El pasado 16 de septiembre, nueve años después del 1-O, Roger Español se sienta frente a la justicia con la pérdida de un ojo como consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada durante las cargas policiales. Cuatro agentes de la Policía Nacional se sientan en el banquillo para responder por los hechos consumados, mientras la Fiscalía sostiene que no hubo delito y las acusaciones particulares reclaman penas que ascienden hasta los 13 años.

No es un caso aislado. Hace unas semanas, en los alrededores del Martínez Valero de Elche, un joven aficionado del Barça fue detenido después de un incidente en el que los agentes le retiraron una estelada y posteriormente lo golpearon durante la intervención. Las imágenes provocaron críticas por el uso desproporcionado de la fuerza, por la significación política contra la enseña y que podría terminar en un delito de odio si la justicia no fuera parcial en la defensa de los intereses de las clases explotadoras y que llevaron primero a una investigación interna y, finalmente, a la apertura de un expediente por posible falta grave o muy grave. La versión policial sostiene que el joven agredió primero a un agente y que la intervención se produjo en ese contexto. Hay que recordar que, una vez inmovilizado en el suelo, el joven independentista recibió un puñetazo en la cara por parte de uno de los agentes implicados. Y poco después hemos vuelto a ver cargas policiales contra manifestantes de la izquierda independentista que trataban de impedir el acto de Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres. Los Mossos establecieron un cordón para separar ambas movilizaciones y cargaron solamente contra los manifestantes de la izquierda independentista. En el incidente hubo también tres detenidos, ninguno de Aliança Catalana.

Tres episodios distintos unidos por una misma cuestión. El uso de la fuerza del Estado frente a quienes protestan, se organizan o expresan posiciones políticas consideradas conflictivas. Estos hechos deben interpretarse como una manifestación del carácter de clase del aparato estatal. La policía no es una institución neutral situada por encima de los conflictos sociales, sino una pieza del Estado que, en determinadas circunstancias, contribuye a preservar el orden social existente y, con él, las relaciones de poder de la burguesía. La represión de las movilizaciones obreras, populares o de cualquier movimiento que cuestione esas relaciones económicas, políticas o sociales no es una anomalía, sino una función política del aparato coercitivo del Estado.

La cuestión de fondo, por tanto, no es solamente quién disparó aquella pelota de goma, quién golpeó a un joven en Elche o quién ordenó una carga. Es preguntarse qué intereses protege el aparato represivo cuando el conflicto social llega a la calle. Para los comunistas la respuesta es diáfana, mientras las relaciones económicas sigan organizadas en torno a la propiedad privada y al poder de la burguesía, el Estado, y también sus cuerpos policiales, actuará siempre como garante de ese orden frente a quienes pretenden transformarlo. El papel de los revolucionarios no es fácil pero su fin obedece a una Ley inexorable que lleva a fenecer a lo viejo y a saludar a lo nuevo que ya surge de sus entrañas, la sociedad socialista. En este trance, el comunista no se limita a cuestionar el orden existente, sino que participa en la organización y en la lucha colectiva de quienes buscan transformarlo mediante su partido comunista. En este escenario, el papel del PCOE consiste en contribuir a desarrollar conciencia, solidaridad y capacidad de acción, vinculando la crítica del sistema con las necesidades concretas de la clase obrera y haciéndola consciente de su número y su fuerza. Así, la Revolución no se entiende como obra de individuos aislados, sino como un proceso colectivo de emancipación social donde el partido crea la conciencia y la dirección de los intereses de la clase obrera.

¡Ninguna represión podrá con la clase obrera!

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Una vez más, cuando se aproxima un nuevo ciclo electoral, las organizaciones de la izquierda institucional vuelven a poner sobre la mesa la misma receta: unidad electoral, nuevas siglas y promesas de construir un espacio «amplio» capaz de frenar a la derecha. Esta vez el nombre escogido es Frente Amplio, una alianza impulsada inicialmente por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, que pretende incorporar también a otras fuerzas como Compromís, MÉS y Chunta Aragonesista. El propio proyecto mantiene abierta, además, la cuestión de la participación de Podemos.

El envoltorio cambia, pero el contenido político fundamental permanece. Después de Sumar llega el Frente Amplio; antes de Sumar hubo Unidas Podemos y otras fórmulas de confluencia. Cambian las marcas, los nombres de los candidatos y los equilibrios internos entre las distintas organizaciones, pero vuelve a aparecer el mismo planteamiento: la clase trabajadora debe confiar electoralmente en una determinada suma de partidos para impedir el avance de la derecha y garantizar una supuesta política progresista desde las instituciones.

El problema no reside en que diferentes organizaciones puedan alcanzar acuerdos. La unidad de la clase obrera es una cuestión fundamental. Pero la unidad de la clase trabajadora no puede confundirse con la suma electoral de organizaciones políticas que mantienen una estrategia basada fundamentalmente en la gestión de las instituciones burguesas. Un frente de organizaciones obreras no adquiere automáticamente un carácter revolucionario por incorporar la palabra «frente» a su denominación.

Y aquí aparece una cuestión que conviene señalar. El término «Frente Amplio» no es políticamente neutro. Sus propios impulsores han explicado que la denominación pretende jugar con la idea de amplitud y con el precedente histórico del Frente Popular de la Segunda República. Pero la utilización de una terminología asociada a experiencias históricas de unidad popular no convierte una coalición electoral contemporánea en un frente de clase. Para los comunistas, el contenido de una alianza política no viene determinado por su nombre, sino por su programa, su composición de clase, sus objetivos y la estrategia que desarrolla.

El debate que aparece estos días en los medios resulta revelador. Se habla de la marca, de quién encabezará la candidatura, de la incorporación de Podemos, de las primarias, de los equilibrios territoriales y de cómo conseguir que el nuevo espacio sea «verdaderamente amplio». Incluso Ada Colau ha planteado como condición que el proyecto sea más amplio y que incluya a Podemos. Es decir, buena parte de la discusión vuelve a situarse alrededor de cómo organizar electoralmente el espacio político situado a la izquierda del PSOE, y no alrededor de cómo organizar a la clase trabajadora para transformar las relaciones económicas y sociales que determinan sus condiciones de existencia.

Este fenómeno tampoco aparece de la nada. Sumar llegó al Gobierno de coalición junto al PSOE y sus organizaciones han participado desde las instituciones en la gestión del Estado. Ahora se prepara una nueva plataforma para las próximas elecciones generales. El cambio de marca puede ser presentado como una nueva etapa, pero existe una continuidad evidente en la estrategia: la participación electoral y la presencia institucional como eje fundamental de la actividad política.

El marxismo-leninismo no plantea que los comunistas deban ignorar las elecciones o abandonar la lucha política en las instituciones. Lo que plantea es algo muy diferente: las instituciones del Estado burgués no pueden convertirse en el centro de la estrategia revolucionaria ni en un sustituto de la organización independiente de la clase obrera. Cuando la política queda reducida a conseguir representación parlamentaria, formar gobiernos y administrar determinadas parcelas del Estado, la actividad política termina subordinándose a los límites impuestos por el propio sistema.

Y aquí aparece la contradicción fundamental de estas propuestas. Se pide a los trabajadores que se movilicen para votar a una determinada candidatura con el argumento de que hay que impedir que gobierne la derecha. Pero la explotación capitalista no desaparece porque gobierne una u otra fuerza dentro del marco institucional existente. El trabajador continúa vendiendo su fuerza de trabajo; la propiedad privada de los medios de producción permanece; la burguesía conserva el control económico y la capacidad de condicionar la política; y el Estado continúa funcionando sobre las bases materiales de la sociedad capitalista.

Esto no significa que todas las medidas concretas impulsadas por las distintas fuerzas sean idénticas, ni que carezca de importancia quién gobierne en determinadas circunstancias. Significa que las reformas dentro del capitalismo tienen unos límites objetivos y que esos límites no pueden ocultarse detrás de campañas electorales que presentan cada nuevo ciclo como una oportunidad histórica para «parar a la derecha».

La derecha, además, no aparece en el vacío. El crecimiento de las posiciones reaccionarias está relacionado con las contradicciones del propio capitalismo y con la incapacidad del reformismo para ofrecer una salida de clase a los problemas que afectan a los trabajadores. Cuando los salarios pierden poder adquisitivo, la vivienda se convierte en una mercancía cada vez más inaccesible, aumenta la precariedad o se deterioran los servicios públicos, limitarse a gestionar esas contradicciones desde las instituciones no elimina sus causas.

La respuesta marxista-leninista no puede consistir en elegir cada cuatro años qué representantes administrarán esas contradicciones. La cuestión fundamental es otra: organizar a la clase trabajadora, desarrollar su conciencia política y construir una fuerza revolucionaria capaz de disputar el poder a la burguesía.

Por eso tampoco debemos confundir la unidad. Los comunistas defendemos la unidad de los trabajadores, pero esa unidad debe construirse en torno a los intereses de clase y a la lucha, no alrededor de la simple suma de siglas electorales. Unidad en los centros de trabajo, en los barrios, en los conflictos laborales, en la defensa de los servicios públicos y en la lucha contra la explotación y la opresión capitalista. Unidad que permita elevar la conciencia política de la clase y no limitarla a convertirla periódicamente en electorado.

El capitalismo no necesita únicamente gobiernos de derechas para reproducirse. También puede ser administrado desde posiciones reformistas, mediante reformas destinadas a amortiguar sus contradicciones sin cuestionar sus fundamentos. Esta es precisamente la función histórica que el marxismo ha atribuido al reformismo: presentar la reforma del capitalismo como alternativa a su superación revolucionaria.

Por eso, frente a cada nueva marca electoral, los comunistas debemos volver a plantear las cuestiones fundamentales. ¿Qué clase posee los medios de producción? ¿Quién controla la economía? ¿Quién decide qué se produce y para qué? ¿Quién se apropia de la riqueza generada por los trabajadores? ¿Qué clase controla el Estado?

Mientras esas relaciones permanezcan intactas, cambiar el nombre de la candidatura no cambia la naturaleza del sistema.

El Frente Amplio podrá ser una nueva fórmula electoral y podrá obtener mayor o menor representación. Podrá incorporar a Podemos, a Compromís, a MÉS, a CHA u otras organizaciones, y podrá presentar un programa con determinadas medidas sociales. Todo eso pertenece al terreno de la política electoral concreta. Pero los comunistas analizamos algo más profundo: qué estrategia de transformación social propone y qué papel concede a la clase trabajadora en ella.

Porque la verdadera unidad que necesita la clase obrera no es la unidad para votar cada cierto tiempo a una nueva coalición. Es la unidad consciente y organizada para luchar por sus propios intereses históricos. Y esa unidad no necesita nuevas etiquetas. Necesita organización, conciencia de clase y una estrategia revolucionaria.

¡Organízate en el Partido Comunista Obrero Español!

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

El Partido Comunista Obrero Español quiere saludar a la Federación Sindical Mundial este 3 de octubre por su aniversario. Es de sobra conocida su trayectoria de lucha obrera iniciada tras la Segunda Guerra Mundial que significó la victoria del socialismo sobre el imperialismo, defendiendo los valores de la unidad de clase y el internacionalismo proletario por la superación del sistema capitalista de producción.

Hoy el sindicalismo de clase y combativo, cuyos valores encarna la FSM a nivel mundial, tiene enormes retos por delante que debe abordar. Y no solo en su lucha encarnizada contra la burguesía y sus agentes, quienes batallan incesantemente por la acumulación de capital en manos burguesas con todas las armas a su alcance.

La burguesía se organiza hoy para instaurar el fascismo, con todas las penalidades que eso conlleva para el proletariado de todo el mundo, como única tabla de salvación del sistema capitalista. Además, las guerras interimperialistas por el reparto de un mundo ya repartido nos abocan a un escenario de guerra donde sin duda el proletariado sufrirá las peores consecuencias.

Pero también hay graves problemas dentro de las organizaciones de extracción proletaria que deben ser abordados y resueltos. El oportunismo y la división que este genera en las filas proletarias afectan negativamente a la organización de la clase obrera. El “síndrome del chiringuito”, por el que “líderes” sindicales y obreros se corrompen para mantener el poder y las liberaciones sindicales es un mal que afecta a muchas de las organizaciones sindicales, sufriendo estas la pérdida importante de buena parte de sus cuadros a través de expulsiones injustas simplemente por discrepar con las direcciones corruptas.

Esto provoca que la lucha se divida, pierda fuerza y que muchos cuadros válidos abandonen la lucha por el asco que producen este tipo de actuaciones de líderes corruptos en el seno del movimiento obrero. Este mal está afectando a muchas organizaciones combativas y de clase, llegando a liquidar incluso a la que fue la tercera fuerza sindical del país, hoy diezmada por expulsiones y desfederaciones de ramas completas.

También afecta a sindicatos adscritos a la FSM en el estado español, quienes manejados por Partidos que se dicen comunistas pero que son todo lo opuesto, fomentan las divisiones, el “chiringuitismo” y las purgas de líderes obreros de los sindicatos donde tienen presencia en las empresas para usurpar sus direcciones y parasitarlas sine die. Estos oportunistas prefieren que hayan muchas organizaciones muy pequeñas y desideologizadas que puedan controlar, a pesar de que no tengan ninguna fuerza ni relevancia en el panorama sindical.

Nuestro Partido considera, sin embargo, que el proletariado español debe romper con esta dinámica y que solo con la unidad de la clase obrera en una gran central sindical única podrá luchar por sus objetivos emancipadores con garantía de éxito. Tenemos los ejemplos de Grecia e Italia, y cómo sus esfuerzos por unificar la lucha sindical en una gran central sindical de clase y combativa ha dado sus frutos, siendo hoy referentes para la clase obrera europea.

El Partido Comunista Obrero Español reconoce a la FSM como la organización sindical de clase y combativa referente a nivel mundial, la felicita en su 81 aniversario y le brinda todo su apoyo y determinación para afrontar estos grandes retos que el proletariado tiene por delante, deseando que su trabajo e intervención sea fructífero y ayude al proletariado español y mundial a superar el sistema capitalista de producción de una vez por todas y construir el Socialismo, máxima aspiración de la clase trabajadora hoy.

¡POR UN SINDICALISMO QUE RECONOZCA LA LUCHA DE CLASES COMO MOTOR DE LA HISTORIA!

¡POR UN SINDICALISMO COMBATIVO FUERTE Y UNIDO!

¡CONTRA EL CAPITALISMO Y LA EXPLOTACIÓN DEL GÉNERO HUMANO!

¡VIVA LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL!

Madrid, 3 de octubre de 2026

VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español

El capitalismo estadounidense se encuentra ante una contradicción cada vez más difícil de ocultar, su completa bancarrota. La potencia económica y militar más poderosa y asesina del planeta, sostiene su posición sobre una montaña de deuda que ya ha superado los 40 billones de dólares. El 19 de agosto de 2026 la deuda pública federal estadounidense alcanzó los 40,05 billones de dólares, más del doble que en 2017. No estamos ante una cifra abstracta. El coste de los intereses de esa deuda ya supera el billón de dólares anual, es decir, 3000 miles de millones de dólares cada día. Esta dinámica revela una contradicción fundamental, que una economía que necesita endeudarse continuamente para sostener su aparato estatal, militar, político y financiero termina por destinar una parte creciente de sus recursos simplemente a remunerar al capital acreedor.

La cuestión no consiste en afirmar mecánicamente que una deuda elevada provoca el colapso inmediato del capitalismo. El capitalismo puede refinanciar deuda, emitir nueva deuda y trasladar sus contradicciones hacia el futuro, esto es, aplazar lo inaplazable, por eso no caerá por su propio peso, habrá que tirarlo. El capitalismo es un sistema quebrado e insostenible cuyo principal síntoma, el crecimiento de la deuda, expresa una contradicción estructural entre la capacidad de acumulación del sistema y las necesidades crecientes de reproducción del poder económico, político y militar de la clase dominante.

Cuando la producción de valor y los ingresos fiscales no bastan para sostener las obligaciones acumuladas, el capital busca nuevos espacios de valorización y nuevas fuentes de apropiación. Históricamente, el imperialismo ha desempeñado precisamente a rajatabla las funciones que describió Lenin en su obra “Imperialismo, fase superior del capitalismo” (1917), exportación de capital, control de materias primas, dominio de mercados, subordinación de países periféricos y utilización de la fuerza militar cuando los mecanismos económicos resultan insuficientes y no les salen las cuentas.

Por eso resulta significativo observar el creciente discurso expansionista de Washington. Groenlandia, Venezuela e Irán no son fenómenos idénticos ni pueden reducirse a una única explicación económica, pero forman parte de un contexto en el que Estados Unidos está reforzando una política de presión y proyección de poder sobre territorios y recursos estratégicos. Las amenazas estadounidenses respecto a Groenlandia y las tensiones en torno a Venezuela han sido señaladas como elementos de una política expansionista, mientras que la guerra con Irán ha incorporado además la disputa por espacios estratégicos con los BRICs, especialmente con China, vinculados al petróleo y al transporte energético y de mercancías.

La lógica imperialista aparece entonces con toda su crudeza. Cuando el capital necesita nuevos mercados, recursos, rutas comerciales y posiciones estratégicas, el planeta entero se convierte en objeto de competencia entre potencias. El territorio deja de ser únicamente territorio y se transforma en petróleo, minerales, rutas marítimas, bases militares, corredores comerciales y zonas de influencia.

Los comunistas afirmamos que la deuda y el expansionismo estadounidense son manifestaciones distintas de una misma contradicción del capitalismo monopolista e imperialista al que no le queda otra que el expolio a sangre y fuego. El sistema necesita crecer continuamente, pero opera sobre un planeta finito y sobre una distribución mundial de recursos que ya está ocupada. Cuando las posibilidades de expansión económica chocan con sus propios límites, aumenta la lucha por el reparto del mundo. Y ahí reside la verdadera cuestión. El capitalismo no resuelve sus contradicciones, las desplaza y las aplaza. La burguesía desplaza la deuda hacia el futuro y la explotación se desplaza hacia la clase obrera. A nivel internacional la crisis se desplaza hacia otros países, las consecuencias de la guerra se desplazan hacia las poblaciones civiles y la búsqueda de rentabilidad se desplaza hacia nuevos territorios y recursos, por eso el capitalismo, en su fase putrefacta y última, tan solo puede ofrecer guerra, expolio y muerte para la clase obrera.

Los 40 billones de dólares de deuda estadounidense son, en este sentido, algo más que un problema contable. Son el síntoma de un sistema que necesita mantener una acumulación permanente aun cuando las condiciones para sostenerla son cada vez más contradictorias. Cuando en un sistema hay dos clases con intereses enfrentados, todo lo que es bueno para una es fatal para la otra. En este escenario, las clases obreras de los distintos países somos los que sufrimos las consecuencias de su avaricia, mientras las distintas burguesías nos generan una violencia desproporcionada para continuar un poquito más con su apropiación privada. Por eso, la verdadera paz solo puede llegar mediante la revolución socialista que termine con el despilfarro y el expolio para una minoría y cree las condiciones materiales de la clase obrera para la emancipación de su yugo hacia la confraternidad de los obreros de todos los países contra los parásitos capitalistas. El aumento de la deuda pública no es más que un termómetro del grado de explotación aplicado unilateralmente. La clase obrera en Estados Unidos, por poner algunos ejemplos, está siendo agredida militarmente por el ICE, soporta una inflación desbocada, carece de servicios médicos y de los servicios públicos más esenciales. Desde el PCOE nos solidarizamos con ella y mandamos el mensaje de que la única solución es la creación y fortalecimiento de un Partido Comunista internacional, tarea en la que está inmerso el PCOE. El tiempo corre en contra de nuestros hermanos de clase, por lo que te llamamos a unirte a nuestras filas en esta tarea ingente y necesaria.

¡Su deuda es nuestra muerte!

¡Trabajadores de todos los países, uníos!

¡Por la bancarrota del capitalismo, milita en el PCOE!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Según un estudio de la inmobiliaria Fotocasa, el precio del alquiler habría bajado un 4,6 % en Barcelona y un 2,8% en Madrid, especialmente en los barrios obreros. Esta bajada no debe confundirse con el resultado de ninguna política burguesa del Estado, ni con una supuesta solución al problema de la vivienda. La explicación es más sencilla y mucho más cruda, el alquiler ha alcanzado, y en muchos casos superado, la capacidad real de pago de los salarios. Cuando una mercancía se encarece hasta el punto de que una parte creciente de la población asalariada ya no puede pagar, el propio mercado encuentra sus límites. No estamos ante una victoria de las políticas públicas, sino ante una contradicción del propio mercado de la vivienda que tiene unos precios que chocan directamente con la capacidad adquisitiva de la clase obrera.

Mientras la vivienda siga siendo una mercancía y no un derecho efectivo, cualquier alivio puntual será incapaz de resolver el problema de fondo. Por eso, esta bajada no puede atribuirse a ninguna política burguesa del Estado ni interpretarse como el resultado de una regulación capaz de resolver el problema de la vivienda. El mercado se encuentra así con su propia contradicción, puede elevar indefinidamente el precio de una mercancía sobre el papel, pero se topa con la realidad salarial de la clase obrera.

Durante años, los alquileres han aumentado exponencialmente mientras que los aumentos salariales de la clase obrera, para quien los tenga, no pueden ni siquiera compensar la inflación desbocada. El resultado es conocido, salarios destinados cada vez en mayor proporción a pagar la vivienda, desahucios masivos, hogares que tienen que compartir piso durante más tiempo, jóvenes que retrasan su emancipación y familias obreras obligadas a aceptar condiciones de vivienda cada vez más precarias. Cuando el precio alcanza un nivel que una parte creciente de la población ya no puede pagar, aparece necesariamente una barrera a nuevas subidas cuando los precios que se pueden pagar tocan techo, sobre todo entre los segmentos y lugares con rentas más bajas.

Por tanto, presentar una pequeña reducción del alquiler como prueba del éxito de las políticas del Estado significa tomarnos por imbéciles. No es que el mercado haya sido domesticado en beneficio de la clase obrera, es que el propio mercado se ha encontrado con los límites de la capacidad de pago de quienes necesitan una vivienda para vivir. La contradicción sigue intacta, porque la vivienda continúa funcionando fundamentalmente como una mercancía, además de un instrumento de acumulación de riqueza. La cuestión no puede reducirse a pedir que el Estado regule un poco más los precios, a que introduzca nuevos parches o subvencione a los propietarios con dinero público, el problema capital reside en quién posee la vivienda y para qué se utiliza. Mientras una parte del parque inmobiliario esté en manos de grandes propietarios y fondos que buscan rentabilidad, las necesidades de la clase obrera estarán subordinadas a la lógica del beneficio privado.

Desde el PCOE tenemos clara la solución que pasa por romper la lógica de acumulación del capital y socializar el parque de vivienda privada expropiando a los grandes tenedores. La clase obrera, organizada en su partido de vanguardia, el PCOE, al poner así el conjunto de la vivienda bajo control público, las arranca de las manos del capital y deja automáticamente de ser una mercancía para orientarse a satisfacer las necesidades habitacionales de la clase obrera que todo lo produce y tan poco recibe. Para que la vivienda deje de ser un activo financiero o una fuente de renta para una minoría propietaria y se convierta en un derecho material garantizado para todo el conjunto de la clase obrera es imperativo fortalecer y ensanchar la base del partido comunista. Solo desplazando la vivienda del terreno de la mercancía al de la necesidad social podremos empezar a resolver de raíz la contradicción que el propio mercado capitalista pone hoy de manifiesto.

¡La bajada de los alquileres no es un logro sino una consecuencia!

¡Socialismo contra especulación!

¡Por tus derechos, milita en el PCOE!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

El 15 de mayo de 2011 se convocaron concentraciones en más de 50 ciudades contra la situación política en España, con un bipartidismo en crisis y un cuestionamiento del régimen del 78. En la madrugada del 16 de mayo los manifestantes de la Puerta del Sol fueron desalojados, siendo detenidas 19 personas. El 17 de mayo se volvieron a concentrar 10.000 personas en la Puerta del Sol, conformándose cientos de acampadas en ciudades por todo el Estado español.

En aquel momento las propuestas que se recogieron en asambleas y a través de buzones incluían numerosas cuestiones, como un cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción única; Derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de la Ley Hipotecaria para que la entrega de la vivienda en caso de impago cancele la deuda (dación en pago); Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad; Libre circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica; Abolición de las leyes como la Ley del Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, la Ley de Extranjería y la conocida como ley Sinde; Reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones; Implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias financieras internacionales y supresión de los paraísos fiscales; Que los programas y las propuestas políticas tengan carácter vinculante; Que sea obligatorio por la Ley Electoral presentar unas listas limpias y libres de imputados o condenados por corrupción; Reducción del poder del FMI y del BCE; Nacionalización inmediata de todas aquellas entidades bancarias que hayan tenido que ser rescatadas por el Estado; Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado; Acceso popular a los medios de comunicación; Verdadera regularización de las condiciones laborales; Recuperación de las empresas públicas privatizadas; Efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial; Reducción del gasto militar; Referéndum por la Jefatura del Estado.

Una de las organizaciones convocantes de la manifestación del 15 de mayo que dio origen al 15M era la plataforma Democracia Real Ya, una plataforma “asindical y apartidista”, que apostaba por “la unión de la sociedad civil” como método para construir un sistema mejor. Desde un primer momento, el 15M se alejó de la clase obrera, hablando de indignados, sociedad civil o cualquier otro sustantivo que evitara mostrar el carácter de clase de la sociedad capitalista, origen de todos los males que este movimiento denunciaba.

Del propio movimiento surgió después Podemos, un partido que al igual que el 15M, evitaba hablar de clase trabajadora, usando un lenguaje que pretendía ocultar la esencia clasista del capitalismo, hablando de casta, de los de arriba y los de abajo, y en definitiva no mostrando que la esencia de todos los problemas que se denunciaban estaban en el propio modelo económico, en el que la explotación asalariada era la base del resto de explotaciones, y que sólo superando este modelo económico podrían revertirse todos los ataques que la clase obrera sufría en todo el estado.

El resultado del 15M y de las actuaciones (o falta de actuación) de las organizaciones y colectivos surgidos posteriormente lo podemos ver hoy en día. Los trabajadores somos ahora más pobres, habiendo perdido más de un 10% de poder adquisitivo; el problema de la vivienda se ha encrudecido, convirtiéndose en la principal preocupación de los españoles; la sanidad y la educación públicas continúan su desmantelamiento progresivo; los presupuestos militares se han incrementado y la participación del Estado español en las guerras de rapiña del imperialismo es cada vez mayor; los problemas de salud mental se han disparado, siendo el suicidio la principal causa de muerte externa.

Del cuestionamiento del bipartidismo (“PSOE y PP la misma mierda es”), Podemos pasó a convertirse en la muleta del PSOE, apuntalando el bipartidismo por su pata izquierda. Las propuestas recogidas en las asambleas y buzones del 15M así como cuestiones como el impago de la deuda o la derogación de la ley mordaza quedaron en el olvido, pasando a un programa de mínimos sustentado en el mal menor, ante la amenaza de que un gobierno del PP sería mucho peor. Al final, para intentar evitar que gobernara el PP, acabaron aplicando las mismas políticas que el PP, pero con colorines y purpurina.

A día de hoy, después de abandonar las propuestas del 15M (mucho más ambiciosas aunque claramente insuficientes desde un punto de vista revolucionario), la asfixia a la que la clase obrera se ve sometida en cuestión de vivienda, ha empujado a nuevas acampadas en distintas ciudades, dirigidas principalmente por el Sindicato de Inquilinas.

Esta organización tiene como cara más visible a Valeria Racu, una activista que entre 2012 y 2014 estudió en el colegio privado internacional United World Colleges gracias a una beca de la Fundación La Caixa, y que entre 2016 a 2019 cursó el grado de Antropología Social en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, una cara que los medios de comunicación se están encargando de pasear por todo tipo de programas. Curioso que mientras las voces de los comunistas son silenciadas y muchos de ellos son encarcelados, aparezcan estos activistas en todos los medios sin ningún tipo de censura.

La fórmula parece la misma que en su día se utilizó con el 15M, crear organizaciones que renieguen del carácter de clase (principalmente anticomunistas), que recojan el malestar y lo encaucen en unas vías que el sistema pueda asimilar, planteando reformas, proyectos de ley y cualquier otro mecanismo que, en la práctica, no altere en lo más mínimo el poder de los monopolios ni la estructura económica de la sociedad, condenando de facto a la clase obrera a continuar en la más absoluta precariedad y miseria. De hecho, puede verse por el lenguaje que utilizan que intentan de cualquier forma salvaguardar a la burguesía en su conjunto como clase, cuando hablan de ‘economía extractivista’ en lugar de capitalismo, o como cuando Podemos habla de ‘clase rentista’ y ‘clase inquilina’, en lugar de hablar de clase burguesa y clase obrera.

A esto se suma que organizaciones supuestamente revolucionarias caen en el seguidismo y el espontaneísmo de la socialdemocracia, al limitarse a participar en esas concentraciones, engrosar las filas de los manifestantes, sin ningún plan para elevar políticamente esas luchas y acumular fuerzas para la revolución.

Si el movimiento por la vivienda no se aglutina con los movimientos por la sanidad, la educación, las pensiones, y se conforma un único movimiento de clase por la superación del sistema capitalista y la construcción del socialismo, estaremos condenados a repetir los mismos errores, a confiar de nuevo en salvadores (universitarios y universitarias muy preparados todos) que nos alejen de la vía revolucionaria y nos conduzcan de nuevo al matadero parlamentario, a su burocracia, a la realpolitik, en definitiva, a la claudicación y la derrota.

Lejos del izquierdismo de algunos individuos que llaman al uso de la violencia de forma anárquica y que no se comprometen con su militancia, nosotros hacemos un llamamiento a encauzar y organizar la indignación en pos de la revolución.

La clase obrera no puede permitirse un nuevo 15M, un nuevo Podemos, un nuevo Frente Amplio, o el nombre que se les vaya ocurriendo a los oportunistas a sueldo del imperialismo, que sigan mareando la perdiz por los caminos burocráticos del sistema. Es necesaria la organización revolucionaria que fundida con el movimiento obrero lleve a la clase trabajadora al poder, derrocando el capitalismo e instaurando el socialismo, poniendo todos los medios de producción al servicio de la mayoría del pueblo (que es el proletariado) para acabar de una vez por todas con la precariedad, la miseria y la muerte a la que nos conduce el imperialismo. Es necesario engrosar las filas del PCOE y organizar a la clase obrera para la toma del poder, única vía para garantizar un futuro para la humanidad.

¡Sin revolución socialista la vivienda seguirá siendo una mercancía!

¡Socialismo o barbarie!

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

La violencia fascista nunca ha desaparecido de nuestras calles. Ha seguido presente, con distinta intensidad y capacidad de actuación, incluso durante etapas en las que estos grupos atravesaban momentos de mayor debilidad. Sin embargo, desde hace un tiempo asistimos a un nuevo crecimiento de su actividad, su organización y su presencia en las calles. Las recientes agresiones en Asturias y en el conjunto del Estado español evidencian que el fascismo no solo busca ganar espacio político, sino que también pretende imponer el miedo mediante amenazas, hostigamientos y ataques físicos.

Lo que estamos viendo no puede despacharse como una sucesión de peleas aisladas o actos de unos pocos descerebrados. Detrás de estas agresiones existe una ideología que señala enemigos, una voluntad de organización y una violencia que golpea directamente a la clase trabajadora, a la juventud y a quienes estos grupos consideran diferentes o contrarios a sus intereses.

En Asturias tenemos motivos más que suficientes para preocuparnos. La desarticulación de los White Boys en mayo de 2026 puso al descubierto la actividad de una organización juvenil neonazi a la que se atribuyeron al menos, catorce agresiones y actos de acoso. Sus integrantes, con edades comprendidas entre los 14 y los 22 años, actuaban en distintos concejos asturianos y organizaban ataques contra personas migrantes, colectivos LGBTI y personas de ideología contraria. La investigación policial reveló una estructura que había llegado a organizar auténticas «cacerías» contra quienes señalaban como enemigos.

El pasado 20 de septiembre conocíamos también la detención de cinco jóvenes por la agresión transfóbica cometida en enero contra una mujer trans en Piedras Blancas. Según la Guardia Civil, los presuntos agresores, vinculados a entornos ultra, se coordinaron mediante aplicaciones de mensajería para llevar a cabo el ataque. La víctima sufrió lesiones graves que requirieron atención hospitalaria y recibió amenazas de muerte e insultos tránsfobos. Tres de los detenidos ya habían sido investigados por hechos relacionados con delitos de odio.

A estos hechos se suma la agresión sufrida por dos integrantes de AMA Asturies durante las fiestas de San Mateo en Oviedo.

No hablamos, por tanto, de un fenómeno abstracto ni de una amenaza que solo exista en otros lugares. Hablamos de grupos que actúan aquí, que señalan a personas concretas y que pretenden convertir nuestras calles en espacios de miedo para quienes no encajan en su visión reaccionaria del mundo.

La violencia fascista no comienza necesariamente con un ataque físico. Antes aparecen el señalamiento, la propaganda, las amenazas, el acoso y la construcción de un enemigo al que se responsabiliza de todos los problemas. Migrantes, personas LGBTI, militantes de izquierdas y organizaciones obreras se convierten así en objetivos de una ideología que necesita dividir a la clase trabajadora y enfrentar a unos sectores contra otros.

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería facilitan, en determinados casos, la difusión de propaganda neonazi, la captación de jóvenes y la coordinación de ataques. El caso de Piedras Blancas y la actividad atribuida a los White Boys ilustran cómo el odio difundido y organizado puede terminar materializándose en violencia física.

No podemos caer en la trampa de institucionalizar nuestra respuesta antifascista, convirtiendo cada agresión en una campaña dirigida a mendigar la condena o el reconocimiento de los partidos políticos del régimen burgués.

Tampoco necesitamos que quienes gobiernan nos den permiso para defendernos, ni que quienes blanquean o minimizan estas agresiones nos otorguen legitimidad para combatirlas. La dignidad de nuestra clase no se demuestra mendigando atención institucional, sino organizándonos, respondiendo colectivamente y construyendo una solidaridad real entre quienes sufrimos las consecuencias de este sistema.

Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser el miedo, el aislamiento ni la resignación. Tampoco basta con expresar nuestra indignación cada vez que aparece una nueva agresión. Necesitamos organización, conciencia y solidaridad de clase. Y, sobre todo, necesitamos comprender que la autodefensa no empieza cuando recibimos el primer golpe: empieza mucho antes.

La prevención es una parte fundamental de nuestra protección. Conocer lo que ocurre en nuestros barrios, prestar atención a las amenazas, acompañar a nuestros compañeros cuando exista un riesgo y construir redes de confianza son tareas que no podemos dejar para después de una agresión. Debemos formarnos, adquirir preparación física y conocimientos de defensa personal, aprender a actuar con responsabilidad ante situaciones de peligro y desarrollar herramientas colectivas que permitan reducir los riesgos y evitar que nuestros compañeros tengan que afrontar solos una amenaza.

No se trata de buscar enfrentamientos ni de reproducir la violencia fascista, sino de impedir que esta pueda ejercerse impunemente contra nosotros. No podemos permitir que el miedo nos aparte de las calles, de nuestros barrios.

El fascismo pretende ofrecer una falsa salida a la inseguridad, la precariedad y la falta de futuro que sufre la juventud trabajadora. En lugar de señalar las causas materiales de estos problemas, dirige el resentimiento contra otros trabajadores y sectores vulnerables.

Desde el Partido Comunista Obrero Español llamamos a la clase obrera y a la juventud obrera a organizarse, a fortalecer la solidaridad y a construir herramientas colectivas de autodefensa. No esperemos a que la próxima agresión nos recuerde la importancia de estar unidos. Construyamos desde hoy esa organización, esa confianza mutua y esa capacidad de protegernos entre nosotros.

¡FRENTE AL AUGE DE LA VIOLENCIA FASCISTA EN NUESTROS BARRIOS: ORGANIZACIÓN Y AUTODEFENSA OBRERA!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Asturias

Madrid, a 27 de septiembre de 2026

Estimados camaradas del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

El próximo lunes, 28 de septiembre, conmemoraréis vuestros 77 años de existencia. Para nuestro partido es un inmenso honor tener relaciones de camaradería con vuestro Partido, el cual lo consideramos hermano.

Desde el Comité Central del Partido Comunista Obrero Español, y en nombre de la totalidad de la militancia de nuestro Partido, os remitimos la presente felicitación por esas casi 8 décadas de historia en la lucha por la defensa del socialismo en vuestro país.

Hoy más que nunca es una necesidad la unidad de los comunistas del mundo en la lucha por la revolución proletaria mundial, la fidelidad a los principios del marxismo-leninismo y defender la lucha revolucionaria para acabar con la barbarie imperialista. Ambos partidos estamos comprometidos en ello y seguiremos trabajando por la consecución tanto de la unidad de los comunistas como por derrocar revolucionariamente al imperialismo y enviarlo al estercolero de la historia, que es el lugar que le corresponde. Porque la unidad de los comunistas es la unidad del proletariado.

Como bien sabéis, podéis contar con nuestro Partido y con nuestro internacionalismo proletario tanto el proletariado y el campesinado pobre guatemalteco como a su organización comunista de vanguardia que es vuestro partido.

¡VIVA EL 77 ANIVERSARIO DEL PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO!

¡VIVA EL PARTIDO GUATEMALTECO DEL TRABAJO!

¡POR LA UNIDAD DEL PROLETARIADO QUE ES LA UNIDAD DE LOS COMUNISTAS!

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con el 50% de discapacidad reconocida y que fue expulsada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años, ha vuelto a colocar ante los ojos de toda la sociedad una contradicción fundamental. Por un lado, la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna mientras que la vivienda continúa sometida a relaciones de propiedad y rentabilidad que termina imponiéndose sobre las necesidades concretas de quienes la habitan. No resultan entonces extrañas las manifestaciones de la secretaria de Estado de Vivienda, sobre el desahucio de Maricarmen: “Hemos intentado muchas cosas, pero es víctima de una empresa depredadora”.

El caso de Maricarmen no aparece aislado. En L’Hospitalet de Llobregat, Olga, de 54 años, fue desahuciada el 15 de abril de 2026 y se suicidó el 7 de septiembre. Las organizaciones vecinales y sindicales han señalado el desahucio y la pérdida de vivienda como elementos centrales de un deterioro que ya había estado acompañado de problemas económicos y de salud mental.

Los dos casos permiten observar una contradicción inscrita en el propio ordenamiento constitucional. El artículo 47 establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, incluyendo la regulación del suelo para impedir la especulación. Pero el artículo 38 reconoce la libertad de empresa dentro del marco de la economía de mercado y establece que los poderes públicos deben garantizar y proteger su ejercicio. Esta coexistencia no es accidental. El Estado constitucional reconoce derechos sociales que son papel mojado, pero al mismo tiempo protege y blinda jurídicamente las relaciones de propiedad privada, la especulación y la libertad de empresa, que es la libertad de acción del capital sobre los seres humanos y que ya vemos en lo que termina para estas dos mujeres que no son un caso aislado.

Como denunciaba Lenin, “El estado y la revolución” (1917), el Estado no actúa como una institución situada por encima de las clases sociales, sino dentro de una sociedad estructurada por relaciones de clase. Esta se convierte en la principal característica del Estado burgués, cuya función no es otra que crear un marco jurídico y económico, regado de dinero público, para la protección de la apropiación privada por parte del capital sobre los seres humanos.

Los comunistas del PCOE tenemos claro que, mientras no conquistemos el poder, cuando existan conflictos entre el derecho constitucional a la vivienda, los procedimientos de desahucio y los intereses patrimoniales de propietarios, entidades financieras y fondos de buitres, el estado burgués siempre se decantará por ellos. En el caso de Olga, por ejemplo, las organizaciones sociales denunciaron que una cadena de decisiones institucionales no consiguió ofrecer una alternativa habitacional suficiente antes del lanzamiento y en el caso de Maricarmen no han dudado en desplegar las fuerzas represivas para defender los intereses de los fondos buitres. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que sus servicios sociales habían intervenido desde años atrás pero que se habían visto frenados por las leyes que ellos mismos habían legislado.

Ahí aparece la cuestión política fundamental de qué ocurre cuando una necesidad humana básica, como disponer de un hogar, entra en contradicción con una relación económica basada en la propiedad y la rentabilidad. Como ya dijimos, por un lado, el artículo 47 establece el mandato de impedir la especulación, mientras que el artículo 38 protege la economía de mercado. La cuestión de la vivienda se convierte así también en una cuestión sobre los límites y las prioridades del modelo económico que claramente se decanta por una de las partes, la propiedad privada capitalista.

Los casos de Maricarmen y Olga permiten, por tanto, analizar la vivienda no solamente como un problema individual, sino como un conflicto social en el que intervienen propietarios, inquilinos, entidades financieras, fondos buitres, administraciones públicas, jueces y organizaciones sociales. La respuesta política en este conflicto deja a las claras la posición del Estado burgués, que no es otra que la defensa de los intereses de su clase social a favor de la propiedad privada, la violencia del mercado y los fondos buitres y, al ser una cuestión de clase, deja a las claras que los comunistas necesitamos un nuevo Estado y no un nuevo gobierno dentro de la democracia burguesa.

La indignación es un punto de partida que pone al descubierto, para amplias capas de la clase obrera que todavía operan sin conciencia de clase, la violencia organizada de la burguesía y sus estamentos armados y legislativos que muchas veces queda latente. Los casos de Maricarmen y Olga le sirven al PCOE para estudiar esta contradicción entre los intereses del capital y la supervivencia de los seres humanos y proclama que su único antídoto es la creación de un Estado obrero que cristalice en la dictadura del proletariado, la forma más radical de democracia al ser el gobierno de la inmensa mayoría de los explotados sobre la minoría parásita y asesina. El PCOE transforma el sufrimiento individual en análisis colectivo, identifica las estructuras económicas e institucionales que vulneran a nuestros hermanos de clase y plantea las formas de organización políticas que pueden garantizar efectivamente el acceso a la vivienda y que no es otra que la organización de los vulnerados y explotados dentro de su partido de vanguardia.

¡Maricarmen no es un caso aislado!

¡Hoy la vivienda es el frente!

¡Techo, memoria y justicia social!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

El gobierno español, después de haber sufrido el colapso de la frontera, no sólo mantiene intacta la presencia militar estadounidense en territorio español, sino que acaba de renovar los acuerdos que garantizan el uso de las bases yanquis. Este colapso fronterizo debe entenderse como un instrumento de presión y de negociación al alza de la administración Trump destinado a condicionar el proceso político español y favorecer la llegada de un gobierno dócil a los intereses de Washington. El objetivo de estas operaciones es siempre el mismo, instalar o sostener gobiernos dóciles, capaces de aplicar las políticas económicas, militares y geopolíticas exigidas por Washington, aunque para ello sea necesario vulnerar la soberanía nacional o recurrir a mecanismos de presión que nada tienen que ver con la democracia que Estados Unidos proclama defender, que no es otra que la libertad para los saqueadores imperialistas y la muerte y la explotación para la clase obrera.

Este hecho no puede contemplarse como una cuestión aislada ni como una simple decisión administrativa. Forma parte de una relación de subordinación imperialista y que debe situarse en el marco de la política exterior de Estados Unidos, que lleva más de un siglo de injerencias, golpes de Estado, operaciones encubiertas, guerras, sanciones, chantajes económicos y políticos y todo tipo de tropelías contra los pueblos que se han negado a someterse a sus intereses, como el bloqueo criminal que está ejecutando contra Cuba que incluye el corte radical de los suministros de petróleo, alimentos y medicinas con amenazas de sanciones a terceros países que comercien con la isla. Una política que saquea recursos, destruye soberanías, enfrenta a los pueblos y utiliza las divisiones internas como mecanismo permanente de dominación.

En este contexto, la permanencia y ampliación del uso de las bases militares estadounidenses en el Estado español adquiere una dimensión particularmente grave. Mientras se habla de soberanía, seguridad y defensa de los intereses europeos, se consolida una infraestructura militar al servicio de una potencia extranjera, integrada en sus operaciones y en su estrategia mundial. Mediante estas estrategias, Estados Unidos intenta preservar su posición hegemónica frente al ascenso de las potencias agrupadas en torno a los BRICS y, fundamentalmente, frente al desarrollo económico, tecnológico y político de China. Las presiones sobre América Latina, Europa, Oriente Próximo y otras regiones del planeta forman parte de una disputa mundial por mercados, recursos, rutas estratégicas, áreas de influencia y posiciones militares. La cuestión de las bases yanquis no es, por tanto, secundaria ya que afecta directamente a la soberanía del Estado español, si es que pinta algo en el tablero, y convierte al territorio español en una pieza de la maquinaria militar estadounidense y cómplice de todos los crímenes que perpetre.

En este escenario debe situarse, también, la cuestión del Sáhara Occidental y la progresiva subordinación de la política exterior española a los intereses de Washington y de la monarquía alauita. El giro del Gobierno más progresista de la historia, incluida la renovación de la concesión para las bases yanquis, supone aceptar, en la práctica, una solución sobre el territorio que contradice las reivindicaciones del Frente Polisario y el principio de autodeterminación reconocido internacionalmente, y que tampoco puede analizarse separadamente la actual situación en la frontera de Ceuta. La utilización de la cuestión migratoria como instrumento de presión política por parte de Marruecos ha quedado demostrada en diferentes episodios de la relación bilateral, y el desplazamiento masivo de personas hacia la frontera española constituye una manifestación especialmente dramática de esta dinámica. Son, en último término, miles de seres humanos convertidos en piezas de una disputa política entre Estados, con las consecuencias más graves recayendo sobre quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Mientras el Gobierno español proclama su defensa de los derechos humanos y de una política exterior autónoma, mantiene compromisos militares con Estados Unidos, acepta posiciones estratégicas favorables a Washington y, al mismo tiempo, profundiza su cooperación con una monarquía alauita cuya política respecto al Sáhara Occidental es puramente anexionista.

La renovación de la concesión militar estadounidense en el Estado español, la cuestión saharaui y las tensiones en la frontera de Ceuta no deberían contemplarse, por tanto, como asuntos independientes. Constituyen distintos escenarios de una disputa más amplia por el control político y estratégico del Mediterráneo y del norte de África, en la que Estados Unidos, que ha encontrado un socio más fiable en la monarquía alauita frente al Estado español, la Unión Europea y las potencias regionales defienden intereses que no siempre coinciden con los de los pueblos afectados.

La clase obrera de los distintos estados no puede quedar sometida a convertirse en carne de cañón de sus estrategias y/o subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano, ni a estructuras que limiten nuestra capacidad de decidir. Frente al sometimiento militar, económico y político de las distintas burguesías nacionales, desde el PCOE defendemos tanto el derecho de las naciones a la autodeterminación, como la salida inmediata de la OTAN y de la UE, con una política exterior independiente, basada en la paz, la cooperación entre pueblos y la defensa de los intereses de la clase obrera internacional de nuestros hermanos de clase.

¡Paz entre pueblos, guerra entre clases!

¡Por la salida inmediata de la OTAN y de la UE!

Comisión de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)