Con la proclamación de la República Independiente de Catalunya se inicia una nueva fase en el panorama político que define con suma claridad la naturaleza represiva del régimen que, más allá del encono in crescendo entre España y los independentistas catalanes, muestra la vileza de un sistema que fue concebido por el maridaje trufado de engaño y traición. Es el sistema de 1978, de claras connotaciones fascistas.

El escenario actual saca a flote todas las contradicciones resueltas de modo falsario en el período de “transición” y que, por consiguiente, permanecían soterrados con toda su indemnidad. Tenemos pues que las señas de identidad del franquismo han pasado a ser las insignias de la “democracia”: Monarquía, bandera, himno, concepto de soberanía basado en la unidad territorial forzosa, poder resolutorio del ejército, la intocabilidad del capitalismo (art. 38 de la Constitución), la pervivencia de estructuras arcaicas como son la existencia y el poder que detentan los terratenientes andaluces, extremeños y castellanos… cuyas contrapartidas, frágiles concesiones a las clases trabajadoras como son los “derechos” de sindicación, de reunión, de expresión, de manifestación, etc. todas ellas tenidas por “conquistas democráticas”, son anuladas en la práctica con artimañas o están en vías de desaparición por mor de leyes restrictivas, impuestas por los sucesivos gobiernos estatales que han contado en todo momento con la silenciosa anuencia de los gobiernos autonómicos, regentados por nacionalistas de derechas y por PCE-IU cuya misión ha sido preservar las “esencias” heredadas del franquismo que ellos censuraron favorablemente en el referéndum Constitucional de 1978.

La consecuencia inferida es un proletariado en precariedad laboral, cuando no arrojado en masa al paro,  cada vez más empobrecido merced a la profunda crisis que aprisiona al capitalismo y a la preponderancia del capital especulativo en el proceso de producción, el cual genera una doble vertiente de desafección en las masas laboriosas: económica y emocional, ésta última debido a la ausencia en la palestra política de organizaciones revolucionarias que les introduzcan la conciencia de clase, lo que las lleva en cierta medida a adoptar concepciones contrarias a sus intereses al depositar su confianza en el oportunismo e incluso en las derechas, so creencia de que quien tiene el dinero es el único que puede aliviar sus necesidades y curar sus aflicciones.

Una sociedad de tal categoría propende, sin más remedio, al despotismo y a su consecuencia más inmediata: la corrupción superlativa de las instituciones. Si en este sistema existiese un mínimo de rigor, tanto PP como PSOE y la monarquía habrían sido ilegalizados e inhabilitados a perpetuidad sus máximos dirigentes.

Fatalmente el curso de los acontecimientos nos depara una realidad muy distinta. El Partido Popular, que se ha nutrido delictivamente para afrontar procesos electorales y ha enriquecido en todas las etapas de su existencia a sus máximos dirigentes a través del robo, es el que dirige el cotarro y el que decide qué es y qué no es democracia por encima de las leyes y de la Constitución que blanden sus dirigentes.

Pero como todas las entidades de este mundo, los sistemas tienen su vigencia que se consume dadas sus contradicciones irreconciliables. De esta manera, el problema de Cataluña, larvado durante décadas, despierta e irrumpe con ímpetu inusitado por la propia dinámica de la situación descrita. La corrupción y el despotismo del PP se ceban con Cataluña para impedir el goce de sus peculiaridades y para rechazar los Estatutos que se dio el pueblo. A partir de este momento, el desencuentro entre el Estado español y la Generalitat es total. El PP, amparado en las facultades que les confiere poseer el gobierno del Estado, derrocha toda la tiranía franquista que entraña, lo que ha despertado al nacionalismo después de décadas de letargo, haciéndolo crecer a velocidad de vértigo, no dejándole más recurso que el de emprender el combate por la independencia o someterse a las arbitrariedades del ideario de un partido corrupto.

Sin embargo, el Estado utiliza todos sus medios, que son muchos (televisión, prensa, radio, etc.), para desvirtuar las causas del conflicto y difundir la idea de que se trata de una lucha ilegal y caprichosa contra la legalidad existente. La consigna le ofrece la ocasión a los oportunistas  de IU y PODEMOS de elegir el camino de en medio, es decir, de proponer un referéndum a través de un acuerdo que, a priori, se sabe que es imposible por el carácter absolutista del gobierno español. La idea de que la legalidad la representa el Estado y la ilegalidad el referéndum facilita al Secretario General del PSOE la posibilidad de quitarse la máscara de socialista de izquierda para presentarse tal como es en realidad, un adocenado derechoso. Al auxilio de la legalidad, han acudido sectores de la intelectualidad cuyo acomodo político podría ser perturbado e incluso viejos dirigentes del PCE-PSUC -tal es el caso de Frutos- que, como es lógico, sale en  defensa de su inefable claudicación.

Un mínimo esfuerzo a la hora de analizar lo que está sucediendo nos lleva a una conclusión lógica aunque cruel. Frente a la supuesta ilegalidad catalana se han arrejuntado las fuerzas traidoras del 1978 y sus derivados, con el único propósito de neutralizar expeditivamente a quienes osen poner en entredicho el contubernio pro franquista que puso en solfa  la “transición”. Porque el problema de Cataluña no hace sino reverdecer el debate que se suscitó entonces entre continuación o ruptura que, lejos de saldarse definitivamente, toma mayores bríos porque la deriva del sistema es incuestionable.

¿Puede un gobierno corrupto, pueden aquellos que representan el pasado franquista, pueden los traidores del contubernio hablar de legalidad? ¿Acaso las leyes que defienden los fascistas, la derecha y sus acompañantes, deben ser respetadas por los trabajadores y por el pueblo en general? ¿Por qué todos los grupos fascistas acuden con sus insignias franquistas a las manifestaciones exigiendo la unidad de España con las leyes existentes que deberían suponerse antifranquistas?

El cinismo descuella en estos momentos supremos. Los que blasonan de ser constitucionalistas callan como malparidos cada vez que se conculca su Constitución cuando se trata de ultrajar a las clases operarias. Más de tres millones de trabajadores no tienen derecho al trabajo, más del cincuenta por ciento de los que trabajan no tienen derecho a un salario digno, las mujeres soportan una sempiterna desigualdad, se cuentan por miles los vecinos de este país que se han suicidado porque hasta ellos no llegaba el derecho al trabajo y por consiguiente el derecho a una vivienda digna. ¿Cuántas veces, pues, se saltan a la torera los burgueses su propia Constitución sin recibir amonestación alguna?

Que nadie venga a contarnos que democracia es votar un Parlamento representativo para que nos dirija bajo el imperio de la Ley. Al menos en España, todos sabemos las múltiples maneras con las que los partidos burgueses han financiado sus campañas para las elecciones. Democracia es poder del pueblo y eso no existe en este país. Las leyes no son divinas, las escriben e imponen personas; pero personas que representan a clases sociales en detrimento de las clases oponentes y no a favor de todo el pueblo. Y como se puede comprobar, los representantes de las clases que mandan en nuestro país provienen de la corrupción. A pesar de todo, debemos preguntar ¿Están prohibidos en España los referéndum para consultar al pueblo qué es lo que desea? Es cierto que llevar a la práctica la independencia va contra las leyes. Pero las leyes han de estar preparadas para servir al pueblo y en el supuesto de que alguna no lo esté debe estar dispuesta a dar paso a los cambios precisos a fin de que realmente sea la voluntad popular la que se sirva de ella. No puede existir bajo ningún concepto una ley que impida la libertad de pensamiento y de expresión. Por eso, el gobierno de Rajoy y los Constitucionalistas se vuelven irracionales por cortar de raíz la posibilidad de que el pueblo catalán exprese sus sentimientos libremente, ya que llevaría al sistema a una bestial contradicción. Si el pueblo por mayoría expresa su deseo de independizarse y la ley lo impide, lo que hay que cambiar no es el sentimiento del pueblo sino la ley que ha quedado obsoleta; de lo contrario, el gobierno se torna reaccionario. La obstinación, el no por el no y la violencia policial han sido los argumentos esgrimidos por quienes no querían que se celebrase el referéndum, vulnerando sus preceptos al objeto de no darse de bruces con una realidad que les niega. En este sentido, es el gobierno del Estado español el que conculca en primer lugar los derechos de expresión y de participación del pueblo catalán, haciéndolo además con violencia y alevosía como quedó demostrado el 1 de Octubre.

Al margen de legalidades, los acontecimientos han puesto sobre la mesa de discusión el carácter burgués de la independencia catalana, que no rebaja un ápice el derecho del pueblo a su emancipación, menos aún, su participación en el referéndum. Son demasiados errores cometidos y de bulto: no tener los tiempos controlados, no prever los sucesivos objetivos a alcanzar, especialmente la meta cardinal, etc., son consecuencias de que el proceso ha sido dirigido por un sector de la clase capitalista, pues los trabajadores no han participado como clase, se han adosado al carro y se han diluido en las luchas. La burguesía es dúctil y anárquica e incluso traicionera y sólo se endereza y fortalece con la dirección y bravura de las clases trabajadoras. Al carecer de un partido revolucionario, la independencia está abocada a cualquier cosa en manos de los burgueses, incluso a la huida en el fragor de la batalla, lo que ocasionaría el desconcierto en las filas independentistas. Esto explica que la alta burguesía catalana “comprometida”, los partidos pequeño-burgueses y radicales se planteen volver mansamente al redil de la “legalidad” del Estado español dejando a un lado a las masas populares que lo han expuesto todo. Por lo visto, el único objetivo era lograr la proclamación de la independencia, sin importar su contenido y sin ir más allá de la pantomima. Las manifestaciones de Junqueras en Tv3 en las que hace notar con talante de éxito que las medidas tomadas para intervenir la autonomía por parte del gobierno de Rajoy iban a tener una duración de meses, no deja de ser una tomadura de pelo al pueblo de Cataluña: “Es un 155 que no podrá aplicar durante seis meses, al menos en este momento, sino que, en todo caso durante 50 días”. Asimismo, el hecho de que los partidos independentistas participen en las elecciones organizadas por el gobierno español, cuya misión es anular todo el proceso del 1 de Octubre, es una muestra más de la veleidad ideológica y política que rezuman los dirigentes independentistas, quienes optan por dejar en la estacada al pueblo con tal de salir personalmente airosos ante la justicia española.

Los trabajadores deben organizarse autónomamente, perfilar sus fuerzas y a partir de ahí, ser el motor de la historia del pueblo catalán. La independencia es lícita y en determinados casos de opresión hay que luchar por ella sin perder el norte  que no es otro que el ideal sublime de las clases desposeídas, el socialismo. Si no se defiende lo logrado con tanto sacrificio, pasarán largos años para resarcir el destrozo ocasionado. Cuando se comienza una “insurrección” hay que hacerlo con total determinación. La independencia se ha de buscar, no para anclarse en un nuevo estado capitalista que a la postre depara las mismas angustias a los obreros, sino para acercar más y más el objetivo final. Para ello, el proletariado catalán debe ser consciente de que el capitalismo es bárbaro pero universal y sólo se le puede vencer si los trabajadores alcanzamos la unidad universal. La independencia para un obrero no es únicamente quitarse de en medio la opresión de otro estado. Jamás bajo el marco de un país capitalista nos liberaremos del despotismo burgués. La independencia de verdad ha de ser de clase. Nos independizamos del burgués pero no de nuestros hermanos de clase españoles. De ahí que esta lucha sea nacionalista e internacionalista al mismo tiempo porque los acontecimientos catalanes sirven para mostrarnos de una vez y por todas el carácter burgués de los partidos que componen el parlamento español. Al PP, pasando por los nacionalistas hasta PODEMOS-IU, sólo les separan matices de cómo mejor defender el estado burgués. A la par, han puesto sobre la mesa de discusión la necesidad de sacar a flote todo cuanto la transición ocultó. En estas circunstancias, los derechos nacionales de Euskadi, Cataluña y Galicia y las transformaciones socioeconómicas que exige la grave situación de Andalucía, pese a sus riquezas autóctonas, cuyo eje central debe ser la implantación de una Reforma Agraria Antimonopolista y Antilatifundista, puede constituir el acicate para que el pueblo embargado por la propaganda burguesa despierte de su letargo. Se trata de abrir desde ya focos de lucha contra el sistema. Se trata de poner coto al imperialismo y a su expresión nacional española.

Madrid 31 de octubre de 2017

COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL