El pasado 18 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid explicó en rueda de prensa las nuevas medidas sanitarias que obligan al confinamiento a 37 zonas sanitarias y afectan a más de 19 barrios y pueblos de Madrid, aumentando a 45 zonas sanitarias a partir del próximo lunes. La gran mayoría de estos barrios y pueblos es donde reside la clase obrera madrileña.  Esta estrategia de los gestores del capital en Madrid es más una cuestión de lucha de clases que una medida sanitaria.

En su comunicación Ayuso dejó claras sus intenciones cuando afirmó “hay que evitar el desastre económico” o, en otras palabras, hay que impedir que baje la tasa de ganancia de la burguesía. Sus medidas van orientadas a impedir las pérdidas de las empresas y no a proteger la salud del pueblo trabajador de Madrid, por eso mismo permiten que desde los barrios confinados se salga a trabajar y que haya actividad económica dentro de las zonas con restricciones. Pero, por otro lado, siguen sin dar solución a los problemas que ya hemos ido denunciando, desde años antes de la pandemia y que sí producen aumentos de contagios, como es un transporte público con falta de plantilla y con trenes repletos en las horas punta, donde lo difícil es que no se produzcan contagios. Una sanidad que niega la condición de personal de riesgo a los celadores, que cierra centros de atención primaria en los barrios obreros, generando desatención médica y largas esperas en nuestros barrios. Unas condiciones de vivienda, en plena burbuja del alquiler, que impide a la clase obrera tener una casa en condiciones dignas y que cuando es requerida para la especulación, no dudan en soltar a sus perros para desahuciar a los que no pueden pagar los alquileres o hipotecas con unos salarios de miseria o se han visto en la calle con la excusa de la reducción de producción como consecuencia de la pandemia.

Llegados a este punto no podemos dejar pasar la actuación del Gobierno central. En las últimas horas hemos podido ver como el ministro de sanidad propone intervenir la gestión sanitaria en la comunidad de Madrid. A falta de concreción de dichas medidas estamos seguros de que se tratará de un nuevo episodio en el juego de trileros que desde hace meses se viene produciendo, intentando mostrar que se vela por la salud del pueblo trabajador. Pero no es más que una pantalla de humo partidista tras haber dado el visto bueno a las medidas de Ayuso y haber enviado un mayor número de cuerpos policiales a los barrios obreros confinados para así intentar exculparse e intentar aprovechar el legítimo descontento mostrado en las calles la semana pasada. El Gobierno “de progreso”, compuesto por reaccionarios y oportunistas de diferente pelaje, es igual de responsable que Ayuso de lo que está sucediendo en Madrid, baste para ello echar una mirada hacia atrás y constatar cómo miraron hacia otro lado ante el permanente trampeo de la Comunidad de Madrid en la desescalada subordinando los criterios y las magnitudes sanitarias a los intereses de los empresarios y sus bolsillos.

Los trabajadores y trabajadoras hemos sido testigos, con toda claridad, en esta semana de protestas contra esta decisión absolutamente clasista de confinar los barrios obreros de Madrid, como Gobierno Regional y Central se han coordinado para atacar y reprimir brutalmente estas manifestaciones obreras. Los centenares de imágenes de la brutalidad policial vistas en redes sociales describen a la perfección el carácter de clase del Estado, donde la Policía Nacional -dependiente del Gobierno “progresista”- cargó contra quienes se manifestaban por una sanidad pública en el barrio obrero de Vallecas.

Desde el PCOE y el PCPE hacemos hincapié en que todas estas medidas y carencias no son sólo producto de la mala gestión del PP sino que es parte del ataque sistemático hacia la clase trabajadora por parte de la burguesía y del proceso de trasvase de riqueza del proletariado hacia la burguesía que es la esencia de la política económica del Estado de los monopolios. Estas medidas no son exclusivas de la Comunidad de Madrid sino que se reproducen en todo el Estado y son producto de las condiciones de miseria que el capitalismo impone a la clase obrera para aumentar sus beneficios. Es nuestra obligación alertar a la clase obrera que se moviliza en los barrios para que no se deje engañar por las posiciones oportunistas que proclaman que con la dimisión de Ayuso todo esto se solucionará. La única forma de solucionar este problema es acabar con la raíz de este: el capitalismo y su Estado.

Los trabajadores y trabajadoras de los barrios y municipios del cinturón sur de Madrid, confinados por la Comunidad, son los primeros que pueden constatar no solo lo injusto de esta medida, sino fundamentalmente lo inútil de las mismas. Y es que estamos más que ante un confinamiento por cuestiones sanitarias. Un ciudadano de una zona sanitaria restringida puede desplazarse a cualquier otra zona a trabajar, o acudir a cualquier comercio que se encuentre en su zona para mantener activa la economía (para que la tasa de ganancia decrezca lo menos posible), pero no podrá visitar a un familiar que viva en su misma calle respetando todas las medidas sanitarias, si para esto necesitase cambiar de zona.  Se trata de un nuevo giro de tuerca del Estado para limitar de manera selectiva los movimientos de gran parte de la clase obrera al objeto de frenar la respuesta de los trabajadores ante la depauperación creciente de las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Es por ello que, si de verdad la Comunidad de Madrid y el Gobierno del PSOE y PODEMOS-IU/PCE quisieran atajar los contagios no dudarían, primero, en hacer que sólo acudieran a trabajar el personal de los servicios esenciales. Asimismo, el Estado español está entre los 20 Estados del mundo que más gasta en gastos militares, de hecho el gasto militar previsto para 2020 asciende a la cifra de los 20.300 millones de euros. Si de verdad quisieran combatir la COVID-19 no dudarían en recortar drásticamente el gasto militar y destinarlo, entre otras cosas a aumentar el personal sanitario en los centros de salud y en los hospitales, ampliar las infraestructuras de transporte público con la contratación de chóferes y maquinistas, así como la adquisición de más flotas de autobuses y metros para asegurar un transporte público seguro y se eviten las aglomeraciones y, como no, poner fin a la política urbanística de los capitalistas que expulsan a los trabajadores de la ciudad de Madrid y aledaños, especulando con la vivienda. En este sentido, lejos de expropiar la vivienda cerrada en manos de bancos o las viviendas que se destinan para otro uso crematístico y no para satisfacer el derecho a la vivienda del pueblo, lo que se sigue haciendo es enviar a las fuerzas represivas a ejecutar los desahucios.

Sin embargo, las medidas que requiere la clase obrera madrileña y de las demás naciones que componen el Estado español son inabordables por parte del Estado capitalista español y sus diferentes administraciones. El capitalismo monopolista en el Estado español, al igual que en el resto del mundo, está quebrado y carcomido por la corrupción, es capitalismo en putrefacción, y lo único que puede proporcionar es más corrupción, más represión, más empobrecimiento para los trabajadores.

Estado, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid abandonan a la clase trabajadora a su suerte, y no sólo eso, sino que además se ceban con ellos criminalizándolos, ignorando por completo las necesidades de los barrios obreros y ahora culpabilizándolos de una pandemia y confinándolos de una manera absolutamente injustificada. Además, ante cualquier atisbo de protesta frente a esta situación injusta, se arremete físicamente contra los trabajadores que únicamente piden mejoras en la sanidad pública enviando a la policía a cargar contra ellos.

La pandemia que estamos viviendo está resaltando más que nunca las diferencias existentes entre la clase privilegiada y la clase trabajadora de nuestro país. Esto, a su vez, también nos hace ver a la clase obrera la necesidad de una revolución que derroque a este sistema criminal que nos condena a la miseria y a la muerte para poder construir un sistema, el socialismo, que nos garantice una vida digna de trabajo que cubra nuestras necesidades.

Ahora, más que nunca, los y las comunistas debemos avanzar en nuestra unidad en base a la acción, en base a un programa revolucionario que nos lleve a estar organizados y unidos en los frentes de lucha con la clase obrera, uniendo la lucha de los trabajadores en los centros de trabajo con la lucha de la clase obrera en los barrios, para hacer que la clase obrera cumpla la misión que históricamente le corresponde, derrocar el imperialismo y construir el socialismo, la única manera de acabar con este criminal sistema decadente que nos niega el progreso social y vivir en libertad.

¡Por la unidad de los comunistas!

¡Por la unidad del proletariado contra el capitalismo!

¡Socialismo o Barbarie!

Comité Regional de Madrid del PCPE

Comité Regional de Madrid del PCOE

El pasado 24 de septiembre, los vecinos de las zonas confinadas salieron a manifestarse de forma pacífica pidiendo el fin de las medidas tomadas por el Gobierno de Ayuso, las cuales discriminan por cuestión de clase, además de exigir más recursos para la sanidad pública y una mayor y mejor atención médica en estas zonas confinadas, la cual actualmente es inexistente por la falta de personal médico.

Ante estas, protestas y sin razón aparente, la policía nacional cargó contra los manifestantes con una desproporcionalidad completamente desmesurada, dando golpes por encima de la cadera (algo que está prohibido), sin número de identificación visible e incluso dando cabezazos a los detenidos ya reducidos.

Las medidas discriminatorias por razón de clase han sido obra de Ayuso, pero no podemos olvidarnos del papel de cómplice que está teniendo el Gobierno central de PSOE/UP. Además de permitir las medidas del Gobierno regional de Madrid, no podemos olvidar que la Policía Nacional que cargó a sangre fría contra los manifestantes es responsabilidad del Ministerio del Interior, el cual está dirigido por el cómplice de los torturadores Fernando Grande-Marlaska.

Tanto el Gobierno regional de Ayuso como el Gobierno central de PSOE y UP son culpables de la situación que están viviendo los barrios obreros de Madrid. Mientras criminalizan a la clase obrera acusándonos de ser los causantes de los contagios, siguen obligándonos a ir a trabajar usando el abarrotado transporte público y en centros de trabajo insalubres y hacinados, es por ello el 86,5% de los trabajadores de zonas confinadas van todos los días a trabajar a las zonas no confinadas, según  estudio realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, basado en datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2018.

Los trabajadores hemos sido testigos, con toda claridad, en esta semana de protestas contra esta decisión absolutamente clasista de confinar los barrios obreros de Madrid, como Gobierno Regional y Central se han coordinado para atacar y reprimir brutalmente estas manifestaciones obreras.  La crisis del coronavirus ha dejado ver de forma clara la espeluznante división de clases que existe en nuestra sociedad. Mientras los trabajadores nos jugamos la vida teniendo que ir a trabajar en un metro abarrotado a un centro de trabajo que en la mayoría de los casos no cumple unas medidas mínimas de salubridad, la burguesía sigue engordando su fortuna sin parar mientras la clase política legisla para que este orden de las cosas continúe siendo así.

Los problemas acuciantes que nos afectan hoy a todos los trabajadores, problemas relativos a la sanidad, educación, laborales, las pensiones, el paro y la pobreza, que están aumentando exponencialmente, no podremos solventarlos con soluciones puntuales, sectoriales y a corto plazo, que es como pretenden los gobiernos sofocar el descontento de las clases populares.

Hemos de ir a la raíz, tomar el control y la gestión de los recursos, no sólo de los que concentra el Estado, sino los que acumulan los monopolios y grandes empresas de los sectores estratégicos de la sociedad. Porque son éstos los que en realidad gobiernan y deciden cuántas personas de las clases trabajadoras han de morir para enriquecer a sus dueños y rescatarlos a ellos de sus crisis.

Hemos de remplazar, por tanto, un Estado burgués al servicio de la banca y los grandes empresarios, corrupto y carcomido ya hasta la médula, por un Estado obrero, emanado desde abajo a través de representantes directos en los centros de trabajo (comités de empresa, juntas y delegados de personal), barrios (asociaciones de vecinos), centros de estudio (delegaciones de alumnos), madres y padres de alumnos (AMPAs) junto con asambleas de jornaleros y pequeños campesinos en los pueblos.

¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO CONTRA EL CAPITALISMO!

¡POR EL SOCIALISMO!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Madrid

1. Introducción

Libia, un país que era el ejemplo de desarrollo económico y social de su zona, se levanta hoy débilmente sobre las ruinas de una guerra emprendida por la OTAN; una guerra llevada a cabo por el Nobel de la Paz que pasó sus dos mandatos completos sin un solo día sin guerra. Un país en el que son encerrados en celdas africanos procedentes de Nigeria, Camerún, Chad y otras partes del continente, no porque sean criminales, sino porque al huir de una vida de guerra y pobreza han sido capturados por traficantes que controlan la región a causa de la labor criminal del imperialismo. Son seres humanos, pero esa condición ha quedado en un segundo plano para sus captores: ahora son esclavos. La mayoría acabarán trabajando de forma forzada en la construcción y en el campo. Otros, morirán. Esto es el capitalismo en su fase actual de putrefacción, parasitismo y control monopolista de los recursos, el cual no puede ofrecer a los pueblos del mundo nada más que explotación, represión, expolio, guerra y exterminio.

Hoy, a finales de septiembre de 2020, Libia ha desaparecido por completo de la actualidad televisiva. Ya no existe para la prensa occidental. Se ha convertido en un recuerdo lejano del imaginario colectivo que da paso a nuevas injerencias imperialistas como la actual campaña contra Bielorrusia o la ya más que reiterada propaganda contra Venezuela. Libia se encamina a su octavo año de guerra civil, de mercados de esclavos, de bandas armadas, milicias y de señores de la guerra. La que fue la mayor potencia norteafricana se perfila como un Estado fallido que refleja a la perfección el destino que la burguesía ofrece para el proletariado mundial.

El presente documento aborda la actual situación libia desde una perspectiva que toma como núcleo central la importancia de los recursos energéticos y la inestabilidad política del Estado en su historia reciente, tras el asesinato de Gadafi. Las raíces del conflicto, la disposición y descentralización del poder, el control por las fuentes de hidrocarburos y el actual mercado de esclavos se mezclan para dibujar un proceso político completamente desgarrador.

2. El asesinato de Muamar el Gadafi y la labor de la OTAN

Lo que comenzó como unas protestas antigubernamentales – que se enmarcaban dentro de la denominada «Primavera Árabe» –, terminaron con la intervención de la OTAN y la destrucción del país con más altos estándares de vida en toda África, con educación y sanidad gratuitas. Cuando se produjo la “revolución” libia – motivada por la injerencia imperialista en el país – en la primavera de 2011, los medios y políticos, representantes de la burguesía y los intereses del capital financiero, no dudaron en concluir que el devenir del país cambiaría radicalmente con la muerte de Gadafi y la creación de un «Estado moderno».

La guerra en Libia estalla, oficialmente, el 15 de febrero de 2011, al objeto de deponer el gobierno de Muamar el Gadafi [gobierno 1969-2011] que terminaría por ser asesinado el 20 de octubre de ese mismo año. En 2011, Gadafi fue derrocado por los rebeldes con el apoyo de aviones y barcos estadounidenses, franceses y británicos. Tres días después, la guerra acaba, pero solo de forma oficial. Comienza entonces un período de transición en el que el gobierno es presidido por el empresario Abdurrahim El-Keib [gobierno 2011-2014] del Consejo Nacional de Transición (CNT) – institución posteriormente sustituida por el Congreso General de la Nación.

A pesar de la relativamente escasa intervención militar que fue necesaria en Libia, se puede afirmar sin ninguna duda que Libia fue una guerra plenamente estadounidense. Si la maquinaria política, diplomática y, posteriormente, militar de Estados Unidos no hubiera comenzado a girar, la guerra en Libia no habría existido. Todo lo que ocurrió tras el derrocamiento de Gadafi obedece a la injerencia de la administración Obama junto a la de sus adláteres franceses y británicos. Es decir, obedece al imperialismo criminal de la OTAN. Dentro de la administración Obama, son los dos últimos candidatos demócratas quienes más favorables se mostraron hacia la agresión imperialista y a la guerra; Hillary Clinton y Joe Biden. Derek Chollet – Subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional [en el cargo 2012-2015] – dijo que “Libia parecía un caso sencillo”. Chollet, como apreció el resto de la administración Obama, entendió la Primavera Árabe como una oportunidad para impulsar políticamente a los candidatos que fueran más sumisos al imperialismo. Según afirmó el portavoz del Pentágono a la CNN: “a fecha de 30 de septiembre [de 2011] el Departamento de Defensa gastó en las operaciones en Libia 1.100 millones de dólares. Esto incluye las operaciones militares diarias, municiones, la retirada de los suministros y la asistencia humanitaria”. Posteriormente, Joe Biden casi duplicó esa cifra en declaraciones también a la CNN: “la alianza de la OTAN funcionó como se supone que debe hacerlo, compartiendo los costes. En total nos costó 2.000 millones de dólares y ninguna vida estadounidense”.

Para sorpresa de nadie, en Libia no se buscaba crear un Estado más próspero y que alcanzara nuevas cotas democratizadoras, lo que ansiaba el imperialismo eran los recursos naturales. Una vez saqueada y eliminada la mayor potencia norteafricana, Libia fue abandonada a su suerte:

“Poco después de la revolución, el proceso político – encargado en una hoja de ruta redactada por el CNT – se relevó demasiado endeble. Carecía en efecto de apoyo institucional suficiente para hacer frente a las milicias surgidas durante la guerra civil y a la resurrección de diversos grupos sociales, políticos, religiosos y regionales.” (Vanderwalle, 2015)

La etapa que sigue a Gadafi se ha caracterizado por el protagonismo y la proliferación de grupos armados que se han crecido de manera exponencial por todo el país. Con el objetivo de garantizar su seguridad y salvaguardar los pozos y puertos petrolíferos “la nueva élite política del Gobierno incipiente [tras las elecciones legislativas de 2012] dibujó una estrategia basada en la creación de «instituciones milicianas» próximas a un núcleo de poder determinado que debía garantizar su protección a cambio de la cual serían recompensadas.” (García & Mesa, 2015)

En ningún momento se promovió la creación de instituciones capaces de reconstruir el Estado libio tras la guerra civil de 2011. Las milicias comenzaron a obtener territorios de responsabilidad y control, cuya acción no tenía nada que ver con los intereses generales del proletariado de la región. “Un modelo en el que ninguna de las facciones renuncia a imponer su propia hegemonía política, atribuyéndose potestades de mando de un país desmantelado, carente de leyes y orden.” (García & Mesa, 2015)

3. La Segunda Guerra Civil libia (2014 – actualidad)

A la caída de Gadafi le sucedió un desmantelamiento, fragmentación y descentralización absoluta del poder, que fue a parar a una telaraña de organizaciones armadas. Ocho años después, Libia continúa en esa situación. Una situación que se vuelve cada vez más exigente, pues el monopolio del capital económico libio depende del peso de la fuerza política, la cual se mide directamente en el número de combatientes que la protege. “Las rentas del petróleo y del gas se juegan en un escenario donde compiten élites rebeldes y élites políticas que interactúan constantemente por el control de país.” (García & Mesa, 2015)

La Segunda Guerra Civil libia comienza en mayo de 2014. Desde entonces, el general Jalifa Hafter, protegido por la CIA, ha asediado la ciudad de Trípoli con todas sus fuerzas. Bajo su mando, existe un gobierno paralelo en el país desde hace ya 6 años, provocando cientos de muertos y heridos en su intento fallido de tomar la capital. Sin embargo, Hafter no tiene el control real. Son las miles de milicias armadas quienes inclinan la balanza y ejercen una influencia real en el destino del país.

La duplicidad institucional se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones del país en dos gobiernos; uno liderado por Sarraj, con sede en Trípoli; y otro comandado por Hafter, con sede en la ciudad de Tobruk. Desde entonces, los intentos de unificación han caído en saco roto. En la zona occidental del país, en Trípoli, se encuentra el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés), que cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional – entre ellos, respaldado por la ONU – y está liderado por el Primer Ministro del Estado de Libia Fayez al Sarraj [gobierno 2016-actualidad]. Mientras tanto, en Tobruk se encuentra el parlamento fiel a las tropas de Hafter.

El grupo armado con mayor solidez es el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) que controla Hafter, formado por exmiembros del ejército libio, milicias conservadoras salafistas y grupos tribales de la zona sur. Por su parte, en la capital existe la denominada Fuerza de Protección de Trípoli, conformada por cuatro milicias: los revolucionarios de Trípoli, las fuerzas de seguridad central de Abu Salim, el batallón Nawasi y las fuerzas especiales de disuasión.

4. Potencias internacionales implicadas

La Segunda Guerra Civil libia que tiene dos elementos cruciales: el control de los recursos petrolíferos y de las instituciones financieras; y una verdad, desde la caída de Gadafi en 2011 Libia nunca ha estado realmente en paz.

“Los que habían luchado contra el régimen no entregaron las armas; el gobierno provisional los «integró» en los ministerios de Defensa e Interior. […] En realidad, era justo lo contrario: los grupos armados se habían «adueñado» del gobierno asaltando el Parlamento, secuestrando al primer ministro y repartiéndose los cargos públicos, el dinero y las compras de armas.” (Toaldo, 2015)

La lógica de la hegemonía económica – del control monopolista, parasitario y sin precedentes de los recursos del planeta, entre los que destaca el petróleo – es un elemento crucial a la hora de reconstruir lo ocurrido en Libia desde el año 2011. Desde entonces, el país se ha sumido en una vorágine de violencia por el control de los recursos energéticos de un país en el que, de sus poco más de seis millones de habitantes, aproximadamente dos millones se han visto forzados a buscar refugio allende sus fronteras, convirtiéndose en refugiados, esclavos o muriendo en el Mediterráneo.

El Gobierno de Acuerdo Nacional cuenta con el apoyo de la ONU, Turquía y el de Qatar. El general Hafter, por otro lado, se apoya en Rusia, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Principalmente, el deseo de los países imperialistas radica en los ricos depósitos de petróleo y gas en el Este del Mediterráneo, algo por lo que están compitiendo actualmente la OTAN, Turquía, Chipre, Egipto e Israel.

Es en verano de 2016 cuando más se intensifican los combates en Libia. El GNA agradecería a los Estados Unidos, Reino Unido, Turquía e Italia su apoyo. Lo que en teoría era un apoyo meramente logístico, a la larga se acabó por demostrar la presencia de fuerzas de la OTAN – estadounidenses y británicos principalmente – sobre el terreno de ciudades como Sirte o Bengasi. Paralelamente, Hafter recibía apoyo, principalmente, de Emiratos Árabes Unidos y de Egipto. Más tarde, el propio Hafter en persona volaría a Moscú para conseguir el apoyo de contratistas rusos, fuerzas especiales y acuerdos armamentísticos. “Con estos apoyos Hafter lanzó una ofensiva sobre los campos petrolíferos de Ras Lanuf, Sidra y Zuetina no alcanzando el control total hasta 2017, puesto que sufriría varios contraataques por parte de diversos grupos milicianos.” (González, 2017)

Las «tropas rebeldes», que controlan el país a orden de Hafter, tienen el objetivo de tomar la capital y es por ello que la mantienen bajo asedio constante, actuación que se conoce como Operación Inundación de Dignidad. Una empresa que se tornó imposible y es por ello que el 6 de junio de 2020, apoyado por Egipto, presentó desde El Cairo una propuesta de paz y desarme para poner fin a la guerra.

Sin duda alguna, todas las partes involucradas en el conflicto libio han de ser considerados como criminales de guerra. De entre todas estas, el papel protagonista se lo lleva la OTAN, encargada de bombardear las fuerzas de Gadafi, en su empeño por eliminarle, y dejando a su paso un país completamente a merced de las milicias. Todo esto, para posteriormente ofrecer una ridícula salida dialogada por medio de los diplomáticos de Naciones Unidas.

Por su parte, la labor de EE. UU. fue la utilización de grupos terroristas que realizaron el trabajo sucio mientras que los medios de comunicación hablaban de protestas y levantamientos espontáneos. El New York Times, en 2011, relatando lo siguiente:

“El Grupo Islámico Combatiente Libio se creó en 1995 con el objetivo de destruir al coronel Gadafi. Empujados a las montañas o al exilio por las fuerzas de seguridad libias, los miembros del grupo fueron de los primeros en unirse para luchar contra las fuerzas de seguridad de Gadafi […] Oficialmente el grupo ya no existe, pero sus antiguos miembros están luchando principalmente bajo la dirección de Abu Abdallah Assada.”

Por tanto, es evidente que los servicios de inteligencia europeos y estadounidenses eran conscientes de que estaban brindando apoyo a grupos potencialmente criminales, con una alta probabilidad de que entre las filas de reclutados existieran miembros de grupos terroristas, que para nada iban a construir una nación próspera y democrática tras la caída de Gadafi.

Y en medio de este territorio sin ley, decenas de grupos militares islamistas se han establecido por el país y actúan como traficantes de migrantes y esclavos.

5. Conclusión

Hoy, el proletariado mundial contempla como Libia está muy lejos de los días anteriores a la “revolución” de 2011. Muchos, seguramente, no imaginaban los horrores que esperaban al futuro del país a causa de la intervención estadounidense y europea, y a la ineficacia de la comunidad internacional.

Las consecuencias directas de convertir a la principal potencia de su zona en un Estado fallido en el que se comercian con esclavos han sido: la oleada migratoria hacia Europa; el endurecimiento de las políticas antiinmigración de quienes se autodenominan baluartes de la libertad y la democracia; el cierre de las fronteras; la impasibilidad hacia las muertes masivas en el mar Mediterráneo; las sanciones hacia quienes tratan de ayudar a inmigrantes; el hacinamiento de las personas que huyen de la guerra y la miseria en campos de refugiados – o, como en el caso del Estado español, encerrándolos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)– ; y, por supuesto, el aprovechamiento de la situación por los grupos y partidos políticos fascistas para realizar toda clase de discursos racistas a fin de dividir y enfrentar al proletariado por motivos raciales y soterrar la lucha de clases.

Madrid, 25 de septiembre de 2020

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

Bibliografía

• García, M. & Mesa, B. (2015). Libia: la «nueva guerra» por el poder económico. En Revista CIDOB. d’Afers Internacionals No. 109, Escenarios post-primavera árabe: actores y dinámicas de cambio, pp. 91-107.
• González, J. (2017). La olvidada guerra de Libia. En Descifrando la Guerra. Recuperado de: https://www.descifrandolaguerra.es/la-olvidada-guerra-libia/
• Toaldo, M. (2015). Petróleo y política en la segunda guerra civil libia. Recuperado de: https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/afkar/afkar-45/21Mattia%20Toaldo%20.pdf
• Vanderwalle, D. (2015). La incierta revolución libia. En Política Exterior, Vol. 29, No. 164, pp. 44-49. Estudios de Política Exterior S.A.

Haciendo un ejercicio científico, de materialismo dialéctico, desde el PCOE llevamos años advirtiendo de la actual crisis económica, que podía deducirse por las tendencias económicas más conservadoras de inversores e imperialistas en general. De esta forma, publicamos comunicados como Elecciones generales: la crisis se acentúa y la situación política se radicaliza, Coronavirus, la justificación de los capitalistas para salvar su moribundo sistema económico o La COVID-19 es la excusa perfecta de los monopolios para imponer el cambio en el modelo productivo. En este último, en particular, aseverábamos:

«La patronal pretende devolver a la clase trabajadora a la década de los 60s y 70s del siglo pasado, cuando en las grandes ciudades del Estado español las familias de trabajadores hacían trabajos manuales en casa – realizar casquillos eléctricos, montajes de bolígrafos, montajes de cajas, montaje de sobres de cromos, etcétera. Entonces era para que las mujeres de los obreros sacaran un ingreso extra para las familias, ante los salarios exiguos de sus maridos, hoy pretenden que sean la fuente de ingresos de los trabajadores, que dejarán de ser trabajadores y pasarán a ser autónomos, o colaboradores como gusta llamar a los burgueses. Lo que sí es que, en ambas situaciones, volverá el destajo y los trabajadores retrocederán en derechos – a enfermar, a vacaciones, etcétera.

La patronal de esta manera no sólo pretende introducir el destajo, no sólo pretende acelerar los ritmos de trabajo sino también dividir y desorganizar a los trabajadores y ahorrar en costes, tanto salariales como de espacio y suministros.»

Así, el gobierno “más progresista de la historia” ha convertido en los últimos meses nuestras palabras en hechos con los ERTEs (que el 1 de octubre se convertirán en EREs), con el teletrabajo, con las deplorables condiciones de vida de los jornaleros, con el Ingreso Mínimo Vital… Y no podía ser de otra forma pues los que componen este gobierno, a pesar de los esfuerzos de la prensa burguesa por pintarlos como revolucionarios bolcheviques, no son más que burdos capitalistas, oportunistas, aquellos que acertadamente Lenin decía que vendían al pueblo “por un plato de lentejas”.

Estos atropellos contra la clase obrera se producen a todos los niveles. Nada ni nadie está a salvo de los recortes, de la desvalorización del mundo humano en favor de la valorización del mundo de las cosas. Y el ejemplo perfecto lo vemos recientemente en la educación: el Ministerio de Educación y las respectivas consejerías de las comunidades autónomas han acordado la supresión del Máster de Profresorado como requisito para impartir aula durante la pandemia. El motivo que alegan para esto es la insuficiencia del número de profesores para abordar las condiciones que obliga la COVID-19.

Si apuntamos brevemente, vemos que la situación que el Estado llama “nueva normalidad” ha impuesto en las aulas la necesidad de reducir los ratios, elevar el número de profesores en los centros, dotar de más medios tecnológicos a los colegios e institutos públicos… En otras palabras, las reivindicaciones que la comunidad educativa lleva décadas exigiendo son ahora imprescindibles para recibir una educación. Si a esto añadimos que estas medidas no se están llevando a cabo en muchos de los centros públicos que existen en España, estamos viendo negro sobre blanco que la educación en este país es un auténtico despropósito.

La Educación está siguiendo el mismo camino que la Sanidad hace unos años, y no es más que el camino de la precarización y el desmantelamiento de los servicios públicos. Según un informe de 2019 de Comisiones Obreras (un sindicato para nada progresista y que ha defendido la última medida de Celáa como “algo excepcional”) el 37% del profesorado tiene más de 50 años y en un lustro se jubilarán en España 70.000 docentes. Además, la relación que establece la OCDE como idónea entre profesores jóvenes y mayores es del 0’5 (esto es 10 profesores jóvenes por cada 20 mayores), mientras que en España este cociente es de 0.15 (es decir, hay 3 profesores jóvenes por cada 20 mayores).

Estos datos responden claramente a una tendencia: una plaza que queda libre por una jubilación lo más probable es que quede desierta de por vida. Con lo cual, se verifica aquello que escribíamos en el 2019 en el comunicado titulado Sobre la Educación Pública, la Educación Concertada y la Educación Privada:

«(…) vemos la ligazón inseparable del desarrollo de la industria con la educación, encontrando en esta última el canal que tiene el capitalismo para obtener mano de obra cualificada. Es decir, que la calidad y la accesibilidad de la educación están subyugados a la necesidad de la empresa privada y, en definitiva, de la burguesía. La burguesía marca, entonces, el límite de lo que pueden o no pueden saber los desposeídos.»

Con el progresivo desmantelamiento de la industria en España, la cantidad de recursos que se pueden destinar a los servicios públicos cada vez es menor debido al desempleo y la inestabilidad. Por consiguiente, como la demanda de la mano de obra cualificada desciende, el empeoramiento de los servicios educativos como medida de ahorro se convierte en algo natural en el capitalismo. Así es como se envejece al profesorado en el Estado Español.

Sin embargo, la crisis del coronavirus ha acelerado las condiciones de desempleo y miseria de la población y ha dejado al descubierto el saqueo silencioso a la Educación Pública. A este respecto, el Gobierno de PSOE-UP debe salir del paso de forma que siga favoreciendo al Capital, por lo que se han sacado de la manga que en España no hay profesores (de la misma forma que Ayuso afirmaba que en Madrid no había médicos) y que es necesario hacer un llamamiento a aquellos elementos con titulación universitaria para realizar tareas docentes.

Como no puede ser de otra forma, esto no es más que una burda mentira para abaratar los costes de contratación en la Educación, como bien están haciendo ya en la Sanidad. En España se forman decenas de miles de docentes todos los años, pero la situación de deserción de plazas les lleva a renegar de lo público y postularse a otros empleos en la educación concertada o privada o, directamente, fuera del sector educativo. La contratación de estos docentes sin plaza implicaría la remuneración correspondiente a cualquier interino o sustituto, cosa que con seguridad no exigirá un recién titulado al que la diferencia de sueldo se le justificará por la situación excepcional y por la falta de una preparación real como profesorado.

Si el Estado realmente quisiera abordar la cuestión de la enseñanza, no se plantearía dos veces la contratación indefinida de todos y cada uno de los titulados universitarios con formación de profesorado, puesto que en Educación y en Sanidad nunca hay exceso de personal o de material. Pero esto sobrepasa los límites burgueses; enseguida se esgrimen los argumentos que declaran la incapacidad de financiar los servicios públicos, mintiendo una vez más.

El Estado español tiene la capacidad suficiente para garantizar una educación pública, gratuita, de calidad y universal a todos y cada uno de los alumnos que existen en el país. Lo que impide que esto sea posible es el carácter de clase del Estado, su carácter profundamente burgués. Esto le lleva a favorecer la avaricia de los empresarios, que sólo pueden enriquecerse cada vez más a través de la bajada de salarios y los despidos. Pero he ahí la contradicción del Capital: si el poder adquisitivo de los trabajadores desciende, la carga impositiva que estos pueden soportar es aún menor, por lo que son necesarios los recortes de aquellos servicios públicos que no aportan rentabilidad a las arcas. Como dice el dicho popular “la pescadilla que se muerde la cola”.

Es claro, entonces, que son los elementos burgueses los que pervierten lo público y que para que los hijos de la clase obrera ejerzan realmente el derecho a la educación gratuita y de calidad, es necesario superar de una vez por todas el Estado Burgués, enviarlo al estercolero de la historia e implantar el Socialismo, el dominio obrero del Estado. Sólo así podremos asegurar la máxima marxista de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Y para llegar a ello es indispensable la unidad de la clase obrera, que solamente se podrá llevar a cabo si los comunistas, los únicos revolucionarios, emprendemos también el proceso de unidad.

¡Por una educación obrera!

¡Por el socialismo!

¡Por la unidad de los comunistas!

Secretaría de Movimiento Obrero y de Masas del Comité Central del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

El pasado 17 de septiembre conocíamos el veredicto que el jurado popular imponía a Rodrigo Lanza por el famoso “caso de los tirantes”, culpable de asesinato, con los agravantes de motivación ideológica e indefensión de Víctor Laínez. Tras este veredicto, sobre Rodrigo Lanza pesan 20 años de prisión a petición de la fiscalía, y 23 por parte de la acusación “popular” del partido fascista VOX.

Este segundo juicio, motivado por la familia en disconformidad con la sentencia del anterior juicio, que condenaba a Rodrigo Lanza a 5 años de prisión por imprudencia homicida, y donde en el primer juicio se tomó como correcto que Víctor Laínez murió por el golpe que recibió al caer, ha determinado que la muerte la provocaron los golpes que Rodrigo Lanza le propinó “por la espalda”. Durante meses hemos visto cómo se hablaba de unos tirantes de España como motivadores de la agresión, y se ha dado por válido como prueba para el delito de odio pero ¿dónde están los tirantes?

Los medios no han dudado en blanquear a Víctor Laínez y venderlo como un tierno abuelo inocente e incapaz de hacer daño a nadie y totalmente apolítico, pero ¿quién era Víctor Laínez? Si buscamos en los medios estos días nos hartaremos a ver fotografías de Rodrigo Lanza, de su cambio estético o de su derrumbe al conocer la sentencia o, en el mejor de los casos, entrañables fotografías de Víctor siendo un buen tipo. No hace falta hurgar mucho para encontrar fotografías de Víctor Laínez con simbología fascista, con un cuchillo o con “entrañables” personajes fascistas condenado por agresiones por motivos ideológicos.

A todas estas pruebas de la poca “inocencia” de Víctor Laínez se suma la carta de un dirigente de Falange en la que este admite y defiende a Víctor como falangista militante, esto sumado a fotografías en las que podemos ver al “pobre corderito” junto al emblema de falange o en homenajes en El Valle de los Caídos nos confirman lo que, obviamente, ya era más que patente y los medios intentaban ocultar, Víctor Laínez era un fascista.

Tras la muerte y sin ningún tipo de sentencia en firme, partidos como Falange o España 2000 hicieron un llamado a movilizaciones, algunos de ellos llamando a la venganza, todo ello con una impunidad absoluta y sin consecuencias legales, demostrándose el carácter clasista y reaccionario del Estado.

En el Estado español no son pocos los casos en los que un antifascista ha sido asesinado por motivos ideológicos, tenemos sonados casos como el de Carlos Palomino, quien murió apuñalado a manos de Josué Estébanez, quien era militar y que acabó con la vida de un joven antifascista de 16 años, y cuya condena se fijó en tan solo 26 años, 3 más de lo que piden para Rodrigo Lanza, pese a que este no portaba ningún arma consigo, y que en todo momento declaró defenderse de un fascista al que los medios han pintado de corderito degollado. El de Francisco Javier Verdejo, asesinado por la Guardia Civil por escribir una pintada, inconclusa, con el mensaje “Pan, Trabajo y Libertad”, crimen que ni tan siquiera fue investigado cerrándose como un accidente. O el asesinato de Guillem Agulló, que fue apuñalado por un grupo de fascistas, de quien tan solo uno de ellos cumplió 4 años de cárcel al considerarlo “una pelea juvenil” y no un delito de odio pese a las numerosas pruebas que apuntaban a la motivación ideológica, como el hecho de que tras el asesinato entonaran el “Cara al Sol”.

No hace falta indagar mucho para saber que, tras los fascistas de navaja y esvástica, están los fascistas togados, quienes se aseguran de que las agresiones fascistas queden en chiquilladas, cuando no impunes, y la resistencia antifascista quede como terribles asesinatos de inocentes patriotas o, incluso, terrorismo si los fascistas afectados son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y es que la Judicatura es otro ejemplo de que todo sigue en orden, fascista, desde 1939. Los Juzgados de lo Social, herederos de la Magistratura franquista, dan carta de legalidad a la inmensa mayoría de los atropellos perpetrados por la burguesía en los centros de trabajo. El Tribunal de Orden Público franquista encargado de perseguir a comunistas y antifascistas, ha sido relevado por la Audiencia Nacional, que en sus salas de lo Penal también persigue lo que ellos llaman “delitos políticos”, persiguiendo a comunistas, independentistas, antifascistas, y dando cobertura y cobijo legal, cuando no impunidad, a torturadores y a fascistas los cuales siguen muriendo en la impunidad y con sus condecoraciones, como por ejemplo pasó con Billy el Niño.

Pero esto no nos debe extrañar, es la naturaleza fascista del Estado español. El fascismo es la tabla de salvación de la reacción, de la burguesía en la crisis general del capitalismo. La tabla a la que lleva agarrada la burguesía desde hace casi un siglo. Y la burguesía está agarrada a dicha tabla de salvación porque es consciente que está en los estertores de su criminal régimen y de su criminal existencia.

El fascismo es un poder precario, es un poder con pies de barro, hundido en el cieno de la corrupción y que está totalmente quebrado, es capitalismo en putrefacción. Es la constatación que estamos en la fase histórica donde lo viejo debe terminar de morir y lo nuevo, el socialismo, debe imponerse, por ello el fascismo es la única vía que tiene el capital financiero para mantener en pie a su sistema caduco, corrompido y quebrado. Cada día que pasa se acentúa la depauperación de las condiciones de vida la clase obrera y demás clases laboriosas, a las que les han arrebatado todos sus derechos y únicamente le queda uno, el derecho a rebelarse contra un sistema criminal que lo oprime y que lo hunde en el oprobio. La clase obrera hoy se encuentra en una disyuntiva, o da una salida revolucionaria a la situación de precariedad y represión que padece o se somete todavía más a la reacción, al fascismo, que es lo único que puede ofertar la oligarquía y su Estado. Hacemos un llamamiento a los trabajadores conscientes y a los antifascistas a fortalecer las filas del Partido Comunista Obrero Español (PCOE). Asimismo, es necesario que las luchas de los distintos sectores que componen el proletariado se fundan en una única lucha de clases contra la burguesía y su Estado, en un Frente Único del Pueblo donde antifascistas, jubilados, obreros, estudiantes, etcétera, acumulen sus fuerzas constituyendo órganos de poder proletario, construyendo una fuerza revolucionaria que le sirva a la clase obrera para romper el yugo de la represión y la explotación y cumplir con su misión histórica: destruir el capitalismo y edificar el socialismo para avanzar hacia el comunismo.

¡SOLIDARIDAD CON RODRIGO LANZA Y TODOS LOS ANTIFASCISTAS REPRIMIDOS POR EL ESTADO!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

Madrid, 24 de septiembre de 2020

SECRETARÍA DE JUVENTUD DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

El pasado 17 de septiembre, en Nueva York, se realizó una marcha en señal de protesta contra una de las prácticas más horrendas en nuestra historia reciente: se está realizando una esterilización masiva de mujeres migrantes en centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Las mujeres fueron sometidas a histerectomías (extirpación de todo el útero o parte de este) de forma no autorizada en un centro de detención en Irwin (Georgia), así como también se han denunciado violaciones sexuales en una instalación en El Paso (Texas). Según datos de la propia ICE, entre 2013 y 2017 se registraron 1310 denuncias de agresiones sexuales en dichos centros. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense recibió, entre 2014 y 2018, 4556 denuncias de abusos sexuales contra niños migrantes en las instalaciones en la frontera con México.

En este sentido, las esterilizaciones forzosas, que son según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una forma de eugenesia, no son una práctica desconocida para el gobierno estadounidense:

“Desde mediados del siglo XIX y durante el XX, Estados Unidos realizó gran cantidad de esterilizaciones forzosas, intervención quirúrgica que, por medio de la coerción o el engaño, buscaba terminar con la capacidad reproductiva de, en este caso, las «mujeres del Tercer Mundo» [asiáticas, africanas y latinoamericanas] en Estados Unidos y Puerto Rico. Si bien esta práctica por parte del Estado comenzó a mediados del silgo XIX con la llegada masiva de inmigrantes, fue en las décadas del sesenta y setenta del siglo XX cuando se masificó, convirtiéndose en algo habitual en las vidas de las «mujeres del Tercer Mundo»”. (Beal, 1970) [1]

Una práctica que se realiza de manera forzada, sin respetar el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y vulnerando completamente su salud y su integridad, tanto en el plano físico como mental. Muchas de las mujeres que sufrieron estas prácticas no terminaban de comprender qué les iba a pasar; falta de comunicación, barreras del idioma y engaños. Un tipo de violencia sobre las mujeres que forma parte de la política de “Tolerancia Cero” llevada a cabo por el reaccionario Donald Trump contra la población migrante, que ha ocasionado la separación de familias sin papeles en la frontera con México y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Centroamérica en aras de cumplir el “Remain in México” (Quédate en México).

En los centros de detención estadounidenses las personas son humilladas, separadas de sus familias, torturadas, violadas, encarceladas y esterilizadas. Estados Unidos está llevando a cabo, a partir de la lógica racista y machista, un control poblacional selectivo hacia uno de los sectores más vulnerables y perjudicados: las mujeres migrantes, que sufren en sus carnes la exclusión, subordinación, opresión y muerte.

“Cuando conocí a todas estas mujeres que habían sido sometidas a cirugías, pensé que esto era un campo de concentración experimental. Era como si estuvieran experimentando con nuestros cuerpos”, relató una migrante encarcelada. [2]

La crisis social y económica que está travesando Estados Unidos actualmente es producto de varios factores, entre los cuales podemos mencionar la fuerte represión policial que ha dado origen al movimiento antirracista Black Lives Matter. Esta situación se suma al clasismo, sexismo y racismo, en definitiva el fascismo, que está incrustado hasta el tuétano del Estado norteamericano, así como su absoluta bancarrota económica – la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE. UU. calcula que la deuda del país a finales de años equivaldrá al 98% del PIB, superando los 20 billones de dólares, el nivel más alto desde el final de la II Guerra Mundial – y la gestión desastrosa de la pandemia, lo que se traduce en una disyuntiva clara para la clase trabajadora: socialismo o barbarie.

Las prácticas completamente criminales contra las mujeres migrantes, así como la represión hacia el movimiento antirracista, son un ejemplo de las desigualdades y las formas de dominación que ejerce la burguesía hacia el proletariado. Por ello, arengamos a todas las mujeres negras, chicanas, latinas y nativas a que tomen sus propias experiencias personales – cargadas de opresión sexual, hambre, miseria, desempleo, y humillación – como punto de partida para organizarse políticamente, rompiendo las cadenas del capitalismo y construyendo el socialismo.

Las salidas para la opresión del capitalismo no son individuales, sino colectivas. Cualquier reivindicación democrática supone, en la actualidad, una contradicción estructural. El capitalismo – en su fase imperialista y de decadencia – es incapaz de avanzar más, las fuerzas productivas no se desarrollan y, por ende, las concesiones democráticas son inviables. Al contrario, los derechos y libertades de la clase obrera no harán más que retroceder. El choque de las fuerzas productivas con las relaciones de producción solo puede ser resuelto por la revolución socialista. El final de capitalismo, de la propiedad privada de los medios de producción y de la sociedad dividida en clases permitirá a la mujer desarrollarse plenamente, eliminar toda opresión y conformarse como un ser histórico diferente. Por eso, el problema de la mujer obrera no es ser mujer, es vivir en un régimen capitalista.

En ese sentido, el Partido se perfila como la herramienta imprescindible para la toma revolucionaria del poder. Sin su vanguardia, la clase obrera pierde la base material para entablar el combate político-ideológico, lo que la lleva, entre otras cosas, a la fragmentación. Las acciones de la clase obrera, como sujeto revolucionario y sobre la base de un conocimiento científico socialista, tienen la capacidad de superar el modo de producción capitalista. Somos nosotros, los trabajadores, los portadores de las fuerzas productivas, quienes mandaremos al capitalismo al vertedero de la historia.

Madrid, 23 de septiembre de 2020

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

Referencias

[1] Beal, F. “Double Jeopardy: To Be Black and Female”. En: Bambara, T. (Comp.) The Black Woman. An Anthology. Nueva York: Washington Square Press, 1970, pp. 109-122.

[2] Agencia de Noticias RedAcción (2020). Denuncian esterilización forzada a mujeres migrantes en Estados Unidos. Recuperado de: https://www.anred.org/2020/09/17/denuncian-esterilizacion-forzada-a-mujeres-migrantes-en-estados-unidos/

Como denunciaba el PCOE el 12 de mayo de 2020, el “plan de choque” en la sanidad andaluza se está aplicando a sangre y fuego, pero no con el objetivo anunciado de aligerar las listas de espera, sino todo lo contrario, dejar bajo mínimos el sistema de salud público en beneficio de los grupos de sanidad privada que como aves de rapiña parasitan nuestra salud y dinero público.

La receta, reconocida por los propios responsables en 2019, como el gerente del hospital de Osuna, era clara: “lo que hacemos es que con los mismos profesionales que tenemos se refuerzan y a base de ampliar sus horarios de trabajo […] con los profesionales y los medios materiales que tenemos se pueden organizar las cosas para que se atienda un mayor número de personas”.

La situación ya está estallando en los centros de atención primaria de la provincia de Sevilla, donde se concentran cientos de vecinos por la imposibilidad de conseguir siquiera una cita con el médico de cabecera. Lo cual está provocando que muchos pacientes no puedan continuar sus tratamientos: enfermedades respiratorias, diabetes, cáncer, mamografías, pediatría, … están dejando de ser atendidas porque todo el personal lo han desviado para responder a la pandemia del COVID-19. En realidad, la pandemia la están utilizando como excusa para dar un hachazo más a la atención sanitaria que recibe el pueblo trabajador.

Desde Salud Responde o bien no responden, o mantienen en cola de espera durante horas o no dan citas en 15 días. Trabajadores de dicho servicio denuncian que hay hasta 2000 chats de dudas sin responder cada día. En una sala con capacidad para 110 trabajadores sólo hay 65. El servicio de Salud Responde fue adjudicado por 9,9 millones de euros a la empresa Ilunion del grupo ONCE, que ofrece condiciones miserables: salario bruto de 250 euros al mes por trabajar sólo fines de semana. Ilunion es un grupo empresarial que saca plusvalías extra contratando personal con discapacidades, obteniendo subvenciones, pero que realizan las mismas tareas que si no tuvieran ninguna discapacidad.

El personal de atención primaria denuncia que no pueden más, todas sus tareas están absorbidas por el seguimiento de los casos de COVID-19, sin poder atender el resto de pacientes. Tienen que identificar, valorar gravedad, solicitar PCR, aislar, dar de baja laboral, rastrear, contactar, resolver dudas… Todo esto con agendas ya sobrecargadas de entre 40 y 80 pacientes. Así lo afirma Carmen González, médica de familia y presidenta de la asociación “Basta Ya” de médicos de atención primaria: “Parece que no valemos nada. Que da igual cómo atendamos al paciente. No puedo atender un caso de violencia de género en cinco minutos. Nos vamos a volver locos, cometemos errores…”.

La situación está siendo más evidente en atención primaria, pero afecta a todos los ámbitos del sistema de salud. El sábado 29 de agosto, se mandató a enfermeras del Centro de Salud de Mairena del Aljarafe en Sevilla dejar el puesto de Urgencias para realizar PCR a la residencia de ancianos de Vitalia de la misma ciudad. Las matronas del Hospital de la Mujer de Virgen del Rocío de Sevilla, una vez más, han tenido que hacer huelga ante la falta insostenible de personal. Hasta 4 puestos sin cubrir en turnos de 10.

Según el Sindicato de Enfermería SATSE de Sevilla “el aumento de la presión asistencial tanto en Primaria como en los centros hospitalarios, las largas colas para ser atendidos en los centros de salud, las demoras de más de 14 días para obtener una cita o la imposibilidad de contactar por teléfono con los mismos, están provocando un incremento de las situaciones de tensión y un colapso del sistema que requiere de una intervención urgente”.

Este problema es estructural. No hemos de olvidar el colapso de las urgencias de los hospitales sevillanos, especialmente en épocas de epidemia de gripe, como en 2018 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el PSOE en el gobierno andaluz:

El Comité Provincial del PCOE de Sevilla señala al Estado español y a la Junta de Andalucía, los partidos que han gobernado en todos los ámbitos desde hace 40 años – PSOE-PP-IU-PCE-PODEMOS-Cs – como los verdaderos responsables de esta situación, habiendo provocado muertes desde hace muchos años, y que provocarán con mayor intensidad ahora, por la falta de atención de innumerables patologías con la excusa de la pandemia.

Estos no son más que otros de los efectos de los rescates millonarios a la banca y grandes empresas que desde 2008 llevan ejecutando los distintos gobiernos estatales y autonómicos, con mayor intensidad aún en 2020 porque ya el sistema capitalista no levanta cabeza sin esos rescates.

Por tanto, si queremos acabar con los problemas del ámbito sanitario, del educativo, del laboral, de las pensiones, del paro y de la pobreza, que están aumentando exponencialmente, hemos de salir de las soluciones puntuales, sectoriales y a corto plazo, que es como pretenden los gobiernos sofocar el descontento de las clases populares.

Hemos de ir a la raíz, tomar el control y la gestión de los recursos, no sólo de los que concentra el Estado, si no los que acumulan los monopolios y grandes empresas de los sectores estratégicos de la sociedad. Porque son éstos los que en realidad gobiernan y deciden cuántas personas de las clases trabajadoras han de morir para enriquecer a sus dueños y rescatarlos a ellos de sus crisis.

Hemos de remplazar, por tanto, un Estado burgués al servicio de la banca y los grandes empresarios, por un Estado obrero, emanado desde abajo a través de representantes directos en los centros de trabajo (comités de empresa, juntas y delegados de personal), barrios (asociaciones de vecinos), centros de estudio (delegaciones de alumnos), madres y padres de alumnos (AMPAs) junto con asambleas de jornaleros y pequeños campesinos en los pueblos.

Por la Unión de todas las Luchas en una sola

Por la Construcción del Frente Único del Pueblo

Por la superación del Capitalismo y la edificación del Socialismo

Comité Provincial del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Sevilla

Ya os decíamos hace un par de semanas que la única verdad que existe es la realidad objetiva. Por tanto, esa realidad objetiva, en una sociedad dividida en clases sociales cuyos intereses son antagónicos, como en la que vivimos, se refleja en una verdad para cada clase social, de tal modo que la verdad para la clase obrera no puede ser la misma verdad que la de la Patronal, que la de la burguesía, de hecho, deben contradecirse la una con la otra.

Por ello os señalábamos que la reivindicación de la clase obrera, de los trabajadores de la Bahía de Cádiz, los trabajadores del metal, jamás puede ser la misma que la de la Patronal, que es la misma de la extrema derecha verbalizada por VOX, como es la reivindicación de carga de trabajo.

El Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla convocó, primeramente, huelga general indefinida en el sector del Metal para el ámbito de las comarcas de la Bahía de Cádiz y La Janda para el pasado 27 de agosto, la cual se retrasó su inicio hasta el pasado 4 de septiembre. Los objetivos planteados por CGT para dicha huelga enviados a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, a la Confederación de Empresarios de Cádiz y a la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA) – eran:

“Que el fin de esta convocatoria de huelga general indefinida está constituido por el llamamiento a la participación reivindicativa de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social, en el ámbito de las dos comarcas descritas de la provincia de Cádiz ante la ausencia de medidas eficaces y eficientes para garantizar el futuro mediante compromisos de carga de trabajo en el sector del metal en el ámbito de la convocatoria, dar fin a la desigualdad en el ámbito laboral y económico y social de las personas trabajadoras en las empresas auxiliares, garantizar las medidas preventivas que protejan la vida y la salud laboral de las plantillas evitando tristes episodios como los sucedidos recientemente en accidentes con el resultado de muertes en el tajo, evitar la precariedad laboral en el sector…”

El primer objetivo es la “exigencia de compromisos de carga de trabajo en el sector del metal para ambas comarcas”. Este objetivo, por lo que han expresado, es común entre los Comités de Empresa de Navantia en Puerto Real, San Fernando y Cádiz, dirigidos por CCOO y UGT; y la CTM – que se autodenomina a sí misma como los “sindicalistas” que cuando “hablan, hablan de verdad” y por eso “son escuchados por la clase obrera”; pero, también es común a los enemigos de clase de los trabajadores: La patronal FEMCA y los propios fascistas, como lo ha verbalizado la diputada de Cádiz por el partido VOX Ángela Mulas. Sin duda, cuando obreros y burgueses coinciden, quien se está equivocando es la clase obrera.

Pero, ¿A quién exigen esos “compromisos de carga de trabajo en el sector del metal para ambas comarcas”? Pues, sin duda, a aquéllos que precarizan las condiciones de los trabajadores, que agudizan la explotación de los trabajadores pasando por encima de la salud y la vida nuestra clase, a los que nos dividen en contratados y subcontratados al objeto de dificultar su organización y acrecentar la desigualdad en nuestras filas, para facilitar, aún más, la explotación asalariada, que es lo que les hace engordar sus beneficios. Les exigen esos compromisos de carga de trabajo a aquéllos que dividen internacionalmente el trabajo y consideran que tanto la economía de la provincia de Cádiz, como del Estado español, debe centrarse en el sector servicios, liquidando tanto al sector primario – agricultura, ganadería, pesca, minería, etcétera – como al secundario – industria.

La lucha no sólo es económica, sino que es también política e ideológica, por eso es lucha de clases, porque abarca los tres frentes. Los trabajadores no sólo tenemos al enemigo de clase, la burguesía, sino que ésta también hace penetrar en nuestras filas, en las filas de la clase obrera, su ideología apoyándose en lo que se denomina la aristocracia obrera.

Como puedes comprobar, los trabajadores de la Bahía de Cádiz y La Janda – al igual que los trabajadores del resto del mundo – no sólo tenemos un problema cuya naturaleza sea económica, sino que también lo es política e ideológica.

Dicen que el problema es de falta de carga de trabajo. Pero el Estado, y más concretamente la Junta de Andalucía, el mismo día que el brazo sindical de Adelante Andalucía en este conflicto – la CTM – te señalaba que sus reivindicaciones llegaban al Parlamento Andaluz a través de dicho partido y su portavoz, Ángela Aguilera, el pasado 10 de septiembre, y en ese mismo Pleno del Parlamento, a través del Consejero de Economía del Gobierno fascista de la Junta de Andalucía, anunciaba que su Consejería había propuesto el diseño de una Estrategia Industrial para el sector naval  de la Bahía de Cádiz.

Estrategia por la que se va a repartir dinero público a Navantia y a las 150 empresas auxiliares que pivotan sobre ella, en forma de ayudas, por una cuantía de 174 millones de euros entre los años 2021-2027, por no hablar del dinero que, a través de las convocatorias de I+D+i empresarial, la Junta de Andalucía inyecta a los empresarios. Estas prebendas están dotadas con la cuantía de 84 millones de euros para este año 2020, entre otras ayudas y créditos blandos para las empresas.

Y mientras el Estado, a través de la Junta de Andalucía, y otros instrumentos les da dineros a manos llenas a los empresarios, también a los de la Bahía de Cádiz, cada día más trabajadores son arrojados al paro. Pero este Estado no sólo da dineros públicos a la patronal, sino que también pone en sus manos otros instrumentos construidos desde la política, fundamentados en la ideología burguesa, para salvaguardar sus intereses económicos, como son el despido, los EREs o los ERTEs – por los que los empresarios se ahorran las nóminas y el pago de los impuestos sociales de los trabajadores, mientras los trabajadores pierden entre el 30% y el 55% de sus salarios.

Estado que no sólo es clasista a la hora de redistribuir la riqueza en favor de la burguesía, en arrebatarle dinero al trabajador para entregárselo a los empresarios, sino que también da impunidad a los empresarios en sus atropellos contra los trabajadores, con una Inspección de Trabajo y unos Juzgados de lo Social que, en la mayoría de las ocasiones, legalizan dichos atropellos perpetrados por los empresarios contra los trabajadores.

Pero todo ello es natural, es la naturaleza clasista del Estado burgués, que es un instrumento de opresión de la burguesía contra la clase obrera.

Estos últimos dos meses de este conflicto nos dejan claro el escenario.

Por un lado están los trabajadores, los cuales han demostrado que están en contra de los atropellos de la patronal, de la represión y de las injusticias que son la esencia de este sistema. Y los trabajadores lo manifestaron el pasado mes de agosto en las asambleas celebradas en los tornos de las diferentes factorías de Navantia de la Bahía de Cádiz. Los trabajadores no dudaron en hacer huelga varios días. Los trabajadores estuvieron a la altura, no así aquéllos que los pusieron a los pies de los caballos pues, por su incompetencia y aventurerismo, los llevaron a una huelga ilegal, hecho éste que aprovechó la Patronal para mandar cartas a los trabajadores bajo amenaza de despido, que es lo que las leyes del Capital dictaminan.

Esta es la razón por la que la gran mayoría de los trabajadores, habiendo manifestado su psicología de lucha y su rechazo a su situación laboral en agosto, no han apoyado la huelga indefinida de aquéllos que los han desguarnecido y los arrastraron a una huelga ilegal; por ello, no nos encontramos ante una derrota de la clase obrera sino ante una derrota del oportunismo, del aventurerismo, de aquéllos que niegan la organización revolucionaria de la clase obrera.

Por otro lado, está la patronal con sus partidos políticos y sus organizaciones sindicales. En este sentido nos encontramos con una aristocracia obrera que defiende sus privilegios a costa de la división y las condiciones del conjunto de los trabajadores – CCOO y UGT. La Patronal y sus partidos políticos, tanto de “izquierda” como de derecha, no dudan en actuar para socavar la autonomía de la clase obrera. Así tenemos que todos los partidos políticos – desde el más fascista, VOX, hasta la falsa “izquierda” – repiten abiertamente el mensaje de la Patronal: “carga de trabajo”, que a su vez es reiterado por los sindicatos del Estado y los “alternativos”. Asimismo, el oportunismo no duda en tratar de sacar tajada política del conflicto llevando a los trabajadores su división por alcanzar unas migajas del Estado capitalista, de tal modo que Adelante Andalucía – su parte autodenominada “anticapis” – no duda en llevar su choque con la otra parte PODEMOS/IU-PCE llevando a los trabajadores la pelea bajo la fórmula de que se tiene que implicar el Estado central, o lo que es lo mismo, señalando a la facción contraria. Sin embargo, todos ellos miran para otro lado ante el verdadero responsable de la maltrecha situación de los trabajadores, ninguno de ellos señala al verdadero culpable, que no es otro que el capitalismo y su Estado, porque todos ellos defienden el sistema y, por consiguiente, condenan a la clase obrera a la que dicen defender.

Como puedes apreciar, no estamos ante un problema sindical de los trabajadores del metal, sino que estamos ante un problema del conjunto de la clase obrera, y una de las maneras en que se manifiesta en la Bahía de Cádiz es mediante el desmantelamiento industrial y la precarización de las condiciones de vida de la clase obrera. Cada día el empobrecimiento de los trabajadores es mayor y eso no sólo repercute en la economía de los obreros que pierden su puesto de trabajo, que cada vez serán más pues el desarrollo tecnológico lejos de redundar en beneficio del pueblo redunda en beneficio de los bolsillos de los empresarios comprometidos en la fórmula de incrementar la productividad por la vía del desarrollo tecnológico y la reducción de la mano de obra. Este incremento del paro y de la pobreza redunda en una pérdida de poder adquisitivo, en una contracción del consumo de los trabajadores arrastrando también a la ruina al pequeño comercio de la zona. Es un problema que afecta a jóvenes y a ancianos, a jubilados y estudiantes, a todos los sectores sociales que conforman el proletariado.

Y es que los trabajadores mientras no tengamos el poder económico y político en nuestras manos, mientras las fábricas no estén en manos de la clase obrera, mientras nuestra clase social no sea dueña de la producción, mientras ésta no planifique la economía subordinando ésta a las necesidades de la mayoría trabajadora, en definitiva, mientras los trabajadores no destruyamos el capitalismo y edifiquemos el socialismo y su sociedad, nuestras vidas quedarán subordinadas a los intereses económicos de un puñado de capitalistas, como pasa en la actualidad.

Por ello, urge que todos los sectores sociales que componen la clase obrera gaditana unifiquen las diferentes luchas en una única lucha de clases contra el capitalismo y su Estado, de tal manera que estudiantes, obreros, jubilados, pequeños comerciantes se unan conformando el Frente Único del Pueblo al objeto de construir una fuerza autónoma en términos de clase que proporcione una salida revolucionaria a la situación para poner fin al escenario de empobrecimiento y de injusticia al que la burguesía y su sistema nos arrastra.

¡Por el Frente Único del Pueblo!

¡Socialismo o barbarie!

Cádiz, 20 de septiembre de 2020

COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.) EN CÁDIZ

La Junta de Andalucía, de la mano del Estado español, es cómplice y responsable de la situación caótica que se vive en los centros educativos, residencias de ancianos y centros de salud andaluces (especialmente de atención primaria).

Esta situación es fruto de la falta de medios humanos y materiales que los gobiernos andaluz y español han decretado mientras están regando con miles de millones de euros a empresarios nacionales y extranjeros. Como mostramos más adelante, a pesar de que absolutamente todo el PIB del país (1 billón de euros) emana del trabajo colectivo de las clases populares, ningún medio va para las familias trabajadoras, teniendo que costeárselo todo, mientras a los empresarios se les dota de todo tipo de recursos para maximizar sus beneficios.

Los gobiernos andaluz y español son, por tanto, responsables de la mayor parte de los contagios y verdugos de gran parte de los fallecidos causados por la pandemia y el resto de enfermedades que están siendo desatendidas.

El colmo de la desvergüenza del gobierno andaluz es hacer firmar, como están haciendo en ciertos colegios como el CEIP Pío XII de Sevilla, un protocolo donde se desentienden de las consecuencias de llevar a los niños a los colegios y responsabilizan a las familias de lo que ocurra.

En dicho protocolo reconocen que las condiciones en las que están obligando a las familias trabajadoras a llevar a sus hijos al colegio no pueden garantizar el riesgo cero de contagio.

Para lavarse las manos, las autoridades educativas están trasladando la responsabilidad mediante  documentos y protocolos a directores, profesores y familias trabajadoras que no dan abasto teniendo en cuenta todos los trámites que han de realizar ya de por sí en un curso ordinario.

Pero además, las autoridades educativas reconocen que los centros no tienen recursos materiales para ni tan siquiera garantizar la educación a distancia, a la que va a ser necesario recurrir de nuevo conforme los brotes corran como la pólvora.

Para la simple comunicación entre los centros educativos y las familias se pide utilizar, especialmente en aquellos “centros TIC”, una aplicación llamada iPasen para lo que se necesita una tablet, un smartphone o un ordenador:

Esto nos piden a las familias trabajadoras sabiendo, como denuncian asociaciones de madres y padres de alumnos, que 4 de cada 10 familias tienen dificultades para que sus hijos sigan las clases por internet en sus casas.

Dato de abril de este año, por lo que teniendo en cuenta la avalancha de ERTEs y despidos en masa que se han ido sucediendo desde entonces y seguirán produciéndose, estas dificultades de las familias trabajadoras se están agravando exponencialmente.

Más cínico si cabe todavía es el programa BYOD “Trae tu propio dispositivo al aula” promovido en algunos colegios como el CEIP Antonio González de Mairena del Alcor en Sevilla. En un documento enviado a las familias de los alumnos, se comunica que el centro ha decidido apostar por una “metodología” consistente en que,  “dado los escasos recursos económicos de los que dispone el centro para la compra, reparación, etc, de los equipos informáticos […] cada alumno y alumna use en el aula su propio dispositivo electrónico, ya sea tablet u ordenador portátil, para utilizarlo como herramienta complementaria para el aprendizaje”.

¿Qué metodología educativa es esa que depende del bolsillo de los padres de los alumnos y que crea agravios comparativos entre los niños?

Todo esto, sin tener en cuenta el ya importante esfuerzo económico que supone para las familias obreras el inicio de cualquier curso, donde también han de hacerse cargo del material escolar. Como es, por ejemplo, el necesario en educación infantil para los 3 años que piden en el CEIP Pío XII de Sevilla:

¡Y todavía hablan de “educación pública”! ¡Pero no hay dinero, no hay recursos, dirán!

¿Y de quién depende que no haya recursos para la educación “pública”? ¿De los mismos a los que  algunos, con el mantra de defender la educación pública, piden más inversión en educación? ¿Pedirían más dinero para educación en la época de Franco? ¿Entonces por qué lo piden para unas instituciones públicas que son herederas del franquismo? ¿Dejamos que gestionen nuestro dinero a los mismos que regalan miles de millones de euros a la banca y la patronal sean de “izquierda” o de derecha? ¿A los cómplices de que las familias trabajadoras naufraguen en la galopante esclavitud asalariada, en la miseria y el absoluto abandono de todas sus necesidades materiales, sanitarias, sociales y espirituales?

¿Y qué hace la pata izquierda de este régimen del saqueo? ¿Lavarle la cara a la banca promoviendo la caridad de la “obra social” para sacar tajada vía “marketing social corporativo” de la misma miseria que ellos generan? Así hacen los “anticapitalistas” de Cádiz, la otra rama oportunista y vende-obrera que ha salido de Podemos para buscar su propio nicho electoral (el andalucista) y garantizarse un futuro de confort en las concejalías, consejerías o ministerios de turno.

¿Y qué pasa conforme nuestros hijos, sus padres o sus abuelos se contagian? Nos topamos entonces con un sistema de salud que hace aguas. Y en este ámbito también asoman las miserias de nuestros gobernantes, representantes del IBEX-35, fondos de inversión y demás oligarcas parasitarios.

Mientras apelan a la responsabilidad individual, a la de las familias trabajadoras, a la de los jóvenes, una vez más nos dejan vendidos ante esta y cualquier tipo de enfermedad, poniendo bajo mínimos, también en este sector, los medios materiales y humanos de los centros de salud y hospitales, y poniendo la esperanza de vida de nuestros mayores en manos de los fondos de inversión que controlan una gran parte de las residencias de ancianos. Convierten a éstos, de nuevo, en mataderos.

Así lo denuncian sindicatos de enfermería como de médicos de familia.

Alertan los representantes del personal de enfermería de la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de personal sanitario, ya que “a los profesionales de Enfermería de Atención Primaria se les han incrementado sus funciones, y a sus actividades habituales se les ha sumado la recogida de muestras PCR, el seguimiento y el rastreo de los pacientes Covid-19 y sus contactos,  el triaje en las puertas de los centros sin unos protocolos claros y sin una formación previa o el aumento de las visitas domiciliarias”.

A sus funciones habituales, se suman además las de “detectar los casos Covid a nivel de los centros sociales y residenciales”, y las relacionadas con los colegios, pues “de cara al inicio del curso escolar, cada Distrito sanitario de Atención Primaria deberá nombrar, como mínimo, una enfermera referente por Zona Básica”.

A pesar de que el personal sanitario lleva meses avisándolo, no sólo no se han aumentado los recursos sino que se han suprimido y sólo se hacen consultas de atención primaria por teléfono. El colapso ya se está produciendo: “En general se está produciendo una gran presión asistencial en los centros, los usuarios están soportando largas colas en espera de ser atendidos ya que al intentar ponerse en contacto con el centro por teléfono es imposible”.

No sólo lo decimos los comunistas, lo dicen también los representantes del personal sanitario: “existe un problema de medios humanos y de organización al que, si no se le pone solución, llegaremos en poco tiempo al colapso de la atención primaria.”

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria también alerta de la falta de personal sanitario: “si a esto se añade los escasos recursos humanos con los que contamos, que hace que tengamos que suplir, con el mismo personal, bajas, jubilaciones y ahora las vacaciones de los compañeros ausentes, nos convierte en el auténtico muro de contención de la sanidad, evitando, día a día, el colapso del sistema sanitario.”

Según los datos de la Seguridad Social, el sector de la sanidad había perdido entre enero y febrero más de 18 mil trabajadores. A pesar de la contratación de 35 mil empleados en marzo y abril para salir del paso ante la avalancha de casos y muertes por la pandemia, en mayo y junio de nuevo se despidieron a 17 mil trabajadores del sector sanitario.

Los médicos de familia avisaban en agosto: “si esto sigue así y no se planifica será un error que llevará el nombre de cada una de las víctimas que se produzcan y una vergüenza nacional.”

Las advertencias se están confirmando, pues el colapso es evidente desde hace semanas en los centros de atención primaria:

Y se imponen confinamientos en los colegios conforme se producen los rebrotes:

¿Y cuál es la prioridad del gobierno andaluz (como la del estatal)? Cuidar y acompañar a los que menos lo necesitan y que nos roban el fruto de nuestro trabajo: los empresarios. Así lo hace a través, por ejemplo de la Agencia Extenda, que ayuda a los empresarios a internacionalizar sus negocios, tal como lo ha estado haciendo durante años bajo el mandato socialista:

O a través de la Agencia Idea, otro gran botín para financiar EREs y negocios empresariales. Están, por ejemplo, los 100 millones de euros de ayuda para más de 1300 proyectos empresariales, o los 45,5 millones de euros para crear 3 fondos de capital riesgo para “expansión empresarial”:

O tenemos el plan de rescate que lanza la Junta de Andalucía para los 55.000 empresarios del sector hostelero:

Dicho plan, llamado ‘Medidas ante el Covid-19 aplicables a la hostelería y el ocio nocturno’, destinan a los empresarios del sector turístico y “actividades conexas” avales, gestionados por el ICO, por valor de 95.000 millones de euros, más 500 millones de euros para los empresarios del transporte por carretera.

Después de criminalizar a los jóvenes de las clases populares por reunirse en la calle, se fomenta y financia el sector de los bares, las terrazas y pubs. Poderoso caballero es don dinero.

Pero esto no queda aquí. El presidente de la Junta acaba de presentar otro plan multimillonario de dinero público de todos los andaluces para garantizar el negocio seguro a todos los empresarios extranjeros que se instalen en Andalucía:

Así lo reconoce el presidente de la Junta de Andalucía al presentar “Andalucía en marcha”:

“Vamos a promover con el esfuerzo de todos, una Andalucía en marcha acelerando el ritmo inversor en nuestra tierra […] para hacer obras de todo tipo […] en infraestructuras sanitarias, educativas, hidráulicas, transporte y comunicaciones”.

De la misma manera lo presenta el consejero de Economía Rogelio Velasco:

“Este plan […] facilitará que emprendedores y empresas se implanten y desarrollen en nuestra tierra.”

Esta es la huida hacia adelante de los gobiernos y los Estados capitalistas frente a las crisis: dinero público para las empresas a través de conciertos, licitaciones y obras públicas que multiplicarán la deuda pública que de nuevo recaerá sobre las espaldas de las familias trabajadoras.

Todo esto, tarde o temprano, va a provocar el estallido social que han pronosticado las propias fuerzas de seguridad del Estado. Para que ese estallido social derive en un cambio de régimen, en el fin del saqueo de miles de millones de seres humanos por parte de una minoría parasitaria, es necesaria la unidad de la clase obrera, la unión de todas las luchas en un frente único del pueblo y para ello es imprescindible la influencia de un partido comunista.

Por eso es vital, hoy, la unidad de los comunistas que aspiramos, en la teoría y en la práctica, a la instauración del Socialismo.

La enfermedad es el Capitalismo

La vacuna el Socialismo

Por la Construcción del Frente Único del Pueblo

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español en Andalucía

Madrid ha sido una de las regiones en las que el COVID ha tenido mayor incidencia. Las causas de este mayor impacto son diversas: el “baile de competencias” entre Comunidad y Gobierno estatal, donde Ayuso cedía o exigía competencias según le interesase; el hecho de que en los barrios obreros el tráfico de personas por la calle y por el transporte público no ha cesado ni durante el estado de alarma; la propia construcción de Madrid, erigida como una metrópoli capitalista superpoblada en la cual los barrios ricos gozan de grandes espacios, casas y avenidas mientras que los trabajadores viven en barrios obreros abandonados en los que es imposible mantener cualquier tipo de distancia que evite los contagios; etc.

Estas dos últimas causas recaen directamente sobre el alcalde de Madrid Martínez Almeida el cual es responsable de no frenar el contagio que se ha dado y se está dando en los barrios obreros.

Durante el rebrote que estamos viviendo, Madrid, al igual que en la primera oleada del COVID, está sufriendo un elevado número de contagios. Lo más relevante de esto es que de los 4.000 positivos que se han producido en Madrid capital, casi la mitad se han producido en los distritos de Usera, Carabanchel, Puente de Vallecas y Villaverde.

Que estos sean los distritos más afectados no es casualidad. Si comparamos el mapa de la incidencia del COVID en Madrid con el nivel de renta y la tasa de paro, nos damos cuenta que el nivel de contagios es directamente proporcional al nivel de renta del barrio.

Evidentemente, no nos llevamos ninguna sorpresa al observar esta comparación. Que el virus incida más en los distritos con menor nivel de renta no es ninguna casualidad. Son los trabajadores de estos barrios los que tienen que arriesgar su salud yendo cada día a trabajar a centros de trabajo en los que las medidas de seguridad pasan a un segundo plano para que los ingresos no cesen; en un transporte público abarrotado debido a un servicio insuficiente donde mantener, ya no la distancia de seguridad, sino cualquier tipo de distancia es una tarea imposible; trabajadores que viven hacinados en casas donde rara vez conviven menos de 5 personas debido a que es la única manera de poder pagar el elevado precio del alquiler.

Por si vivir continuamente expuesto al coronavirus no fuese suficiente, los trabajadores de los barrios obreros tienen que aguantar el desdén de un Ayuntamiento que en vez de solventar el problema de la COVID en los barrios obreros, machaca, aún más si cabe, a dichos barrios.

Las medidas de Martínez Almeida para frenar la expansión del coronavirus en los barrios del sur ha consistido en propuestas fuertemente estudiadas y meditadas como pedir a los vecinos de estos barrios no salir de casa. ¡Como si los trabajadores tuvieran otra opción que no sea ir al centro de trabajo para poder subsistir! Una recomendación que, de tan ridícula que es, parece más una burla.

Por si la anterior barbaridad no era suficiente, la medida por la que el alcalde ha apostado con mayor fuerza para frenar los rebrotes en los distritos mencionados ha sido poner (más) cámaras de videovigilancia para poder controlar mejor los movimientos de los vecinos. ¿Qué esperan ver a través de esas cámaras? ¿Metros abarrotados? ¿Trabajadores yendo de casa al trabajo y del trabajo a casa?

Estas medidas pretenden criminalizar a los barrios obreros y, con la ayuda de los medios de comunicación, consiguen su objetivo: desviar la atención de las causas reales de los contagios hacia otras causas de menor relevancia como los botellones y similares y crear debates irreales que solo generan odio y división entre nuestra clase (al igual que se hace con el tema de las ocupaciones).

Estado, Comunidad y ayuntamiento abandonan a la clase trabajadora a su suerte, y no sólo eso, sino que además se ceban con ellos criminalizándolos, como si ignorar por completo las necesidades de los barrios obreros no fuese suficiente.

La pandemia que estamos viviendo está resaltando más que nunca las diferencias existentes entre las clases privilegiadas y las clases trabajadoras de nuestro país. Esto, a su vez, también nos hace ver a la clase obrera la necesidad de una revolución que derroque a este sistema criminal que nos condena a la miseria y a la muerte para poder construir un sistema, el socialismo, que nos garantice una vida digna de trabajo que cubra nuestras necesidades.

Sólo la organización en torno al PCOE para luchar por el socialismo puede acabar con este sistema podrido hasta el tuétano y condenado a morir.

Ahora, más que nunca, los comunistas debemos estar organizados y unidos en los frentes de lucha con la clase obrera, uniendo la lucha de los trabajadores en los centros de trabajo con la lucha de la clase obrera en los barrios, para hacer que la clase obrera cumpla la misión que históricamente le corresponde, derrocar el imperialismo y construir el socialismo.

¡Por la unidad de los comunistas!

¡Por la unidad del proletariado contra el capitalismo!

¡Socialismo o Barbarie!

¡ACABEMOS CON ESTE SISTEMA CRIMINAL! 

¡ORGANÍZATE EN EL PCOE! 

Comité Local del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid