Una nueva reforma laboral al gusto de la patronal. Así actúa y engaña el oportunismo

No por estar ya acostumbrados a los engaños del oportunismo, a sus grandilocuentes discursos que nunca se ven refrendados con actos, a sus traiciones y su entrega absoluta a los…
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No por estar ya acostumbrados a los engaños del oportunismo, a sus grandilocuentes discursos que nunca se ven refrendados con actos, a sus traiciones y su entrega absoluta a los monopolios y los poderes económicos, podemos dejar de sorprendernos cuando vuelven a incidir en las mismas mentiras y manipulaciones, en intentar vender los retrocesos y las concesiones a la patronal como un gran avance en derechos para los trabajadores.

Sólo el aval y las alabanzas de la patronal a esta nueva reforma laboral son ya un gran indicativo de cuál es el sentido de la misma, que no es otro que el de reafirmar las políticas implementadas previamente por PSOE y PP en las dos anteriores reformas laborales, esas que Unidas Podemos iba a derogar. Para Antonio Garamendi, la patronal está “razonablemente satisfecha” con esta reforma que consolida “la seguridad jurídica que nosotros queríamos”. Dicho de otra forma, las empresas mantendrán el poder para poder seguir gestionando a sus trabajadores con la libertad que tenían sin que los cambios cosméticos introducidos vayan a suponer ninguna pega para su “seguridad jurídica”, habiendo alcanzado un acuerdo que “da una estabilidad que España necesitaba desde hace tiempo”.

Este párrafo extraído del comunicado conjunto de las patronales CEOE y Cepyme resume a la perfección la esencia de esta reforma laboral:

“Para CEOE y Cepyme, el acuerdo consolida el modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo. En concreto, el acuerdo mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la Paz Social”.

Según reconocen las propias patronales, este acuerdo consolida el modelo laboral actual, el que está sustentado en las reformas laborales de PSOE y PP, el que ha convertido a España en líder en trabajo precario.

Si en 2010 y en 2012 los gobiernos de PSOE y PP respectivamente aplicaron sendas reformas laborales que reducían los ya escasos derechos de los trabajadores bajo el capitalismo, bien por vía parlamentaria, bien por vía de Consejo de Ministros, ahora en 2021, el gobierno más progresista de la historia necesita el aval de la patronal para poder aprobar una supuesta contrarreforma laboral, que no es más que maquillaje para consolidar las políticas de Rajoy, tal y como ya había refrendado antes el gobierno de coalición al hacer suyos los presupuestos del PP.

Mientras la derecha más reaccionaria no duda en aplicar abiertamente las medidas que la patronal y los monopolios demandan para poder explotar cada vez más a los trabajadores, la pata izquierda del sistema defiende su postura en la necesidad de alcanzar acuerdos, acuerdos en los que los intereses de los trabajadores no están representados, puesto que tanto el gobierno de coalición como los sindicatos del sistema CCOO y UGT defienden claramente los intereses de la patronal. Este teatrillo en el que unos aplican las medidas abiertamente y otros fingen llegar a acuerdos mantiene entretenido al pueblo en debates sobre un supuesto eje izquierda-derecha, sin llegar a ver que los intereses de la clase trabajadora no están representados en el parlamento, dando como resultado una situación de cada vez mayor empobrecimiento del pueblo trabajador.

Uno de los principales puntos acordados en esta reforma de los que el gobierno se vanagloria es la reducción de la temporalidad. ¿Es cierto que esta nueva reforma laboral va a reducir la temporalidad? En primer lugar, la precariedad en el mercado de trabajo actual no es fruto única y exclusivamente de los tipos de contrato, sino de otras cuestiones como el coste de la indemnización por despido o los periodos de prueba de los contratos, que facilitan enormemente a las empresas deshacerse de trabajadores. El impacto que las modificaciones en los tipos de contrato pueda tener a futuro lo iremos viendo con el transcurrir del tiempo, pero analizando el mercado laboral actual y el grado de descomposición del capitalismo, es de necios pensar que los matices introducidos en esta reforma laboral van a reducir la temporalidad y la precariedad.

En esta reforma se reducen a dos las modalidades de contratación temporal: “el contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora”, eliminando el contrato por obra y servicio regulado en el punto 1.a del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Ese contrato de duración determinada por circunstancias de la producción podrá realizarse cuando la empresa registre “un incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose de actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere” incluyendo las situaciones “derivadas de las vacaciones anuales”, una concesión a la patronal que no existía en el inicio de la negociación. Las empresas solo podrían utilizar este contrato un máximo de “noventa días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar debidamente identificadas en el contrato”.

Esta modalidad contractual ya está actualmente regulada y tiene una duración máxima de 6 meses, ampliable mediante convenio colectivo, que es la puerta abierta que los gobiernos de turno dejan siempre para que CCOO y UGT puedan pactar condiciones inferiores que beneficien a la patronal. ¿Cómo actúan las empresas en la práctica para alargar las contrataciones temporales? Una práctica muy común, que cualquiera que conozca cómo funciona el mercado laboral de verdad –algo que los oportunistas del gobierno y de los sindicatos amarillos del sistema suelen desconocer ya que viven de las prebendas del propio sistema– ha podido corroborar en carne propia o en la de algún conocido, es la de despedir a quienes terminan el periodo de su contrato temporal para, después de los plazos legales oportunos, volverlo a contratar. Esta práctica es tan común que se ha instaurado como norma incluso en empresas municipales públicas que usan bolsas de trabajadores que sufren esta temporalidad y precariedad financiada con dinero público. Las limitaciones implantadas en la reforma laboral tan sólo alterarán cómo las empresas gestionan los contratos temporales y los plazos para despedir a trabajadores para no hacerlos indefinidos. Esto sumado al desarrollo de la automatización, que hará que el ejército industrial de reserva crezca desmesuradamente, hará que la rotación en los puestos de trabajo crezca, lo cual encaja perfectamente con las limitaciones acordadas.

Según un informe elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CCOO, en España hay aproximadamente 4,4 millones de asalariados temporales que suman más de 20,3 millones de contratos al año, lo que da una duración media de los contratos temporales de menos de 80 días, por lo que gran parte de esos contratos no se verán afectados por la limitación de 90 días de la nueva reforma.

Pero más allá de la normativa acordada, la realidad es que las empresas se saltan las leyes de forma sistemática, tal como lo demuestran los 174.000 contratos temporales fraudulentos detectados por la Inspección de Trabajo (IT) durante el mes de septiembre. ¿Será por tanto la actuación de IT la que obligue a las empresas a reducir esta temporalidad? Pues es evidente que la falta de recursos de este organismo, lo que ha llevado a los inspectores a amenazar al gobierno con una huelga si no refuerza el organismo antes del 31 de marzo, así como la connivencia de éste con las propias empresas, actuando al servicio de las mismas en muchas ocasiones, hacen que las promesas de reducir la temporalidad se conviertan en una nueva campaña de propaganda del gobierno. De hecho, no sólo no se va a reforzar a IT con más inspectores, sino que se va a comenzar a automatizar el trabajo de estos, dejando en manos de algoritmos e inteligencia artificial sus tareas.

Los propios abogados laboralistas coinciden en los nulos efectos que esta reforma laboral tendrá en la práctica para la realidad de los trabajadores. Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados y especialista en derecho laboral, define la reforma pactada como “un lifting sin cirugía”, “retoques” que no van a reducir de forma significativa la temporalidad si no se refuerzan los elementos sancionadores y la actuación inspectora. Para Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de inspectores, “la reforma laboral no va a acabar con la temporalidad, porque ésta no se va a reducir si no se refuerza la Inspección. Si no nos dotan de medios y efectivos, la ley será papel mojado”. Javier Reyes, abogado del área laboral de Ceca Magán, comenta que “esta reforma del sistema de contratación temporal, por sí sola, no reduce la precarización del mercado de trabajo […] No podríamos decir que la reforma suponga una derogación o una contrarreforma de la reforma laboral del año 2012 […] se deja, por tanto, intacta toda la reforma que el Partido Popular llevó a cabo sobre el coste del despido y las medidas de flexibilidad”. Martín Godino, socio de Sagardoy Abogados, considera que “La reforma del año 2012 no tocó la contratación, que es ahora la parte esencial de la reforma […] no se tocan ninguno de los mecanismos de flexibilidad interna, como la modificación de las condiciones de trabajo, la movilidad geográfica o la inaplicación del convenio colectivo, y tampoco de flexibilidad externa (el despido individual y colectivo se quedan como están, que fueron los aspectos más importantes de la reforma del 2012)”.

Otro de los mecanismos usados por las empresas que incrementan la precariedad y la temporalidad son los contratos temporales en prácticas, aspecto que no se ha modificado en la nueva reforma laboral. Este mecanismo permite contratar a trabajadores de manera temporal durante 2 años, pagando durante el primer año un 60% y el segundo un 75% del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.

Los aspectos más lesivos de las reformas laborales anteriores por supuesto no se han modificado un ápice, como las indemnizaciones por despido y los salarios de tramitación. La indemnización por despido improcedente, que hasta 2012 era de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades, y que incluía el pago de los salarios de tramitación, se mantiene en los 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades y sin salarios de tramitación. Este aspecto tiene mucho más impacto en la temporalidad y la precariedad, pues permite a las empresas despedir a costes irrisorios sin necesidad de realizar contratos temporales.

Tampoco se eliminan las facilidades para el despido colectivo e individual objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción que se introdujeron con la reforma laboral del PP. Antes de la citada reforma, los Expedientes de Regulación de Empleo necesitaban ser autorizados por la administración que debía evaluar si realmente se daban las causas alegadas. Tras esa reforma, si no existe acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa –algo que CCOO y UGT ya se están encargando de que nunca ocurra-, ésta podía imponer directamente el despido dejando tan sólo la vía de la demanda judicial. Igualmente, se dejan intactos los despidos individuales objetivos que reciben tan sólo 20 días por año trabajado de indemnización con un límite de 12 mensualidades. Parece que para el gobierno estas medidas no son las más lesivas de las reformas laborales anteriores.

Sobre la subcontratación, la supuesta mejora anunciada a bombo y platillo por CCOO y UGT que obliga a las empresas a aplicar el convenio del sector en el que se realice la actividad de los trabajadores subcontratados, deja una nueva excepción para el caso de que la empresa subcontratada tenga un convenio propio, en cuyo caso prevalece este último. Esto abre la puerta a que CCOO y UGT negocien convenios a la baja en todas las empresas subcontratadas, algo que llevan años haciendo, como en los convenios del sector del metal de Cádiz o el de la limpieza de Castellón, donde se firman retrocesos en contra de la voluntad de los trabajadores.

La medida estrella del gobierno en esta reforma es el “Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo”, que no es más que convertir los ERTEs en parte de la gestión de recursos humanos de las empresas para que estas puedan usar dinero público para ajustar las jornadas de trabajo mientras el Estado paga los salarios y permite exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social de hasta un 90%. Una transferencia de dinero público a manos privadas que es la tónica habitual en esta fase monopolista del capitalismo y que se ve reforzada gracias al trabajo que el oportunismo está realizando para la patronal.

Pero por encima de cualquier análisis que se pueda hacer del texto de la reforma, la realidad es que las condiciones de la clase trabajadora y el mercado laboral están totalmente condicionadas por el control de la economía que tienen los monopolios, que hacen que el capitalismo sea totalmente irreformable. El gobierno de coalición está aplicando las mismas medidas que aplican en Europa partidos conservadores, porque son las medidas que los monopolios dictan.

La realidad es que toda esta propaganda de los medios afines al gobierno no hace más que intentar tapar la nefasta gestión que en todos los ámbitos se está llevando a cabo. Mientras se sigue desmantelando la sanidad pública, el Consejo de Ministros aprobó el 21 de diciembre aumentar el presupuesto de Defensa en 1892,80 millones de euros, que se suman a los 2504,72 millones extra aprobados unos días antes. Mientras el precio de la electricidad alcanza un nuevo récord histórico cada pocos días, el Ministerio de Consumo del ‘comunista’ Alberto Garzón deja sin respuesta 9 de cada 10 denuncias presentadas por Facua por fraude de bancos, aseguradoras o eléctricas, en una nueva demostración de que todas las medidas de este gobierno son una gran campaña de propaganda.

De esta forma, el gobierno más progresista de la historia, junto con sus sindicatos cómplices CCOO y UGT, se suma a los infames gobiernos de PSOE y PP que agudizaron la precariedad de los trabajadores con una nueva reforma laboral al gusto de la patronal, un nuevo paso para incrementar la explotación de los trabajadores, pero esta vez vendiéndolo como un supuesto avance “histórico”, mostrando un nivel de sinvergonzonería que compite con el de Aznar y su famoso “España va bien”. Quienes venían a cambiar la política han apuntalado este sistema, reforzando a un Estado fascista como el español, que niega los derechos democráticos más básicos, encarcelando a raperos por señalar la corrupción o a quienes pretenden ejercer el derecho de autodeterminación, dejando morir en la cárcel a comunistas, manteniendo a un rey emérito corrupto con dinero público, incrementando el gasto en armamento tal y como demanda la OTAN y un sinfín de tropelías dignas de auténticos sátrapas.

El pueblo trabajador seguirá empobreciéndose cada día que pase con estos oportunistas en el poder, cada día que no se organice para derrocar este sistema criminal, aunando todas las luchas de la clase trabajadora en una única lucha de clases para acabar con el capitalismo e implantar el socialismo. Sólo cumpliendo así su misión histórica, la clase obrera logrará construir una sociedad más justa y en el que quienes lo producimos todo tengamos un futuro.

 

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

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