El caso de Zoowoman. La piratería no precariza la industria, lo hace el capitalismo
En octubre de 2021, la Brigada de Delitos Digitales registró el domicilio de Fernando “El Feo”, creador de la web Zoowoman y del canal La Filmoteca Maldita y confiscó sus dispositivos en una operación autorizada judicialmente a raíz de una denuncia impulsada por EGEDA, una empresa de gestión de derechos de productores audiovisuales presidida por Enrique Cerezo desde 1998. La Fiscalía solicita para el acusado una indemnización de 800.000 euros y una pena de prisión de dos años y medio por la difusión de películas a través de Zoowoman, una plataforma que reproducía y preservaba obras descatalogadas, muchas de ellas sin explotación comercial activa y utilizadas con frecuencia en ámbitos educativos y culturales. Según sostiene El Feo, su actividad carecía de ánimo de lucro y respondía únicamente a una labor de conservación y difusión «por amor al arte», sin retribución económica y sin publicidad. La vista oral tuvo lugar el 9 de abril de 2026 en Burgos y está a la espera de sentencia. La semana pasada, los creadores de contenido, analistas y críticos Alejandro G. Calvo y J. Maquiavello denunciaban el caso en el pódcast The Wild Project, el más visto en habla hispana.
El conflicto adquiere una dimensión mayor si se tiene en cuenta la posición de Cerezo dentro de la industria audiovisual española. Además de presidir la entidad demandante, es propietario de Video Mercury Films, distribuidora que controla entre el 70 y el 80 % del catálogo del cine español, con más de 7.000 títulos bajo su gestión. Así pues, podemos decir sin pelos en la lengua que Enrique Cerezo posé el monopolio de la exhibición del cine español. También es presidente del Atlético de Madrid e impulsor de FlixOlé, la plataforma de streaming al estilo de Netflix o Prime Video lanzada en 2020. La denuncia que desembocó en la redada se produjo poco después del lanzamiento de dicha plataforma, cuyo catálogo coincidía en una ínfima parte con el de Zoowoman. Sin embargo, Cerezo no se ha limitado a denunciar por las películas que coincidían con su catálogo, sino que lo ha hecho también por muchas otras producciones, incluyendo obras extranjeras. Para el acusado, la controversia refleja el choque entre dos modelos opuestos de acceso a la cultura: uno basado en la preservación y difusión comunitaria de obras difíciles de encontrar y otro sustentado en la explotación comercial de unos derechos concentrados en manos de grandes operadores del sector.
La lógica mercantilista, es decir, la idea de que lo que se produce debe servir para aumentar el capital, vacía de sentido la cultura, la información o el deporte y los convierte en engranajes de la industria del entretenimiento. Cuando el valor principal de un bien cultural queda reducido a su capacidad de generar beneficios, deja de responder a las necesidades sociales para convertirse en una mercancía restringida. Se priva a gran parte de la clase obrera del acceso a la cultura, la divulgación y la información, se selecciona lo difundible por criterios de rentabilidad y se criminaliza la difusión no lucrativa que persigue otros fines, ya sean educativos, sociales o culturales. En el caso de Zoowoman, la persecución es contra quien democratiza el acceso, mientras que quienes concentran derechos y catálogos actúan como garantes del monopolio.
Respecto a la difusión de los deportes y más concretamente el fútbol, Mediapro ha sido durante aproximadamente diez años la principal responsable de la producción audiovisual de los partidos de LaLiga (primera y segunda división), aunque desde 2025 perdió este contrato tras la adjudicación a HBS y Telefónica. La compañía mantiene activos como Gol Play y otras actividades vinculadas a la comercialización de derechos deportivos, mientras que la emisión de LaLiga se realiza principalmente a través de Movistar Plus+ y DAZN, con paquetes que superan los 80 euros mensuales, dependiendo del operador y la oferta contratada. Cabe destacar que el entramado de canales deportivos constituye uno de los principales impulsores de la actividad de las casas de apuestas. Tras la pérdida de este contrato, Mediapro ha ejecutado un ERE con la salida de 189 trabajadores, cerca del 20 % de la plantilla.
La acusación habitual contra la piratería es que “quita trabajo” a las trabajadoras y trabajadores del sector, pero ya vemos que dicho argumento oculta al verdadero factor de precarización, que no es otro que las propias productoras y las estructuras de la industria. Entre las prácticas que alimentan esta precariedad se encuentran la fragmentación de contratos, las altas en la Seguridad Social al inicio de la jornada y las bajas al finalizarla el mismo día, aun cuando el trabajo sea continuado durante meses, la utilización de contratos por obra y servicio para empleos que se prolongan durante años, como ha ocurrido en empresas como Mediapro (todo ello mientras producía una película crítica con la patronal como El buen patrón de Fernando León de Aranoa) o RTVE, incurriendo en ocasiones en fraude de ley al mantener dichos contratos durante más de tres años para impedir la consolidación de derechos laborales estables. A ello se le suma la figura de los falsos autónomos denunciadas en distintos momentos en empresas y medios como Cadena SER o Los 40 Principales (Prisa), Canal Sur (Radio y Televisión de Andalucía), Euskal Telebista (EiTB) o Telemadrid entre muchos otros casos. A todo éste se le debe añadir subcontratación, jornadas extenuantes, dificultad para encadenar proyectos y largos periodos sin ingresos, así como escuelas de audiovisuales que cobran matrículas elevadas y rematan con prácticas no remuneradas. Todo ello va acompañado de profesionales que se ven obligados a complementar su actividad en la industria audiovisual con trabajos freelance, darse de alta como autónomos, encadenar empleos fuera del sector o dedicarse a la docencia en escuelas audiovisuales «serias» e incluso a la venta de cursos en línea, simplemente porque no pueden vivir exclusivamente de su trabajo en la industria.
Dichas formas de explotación, lejos de ser una excepción, son sistemáticas y garantizan bajos costes y alta movilidad laboral, mientras unos pocos propietarios rentabilizan el catálogo y extraen plusvalía. Las escuelas de audiovisuales o de cine, a menudo conectadas con la industria, reproducen la ilusión del «sueño» profesional para captar mano de obra barata. Cobran cantidades significativas por formación que luego se traduce en prácticas no remuneradas o mal remuneradas y en una red de contactos que favorece el amiguismo y el enchufismo. Así se construye una cantera de trabajadores precarizados que legitiman un sistema que beneficia a quienes controlan la distribución y los derechos.
Así pues, la acusación que algunos sectores de la derecha suelen verter sobre el cine y la televisión, afirmando que están copados por la izquierda o que son especialmente progresistas, es abiertamente falsa. Se trata, de hecho, de una industria altamente elitista a la que se accede estudiando grados o másteres caros y mediante enchufes o apadrinamientos, así como gozando de una situación económica cómoda que permita pasar meses sin trabajar por falta de proyectos, algo que la gran mayoría de la clase obrera no se puede permitir. Además, las subvenciones públicas a las películas españolas no suelen superar el 15 o el 20 % de su financiación anual, siendo generalmente estas producciones las que acaban premiadas y promocionadas.
Televisión Española (RTVE), por ejemplo, suele ofrecer másteres que oscilan entre los 4.500 y los 9.500 euros y que posteriormente permiten entrar como interino en las listas de contratación, aunque nunca llaman demasiadas veces seguidas para evitar la consolidación de trabajadores fijos. Durante la época del procés independentista català se enviaba a cubrir las manifestaciones a becarias, ya que los reporteros veteranos se negaban a asistir debido a la tensión que las siglas RTVE provocaban entre los manifestantes. A los pocos meses, varias de estas becarias acabaron de baja. Otra muestra de la hipocresía del sector se produjo cuando estalló la polémica contra el cocinero Jordi Cruz en 2017, después de que defendiera el modelo de estudiantes en prácticas no remuneradas como un «privilegio formativo». ¿Acaso alguna de estas televisiones, radios o periódicos que se hicieron eco no tienen becarias y becarios trabajando sin remuneración?
Un argumento habitual para justificar la precariedad en la industria es que «no hay hueco para tanta demanda de trabajo». Sin embargo, en 2023 se registraron 375 largometrajes producidos en España —298 producciones nacionales y 77 coproducciones—, según la Estadística de Producción Cinematográfica del ICAA. Esa cifra recoge únicamente largometrajes y no incluye series ni otros proyectos televisivos o de streaming. Además, en 2023 se contabilizaron 49 rodajes internacionales en territorio español que generaron una inversión directa estimada de 197,5 millones de euros. Los incentivos fiscales y las ayudas autonómicas, como el régimen fiscal de Canarias, han sido factores importantes para atraer estos rodajes. Sumando cine, series, publicidad, contenidos de streaming, posproducción y rodajes internacionales, la actividad es sostenida y distribuida a lo largo del año. Por tanto, no falta trabajo en el sector.
Así pues, ningún magnate de la industria cultural, del entretenimiento, del deporte o de las plataformas de contenido puede acusar a nadie de parásito, pues los únicos parásitos que hay aquí son la burguesía que, a través de su entramado explotador, además crea productos audiovisuales que alienan, disgregan y generan falsos espejismos aspiracionales para la clase obrera.
Desde el PCOE expresamos nuestra solidaridad con Fernando «El Feo» ante la represión sufrida y consideramos que la única sentencia que procede es la absolución, acompañada de una indemnización por los perjuicios ocasionados durante estos cinco años. Reafirmamos que la industria audiovisual (cultural, entretenimiento, deporte, etc.) debe estar al servicio de la clase obrera. Pero no únicamente dicho sector, sino también el tecnológico, el de servicios y todos los demás, pues las relaciones de producción capitalistas constituyen hoy un freno para que la mayoría de la sociedad pueda disfrutar plenamente de los beneficios de aquello que produce. El caso de «El Feo» no es solo un proceso judicial, es un síntoma de cómo ningún sector escapa a la concentración de capital cada vez en menos manos, que cercenan el derecho a cubrir necesidades culturales además de mantener a la población alienada, ignorante y consumista. Así mismo, hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras del sector a la lucha sindical de clase para que dejen de jugar con las expectativas vitales y los bolsillos de millones de personas, pues ahora y siempre, la lucha es el único camino.
¡Por la unidad de clase!
¡Solidaridad con los que sufren la represión!
Comisión Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)