Los indicadores de desempleo ofrecidos por todos los gobiernos, sean del color que sean, y difundidos por todos los medios de comunicación, se centran en el número de desempleados y el porcentaje con respecto al total de personas activas. Unos datos engañosos y que ocultan la realidad del mercado de trabajo actual, pues se ignora a la población en edad de trabajar que no tiene trabajo ni está inscrita como demandante, además de considerar persona ocupada a trabajadores que apenan cotizan unas pocas horas al mes, o aquellos que realizan cursos de formación de las agencias públicas de empleo.

Según la Encuesta de Población Activa del INE correspondiente al cuarto trimestre de 2019, en España hay 39.427.200 personas en edad de trabajar, de las cuales 16.268.400 se encuentran inactivas, lo que significa que el 41,26% de los españoles en edad de trabajar no tiene trabajo ni está inscrito como demandante de empleo. Del 58,74% restante, 19.966.900 tienen trabajo y 3.191.900 están parados, lo que implica una tasa de paro del 13,78%. Sumando los trabajadores en paro con los inactivos, tenemos un total de 19.460.300 personas que estando en edad de trabajar, no tienen un puesto de trabajo, lo que equivale al 49,36%, prácticamente la mitad de los españoles en edad de trabajar.

Si a estos datos sumamos que de los 19.966.000 trabajadores, 3.253.300 son empleados públicos, y alrededor de 3.000.000 trabajan en empresas participadas por administraciones del Estado (la Administración Paralela), el sector privado tan sólo emplea a unos 13,7 millones de trabajadores, es decir, tan solo el 34,78% de la población en edad de trabajar.

No acaban las trampas a la hora de falsear los datos, puesto que esos 19.966.900 trabajadores incluyen a desempleados que hayan cotizado pocas horas, o que estén realizando cursos de formación proporcionados por el INEM o por agencias públicas de empleo autonómicas.

La realidad es que la jornada media semanal por persona ocupada ha pasado de ser de 33,9 horas en 2008 a 31,5 en 2019, lo cual significa que el empleo que se crea es más precario.

Esta es una de las mayores trampas de los datos de empleo que usan gobiernos y medios de comunicación. Para simplificar cómo se tergiversa la realidad con estas estadísticas, se puede usar un ejemplo sencillo. Supongamos que una empresa tiene a 1.000 trabajadores a jornada completa (40 horas semanales), cobrando unos 1.500 euros al mes en 14 pagas (21.000 euros al año). Si esa empresa despide a esos 1.000 trabajadores y contrata a 4.000 con una jornada semanal de 10 horas, según los datos del paro esa empresa habría “creado” 3.000 puestos de trabajo, cuando la realidad es que tan solo ha convertido puestos de trabajo a tiempo completo en trabajo a tiempo parcial, mucho más precario. Si además aprovecha esa reconversión para ofrecer un salario menor (pongamos los 950 euros al mes del salario mínimo, que al tener jornadas de 10 horas semanales serían 237,5 euros), la masa salarial pasaría de ser de 21 millones de euros al año a 13,3 millones, con lo que el conjunto de los trabajadores ha perdido poder adquisitivo, el trabajo es más precario, mientras que la empresa ha reducido sus costes salariales en un 36,67%, obteniendo mayores beneficios, extrayendo a los trabajadores una mayor plusvalía. Este no es un ejemplo baladí, sino que refleja la realidad que se ha vivido en muchas empresas, que han llevado a cabo miles de Expedientes de Regulación de Empleo y Modificaciones Sustanciales de las Condiciones de Trabajo –con la inestimable ayuda de los sindicatos del sistema, CCOO y UGT– para reducir su masa salarial, sustituyendo a trabajadores con mejores condiciones por otros con condiciones más precarias u obligando a los trabajadores a aceptar una reducción en sus condiciones si no quieren perder sus puestos de trabajo.

Y es que esta es otra de las grandes trampas sobre los datos de empleo, ocultar la redistribución de la riqueza, porque mientras en los últimos años han aumentando los beneficios empresariales a costa de la masa salarial, el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha disminuido para seguir engrosando las cifras de negocio de las empresas. Tan sólo en 2017, los beneficios de las empresas crecieron 95 veces más que el aumento de la retribución media por asalariado.

Así, las rentas del trabajo cayeron a mínimos históricos en 2017, pasando de ser el 73,1% del total en 2010, al 70,4% en 2018, acumulando el 10% más rico de la población española más riqueza que el 90% restante, mientras que el 1% más rico ha pasado de concentrar un 20% de la riqueza en el año 2000 a un 25,1% actualmente.

Estos son los datos que reflejan la realidad de nuestro país –y del resto de Estados capitalistas-, la acumulación de riqueza en manos del capital frente a la precarización y el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y estos son los datos que los gobiernos nos ocultan, tanto el gobierno del reaccionario PP como el ‘progresista’ gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos, ocultando de esa forma al pueblo la lucha de clases, intentando así defender este régimen de explotación que en nuestro país es la continuación del franquismo, un Estado fascista que niega a las clases populares el futuro, que reprime a su propio pueblo y lo condena a la miseria. ¡Ese es el Estado que defiende el gobierno de PSOE-Unidas Podemos!

Por lo tanto, los trabajadores no tenemos ninguna posibilidad de obtener mejores condiciones de vida mientras sigamos dejando nuestra suerte en manos de toda clase de oportunistas que nos engañan y traicionan. Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento a unir todas las luchas en un Frente Único del Pueblo para acabar con este sistema e instaurar el Socialismo, el único sistema que garantizará un futuro digno para las clases populares.