Madrid se ha convertido en una ciudad pensada para el uso y disfrute de la burguesía. Es un hecho constado que el PCOE ha denunciado en reiteradas ocasiones. Los beneficios fiscales de los que goza la burguesía tanto en la capital como en la Comunidad, las viviendas de protección oficial cedidas a las fuerzas represivas del Estado o el proyecto de expropiación de bienes públicos para uso privado llamado Operación Chamartín son algunos de los elementos que hacen de Madrid una ciudad diseñada para la burguesía y que niegan el bienestar para la clase trabajadora.

Los obreros madrileños nos enfrentamos a un problema que ha ido engordando a lo largo de los últimos años y que ningún Gobierno municipal, ya sea uno rancio del PP o uno de colorines de Ahora Madrid, se ha molestado en abordar seriamente: el derecho a la vivienda. Una vivienda digna es inaccesible para la inmensa mayoría de los trabajadores madrileños. Es un problema ignorado por los políticos del Ayuntamiento, pues sirven todos a las clases poseedoras de capital y el (no) derecho a la vivienda es un problema que atañe única y exclusivamente a la clase obrera y a los jóvenes futuros trabajadores. Al igual que ocurre en el Congreso, la “pluralidad democrática” que aparenta tener distintos partidos de signo variado se demuestra una farsa. Solo interesa abrir el debate en período electoral –solo de boquilla, sin aplicar medidas– para volver a barrerlo por debajo de la alfombra una vez llegados al Gobierno.

Por matemática sencilla, un madrileño que cobra el salario mínimo interprofesional aprobado por el nuevo Gobierno (950€) tendría que destinar el 71% de su sueldo (670€) para poder alquilar un piso en Madrid, más concretamente en los barrios periféricos de Palomeras Sureste (Vallecas) o Butarque (Villaverde), donde el alquiler es menos caro. Es decir, tendría que compartir piso para vivir en otros barrios, lo que convierte a su vez el sueño de formar una familia en un privilegio cada vez más inalcanzable.

En esta tesitura, muchos trabajadores se ven obligados a recurrir a la también inaccesible opción de los pisos de alquiler público. El mes pasado, 23.000 personas (y subiendo) se encontraban a la espera de conseguir alguno de los 163 pisos de alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Así, no es de extrañar cómo muchos obreros acaban por vivir en un indigno “piso colmena”: repartidas por la capital, ya son diez “casas” con habitáculos de un par de metros cuadrados y con un total de 579 plazas. Esa es la realidad del inexistente derecho a la vivienda digna que tenemos los obreros. Ese es el bienestar y el progreso que nos reserva el capitalismo.

Una de las innumerables consecuencias que acarrea el problema de la vivienda es el proceso de gentrificación en barrios históricos de la clase obrera. Vecinos que se ven obligados a abandonar el barrio de toda su vida por la subida desorbitada del alquiler. Como ocurre en La Latina, Malasaña o en Chamberí, barrios enteros se transforman paulatinamente en cortijos de nuevos ricos, expulsando al proletariado a la periferia. Y en dicho proceso, debe recordarse, la burguesía se cobra vidas obreras. Así, cada vez más trabajadores están abocados a ser marginados al extrarradio. Y si ya el obrero pasa la casi totalidad de su tiempo de vida en su centro de trabajo, con la negación de este derecho y su expulsión a la periferia, hay que añadir además todas las horas –y gastos– de trayecto desde su vivienda en las afueras de Madrid hasta su lugar de trabajo.

Uno de las mayores afectados por el no derecho a la vivienda es la juventud de clase obrera o las futuras generaciones trabajadoras. Con datos de 2018, la media de emancipación en el Estado español se encuentra en 29,3 años. En Madrid, el problema es todavía más agudo. Los jóvenes madrileños gastan en alquilar una habitación casi el 40% de su sueldo. Un sueldo que, en el caso de los trabajadores de 18 a 35 años, ha caído desde 2008 hasta un 5,0% –un 9,6% en el caso de las mujeres obreras–. Todo ello mientras el precio de las rentas de alquiler ha aumentado un 27% de media en la Comunidad de Madrid, con algunas zonas especialmente disparadas donde el porcentaje de subida llega al 52%. Para los jóvenes obreros, emanciparse de la casa de sus padres es una odisea y muchos están condenados a vivir con ellos el resto de su vida, sin poder formar su propia familia. Independizarse es cada año más difícil; hacerlo en una vivienda digna es casi imposible.

El inexistente derecho a la vivienda y, especialmente, cómo se manifiesta entre las capas populares más jóvenes, tiene cada año menor cabida en la agenda política de los parásitos del parlamentarismo español. Es un problema que se aborda cada vez menos, pues el envejecimiento demográfico redunda en que la mayoría de los votantes ya no sean jóvenes –al contrario que cuando la generación del ‘baby boom’ cumplía la mayoría de edad–. Es decir, no interesa tanto centrar los debates electorales en los problemas que preocupan principalmente a los jóvenes, pues de ellos no van a sacar la mayoría de los votos. Así funciona la lógica “democrática” de este sistema.

Algunos reformistas exclaman que la solución a la cuestión de la vivienda es regular el alquiler de los pisos. Parecen no ver (o no querer ver) que un problema tan grave como este no se va a solucionar con una mísera reforma. No son capaces de comprender que este no es un problema aislado. Intervenir en el mercado de la vivienda supondría ponerse directamente en contra de los intereses de los monopolios, del capital bancario y de los especuladores financieros. La clase obrera no puede esperar nada de este nuevo Gobierno, si acaso alguna reforma insuficiente, pues en ningún caso van a discutir los privilegios de fondos de inversión nacionales e internacionales como lo es, por ejemplo, el fondo buitre Blackstone –con acciones en Hilton, en TDC A/S o en Nielsen Company–.

Parece que la burguesía no tiene suficiente con humillar a los trabajadores cada día en los centros de trabajo con jornadas interminables y pésimas condiciones laborales. También lleva el yugo a las puertas de su casa. La burguesía extiende su dominio aplastante y explotador a todos los ámbitos de la vida. El proletariado no deja de sentir ni un solo segundo cómo le aplasta la bota del patrón. Es incapaz hasta de vivir en unas condiciones mínimamente dignas, negadas por la burguesía y su Estado.

El problema de la vivienda no es un problema de Gobierno. Va mucho más allá. Es un problema de Estado que no puede solucionarse porque el sistema económico de la burguesía, el capitalismo, no se sostiene y se encuentra en crisis histórica. Hasta que la clase obrera no sea dueña de su futuro y acabe con la burguesía y con su sistema, no podrá poner fin a todas las humillaciones que sufre cada día. La realidad nos demuestra una vez más que la única salida para la clase obrera es derribar el capitalismo y la dictadura del capital, y construir el socialismo y la dictadura del proletariado. Solo arrebatándole el poder a las ensangrentadas manos de la burguesía podrá la clase obrera terminar con su explotación y tener la vida digna que la historia le debe.