La justicia española se muestra implacable cuando hay que dejar en la calle a una mujer de 65 años, aunque le cueste el suicidio fruto de la desesperación:

“La víctima no ha abierto la puerta a la comisión judicial que iba a desalojarla por impago de alquiler. Poco después, se ha tirado desde un quinto piso perdiendo la vida por la parada cardiorrespiratoria que le ha producido el impacto contra el suelo. Hace apenas cinco meses ya se produjo un caso similar en Catalunya.”

Sin embargo, se muestra cómplice y permite que los empresarios, banqueros y demás estafadores, eliminen las pruebas de sus delitos con total impunidad. Las historias clínicas de los pacientes de iDental han sido borradas de servidores informáticos. Leemos en el Diario de Sevilla:

“Después de meses de intercambio de información y de instrucciones impartidas por el juzgado, el pasado 19 de diciembre un representante de la empresa informática comunicó por email al juez que se había eliminado el contenido de todos los servidores cuya información se pretendía volcar.”

El juzgado en cuestión, ha estado MESES esperando a que la empresa informática haga con esa información lo que le venga en gana. ¿Dónde está esa celeridad y urgencia con la que los antidisturbios y las comisiones judiciales echan a patadas a las familias obreras de sus casas?

Otro ejemplo de esta Justicia española al servicio del patrón es el archivo de la causa de acoso y abusos sexuales de un empresario de Huelva a temporeras marroquíes. Según El juzgado de primera instancia e instrucción 3 de la Palma del Condado (Huelva) “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” a pesar de que las trabajadoras denunciaron que el acoso era habitual. La justicia española exige que sea la víctima la que demuestre los hechos. Pero cuando el trabajador supuestamente comete un error, es sentenciado al despido ipso-facto por parte del empresario de turno, que es en realidad el juez de primera instancia de los trabajadores.

La justicia, como siempre inmisericorde con los más débiles, da por buena la suposición de que se trata de una “maniobra” para evitar su vuelta a Marruecos una vez terminada la temporada de la fresa. ¿Qué trabajadores, y mucho menos inmigrantes, se atreven hoy a denunciar los abusos de los empresarios sabiendo que les puede costar el pan? ¿Qué sentido tiene quedarse en Huelva con la dificultad de encontrar trabajo por estar en la lista negra de los empresarios tras haber denunciado?

Las víctimas, con hijos pequeños en sus ciudades de origen, han explicado que su intención no era residir en España, pero sí quedarse hasta ganar el caso para no ser repudiadas por sus familias. Pero una vez más, la única palabra que vale para la Justicia española es la del patrón.

Abajo la justicia española del patrón

Por una justicia obrera

Por el Frente Único del Pueblo

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Andalucía