Bien es sabido por todos que la exhumación del dictador Francisco Franco no es sino la punta de lanza de los socialfascistas del PSOE en un intento fútil de intentar engañar a las masas obreras y diferenciar sus políticas de las que hacen los partidos abiertamente reaccionarios. Un tira y afloja ridículo donde se ha mostrado una parte del estado burgués en toda su plenitud; la Judicatura mediante el Tribunal Supremo, paralizando la exhumación y cuyo auto es una muestra irrefutable de que la ideología franquista goza de completa protección jurídica. 

No solo se sigue defendiendo y honrando la figura del dictador, sino que la burguesía, en un nuevo ejercicio de revisionismo histórico contra los intereses del proletariado, no duda ni por un instante en reconocer al tirano Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”. Como es obvio, la elección de esta fecha no es fruto de la casualidad, como tampoco es un ejercicio de ignorancia. La burguesía no ha dudado ni por un instante en orquestar la posible exhumación y aprovechar esta situación para seguir derechizando el panorama político y para dar cabida a un relato histórico reescrito directamente de la mano de franquistas. 

Con esta fecha no solo se está obviando que existió un golpe de Estado fallido que dio lugar a tres años de guerra civil, que eliminó sin lugar a dudas a una de las generaciones más avanzadas de nuestro país, sino que está dotando al franquismo y al posterior régimen de monarquía constitucional de la legitimidad que carece a ojos de la historia. Franco nunca fue jefe del Estado de una manera legal, sino que su nombramiento está apuntalado por el genocidio al pueblo español. La autoridad franquista, emanada de la Junta de Defensa Nacional de Burgos en septiembre de 1936, solo fue reconocida por el régimen nazifascista alemán y sus aliados. 

Por ello, otorgarle un ápice de legalidad solo se entiende si dicho Tribunal está conformado por unos miembros de ideología completamente fascista y que demuestran, una vez más, que en ningún momento existió una transición ni se han depurado a los franquistas de la política, la justicia y el ejército. Ante dicho Estado netamente fascista, los marxistas no podemos claudicar y exigimos su completa disolución, su liquidación y su sustitución por unas nuevas instituciones, por un Estado proletario al servicio del pueblo. 

La historia no deja ni dejará de ser utilizada como propaganda política de los intereses de la burguesía. En este caso, del ideario de los militares franquistas rebeldes que se sublevaron y cuya propaganda en la sociedad actual no tiene otra intención que eliminar del recuerdo la lucha del pueblo español contra el fascismo y el de allanar el terreno de la legitimidad, para que, si en un futuro el movimiento obrero comunista pone en una encrucijada los intereses de las élites, éstas vuelvan a utilizar toda su capacidad represora.