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La miseria del estudiantado en la Región de Murcia

Los intereses privados sobre la integridad de los estudiantes

 

El pasado jueves 28 de enero se celebró el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia. En él se constató la realidad que el estudiantado de la Región de Murcia lleva sufriendo durante las últimas semanas, cómo ha quedado completamente desamparado ante la pandemia.

Durante el último mes, los estudiantes de la Región de Murcia han sufrido de primera mano una muestra más de la gestión criminal del capitalismo durante la pandemia. Mientras la región se encuentra en la situación epidemiológica más grave de toda su historia, las instituciones políticas, sanitarias y educativas se han mostrado impasibles, la presencialidad en las actividades lectivas para ellos es intocable.

Las cifras no podrían ser más alarmantes:

  • Más de 2.000 contagiados diarios y más de 15.000 contagiados, en total, casi 40 municipios confinados y con severas restricciones.
  • Desde el 1 de enero de 2021 se han dado más de un 30% (34.259) del total de los casos de coronavirus registrados en la Región de Murcia durante toda la pandemia (95.575) y un cuarto (255) de los muertos totales (999).
  • La tasa de incidencia acumulada se ha sextuplicado en la Región desde noviembre, llegando a duplicar la tasa que desde el Ministerio de Sanidad se considera como un riesgo de trasmisión extremo.

Con unos datos anecdóticos comparados con los actuales, en marzo se instauró a nivel estatal el confinamiento domiciliario. Este confinamiento, como todos sabemos, supuso la instauración de un régimen de represión, restricción de libertades y violencia contra los trabajadores, dotando a las FFCCSE de un control de la población que poco tenía de diferencia con un estado policial.

Ahora, con los últimos datos, desde las distintas instancias e instituciones con competencia la cuestión de la educación ha sido ignorada, peor, ha sido utilizada como arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos burgueses para intentar tomar la delantera en la pugna por las instituciones políticas que tanto codician.

Mientras la burguesía y sus políticos lacayos mantenían vivo su circo mediático, los estudiantes de la Región se encontraban desatendidos, obligados a desplazarse diariamente en condiciones insalubres a sus centros de estudio y a hacinarse en dependencias carentes de cualquier medida de seguridad que pudiera asegurar su salud e integridad. No existe excusa ni justificación alguna, están jugando con la salud del estudiantado, motivados por sus intereses personales, privados y políticos.

Nos referimos en concreto a empresas como el Santander, Orenes y la educación privada, todas ellas con representación dentro de los órganos de la Universidad de Murcia, que emplean la universidad para publicitarse y lavar su imagen. En cuanto a los intereses políticos, es de sobra conocida la relación del actual rector con el Partido Popular, e incluso el Consejo de Estudiantes de la Universidad está formado en gran parte por las juventudes de los partidos del gobierno regional o de la socialdemocracia parlamentaria. ¿Cómo esperar que quienes se encuentran al servicio de los gestores del capital en la región, cuya única tarea es velar por el beneficio de la burguesía regional, fueran a torcer su brazo en favor de la salud de los estudiantes?

El Gobierno Estatal de Coalición, el Gobierno Regional del Partido Popular, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Salud, la Consejería de Sanidad, la Consejería de Universidades, los rectorados de las universidades, los decanatos, las direcciones de los centros de estudios… Una larga lista, todos ellos responsables o cómplices de esta situación. El Estado fascista español en su conjunto ha ignorado, como no podría ser de otra forma, los intereses de los estudiantes y en particular a los de extracción obrera.

El ejemplo más evidente lo tenemos hoy en la Universidad de Murcia. La Universidad ha demostrado su completa despreocupación por la situación de sus estudiantes durante esta pandemia, en particular durante la Convocatoria de Exámenes de Enero en la que actualmente se encuentran.

La UMU y su rectorado, encabezado por José Luján, ha llevado a cabo un ejercicio de irresponsabilidad y manifiesta incompetencia, pues ha sostenido que no existía otra opción que apostar por la presencialidad en la realización de los exámenes. Afirmaban que esta modalidad era completamente segura para los estudiantes. Tan segura era esta modalidad que conforme fueron saliendo a flote los distintos datos sobre la situación sanitaria y epidemiológica, desde la universidad apostaron por retrasar la convocatoria de exámenes 15 días.

Se ha defendido que esta patética medida sería suficiente para asegurar la salud de los estudiantes. Sin embargo, los datos aquí expuestos no hacen más que contradecir esta afirmación, demostrando que la realidad es muy distinta. El propio Comité Técnico Asesor para Actuaciones Relacionadas con la COVID-19 de la Universidad ha afirmado en sus informes 5 y 7 lo siguiente:

  • La presencialidad acarrearía hasta 120.000 desplazamientos en el corto periodo de transcurso de esta.
  • Que, aunque se tomaran medidas sanitarias para realizar los exámenes de manera presencial, esto supondría un peligro manifiesto de contagio.
  • Que la aparición de una nueva variante del virus (VUI-202012/01) plantea un escenario todavía más grave.
  • Que para alcanzar una situación sanitaria que permitiese realizar los exámenes de manera presencial tendrían que transcurrir todavía varias semanas.
  • Que la Universidad goza de criterio propio y competencias para plantear soluciones.

En todo momento ha existido la evidencia constatada de que la modalidad presencial a la hora de realizar los exámenes no era una opción segura ni recomendable de ninguna forma, que era necesario implementar métodos de evaluación alternativos y online.

Aún ante el aplastante peso de los argumentos aquí expuestos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha afirmado hoy, por segunda vez, su intención de mantener la presencialidad de los exámenes. Una postura criminal que obliga a los estudiantes a arriesgar su salud sin ninguna justificación, únicamente debido a la voluntad de los integrantes de esta institución y sus intereses.

Existen más ejemplos como este de la vergonzosa gestión de la pandemia del COVID-19 por parte de las instituciones del Estado Español y en particular de la Región de Murcia. El SARS-CoV-2 se ha cobrado durante su transcurso miles de vidas en el Estado Español, recrudeciendo sus efectos, como no podría ser de otra forma, entre los obreros (obligados a seguir asistiendo a sus centros de trabajo) y los sectores más vulnerables de la sociedad como los enfermos y ancianos (estorbos para el imperialismo en su explotación).

Ahora el estudiantado y, en particular, aquel que proviene de la clase trabajadora, es el principal afectado por estas medidas. Se presenta ante ellos una disyuntiva horrífica, presentarse a los exámenes arriesgando su salud y sus vidas o no presentarse y arriesgar su futuro académico, laboral y económico.

Los estudiantes más precarizados no pueden acarrear con los gastos que pueden surgir fruto de no presentarse a una convocatoria. Segundas o terceras matrículas, perder la beca de desplazamiento, la incapacidad de compaginar el trabajo y el estudio por el aumento de exámenes para la próxima convocatoria… Nos encontramos aquí con que de nuevo se da una contradicción entre el capital, representado por las instituciones educativas y gubernamentales, y el trabajo, representado por los estudiantes provenientes de familias de clase trabajadora.

Vemos así la verdadera cara de la “educación pública” bajo el capitalismo. La educación pública en un estado burgués no sirve si no como un instrumento más de dominación de clase replicando la ideología dominante e inoculándola a los estudiantes de clase trabajadora, una parte más de la superestructura jurídica-política-ideológica. La pública es otra institución más al servicio de los intereses de la burguesía y en esta ocasión no iba a ser distinto. Representantes de la patronal, políticos y demás lacayos del capital imponen unas medidas que atacan directamente a la clase trabajadora y su prole.

Bajo el capitalismo el crear una educación al servicio de la clase trabajadora es inviable. Los intereses de la clase dominante son los únicos a los que la educación puede atender mientras siga bajo el control de la burguesía. El desarrollo de una educación por y para la clase trabajadora no es posible de la mano de la reforma de este sistema putrefacto y caduco. Es necesario construir un sistema completamente nuevo.

 

De igual forma se evidencia una vez más que ni bajo un gobierno “progresista”, como el estatal, ni bajo un gobierno “conservador”, como el regional, se puede dar una “buena” gestión del sistema capitalista. Bajo este sistema los trabajadores estaremos obligados a sufrir las consecuencias de la dominación de la burguesía, al no llevar las riendas de nuestro destino.

Desde el Partido Comunista Obrero Español denunciamos esta lamentable situación. Los trabajadores no debemos estar sometidos bajo el yugo del capital, arrastrados a la miseria de la explotación capitalista y las penurias fruto de su dominación. Durante esta pandemia hemos visto como la única solución pasa por la organización bajo el liderazgo de la clase obrera y su partido, debemos mandar al vertedero este sistema basado en la explotación de la mayoría por la minoría, el sistema capitalista.

Solo bajo la instauración del Socialismo y, por lo tanto, la expropiación y socialización de los medios de producción, la clase obrera podrá romper sus cadenas y acabar con la sociedad de clases. Mientras esto no suceda la clase trabajadora estará obligada a sufrir los abusos que supone la dominación de clase bajo la voluntad de los imperialistas y sus monopolios que viven a cuerpo de rey a costa de la vida de millones de seres humanos que la pierden.

 

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