Después de las experiencias nefastas para el capitalismo internacional provocadas por las dos grandes guerras mundiales, que proporcionaron el nacimiento de países socialistas e hicieron tambalear el régimen burgués, los países más industrializados convinieron en decretar leyes contra la competencia desleal y frente a la cicatería y abusos de los monopolios que rompan las reglas del juego establecidas por ellos mismos, con el fin de evitar la III guerra mundial. Es decir, lo que se dice querer neutralizar de una vez y para siempre el brote de contradicciones, a los que parecía que estaba condenado el sistema.

Es curioso lo que sucede en el mundo de nuestra izquierda. Se reclama actualización bajo la comprensión de la situación contemporánea y sin embargo, se persiste en dar vueltas y más vueltas sobre viejas tácticas y estrategias que correspondían a situaciones de otras épocas.

Por muchos se aseveran que el problema radica en que la izquierda no somos capaces de unirnos. ¿Pero, de qué izquierda hablan? Probablemente, los mas osados nos respondan resueltamente que se trata de la izquierda revolucionaria. ¿Pero, es que hay quien se crea que con la unidad de los partidos revolucionarios que hoy existen en el estado español es suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos? ¿Es que todavía existen ilusos que consideran que la unidad de la izquierda bajo un programa de transformaciones, va a calar entre los trabajadores y en el pueblo en general, o siquiera puede ser un punto de partida?

 Es evidente, que hay quienes se empeñan en no ver la realidad. En primer lugar ¿quién o qué clase social ha de dirigir el proceso revolucionario?. Indiscutiblemente, la clase obrera, que es la única capaz de aglutinar detrás de sí a todos los trabajadores y capas populares de la sociedad. Pero, la clase obrera española se halla incapacitada en estos momentos, porque está mil veces fragmentada y carece de conciencia de clase. Y es aquí donde los partidos “revolucionarios” deben incidir, pues no se es revolucionario porque nos autotitulemos como tal, sino porque tengamos una táctica acertada y congruente con la realidad objetiva y subjetiva.

Frente de Izquierda sí, pero para sacar a la clase obrera del lugar que ocupa hoy. Este es un objetivo indefinido por los llamados partidos revolucionarios, porque no hacen más que transcribir literalmente viejas consignas, de cuando los anarquistas, comunistas y socialistas, se congregaban en grandes partidos que ejercían una influencia mas que notable entre los trabajadores, a los que les bastaban un acuerdo entre ellos para movilizar a millones de trabajadores.

No hace falta ser un lince para darse cuenta que hoy no existe ningún partido comunista o revolucionario, que luzca un mínimo de influencia sobre nada. Y no confesarlo, es postergar hasta la eternidad el resurgir del movimiento obrero y popular en nuestro país.

Por todas estas razones, la creación del FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO, tal y como aboga nuestro partido, sí puede ser el punto de partida para: unir a los trabajadores, dotarles de un programa revolucionario, a la par que crea en la práctica las condiciones para la unidad de la izquierda y abre la posibilidad real e inapelable de alcanzar la unificación de los marxistas-leninistas en un solo partido con mayores garantías de éxito.

Como ya es normal el pasado mes de agosto registró 58.000 parados más en todo el país. Mientras, la cesta de la compra sube sin tope, (los huevos 28% en un año, el 75% la harina desde abril etc.). Se anuncian nuevas subidas como el pan, la leche, la luz etc. Se nos dice que de 19 millones de trabajadores más de 8 millones cobran menos 900 Euros y para colmo las hipotecas suben sin parar, asfixiando a la juventud obrera.

 Pese a todo ello el gobierno y los partidos parlamentarios observan el más sospechoso de los silencios. A ellos les bastan con recordarnos que esto es un Estado de derecho cuyo problema es el “terrorismo”, con lo cual tratan de desviar nuestra atención. Esta claro. Si no es el “terrorismo” se inventarían otra cosa con la que entretenernos.

¿Acaso no es terrorismo que en los 6 primeros meses de este año hayan muerto 580 trabajadores en sus puestos de trabajo y que en el mismo tiempo, por la no implantación de normas de seguridad tuvieron lugar 510.302 accidentes con baja? ¿No es criminal que en vez de implantar la total gratuidad de los estudios, el Ministerio de Cultura reparta 1.000 millones de pesetas entre la Fundación de José María Aznar (PP) y la Fundación Pablo Iglesias de Alfonso Guerra (ligada al PSOE)?.

¿Qué estado de derecho es éste que permite que la patronal despida a 500 trabajadores por presentarse a las elecciones sindicales, que sabe que hay miles de patronos que defraudan al estado y al obrero, que no pagan los seguros sociales, que utilizan dinero negro, y que abonan al trabajador menor cantidad de la que reza en su nómina? ¿Dónde está el estado y los derechos de los trabajadores, cuando las multinacionales se llevan las empresas a otros lugares o que vende al sector privado las empresas públicas más rentables y en todo caso ocasionando el despido masivo de los obreros?

Es triste el papel de los sindicatos, que o no hacen nada o se oponen falsamente para ceder al final, con el pretexto de aceptar lo menos malo y que para justificarse acometen luchas de desgaste cuando ya no existe solución y siempre atendiendo al interés del sindicato y no el de la clase obrera en general. Pues si los trabajadores afectados son de CC.OO. los otros sindicatos (UGT, CNT. CGT….etc.) no prestarán su solidaridad y viceversa. ¿Por qué tantos sindicatos, si los trabajadores somos una sola clase?

Ante tantos enemigos, a los trabajadores solo nos queda la unidad y la solidaridad. En este sentido, es urgente en donde no tengamos comités o delegados realizar las elecciones y exigir a nuestros representantes inicien contactos entre los comités de las empresas del gremio, independientemente de la afiliación sindical y política de sus miembros, con el propósito de crear e institucionalizar LA ASAMBLEA DE COMITÉS DE EMPRESAS Y DELEGADOS, para poner freno a tantos desmanes y a tanta división. EL AISLAMENTO ES NUESTRA MUERTE. EL PATRON NO ENTIENDE DE OBRERO SUMISO O REBELDE, SINO DE INTERESES, EL PARO ESTA LLENO DE TRABAJADORES SUMISOS.

PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)

Por más que los distintos instrumentos de dominación del Capital se esfuercen en hacer ver al Pueblo Trabajador que su sistema es “democrático” y que garantiza la libertad, la realidad nos señala todo lo contrario, que los trabajadores del Estado español no tenemos ningún derecho y ello es comprobable al entrar por las puertas de los centros de trabajo.

 La clase obrera en el Estado español es apaleada, reprimida, dividida y desideologizada por parte del Estado capitalista (con sus instrumentos de represión como son las magistraturas, Policía, Jueces, cárceles,…), que convierte al empresario en Juez de Primera Instancia permitiendo que este despida con impunidad a los trabajadores – despido improcedente – y que financia a traidores a la clase obrera – sindicatos y partidos políticos del sistema – para dividirnos y mostrarnos una supuesta imposibilidad de lucha contra las injusticias y atropellos del sistema capitalista señalándonos como culpables de esto a los que somos las víctimas: los trabajadores.

No pretendemos en esta misiva profundizar en la naturaleza explotadora del capitalismo y lo canallesca de la superestructura que eleva sino que queremos señalar la forma de actuar traidora de aquellos que dicen defender a los trabajadores.

En el Estado español cada año se despiden a centenares de obreros por querer hacer efectivos sus derechos, es decir, por presentarse a las elecciones sindicales. De norte a sur y de este a oeste se suceden las denuncias por persecución sindical. Enumeramos algunos casos como SOMAJASA (SOciedad Mixta del Agua de Jaén SA), Endesa, Caldererías Indálicas, EIDOS, Telefónica, El Corte Inglés, LEMATEL, GALISPORT, Soluciones Lógicas, MERKAMUEBLE, Supermercados DIA, Miquel y Costas y Miquel, Bodegas Torres, Antela Estación de Servizo SL, Centro Distribuidor de Euskadi SL, GENERALI, Guibema de Abadiño, AFEMA, FERCABLE, Fundación Siloé, FUNDAR o Jamones Badía, por ejemplo, que nos demuestran que desde Badajoz a Gijón, desde Andalucía a Cataluña pasando por Galicia, Madrid, Euskal Herria o la Comunidad Valenciana, estén participadas estas empresas por el Estado o no y sean del sector que sean, los trabajadores no tienen ni tan siquiera derecho a los supuestos derechos que la superestructura capitalista “vende” a bombo y platillo a través de sus voceros mediáticos, bien remunerados para engañar y desideologizar a la clase trabajadora.

Ante esta realidad, analicemos una octavilla sobre Jamones Badía (Sevilla) para mostrar como actúan las centrales sindicales.

JAMONES BADÍA.

En Jamones Badía se celebraron elecciones sindicales el pasado mes de octubre, despidiendo a tres trabajadores la empresa como reacción a dichas elecciones sindicales. Ante esta situación la cúpula del ramo del Comercio de CCOO en Sevilla procede a lanzar una campaña dirigida a los Clientes de Jamones Badía donde denuncia estos hechos utilizando para ello una octavilla que pide recoger firmas de los mismos denunciando los tres despidos y la represión sindical. En dicha octavilla se dice “es una empresa que ha venido caracterizándose, a partir de entonces, por reprimir a sus trabajadores, hasta el punto de que se ha procedido a despedir en ese corto espacio de tiempo a tres de ellos RECONOCIENDO LA IMPROCEDENCIA DE LOS MISMOS, ES DECIR, LA FALTA ABSOLUTA DE MOTIVO PARA DESPEDIRLOS, TENIENDO QUE PAGAR LA INDEMNIZACIÓN QUE LA LEY PREVÉE PARA ESTOS CASOS. DENUNCIAMOS, EN DEFINITIVA, QUE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LA LIBERTAD SINDICAL Y LOS DERECHOS CIVILES AÚN NO HAN ENTRADO EN “JAMONES BADÍA” y que lucharemos sin desmayo para que nuestras leyes laborales, el derecho a sindicarse libremente y ser respetado por razones ideológicas, religiosas, culturales, sea una realidad también en esta empresa” . El subrayado, la negrita y las mayúsculas son extraídos de la octavilla de CCOO del Comercio de Sevilla literalmente, inclusive las faltas de ortografía.

Lo primero que debemos percibir es que el sindicato nada hace por advertir a los trabajadores de Jamones Badía y del Ramo del Comercio Sevillano que deben organizarse tanto dentro de la empresa como con el resto de compañeros del Ramo y que deben ser ellos los que tracen las acciones a realizar sino que funcionarios del sindicato, desde el exterior de la empresa e inclusive del Ramo, planifican ellos la táctica y los objetivos pidiendo el seguidismo de los trabajadores. En vez de dirigirse a los Trabajadores del ramo para desarrollar una lucha sindical y buscar la unidad y la solidaridad como paso previo, la dirección provincial de CCOO del Comercio pide la firma de los clientes y no la lucha, la organización, la solidaridad y la unidad de los trabajadores. Esto conlleva a la individualización del problema y al aislamiento del mismo conduciendo a los trabajadores de Jamones Badía, por muy combativos y honrados que sean, a la “muerte” de su justa lucha por asfixia. Se debe tener en cuenta que los trabajadores del Comercio de Sevilla, según el sindicato del Comercio de CCOO, son los segundos peor pagados de Andalucía con un salario bruto anual de 12.007,68 euros sólo superando a los trabajadores de Huelva que perciben 11.625,30 euros brutos anuales. ¿Acaso eso y la persecución sindical que se da en otras empresas del sector como Merkamueble, Mercadona, etc…. no es bandera para unir primeramente a todos esos conflicto para, posteriormente, unir a todos los trabajadores del Ramo?

Si lo explicado hasta ahora ya es de por sí indigno; el trabajo de CCOO del Comercio de Sevilla de desideologización y de engaño que hace entre los trabajadores con el contenido de dicha octavilla los convierten en verdaderos traidores. Denuncian que existe persecución sindical, que la Empresa despide improcedentemente – reconociéndolo la misma – a tres trabajadores para después salir en defensa del sistema que permite que el Patrón se convierta en Juez de Primera Instancia y pueda despedir con impunidad a esos tres trabajadores, es decir, el mismo sindicato traicionando a la clase trabajadora y engañándola defiende la Constitución Española que es la que le permite al Empresario actuar de esa manera. Al igual que es esa Constitución Española, con sus leyes antiobreras firmadas muchas de ellas por las cúpulas sindicales, la que permiten que los trabajadores perciban salarios de miseria como el mísero Convenio del Comercio Sevillano firmado por las cúpulas provinciales de los sindicatos CCOO y UGT.

Comprobamos de manera clara como, en este caso, CCOO hace un trabajo vital para el empresario. Por un lado aísla a los trabajadores, los divide, les muestra caminos de lucha que les conducen a la asfixia y al desánimo y les engaña ideológicamente. Este es el trabajo que realizan y por el cual el instrumento de opresión del Patrón, el Estado, les inyecta dinero a las centrales sindicales que jamás con tan pocos afiliados tuvieron tantos recursos económicos y materiales.

SÓLO QUEDA UN CAMINO, LA UNIDAD.

La clase obrera está dividida y desorganizada. Como hemos podido ver la Patronal, a través de su Estado, se encarga de actuar para conseguirlo. Para ello, los empresarios han impuesto una legislación laboral, que no es más que el desarrollo de la Constitución Española que tanto UGT como CCOO defienden.

Esta legalidad vigente es nociva para los trabajadores porque, para empezar, fue impuesta por la Patronal. El sistema de elecciones sindicales es antidemocrático por impedir que los trabajadores puedan postular y revocar a sus representantes siendo, además, un procedimiento de listas cerradas postuladas por unos sindicatos que son estructuras pagadas por el Estado y que sirven a éste y no a los trabajadores que reciben dinero público por vender “Paz Social”. Además, los Comités de Empresa no son la expresión del Conjunto de Trabajadores, la Asamblea, sino un órgano que se coloca por encima de ellos y cuyo objetivo es la defensa de los intereses políticos y económicos del Sindicato Estructura, así como del Partido Político burgués del cual sean correa de transmisión, en definitiva, están a servicio de la Patronal y sus intereses.

Esta Constitución Española que contiene leyes laborales antiobreras, y defendida por las centrales sindicales, favorece la disgregación potenciando la entrada de las minorías en los Comités para forzar la máxima fragmentación como se puede visualizar en Correos donde existen 13 centrales sindicales con representación en los Comités.

La Constitución Española convierte a los sindicatos en instrumentos de división de la clase obrera cuyo funcionamiento es vertical fluyendo la política sindical desde arriba (APARATO) hacia abajo (COMITÉS).

Pero no sólo la Constitución es responsable de la división y desorganización de los trabajadores sino también las traiciones de las cúpulas sindicales y de los partidos de “izquierda”. Al ejemplo actual de Jamones Badía se le pueden sumar infinitos ejemplos más, pero queremos recordar traiciones cruciales a la clase obrera como el perpetrado por el PCE de convertir un movimiento político y social que aspiraba a la supresión revolucionaria del capitalismo en un sindicato amarillo que sirviera de correa de transmisión de su política oportunista y de entrega al Patrón; los pactos de la Moncloa, el Estatuto de los Trabajadores, las reformas laborales del PSOE,…

Todo esto ha llevado a los trabajadores al estado que hoy exhibimos. Por ello se hace fundamental unirnos y organizarnos partiendo este proceso de unidad desde la base, desde el corazón de la clase trabajadora: Los centros de Trabajo. Para ello el PCOE apuesta por la construcción del FRENTE ÚNICO DE TRABAJADORES y hace un llamamiento a todos los obreros a la unidad por encima de las siglas y de la división sindical existente con el objetivo de organizar cauces por donde fluya la solidaridad, estimulando asambleas de Comités y delegados de los distintos centros de trabajo así como democratizar las Asambleas, establecer la democracia de la manera que nosotros entendamos y no como nos lo imponga el Patrón a través de sus leyes ni su Constitución.

¡ POR LA DEMOCRACIA OBRERA!
¡POR EL FRENTE ÚNICO DE TRABAJADORES!
¡VIVA LA UNIDAD DEL PROLETARIADO!

La inminente venta de Endesa al capital extranjero, demuestra a las claras dos aspectos fundamentales.

1.- Que La actual concepción de la unidad europea, se forja a favor de las apetencias expansionistas de las multinacionales del continente, en detrimento de los intereses de los trabajadores.

 2.- Que es totalmente falso el patriotismo que abanderan los PSOE y PP y su oportunista posición sobre la unidad de “España”, pues a la hora de la verdad no tienen ningún reparo en vender nuestro patrimonio natural, y a los propios trabajadores al mejor postor, español o extranjero. ¿Dónde está la autonomía, para utilizar nuestros propios recursos en provecho del pueblo? ¿Dónde quedan los derechos sociales contemplados en los nuevos Estatutos? Pero la solución no está tampoco, como presentan los sindicatos, en elegir entre capital español o capital extranjero, pues en ambos casos representan intereses egoístas privados, que ponen en peligro constante el puesto de trabajo de los obreros y empleados y supeditan nuestras propias fuentes de energías naturales a los números fríos de sus beneficios. La solución está en que las riquezas, tierras, agua, minas, etc. de nuestro suelo, deben pertenecer al pueblo, en estas circunstancias,

LA NACIONALIZACIÓN, es la opción más cercana y justa en estos momentos. Así pues, los efectos de la venta al capital extranjero de Endesa, o de su continuación en manos privadas españolas, rebasan los intereses de los trabajadores de Endesa, dado que se utilizan riquezas autóctonas de la región. Por tanto, debe ser el conjunto de la sociedad, la que decida su futuro.

El PCOE llama a los trabajadores de Endesa, para que inicien el debate consecuente al respecto y obliguen a sus representantes a asumir la NACIONALIZACIÓN como única solución positiva y a su vez, pedimos que el Comité de Empresa haga extensible el debate a todo el pueblo.

PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)

La huelga de los camioneros se tomen las medidas que se tomen para paliarla, va a contribuir en el proceso en curso a la agudización de la crisis financiera. El gobierno se encuentra en un callejón sin salida.

 Tanto las medidas que ofrece el gobierno como las reivindicaciones que defienden los huelguistas, tienen como resultado final el aumento general en grado desproporcionado de los precios, que pagaremos en última instancia los trabajadores. El estado actual de la economía capitalista no da para más, salvo que los países productores de petróleo den un viraje de 180º, lo cual parece improbable de aquí a poco tiempo.

  La huelga de los camioneros no cuestiona al gobierno, menos todavía al sistema capitalista. Toda huelga estrictamente económica, repercute en sentido negativo en el bolsillo de las clases laboriosas

Sin necesidad de subir las hipotecas que según todos los indicios continuarán al alza, muchos ciudadanos de los que aún no se ven en situación de precariedad, se unirán a los que ya no pueden hacer frente a las cuotas mensuales, pues los reajustes de los Presupuestos del Estado para satisfacer a la patronal afectada por la subida de los carburantes, no va enjugarse a través de las partidas del área de defensa y represiva. Como siempre se tratará de equilibrar por medio de la inflación (subida de precios), la manera más directa y fácil de redistribuir las riquezas y de hacer recaer todo el peso de la crisis sobre los trabajadores y pensionistas.

 Pero con ser grave la situación ésta se ve espoleada por las nuevas directrices de la UE. Es tradicional que en épocas de crisis, el gran capital se aproveche del ambiente de impotencia y por lo tanto de resignación que se crea a propósito desde el exterior en las clases trabajadoras, para imponer reformas que coadyuven a una mayor explotación en aras de intensificar la productividad que les permitan a las empresas librar sus batallas en el mercado en las mejores condiciones posibles

 En esta dirección hay que contemplar la propuesta que debe ratificar el parlamento europeo, de abrir las puertas para la prolongación de la jornada laboral hasta las 65 horas.

 Saben perfectamente que es el instante exacto de llevarla a cabo., El argumento de salvar la crisis oculta un análisis de clase, basado en la correlación de fuerzas que nos es desfavorable a los trabajadores, pues no existe en toda Europa una oposición antagónica al capital, ni siquiera en un plano local con influencia suficiente entre los trabajadores para descubrir el juego, mucho menos capaz de frenar a sus progenitores.

 Es cierto que el gobierno español se opone de palabra;  pero, también es verdad que los socialistas se valen de tácticas engañosas y ventajosas, pues no basta con oponerse, sino que han de darse las condiciones sociopolíticas necesarias para que la oposición sea efectiva.

 Se nos dirá primero que es una medida de ámbito superior, por lo que un gobierno no puede desbordar la decisión colectiva de los gobiernos y del parlamento europeo. Después se nos aducirá que su aplicación no es obligatoria puesto que han de ponerse de acuerdo patrón y obrero, además, el compromiso adquirido por ambos ha de recogerse en el convenio colectivo cuando éste exista o en el contrato personal en caso contrario, insinuando que será responsabilidad de los propios trabajadores dado que los que consienten hacen de forma voluntaria dejación de cotas sociales alcanzadas, a lo que tienen perfecto derecho. Incluso puede que el gobierno sugiera que no se debe llegar a tal acuerdo por constituir un retroceso social, pero no podrá ir mas allá, es decir a prohibir la dilatación de la jornada.

 En nuestro país hay miles de pequeñas empresas en las que los trabajadores por su número no tienen representación sindical y se verán obligados a aceptar las propuestas de la patronal. La ampliación de la jornada afectará especialmente a la superexplotación de los inmigrantes, la parte más débil del proletariado.

 Pero también hay medianas y grandes empresas en la que los comités son patrocinados por sus direcciones. Unas veces son candidaturas “independientes” y en muchas mas ocasiones las candidaturas patronales se cobijan en las siglas de CC.OO o de UGT, cuyas centrales han hecho la vista gorda pues sus objetivos consisten en conseguir delegados de la forma que sea.

 Todas estas empresas que representan a millones de trabajadores son presas fáciles para ir implantando paulatinamente la prolongación de la jornada, a la vez que servirían al final, para generar un ambiente de hechos consumados, en definitiva, expandirán la impotencia que tienen estos sectores obreros al resto de los trabajadores, lo demás sería solo cuestión de tiempo.

 Ante una situación como esta de extrema gravedad hay que buscar denodadamente la unidad de todos los trabajadores por medio de asambleas de Comités y Delegados de Empresas (Frente Unico de Trabajadores), que es la manera genuina para que la clase obrera se erija en protagonista y de frenar el avance de la patronal y del gobierno capitalista. Rechazamos pues toda invitación a constituir nuevos sindicatos (SOC, PCPE etc.) que perpetúan el estado actual de la clase obrera.

 En esta dirección hacemos un llamamiento a todos los comités y delegados a que se unan al proceso iniciado en Sevilla, superando todas las trabas en aras de la unidad del conjunto de los trabajadores.

 ¡POR EL FRENTE UNICO DE TRABAJADORES!

 FORTALEZCAMOS Y AMPLIEMOS LA ASAMBLEA DE COMITÉS Y DELEGADOS DE EMPRESAS

 ¡POR EL FRENTE UNICO DEL PUEBLO!

 A la entrada del siglo XXI, el movimiento obrero español padece el mismo grado de explotación, humillación, desprecio y castigo que el capitalismo históricamente ha reservado para el mismo a escala internacional. La derrota del llamado campo del socialismo ha conducido a un estado de profundo autismo a los sectores mas castigados de la nueva sociedad esclavista. El nuevo marco internacional ha desactivado muchas organizaciones comunistas y ha castrado ideológicamente a un amplio abanico de grupos que dieron sentido a su lucha a la luz de la Revolución de Octubre.

1. A modo de introducción.

Los pasados días 19, 20 y 21 de diciembre de 2007 los sindicatos UGT y Sindicato Libre convocaron una Huelga de tres días en Correos en la que se reivindicaba, fundamentalmente, el incremento de unos 250 euros mensuales en los complementos (retirando la penalización existente por días de baja) y un nuevo sistema de acceso al empleo en Correos.

Esta Huelga, ante todo, nos sirvió para comprobar muchas cuestiones pero, sobretodo, nos puso de manifiesto el papel que están jugando los sindicatos, dividiendo a los trabajadores y moviéndose por la salvaguarda de sus intereses particulares – o lo que es lo mismo los de sus cúpulas –  y no de los intereses generales de los trabajadores, y nos reafirman en la necesidad del desarrollo del Frente Único de Trabajadores que forje la unidad de los mismos, tanto en el seno de Correos como con otros trabajadores de otras empresas.

Los sindicatos están divididos en Correos, de hecho esta Huelga convocada por UGT y Sindicato Libre es rechazada por CC.OO., CGT, CSIF, ELA y la Plataforma.

Pero esta situación de división no es nueva, así en las primeras elecciones sindicales en Correos y Telégrafos efectuadas en 1.978 fueron ganadas por UGT seguido por CSUT, CCOO, Asociaciones Profesionales Independientes, Sindicato Libre y Unión Sindical Obrera (USO). A lo largo de la década de los 80s y 90s se sucedieron distintas elecciones, desaparecieron sindicatos y surgieron nuevos, pero los trabajadores siguieron estando fraccionados por la hegemonía de los dos sindicatos “mayoritarios” – CCOO y UGT -, otros sindicatos como CGT o los nacionalistas CIG y ELA,  y sindicatos autodenominados “sindicatos profesionales” como el CSIF o el Sindicato Libre. Por tanto, vemos que la división de los trabajadores es una constante a lo largo de la Historia reciente de Correos y vemos que esto acontece como consecuencia de un sistema que estimula dicha división mediante la reproducción  literal de la “democracia” burguesa en la empresa.

2. La privatización de Correos.

 El mayor peligro al que se enfrentan los trabajadores de Correos es, sin lugar a dudas, la privatización de Correos.

La integración del Estado Español en los mecanismos internacionales capitalistas, como la Unión Europea, conlleva el acatamiento de la política imperialista de dicho bloque, que no es otra cosa que obedecer las exigencias de las transnacionales y la oligarquía financiera que, en lo económico, es seguir a pies juntillas una política neoliberal basada en el desmantelamiento de lo público, privatizaciones, que le sirve a los capitalistas para “abrir” mercados con el cual  obtengan un mayor lucro.

La situación de Correos debemos circunscribirla en dicho proceso y, sin lugar a dudas, todos los movimientos efectuados por la Empresa –el Estado –   y el comportamiento de las cúpulas sindicales, que en la mayoría de los casos han avalado dichos movimientos, van encaminados a la privatización del servicio Postal, y fundamentalmente, a la privatización de Correos.

Tal como señalaba la Constitución Europea, el principio fundamental de la Unión Europea es “la no adulteración de la libre competencia”, que traducido a lenguaje normal significa la privatización de todo  que quedará en manos de las multinacionales y de la oligarquía financiera. En el proyecto de Constitución Europea, ahora llamado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea   (Tratado de Lisboa), se contempla desde la privatización de la educación (lo estamos viendo en la Educación Superior gracias al Plan de Bolonia) hasta la sanidad, pasando obviamente por los servicios postales.

Centrándonos en el proceso privatizador de correos debemos señalar que este se inicia en el año 1.991, curiosamente justo el año de derrumbe de la URSS, pues es en este año cuando Correos se transforma en un Organismo Autónomo de carácter comercial cuando siempre había sido una Dirección General.
En el año 1.998 se da un salto cualitativo en el proceso de privatización de Correos con la aprobación por las cámaras de la Ley 24/1998 también llamada Ley de Servicio Postal Universal y de la Liberalización de los Servicios Postales, que no es más que la aplicación de la directiva postal de la Unión Europea 97/67/CE para la privatización de los Servicios Postales, tal como señala su artículo 1 donde en su artículo 1.1 se señala que el “objeto de la presente Ley el regulación de los servicios postales con el fin de garantizar la prestación del servicio postal universal   a todos los ciudadanos, satisfacer las necesidades de comunicación postal y asegurar un ámbito de libre competencia en el sector” remachando en el artículo 1.2 indicando que “los servicios postales son servicios de interés general que se prestan en régimen de competencia”. Además, ese mismo año volvió a cambiar el marco jurídico de Correos y Telégrafos pasando de Organismo Autónomo de carácter comercial a Entidad Pública Empresarial.
La Ley 24/1998 provocó una gran movilización por parte de los trabajadores, en las que incluso se alcanzó unidad sindical contra dicha ley conformándose la plataforma sindical unitaria de Correos y Telégrafos, compuesta por UGT, CSI-CSIF, Sindicato Libre, ELA, CGT, CIG y CCOO. Pero al final, esta Ley lo que realmente    significó fue un ahondamiento en la división entre los trabajadores de Correos, generada tanto por las cúpulas de dos sindicatos como por el Estado, pues tanto CCOO como la CIG (Confederación Intersindical Galega) rompieron la unidad sindical, plasmada en la  plataforma sindical unitaria de Correos y Telégrafos, y  acataron la Ley 24/1998 de privatización de los servicios postales, o lo que es en la práctica el desmantelamiento y la privatización de Correos, y dañaron gravemente la unidad de acción sindical. Es bueno acudir a la prensa burguesa, Diario El Mundo (viernes 22 de mayo de 1.998 http://www.elmundo.es/1998/05/22/economia/22N0050.html ), de la época en el que se ilustra claramente lo que estamos diciendo. Así dicho periódico señalaba “Correos tendrá el monopolio de la distribución de las cartas interurbanas de menos de 350 gramos, el servicio de giro y el internacional, al menos, hasta el año 2003, fecha que la Unión Europea ha señalado para la liberalización total del sector.
El Congreso aprobó recientemente la Ley Postal que ya incluía esta definición. Sin embargo, una disposición transitoria de CiU establecía la posibilidad de que los operadores privados pudieran entrar a operar en el área de reserva.
Los sindicatos convocaron varias huelgas, pues consideraban que esta situación suponía la muerte para el servicio público. Tras varios paros, el Gobierno llegó a un acuerdo con CCOO y la Intersindical Gallega” y “LA PLATAFORMA DICE NO.- UGT, CSI-CSIF, Sindicato Libre, ELA y CGT, que forman la Plataforma Sindical, no aceptan estas modificaciones e insisten en que la ley no garantiza el equilibrio financiero y pone en peligro miles de puestos de trabajo. En concreto, CSIF afirma que se pueden llegar a destruir más de 25.000 empleos.
Ayer, la Plataforma Sindical Unitaria de Correos y Telégrafos, compuesta por los sindicatos UGT, CSI-CSIF, Sindicato Libre, ELA y CGT, había convocado un nuevo paro en el que participó un 78% de la plantilla (…) El paro se repetirá hoy. También habrá una manifestación en la que está prevista la presencia de trabajadores de toda España (…) Según la Plataforma Sindical, «es inaceptable que el Gobierno permita a los operadores privados acaparar los servicios postales más rentables económicamente, mientras que el operador público se deberá hacer cargo, en exclusiva, del servicio público más deficitario».
CCOO considera que las mejoras conseguidas modifican sustancialmente el contenido de la ley que regula de manera aceptable el caótico mercado postal actual. Afirman que define con mayor claridad el papel de Correos y Telégrafos y de las compañías privadas.
El sindicato pide a los convocantes de la huelga que «renuncien a la demagogia y ejerzan su responsabilidad, acepten el acuerdo y se comprometan al desarrollo del mismo».
Las últimas huelgas y las que se están produciendo estos días están provocando un importante retraso en el reparto de correspondencia en toda España”. He aquí un ejemplo del papel fraccionador que juegan las  traidoras cúpulas sindicales y del esquiroleo al que nos tienen acostrumbrados, en este caso CCOO y CIG, en otros casos otras centrales sindicales.
A finales del año 2000 se produce otro paso adelante, e importantísimo no sólo en la privatización de Correos, sino también en la división de los trabajadores de dicha empresa. Se cimenta el cambio de marco jurídico de Correos y Telégrafos –que se hará efectivo en 2001 – pasando a convertirse en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. Este hecho se hace efectivo en la Ley 14/2000 de 29 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en concreto en su artículo 58 titulado “Constitución de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima”. A groso modo dicho artículo de la Ley 14/2000 lo que establece es un calendario y las condiciones de dicho cambio de marco jurídico por un lado y por el otro procede a dividir a los trabajadores de Correos en dos grandes grupos: Por un lado el Personal Funcionario y por el otro el Personal Laboral y a su vez, dentro del personal Laboral se fraccionan en otros dos grandes grupos que son los trabajadores fijos y los trabajadores temporales. Esto queda nítidamente expresado en los subartículos 16 y 17 del artículo 58 de la Ley 14/2000 que señala “ Dieciséis. El personal laboral de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos quedará integrado en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, desde la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil de su escritura de constitución, conservando sus contratos con la antigüedad, categoría y retribuciones que tuvieran consolidados en la entidad pública y con pleno respeto de los derechos y situaciones administrativas que tuvieran reconocidas y en especial las normas sobre incremento de retribuciones que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Diecisiete. A partir de la fecha del inicio de la actividad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos Sociedad Anónima, el personal que la sociedad necesite contratar para la adecuada prestación de sus servicios lo será en régimen de derecho laboral.”
Así pues, en el año 2001 Correos y Telégrafos vuelve a cambiar de marco jurídico pasando de Entidad Pública Empresarial a Sociedad Estatal con participación exclusiva del Estado. El marco jurídico que tiene en la actualidad, es decir, Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es una Sociedad Anónima de capital 100% público cuya representación y gestión corresponde a tres órganos superiores de dirección: El Consejo de Administración y su Comisión Ejecutiva y el Presidente, como se puede comprobar en http://www.correos.es/comun/informacionCorporativa/1001-Organizacion.asp . Por consiguiente, en el año 2001 Correos y Telégrafos se estructuran ya como una Sociedad Anónima, y estructuralmente queda a punto de caramelo para ser privatizada, solamente hay que reducir costes e incrementar la sobreexplotación, a parte de mantener divididos a los trabajadores – labor de la que se encargarán las cúpulas sindicales, aparte de la gran división que a partir de ahí se crea entre laborales (fijos y temporales) y funcionarios -, para que sea malvendida a algún monopolio privado.
En ese mismo año 2.001, y ante la ofensiva contra los trabajadores perpetrada por el Estado, los sindicatos –excepto CGT que no firmó- claudican e inician un proceso de colaboración con la Dirección de Correos que culmina con la firma del  Acuerdo Plurianual 2001/2004 para la Consolidación del Correo Público y Mejora de las Condiciones de Trabajo del Personal de Correos y Telégrafos. En ese acuerdo (que puede leerse en http://www.ugt-andalucia.com/fsp/sectores/postal/010808cor.pdf  por ejemplo) los sindicatos firmantes – CCOO, UGT, CIG, CSI-CSIF, Sindicato Libre y ELA-STV – dichos sindicatos – a excepción de CCOO y CIG que ya habían vendido a los trabajadores y acatado la privatización en 1.998 – se desdicen de las posturas defendidas en el año 1.998 en oposición a la Ley 24/1998 de Servicio Postal Universal y de la Liberalización de los Servicios Postales firmando el  Acuerdo que por un lado bendice la Privatización   “Correos y Telégrafos y las Organizaciones Sindicales firmantes del presente acuerdo, sin perjuicio de las competencias del Parlamento,  coinciden en trasladar al Organo regulador (…) La necesidad de mantener la regulación establecida en la Ley 24/1998,de 13 de julio y reglamentos de desarrollo en los términos actuales (…) y Velar por el cumplimiento estricto de la normativa en materia postal por parte de todos los operadores presentes en el mercado” y por el otro muestran su disposición en avanzar en el proceso de privatización ya que dicho acuerdo que signan también afirma “Especial relevancia tiene un proyecto de nueva Directiva del Parlamento y del Consejo por el que se modificará la directiva 97/67/CE ampliando la liberalización postal en un horizonte de apertura y legislación progresiva que se desarrollará en dos fases: la primera, donde previsiblemente se realizará un reducción de los límites de precio y peso del ámbito reservado a los proveedores del servicio universal, así como, en consecuencia, una apertura a la competencia de los servicios postales; y la segunda, de mayor apertura a la competencia, cuyos contenidos y fechas está por determinar en las instancias europeas.”, aparte de aceptar los efectos de la Ley 14/2000 de división de los trabajadores en Funcionarios y Laborales ya que dicho acuerdo señalaba “La Ley 14/2000 de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 58 ha supuesto la transformación de Correos y Telégrafos en Sociedad Estatal de plena titularidad pública, lo cual ha generado también una reflexión más amplia sobre el modelo postal público que requiere nuestro país en el marco de la configuración del mercado postal único europeo. Dirección y sindicatos coinciden en que la adaptación de Correos y Telégrafos al entorno global de creciente liberalización y competencia hace imprescindible lograr un Correo moderno, eficaz y eficiente sobre la base de una equilibrada interrelación entre regulación, financiación, gestión y régimen de personal, equilibrio que, en todo caso, ha de plasmarse en un marco público de actuación.
Han sido estas premisas las que han orientado en todo momento las iniciativas y propuestas para que el cambio de marco jurídico se produjese con las máximas garantías tanto en cuanto al régimen de personal como en cuanto al carácter público de la entidad y de los servicios que tienen encomendados. (…) Las partes entienden que, tras haberse recogido las cuestiones esenciales planteadas por la parte social, el nuevo modelo de gestión debe permitir el equilibrio entre el servicio público, competitividad y empleo que exige Correos y Telégrafos para seguir desarrollando su actividad de forma eficaz y eficiente”.

Con estos parámetros se procede a la negociación del I Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (publicado en el BOE de 13 de febrero de 2003 http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/13/pdfs/A05921-05960.pdf)   donde, nuevamente, la división sindical está presente ya que dicho Convenio es suscrito por CCOO, UGT y CSI-CSIF. Dicho convenio abre las puertas a Correos al abuso de contratación temporal fundamentalmente la contratación eventual por circunstancias de la producción (art. 38 de dicho convenio), los salarios siguen siendo insultantemente bajos donde de la masa salarial avanzan los pluses y complementos sobre la producción en detrimento de unos salarios bases paupérrimos (el salario base de los Operativos –los carteros de a pie – estaba fijado en 521,40 euros / mes para jornada completa por ejemplo), no se les reconoce a los laborales la antigüedad y el régimen disciplinario se endurece. En definitiva, avanza inexorablemente por la senda de la privatización precarizando y minimizando costes laborales aparte de endurecer el régimen disciplinario.

La división sindical continua y en el BOE de 28 de mayo de 2004 se publican los Acuerdos de Desarrollo del I Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal de Correos SA, http://www.boe.es/boe/dias/2004/05/28/pdfs/A19874-19893.pdf , firmado también por los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF, se acentúa la temporalidad y la precariedad del empleo en Correos, los salarios siguen siendo insultantemente bajos ( el salario base de los Operativos – los carteros de a pie – pasa a 542,47 euros al mes para jornada completa), y se firma un Anexo III titulado “Acuerdo sobre el Procedimiento y la Normativa de contratación del personal laboral temporal en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.” en el que están fijados el punto 5.3 sobre “Sistema de Selección. Requisitos” (del personal laboral temporal para poder ser contratado) donde para poder ser contratado el candidato  debe “no haber sido despedido ni indemnizado por despido en Correos y Telégrafos” y el punto 8.1 “Motivos para decaer de las bolsas de empleo” uno de ellos es “haber sido despedido y/o indemnizado”. Esto fue firmado por CCOO, UGT y CSI-CSIF, es decir, firmaron excluir del acceso a personal fijo y sacados de las listas aquellos que fueron despedidos.

La interpretación de esto por los sindicatos  CCOO, UGT y CSI-CSIF nos la señalan en la CIVCA. La CIVCA se define en el I Convenio y es el acrónimo de Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Aplicación   que está compuesto paritariamente de acuerdo con su representatividad compuesto por las partes firmantes del acuerdo, en este caso CCOO, UGT, CSI-CSIF y Correos. En la Sesión Extraordinaria de la CIVCA celebrada en Madrid el 7 de febrero de 2005 sólo para tratar este punto, y señalan:

“La finalidad que las partes firmantes quisieron dar al supuesto controvertido tenía por objeto, exclusivamente, evitar la paradoja de que quien resulte despedido y no readmitido, fuera de nuevo contratado en la empresa, de análoga forma al tratamiento dado por las mismas normas de contratación al supuesto de inhabilitación del personal funcionario que coexiste en Correos y Telégrafos.”

“En cuanto a los despidos declarados improcedentes en los cuales se ha optado por la indemnización y actos de conciliación por despido que hayan concluido con un pacto indemnizatorio, es de reseñar que en ambos casos, la opción por la indemnización de la que dispones Correos pone de relieve la voluntad de la Sociedad estatal de no continuar la relación laboral presente y consecuentemente, la no obligatoriedad de establecer relación ALGUNA EN EL FUTURO”. Esto es sinónimo de que todo aquél que denuncie a Correos quedará eliminado de las bolsas de empleo y esto lo firman CCOO, UGT y CSI-CSIF.

Este hecho incluso ha sido revocado y sancionado por  la Judicatura burguesa, Recurso Num.: / 108/2005 del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2007 (http://www.upfiscales.com/info/senten_relev/SRe06L116.htm). Vemos como los sindicatos no sólo han dividido a los trabajadores y los han traicionado, sino que incluso han arremetido contra ellos con tal de posicionarse con la Empresa – a cambio de prebendas, claro está, como grandes inyecciones de dinero vía cursos de formación y colocaciones de hijos / as de sindicalistas de estas centrales en puestos donde ni tan siquiera han superado las pruebas necesarias de aptitud- como en este caso donde el Tribunal Supremo declaró ilegal y contrario a la Constitución heredera del franquismo el Acuerdo firmado por Correos, CCOO, UGT y CSIF. Ello implica que hasta 6000 trabajadores de todo el territorio nacional deberán ser incluidos en las bolsas de empleo.

En la actualidad está vigente el  II Convenio Colectivo cuya semilla se fija en la Declaración Empresa-Sindicatos firmada por Correos y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF el 22 de diciembre de 2004 cuyos ejes son el aumento de la productividad, combatir el absentismo, flexibilidad y movilidad, salarios variables, competitividad, en definitiva, los objetivos propios de una política capitalista. El II Convenio Colectivo fue firmado únicamente por CCOO y el CSI-CSIF el pasado día 19 de junio de 2007, no siendo suscrito al final por la cúpula de UGT, estimamos que para diferenciarse de CCOO en el proceso electoral que se avecinaba, pues a tenor de su comportamiento durante todo este tiempo este II Convenio encaja perfectamente con la política practicada por dicho sindicato. La senda marcada es la profundización de la marcada en el primer Convenio, se sigue manteniendo la posibilidad del abuso de contratación eventual y temporal, en la masa salarial los pluses y complementos relacionados con la productividad  donde cada vez se penaliza más el absentismo y unos salarios bases tercermundistas (el salario base de los Operativos –los carteros de a pie por ejemplo – en el año 2007 fue de 8059,52 euros anuales, o lo que es lo mismo, 575,68 euros mensuales).

Y así llegamos a la Huelga convocada  por las cúpulas de UGT y Sindicato Libre  – y decimos cúpulas porque no hubo ni tan siquiera asamblea de afiliados- los pasados días 19, 20 y 21 de diciembre. Tanto CGT, ELA o CCOO coincidieron en no apoyar el paro propuesto por UGT y el sindicato Libre por la falta de debate sindical como consecuencia de ser una Huelga convocada para neutralizar una futura Huelga en febrero promovida por CCOO.

3. A modo de conclusión.

Como hemos podido comprobar los trabajadores de Correos están divididos como consecuencia de la acción de la Empresa – El Estado – y de unas cúpulas sindicales que anteponen sus intereses a los intereses del conjunto de los trabajadores. Un ejemplo de la división existente la podemos visualizar si echamos un vistazo a las distintas siglas sindicales existentes en Correos – Unión Sindical Obrera (USO), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Intersindical Gallega (CIG), CCOO, UGT, Sindicato de trabajadores de la Administración intersindical valenciana (STA-IV), Sindicato de trabajadores de la Administración Intersindical de Illes Balears (STEI-i), Confederación Intersindical Canaria (CIC), Sindicato Libre, CSI-CSIF, Sindicato Libre, ELA-STV a lo que hay que añadir la Plataforma de Correos-. En el capitalismo la clase obrera es heterogénea en lo político, como consecuencia de la conciencia social que emana el sistema conducente a dividir a los trabajadores y alienarlos, pero en lo económico debe ser homogéneo pues todos convergemos en reducir la tasa de explotación que pasa por obtener el mayor salario y reducir al máximo la jornada de trabajo y trabajar en óptimas condiciones de salubridad, estabilidad y seguridad. Por consiguiente, entendemos que los trabajadores, sólo con el mapa sindical que acabamos de enumerar ya están derrotados pues hemos enumerado 13 opciones sindicales que dicen defender los intereses de los trabajadores que, como vemos, sólo son unos.

Esta división no sólo está estimulada por las prebendas de la empresa a las cúpulas sindicales. La causa fundamental de esta división se halla en la legalidad vigente que contempla un sistema de elecciones y de representación de los trabajadores que impide que la democracia penetre en los centros de trabajo.  Este sistema faculta a los sindicatos para imponer listas cerradas con el fin de que votemos a aquellos que les son fieles  a las políticas empresariales. El actual sistema de elección impide a los trabajadores a postular a sus representantes y a revocarlos en cualquier momento – por ejemplo en el proceso de negociación – en el caso de que el comportamiento del delegado / s sea indecoroso o poco ético. Como estamos pudiendo comprobar en el caso de Correos, este sistema sindical divide a los trabajadores, a los cuales se les ignora, se socava por completo la autoridad de la Asamblea de Trabajadores, que debiendo ser el centro director de toda acción de los trabajadores, quien deba determinar la política sindical y quien deba revocar y postular a sus representantes, es totalmente ignorada por unas cúpulas sindicales que anteponen sus intereses particulares a los intereses de los Trabajadores aliándose con la Patronal para que esta pueda establecer salarios insultantes, jornadas abusivas, se reduzcan las plantillas, aumente la explotación de los trabajadores a la par que aumentan exponencialmente sus millonarios beneficios y, como no, para que los gobiernos de turno privaticen empresas levantadas con el esfuerzo los trabajadores. Esto es lo que está pasando en Correos.

El Partido Comunista Obrero Español, tal y como ha ido desgranando a lo largo de este informe, considera que la lucha de los trabajadores de Correos – como la del conjunto de la clase- es política y no economicista ni económica.

En Correos la verdadera guerra es política y se libra en la privatización. Esa es la guerra que los trabajadores debemos vencer. Las pésimas condiciones económicas y laborales de los trabajadores de Correos, así como la división existente en el seno de los trabajadores – causadas por el sistema sindical vigente, unas cúpulas sindicales corrompidas y medidas políticas tomadas por los gobiernos de turno conducentes a la fracción de los trabajadores en funcionarios y laborales, en temporales e indefinidos,… – son consecuencia directa de las políticas aplicadas por el Gobierno de turno – tan capitalistas y proimperialistas son el PSOE como el PP – conducentes a la privatización (a la venta a un precio irrisorio a una multinacional) de Correos. Pero para subastar y malvender Correos deben conseguir una reducción máxima de costes influyendo fundamentalmente en los salarios, que exista precariedad y que los trabajadores estén divididos. Por consiguiente, para conseguir la privatización el gobierno debe desarrollar políticas en Correos conducentes a tener una plantilla barata, con facilidad para reestructurar la plantilla una vez Correos sea privatizado, y donde los trabajadores estén fraccionados. Todo esto gracias a la acción de las cúpulas sindicales y la legislación vigente el Gobierno lo está consiguiendo en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA. Los trabajadores de Correos todavía están a tiempo de vencer esta guerra que el sistema y sus instituciones nos han lanzado. Y decimos nos han lanzado pues Correos no sólo es una empresa de sus trabajadores sino una empresa de Todos los Trabajadores y somos todos los trabajadores los que tenemos que luchar juntos y unidos por impedir la privatización de algo que es de todos.

El Partido Comunista Obrero Español hace un llamamiento a los trabajadores de Correos a organizar Asambleas de Trabajadores para que sean estos los que determinen la política sindical a seguir en aras de impedir la privatización y, por consiguiente, de acabar con la causa que origina las condiciones paupérrimas que tienen tanto en materia salarial como en materia laboral y exige a los sindicatos que acaten la voluntad expresada en las Asambleas de Trabajadores y que estimulen la institución de éstas. El Partido Comunista Obrero Español también insta a los trabajadores de Correos a unirse a otros trabajadores de la Función Pública – también amenazados por el sistema con la privatización – y al resto de trabajadores pues las empresas públicas fueron alzadas con el esfuerzo de la clase obrera y de ella debe ser y no malvendida a unos monopolios privados que acumulan beneficio gracias al expolio y a la explotación, que es lo que están tratando de hacernos con Correos y que ya lo han hecho con Telefónica (donde en 12 años se ha pasado de 80000 trabajadores a 25000 gracias a la privatización), Iberia  (donde se han destruido 4000 puestos de trabajo gracias a la privatización) o  Tabacalera (donde se han destruido más de 2000 puestos de trabajo gracias a la privatización).

Por último, el Partido Comunista Obrero Español considera positiva la concepción de la Plataforma de Correos pero consideramos que incurre en dos errores garrafales los cuales, en caso de no ser subsanados, le inutilizan para ser el elemento aglutinador del conjunto de los trabajadores y garantizar que sean las asambleas de trabajadores los que dirijan los designios de la política sindical del conjunto de los trabajadores y convierten a la Plataforma en un elemento más de división. Los dos errores garrafales que ha cometido la Plataforma ha sido, por un lado, ignorar que el conflicto es político y, por tanto, debe dirimirse en el terreno de la política y no en el terreno meramente sindical y, por el otro lado, Correos es una empresa pública y la Plataforma debe abrirse a la Clase Obrera, debe formar parte del Frente Único de Trabajadores de una manera más activa e involucrar en la lucha por la no privatización de Correos a todos los trabajadores tanto de empresas públicas como de empresas privadas por ello les instamos a abrirse a la Clase y a estimular la edificación de una Asamblea de Comités de la Función Pública y con aquellas empresas públicas que fueron privatizadas.

El Partido Comunista Obrero Español no escatimará esfuerzos en impedir que se privaticen las empresas públicas al igual que en exigir la nacionalización de las empresas que han sido privatizadas como Endesa, Telefónica, ….

SECRETARÍA DE MOVIMIENTO OBRERO Y MOVIMIENTO DE MASAS.

PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)