Caso de los ERES: la punta del iceberg

PSOEA
 
En España los casos de corrupción desvelados e investigados hasta ahora suponen un coste de unos 124 mil millones de euros. Para poner esa cifra en contexto, el presupuesto de sanidad es de unos 4 mil millones y el de Educación unos 2 mil millones de euros.

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada actuó en un total de 678 procesos durante 2018:


Aunque los medios de comunicación del régimen tratan de poner cerco a la herida, la realidad es que el cuerpo entero del régimen capitalista está putrefacto y en descomposición. Conforme se tira del hilo, unos casos de corrupción llevan a otros y abarcan a todas las instituciones y ámbitos geográficos del Estado español.

A la jueza Mercedes Alaya, que se ocupó de la causa de los EREs durante años, la apartaron para que no fuera más allá de Andalucía y el PSOE, pues como ella misma relató en una reciente entrevista concedida a ABC “tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos […] La causa real … fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.[…] durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior».

En el caso de los EREs nos encontramos ante una muestra de cómo las instituciones burguesas acuden al rescate de las empresas para que incluso los despidos, subidas salariales y reestructuraciones les salgan gratis, saltándose si hace falta sus propias normas y controles. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez emitió hasta quince informes entre 2003 y 2009, en los que advertía de las deficiencias del sistema para abonar las ayudas, haciendo caso omiso el gobierno socialista de la Junta de Andalucía.

Como se concluye en la sentencia Nº 490/2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla, relacionada con la pieza política del caso de los EREs, las ayudas a las empresas, con la necesaria colaboración de las cúpulas sindicales de UGT y CCOO, sirvieron para comprar la “paz social” ante una nueva cresta de la crisis capitalista en los años 90 que preveía despidos masivos y cierres de empresas:

“HECHOS PROBADOS […] CUARTO.- Cronología de los hechos. 1.- Hay que partir de la situación social por la que atravesaba la comunidad autónoma de Andalucía en la década de los 90, cerca ya del año 2000. Con una situación generalizada de fuertes crisis empresariales, que afectaban a una importante cantidad de trabajadores, llegando incluso a suponer el despido de plantillas en su totalidad, y cierres inmediatos de muchas empresas.” (Página 226 de la sentencia)

“Que en Santana Motor, al abandonarlo el grupo japonés, pasa a ser una empresa perteneciente a la Junta de Andalucía en el 100 % de su capital social. En dicha sociedad, dado que los japoneses habían retirado parte de las licencias de la distribución y producción, había que hacer una reestructuración tremenda de personal, había que despedir a 600 personas y también había que reubicar a 400 personas en el Parque de proveedores de la propia Santana. Por ello después de lo ocurrido en Cárnicas Molina, en la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación que lo mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor. Pero es que también estaba apuntando el tema de Astilleros, la Bahía de Cádiz e incluso la Faja Pirítica de Huelva.[…] ante esta situación […] era una preocupación de la Junta de Andalucía […] el mantenimiento de la “paz social. (Pág. 680)


Entre 2001 y 2011 se ejecutaron en Andalucía 9.461 EREs que afectaron a 120.849 trabajadores, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Página 291). Todo ello a pesar de que en todos los pactos y acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos de comparsa (CCOO y UGT), “desde el Pacto por el Empleo de 1997, y el IV Acuerdo de Concertación de 1999 […] se establecían compromisos de la Junta Andalucía, tendentes fundamentalmente al mantenimiento del empleo, a evitar el cierre de empresas y mantener, por tanto, intactas en la medida de lo posible, las plantillas.” (Página 226)

Y como también se concluye de manera rotunda y varias veces en la propia sentencia, los principales beneficiarios de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía fueron los empresarios, aunque dichas ayudas se camuflaran de “sociolaborales”:

“7.- Que estas ayudas, en su mayor parte, son ayudas a empresas, queda acreditado adicionalmente por: […] Las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil […] del análisis documental y de las declaraciones tomadas, llegaron a la conclusión que el beneficiario real era la empresa, […] que ésta, una vez “adelgazada” su plantilla con fondos públicos, se beneficiaría del mantenimiento de importantes beneficios en el ejercicio de su actividad empresarial, o incluso, a través de la venta de las instalaciones e inmuebles en los que se ubicaba el centro productivo”. (Pág. 323)

“8.- Siendo el efecto buscado de esta tramitación, apariencia de ser considerados como beneficiarios los extrabajadores, para soslayar los problemas que se derivarían de su consideración de ayudas a empresas”. (Pág. 325)

“10.- Que estamos ante ayudas a empresas y no de ayudas a trabajadores, se desprende igualmente de la ficha del programa 31L, para el ejercicio 2010 […] la aplicación presupuestaria utilizada, artículo 47 “A EMPRESAS PRIVADAS”, identifica como destinatario a las empresas.» (Pag. 329)

Entre las beneficiadas podemos encontrar grandes empresas como Hytasal, Santana Motor, FCC, Ferrovial, Boliden, ABB, Cervezas Alhambra, Minas de Río Tinto, o Dhul.

Lo que la justicia burguesa ni el resto de partidos políticos ponen en entredicho no son las ayudas a las empresas, sino el hecho de que no todas las empresas hayan tenido acceso a ellas, y no sólo las seleccionadas a dedo por el gobierno socialista:

“B) En cuanto a las ayudas a empresas en crisis, al no haberse efectuado una convocatoria de estas ayudas […] se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas, un importante número de empresas en situación de crisis económica (Página 93 de la sentencia)

Aunque la sentencia cifra “el montante global de los créditos […] para ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis […], desde el ejercicio presupuestario 2000, al ejercicio presupuestario 2009, a un total de más de 680.000.000 € (Página 290), esto no es más que una mínima parte de lo que los empresarios roban a los trabajadores de manera legal a través de las plusvalías que genera la clase obrera con su trabajo.


La corrupción no son “cuatro o cinco golfos” que roban más de la cuenta, como se nos intenta mostrar desde los medios e instituciones del régimen. Es estructural en el capitalismo, pues es la parte de los beneficios que los capitalistas han de destinar en forma de comisiones para, por un lado, hacerse con contratos públicos con el Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y por otro lado, y no menos importante, para comprar a la aristocracia obrera (partidos de la izquierda parlamentaria, sindicatos amarillos) que sirve de muro de contención, mediante la “paz social”, ante una posible revuelta de las clases populares por el empeoramiento de sus condiciones de vida.

Estos son los que nos dicen cómo hemos de vivir los trabajadores

Aquellos que son firmes defensores de la “transición” y la “democracia”, que desde poses “progresistas” nos han dicho que hemos de seguir sometidos al mismo látigo del patrón y del terrateniente que mandaban con el franquismo, han regado a estos con cientos de millones de euros en ayudas y subvenciones mientras al pueblo andaluz nos han venido diciendo que abusamos del sistema de salud o que no queremos trabajar sino vivir del cuento cobrando subsidios.


Entre los condenados encontramos la “crême de la crême” de responsables políticos a todos los niveles: 2 presidentes de la Junta de Andalucía, 2 ministros de trabajo, 1 ministro de sanidad, 1 ministra de fomento, 1 delegado del gobierno, 3 consejeros de Economía, 2 de Hacienda, 2 de Administración Pública, 2 consejeros de empleo, 1 consejero de Obras Públicas y Transportes, 1 Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 2 Directores Generales de Trabajo y Seguridad Social, 1 director general de Administración Local y Justicia, 6 presidentes o directores generales de la Agencia IDEA, 1 director general de presupuestos de la Junta de Andalucía, 1 consejero presidencia, 1 secretario de Estado, 1 secretario general del PSOE en Andalucía, 1 secretario general del PSOE en Sevilla, y 1 presidente de Renfe.

Como vemos, entre los condenados hay responsables en materia de empleo, seguridad social, economía, hacienda, administraciones públicas, justicia, ciencia, transportes, y sanidad. Todos nos han dado lecciones sobre cómo hemos de vivir el pueblo trabajador andaluz.

Tomemos el caso de Carmen Martínez Aguayo. Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009, participó en 1991 en la elaboración del Informe Abril, cuyo objetivo era, coincidiendo con la desaparición del campo socialista de Europa del Este y la URSS, “optimizar” el Servicio Nacional de Salud español. Lo que en lenguaje capitalista significa quitar recursos de la sanidad pública para favorecer al negocio privado de la salud.

En dicho informe se aseguraba que en la Atención Primaria, se “consumen en exceso medios diagnósticos y terapéuticos”, que “el Sistema público no tenía visión global y empresarial”, y se proponía “mayor eficiencia de los recursos”, “promover conciencia de coste en el profesional y en el usuario” y la “creación de estructuras más flexibles y autónomas en su gasto.”

De los EREs al franquismo

El expediente que llevó al gobierno socialista a saltarse los pocas trabas que había a las ayudas a empresas fue el de la cárnica Hijos de Andrés Molina S.A., tras las reiterativas “disconformidades” que plantearon los interventores de la propia Junta de Andalucía.

Pero si tiramos del hilo a través de esta empresa, podemos conectar la corrupción del franquismo con la actual:

– Mediante una ley de 1942, el franquismo intenta controlar la producción de pequeños productores agrícolas creando fachadas cooperativas como la Unión Territorial de Cooperativas (UTECO) de Jaén. Este entramado empresarial fue presidido entre 1962 y 1982 por Domingo Solís, presidente también de la Caja Rural Nacional, de la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén (CPA) y de la Unión Nacional de Cooperativas (Unaco). Su hermano, José Solís. fue un “camisa azul” de la Falange, que concentró un gran poder en el régimen franquista y actuó como fiscal en el juicio que sentenció a muerte a un grupo de maquis en 1941, culpables de querer “restaurar la República”.

– En 1982, Domingo Solís es procesado por “delitos monetarios” que suman 11.600 millones de pesetas (70 millones de euros) y “falsificación de documentos mercantiles”, al acordar partidas de aceite de oliva con una empresa francesa y apropiarse del sobreprecio que correspondía a UTECO (en torno a los mil millones de pesetas, 6 millones de euros).

– José Caballos Mojeda, cabecilla de uno de los clanes socialistas (el del ex-presidente Borbolla) durante las últimas décadas, y uno de cuyos hijos ha sido director de marketing de Maestrazgo de Sevilla SL, una empresa de ibéricos de bellota a la que la Junta concedió 2,4 millones de euros en ayudas directas del «fondo de reptiles», escribía en 1982 en el diario El País acerca del procesamiento del presidente de UTECO: “Una vez más, el Gobierno socialista tiene que cargar con la irresponsabilidad de unos pocos que se ampararon, primero, en la falta de libertades, para luego vivir como peces en el océano del dejar hacer que caracterizó a las Administraciones (?) de UCD. […] Habrá que apelar a esos aceituneros altivos, de Miguel Hernández, para que «de la tierra callada, el trabajo y el sudor» surjan sobre unas bases firmes el desarrollo y el bienestar de ese gran pueblo de Jaén”.

– Con el objetivo de “reconstruir la estructura financiera” de UTECO y la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén (CPA) y “salir al paso” de “una grave crisis en el sector agrario”, el gobierno de Felipe González aprueba en 1983 créditos extraordinarios por valor de 27.160 millones de pesetas (163 millones de euros).

– En febrero de 1988, la empresa pública Mercor, filial del Ministerio de Agricultura, y gestora de UTECO y CPA, comienza el desmantelamiento de sus plantillas (ERE encubierto), recibiendo para ello un crédito estatal de 2.200 millones de pesetas (13 millones de euros). Una de las marcas de aceite de oliva producidas por estas sociedades estatales era Coosur, que fue adquirida en subasta por Aceites del Sur en 2002.

– Meses más tarde, la empresa Hijos de Andrés Molina SA, entonces con mil trabajadores y “una de las más importantes del mercado nacional en la elaboración de productos cárnicos”, compra CPA. El entonces secretario provincial de UGT en Jaén, Tomás Cabrera, declara que la oferta de Hijos de Andrés Molina «tiene el respaldo del sindicato»: «Es una empresa con claras perspectivas de expansión en el mercado exterior, y los beneficios se quedarán en Jaén«.

– A principios de los años 90 Hijos de Andrés Molina SA atraviesa “dificultades financieras”, reduciendo la mitad de la plantilla. La Junta de Andalucía toma el control en 1995 a través del Instituto de Fomento de Andalucía, la actual agencia IDEA. Esta ha sido la agencia intermediaria para usar el “fondo de reptiles”.

– La Junta de Andalucía riega a la empresa Hijos de Andrés Molina con 50 millones de euros en ayudas estatales en forma de préstamos, garantías y condonación de deudas, lo cual es declarado ilegal por la Comisión Europea.

– La Junta de Andalucía regala en 1999 Hijos de Andrés Molina a Campofrío, gracias a la ayuda de 5,83 millones de euros que le se concede. Campofrío se queda con 300 de los 475 obreros que trabajaban en Hijos de Andrés Molina, prejubilando al resto en algunos casos a los 50 años de edad. Además se le ceden 100.000 metros cuadrado de terreno para construir una fábrica de “tecnología punta”, El delegado de industria de la Junta en Jaén, Francisco Reyes, asegura que Campofrío viene a “hacer una gran cárnica en Andalucía”.

– El entonces secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT en Jaén, Juan Lanzas Fernández, hace de “mediador” en el ERE de Campofrío. El dirigente de UGT hace una gran carrera como “conseguidor” de EREs, habiendo sido recibido según un auto de la jueza Alaya casi 10 millones de euros a través de empresas intermediarias, más 3 millones por mediar hasta en 5 EREs con la familia Ruiz Mateos, y casi 600.000 euros logrados al incluirse a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa y a sus cuñados Angeles Sierra y Carmelo Cruz en el de Dhul. Llegó a tener 16 casas y su madre declaró a la Guardia Civil que su hijo tenía dinero para “asar una vaca”.

– Campofrío, después de reducir la plantilla a 145 trabajadores, vende Cárnicas Molina en 2004 al grupo Primayor Foods, que en 2007 entra en concurso de acreedores y cierra. El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Francisco Reyes, el mismo que en 1999 decía que Campofrío venía a “hacer una gran cárnica en Andalucía”, reconoce que el actual proyecto empresarial de Cárnicas Molina «no es viable».


No olvidemos tampoco la responsabilidad de los oportunistas PCE-IU-Podemos en blanquear lo que ellos llaman la “izquierda”, co-gobernando con el PSOE en la Junta de Andalucía, ayuntamientos de toda España y arrodillándose una y otra vez para gobernar en coalición con estos representantes de la banca y el Ibex-35. No es de extrañar que Alberto Garzón quiera pasar página y olvidemos el latrocinio y expolio al que sus compañeros de viaje han perpetrado contra el pueblo trabajador andaluz:



En definitiva, lluvias de millones para los empresarios y sus lacayos políticos y sindicales, que prometen y prometen, mientras juegan con las vidas y los anhelos de la clase obrera que aspira no más a tener un puesto de trabajo que le permita llegar a fin de mes.

Es hora de aspirar a algo más. Es hora de tomar las riendas de nuestro destino, de tomar el control de los medios de producción para quitarse de encima a una clase parasitaria, la burguesía y la aristocracia obrera amamantada por ella, que vive el paraíso en la tierra y que nos sumergen constantemente en unas condiciones de vida cada vez más miserables y donde es imposible tener un proyecto digno de vida.

Y para ello no hay otra que estructurar y vertebrar a las clases populares desde abajo, desde el corazón de los centros de trabajo, con el sindicalismo de clase, convirtiendo los comités de empresa y delegados de personal en órganos de poder obrero con el que tomar el control de las empresas y la producción; en los barrios obreros, a través de asambleas o asociaciones de vecinos de donde salgan los representantes más honestos y combativos; de los centros de estudio y formación a través de las delegaciones de alumnos, creando asambleas de estudiantes y jóvenes; de asambleas de jornaleros y pequeños campesinos en los pueblos y zonas rurales. Todas estas asambleas unidas a través de un Frente Único del Pueblo que sea el germen de una nueva democracia y una sociedad planificada en beneficio del pueblo trabajador y no de un puñado de sanguijuelas vividoras y parásitas.

 

Por el fin a la democracia de los banqueros, empresarios y terratenientes
Por la Construcción del Frente Único del Pueblo
Por el Socialismo

Secretaría Política del Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español

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