El pasado 9 de marzo conocíamos una tragedia: el asesinato de una educadora social en un centro de menores de Badajoz, en el que están implicados tres menores a los que se está investigando. La noticia ha ocupado un espacio considerable en los medios de manipulación de masas, a pesar de tratarse de un caso totalmente aislado. La burguesía no ha dudado en aprovechar la oportunidad para instrumentalizar el caso y empapar a la clase obrera con ponzoñoso sensacionalismo, que puede resultar beneficioso en un contexto de grave crisis para el capital. En este caso parece que a la burguesía y sus voceros les “importa” la muerte de una trabajadora, a pesar de que ignoran centenares de asesinatos de la patronal cada año. La negligencia de los centros de menores ha derivado en asesinato, y el asesinato en ruin oportunismo.
Una educadora hablaba públicamente de que el Gobierno debía tomar medidas y que era urgente contactar con los administradores del Estado burgués, para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector, que según el relato de esta educadora sufren motines, actos de violencia y declaraba que “(…) enfrentamos a diario situaciones de riesgo que comprometen nuestra seguridad e integridad física y psicológica”. Queda patente que pide un remedio punitivo porque, según su relato, los menores parecen ser la fuente de los problemas, y su “habitual violencia” debe ser controlada. Más adelante se dio visibilidad a una pequeña manifestación en la que, nuevamente, se centraban en los educadores como “víctimas” de los menores, y que necesitaban seguridad, material de protección, apoyo psicosocial, y ser reconocidos como “figuras de autoridad”, cuyo desempeño se lleva a cabo en “situaciones de peligrosidad”.
Es pertinente presentar el contraste que existe entre estas declaraciones y los hechos conocidos en este ámbito. Procederemos a hacer un breve y necesario repaso de los abominables abusos que sufren los menores y jóvenes tutelados en centros de “protección”, y la nulidad en los “cambios” posteriores a cada infamia y crimen. Por ejemplo, en 2019, fue conocida la atrocidad sufrida por Ilias Tahiri, un joven marroquí que fue asesinado durante una brutal contención, la cual iba en contra, incluso, del protocolo, y no ocurrió nada a sus asesinos. Dicho asesinato fue perpetrado en la empresa Asociación Ginso, que ya había cometido otro crimen en 2011; en dicha ocasión a Ramón Barrios, otro menor que fue agredido por los trabajadores en circunstancias similares. Por otro lado, en 2022 se causó la muerte a un menor en un centro de internamiento, al que se redujo por, según dicen, episodio de agresividad, llegando incluso a esposarlo. Había pasado por una operación abdominal y tenía problemas cardíacos. Según testigos, se aplicó todo según el protocolo; para buscar responsabilidades lo reducen a la adecuación de la contención, y no de que se trata de un menor que no ha recibido la atención profesional que requería, y en cambio sí ha recibido castigo por tener graves problemas del control de impulsos, siempre según el relato. Mamadou Barry también murió a causa de abusos y negligencias, en un centro en el que, a pesar de numerosos indicios y quejas, se ignoró la situación.
Destaca también el caso de Barrag E. En 2022 se investigaba la extraña muerte, no natural, de este menor extranjero no acompañado (mal llamado “mena”) que había denunciado corrupción en su centro y expresó que tenía miedo de sufrir represalias. Estaba en situación de calle, pues había sido abandonado por las instituciones; había pedido ayuda para obtener protección, pero no le fue concedida. La empresa en la que fue menor tutelado era Fundación Respuesta Social Siglo XXI, y denunció a dicha empresa por maltrato, racismo, odio y venta de drogas.
En referencia al último caso mencionado, ¿creyeron las autoridades que eran acusaciones vacías y sin fundamento? Veamos a continuación algunos casos que han mostrado lo que es esta empresa, la cual sigue legalizada. Está siendo investigada por la Fiscalía Europea por corrupción, desvío de fondos y contratos vinculados al caso Mediador, usando el dinero que debería destinarse a los menores en caprichos de directivos. En el caso del Centro de Puerto-Bello, en Gran Canaria, educadores de dicho centro denunciaron porque los menores sufrían abusos sexuales, prostitución, uso de drogas, alcohol, trato vejatorio y golpes violentos. También educadores denunciaron en otros centros las condiciones insalubres, con presencia de ratas, malnutrición y ociosidad en la que vivían los menores de los centros de “protección”, que incluso recibían palizas, y cuyos trabajadores, en gran medida, eran familia del director. También han denunciado otros menores por, entre otras cosas, malos tratos y abuso sexual. Todo esto demuestra que había indicios de sobra contra Fundación Respuesta Social Siglo XXI ¿Por qué el menor asesinado en la calle fue ignorado después de denunciar? Por un lado, porque en todas estas empresas privadas hay intereses burgueses. Y por otro lado, sencillamente, porque era un menor tutelado; un número, extranjero y no acompañado.
Se conoce que los menores tutelados en estas empresas son, en muchas ocasiones, víctimas de abusos sexuales. En los registros de los menores denunciantes, de manera general, no suelen dividirse entre tutelados y no tutelados, por tanto, es difícil conocer la cifra exacta. Es más, muchos de los menores tienen miedo a denunciar, y de esta manera solo se conocería parcialmente la realidad. Pero pueden recogerse muchos casos en centros de acogida, y un estudio realizado en Cantabria, para poder hacer cierta distinción entre unos y otros, desvela que, al menos, el 17% de los menores tutelados de entre 14 y 17 años, admiten haber recibido dinero, recompensas o regalos a cambio de relaciones sexuales con un adulto. Entre los no tutelados en Europa, los estudios (teniendo en cuenta sus limitaciones) indican que la prevalencia es de 1 de 4000 casos, mientras que en los tutelados es de 1 de cada 40.
En 2024 un informe recogía todas las irregularidades, incluyendo contratos sin respaldo legal, que fueron perpetradas en Cataluña al adjudicarse centros para empresas que recogen a menores para hacer negocio, sin que cumplieran con los requisitos. PSC, ERC y los Comunes se niegan a llevar a cabo las reformas recomendadas en el informe, pues dichos partidos burgueses, cómplices en todas las tropelías de la clase explotadora, gestionaban la administración pública. Se señalaron todas las deficiencias de estos centros y riesgos para los menores, destacando el de la explotación sexual.
En lo que respecta a los casos concretos que sí pueden conocerse, porque directamente las denuncias provienen de usuarios o trabajadores del propio centro, ya hemos conocido algunos en abominaciones predichas sobre Fundación Respuesta Social Siglo XXI, pero en febrero de este año se denunció que menores de un centro de Madrid han sufrido abusos sexuales, y aparte de que los trabajadores reportan no haber observado ningún protocolo de actuación al respecto, no ha habido ningún escándalo mediático por las circunstancias de estos menores. También en Madrid, en agosto del pasado año se conocían auténticos horrores sufridos por los menores en un centro, donde sufrieron violaciones, torturas y falta de alimento. ¿Dónde están los indignados y el escándalo mediático?
Otro claro ejemplo que retrata la realidad de los centros de menores, es la gestión que realiza la comunidad de Madrid, donde hay decenas de menores desaparecidos y se han adjudicado contratos a dedo, concretamente a una empresa llamada Fundación SAMU, cuyo director del centro El Vellón es Alberto San Juan, que fue Director General de Infancia de la Comunidad de Madrid desde el 22 de julio de 2015 hasta septiembre de 2019 y del 30 de junio de 2021 hasta el 6 de julio de 2022, y desde que se vinculó al PP madrileño, dicha empresa ha pasado de tener un perfil bajo a llenarse los bolsillos en Madrid con este negocio, mientras, por otro lado, este fascista y corrupto partido demoniza a los menores migrantes. También Fundación SAMU ha sido acusada por trabajadores y sindicatos por sus abusos, acoso laboral y precariedad. De hecho, en 2024 se conocía un caso en el que esta empresa que se lucra con las desgracias, tenía a 55 menores en condiciones absolutamente miserables e inhumanas en Lanzarote.
Amnistía Internacional ha denunciado, este mes de marzo, malos tratos y desprotección en los centros de menores que acogen a migrantes en Canarias, los cuales se encuentran hacinados, abandonados, sin los cuidados necesarios para su desarrollo y recibiendo un trato donde abundan los castigos desmesurados y las agresiones verbales y físicas, lejos de ser casos aislados. De hecho, el pasado mes de diciembre, incluso profesores de un Instituto donde acudían menores migrantes tutelados habían observado signos de desprotección.
Por último, entre los numerosos casos conocidos de abusos a menores tutelados, destacaremos otro sumamente revelador. En agosto de 2024, un centro gestionado por la empresa Asociación Oportunidades de Vida fue desalojado porque su presidente, que es responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), fue acusado por explotar a menores migrantes en fincas de la COAG y por falsedad documental. También la querella se dirigía contra su hija y el marido de ésta, el secretario de la COAG, una trabajadora social de la empresa, la propia empresa y la Sociedad Agrícola de Transformación Agrocanarias. Sin embargo, en noviembre se le concedió una subvención de 320.000 euros a esta entidad, pese a estar siendo investigada por trata de personas. Así funcionan estos negocios de la miseria, muy útiles para el capitalismo y con todo el respaldo de las inevitablemente podridas instituciones burguesas, rascándose éstas y dichos negocios mutuamente las espaldas, mientras ambas sirven de soporte al capitalismo, haciendo una limpieza superficial de su podredumbre o prometiendo inútiles parches que ni siquiera se aplicarán.
Está más que comprobado que estas empresas reciben importantes subvenciones del Estado, también donaciones privadas de burgueses interesados en limpiar su imagen y dar directrices que favorezcan un programa basado en la reproducción de ideología burguesa, así como donaciones de obreros a los que engañan con su publicidad, en la cual presentan sus centros como hogares idílicos donde los menores viven dignamente y con sus necesidades cubiertas. Enfocándonos en las subvenciones del Estado burgués, observamos facilidad para contratos a dedo, cuantías muy desiguales y gran cantidad de dinero público que va a parar a manos de los dueños del negocio, pero se traduce en precariedad y sufrimiento para los menores, a los que se destina un mínimo que es, sin duda, insuficiente, sin olvidar las pésimas condiciones de los trabajadores que se encuentran en primera línea.
También se observa la dotación de recursos públicos a empresas privadas con proyectos destinados al lucro de dichas empresas y a convertir en mano de obra funcional, en base a la demanda de los parásitos que tienen en propiedad los medios de producción, a una parte de los menores tutelados, como hace la Junta de Andalucía, la comunidad de Madrid, o Canarias, por ver sólo algunos ejemplos.
Profundizando en el asunto que nos ocupa, un informe de Sindic de Greuges de Catalunya, de 2023, analizando múltiples datos, habla de las carencias que se reflejan en el sistema de “protección a la infancia y a la adolescencia”, declara que “A través del estudio de las quejas, el Síndic de Greuges ha tenido constancia de adolescentes en situación de desamparo que no han estado tutelados o que han dejado de estarlo antes de la mayoría de edad, a pesar de la situación de riesgo grave existente, entre otros, debido a las dificultades de intervención en la etapa final de la minoría de edad y en su transición a la mayoría de edad”. Lo cual quiere decir que, a pesar de ser detectados casos de riesgo grave, hay menores que dejan de estar tutelados antes de la mayoría de edad sin haber sido declarados en situación de desamparo, dejando fuera de esta categoría también a menores con graves problemas que han estado tutelados hasta los 18 años. El informe continúa de la siguiente manera “(…) a medida que esta (la edad) avanza, existen menos declaraciones de desamparo, y este decrecimiento es especialmente significativo justo antes de la mayoría de edad. Si el perfil de niño tutelado es adolescente, y el 56,5% de los niños y adolescentes tutelados, sin contabilizar a los adolescentes migrantes solos, tienen 12 años o más, solo el 22,5% de las declaraciones de desamparo se hacen en esta edad. Si el 32,5% de los adolescentes tutelados tienen 16 y 17 años, solo el 8,6% de las declaraciones de desamparo se realizan en estas edades (…) Conviene recordar que la declaración de desamparo genera determinados derechos no solo en el presente, relacionados con la protección inmediata de la Administración pública, sino también en el futuro, relacionados con el acceso a las medidas de transición a la vida adulta y a la autonomía personal. De hecho, una vez alcanzada la mayoría de edad, la falta de declaración de desamparo se utiliza para justificar la falta de actuaciones de acompañamiento en la transición a la vida adulta”.
Observamos que explica la gran cantidad de jóvenes que, al cumplir los 18 años, son abandonados por las instituciones. Al tratarse solamente de un número en una empresa, se tiene en cuenta únicamente la rentabilidad, en base a si tiene unas aptitudes funcionales para ser convertido en un futuro en mano de obra. El menor que molesta con sus problemas y, peor aún, que cumplirá próximamente la mayoría de edad, es castigado con el abandono ya decidido de antemano, pues la escasa inversión en pisos de “emancipación” sólo compensa si es altamente probable adaptar a esos jóvenes obreros para ser luego explotados directamente con la extracción de plusvalor, y no como usuarios con fecha de caducidad en una ONG. Por otro lado, se atribuye la responsabilidad a aquellos que presentan conductas disruptivas, como si fueran culpables de quedar a la deriva, pues “no merecen” la ayuda ofrecida de manera condescendiente por aquellos criminales que juegan con sus vidas.
En un artículo de la Revista de Educación Social se señala el maltrato institucional que viven los menores tutelados usando diversas fuentes, mencionando la criminalización de la pobreza, la falta de recursos para ofrecer alternativas a los menores que manifiestan conductas desadaptativas, los cuales, en gran medida, acaban fugados porque no quieren estar en esos centros. Tras esto último, pueden acabar delinquiendo y ser señalados como un problema “para la sociedad”, cuando en realidad es consecuencia de su lamentable situación dentro de la sociedad de clases, que es la raíz de los problemas que tenemos en común todos los proletarios.
El artículo anteriormente mencionado también destaca que aquellos menores que hayan cometido delitos violentos, de intimidación o peligro para otras personas, así como padecer alteraciones psíquicas, presentar adicciones o alteraciones en la percepción que puedan suponer una alteración grave, pueden ser internados en centros de reforma, que son, en teoría, para “rehabilitar” a menores con medidas judiciales. Respecto a dicho internamiento, indica lo siguiente: “(…) tienen en los/as menores unos efectos similares a los de las cárceles en las personas adultas: excesiva institucionalización, malos tratos (en la convivencia, o camuflados como “medidas de contención” por personal del centro), ambiente opresor cargado de sanciones, aislamiento que puede precipitar en trastornos psicóticos, abuso de la medicación como medida de control (chicos/as, literalmente, drogados/as), etc”. Como vemos, los ambientes en los que son internados los menores que se encuentran en peor estado son asistenciales, con un fuerte control opresivo y enfoque punitivo cuando se manifiesta cualquier conducta disruptiva, que no es más que la manifestación palpable de sus dolencias; un grito de socorro.
El artículo también destaca que, si bien los centros de reforma son, sobre el papel, instituciones que tienen el objetivo de reinsertar a los menores y rehabilitarlos, la realidad es que, en su mayoría, “cuando un/a menor abandone un centro de reforma, tendrá destruida la poca autoestima que tenía antes de entrar, sufrirá un fuerte estrés postraumático, sus lazos sociales estarán más deteriorados, contará con escaso o nulo apoyo familiar, en definitiva, una situación personal muy parecida, aunque con mayor gravedad por el hecho de vivirla en minoría de edad, a la de un/a preso/a excarcelado/a”. Y dice algo muy interesante que implica a la Asociación Ginso, con al menos dos asesinatos en su historial: “hay que añadir que cuando los centros son gestionados por entidades privadas, estos son verdaderos negocios: la plaza en un centro de internamiento terapéutico puede rondar al mes los 4.000 euros y en un centro de reforma los 8.000 euros, así mientras los hijos de los pobres son internados en centros públicos (masificados, malos tratos, etc.) los hijos de los ricos van a centros-chalets. Por ejemplo, la Asociación Ginso gestiona varios de estos centros de carácter privado y a ella está vinculado, por paradójico que parezca, J.Urra, quien fuera entre 1996 y 2001 Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid”.
Por tanto, por enésima vez se pone de relieve el hecho de que los centros de menores no son más que negocios. Las necesidades no son cubiertas, sino que es un sistema de recogida de personas menores de edad que deben estar tuteladas hasta que cumplan 18 años, siendo constantemente juzgados por los múltiples problemas que presentan, derivados de vivencias traumáticas y todo tipo de carencias, en lugar de ser cuidados, apoyados y guiados hacia un desarrollo multilateral. Pero como todos sabemos, esto último es imposible para todos los obreros en el sistema capitalista. Por otro lado, la corrupción en las instituciones burguesas, que se supone que han de vigilar a estos centros y garantizar la protección de los menores, es la norma y no la excepción.
Como bien sabemos los comunistas, la ciencia está aprisionada en los márgenes capitalistas y queda subordinada a los intereses de la clase dominante. En los trabajos de investigación científica se descubren continuamente hechos importantes, pero el sesgo de la ideología burguesa impide usar el conocimiento fuera de la lógica del mercado, y es por ello que la conclusión no apunta hacia las cadenas que hemos de romper. También hay investigaciones financiadas por burgueses que, directamente, quieren unos resultados que les favorezcan o ayuden a vender su producto. De cualquier modo, tanto para crear un tornillo, elaborar un software, fabricar medicinas, inventar máquinas de extracción o curar una infección, así como un largo etcétera, hay que aplicar los conocimientos que la ciencia dicta al respecto, o no se logrará el objetivo. Aun cuando solo respondan a los intereses de la burguesía para aumentar la producción, facilitar un proceso, mejorar las ventas o mantener la fuerza de trabajo, y aunque se trate de un trabajo tedioso o frustrante, ha de hacerse de la manera correcta o no tendrá lugar lo que se pretende conseguir. Sin embargo, con las ciencias sociales pasa algo muy distinto; la burguesía las usa para entender el comportamiento humano, aplicar esa manipulación que le resulta tan útil para la batalla ideológica e intentar perpetuar la normalización de las relaciones de producción capitalistas. Esto quiere decir que a la hora de trabajar para, supuestamente, analizar la sociedad con el fin de mejorarla e intervenir para resolver problemas, la ciencia debe desfigurarse.
Por ejemplo, la economía parte de hechos científicos, pero se deforma para que encaje con las ilusiones del capital: fingir que existen productores individuales, cuando todo el trabajo es social; omitir que una minoría parásita que no produce es dueña de los medios de producción (clase burguesa) y se apropia de los frutos del trabajo de la aplastante mayoría (clase obrera), recibiendo todo la primera y migajas la segunda. Otro ejemplo es la psicología, que aunque estudia la conducta humana, incluyendo ésta en el contexto social, e incluso señalando la teoría de “el mundo justo” como falacia, al final intenta paliar los problemas enfocando éstos como si fueran asunto de cada individuo, lo cual es contradictorio, dando un peso crucial a la subjetividad y convirtiendo el trabajo en dicha profesión en un empleo más de un sistema criminal que legitima, pues se convierte en engranaje funcional de éste. Todo ello a pesar de que se conoce ya de sobra en el mundo de la ciencia, a diferencia de lo que es transmitido al proletariado cada día, que los problemas son sociales, vivimos en un sistema irracional que genera miseria y que solo puede resolverse de manera colectiva, pero en las soluciones que se proponen no se sale del marco de la sociedad de clases.
Un tercer ejemplo sería lo aplicado en el tema que nos ocupa: los centros de menores. Los menores que acaban en estos centros de “protección” tienen en común que no han tenido sus necesidades cubiertas, fisiológicas (alimentos, descanso, actividad física…) y/o psicológicas (bienestar emocional, afectivo y social), y la desatención, malos tratos o negligencias en general les ha llevado a una penosa situación en minoría de edad, con serias consecuencias. Tenemos, por un lado, a los trabajadores que están en primera línea en estos centros, los cuales a veces no tienen siquiera la titulación requerida; aunque tenerla no se traduce en un mejor desenvolvimiento, ni en mayor empatía o habilidades sociales, sí da acceso a unos conocimientos que pueden ser necesarios. Lo normal es que los centros se encuentren en situación precaria, con plantilla insuficiente, con muchos trabajadores que no quieren estar ahí, una mayoría con ideas totalmente sesgadas sobre los menores tutelados, programa laxo o inexistente, normas ambiguas, salario bajo, superiores déspotas y escasos recursos que gestionar. Por otro lado, tenemos a los menores, que tienen que vivir en esas condiciones con todos los problemas que cargan, los cuales se manifiestan en su conducta y que choca con la ominosa situación descrita, dando como resultado más problemas y no soluciones.
En realidad, la creencia de que los menores tutelados suelen ser agresivos o delincuentes no tiene fundamento, pero es un mito que la burguesía necesita difundir. Por ejemplo, solo el 1% de los menores tutelados en Córdoba cumplen medidas judiciales. La Junta de Andalucía registra un 0,54% de delincuencia asociada a menores no acompañados (y aun así, se elevó en 1,5 millones de euros la seguridad por propuesta del deleznable partido fascista VOX). O, sin ir más lejos, el 80% de los menores tutelados estudia, trabaja o hace las dos cosas.
Teniendo en cuenta la anterior premisa, nos centraremos ahora en los menores que se han criado en entornos hostiles. Aun con las particularidades de cada caso, todos han visto mermado su desarrollo de manera que, en general, presentan conductas desadaptativas que son el resultado de un mecanismo de defensa, debido a su experiencia vital en la que han percibido que debían sobrevivir sin un soporte estable, ya sea material, psicológico, o ambos. En un artículo de American Academy Pediatric, lo explican claro: “Lamentablemente para un niño, el cerebro específicamente adaptado para un tipo de entorno extremo rara vez está optimizado para rendir en otros. Esto, en sí mismo, no sería un problema insuperable. Sin embargo, a los niños criados en hogares donde se dan malos tratos, violencia o desamparo, con frecuencia, se les niegan los verdaderos instrumentos que los ayudarían a adaptarse a entornos nuevos y diferentes. Un niño que ha sido víctima de malos tratos o desamparo suele experimentar alteraciones en sus aptitudes de lenguaje y habilidades cognitivas. En un estudio reciente se encontró que el 36% de los niños en edad preescolar que vivían en hogares de acogida presentaban un retraso del desarrollo y no se identificaron diferencias entre los efectos sobre el desarrollo asociados a los malos tratos físicos, abusos sexuales o desamparo referidos”.
Por más que en las páginas web y folletos de estas empresas se menciona, parcialmente, la situación de los menores a los que recogen y adornen con palabrería sus auténticos objetivos, la realidad es que se desechan las condiciones en las que viven y han vivido los menores, convirtiendo su estancia en los centros en un pulso entre la manifestación de sus dolencias y la disciplina que se exige para mantener una idea de orden alejada de la realidad, y que solo responde a los intereses de los empresarios que se lucran con la miseria, a la vez que definen su negocio como “sin ánimo de lucro”. Exigen un control sobre los menores, cuyos problemas y necesidades se olvidan, y los trabajadores, en la mayor parte de los casos, han de convertirse en jueces que observan el comportamiento para, posteriormente, etiquetar al niño como “bueno” o “malo”, y ser guardias improvisados.
El artículo profundiza en lo anterior y continúa: “Sin buenos modelos, los niños que son víctimas de malos tratos y desamparo pueden crecer siendo incapaces de explicar (o, en realidad, entender) la diferencia entre los sentimientos (…) En los casos extremos, esta incapacidad se denomina alexitimia (la incapacidad para “leer o interpretar” las emociones). Sin esta importante percepción, pierden la capacidad para darse cuenta de las intenciones de los demás, o controlar la propia respuesta, y el aprendizaje social se afecta severamente. (…) la primera infancia puede considerarse un “período sensible” para muchas formas de aprendizaje cognitivo, y la mayor parte del emocional, después del que resulta difícil establecer nuevos patrones de pensamiento o reacción. Por lo tanto, se pide a los niños que son víctimas de malos tratos o desamparo que se adapten a un mundo nuevo y diferente pero se les proporcionan medios neurales y conductuales insuficientes con los que hacerlo. (…) Las víctimas de malos tratos o desamparo previos se identifican con mucha más frecuencia como “niños problemáticos” de lo que ocurre con los demás y en ellos se establece un diagnóstico de problemas de atención y conductas violentas y de actitud antagónica o de “llevar la contraria”. En general, los cuidadores y maestros responden a estas conductas de la manera tradicional: las advertencias se vuelven más bruscas (y a menudo en un tono más alto de voz) y la disciplina, más estricta (y con frecuencia, de carácter más punitivo)”.
La negligente forma de actuar de estas empresas es una constante y desde el principio se prepara el terreno para colocar la trampa que desvía la atención: mostrar a la empresa como altruista que es víctima de indomables y desagradecidos menores que no saben apreciar la “oportunidad” que se les brinda. Es decir, se proyecta la falsa idea de una agresividad generalizada en los menores tutelados, fomentando la interpretación desde las consecuencias, y pretenden convertir la manifestación de las dolencias de los menores en la causa de la insuficiencia de los recursos, pues, según su discurso, éstos serían adecuados, al menos, para una sana convivencia si la actitud de los menores no fuese “caótica”. Como de costumbre, la burguesía necesita demonizar a las víctimas para justificar la represión y la explotación.
Aunque en realidad la solución pasa por la conciencia de clase y la organización obrera para superar los problemas de manera colectiva, alcanzando la toma del poder que permite centrarnos en las necesidades humanas, no deja de ser revelador lo que, aun dentro de los márgenes burgueses, aclara el artículo al respecto: “Un mediador decisivo de un desarrollo satisfactorio, en particular en condiciones de estrés traumático, es la sensación que tiene el niño de la disponibilidad y sensibilidad de sus padres para protegerlo y darse cuenta de sus necesidades, un componente básico de unos lazos sólidos. Un cuidador atento puede ayudar a su hijo a aprender la naturaleza de “dar y recibir” de la comunicación social y enseña al niño a reconocer y a regular sus propias emociones en un “baile” continuo de interacción. Con un benefactor de estas características, el niño tiene seguridad para aprender y explorar. Cuando los padres le infligen malos tratos, los lazos resultantes pueden ser confusos y desorganizados, pero incluso unos malos tratos menos serios pueden afectar a estos vínculos. (…) En situaciones de crianza en una familia de acogida o por parte de padres adoptivos, no basta con ofrecerles exclusivamente un entorno afectuoso y coherente; es preciso ayudar a los nuevos padres a darse cuenta de que el niño que ha sido víctima de malos tratos o desamparo puede tener una visión de este entorno y responder a él de forma diferente de lo que lo haría otro niño que no hubiera sido víctima de malos tratos. Con demasiada frecuencia, los profesores y padres malinterpretan las respuestas fisiológicas inadaptadas y rechazan al niño como “malo” a propósito o “irrespetuoso” y lo castigan en consecuencia, lo que refuerza la respuesta”.
Como vemos, la ciencia ya aclara la situación e indica pautas a seguir, pero no se aplica en las empresas de los carroñeros que van tras la dinámica destructiva del capital, recogiendo a víctimas que van quedando atrás para lucrarse con su desgracia. La división entre numerosos negocios que compiten entre sí en esta actividad de recogida de personas, para recibir donaciones privadas y subvenciones del Estado, denota el rol de la infame beneficencia, que no es más que el de la limpieza de imagen de la burguesía y el de reconducir las dolencias del proletariado a las instituciones para que la miseria y la indignación asociadas no se conviertan en un vector hacia la conciencia de clase. ¿Por qué no se unen todas si, según nos cuentan, tienen un objetivo común de “luchar contra la desigualdad”, y así aunar recursos e ir a la raíz del problema, en lugar de competir por la obtención de centros, plazas y contratos?
Las ONG convierten al opresor, el burgués, en posible salvavidas que ha de descender al barro de la desgracia para que los obreros más desafortunados, culpables de su mala suerte y que molestan a los más respetables y mejor adaptados, sean receptores de una ínfima parte de la fortuna de otros, usada para dar una segunda oportunidad de unirse al engranaje de la producción y que dejen así de ser una carga. El clásico del lobo disfrazado de oveja. La realidad es que la burguesía, auténtico parásito y gran carga para la aplastante mayoría de la población, que es la clase obrera, invierte grandes cantidades de recursos en promover la absurda idea de meritocracia, y en hacer creer que quien no se levanta del suelo, aplastado por la bota del capital, es porque le falta voluntad para volver a ser funcional como mano de obra a explotar, y no porque el sistema capitalista es, objetivamente, deshumanización, miseria y barbarie.
En lo que respecta a los trabajadores de estas empresas, a pesar de percibir la más que notable falta de recursos en la mayoría de los casos, no ven viable emplear sus energías en reclamarlos porque al hacerlo reciben negativas por una supuesta falta de fondos, y si insisten pondrán en peligro su sustento. Además, una gran cantidad de asalariados acaban en estos centros por no encontrar otro trabajo, de los cuales un alto porcentaje tiene intención de irse cuando le surja un trabajo más aceptable.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, evidentemente, los trabajadores se encuentran totalmente contaminados por la ideología burguesa, y concretamente en este asunto, en mayor o menor grado, todos tienen ideas sesgadas sobre los menores tutelados en general, y sobre los que deben cuidar en particular. En base a todos esos esquemas irracionales que nos son inculcados a la hora de interpretar el mundo, se hará una lectura de la situación que se vive en los centros de trabajo y de la conducta que observan en los menores. Dado que no conciben la posibilidad de cambio, y mucho menos de encaminarse hacia la lucha de clases, se resignan a reproducir en cada jornada la misma dinámica: asegurar la asistencia a actividades rutinarias, si las hubiera; velar por el cumplimiento de las normas; aplicar disciplina. Por tanto, el objetivo del trabajo será la realización mecánica de acciones encaminadas a mantener un orden dentro de lo estipulado por la empresa y las instituciones burguesas, es decir, la interacción con los menores tiene lugar dentro de un marco que promueve la desconexión hacia ellos, de manera que el trabajo se convierte en algo no muy diferente de ocuparse de objetos.
El hecho de ocuparse simplemente de obligaciones irracionales que no se adaptan a las circunstancias, tiene efectos negativos en trabajadores y menores. En cuanto a los segundos, es frecuente que se encuentren en entornos donde, aparte de no poder obtener la atención necesaria por falta de recursos, y el elevado número de menores en poco espacio, muestren desmotivación y apatía durante algunas actividades o en los momentos en que se espera que gestionen su propio tiempo.
En referencia a uno de los numerosos estudios sobre desmotivación en adolescentes, es preciso tener en cuenta la lectura de sus conclusiones: “La mayoría de los participantes hace referencia a que lo que más les genera falta de interés es sentirse desilusionados, inseguros o cuando las cosas no resultan como desean. (…) el adolescente lucha contra numerosas limitaciones personales, y los riesgos que constituyen asumen una amenaza a la tradición, en cuanto que tratan de evitar lo que consideran represión al ser inducidos a hacer lo que deben más que lo que quieren, situación que los lleva más a la frustración y a la apatía que a mostrar interés. (…) la frustración aparece cuando el individuo constata que sus deseos y proyectos no se cumplen o que no van a cumplirse, lo que frecuentemente deriva en la apatía. De continuar reiteradamente este proceso de frustración-apatía, surge la desesperanza porque se atribuyen a causas incontrolables los acontecimientos vitales negativos, pudiendo incluso acercarse a la depresión. De igual modo, se observa que una causa importante de desmotivación en los adolescentes es el sentimiento de no ser alguien en la vida y que la sociedad los critica. Dichos indicadores resultan un riesgo para los adolescentes, pues muchos abandonan lo que hacen debido a que no encuentran un sentido netamente suficiente en seguir con ello, lo que, de continuar, puede afectar directamente los procesos de socialización. (…) es importante reiterar que los resultados obtenidos dejan ver que los adolescentes prefieren evitar participar en la dinámica familiar, los quehaceres domésticos, las actividades escolares, físicas, religiosas y demás porque los consideran aburridos y una pérdida de tiempo, o bien porque consideran que nada les aportarán a su propia vida”.
Lo citado anteriormente describe la situación de los menores, en general, pero centrándonos en los tutelados, es común observar apatía. A diferencia de lo que se suele pensar al observar su actitud, puede deberse a alteraciones del estado de ánimo que van más allá de tristeza o angustia ocasional. Se promueve la idea de que, cuando el menor “pierde el tiempo” significa que “no tiene interés por nada”, que “no tiene voluntad” de mejorar, etc. Los trabajadores, ante esa escena, suelen olvidar todas las dificultades que envuelven la vida del menor y el contexto del centro de “protección”, que no son, precisamente, facilitadores. En los casos en que se da lo predicho, los menores pueden cumplir con las obligaciones empujados por las expectativas y, a veces, por la amenaza del castigo, o pueden rechazarlas por llegar al hastío y por la continua sensación de vacío o malestar, con la que se les exige, tácitamente, que carguen mientras realizan tareas que no les aportan vitalidad, sino que les generan aversión por tratarse de exigencias que requieren enfocar buena parte de sus energías en una dirección, cuando apenas se tienen en cuenta sus necesidades. Se les juzga en base a si consiguen ser, o no, lo que la sociedad burguesa espera de ellos, quedando en segundo lugar las necesidades humanas, pues van camino de ser un engranaje para enriquecer a una minoría, y de no ser así, se les considerará un fracaso. Les llevará a un choque con los trabajadores y con las normas de la empresa.
Por su parte, los trabajadores se ven en un brete; tienen que cumplir con sus propias obligaciones, órdenes de la empresa, y no suelen poder permitirse flexibilidad. Si los menores no hacen lo que deben hacer, quedará constancia de ello en un registro, así que no castigar significaría poner en riesgo su puesto de trabajo. Como apenas hay recursos para llevar el problema por un camino alternativo, el enfoque suele ser punitivo y no educativo, y mucho menos de adaptación y aceptación, así que para ahorrar energías los trabajadores tienden a distanciarse emocionalmente del menor, y lo convierte, como hemos dicho, en un mero trabajo. Ahorrará energías escudándose en que cumple con su deber y en que tiene que haber sanción, lo cual desemboca en el falaz relato de que el menor ha “elegido” unas consecuencias que ya conocía, enfoque que promueve principalmente la empresa para lavarse las manos, consiguiendo que los educadores reproduzcan lo que interesa a la burguesía.
¿Significa todo esto que, simplemente, habría que animar a los menores a la ociosidad si les “apetece”, porque se sienten abatidos? No, se intenta arrojar luz sobre un asunto más en el que se hace una interpretación acientífica, la cual se transmite a la clase obrera para que se atribuya la responsabilidad por “falta de voluntad”, y que así no sepa leer el contexto con todos sus factores en continuo movimiento. Para los proletarios es imprescindible conocer las causas de sus males para disipar la niebla que teje a nuestro alrededor la ideología burguesa.
En el ejemplo anterior, que se ha enfocado en la perspectiva tanto de menores como de educadores en una situación determinada, puede entreverse que, si se cree que no existe alternativa a la manera de proceder, no se conoce la raíz de los problemas, la idea de cambios sociales profundos se consideran una quimera y, por tanto, no hay culpables contra los que luchar ni iguales con los que organizarse, no se pueden dirigir los esfuerzos hacia la transformación de la situación, pero las energías deben enfocarse en algo. Puesto que, al fin y al cabo, los menores son la realidad tangible al alcance, así como las condiciones del centro de trabajo, y lo único viable a lo que dirigir los esfuerzos es el trabajo que se presenta con las pautas impuestas, para los trabajadores de estos centros no queda más remedio que ver las cosas tal como nos las presentan, y en el centro de trabajo se encuentran los menores, los trabajadores y el espacio en que tiene lugar la actividad, con una gran dificultad asociada que requiere de mucha energía, dadas las penosas condiciones. Al final parece no haber más remedio que reducir todo a rutina, vigilancia, juzgar, premiar o sancionar, registrar y vuelta a empezar a la jornada siguiente. Además, los menores ven desfilar a numerosos trabajadores que no aguantan las condiciones, y por tanto no tienen referentes estables. Se convierten en algo ajeno para quienes deben cuidarles; son un mero trabajo para tener un sustento.
Ya hemos visto que las investigaciones demuestran continuamente que es menester, para cualquier ser humano, desarrollarse en unas condiciones que permitan la exploración y la interacción para el aprendizaje, en un entorno de aceptación que resulte seguro. Es fundamental que los cuidadores se conviertan en apoyo y guía, de manera que sepan crear las condiciones para una crianza sana y adaptada. Sin embargo, el estado del menor que tiene que vivir en un centro, y las condiciones de éste, entran en contradicción. Incluso los más “tranquilos” reciben una atención a cuentagotas, dificultad para expresar sus sentimientos y la obligatoriedad de acatar las normas, aun cuando no se adapten a las necesidades del momento. Lo que se espera de los menores más “problemáticos” es que deben adaptarse en mayor medida a las condiciones, la mayoría de las veces penosas, en lugar de ser al revés; expresan su frustración o ansiedad de maneras que suelen perturbar el “normal” desenvolvimiento del centro, y se opta por el castigo para intentar mantener a raya esa conducta. Pero ocurre que, al ser un ambiente encorsetado cuando se necesita, precisamente, un entorno que ofrezca aceptación y seguridad para expresar los anhelos y aflicciones, aumenta la frustración por obtener como respuesta la hostilidad de los cuidadores, sanciones e incluso aislamiento. De hecho, es frecuente tratar de un modo diferente a unos y a otros según lo acontecido, para que los “problemáticos” perciban que su comportamiento merece un trato distante para “no reforzarlo”, ampliando el castigo hacia la esfera emocional, e incluso negando actividades de ocio o atención porque “no lo merece”, y así debe ser hasta que “se porte bien”.
En lugar de “corregir” la conducta indeseada, lo que se consigue es la sumisión del menor, el distanciamiento de éste al percibir que no puede haber entendimiento, o una mayor frustración por chocar una y otra vez en un ambiente rígido, donde se le castiga por impulsos que no entiende ni controla. Es decir, el problema, lejos de solucionarse, se acentúa. El razonamiento que se sigue al tratar las conductas indeseadas es tan absurdo y acientífico como declarar que un enfermo no debe recibir tratamiento, porque todavía no se ha curado.
Como vemos, si no se pueden dirigir los esfuerzos hacia las soluciones, bien porque no se conocen, como es el caso, o bien porque se perciben como inviables, sólo queda ocuparse de lo inmediato; en el caso de los trabajadores de los centros de menores, ocuparse de la tarea que ha sido impuesta, sin cuestionar nada más allá de la realización del trabajo y la manera de gastar menos energías para evitar la sobrecarga emocional. Mientras tanto, quienes se lucran con estas empresas se escudan públicamente en el discurso de la protección de la infancia, pero en la práctica fomentan el enfoque autoritario y punitivo, amenazan con los despidos si no hay un orden y señalan que los problemas se deben a ineptitud por parte de los trabajadores, y a mala educación por parte de los menores. Es decir, enfrentan a unos con otros, a hermanos de clase, y los trabajadores reducen sus objetivos a mantener el orden que hemos visto con anterioridad, olvidándose de que las penosas circunstancias no son más que la consecuencia de las negligencias de la empresa, porque desconocen el funcionamiento del capitalismo, raíz de todos los problemas que padece la clase obrera, el origen de sus cadenas. Y desconocen la lucha de clases, en cuyo marco se encuentra la única salida a la explotación y la opresión del burgués.
Los buitres de las ONG consiguen que los menores tutelados se conviertan en un mero objeto de trabajo para los obreros, y un medio para obtener ganancias y contratos. Los niños quedan a merced de estos detritívoros que caminan detrás del capital, convirtiendo la miseria que queda tras su paso en un negocio. Las nuevas generaciones, como bien sabemos, vienen al mundo para ser explotadas y para encontrarles una utilidad que pueda hacer crecer al capital, a la vez que merma la calidad de vida inevitablemente por ese mismo hecho. Toda la vida de la clase obrera queda supeditada al mercado, al hecho de ser portadores de fuerza de trabajo de la que puede disponer la burguesía cuando lo necesite, y en el caso de los menores tutelados es más desolador aún, puesto que ellos mismos, como personas, son el medio por el cual la parásita burguesía obtiene ganancias, y todo ello a través de un procedimiento por el cual quedan atados a los capitalistas, pues están desamparados, desprotegidos, y son entregados a dicha clase criminal sin que puedan defenderse.
Aumenta progresivamente la represión sobre los proletarios, porque la burguesía sabe que el capitalismo se cae a pedazos, y la única manera de mantener a raya a la clase obrera en esas condiciones es el fascismo. Por eso continuamente legitiman las posiciones más deshumanizadoras, porque las masas agotadas y alienadas buscan respuestas y salidas, pero sin una vanguardia comunista que las arranque de la ideología burguesa, sólo encuentran lo que el oportunismo y la reacción más infame ofrecen. No pueden detener el avance de la descomposición de su criminal sistema, y aunque no exista actualmente un movimiento obrero que ponga en jaque a la clase burguesa, el desarrollo de las fuerzas productivas niega el capitalismo, e incluso los descomunales descubrimientos sobre la conducta humana apuntan en una sola dirección: la superación del capitalismo.
En referencia a la instrumentalización del caso de la educadora asesinada, es innegable que está generando un falso debate para legitimar y aumentar la represión. Los medios de manipulación de masas visibilizan a trabajadores del sector indignados en relación con el asesinato, que supuestamente sienten aversión por un acto criminal, pero al parecer pretenden que el Gobierno tome medidas al respecto. Por supuesto, en la propaganda burguesa siempre hay una doble vara de medir, en la que los asesinatos y robos deben condenarse según quién los perpetre, pues en otros contextos son “aceptables”, como en el caso de la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Quien dude de la alienación y manipulación en todo este asunto debe preguntarse lo siguiente: ¿Por qué, tras un asesinato, se normaliza pedir medidas al infame Gobierno? ¿No es el mismo Gobierno cómplice del Estado nazi ucraniano al que envía armas? ¿No está siendo cómplice de los sionistas en el genocidio que éstos cometen? ¿No blanquea y apoya firmemente a la organización terrorista OTAN, brazo armado del capital? ¿No es servidor de los monopolios que generan miseria y barbarie, no solo en el país en que vivimos, sino internacionalmente? Es evidente que en este asunto se ha usado, por un lado, la reacción más deshumanizadora, y por otro, se ha puesto el foco en un caso absolutamente aislado, intentando convertirlo en una constante, como si los menores tutelados fuesen un peligro y la solución lógica fuesen medidas aún más punitivas para ellos, proponiendo aumentar la seguridad de manera que mantenga a raya a las principales víctimas, promoviendo una visión distorsionada de la realidad y agravando el problema en lugar de ir a la raíz de éste, que no es más que la propiedad privada de los medios de producción y el hecho de que unos miserables cosifiquen a menores para obtener ganancias. Se promueve una idea que encaja dentro de la delirante “lógica” del capitalismo; ahondar en los castigos a las víctimas aprovechando que, en realidad, no se conoce al agresor, que es la burguesía que pone sus medios de manipulación de masas a funcionar a todo motor para introducir el enésimo sesgo entre las masas.
Los proletarios no pueden poner fin a la miseria y a la barbarie con luchas individuales, ni encontrar la salida sin salir del marco de la ideología burguesa. Es absolutamente necesario unir todas las luchas en una sola contra el capital, en un Frente Único del Pueblo que pueda ser la base para que el sujeto revolucionario, la clase obrera, se organice y eleve su conciencia de clase en una guerra sin cuartel contra la burguesía. Solo conociendo al enemigo de clase y su manera de oprimirnos a través de la explotación, podremos dilucidar la causa de todo aquello que atenaza nuestras vidas y que está presente en todos los ámbitos, principalmente en los centros de trabajo, lo cual es menester para dirigir nuestras fuerzas hacia la solución. Ésta pasa inevitablemente por la organización de nuestra clase, la creación de órganos de poder obrero, la lucha conjunta contra la patronal, el desenmascaramiento del oportunismo, la solidaridad, el internacionalismo proletario y fortalecer las filas revolucionarias hasta que llegue el momento de la toma del poder y alcancemos nuestra máxima aspiración: el socialismo.
COMISIÓN DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
