Beneficios históricos de la burguesía y más pobreza y enfermedad para los trabajadores

El cierre del ejercicio 2025 y la presentación de cuentas anuales de las empresas han sido, en su mayoría, un éxito para la burguesía nacional que ha presentado beneficios récord en el IBEX 35, superando los 66.006 millones de euros de beneficio neto atribuido. La clase obrera, sin embargo, sufre expedientes de regulación de empleo, disminución del poder adquisitivo y una cada vez mayor exposición a riesgos laborales, tanto físicos como psicosociales, que amenazan su propia salud.

La burguesía sigue disfrutando de las mieles del sistema de explotación asalariada, amasando entre sus manos cada vez más capital gracias al robo a la clase trabajadora. Los grandes bancos de origen español superaron los 34.000 millones de euros en beneficios netos conjuntos, lo que representa un incremento del 7% respecto al excelente ejercicio de 2024.

Sin duda, la subida de los tipos de interés desde 2020 ha supuesto el aumento de pingües beneficios para el sector de la banca y, a su vez, ha significado directamente una enorme pérdida de dinero para los trabajadores, que ahora pagan mucho más por sus hipotecas de lo que lo hacían antes. Un dinero que ha ido directamente a las manos de los grandes bancos y sus directivos.

Iberdrola, la principal compañía energética del país, ha desbancado del tercer puesto a CaixaBank, gracias también al robo a manos llenas al proletariado. Según los datos de Red Eléctrica Española 2022 fue el año más caro de la historia: la factura tipo llegó a 1.419 € (un 38,7% más que en 2021) y, aunque los precios bajaron en 2023 y 2024, nunca han vuelto a los precios anteriores. Los trabajadores pagamos la luz mucho más cara que hace 6 años, de hecho en 2025 hemos pagado un 14,3% más que en el año anterior.

De igual manera otras empresas energéticas como Naturgy, Endesa o Repsol, baten récords de beneficios gracias a la subida de precios de la electricidad, el gas y la gasolina que, como siempre, hemos pagado los obreros.

 

Inditex está también a la cabeza los beneficios empresariales hoy gracias a una estrategia de deslocalización de la producción realizada a finales de los años 90, desde los talleres de costura gallega hacia los países de Asia y Latinoamérica. Esto le ha permitido poder vender sus productos con bajísimos costos de producción que ofrece una diáspora de maquilas, es decir, fábricas ubicadas en los países con los salarios más bajos del mundo, como Bangladesh, o en talleres clandestinos de São Paulo o Buenos Aires.

Según los cálculos de la Campaña Ropa Limpia de Setem, si partimos de una hipotética prenda vendida por 29 euros, la venta al por menor se lleva el mayor margen: 17 euros, es decir, un 59%. Le sigue el beneficio de la marca (3,6 euros), los gastos de los materiales (3,40 euros), los gastos de transporte (2,19 euros) y los intermediarios (1,2 euros). Los beneficios de la fábrica proveedora en algún país del Sudeste asiático suponen 1,15 euros (el 4%) y, para los salarios de los trabajadores, quedan apenas 18 céntimos: un 0,6% de los 29 euros que figuran en la etiqueta de la camiseta.

El 24 de abril de 2013 se derrumbó en Bangladesh el edificio Rana Plaza, muriendo 1.129 trabajadores a los que se sumaron más de 2.000 heridos, debido a las precarias condiciones de seguridad e higiene en las que trabajaban para el sector textil, y que hoy en día siguen siendo la norma y provocando accidentes en medio mundo, aunque no aparezcan publicados en la prensa burguesa.

 

Pero ¿Dónde van todos estos beneficios empresariales?

El año 2025 presenció cómo el mercado bursátil español rompía todos los registros históricos en materia de distribución de dividendos. Se estima que, liderados por la banca y el sector energético, los pagos directos al accionista alcanzarán los 42.000 millones de euros en el próximo ciclo, consolidando una rentabilidad por dividendo que supera de manera estructural el 5% de media para el IBEX 35, una de las más atractivas a nivel global.

De manera simultánea, se ha consolidado definitivamente en el entorno corporativo español una práctica importada de los mercados de capitales anglosajones: los programas masivos de recompra de acciones propias (share buybacks) seguidos de su amortización. En 2025, un 69% de las empresas españolas incluidas en el índice selectivo ejecutó programas de recompra, destinando un gasto total de 12.700 millones de euros a la destrucción de papel para inflar artificialmente el beneficio por acción (BPA).

En un lapso de tan solo diez años, el volumen de estas recompras ha experimentado un crecimiento explosivo del 150% en el mercado español. Esta recompra de acciones para el inversor y la empresa, tiene varios efectos directos:

• Aumento del Beneficio Por Acción (BPA): Si una empresa gana 1.000 € y hay 1.000 acciones, el beneficio es de 1 € por acción. Si recompran y destruyen 200 acciones, esos mismos 1.000 € ahora se dividen entre 800 acciones, subiendo el BPA a 1,25 € automáticamente (sin que la empresa haya ganado ni un euro más).
• Mayor presión de demanda: Al salir la propia empresa al mercado a comprar sus acciones con grandes cantidades de dinero, genera una demanda que suele empujar el precio de la acción al alza.
• Eficiencia fiscal: Es una forma de “premiar” al accionista sin repartir un dividendo. Cuando cobras un dividendo, tienes que pagar impuestos inmediatamente. Con la recompra, el valor de tus acciones sube, pero solo pagarás impuestos si decides venderlas en el futuro.

Es decir, la tendencia de las empresas es a “cerrar filas” en un escenario de grandes beneficios hoy, pero que dicho escenario a futuro puede cambiar por su inestabilidad. Los beneficios se quedan en casa del burgués.

Así se entiende esta noticia:

Según el informe anual del banco suizo UBS hay en total 32 españoles que superan la barrera de los mil millones de patrimonio, esto supone que la lista ha crecido en cinco personas respecto a 2024. Entre todos ellos acumulan una riqueza de 213.000 millones de dólares, un 21% más. Pero el 58% del patrimonio de estos milmillonarios (124.000 millones) está en manos de uno de ellos: el fundador de Inditex, Amancio Ortega.

Otro informe, de Oxfam Intermón, indica que, en 2025, la riqueza conjunta de los milmillonarios en todo el mundo creció más de un 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años, hasta alcanzar un máximo histórico de 18,3 billones de dólares. Desde 2020, la riqueza combinada de estos milmillonarios ha crecido un 81%.

Casi la mitad de la población mundial, sin embargo, vive en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día, y un 28% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Según este informe de Oxfam, sólo con el incremento de este último año, estos 2,5 billones de dólares podrían acabar con la pobreza extrema de los próximos 26 años.

¿Y la clase obrera?

Mientras, según este mismo informe, los salarios pierden peso en la economía y crecen por debajo de lo que aumenta el coste de vida, arrastrando la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras y los hogares. En los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación.

 

El 1% más rico concentra el 23,9% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6,7% en España. El 0,1% más rico en España (unas 48.000 personas con una riqueza promedio de 20 millones de euros) ha visto aumentar su participación en la riqueza nacional desde 2010 y ya supone más del 10% del total.

 

Nuestra clase tiene un escenario de precariedad transversal para todas sus capas. La juventud trabajadora sufre desde la década pasada un aumento en los costes universitarios que la van alejando de los estudios superiores, cada vez más difíciles de costear para una familia obrera.

Conseguir un puesto de trabajo es más difícil, con datos en 2025 de un 24% de paro juvenil e incluso trabajando sufren en muchos casos una estafa directa en sus derechos laborales (salarios, categorías profesionales, adaptación de jornada por estudios, licencias retribuidas, etcétera…). Como ejemplo encontramos que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó entre 2021 y 2025 un total de 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones.

La juventud trabajadora es una capa de la clase obrera que sufre una gran cantidad de ataques de la patronal que, debido a la inexperiencia y falta de conciencia de clase, recibe sin saber cómo defenderse, huérfanos de hermanos de clase con mayor experiencia que ejerzan una mínima protección organizada, donde el sindicalismo exhibe una patética posición de subordinación a los intereses de la burguesía.

El periodo de prueba, que sufre la juventud pero también muchos obreros independientemente de su edad, sexo o cualquier otra cuestión, es una de las trampas que este “Gobierno progresista” de PSOE-IU-PCE-Sumar ha impuesto a los trabajadores. La desaparición del contrato de obra o servicio determinado tras la reforma laboral de 2021 hizo que la patronal desplazara la carga de la contratación temporal hacia el período de prueba de los contratos indefinidos:

En 2026 se produjo un aumento del 1.200% en estas extinciones: En los dos primeros meses de 2026, más de 103.000 contratos indefinidos se extinguieron alegando la no superación del período de prueba, en comparación con los menos de 8.000 que se registraron en el mismo período del año 2021.

 

El Ministerio de Trabajo anunció en marzo el inicio de 520 inspecciones, de las cuales se han finalizado 458. En 342 de ellas (el 75% del total) Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades respecto de la aplicación del despido por no superar el periodo de prueba. Este período de prueba se ha convertido, de facto, en una válvula de escape barata para cubrir necesidades estacionales o temporales prescindiendo del trabajador sin abonar indemnización ni preaviso, por lo que el trabajador no ha ganado nada con la desaparición del contrato por obra y servicio ya que sigue sufriendo la temporalidad en el puesto de trabajo.

Los expedientes de regulación de empleo no han parado de producirse, a pesar del pico sufrido en la pandemia del Covid19, el ritmo ha continuado hasta hoy.

 

En 2025 encontramos expedientes de regulación de empleo, sobre todo, en el sector de las telecomunicaciones (Vodafone Zegona ejecutó 898 despidos, MasOrange 609 tras la fusión y Telefónica, más de 4.500 afectados, el 26% de la plantilla de todo el grupo), en Consultoría (Capgemini, 710 afectados) y en Alimentación y Gran Consumo (Nestlé, 242 despidos y Danone, 143 afectados).

Los gigantes de la consultoría tecnológica, el comercio electrónico y el sector servicios no han aplicado estos despidos por una quiebra real o por pérdidas imprevistas, sino como maniobras de reestructuración preventiva bajo el amparo de causas organizativas ETOP (Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción). Una estrategia de la burguesía para blindar sus márgenes de beneficio frente al avance de la automatización por IA, sacrificando a los trabajadores en el altar de la rentabilidad.

El sector de las telecomunicaciones se erige hoy como el principal escenario del desmantelamiento del empleo cualificado. Bajo el pretexto de la competitividad de precios, las fusiones monopolísticas de MasOrange o el desembarco de fondos de inversión como Zegona en Vodafone, la burguesía ha orquestado una sangría de miles de puestos directos e indirectos, sacrificando el sustento de la clase trabajadora en aras de salvaguardar sus márgenes de rentabilidad.

Todos los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo que pierden su puesto de trabajo entran directamente a la rueda del trabajo temporal sufriendo los ya analizados periodos de prueba (que la mayoría no superan) o en los contratos fijos discontinuos, que sigue siendo trabajo temporal.

Los salarios, mientras tanto, aumentan a un ritmo ridículamente bajo en comparación con el aumento de los precios de los bienes de consumo con lo que, de hecho, los salarios reales de la clase obrera retroceden. Así, el IPC sube desde 2021 a un ritmo mucho mayor que los salarios, haciendo perder a la clase obrera poder adquisitivo.

 

Durante el primer semestre del presente ejercicio, los salarios han experimentado un incremento medio del 2,5%, una cifra que palidece frente al ascenso del 3,2% en los precios de consumo durante el mismo intervalo. Estos datos, extraídos de la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas de la Agencia Tributaria y confrontados con el IPC del INE, evidencian un nuevo episodio de asfixia económica para los hogares proletarios. La cifra sólo refleja el incremento salarial medio de quienes trabajan en una empresa de gran tamaño. Estas, al estar obligadas a presentar de forma mensual sus declaraciones, cuentan con los datos más actualizados de salarios.

Esta erosión de la capacidad de compra de la clase obrera no se limita a las cifras fiscales. Los registros de la negociación colectiva del Ministerio de Trabajo revelan una realidad idéntica: los incrementos pactados en convenio se estancaron en un 3% hasta julio. Esta cifra condena a 8,6 millones de proletarios —el 44% de los asalariados— a cinco meses consecutivos de empobrecimiento real, al quedar sus salarios asfixiados bajo un IPC que escaló violentamente hasta el 3,6%. El robo al valor del trabajo se institucionaliza a través de acuerdos que no logran ni siquiera cubrir el encarecimiento básico de la vida y que son auténticas puñaladas al proletariado que llevan la firma de los sindicatos del régimen.

Aunque la subida salarial media pactada en convenio cerró el año 2025 en un 3,53%, este dato general oculta una enorme brecha en las nóminas de los más de 10,1 millones de trabajadores protegidos por convenio ya que:

• 3,74 millones de trabajadores (aproximadamente el 37% del total con convenio) quedaron fuera de la media general, pactando una subida de apenas el 2,96% (muy en línea con el IPC de diciembre de ese año).
• 1,87 millones de trabajadores experimentaron subidas aún menores, situadas en una horquilla de entre el 1,35% y el 2,47%.
• Más de 100.000 empleados sufrieron una congelación salarial total o incrementos meramente testimoniales.

En resumen, más de 5,71 millones de trabajadores bajo convenio (el 56,5% del total cubierto) quedaron fuera de la subida general del 3,53%, viendo revalorizados sus salarios por debajo del promedio.

Además, los convenios colectivos registrados con efectos económicos en 2026 solo alcanzan a unos 8,6 millones de trabajadores, lo que equivale a un 44% del total de asalariados en España.

El 56% restante de los asalariados se encuentra técnicamente fuera de la cobertura de la negociación colectiva activa registrada para dicho ejercicio. Sus nóminas dependen por completo de las decisiones unilaterales de las empresas o de la aplicación directa del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para aquellos que dependen estrictamente del SMI, sus ingresos aumentaron un 3,1% en 2026 (alcanzando los 1.221 € brutos al mes en 14 pagas), una subida que, descontada la inflación acumulada, sitúa su capacidad de compra real al mismo nivel que hace cinco años.

Aunque las cifras oficiales agregadas de la negociación colectiva reflejan un aumento medio del 3,02% hasta julio de 2026, la realidad del bolsillo de la mayoría de los trabajadores queda por debajo debido a la ponderación de los siguientes factores:

1. El peso de los convenios plurianuales antiguos (2,91%)

La inmensa mayoría de los trabajadores bajo convenio no están cobrando las subidas que se firman este año (que promedian un 3,73%). De los 2.768 convenios registrados con efectos en 2026, el 83% (2.308 acuerdos) se firmaron en años anteriores. Estos convenios antiguos contemplan una subida media de tan solo el 2,91%, lo que arrastra a la baja la nómina de más de 8,6 millones de personas.

2. La realidad de las Grandes Empresas (2,5%)

Los datos más dinámicos y actualizados de salarios cobrados mensualmente provienen de la Agencia Tributaria (a través de las declaraciones de las Grandes Empresas). Esta estadística revela que los sueldos reales de quienes trabajan en estas corporaciones aumentaron un promedio de solo el 2,5% durante el primer semestre de 2026.

3. Convenios de empresa y sectores precarizados (2,26% – 2,69%)

Cuando el ámbito de negociación se reduce a la realidad particular de cada centro de trabajo, los incrementos pactados son significativamente menores:

• Los convenios colectivos circunscritos estrictamente al ámbito de empresa contemplan un incremento medio de apenas el 2,59% (o del 2,56% si se analiza la estadística de marzo).
• Los convenios de grupos de empresas (que representan a grandes corporaciones complejas) reducen el aumento salarial medio a un 2,26%.
• Por sectores de actividad, los trabajadores del sector agrario perciben la subida media más baja de todo el tejido productivo, fijada en el 2,69%.

 

Si nos fijamos en la distribución salarial de la clase trabajadora en el estado, observamos como casi un tercio del total corresponde a salarios entre 16 mil y 23 mil euros brutos anuales, que sumado al 18% de trabajadores que cobran menos de 16 mil euros brutos anuales al año encontramos que casi la mitad de la clase trabajadora tiene un salario que no permite una vida independiente bajo este sistema capitalista en prácticamente ninguna capital de provincia del estado.

Pero no solo la pérdida es económica para la clase trabajadora. La salud de los trabajadores también se resiente bajo el sistema capitalista de producción, como se puede comprobar analizando los propios datos de las instituciones burguesas como el INE o el Ministerio de Trabajo:

 

Los accidentes con baja y las muertes se mantienen en unas cifras de auténtico horror y que demuestran la más absoluta miseria del capitalismo, sobre todo en los sectores de los servicios (donde más volumen de trabajadores hay) y la construcción, sector donde mayor índice de incidencia hay. Las caídas a distinto nivel, los atrapamientos y sepultamientos y los accidentes de tráfico y maquinaria siguen liderando año tras año los riesgos visibles más comunes.

Mientras los accidentes físicos se mantienen estables, con caídas únicamente por motivo de la cantidad de trabajadores en activo por las crisis (económicas o pandemia), los riesgos psicosociales han aumentado exponencialmente de una manera brutal y han impactado duramente en la salud de la clase trabajadora.

Los riesgos psicosociales y de salud mental son los que registran el incremento más rápido e intenso debido a mayor explotación laboral impuesta por la patronal. En España, el 40 % de los trabajadores (11 puntos por encima de la media de la UE, que se sitúa en el 29 %) señala directamente a su puesto de trabajo como la causa de su ansiedad o depresión.

Nuevas patologías como las denominadas “tecnoestrés”, “hiperconectividad” o “infoxicación”, debido a la transición digital y el uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han introducido riesgos nuevos y emergentes. El 31,6% de las empresas en España reporta un aumento en la intensidad laboral y el 31,7% destaca una sobrecarga de información derivada del uso de herramientas digitales. La conectividad constante y la expectativa de estar disponible con poca antelación por motivos laborales destruye el derecho al descanso.

Los riesgos ergonómicos vinculados al sedentarismo, como las posturas sedentarias prolongadas (estar sentado la mayor parte del tiempo afecta al 75,6 % de las empresas con herramientas digitales en España, y se eleva al 84,7 % en la modalidad de teletrabajo) y los movimientos repetitivos (67,4 %) siguen aumentando y son algunos de los desafíos emergentes más complejos de atajar.

La duplicación de las bajas por salud mental en España que reportan los datos oficiales reflejan un crecimiento de carácter exponencial en los problemas de salud mental que se trasladan directamente al ámbito laboral, convirtiendo a la salud mental en la segunda causa de baja laboral en el país.

Este aumento de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo de todo el estado provoca graves consecuencias tanto físicas como fisiológicas, mentales y emocionales y conductuales y sociales:

• Patologías No Traumáticas (PNT): El estrés laboral crónico es un precursor directo de trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares. Problemas como infartos de miocardio, derrames cerebrales e ictus representan actualmente más del 40 % de las muertes ocurridas durante la jornada laboral en España.
• Trastornos musculoesqueléticos (TME): Dolores agudos de espalda, cuello y extremidades (lumbalgias, tendinitis) derivados del trabajo estático en pantallas y de movimientos repetitivos.
• Síndrome de Burnout (desgaste profesional): Provoca un proceso degenerativo que comienza con fatiga, insomnio y automedicación (fase moderada), y puede evolucionar hacia el cinismo, la aversión al trabajo (fase grave), el aislamiento y la depresión crónica o riesgo de suicidio en su nivel extremo.
• Ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración ante la incapacidad de equilibrar las demandas del puesto con los recursos del trabajador.
• Abuso de sustancias nocivas: Se ha detectado un incremento en la dependencia del tabaco, alcohol y, muy especialmente, en el consumo de psicofármacos como ansiolíticos y relajantes musculares para sobrellevar la presión del día a día en el puesto de trabajo.
• Conflictos y aislamiento: La sobrecarga y el teletrabajo aumentan el aislamiento social de los compañeros. Además, la insatisfacción puede derivar en conductas de violencia física o verbal (tanto interna como externa de cara a clientes o usuarios conflictivos).

Las bajas médicas por trastornos mentales en España se han duplicado en un periodo de ocho años, pasando de 280.000 en 2016 a más de 600.000 en 2023. Esta tendencia se consolida en 2024, donde solo en los primeros nueve meses (enero a septiembre) ya se registraron más de 468.000 bajas, situándose en una proyección anual de unas 624.000 bajas (+123 % respecto a 2016).

Estas bajas se producen, como hemos visto, por una necesidad de la burguesía de lograr un aumento en la productividad, cuya consecuencia es la elevación de los niveles de tensión y estrés de los trabajadores a todos los niveles.

Y, por supuesto, la solución de la patronal no es otra que cambiar las leyes para evitar pagar las bajas médicas, criminalizando a los trabajadores por un problema que está generando la burguesía en su afán de una mayor acumulación de capital, con el Partido Popular como principal aliado.

Según Feijoo el aumento de la incapacidad temporal es “un cáncer” y propone que los trabajadores de baja cobren menos. Pero desde el PCOE creemos que el cáncer es el, su partido, su sistema económico y la clase a la que representa y que los que deberían cobrar menos son ellos, concretamente nada una vez se socialicen los medios de producción y estén en manos del proletariado.

¿Cómo puede salir la clase obrera de este laberinto?

Como hemos analizado a lo largo del texto, las empresas españolas obtienen su dinero de robar a manos llenas directamente a sus propios trabajadores, a través de la plusvalía, pero también indirectamente al resto del pueblo trabajador con el aumento de los precios de bienes básicos (ropa, energía) y los intereses hipotecarios.

Estos beneficios empresariales se quedan en las manos de unos pocos mientras la clase obrera pierde salud y poder adquisitivo, llegando a niveles críticos en los que casi la mitad de los trabajadores no pueden vivir de forma independiente y cuya salud mental y física empeora cada día.

Este es el escenario que tenemos los obreros bajo el capitalismo, un laberinto de pobreza y enfermedad en el que no podemos continuar. Las condiciones de vida siguen depauperándose para el proletariado en el estado español mientras los capitalistas acumulan más y más ganancias que nosotros mismos hemos generado con nuestro trabajo.

La única salida de la clase trabajadora es la organización, pero no sindicalmente para arrancar unas pocas migajas dentro del sistema capitalista -que sin duda nos robarán por otro lado- o socialmente para paliar el desmantelamiento de los servicios públicos. Sino la organización política para destruir este sistema capitalista criminal que ya no permite nada más que el fascismo y la reacción para su supervivencia.

La organización política para la construcción del socialismo, máxima aspiración del proletariado hoy, que -mediante la socialización de los medios de producción- garantice la vida y la salud del proletariado solucionando los grandes males que hoy nos aquejan: vivienda, educación, sanidad, trabajo, conciliación de la vida profesional y personal…

La clase trabajadora hoy no tiene más remedio que tomar las riendas de su destino, reconocerse como clase, organizarse y hacer la revolución socialista para tomar lo que le pertenece y emanciparse definitivamente para crear una sociedad justa y humanista, lejos de la miseria y la explotación que hoy sufrimos.

 

¡Organízate en el Partido Comunista Obrero Español!

¡Socialismo o barbarie!

Comisión de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)