El primero salió a la luz a mediados de enero. Tras una inspección laboral, se descubrió que la UC3M utilizaba a 570 becarios de prácticas extracurriculares como empleados durante los últimos cuatro años. Dicho de otra manera, la universidad ha estado empleando de manera fraudulenta a cientos de alumnos para colocarlos en puestos estructurales y cotizar como becarios en vez de como trabajadores indefinidos. De este modo, han estado en situación irregular porque su trabajo excedía al propio de unas prácticas extracurriculares y, en realidad, estaban sustituyendo de facto a los funcionarios. De esos 570 alumnos explotados desde 2016, todavía 240 siguen estudiando en activo en el centro. La Seguridad Social reclama 1,5 millones de euros a la UC3M por estas contrataciones irregulares.

El segundo escándalo estalló apenas dos semanas después. Una segunda inspección de trabajo determinó que la universidad ofrece créditos optativos a los alumnos a cambio de labores por las que antes pagaban a becarios. Según el organismo de control laboral, estos estudiantes serían trabajadores. Trabajo gratuito. La UC3M, una universidad pública, financiada con dinero de la clase obrera, contrata alumnos sin pagarles un sueldo.

Los créditos ECTS que ofrecían a los estudiantes en lugar de un salario son la unidad con la que se miden las horas de estudio, el valor y el coste de cada asignatura en las universidades europeas. Cada uno equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo. Una asignatura estándar otorga 6 créditos y un grado de cuatro años tiene 240 créditos. Es decir, a cambio de su fuerza de trabajo, la UC3M solo otorgaba 3 créditos optativos. Para colmo, por si los 3 créditos ECTS parecen insuficientes, la universidad añade que “esta experiencia puede mejorar las habilidades transversales” del alumno.

¿Cuál ha sido la reacción de la universidad tras los escándalos? ¿Aceptar el requerimiento de la Seguridad Social y regularizar la situación de los becarios? En absoluto. La Carlos III ha decidido suspender inmediatamente el programa de becas extracurriculares interno y prohibir el acceso de los estudiantes a sus puestos de trabajo.

En lugar de mantener a los becarios para las tareas que deberían hacer y bajo unas condiciones mínimamente apropiadas, nos han arrebatado la posibilidad a todos los alumnos de la universidad de tener una beca de prácticas en tareas internas del centro. Y en vez de emplear a trabajadores y remunerarlos con un contrato regular para mantener los servicios que antes se ofrecían, ahora los estudiantes no podemos acceder –o de una manera insuficiente y precaria– a servicios como los audiovisuales o a algunos relativos a la biblioteca.

La Universidad Carlos III de Madrid no está a la altura de sus alumnos. Los estudiantes de clase trabajadora estamos hartos. Nos exigen notas de corte elevadísimas que elitizan una educación que dice ser pública y universal para que luego, por si fuera poco, tengamos que pagar tasas abusivas que cierran las puertas de millones de jóvenes de clase obrera que no pueden superar la barrera económica. Muchos de nosotros solo podemos estudiar si compaginamos las clases con un trabajo, tarea impracticable tras la imposición del Plan Bolonia y su mal diseñada “evaluación continua”.

Nos niegan ayudas económicas a los alumnos que realmente las necesitamos y se las otorgan a aquellos que no, pues se sigue el concepto burgués y carente de profundidad real que llaman “meritocracia”. Así, no se tienen en cuenta factores que dificultan y restan tiempo de estudio como lo es, por ejemplo, tener que acudir a un puesto de trabajo la mayor parte del día para pagar la matrícula.

Nos exigen a los estudiantes con menos recursos competir por una ayuda económica con los hijos de familia acomodada, que viven sin la preocupación de no llegar a fin de mes, de no poder pagar el alquiler, de no tener la nevera llena o de perder el trabajo que permite, entre otras muchas cuestiones, poder seguir estudiando. Partimos en desigualdad de condiciones con respecto a alumnos que cuentan con infinito tiempo libre de ventaja. El miedo de no obtener una ayuda económica y de tener que abandonar la carrera reaparece cada comienzo de año. Nos obligan a hacer esfuerzos sobrehumanos para aspirar a que no nos arrebaten la tan ansiada beca económica y seguir adelante.

Y toda esta pena y sacrificio, ¿para qué? Para recibir una educación que cada año es más pésima y el desprecio de una universidad que, ante la imposibilidad de seguir explotando a cientos de estudiantes con trabajo esclavo, decide cerrar el programa de becas a la totalidad del alumnado. La Carlos III nació con la promesa de “acabar con los vicios de las antiguas escuelas” y no es más que otra universidad antiobrera y corrupta.

Lo que vivimos los hijos de clase obrera que estudiamos en la UC3M es insoportable. Pero esto no solo ocurre en esta universidad. Este infierno no se aleja de la realidad que se vive en el resto de las escuelas públicas del Estado español, ya sean de educación primaria, secundaria o superior. Los atropellos de la Carlos III tienen un carácter de clase. Responden a un proceso de desmantelamiento de la enseñanza pública, en pos de la educación privada, al objeto de elitizar los estudios superiores. Las becas que ahora se nos niegan tras destaparse el trabajo esclavo encubierto eran, para muchos alumnos, el paso previo para salir al mercado laboral y no morir en el intento. Los hijos de la burguesía, en cambio, no tendrán nunca que preocuparse por el paro, por las becas o por las ayudas.

• «Sobre la educación pública, la educación concertada y la educación privada»

No existe ni existirá jamás una educación verdaderamente pública y universal en el sistema socioeconómico de la burguesía, el capitalismo, y bajo el Estado burgués que lo perpetúa. La Universidad Carlos III de Madrid, al igual que todos los centros de enseñanza pública, es propiedad de un Estado que no nos pertenece al proletariado y a las futuras generaciones de obreros. El Estado actual es un Estado burgués, que sirve a los privilegios de nuestra clase antagónica, la burguesía. Sus intereses entran en directa contradicción con los nuestros. Los intereses de una clase solo pueden satisfacerse en detrimento de la otra. Los problemas relacionados con la educación pública los seguiremos sufriendo hasta que no acabemos con el capitalismo y se ponga fin al Estado burgués, para que las instituciones sirvan por fin a la clase trabajadora.

No es posible una enseñanza pública de calidad en el capitalismo. La educación pública con un Estado burgués es una quimera para la clase obrera. Es una ilusión en el sistema de dominación de la burguesía. Aunque se diga “pública”, no sirve al interés público, sino al privado. Creer que es posible una educación pública de garantías para las clases oprimidas es creer que la clase que nos explota estaría dispuesta a renunciar de manera voluntaria a sus privilegios de clase para aceptar implementar un sistema educativo único y de calidad para todos.

Una educación verdaderamente pública solo es posible con el fin de la sociedad de clases. Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), llamamos a nuestros compañeros estudiantes y generación de futuros trabajadores a organizarse junto a las demás capas populares oprimidas por la burguesía –obreros, desempleados, pensionistas, jornaleros, etc.– en torno a un Frente Único del Pueblo (FUP) para defender la educación pública, combatir juntos al enemigo de clase y su sistema capitalista, y tomar de una vez por todas las riendas de nuestro destino.

La realidad nos demuestra de manera cada vez más patente que la solución a los acuciantes problemas de la clase obrera vendrá únicamente de la mano del socialismo. Debemos acabar con el capitalismo y con el Estado burgués para erigir nuestro sistema propio y defenderlo con la construcción de un Estado proletario. La clase trabajadora y sus hijos solo podremos poner fin a la injusticia si conquistamos el poder de manera revolucionaria para derribar el capitalismo y la dictadura del capital y establecer el socialismo y la dictadura del proletariado. Únicamente así, la humanidad podrá avanzar junta hacia la sociedad sin clases, de individuos con un interés común, basada en la justicia y en la igualdad, libre de explotación y encaminada hacia la paz mundial: el comunismo.

Los obreros madrileños nos enfrentamos a un problema que ha ido engordando a lo largo de los últimos años y que ningún Gobierno municipal, ya sea uno rancio del PP o uno de colorines de Ahora Madrid, se ha molestado en abordar seriamente: el derecho a la vivienda. Una vivienda digna es inaccesible para la inmensa mayoría de los trabajadores madrileños. Es un problema ignorado por los políticos del Ayuntamiento, pues sirven todos a las clases poseedoras de capital y el (no) derecho a la vivienda es un problema que atañe única y exclusivamente a la clase obrera y a los jóvenes futuros trabajadores. Al igual que ocurre en el Congreso, la “pluralidad democrática” que aparenta tener distintos partidos de signo variado se demuestra una farsa. Solo interesa abrir el debate en período electoral –solo de boquilla, sin aplicar medidas– para volver a barrerlo por debajo de la alfombra una vez llegados al Gobierno.

Por matemática sencilla, un madrileño que cobra el salario mínimo interprofesional aprobado por el nuevo Gobierno (950€) tendría que destinar el 71% de su sueldo (670€) para poder alquilar un piso en Madrid, más concretamente en los barrios periféricos de Palomeras Sureste (Vallecas) o Butarque (Villaverde), donde el alquiler es menos caro. Es decir, tendría que compartir piso para vivir en otros barrios, lo que convierte a su vez el sueño de formar una familia en un privilegio cada vez más inalcanzable.

En esta tesitura, muchos trabajadores se ven obligados a recurrir a la también inaccesible opción de los pisos de alquiler público. El mes pasado, 23.000 personas (y subiendo) se encontraban a la espera de conseguir alguno de los 163 pisos de alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Así, no es de extrañar cómo muchos obreros acaban por vivir en un indigno “piso colmena”: repartidas por la capital, ya son diez “casas” con habitáculos de un par de metros cuadrados y con un total de 579 plazas. Esa es la realidad del inexistente derecho a la vivienda digna que tenemos los obreros. Ese es el bienestar y el progreso que nos reserva el capitalismo.

Una de las innumerables consecuencias que acarrea el problema de la vivienda es el proceso de gentrificación en barrios históricos de la clase obrera. Vecinos que se ven obligados a abandonar el barrio de toda su vida por la subida desorbitada del alquiler. Como ocurre en La Latina, Malasaña o en Chamberí, barrios enteros se transforman paulatinamente en cortijos de nuevos ricos, expulsando al proletariado a la periferia. Y en dicho proceso, debe recordarse, la burguesía se cobra vidas obreras. Así, cada vez más trabajadores están abocados a ser marginados al extrarradio. Y si ya el obrero pasa la casi totalidad de su tiempo de vida en su centro de trabajo, con la negación de este derecho y su expulsión a la periferia, hay que añadir además todas las horas –y gastos– de trayecto desde su vivienda en las afueras de Madrid hasta su lugar de trabajo.

Uno de las mayores afectados por el no derecho a la vivienda es la juventud de clase obrera o las futuras generaciones trabajadoras. Con datos de 2018, la media de emancipación en el Estado español se encuentra en 29,3 años. En Madrid, el problema es todavía más agudo. Los jóvenes madrileños gastan en alquilar una habitación casi el 40% de su sueldo. Un sueldo que, en el caso de los trabajadores de 18 a 35 años, ha caído desde 2008 hasta un 5,0% –un 9,6% en el caso de las mujeres obreras–. Todo ello mientras el precio de las rentas de alquiler ha aumentado un 27% de media en la Comunidad de Madrid, con algunas zonas especialmente disparadas donde el porcentaje de subida llega al 52%. Para los jóvenes obreros, emanciparse de la casa de sus padres es una odisea y muchos están condenados a vivir con ellos el resto de su vida, sin poder formar su propia familia. Independizarse es cada año más difícil; hacerlo en una vivienda digna es casi imposible.

El inexistente derecho a la vivienda y, especialmente, cómo se manifiesta entre las capas populares más jóvenes, tiene cada año menor cabida en la agenda política de los parásitos del parlamentarismo español. Es un problema que se aborda cada vez menos, pues el envejecimiento demográfico redunda en que la mayoría de los votantes ya no sean jóvenes –al contrario que cuando la generación del ‘baby boom’ cumplía la mayoría de edad–. Es decir, no interesa tanto centrar los debates electorales en los problemas que preocupan principalmente a los jóvenes, pues de ellos no van a sacar la mayoría de los votos. Así funciona la lógica “democrática” de este sistema.

Algunos reformistas exclaman que la solución a la cuestión de la vivienda es regular el alquiler de los pisos. Parecen no ver (o no querer ver) que un problema tan grave como este no se va a solucionar con una mísera reforma. No son capaces de comprender que este no es un problema aislado. Intervenir en el mercado de la vivienda supondría ponerse directamente en contra de los intereses de los monopolios, del capital bancario y de los especuladores financieros. La clase obrera no puede esperar nada de este nuevo Gobierno, si acaso alguna reforma insuficiente, pues en ningún caso van a discutir los privilegios de fondos de inversión nacionales e internacionales como lo es, por ejemplo, el fondo buitre Blackstone –con acciones en Hilton, en TDC A/S o en Nielsen Company–.

Parece que la burguesía no tiene suficiente con humillar a los trabajadores cada día en los centros de trabajo con jornadas interminables y pésimas condiciones laborales. También lleva el yugo a las puertas de su casa. La burguesía extiende su dominio aplastante y explotador a todos los ámbitos de la vida. El proletariado no deja de sentir ni un solo segundo cómo le aplasta la bota del patrón. Es incapaz hasta de vivir en unas condiciones mínimamente dignas, negadas por la burguesía y su Estado.

El problema de la vivienda no es un problema de Gobierno. Va mucho más allá. Es un problema de Estado que no puede solucionarse porque el sistema económico de la burguesía, el capitalismo, no se sostiene y se encuentra en crisis histórica. Hasta que la clase obrera no sea dueña de su futuro y acabe con la burguesía y con su sistema, no podrá poner fin a todas las humillaciones que sufre cada día. La realidad nos demuestra una vez más que la única salida para la clase obrera es derribar el capitalismo y la dictadura del capital, y construir el socialismo y la dictadura del proletariado. Solo arrebatándole el poder a las ensangrentadas manos de la burguesía podrá la clase obrera terminar con su explotación y tener la vida digna que la historia le debe.

Málaga es una de las provincias más afectadas en Andalucía por las casas de apuestas. De las 3440 casas de apuestas que hay en la comunidad, más de 800 están en Málaga, es decir, casi un 25% concentrado en una única provincia. En 3 de cada 5 locales no revisan siquiera el DNI para controlar la edad; los jugadores que deciden aislarse (se meten a sí mismos en listas negras para que no les dejen seguir entrando a los locales) se les da total acceso; los prestamistas entran y salen como si fuese su casa. El juego es un cáncer que carece del más mínimo control, lanzado a propósito contra nosotros, con el objetivo de lucrarse y volvernos aún más débiles y miserables.

La problemática con las casas de apuestas es obvia, su presencia es casi exclusiva en los barrios obreros, somos su objetivo. A través de un bombardeo publicitario constante se nos vende a los trabajadores con fuertes necesidades económicas que estos locales son sitios de dinero fácil, y lo son, pero no para nosotros, sino para los dueños de los locales y las empresas, que se benefician robando rastreramente nuestro salario y lanzándonos al pozo de la ludopatía, la adicción y las deudas. Ante todo esto, las medidas del gobierno se muestran como lo que son, una tirita colocada con desgana sobre las venas abiertas de los trabajadores. Insuficientes, parciales y engañosas, propio de un gobierno burgués con tintes socialdemócratas que no aspira a nada más que a perpetuar, de manera discreta, el sistema capitalista que genera los mismos problemas con los que luego, orgullosos, se dan golpes en el pecho exclamando sin vergüenza alguna que son los únicos capaces de solucionarlos.

Desde el PCOE nos organizamos activamente contra este ataque hacia los trabajadores, no solo para provocar un cese total a las casas de apuestas, que al fin y al cabo no son más que uno de los tantos síntomas del capitalismo, sino contra todo el sistema en su conjunto, y todo el mal que a nosotros nos genera, pues la lucha parcial se muestra, como siempre, inefectiva e insuficiente. Es por ello que consideramos de vital importancia la unificación de todas las luchas populares en una sola a través de un Frente Único del Pueblo, con el fin último del derrocamiento del sistema capitalista y la implantación del socialismo, en beneficio de la totalidad de la clase obrera, quien, solo bajo un nuevo sistema podrá ver por fin sustituida la lacra de las apuestas y las adicciones, por un ocio digno y enriquecedor para los obreros.

La sentencia del procés del 14 de octubre castigó con cárcel a los partidarios del derecho de autodeterminación y sirvió de pretexto para intensificar todavía más la represión contra las protestas populares. Demostró una vez más que el Estado español, desde su nacimiento, carece de las mínimas garantías democráticas para que pueda considerarse una democracia burguesa y reveló su auténtica naturaleza fascista.

El juicio del procés fue el detonante de numerosas protestas en todo el territorio del Estado español. En Madrid, tuvieron lugar dos manifestaciones multitudinarias: una, el 16 de octubre, y la otra, el 19. La primera se convocó en solidaridad con Catalunya y en defensa del derecho de autodeterminación. La segunda, por la amnistía de todos los presos políticos del Estado. El PCOE de Madrid estuvo presente en ambas.

El 16 de octubre, tras las cargas policiales posteriores a la concentración, fueron detenidas cuatro personas, de las cuales una era menor de edad. Al menos dos de los detenidos fueron golpeados, tirados al suelo e inmovilizados antes de ser detenidos. De esos cuatro manifestantes, tres fueron soltados al día siguiente tras pasar por disposición judicial. El cuarto, Daniel Gallardo (o Dani), acabó en prisión provisional después de ser aceptada la petición de la Fiscalía.

La otra manifestación, la del 19 de octubre, fue mucho más numerosa que la primera. Al acabar, la Policía volvió a cargar indiscriminadamente contra los manifestantes e incluso contra familias, turistas y transeúntes que salían de compras. Las cargas acabaron con 12 detenidos, dos de ellos menores, y decenas de heridos. Tras pasar más de 40 horas en comisaría, donde, según explicaron los detenidos, sufrieron humillaciones, burlas, comentarios, amenazas y agresiones físicas por parte de la Policía, la Fiscalía solicitó igualmente prisión provisional para tres de ellos. En esta ocasión, la petición fue denegada.

La prisión provisional para Daniel Gallardo es simple. El Estado español buscó un cabeza de turco para infundir miedo en un movimiento de protestas que cada día se estaba tornando más grande, más combativo, y con un denotado cariz antifascista. Encontrado su cabeza turco en Dani y cumplido su objetivo de neutralizar el movimiento de protestas, la prisión provisional para los otros tres detenidos se presentaba como una medida poco útil para el Estado, ya que podría mediatizar innecesariamente el caso, dañar su falsa imagen de democracia y acarrearle problemas de credibilidad de cara al exterior.

En la concentración de este sábado en solidaridad con Dani y los demás represaliados, no habían pasado ni diez minutos desde la hora de convocatoria cuando la Policía ya estaba identificando y cacheando a personas de tres en tres. A uno de nuestros camaradas, un agente le pidió que lo acompañara a un furgón, alegando que “está prohibido llevar la cara tapada en las manifestaciones, según la Ley de Seguridad Ciudadana” (también conocida como ‘ley mordaza’).

Sin embargo, la ley mordaza no prohíbe cubrirse el rostro; lo contempla como una condición por la cual un agente puede identificar a alguien (en teoría, porque en la práctica el policía identifica a libre voluntad y detiene por desacato a la autoridad a aquel que se niegue). El Artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece que un agente puede identificar personas cuando existan “indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción” y cuando, “en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”. “En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los efectos indicados”.

En otras palabras, la Policía miente y no respeta ni su propia ley, que se demuestra una completa farsa. Los agentes mismos son la ley, son el Estado, su brazo armado. Nuestro camarada estuvo media hora retenido por la Policía, sometido a preguntas, cacheado y sin poder usar su móvil, mientras introducían sus datos en la base al tiempo que un agente de paisano le tomaba fotos en la distancia. Como nuestro camarada pasaron decenas de personas.

Una vez más, mientras el caso de Dani se silencia en los medios de comunicación, se demuestra el nulo derecho de manifestación en este falso Estado democrático. Esto ocurre y ha ocurrido siempre independientemente del color del Gobierno de turno. Los dirigentes del nuevo Ejecutivo de coalición “progresista”, de confetis y de arcoíris, que nos han regalado por la gracia de Dios los magnánimos del PSOE (antes casta) y los revolucionarios de Unidas Podemos, que se llenan la boca de “antifascismo” y de folklore para la galería, son los mismos que reprimen a los verdaderos antifascistas, a los que se organizan para denunciar la naturaleza antidemocrática del Estado español y para visibilizar la represión de los presos políticos.

Mientras nos reprimen, los fascistas siguen creciendo y atacando sin recibir respuesta. Absolución tras absolución, y con la connivencia con los cuerpos represivos del Estado, los fascistas son conscientes de su impunidad. El Estado español, cimentado sobre una estructura fascista, ni siquiera logra tener la separación de poderes de una democracia burguesa. Y los fascistas, al contrario que los antifascistas, están amparados por los oportunistas del parlamentarismo español, que les allanan el camino bajo el burdo argumento de la “tolerancia”. Curiosa tolerancia la de alimentar el fascismo y reprimir el antifascismo. Nada ha cambiado. Seguimos igual, esté en el Gobierno el Partido Popular o el PSOE con Podemos-IU-PCE. La clase obrera vive en un Estado fascista, bajo la forma de un falso parlamentarismo, que heredó la estructura del régimen anterior, con reformas, sin ruptura.

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), expresamos nuestra más profunda solidaridad con Dani y con los demás represaliados por el Estado fascista español. Remarcamos la necesidad de combatir el fascismo, que se manifiesta en las instituciones y en la calle y crece con impunidad como reflejo de una superestructura marcada por la burguesía. Exigimos la puesta en libertad de Dani y de todos los presos políticos.

La única manera de acabar con el fascismo es poniendo fin a la raíz del problema: el capitalismo y el Estado burgués que lo impone. La construcción del socialismo y la puesta en marcha de la dictadura del proletariado es la única solución que tiene la clase obrera para avanzar hacia una sociedad libre de fascismo, de explotación y de miseria.

Esta declaración, tan aplaudida e invocada por gobiernos de todos los colores en los países capitalistas, consagra de esta forma la esclavitud asalariada, el trabajo asalariado como única forma de subsistencia para la clase trabajadora, negando de esta forma el derecho de una sociedad a una organización económica superior, a la supresión del salario como método de esclavitud moderna, a la superación del capitalismo como sistema económico criminal e inhumano para instaurar un sistema superior, más justo y necesario, el Socialismo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que un intento de legitimar el capitalismo como estado final de la sociedad humana, intentando negar la inevitable descomposición actual del sistema, que ya sólo se sostiene a base de guerra, explotación y miseria. Reflejo de esto es también su artículo 21.3, que indica que «la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente», negando así la participación política del pueblo más allá de las elecciones, negando la organización de las masas populares y su acceso al poder al margen de las instituciones burguesas.

Pero si esta declaración no es más que la plasmación de la explotación capitalista, la carta magna del imperialismo, ni siquiera éste respeta sus propios artículos, mostrando que en el estado de descomposición actual del capitalismo, la tendencia a la reacción y al fascismo anula cualquier derecho democrático en aras de salvaguardar el poder económico de una minoría.

En su artículo 13.2, la DUDDHH dice: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Y el artículo 14.1, dice: «En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país». Estos artículos plantean una contradicción enorme en el mundo capitalista, pues el imperialismo sólo se sostiene hoy mediante guerras de rapiña para explotar recursos en otros países, de forma que es responsable directo de las condiciones inhumanas que obligan a muchos pueblos a abandonar sus países huyendo de la destrucción de la guerra.

La realidad demuestra el desprecio del imperialismo por sus propias leyes, por sus declaraciones de derechos y de intenciones, que se vuelven papel mojado en cuanto el pueblo pretende llevarlas a la práctica. Y si bien los Estados capitalistas incumplen leyes y acuerdos que ellos mismos firman, la justicia, como un instrumento más al servicio del sistema, no duda en adaptar las leyes que considere necesarias para intentar legitimar estos abusos. Así lo confirma el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes que lleva años realizando el Estado español.

El fallo se sustenta en la irregularidad de la entrada de esos inmigrantes, que no usaron los «canales regulares» para acceder al país, canales que la propia Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa lleva años denunciando que no existen. La inmigración es, como todo en este sistema, una cuestión de clase. Esos ‘canales regulares’ existen para quienes pueden adquirir un bien inmueble por valor igual o superior a 500.000 euros, o quienes pretendan realizar una inversión significativa de capital, por un valor igual o superior a 2 millones de euros, tal como regula la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su artículo 63.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) manifestaba que «no todo vale en la gestión de los flujos migratorios, y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los derechos humanos», mientras que este sindicato junto con UGT se han posicionado en numerosas ocasiones del lado del imperialismo, responsable de la destrucción de los países de los que esos mismos inmigrantes huyen.

Oportunismo político y sindical de la mano, condenando las consecuencias de las causas que apoyan, ambos hablando de derechos humanos, negando la cuestión principal, la cuestión de clase, legitimando este sistema que niega los derechos a la clase explotada, la clase trabajadora, y se los concede a los explotadores. Esos son los derechos ‘humanos’ que defienden en la práctica tanto unos como otros.

El pueblo jamás podrá vivir en paz mientras siga dejando su futuro en manos de oportunistas, mientras no se organice para tomar el poder y mandar al estercolero de la historia este sistema criminal, para construir la única alternativa posible, el Socialismo. Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento a todas las clases populares a alejarse del oportunismo político y sindical y a organizarse desde abajo en un Frente Único del Pueblo, que una todas las luchas en una única contra el capitalismo, que se convierta en un órgano de poder que permita que las riquezas que generamos los trabajadores pasen a manos del pueblo.

Nos aseguran con rotundidad que necesitamos empresarios-parásitos que nos esclavicen y se apropien de nuestro trabajo. No hay otra alternativa nos dicen.

Al mismo tiempo gritan “¡Sí se puede!”, para que les votemos, y una vez sentados en la alcaldía, parlamento o congreso de turno, nos dicen que no les dejan.

Pero la realidad es que ellos existen gracias a la explotación de los trabajadores; si los trabajadores de la ciudad y el campo fuéramos dueños de las empresas, las fábricas, las tierras, las minas y los recursos naturales tan inmensos que emanan de nuestros suelos, los charlatanes de los ayuntamientos, parlamentos y congresos tendrían que ponerse a trabajar, de la misma manera que sus amos empresarios, terratenientes y banqueros.

El pueblo gaditano en especial vive en sus carnes el infierno de la esclavitud en los centros de trabajo y en los campos, el desempleo y la desesperanza de no encontrar un trabajo decente, las pensiones de miseria que apenas permiten llenar el frigorífico, o la falta de futuro de una juventud que por mucho que estudie seguramente tenga que emigrar lejos de su tierra o ganarse la vida de cualquier manera.

Esa es la cruda realidad que maquillan los manporreros de los explotadores que nos inculcan falsas ilusiones en unas instituciones y unas leyes que están hechas por y para los ricos.

Los del “¡Sí, se puede!” no ofrecen otra alternativa a los trabajadores de Navantia que elegir entre el pan o la paz. Son, de esta manera, cómplices de la guerra criminal que Arabia Saudí, que tiene el mismo código penal que el Estado Islámico, ha impuesto en Yemen con la ayuda de los imperios de EEUU, Francia y Reino Unido, provocando una de las mayores catástrofes humanitarias de los últimos años. Los del “¡Sí, se puede!” ahora dicen que no se puede tener trabajo y vivir en paz con otros pueblos hermanos. Nos quieren convertir en cómplices de la barbarie.

Los del “¡Sí, se puede!” se muestran muy “demócratas” con los fascistas de VOX, juntos de la mano celebran la Constitución del 78 que impone la esclavitud que hoy vivimos. Son tan “demócratas” que ven con buenos ojos que a los fascistas de VOX se les pueda votar.

Pero lo que no permiten es que las familias obreras al borde del desahucio y la indigencia muestren su desesperación en los plenos del ayuntamiento, hasta el punto de multar a aquellos que llaman a las cosas por su nombre en presencia del “excelentísimo” alcalde. Multas para el pueblo llano cuando alza la voz, subvenciones, ayudas y servicios municipales para los empresarios.

Es hora de que la clase obrera vuelva a tener un norte propio: ser dueños de nuestro destino, no tener amos ni dueños. Lo cual significa que los latifundios de los señoritos, que reciben millonarias subvenciones de Europa, que los cotos privados que sirven para el recreo de marqueses y demás parásitos, que la industria, las empresas, los bancos, las minas, las maquinarias, pasen a manos del pueblo, pues es de su trabajo de donde emana toda esa riqueza.

Por supuesto, esto no nos lo va a dar ninguna institución, ayuntamiento, parlamento o congreso, porque todos están para defender el régimen corrupto actual.

El pueblo trabajador ha de tomarlo sin pedir permiso, y para eso no tiene otra que organizarse desde abajo, uniendo todas las clases trabajadoras de las empresas, fábricas, cortijos, barrios, con los pensionistas, los jóvenes, los autónomos, pequeños campesinos.

Es necesario organizar un Frente Único del Pueblo para acabar con los parásitos y para que todo el pueblo sea dueño de las riquezas, poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de toda la sociedad y así tener todas las necesidades cubiertas.

Tras expirar el 31 de diciembre el Convenio Provincial de la Hostelería, la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz HORECA – organización integrada tanto en la CEA como en la CEOE – manifestó que en la negociación del nuevo Convenio Provincial de la Hostelería de Cádiz, una de sus aspiraciones es la introducción de una ampliación de la jornada máxima diaria de los trabajadores pasando de 9 a 12 horas. Sin duda la aspiración de la Patronal es agudizar más la explotación, en un sector donde hay en torno a 30.000 trabajadores en nuestra provincia, donde se realizan multitud de horas de trabajo efectivo que no están siendo reconocidas y, por tanto, tampoco remuneradas.

La Patronal gaditana quiere agudizar la explotación todavía más, quiere un incremento en la distribución irregular de la jornada de los trabajadores, en definitiva, no sólo quieren extraer más plusvalía sino quieren establecer mecanismos para concentrar todavía más esta extracción de plusvalía.

Otro sector importante en nuestra provincia es el agrario, en el que los sindicatos diferencian, de partida, a los trabajadores de la vid con el resto de trabajadores agrícolas, una nueva prueba de fraccionamiento de la Patronal con la que, sin duda, colaboran los sindicatos al servicio del Estado, CCOO y UGT.

Otros trabajadores que son divididos enormemente son los que viven del mar, que en nuestra provincia son muchos. Por un lado tenemos a los trabajadores que trabajan en los astilleros, adscritos al metal, por otro los trabajadores del mar, adscritos a convenios incluso a nivel de puertos, transporte marítimo, estibadores, pescadores, etcétera.

La Patronal tiene a los trabajadores como quiere, totalmente divididos y las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de nuestra provincia, al igual que la de los trabajadores del resto del Estado español, cada vez son peores. Nuestra provincia está abonada a liderar la clasificación en términos de paro, por encima del 26%, cifra que se multiplica si hacemos referencia al paro juvenil. Pero no debemos quedarnos aquí, la tasa de actividad en la provincia de Cádiz está en torno al 54%, quiere decir que en nuestra provincia, de cada 100 personas en edad de trabajar, 46 ni tienen trabajo ni están inscritos como demandantes de empleo en el SAE. Lo que significa que en la provincia de Cádiz, si sumamos los desempleados a la tasa de trabajadores no activos, únicamente posee un empleo – entendiendo como empleo el cotizar una hora al mes o, incluso estar desempleado haciendo un curso del SAE que es como hacen las estadísticas –en torno al 39,5% de la población gaditana en edad de trabajar.

A esta situación debemos sumar los desahucios, la calidad de la educación y la sanidad pública, cada día peores, por no hablar de nuestros niños y niñas, pues la provincia de Cádiz tiene una tasa del 41,5% de población infantil en riesgo de pobreza, sólo superado en este ranking en Andalucía por la provincia de Almería.

Por el contrario, los empresarios cada vez obtienen una mayor plusvalía y nuestra provincia alberga grandes latifundios, riqueza que sale de nuestra provincia, que es generada por el proletariado y el pequeño campesinado de nuestra provincia, que lo único que nos deja es miseria, paro y desigualdad a la par que los monopolios y los terratenientes se llenan los bolsillos.

Es momento de que los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Cádiz rompamos la estrategia de la burguesía de dividirnos y nos organicemos y unamos. Todos los trabajadores, ya sean del campo o de la ciudad, ya sean del mar o de la industria, sufrimos por igual la explotación capitalista. Las divisiones que la patronal hace por sectores de la producción es una forma que tiene ésta para dividirnos a los que realmente generamos la riqueza con nuestra fuerza de trabajo. La burguesía, la patronal, sabe perfectamente que estando los trabajadores divididos y desorganizados ellos siempre ganarán y nosotros, los trabajadores, siempre perderemos.

En esta estrategia de división, se arrodillan ante la patronal tanto los sindicatos vendidos – como son CCOO y UGT – como los partidos oportunistas (IU-PCE-Podemos) que fraccionan las luchas del proletariado (en mareas de diferentes colores). Y es que la lucha por la sanidad pública, por la educación pública, por la tierra para los jornaleros, por el derecho al trabajo, la lucha de la mujer obrera, la lucha de los pensionistas, la lucha de la juventud por un futuro o la lucha contra los desahucios y por una vivienda digna, no son luchas separadas, sino que son diferentes maneras de expresarse en la que se manifiesta la lucha de clases. Por ello, en Cádiz se hace fundamental la unión de todas esas luchas en una única lucha de clases contra el responsable de todos esos efectos: El capitalismo monopolista y su Estado. Hoy es una necesidad histórica la unión de todas esas luchas en un Frente Único del Pueblo que sea capaz de unirlas en una única lucha de clases contra la burguesía y su Estado, por la superación de este sistema inhumano que padecemos y que nos condena a los trabajadores a la miseria y a la muerte.

El passat 31 de gener el Periódico donava resposta a aquesta última qüestió en posar en coneixement una sèrie de reveladores xifres que el cap del cos d’emergències municipal va presentar en la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Aquestes xifres estipulen que l’any passat, 141 persones, gairebé totes elles majors de 60 anys, van ser trobades sense vida en el seu domicili per part del cos de Bombers de la ciutat. Per consegüent, es pot determinar que de mitjana una persona gran mor en solitud i en el més absolut oblit cada dos dies a la ciutat comtal.

No obstant, aquestes xifres únicament recullen els casos en els quals ha estat necessari tirar la porta a baix per a poder accedir al domicili. Les ocasions en les quals un familiar o un veí ha pogut obrir la porta en posseïr una clau no es comptabilitzen, amb la qual cosa és deduïble que el número de morts és encara major. El consistori de l’Ajuntament està intentant creuar dades de diferents entitats per a poder concretar una xifra més exacta i ha determinat que a aquestes 141 persones se’ls ha de sumar 16 computats més pel servei municipal de teleassistència. Però les xifres poden anar molt més enllà si tenim en compte que els Mossos d’Esquadra van registrar 786 successos, els quals van acudir a una residència en què hi havia una persona morta dins i la Guàrdia Urbana de Barcelona en recull 207. La qüestió és que, en tots dos casos, no es fa distinció entre els quals vivien en solitud o en companyia.

Des de 2001, a Catalunya el nombre d’habitants amb més de 65 anys ha crescut gairebé un 30%. Els casos de persones majors que viuen en aïllament s’accentuen més en ciutats com Barcelona; més del 10% de la població té més de 76 anys. Davant aquesta perspectiva, les institucions es veuen desbordades. Com ja ens tenen acostumats els responsables públics, incapaços de dur a terme una solució efectiva davant aquesta xacra, es recolzen en entitats privades com la Creu Roja o Amics de la Gent Gran per a atallar el problema. Tracten la vellesa com si fos un problema, quan l’únic problema aquí és un sistema de producció que posa data de caducitat als éssers humans. La realitat és que està més que demostrat que arremetre sobre la superficialitat, amb voluntarisme o caritat, a través de petits canvis quantitatius, no s’aconsegueix abordar el problema des de la seva arrel.

Un exemple de la poca vergonya de les institucions a l’hora d’enfrontar-se a les seves suposades responsabilitats socials envers la gent gran a Barcelona es troba en el cas de la residència per a la tercera edat de l’antiga fàbrica Alchemika en el barri del Clot Camp de l’Arpa. L’Associació de Veïnes i Veïns del barri porta gairebé deu anys lluitant perquè aquesta residència sigui gestionada de manera pública ja que la inversió per a la seva construcció prové de la Generalitat i la construcció va anar a càrrec de l’Ajuntament, el qual també va aportar fons. Reclamen, a més, prioritat en les llistes d’espera per als veïns del barri. No obstant això, una vegada acabada l’obra al 2016, la residència va romandre tancada amb un vigilant de seguretat 24 hores a la porta i així va restar a l’espera que la Generalitat adjudiqués l’administració a una empresa privada en contra de la voluntat dels veïns. Al 2017, la gestió del centre va passar a les mans d’una UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per Ingesan (filial de OHL) i Asproseat. L’ajuntament actual per la seva part va dir que volia comprar completament la residència per a posar-la a la disposició dels veïns, és a dir, volien comprar amb els nostres diners, quelcom que es va construir amb els nostres diners, amb el treball dels nostres companys de classe i que ens pertany.

Com pot llavors la classe obrera permetre’s una vellesa en pau amb tals paràsits polítics aliats dels especuladors? Com pot la classe obrera conciliar una vida sent explotada amb l’atenció als seus parents majors si no disposa d’una ínfima ajuda? La vexació amb la qual es tracta a la tercera edat és descoratjadora.

En algunes ocasions, els Bombers acudien a l’habitatge advertits per algú que es trobava fora i que no podia contactar amb el seu parent que vivia sol. En altres casos, directament s’acudia quan els veïns començaven a olorar el cos en descomposició. I és que Barcelona no deixa de ser un paradís per als capitalistes, els quals veuen als treballadors com a màquines amb una vida útil. Quan envellim ja no importem perquè no som profitosos per a generar i produir la seva riquesa.

La solitud en la qual moren aquestes persones en la seva vellesa és un símptoma més d’aquest capitalisme depredador, que no fa més que separar els vincles de germanor dels éssers humans mitjançant la glorificació del seu individualisme, mantenint i enfortint així la seva maquinària productiva en detriment de la unió popular i el suport mutu. També demostra com un sistema com en el que vivim no té gens d’interès en ajudar les famílies treballadores a poder conciliar el seu treball amb la cura d’una persona major, forçant als treballadors a portar una vida de misèria fins als nostres últims dies.

Els ancians que moren sols a les seves llars són persones que porten tota la seva vida creant riquesa. Riquesa que desgraciadament ha acabat en mans de quatre burgesos xucla sang que veuen Barcelona com el seu tauler de Monopoli sobre el qual dur a terme el seu joc econòmic especulatiu i que tangencialment es converteix en res per a les persones que vivim aquí. És inadmissible que els últims anys de la vida de tants treballadors hagin de passar-se en aïllament induït o en una desatenció sanitària i afectiva total. No es pot tolerar que les famílies treballadores no puguin permetre’s una ajuda qualificada per a acompanyar als seus majors. I és que per més que Ada Colau vingui dels moviments socials, la seva consciència i la seva falta d’humanitat és completament antiobrera i tot el seu poder descansa sobre els òrgans polítics d’un Estat corrupte i feixista. I és que després de cinc anys de mandat ens continuen traient el dret al treball, el dret a un sostre i fins hi tot ens continuen robant la dignitat després de tota una vida de sacrifici i explotació en arribar a la vellesa. Un ajuntament com el de Colau no fa que l’Estat sigui una mica més “democràtic” sinó que li neteja la cara al feixisme.

És per això que la classe obrera de Barcelona no ha de ser còmplice d’aquesta agressió. Hem de mobilitzar-nos davant aquest atropellament als drets dels nostres majors que no és més que la punta de l’iceberg de tota una existència d’alienació, explotació i sofriment silenciós. És el moment d’alçar la veu. Li ho devem als que porten tota una vida patint el menyspreu dels explotadors i els seus lacais polítics. Només la classe obrera organitzada en el Front Únic del Poble podrà desfer aquest despropòsit de l’oportunisme que es viu a Barcelona i prendre consciència de que és possible viure en dignitat i per tant, morir també amb dignitat, satisfet i en pau. El Partit Comunista Obrer de Catalunya fa una crida a les treballadores i treballadors més conscienciats a engrossir les files del Partit per a establir les bases d’un món en el qual valgui la pena viure.

El pasado 31 de enero el Periódico daba respuesta a esta última cuestión al poner en conocimiento una serie de reveladoras cifras que el jefe del cuerpo de emergencias municipal presentó en la Junta de Seguridad Local de Barcelona. Dichas cifras estipulan que el pasado año, 141 personas, casi todas ellas mayores de 60 años, fueron encontradas sin vida en su domicilio por parte del cuerpo de Bomberos de la ciudad. Por consiguiente, se puede determinar que de media una persona mayor fallece en soledad y en el más absoluto olvido cada dos días en la ciudad condal.

Sin embargo, estas cifras únicamente recogen los casos en los que ha sido necesario tirar la puerta abajo para poder acceder al domicilio. Las ocasiones en las que un familiar o un vecino ha podido abrir la puerta al poseer una llave no se contabilizan, con lo cual es deducible que el número de fallecidos es aún mayor. El consistorio del Ayuntamiento está intentando cruzar datos de diferentes entidades para poder concretar una cifra más exacta y ha determinado que a estas 141 personas se les debe sumar 16 computados por el servicio municipal de teleasistencia. Pero las cifras pueden ir mucho más allá si tenemos en cuenta que los Mossos d’Esquadra registraron 786 sucesos en los que acudieron a una residencia en la que había una persona fallecida dentro y la Guardia Urbana de Barcelona recoge 207. La cuestión es que, en ambos casos, no se hace distinción entre los que vivían en soledad o en compañía.

Desde 2001, en Catalunya el número de habitantes con más de 65 años ha crecido casi un 30%. Los casos de personas mayores que viven en aislamiento se acentúan más en ciudades como Barcelona; más del 10% de la población tiene más de 76 años. Ante esta perspectiva, las instituciones se ven desbordadas. Como ya nos tienen acostumbrados los responsables públicos, incapaces de tener una solución efectiva ante esta lacra, se apoyan en entidades privadas como la Cruz Roja o Amics de la Gent Gran para atajar lo que para ellos es un problema. Y es que tratan algo tan normal como la vejez como si fuera un problema, cuando el único problema aquí es un sistema de producción que pone fecha de caducidad a los seres humanos. La realidad es que está más que demostrado que arremetiendo sobre la superficialidad, con voluntarismo o caridad, a través de pequeños cambios cuantitativos, no se consigue abordar el problema desde su raíz.

Un ejemplo de la poca vergüenza de las instituciones a la hora de enfrentarse a sus supuestas responsabilidades sociales para con la gente mayor en Barcelona se encuentra en el caso de la residencia para la tercera edad de la antigua fábrica Alchemika en el barrio del Clot Camp de l’Arpa. L’Associació de Veïnes i Veïns del barrio lleva casi diez años luchando para que dicha residencia sea gestionada de forma pública puesto que la inversión para su construcción proviene de la Generalitat y la construcción corrió a cargo del Ayuntamiento, el cual también aportó fondos. Reclaman, además, prioridad en las listas de espera para los vecinos del barrio. Sin embargo, una vez acabada la obra en 2016, la residencia permaneció cerrada con un vigilante de seguridad 24 horas en la puerta y así permaneció a la espera de que la Generalitat adjudicara la administración a una empresa privada en contra de la voluntad de los vecinos. En 2017, la gestión del centro pasó a manos de una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Ingesan (filial de OHL) y Asproseat. El ayuntamiento actual por su parte dijo que quería comprar completamente la residencia para ponerla a disposición de los vecinos, es decir, querían comprar con nuestro dinero, algo que se construyó con nuestro dinero, con el trabajo de nuestros compañeros de clase y que nos pertenece.

¿Cómo puede entonces la clase obrera permitirse una vejez en paz con tales alimañas políticas aliadas con los especuladores? ¿Cómo puede la clase obrera conciliar una vida siendo explotada con la atención a sus parientes mayores si no dispone de una ínfima ayuda? La vejación con la que se trata a la tercera edad es descorazonadora.

En algunas ocasiones, los Bomberos acudían a la vivienda advertidos por alguna persona que se encontraba fuera y que no podía contactar con su pariente que vivía solo. En otros casos, directamente se acudía cuando los vecinos empezaban a oler el cuerpo en descomposición. Y es que Barcelona no deja de ser un paraíso para los capitalistas, los cuales ven a los trabajadores como máquinas con una vida útil. Cuando envejecemos ya no importamos porque no somos provechosos para generar y producir su riqueza.

La soledad en la que mueren estas personas en su vejez es un síntoma más de este capitalismo depredador, que no hace más que separar los vínculos de hermandad de los seres humanos mediante la glorificación de su individualismo, manteniendo y fortaleciendo así su perverso modo de producción en detrimento de la unión popular y el apoyo mutuo. También demuestra como un sistema como en el que vivimos no tiene ningún interés en ayudar a las familias trabajadoras a poder conciliar su trabajo con el cuidado de una persona mayor, forzando a los trabajadores a llevar una vida de miseria hasta nuestros últimos días.

Los ancianos que mueren solos en sus casas son personas que llevan toda su vida creando riqueza. Riqueza que desgraciadamente ha acabado en manos de cuatro burgueses chupa sangres que ven en Barcelona su tablero de Monopoly sobre el que llevar a cabo su juego económico especulativo y que tangencialmente se convierte en nada para las personas que vivimos aquí. Es inadmisible que los últimos años de la vida de tantos trabajadores tengan que pasarse en aislamiento inducido o en una desatención sanitaria y afectiva total. No se puede tolerar que las familias trabajadoras no puedan permitirse una ayuda cualificada para acompañar a sus mayores. Y es que por más que Ada Colau venga de los movimientos sociales, su conciencia y su falta de humanidad es completamente antiobrera y todo su poder descansa sobre los órganos políticos de un Estado corrupto y fascista. Y es que tras cinco años de mandato nos siguen arrebatando el derecho al trabajo, el derecho a un techo y hasta nos siguen robando la dignidad tras toda una vida de sacrificio y explotación al llegar a la vejez. Un ayuntamiento como el de Colau no hace que el Estado sea un poco más “democrático” sino que le limpia la cara al fascismo.

Es por ello que la clase obrera de Barcelona no deber ser cómplice de esta agresión. Debemos movilizarnos ante este atropello a los derechos de nuestros mayores que no es más que la punta del iceberg de toda una existencia de alienación, explotación y sufrimiento silencioso. Es el momento de alzar la voz. Se lo debemos a los que llevan toda una vida acarreando el ninguneo de los explotadores y sus lacayos políticos. Solo la clase obrera organizada en el Frente Único del Pueblo podrá deshacer este despropósito del oportunismo que se vive en Barcelona y tomar conciencia de que es posible vivir en dignidad y, por lo tanto, morir también con dignidad, satisfecho y en paz. El Partit Comunista Obrer de Catalunya hace un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores más concienciados a engrosar las filas del Partido para sentar las bases de un mundo en el que valga la pena vivir.