El conflicto en Airbus ha estallado este verano tras años de conflicto enconado. Mientras la empresa presenta resultados récord año tras año, obteniendo enormes plusvalías de sus trabajadores, los trabajadores han sufrido recortes en sus derechos laborales y congelación salarial que ha hecho estallar un conflicto, como no podía ser de otra manera.

Airbus ha obtenido un beneficio acumulado desde 2021 de 21.669 millones de euros, con un pico histórico de 5.221 millones de euros en 2025 (un 23,1% respecto a 2024). El promedio anual de beneficio neto es de 4.334 millones de euros, un aumento del 23,9% desde 2021.

Mientras la propiedad de la empresa se llenaba los bolsillos de dinero la plantilla ha sufrido, desde la pandemia, una congelación salarial que le ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo estimada en un 10% en este periodo.

Han sufrido, además, un aumento de las cargas laborales al paralizarse la contratación de nuevos trabajadores, así como un control -mediante el índice de Bradford- de las bajas por enfermedad que pretendía penalizar económicamente los complementos de baja médica. Esta medida fue anulada por la Audiencia Nacional al considerarla abusiva, aunque la empresa la ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

La segregación y traspaso de trabajadores al Proyecto Bromo no ha hecho sino aumentar la preocupación de la plantilla respecto de sus condiciones laborales y su futuro, ya que la empresa se niega a mantener un derecho de retorno a Airbus si la Joint Venture fracasa o hace recortes.

Se han impuesto a la plantilla 3 semanas fijas de vacaciones obligatorias en el mes de agosto, cercenando así el derecho al descanso de los trabajadores y, en junio de este mismo año, la directriz Faury que recortaba de 2 a 1 día el teletrabajo, que ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de la plantilla.

Las condiciones para que estallara el conflicto se han ido acumulando, como ocurre en muchas otras empresas, no solo del sector, sino de todo el estado. La burguesía, desde la pandemia, ha iniciado una campaña de ataques al proletariado mediante recortes en sus condiciones laborales con el objeto de aumentar la plusvalía que obtienen de nosotros.

En el plano sindical también se ha descosido la maraña burocrática tejida por el sindicalismo amarillo liderado por Comisiones Obreras. Las asambleas de trabajadores han votado en contra de la mayoría sindical, vendida a la dirección de la empresa, rechazando primero el preacuerdo firmado en julio por el sindicalismo amarillo con la empresa que consolidaba la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla y mantenía la incertidumbre del proyecto Bromo.

Y, posteriormente, votando contra la suspensión de la huelga el 31 de agosto propuesta por CCOO y UGT. El 81,2% de la plantilla votó por mantener los paros, lo que ha evidenciado la desconexión de los sindicatos con la plantilla que, aunque desorganizada, es capaz en asamblea de imponer sus criterios por encima del sindicalismo amarillo y vendido.

Pero la clase obrera no puede permanecer desorganizada mucho tiempo, porque eso significaría su derrota. Airbus ha decidido cerrar la mesa 396 y no negociar en el SIMA con el Comité de Huelga, negociando únicamente con CCOO, SIPA y ATP (mesa 394) amenazando con deslocalizar la producción y congelando la contratación en España. Ha decidido además contratar el bufete Baker McKenzie para las futuras negociaciones, gastando una millonada para no pagar lo que le debe a sus trabajadores.

La clase trabajadora en Airbus se ha unido, tanto los operarios de los talleres como los ingenieros y el personal de las oficinas han hecho un bloque único destrozando al sindicalismo amarillo en la empresa. La plantilla ya conoce a sus enemigos, pero necesitará de organización para salir victoriosa en este conflicto, que sin duda escalará al plano político.

El Ministerio de Industria y Turismo, encabezado por el ministro Jordi Hereu, y muy especialmente el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, han lanzado serios avisos de que el Ejecutivo intervendrá directamente si la dirección y los sindicatos no logran desbloquear el convenio. Brustenga declaró tajantemente que “seguramente” el Gobierno tendrá que “entrar” en el conflicto, tras enfatizar una frase que ha resonado en el sector: “No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años”.

Los trabajadores de Airbus ya tienen la amenaza política encima de la mesa, o se someten o el Gobierno intervendrá, y lo hará siempre en favor de la empresa y en contra de los trabajadores. Que no quepa la menor duda de ello.

El impacto de la huelga es descomunal: la parálisis en los talleres está afectando directamente a las líneas de ensamblaje en Sevilla y Getafe, generando riesgos inminentes de retraso en las entregas, amenazando el calendario global de entregas tanto comercial como militar.

La huelga en las factorías de Andalucía ha provocado un efecto dominó devastador sobre la industria aeroespacial auxiliar: Decenas de talleres de mecanizado, subcontratistas logísticos y empresas auxiliares se han visto obligadas a frenar su actividad.

Estos retrasos suponen una enorme pérdida económica para Airbus, así como posibles penalizaciones financieras multimillonarias por parte de sus clientes globales.

Es necesaria, sin embargo, la organización efectiva de la clase obrera en los centros de trabajo y es vital comprender que el conflicto sindical, una vez alcanza un cierto nivel, siempre se tornará político porque una huelga indefinida y prolongada afecta políticamente a los intereses de la burguesía y a sus planes en cada sector de la producción.

En el caso de Airbus la huelga indefinida impacta de lleno en programas prioritarios de seguridad nacional e internacional coordinados por la OTAN y el Ministerio de Defensa. El retraso o bloqueo en líneas de montaje clave de Sevilla y Getafe afecta a compromisos urgentes como:

• Las entregas y el mantenimiento del avión de transporte militar A400M.
• La conversión de los aviones tanqueros A330 MRTT.
• El suministro de los cazas Eurofighter Halcón para las Fuerzas Armadas.
• La entrega comprometida para 2026 de los helicópteros de misiones especiales NH90 para la Armada y el Ejército de Tierra.

La burguesía, en plena escalada bélica como única salida a la crisis política actual, ve comprometidos sus objetivos y planes estratégicos por esta huelga de los trabajadores de Airbus y no van a permitir que se frustren.

Por ello, es vital que la organización, la conciencia de clase y la ideología del conjunto de los trabajadores se eleve lo máximo posible. El conflicto en Airbus ha destapado las vergüenzas del sistema capitalista: ni la dirección de una de las multinacionales más importantes hoy, ni el entramado de sindicatos amarillos encargados de mantener dócil a la plantilla han podido contener a la clase obrera que lucha con fuerza por sus condiciones materiales de vida.

El conflicto escala, el Gobierno -títere de estas multinacionales- avisa y amenaza con tomar cartas en el asunto, elevando el conflicto a un plano político para el cual la clase obrera debe prepararse. El sindicalismo de clase y combativo, hoy casi extinto por la incompetencia de algunos de sus dirigentes, es, sin embargo, más necesario que nunca. Un sindicalismo capaz de comprender la actualidad política, la psicología y conciencia de los trabajadores y de elevar a los compañeros en la lucha para comprender que el problema no es tal o cual empresa, sino el sistema capitalista en su conjunto y organizar a la clase trabajadora para derribarlo.

El Partido Comunista Obrero Español saluda y apoya la lucha de los trabajadores de Airbus y les anima a construir una organización de clase y combativa que les permita afrontar con garantías los enormes retos que este conflicto les depara.

El sistema capitalista va a arreciar, como ya viene haciendo, contra los trabajadores de todo el mundo en su afán de acumulación de ganancias. El conflicto de Airbus es una gran lección para todos los trabajadores del mundo: los trabajadores unidos son capaces de poner entre la espada y la pared a la burguesía y a sus lacayos. Pero para vencer en esta lucha contra el capitalismo y la miseria que engendra para la clase obrera necesitamos de una organización superior, el Partido Leninista, capaz de unir a todo el proletariado y hacer la revolución socialista, máxima aspiración del proletariado.

¡Fortalece las filas del PCOE!

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Partido Comunista Obrero Español

La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, jefe de la campaña digital que hizo presidente a Javier Milei, por el supuesto intento de asesinato de Nadia Beller, ex pareja del propio Cerimedo, ha sacado a la luz la estrategia digital de la ultraderecha a nivel mundial para manipular elecciones en países como Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador o Bolivia.

La propia Nadia Beller denunciaba ante medios bolivianos la vinculación de Cerimedo con la CIA y con Israel, al igual que su socio internacional, Brad Parscale, estratega de la campaña digital de Trump en 2016 junto a Steve Bannon y Jared Kushner, ambos muy vinculados con Epstein.

A raíz de este intento de asesinato y las declaraciones de Beller, la fiscalía ha abierto cuatro investigaciones contra Cerimedo, por intento de asesinato, violencia de género, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Entre las pruebas encontradas hay un mensaje de móvil enviado por Cerimedo en el que dice: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?”. También se encontraron aviones cargados de cocaína en el aeródromo de Santa Ana con 500 kilogramos cada uno, así como vestimenta de policía, coche oficial del gobierno con placas y sirenas, teléfonos satelitales y una granja de bots.

Este último hallazgo ha levantado el velo sobre la estrategia en redes sociales seguida por la ultraderecha en todo el mundo para interferir en procesos electorales a través de las redes sociales. Pero más allá del uso de bots para generar tendencias de opinión que favorezcan a un candidato concreto, hay que preguntarse, ¿son las redes sociales neutrales?

Noam Chomsky y Edward S. Herman publicaban en 1988 el libro Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, en el que se desgrana el mecanismo por el que la mayor parte de los medios de comunicación de masas solo transmiten las opiniones de las élites económicas, aplicando cinco filtros a lo que se publica:

1. La mayor parte de los medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones; o sea, pertenecen de hecho a las élites económicas.
2. Los medios dependen de la publicidad de las élites económicas para su subsistencia.
3. Los medios deben producir un flujo permanente de nuevas noticias. Los principales proveedores de noticias son los departamentos de prensa de los gobiernos o de las grandes corporaciones.
4. Los grupos de influencia pueden organizar respuestas sistemáticas ante cualquier desviación sobre las opiniones que sustentan.
5. Anticomunismo: el comunismo es la única ideología que pone en cuestión la propiedad privada de los medios de producción, incluidos los medios de comunicación.

El desmantelamiento de granjas de bots no altera en absoluto el carácter anticomunista y reaccionario de las redes sociales que, como los grandes medios de comunicación clásicos, son propiedad de las élites económicas. Existen mecanismos más sutiles para controlar qué se publica o no, o qué se hace viral en redes o no, sin necesidad de aplicar una censura directa, como se hiciera por ejemplo en el franquismo. La propia estructura de las empresas y el carácter privado de los medios de producción, hacen que quienes quieren ascender en los medios de comunicación, tengan que agradar a los dueños de los mismos, sabiendo que un análisis crítico con el capitalismo y la propiedad privada de los medios de producción va en contra de los intereses de quien decide quien asciende y quien no. De esta forma los propios periodistas, de tener una visión crítica con el sistema, tienen que elegir entre trabajar en medios residuales y sin influencia, o autocensurar determinadas opiniones para trabajar en medios de masas.

Lo mismo ocurre en redes sociales, donde los algoritmos censuran invisibilizando las opiniones críticas con el sistema y que cuestionan la propiedad privada de los medios de producción, y potencian el alcance de opiniones reaccionarias que sostienen al propio sistema. Los propios usuarios de las redes tienen que decidir entre adaptarse al algoritmo para tener cierta relevancia o convertirse en usuarios marginales sin alcance.

X (Twitter) ya reconoció en su día que aplicaban sesgos para potenciar determinadas opiniones sobre otras, y un estudio de la revista Nature concluye que el algoritmo de X prioriza las posturas políticas más conservadoras.

También se han reportado denuncias por parte de cuentas que se habían mostrado públicamente a favor del pueblo palestino y contra el genocidio perpetrado por Israel, por el borrado de usuarios en sus cuentas, como el periodista palestino Younis Tirawi, que entre el 24 y el 25 de noviembre perdió miles de seguidores, pasando de más de 100.000 a menos de 10.000 en tan sólo dos días.

Esta censura, el uso de los algoritmos para invisibilizar determinado contenido y el uso de bots persiguen un mismo objetivo, generar una tendencia de opinión que parece la de la mayoría de la población, haciendo que quienes discrepan de estos mensajes reaccionarios sientan que están en minoría y censuren sus propias opiniones, potenciando lo que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann definía como ‘espiral del silencio’, una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no.

La burguesía ha aprendido en décadas de lucha ideológica a sofisticar los mecanismos de censura, aplicando los métodos menos evidentes posibles para mostrar una supuesta libertad de expresión. Sin embargo, la crisis actual del sistema capitalista y la bancarrota del imperialismo decadente es de tal tamaño, que el control sutil de los medios de comunicación ya no es suficiente para tapar todas las miserias de este sistema, y por tanto se impone la necesidad de aplicar métodos más agresivos, como el encarcelamiento de antifascistas en el Estado español, la detención arbitraria de manifestantes pro Palestina en todo el mundo, o la desaparición de activistas y líderes sociales en Latinoamérica.

La realidad es que la guerra en las redes sociales por imponer una narrativa y alterar procesos electorales no es más que un nuevo capítulo de cómo el imperialismo intenta imponer sus intereses en todo el mundo a través de gobiernos títeres.

Robert James Woolsey Jr, director de la CIA desde 1993 a 1995, reconoció públicamente que EEUU manipula las elecciones para “impedir la llegada de los comunistas al poder” en todo tipo de países.

En el Estado español, el pequeño Nicolás confesaba recientemente que iban a recoger personas mayores a residencias de ancianos, para controlar que votasen al PP.

Los medios de comunicación, como medios de producción que son, nunca serán neutrales, y servirán los intereses de la clase dominante, la clase dueña de esos medios de comunicación. Mientras esos medios no sean propiedad social de la clase obrera, depender totalmente de ellos para difundir un mensaje revolucionario es una insensatez, puesto que de un día para otro puedes perder miles de seguidores con un click.

Los comunistas tenemos que construir nuestros propios medios de comunicación independientes de los medios de masas y las redes sociales, usando estas últimas sólo como método de difusión de nuestros medios y de contacto con seguidores, pero no fiando toda la estrategía de propaganda al uso de herramientas que no son nuestras.

Sólo cuando la clase obrera tome el poder, construyendo su propio estado y apropiándose de los medios de producción, los medios de comunicación tendrán como objetivo el beneficio de la mayoría de la sociedad, que es la clase obrera, y no el beneficio económico de una minoría parasitaria.

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

La fallida de l’imperialisme ha forçat una estratègia dels monopolis que consisteix a estendre organitzacions i partits feixistes allà on arribin els seus tentacles. Aquestes organitzacions es caracteritzen, sobretot, per un discurs antiimmigració, ultranacionalista i de suport obert als Estats Units i a Israel. Dins de l’Estat espanyol, aquest moviment està ara representat en gran mesura (encara que no plenament) per VOX. Tanmateix, a Catalunya, bona part de la batuta ha passat a Aliança Catalana (AC).

A les darreres enquestes del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a El Periódico i del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), veiem com AC se situa com a tercera o segona força política a Catalunya, desplaçant Junts com a màxim representant de la dreta. Tot i que cal ser prudents a l’hora d’interpretar aquestes dades, ja que els partits burgesos solen utilitzar les enquestes de manera estratègica per mobilitzar el vot que els interessa i, sovint, per criminalitzar tots aquells que no creiem en la seva estafa electoral. Per exemple, se sol al·legar que la culpa de l’ascens de l’extrema dreta és de les persones que no van a les urnes, com si un feixista s’hagués d’aturar per unes eleccions que li són contràries (la història ens demostra que mai no és així), o com si les alternatives oportunistes que ofereix el sistema per l’esquerra no fossin igual de reaccionàries.

Segons el Sondeig d’Opinió de Catalunya 2024 de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), el 63,6% dels votants d’AC es declarava contrari a la independència de Catalunya i, segons el CEO, s’estima que un 23% dels qui van votar VOX a les eleccions catalanes de 2024 ara votarien AC en unes noves eleccions a la Generalitat. És a dir, la majoria dels votants d’AC semblen més atrets per les seves propostes xenòfobes i racistes que no pas per la defensa dels drets lingüístics o pel dret a la separació política de Catalunya de l’Estat espanyol.

Continuant amb les dades del CEO, el Procés no només va mobilitzar l’independentisme que existia fins aleshores, sinó que en va ampliar significativament la base social, ja que, en pocs anys, la independència va passar de ser l’opció territorial preferida per aproximadament una quarta part dels catalans a gairebé la meitat (cosa que no significa que l’altra meitat fos antiindependentista del tot), un creixement net equivalent a prop d’1,4 milions de persones. Aquesta expansió, acompanyada de mobilitzacions amb milions d’assistents mantingudes durant anys, va convertir l’independentisme en un moviment amb una capacitat d’aglutinació social sense precedents a la Catalunya recent, al qual es va sumar fins i tot un 24% de la població migrant i gairebé un 30% de la població amb dos progenitors migrants.

A més, el 2023 (encara amb un Govern d’ERC), AC va representar amb prou feines el 0,02% del temps de paraula política als informatius de TV3, segons dades del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), i, durant la campanya de les eleccions catalanes de 2024, se li van concedir 40 segons de temps de paraula (el 0,9% del dedicat a les candidatures). Dit d’una altra manera, la televisió pública catalana no va voler donar corda a AC.

En canvi, la presidenta d’AC, Sílvia Orriols, va anar adquirint una notable exposició en mitjans privats i, posteriorment, en mitjans d’àmbit espanyol. El diari ARA ha documentat el seu pas per capçaleres i espais com El Mundo, OK Diario, Crónica Global o La Sexta, en definitiva, grups privats que també van donar visibilitat a VOX, en clara sintonia amb els interessos dels monopolis que, en expandir la seva estratègia feixista, han matat sense miraments allò que va donar èxit al Procés i que el va fer tan atractiu per a molta gent, com ara el seu caràcter democràtic, la seva força rupturista arran de la crisi de 2007 o la seva obertura a qualsevol persona que en volgués formar part, característiques totalment incompatibles amb AC.

Cal recordar que bona part del descontent que va recollir el Procés ha passat a AC també per culpa dels mateixos partits independentistes, que han acabat pactant amb l’Estat per por de perdre els seus privilegis com a representants polítics de la burgesia, ja que ells mateixos van procurar conduir el Procés d’acord amb els seus interessos i, quan van veure masses de persones mobilitzades i decidides a lluitar, es van acovardir davant la possibilitat de no poder controlar-les. Amb el camp tan ben adobat després de la traïció dels partits independentistes, és fàcil per a AC erigir-se en la nova promesa protectora dels drets lingüístics i culturals de Catalunya, mitjançant la xerrameca i la demagògia barata típiques dels feixistes.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.) fa una crida a la classe obrera catalana perquè no es deixi enganyar pels paranys dels monopolis i del seu Estat per dividir-nos, fragmentar-nos i posar fi a les nostres vides mitjançant les seves polítiques criminals, portin la màscara que portin.

Cal assenyalar AC, allà on sigui, com a enemiga dels interessos de la classe obrera catalana, incapaç d’atorgar a Catalunya la sobirania que mereix com a nació, perquè el feixisme és disgregador, discriminatori i antipopular. Davant seu, han estat les classes populars, amb la seva capacitat d’unir i aglutinar, les que sempre han aconseguit prou força per posar l’Estat espanyol contra les cordes i fer-ne aflorar la seva veritable cara. Tampoc cal esperar res de la burgesia que es pinta la cara de demòcrata, ja que sempre anteposarà els seus interessos a qualsevol mena de sobirania, com ja va demostrar venent el Procés per salvar-se ella mateixa.

Així mateix, també fem una crida a la classe obrera catalana perquè s’organitzi juntament amb la classe obrera de la resta de l’Estat en peu d’igualtat, ja que totes dues estan destinades a trencar amb aquest Estat i eliminar-lo, com també a lluitar per la unitat de tota la classe obrera mundial.

Aquest 10 de setembre, tothom al Fossar de les Moreres a les 18:00 per plantar cara a AC i recordar-los que Catalunya només pot ser antifeixista. I l’endemà, aquest 11 de setembre, tornem als carrers per dir a l’Estat espanyol que Catalunya continua viva i que no renuncia als seus drets.

Visca Catalunya lliure!

Fora feixistes!

Visca la lluita internacionalista!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

Aliança Catalana no es la última esperanza del independentismo, sino el último clavo en la tumba del Procés

La bancarrota del imperialismo ha forzado una estrategia de los monopolios que consiste en extender organizaciones y partidos fascistas allá donde lleguen sus tentáculos. Dichas organizaciones se caracterizan, sobre todo, por un discurso antiinmigración, ultranacionalista y de apoyo abierto a Estados Unidos e Israel. Dentro del Estado español, dicho movimiento está ahora representado en gran medida (aunque no plenamente) por VOX. Sin embargo, en Catalunya, gran parte de la batuta ha pasado a Aliança Catalana (AC).

En las últimas encuestas del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico y del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), vemos cómo AC se sitúa como tercera o segunda fuerza política en Catalunya, desplazando a Junts como máximo representante de la derecha. Aunque cabe ser prudente a la hora de interpretar dichos datos, ya que los partidos burgueses suelen utilizar las encuestas de forma estratégica para movilizar el voto que les interese y, a menudo, para criminalizar a todos aquellos que no creemos en su estafa electoral. Por ejemplo, se suele alegar que la culpa de la subida de la extrema derecha es de las personas que no acuden a las urnas como si un fascista se fuera a frenar por unas elecciones que le son contrarias (la historia nos demuestra que nunca es así) o como si las alternativas oportunistas que ofrece el sistema por la izquierda, no fueran igual de reaccionarias.

Según el Sondeo de Opinión de Catalunya 2024 de L’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), el 63,6 % de los votantes de AC se declaraba contrario a la independencia de Catalunya y, según el CEO, se estima que un 23% de quienes votaron a VOX en las catalanas de 2024 ahora votarían a AC en unas nuevas elecciones a la Generalitat. Es decir, la mayoría de los votantes de AC parecen más atraídos por sus propuestas xenófobas y racistas y no por la defensa de los derechos lingüísticos o por el derecho a la separación política de Catalunya del Estado español.

Siguiendo con los datos del CEO, el Procés no solo movilizó al independentismo que existía hasta la fecha, sino que amplió significativamente su base social, ya que, en pocos años, la independencia pasó de ser la opción territorial preferida por aproximadamente una cuarta parte de los catalanes a rozar la mitad (lo cual no significa que la otra mitad fueran antiindependentistas en su totalidad), un crecimiento neto equivalente a alrededor de 1,4 millones de personas. Esta expansión, acompañada de movilizaciones con millones de asistentes sostenidas durante años, convirtió al independentismo en un movimiento con una capacidad de aglutinación social sin precedentes en la Catalunya reciente, al cual se sumó incluso un 24% de población migrante y casi un 30% de la población con dos progenitores migrantes.

Además, en 2023 (aún con un Govern de ERC), AC representó apenas el 0,02 % del tiempo de palabra política en los informativos de TV3, según datos del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), y, durante la campaña de las elecciones catalanas de 2024, le concedió 40 segundos de tiempo de palabra (el 0,9% del dedicado a las candidaturas). Dicho de otra forma, la televisión pública catalana no quiso darle pábulo a AC.

En cambio, por otro lado, la presidenta de AC, Sílvia Orriols, fue adquiriendo una notable exposición en medios privados y, posteriormente, en medios de ámbito español. El diari ARA ha documentado su paso por cabeceras y espacios como El Mundo, OK Diario, Crónica Global o La Sexta, en definitiva, grupos privados que también le dieron exposición a VOX en clara sintonía con los intereses de los monopolios que, al expandir su estrategia fascista, han matado sin miramientos aquello que le dio éxito al Procés y que lo hizo tan atractivo para mucha gente, como su carácter democrático, su fuerza rupturista tras la crisis de 2007 o su apertura a toda persona que quisiera formar parte, características totalmente incompatibles con AC.

Cabe recordar que gran parte del descontento que recogió el Procés ha pasado a AC también por culpa de los mismos partidos independentistas que han acabado pactando con el Estado por miedo a perder sus privilegios como representantes políticos de la burguesía, pues ellos mismos procuraron manejar el Procés para que fuera en consonancia con sus intereses y cuando vieron masas de gente movilizadas y decididas a luchar, se acobardaron ante la posibilidad de no poder controlarlas. Con el terreno tan bien abonado tras la traición de los partidos independentistas, es fácil para AC erigirse como la nueva promesa protectora de los derechos lingüísticos y culturales de Catalunya, a través de la palabrería y la demagogia barata típicas de los fascistas.

El Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.) hace un llamamiento a la clase obrera catalana para que no se deje engañar por las trampas de los monopolios y su Estado para dividirnos, fragmentarnos y acabar con nuestras vidas a través de sus políticas criminales, lleven la careta que lleven.

Es necesario señalar a AC, allí donde esté, como enemigo de los intereses de la clase obrera catalana, incapaces de otorgar a Catalunya la soberanía que merece como nación, porque el fascismo es disgregador, discriminatorio y antipopular. Frente a él, han sido las clases populares, con su capacidad para unir y aglutinar, las que siempre han conseguido la fuerza suficiente para poner al Estado español contra las cuerdas y sacar su verdadera cara. Tampoco cabe esperar nada de la burguesía que se pinta la cara de demócrata, pues siempre van a anteponer sus intereses a cualquier tipo de soberanía como ya demostraron vendiendo el Procés para salvarse ellos.

Así mismo, también hacemos un llamamiento a la clase obrera catalana a que se organice junto a la clase obrera del resto del Estado en pie de igualdad, pues ambas están destinadas a romper y a acabar con éste, así como la lucha por la unidad de toda la clase obrera mundial.

Este 10 de septiembre, todo el mundo al Fossar de les Moreres a las 18:00 para plantar cara a AC y recordarles que Catalunya solo puede ser antifascista. Y al día siguiente, este 11 de septiembre, volvemos a las calles para decirle al Estado español que Catalunya sigue viva y que no renuncia a sus derechos.

Visca Catalunya lliure!

Fora feixistes!

Visca la lluita internacionalista!

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya (P.C.O.C.)

El cierre del ejercicio 2025 y la presentación de cuentas anuales de las empresas han sido, en su mayoría, un éxito para la burguesía nacional que ha presentado beneficios récord en el IBEX 35, superando los 66.006 millones de euros de beneficio neto atribuido. La clase obrera, sin embargo, sufre expedientes de regulación de empleo, disminución del poder adquisitivo y una cada vez mayor exposición a riesgos laborales, tanto físicos como psicosociales, que amenazan su propia salud.

La burguesía sigue disfrutando de las mieles del sistema de explotación asalariada, amasando entre sus manos cada vez más capital gracias al robo a la clase trabajadora. Los grandes bancos de origen español superaron los 34.000 millones de euros en beneficios netos conjuntos, lo que representa un incremento del 7% respecto al excelente ejercicio de 2024.

Sin duda, la subida de los tipos de interés desde 2020 ha supuesto el aumento de pingües beneficios para el sector de la banca y, a su vez, ha significado directamente una enorme pérdida de dinero para los trabajadores, que ahora pagan mucho más por sus hipotecas de lo que lo hacían antes. Un dinero que ha ido directamente a las manos de los grandes bancos y sus directivos.

Iberdrola, la principal compañía energética del país, ha desbancado del tercer puesto a CaixaBank, gracias también al robo a manos llenas al proletariado. Según los datos de Red Eléctrica Española 2022 fue el año más caro de la historia: la factura tipo llegó a 1.419 € (un 38,7% más que en 2021) y, aunque los precios bajaron en 2023 y 2024, nunca han vuelto a los precios anteriores. Los trabajadores pagamos la luz mucho más cara que hace 6 años, de hecho en 2025 hemos pagado un 14,3% más que en el año anterior.

De igual manera otras empresas energéticas como Naturgy, Endesa o Repsol, baten récords de beneficios gracias a la subida de precios de la electricidad, el gas y la gasolina que, como siempre, hemos pagado los obreros.

Inditex está también a la cabeza los beneficios empresariales hoy gracias a una estrategia de deslocalización de la producción realizada a finales de los años 90, desde los talleres de costura gallega hacia los países de Asia y Latinoamérica. Esto le ha permitido poder vender sus productos con bajísimos costos de producción que ofrece una diáspora de maquilas, es decir, fábricas ubicadas en los países con los salarios más bajos del mundo, como Bangladesh, o en talleres clandestinos de São Paulo o Buenos Aires.

Según los cálculos de la Campaña Ropa Limpia de Setem, si partimos de una hipotética prenda vendida por 29 euros, la venta al por menor se lleva el mayor margen: 17 euros, es decir, un 59%. Le sigue el beneficio de la marca (3,6 euros), los gastos de los materiales (3,40 euros), los gastos de transporte (2,19 euros) y los intermediarios (1,2 euros). Los beneficios de la fábrica proveedora en algún país del Sudeste asiático suponen 1,15 euros (el 4%) y, para los salarios de los trabajadores, quedan apenas 18 céntimos: un 0,6% de los 29 euros que figuran en la etiqueta de la camiseta.

El 24 de abril de 2013 se derrumbó en Bangladesh el edificio Rana Plaza, muriendo 1.129 trabajadores a los que se sumaron más de 2.000 heridos, debido a las precarias condiciones de seguridad e higiene en las que trabajaban para el sector textil, y que hoy en día siguen siendo la norma y provocando accidentes en medio mundo, aunque no aparezcan publicados en la prensa burguesa.

Pero ¿Dónde van todos estos beneficios empresariales?

El año 2025 presenció cómo el mercado bursátil español rompía todos los registros históricos en materia de distribución de dividendos. Se estima que, liderados por la banca y el sector energético, los pagos directos al accionista alcanzarán los 42.000 millones de euros en el próximo ciclo, consolidando una rentabilidad por dividendo que supera de manera estructural el 5% de media para el IBEX 35, una de las más atractivas a nivel global.

De manera simultánea, se ha consolidado definitivamente en el entorno corporativo español una práctica importada de los mercados de capitales anglosajones: los programas masivos de recompra de acciones propias (share buybacks) seguidos de su amortización. En 2025, un 69% de las empresas españolas incluidas en el índice selectivo ejecutó programas de recompra, destinando un gasto total de 12.700 millones de euros a la destrucción de papel para inflar artificialmente el beneficio por acción (BPA).

En un lapso de tan solo diez años, el volumen de estas recompras ha experimentado un crecimiento explosivo del 150% en el mercado español. Esta recompra de acciones para el inversor y la empresa, tiene varios efectos directos:

• Aumento del Beneficio Por Acción (BPA): Si una empresa gana 1.000 € y hay 1.000 acciones, el beneficio es de 1 € por acción. Si recompran y destruyen 200 acciones, esos mismos 1.000 € ahora se dividen entre 800 acciones, subiendo el BPA a 1,25 € automáticamente (sin que la empresa haya ganado ni un euro más).
• Mayor presión de demanda: Al salir la propia empresa al mercado a comprar sus acciones con grandes cantidades de dinero, genera una demanda que suele empujar el precio de la acción al alza.
• Eficiencia fiscal: Es una forma de “premiar” al accionista sin repartir un dividendo. Cuando cobras un dividendo, tienes que pagar impuestos inmediatamente. Con la recompra, el valor de tus acciones sube, pero solo pagarás impuestos si decides venderlas en el futuro.

Es decir, la tendencia de las empresas es a “cerrar filas” en un escenario de grandes beneficios hoy, pero que dicho escenario a futuro puede cambiar por su inestabilidad. Los beneficios se quedan en casa del burgués.

Así se entiende esta noticia:

Según el informe anual del banco suizo UBS hay en total 32 españoles que superan la barrera de los mil millones de patrimonio, esto supone que la lista ha crecido en cinco personas respecto a 2024. Entre todos ellos acumulan una riqueza de 213.000 millones de dólares, un 21% más. Pero el 58% del patrimonio de estos milmillonarios (124.000 millones) está en manos de uno de ellos: el fundador de Inditex, Amancio Ortega.

Otro informe, de Oxfam Intermón, indica que, en 2025, la riqueza conjunta de los milmillonarios en todo el mundo creció más de un 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años, hasta alcanzar un máximo histórico de 18,3 billones de dólares. Desde 2020, la riqueza combinada de estos milmillonarios ha crecido un 81%.

Casi la mitad de la población mundial, sin embargo, vive en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día, y un 28% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Según este informe de Oxfam, sólo con el incremento de este último año, estos 2,5 billones de dólares podrían acabar con la pobreza extrema de los próximos 26 años.

¿Y la clase obrera?

Mientras, según este mismo informe, los salarios pierden peso en la economía y crecen por debajo de lo que aumenta el coste de vida, arrastrando la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras y los hogares. En los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación.

El 1% más rico concentra el 23,9% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6,7% en España. El 0,1% más rico en España (unas 48.000 personas con una riqueza promedio de 20 millones de euros) ha visto aumentar su participación en la riqueza nacional desde 2010 y ya supone más del 10% del total.

Nuestra clase tiene un escenario de precariedad transversal para todas sus capas. La juventud trabajadora sufre desde la década pasada un aumento en los costes universitarios que la van alejando de los estudios superiores, cada vez más difíciles de costear para una familia obrera.

Conseguir un puesto de trabajo es más difícil, con datos en 2025 de un 24% de paro juvenil e incluso trabajando sufren en muchos casos una estafa directa en sus derechos laborales (salarios, categorías profesionales, adaptación de jornada por estudios, licencias retribuidas, etcétera…). Como ejemplo encontramos que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó entre 2021 y 2025 un total de 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones.

La juventud trabajadora es una capa de la clase obrera que sufre una gran cantidad de ataques de la patronal que, debido a la inexperiencia y falta de conciencia de clase, recibe sin saber cómo defenderse, huérfanos de hermanos de clase con mayor experiencia que ejerzan una mínima protección organizada, donde el sindicalismo exhibe una patética posición de subordinación a los intereses de la burguesía.

El periodo de prueba, que sufre la juventud pero también muchos obreros independientemente de su edad, sexo o cualquier otra cuestión, es una de las trampas que este “Gobierno progresista” de PSOE-IU-PCE-Sumar ha impuesto a los trabajadores. La desaparición del contrato de obra o servicio determinado tras la reforma laboral de 2021 hizo que la patronal desplazara la carga de la contratación temporal hacia el período de prueba de los contratos indefinidos:

En 2026 se produjo un aumento del 1.200% en estas extinciones: En los dos primeros meses de 2026, más de 103.000 contratos indefinidos se extinguieron alegando la no superación del período de prueba, en comparación con los menos de 8.000 que se registraron en el mismo período del año 2021.

El Ministerio de Trabajo anunció en marzo el inicio de 520 inspecciones, de las cuales se han finalizado 458. En 342 de ellas (el 75% del total) Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades respecto de la aplicación del despido por no superar el periodo de prueba. Este período de prueba se ha convertido, de facto, en una válvula de escape barata para cubrir necesidades estacionales o temporales prescindiendo del trabajador sin abonar indemnización ni preaviso, por lo que el trabajador no ha ganado nada con la desaparición del contrato por obra y servicio ya que sigue sufriendo la temporalidad en el puesto de trabajo.

Los expedientes de regulación de empleo no han parado de producirse, a pesar del pico sufrido en la pandemia del Covid19, el ritmo ha continuado hasta hoy.

En 2025 encontramos expedientes de regulación de empleo, sobre todo, en el sector de las telecomunicaciones (Vodafone Zegona ejecutó 898 despidos, MasOrange 609 tras la fusión y Telefónica, más de 4.500 afectados, el 26% de la plantilla de todo el grupo), en Consultoría (Capgemini, 710 afectados) y en Alimentación y Gran Consumo (Nestlé, 242 despidos y Danone, 143 afectados).

Los gigantes de la consultoría tecnológica, el comercio electrónico y el sector servicios no han aplicado estos despidos por una quiebra real o por pérdidas imprevistas, sino como maniobras de reestructuración preventiva bajo el amparo de causas organizativas ETOP (Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción). Una estrategia de la burguesía para blindar sus márgenes de beneficio frente al avance de la automatización por IA, sacrificando a los trabajadores en el altar de la rentabilidad.

El sector de las telecomunicaciones se erige hoy como el principal escenario del desmantelamiento del empleo cualificado. Bajo el pretexto de la competitividad de precios, las fusiones monopolísticas de MasOrange o el desembarco de fondos de inversión como Zegona en Vodafone, la burguesía ha orquestado una sangría de miles de puestos directos e indirectos, sacrificando el sustento de la clase trabajadora en aras de salvaguardar sus márgenes de rentabilidad.

Todos los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo que pierden su puesto de trabajo entran directamente a la rueda del trabajo temporal sufriendo los ya analizados periodos de prueba (que la mayoría no superan) o en los contratos fijos discontinuos, que sigue siendo trabajo temporal.

Los salarios, mientras tanto, aumentan a un ritmo ridículamente bajo en comparación con el aumento de los precios de los bienes de consumo con lo que, de hecho, los salarios reales de la clase obrera retroceden. Así, el IPC sube desde 2021 a un ritmo mucho mayor que los salarios, haciendo perder a la clase obrera poder adquisitivo.

Durante el primer semestre del presente ejercicio, los salarios han experimentado un incremento medio del 2,5%, una cifra que palidece frente al ascenso del 3,2% en los precios de consumo durante el mismo intervalo. Estos datos, extraídos de la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas de la Agencia Tributaria y confrontados con el IPC del INE, evidencian un nuevo episodio de asfixia económica para los hogares proletarios. La cifra sólo refleja el incremento salarial medio de quienes trabajan en una empresa de gran tamaño. Estas, al estar obligadas a presentar de forma mensual sus declaraciones, cuentan con los datos más actualizados de salarios.

Esta erosión de la capacidad de compra de la clase obrera no se limita a las cifras fiscales. Los registros de la negociación colectiva del Ministerio de Trabajo revelan una realidad idéntica: los incrementos pactados en convenio se estancaron en un 3% hasta julio. Esta cifra condena a 8,6 millones de proletarios —el 44% de los asalariados— a cinco meses consecutivos de empobrecimiento real, al quedar sus salarios asfixiados bajo un IPC que escaló violentamente hasta el 3,6%. El robo al valor del trabajo se institucionaliza a través de acuerdos que no logran ni siquiera cubrir el encarecimiento básico de la vida y que son auténticas puñaladas al proletariado que llevan la firma de los sindicatos del régimen.

Aunque la subida salarial media pactada en convenio cerró el año 2025 en un 3,53%, este dato general oculta una enorme brecha en las nóminas de los más de 10,1 millones de trabajadores protegidos por convenio ya que:

• 3,74 millones de trabajadores (aproximadamente el 37% del total con convenio) quedaron fuera de la media general, pactando una subida de apenas el 2,96% (muy en línea con el IPC de diciembre de ese año).
• 1,87 millones de trabajadores experimentaron subidas aún menores, situadas en una horquilla de entre el 1,35% y el 2,47%.
• Más de 100.000 empleados sufrieron una congelación salarial total o incrementos meramente testimoniales.

En resumen, más de 5,71 millones de trabajadores bajo convenio (el 56,5% del total cubierto) quedaron fuera de la subida general del 3,53%, viendo revalorizados sus salarios por debajo del promedio.

Además, los convenios colectivos registrados con efectos económicos en 2026 solo alcanzan a unos 8,6 millones de trabajadores, lo que equivale a un 44% del total de asalariados en España.

El 56% restante de los asalariados se encuentra técnicamente fuera de la cobertura de la negociación colectiva activa registrada para dicho ejercicio. Sus nóminas dependen por completo de las decisiones unilaterales de las empresas o de la aplicación directa del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para aquellos que dependen estrictamente del SMI, sus ingresos aumentaron un 3,1% en 2026 (alcanzando los 1.221 € brutos al mes en 14 pagas), una subida que, descontada la inflación acumulada, sitúa su capacidad de compra real al mismo nivel que hace cinco años.

Aunque las cifras oficiales agregadas de la negociación colectiva reflejan un aumento medio del 3,02% hasta julio de 2026, la realidad del bolsillo de la mayoría de los trabajadores queda por debajo debido a la ponderación de los siguientes factores:

1. El peso de los convenios plurianuales antiguos (2,91%)

La inmensa mayoría de los trabajadores bajo convenio no están cobrando las subidas que se firman este año (que promedian un 3,73%). De los 2.768 convenios registrados con efectos en 2026, el 83% (2.308 acuerdos) se firmaron en años anteriores. Estos convenios antiguos contemplan una subida media de tan solo el 2,91%, lo que arrastra a la baja la nómina de más de 8,6 millones de personas.

2. La realidad de las Grandes Empresas (2,5%)

Los datos más dinámicos y actualizados de salarios cobrados mensualmente provienen de la Agencia Tributaria (a través de las declaraciones de las Grandes Empresas). Esta estadística revela que los sueldos reales de quienes trabajan en estas corporaciones aumentaron un promedio de solo el 2,5% durante el primer semestre de 2026.

3. Convenios de empresa y sectores precarizados (2,26% – 2,69%)

Cuando el ámbito de negociación se reduce a la realidad particular de cada centro de trabajo, los incrementos pactados son significativamente menores:

• Los convenios colectivos circunscritos estrictamente al ámbito de empresa contemplan un incremento medio de apenas el 2,59% (o del 2,56% si se analiza la estadística de marzo).
• Los convenios de grupos de empresas (que representan a grandes corporaciones complejas) reducen el aumento salarial medio a un 2,26%.
• Por sectores de actividad, los trabajadores del sector agrario perciben la subida media más baja de todo el tejido productivo, fijada en el 2,69%.

Si nos fijamos en la distribución salarial de la clase trabajadora en el estado, observamos como casi un tercio del total corresponde a salarios entre 16 mil y 23 mil euros brutos anuales, que sumado al 18% de trabajadores que cobran menos de 16 mil euros brutos anuales al año encontramos que casi la mitad de la clase trabajadora tiene un salario que no permite una vida independiente bajo este sistema capitalista en prácticamente ninguna capital de provincia del estado.

Pero no solo la pérdida es económica para la clase trabajadora. La salud de los trabajadores también se resiente bajo el sistema capitalista de producción, como se puede comprobar analizando los propios datos de las instituciones burguesas como el INE o el Ministerio de Trabajo:

Los accidentes con baja y las muertes se mantienen en unas cifras de auténtico horror y que demuestran la más absoluta miseria del capitalismo, sobre todo en los sectores de los servicios (donde más volumen de trabajadores hay) y la construcción, sector donde mayor índice de incidencia hay. Las caídas a distinto nivel, los atrapamientos y sepultamientos y los accidentes de tráfico y maquinaria siguen liderando año tras año los riesgos visibles más comunes.

Mientras los accidentes físicos se mantienen estables, con caídas únicamente por motivo de la cantidad de trabajadores en activo por las crisis (económicas o pandemia), los riesgos psicosociales han aumentado exponencialmente de una manera brutal y han impactado duramente en la salud de la clase trabajadora.

Los riesgos psicosociales y de salud mental son los que registran el incremento más rápido e intenso debido a mayor explotación laboral impuesta por la patronal. En España, el 40 % de los trabajadores (11 puntos por encima de la media de la UE, que se sitúa en el 29 %) señala directamente a su puesto de trabajo como la causa de su ansiedad o depresión.

Nuevas patologías como las denominadas “tecnoestrés”, “hiperconectividad” o “infoxicación”, debido a la transición digital y el uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han introducido riesgos nuevos y emergentes. El 31,6% de las empresas en España reporta un aumento en la intensidad laboral y el 31,7% destaca una sobrecarga de información derivada del uso de herramientas digitales. La conectividad constante y la expectativa de estar disponible con poca antelación por motivos laborales destruye el derecho al descanso.

Los riesgos ergonómicos vinculados al sedentarismo, como las posturas sedentarias prolongadas (estar sentado la mayor parte del tiempo afecta al 75,6 % de las empresas con herramientas digitales en España, y se eleva al 84,7 % en la modalidad de teletrabajo) y los movimientos repetitivos (67,4 %) siguen aumentando y son algunos de los desafíos emergentes más complejos de atajar.

La duplicación de las bajas por salud mental en España que reportan los datos oficiales reflejan un crecimiento de carácter exponencial en los problemas de salud mental que se trasladan directamente al ámbito laboral, convirtiendo a la salud mental en la segunda causa de baja laboral en el país.

Este aumento de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo de todo el estado provoca graves consecuencias tanto físicas como fisiológicas, mentales y emocionales y conductuales y sociales:

• Patologías No Traumáticas (PNT): El estrés laboral crónico es un precursor directo de trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares. Problemas como infartos de miocardio, derrames cerebrales e ictus representan actualmente más del 40 % de las muertes ocurridas durante la jornada laboral en España.
• Trastornos musculoesqueléticos (TME): Dolores agudos de espalda, cuello y extremidades (lumbalgias, tendinitis) derivados del trabajo estático en pantallas y de movimientos repetitivos.
• Síndrome de Burnout (desgaste profesional): Provoca un proceso degenerativo que comienza con fatiga, insomnio y automedicación (fase moderada), y puede evolucionar hacia el cinismo, la aversión al trabajo (fase grave), el aislamiento y la depresión crónica o riesgo de suicidio en su nivel extremo.
• Ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración ante la incapacidad de equilibrar las demandas del puesto con los recursos del trabajador.
• Abuso de sustancias nocivas: Se ha detectado un incremento en la dependencia del tabaco, alcohol y, muy especialmente, en el consumo de psicofármacos como ansiolíticos y relajantes musculares para sobrellevar la presión del día a día en el puesto de trabajo.
• Conflictos y aislamiento: La sobrecarga y el teletrabajo aumentan el aislamiento social de los compañeros. Además, la insatisfacción puede derivar en conductas de violencia física o verbal (tanto interna como externa de cara a clientes o usuarios conflictivos).

Las bajas médicas por trastornos mentales en España se han duplicado en un periodo de ocho años, pasando de 280.000 en 2016 a más de 600.000 en 2023. Esta tendencia se consolida en 2024, donde solo en los primeros nueve meses (enero a septiembre) ya se registraron más de 468.000 bajas, situándose en una proyección anual de unas 624.000 bajas (+123 % respecto a 2016).

Estas bajas se producen, como hemos visto, por una necesidad de la burguesía de lograr un aumento en la productividad, cuya consecuencia es la elevación de los niveles de tensión y estrés de los trabajadores a todos los niveles.

Y, por supuesto, la solución de la patronal no es otra que cambiar las leyes para evitar pagar las bajas médicas, criminalizando a los trabajadores por un problema que está generando la burguesía en su afán de una mayor acumulación de capital, con el Partido Popular como principal aliado.

Según Feijoo el aumento de la incapacidad temporal es “un cáncer” y propone que los trabajadores de baja cobren menos. Pero desde el PCOE creemos que el cáncer es el, su partido, su sistema económico y la clase a la que representa y que los que deberían cobrar menos son ellos, concretamente nada una vez se socialicen los medios de producción y estén en manos del proletariado.

¿Cómo puede salir la clase obrera de este laberinto?

Como hemos analizado a lo largo del texto, las empresas españolas obtienen su dinero de robar a manos llenas directamente a sus propios trabajadores, a través de la plusvalía, pero también indirectamente al resto del pueblo trabajador con el aumento de los precios de bienes básicos (ropa, energía) y los intereses hipotecarios.

Estos beneficios empresariales se quedan en las manos de unos pocos mientras la clase obrera pierde salud y poder adquisitivo, llegando a niveles críticos en los que casi la mitad de los trabajadores no pueden vivir de forma independiente y cuya salud mental y física empeora cada día.

Este es el escenario que tenemos los obreros bajo el capitalismo, un laberinto de pobreza y enfermedad en el que no podemos continuar. Las condiciones de vida siguen depauperándose para el proletariado en el estado español mientras los capitalistas acumulan más y más ganancias que nosotros mismos hemos generado con nuestro trabajo.

La única salida de la clase trabajadora es la organización, pero no sindicalmente para arrancar unas pocas migajas dentro del sistema capitalista -que sin duda nos robarán por otro lado- o socialmente para paliar el desmantelamiento de los servicios públicos. Sino la organización política para destruir este sistema capitalista criminal que ya no permite nada más que el fascismo y la reacción para su supervivencia.

La organización política para la construcción del socialismo, máxima aspiración del proletariado hoy, que -mediante la socialización de los medios de producción- garantice la vida y la salud del proletariado solucionando los grandes males que hoy nos aquejan: vivienda, educación, sanidad, trabajo, conciliación de la vida profesional y personal…

La clase trabajadora hoy no tiene más remedio que tomar las riendas de su destino, reconocerse como clase, organizarse y hacer la revolución socialista para tomar lo que le pertenece y emanciparse definitivamente para crear una sociedad justa y humanista, lejos de la miseria y la explotación que hoy sufrimos.

¡Organízate en el Partido Comunista Obrero Español!

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)