por entidades financieras para circulante en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas andaluces, destinando veinte millones de euros (20.000.000 euros) para dotar un instrumento financiero de garantía con cargo a la línea Andalucía, financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, y sin que la financiación concedida a las empresas destinatarias tenga el carácter de reembolsable”.

– Subvencionando también el teletrabajo de las empresas: “El incremento ascenderá a nueve millones de euros (9.000.000 euros) que serán financiados con la disponibilidad presupuestaria existente en la partida presupuestaria 1400170000 G/72A/74027/00 A2221082Y0 2016000921, lo cual supone elevar el presupuesto total de la convocatoria en la línea de acción e.1) de Transformación Digital de las PYMES de hasta veintidós millones de euros (22.000.000 euros)”.

– Aplazamiento en el cobro de impuestos: “para evitar posibles tensiones en tesorería se establece una ampliación de tres meses adicionales del plazo de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”.

– Se prorrogan los plazos de ingreso de las deudas de derecho público, es decir, deudas a la Seguridad Social y Hacienda Pública, y de la presentación y pago de autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

– Mediante la “Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar, se reduce el gravamen para las máquinas recreativas y de azar. En particular, se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) para las máquinas”.

El montante total de esta inyección de liquidez a las empresas, según el decreto-ley, es de 285 millones de euros. A pesar, de que se toman estas medidas con la excusa de la pandemia, se establece “el carácter indefinido de las medidas de apoyo a la financiación del Capítulo I y la disposición adicional segunda, a fin de que desplieguen sus efectos más allá de la citada situación de emergencia sanitaria”.

También se echa una mano a los empresarios que se benefician de contratos con el sector público, al seguir pagándoles aunque no presten servicios durante la pandemia: “se habilita a la no suspensión del contrato y con ello se da lugar al pago del precio correspondiente a las nóminas de todo el personal adscrito a la prestación del mismo, aun cuando no se preste el servicio durante la vigencia del estado de alarma así como a todos los costes asociados al contrato en vigor”.

Pues bien, resulta que aun pagando todos los trabajadores andaluces a estos ladrones de guante blanco las nóminas de sus plantillas, siguen recurriendo a ERTEs para, dicen, sobrevivir. Así se justifica Antonio Vázquez presidente de Feditrans, una de las patronales del transporte, que asegura que el 90% de las empresas se han visto obligadas a acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), en un sector con 11.000 empleados, porque, afirma, “la financiación que garantizó la Junta se ha revelado insuficiente”. Siempre insaciables estos explotadores, siempre quieren más de “mamá Junta”, es decir, de todos nuestros bolsillos. El jefe de la patronal autobusera continúa: “la Consejería de Educación pretende que sobrevivamos con la subvención (que solo cubriría los servicios prestados a centros escolares) sin hacer ningún recorte de plantilla y eso es sencillamente insostenible”.

En el capítulo IV de este mismo decreto se incluye la suspensión de innumerables preceptos y artículos de reglamentos para la contratación de personal de la Junta de Andalucía, apelando a razones de emergencia para hacer frente a las necesidades que pudieran surgir. La primera opción no será contratar más personal, no. Será la “reasignación de efectivos”.

Algunos de los reglamentos con artículos que se suspenden en la disposición adicional cuarta “Simplificación de trámites en materia de personal” tenemos: “VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía”, “Reglamento de funcionamiento de la Subcomisión de Salud Laboral, Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía”, “Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía” o el “Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Movilidad por razones de salud del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía”.

En materia de servicios sociales, la Junta dice haber tomado, “en sintonía con el Gobierno de la Nación, una batería de medidas” para responder “a las demandas sociales que la suspensión de la actividad de los centros ha generado”. Una vez más, lo que deshace el mercado ha de rehacerse con dinero de todos los trabajadores. Aun así, la asignación a personas dependientes de los recursos, entre los que se encuentran, échense a temblar, centros residenciales privados y entidades de voluntariado, requiere atravesar un farragoso laberinto burocrático. La persona desvalida habrá de esperar la resolución de su expediente y respectivos informes entre Servicios Sociales y nuevas comisiones de emergencia social a nivel provincial y regional. Así se responde a una emergencia cuando el afectado no es uno de los suyos.

Y por último, acabamos este trabajo de disección de las medidas tomadas en situaciones “catastróficas” con el decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, «de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus” que podemos resumir en continuar alimentando el negocio de las empresas del sector educativo aunque no puedan prestar servicios durante la paralización:

“En el ánimo de proteger a todos los sectores que colaboran con la administración educativa en la prestación de servicios en el ámbito de su competencia y con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, se hace necesaria la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía de una forma inmediata, adoptando una serie de medidas que permitan adaptar determinadas actuaciones en materia de subvenciones”.

Esto se justifica chantajeándonos emocionalmente, pues estas subvenciones y ayudas se venden como ayudas a las familias de los alumnos. Estas ayudas no serán necesarias en cuanto deje de haber empresarios e intermediarios que presten esos servicios. Bajo un Estado socialista todos los servicios escolares serían prestados directamente por su suficiente personal educativo sin contrapartida monetaria. No es que no se quiera, es que el Estado burgués no está para esas lindezas: hay 1.800 centros privados adheridos al programa de atención socioeducativa de la Junta, que dan empleo a 12.000 trabajadoras (un 95% son mujeres), mientras la Junta solo dispone de 171 centros gestionados directamente.

Como en el caso del resto de empresas que prestan servicios a la administración andaluza, las escuelas-hogar y escuelas infantiles recibirán estas subvenciones, supuestamente, con la condición de que “se mantenga por la entidad beneficiaria la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que se mantenga la no prestación del servicio, así como el abono de los salarios y seguros sociales”.

Nuevamente, ante este rescate público del negocio privado que vive de nuestras necesidades más elementales, el PSOE se pone junto a los partidos más reaccionarios y Podemos se pone de perfil absteniéndose. Para qué queremos los trabajadores enemigos con esta izquierda de pacotilla.

Como corolario de este detallado análisis, desde el PCOE, como ante cualquier ley que venga de cualquier institución burguesa, respondemos que el desarrollo y evolución del sistema económico capitalista, en su fase más avanzada, obliga a los gobiernos de cualquier signo, y así viene impuesto además por la Unión Europea y el FMI, a rescatar al mercado y a la oligarquía financiera que lo domina. Esto llevará a las clases trabajadoras cada vez con mayor descaro hacia los trabajos forzados para poder devolver la deuda contraída por la Unión Europea y sus Estados miembros, precisamente para tapar el agujero que crea la estampida de capitales que concentran esa minoritaria oligarquía financiera internacional.

Para escapar de esa barbarie y el fascismo a los que nos arrastra el régimen capitalista, sólo hay una salida: recuperar lo que hemos levantado durante siglos las clases populares, tomando el control de los recursos naturales y los medios de producción que ponemos en marcha, incluso en tiempos de pandemia donde el contagio puede ser mortal.