El gobierno ‘progresista’ arrastrado ante la OTAN y los monopolios
El Estado español, a través del Ministerio del Interior, desplegará en los próximos días 6.550 policías nacionales y 2.400 guardias civiles para garantizar, con la colaboración de 1.200 agentes de la Policía Municipal, la seguridad de los más de 40 jefes de Estado que asistirán a la cumbre de la OTAN. Esto se suma al compromiso del gobierno de duplicar su gasto militar para contribuir al refuerzo de la alianza. Ya vimos hace unos días como Defensa solicitaba 3.000 millones extra para reforzar a la OTAN frente a Rusia.
Esta ingente cantidad de dinero invertida por todos los Estados aliados de la OTAN con la excusa de la guerra en Ucrania no es más que la lógica escalada armamentística a la que nos conduce el imperialismo para librar sus guerras de rapiña por el control de recursos, así como para fortalecer a los cuerpos de represión de los Estados capitalistas para socavar cualquier posible movimiento revolucionario.
Esta realidad de fortalecimiento de los cuerpos represivos y los ejércitos imperialistas, muestra en realidad la debilidad del sistema económico, un capitalismo putrefacto totalmente en quiebra que sólo se sustenta ya en base a la guerra; guerras imperialistas para el control de recursos y la guerra contra el propio pueblo trabajador para someterlo y explotarlo a los niveles que exige la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el mundo capitalista.
Esta inversión sin precedentes del Estado español en gasto militar está teniendo las esperadas consecuencias en la economía nacional, con un empobrecimiento cada vez mayor de la clase trabajadora, incremento de una inflación ya de por sí disparada y los consecuentes recortes sociales que afectan a las clases populares.
De esta forma, la deuda pública del Estado español se sitúa ya en el máximo histórico de los 1,45 billones de euros, un 117,7% del PIB, lo que en términos económicos equivale a la bancarrota del Estado, todo esto sin contar con la deuda privada de las familias y empresas, que alcanzó en el tercer trimestre de 2021 el 140,9% del PIB, una situación completamente insostenible se mire por donde se mire y que sólo puede conllevar más empobrecimiento para la clase trabajadora.
El precio de la electricidad sigue subiendo a pesar del tope del gas, elevándose el pasado 16 de junio un 15% sobre unos precios ya de por sí desorbitados que hacen que miles de familias trabajadoras se vean obligadas a elegir entre pagar la factura de la luz o comer, y haciendo que en ciudades como Sevilla, los pacientes de oncología del Hospital Virgen del Rocío estén a más de 40 grados sin aire acondicionado.
El Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas estrellas del gobierno de coalición que no deja de ser una nueva transferencia de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital, se ha mostrado totalmente inútil e ineficaz, llegando tan sólo a 1 de cada 7 familias en situación de pobreza, persistiendo las trabas burocráticas y el maltrato institucional, teniendo en cuenta además que los propios datos del gobierno para contabilizar a esas familias en riesgo de pobreza son incorrectos pues sólo tienen en cuenta los ingresos, pero se excluyen los gastos como la vivienda que en ciudades como Madrid y Barcelona duplican, triplican y más los precios de otras ciudades. De esta forma, según datos del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), habría al menos 585.043 personas más que viven bajo el umbral de la pobreza de las que tenía controladas el Estado.
La privatización de servicios públicos continúa imparable bajo el gobierno “progresista”, que no duda en aplicar las mismas políticas que la derecha más reaccionaria.
La nueva “Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud” no deja de ser un ejercicio de funambulismo político para consagrar la privatización de la sanidad, pues a pesar de que se deroga la Ley 15/97, se traslada su contenido al artículo 47 de la Ley General de Sanidad (hasta ahora vacío por derogación previa), introduciendo la privatización en la propia LGS. Se mantiene el artículo 67 de la Ley General de Sanidad (convenios singulares), que legaliza la atención sanitaria a través de hospitales privados, indefinidamente, y con dinero público, en muchas localidades del Estado. Las decenas de centros privatizados en base a la Ley 15/97 se mantendrán durante décadas como una losa económica sobre los presupuestos sanitarios.
La reforma de las pensiones del gobierno abre también la puerta a la privatización, implantando un sistema similar al que Pinochet introdujo en Chile, con planes de pensiones creados con dinero público gestionados por empresas privadas (principalmente bancos), que mediante la especulación han llevado a millones de pensionistas chilenos a la ruina.
Para contener el malestar, paralizar cualquier movilización y seguir sometiendo a los trabajadores, el gobierno no duda en regar con millones de euros a sus sindicatos amarillos CCOO y UGT, que recibirán este año 21,5 millones de euros, más otros desembolsos del Estado para reformar sus sedes, todo enfocado a infiltrar el sindicalismo amarillo entre las luchas de los trabajadores, para desmovilizarlos y someterlos.
La participación en organismos imperialistas como la OTAN, punta de lanza del imperialismo estadounidense, es sinónimo de miseria, pobreza y muerte para la clase trabajadora, tanto la española como la del resto del mundo. El pueblo trabajador debe rechazar totalmente seguir formando parte de una alianza criminal con una esencia puramente anticomunista, que surgió para frenar el avance del socialismo en el mundo de manos de la Unión Soviética. La existencia de la OTAN es una amenaza para todos los trabajadores del mundo y como tal debe ser combatida. Pero los gobiernos capitalistas, sean del color que sea, no son más que títeres de los monopolios cuyos intereses defienden organizaciones como la OTAN. Por ello, es indispensable que la clase obrera se organice en un Frente Único del Pueblo que sirva de contrapoder a los actuales órganos de poder capitalistas, que una todas las luchas del pueblo trabajador en una única lucha contra este sistema y su Estado, y que sea el germen de un Estado obrero que ponga los medios de producción y toda la riqueza que generan al servicio del pueblo.
Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)