La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado a principios de mes la reserva de 48 viviendas protegidas de alquiler en el centro de Madrid para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La concesión obedece a las resoluciones emanadas de la primera reunión de la comisión de Ayudas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, celebrada en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE), y se circunscribe en el proyecto de reserva de viviendas del Plan PIVE regional para familias de agentes.

Los cuerpos represivos del Estado burgués tendrán el privilegio de gozar su derecho a la vivienda, que bajo el capitalismo no se garantiza para todos los seres humanos, por tan solo 280 euros mensuales. Dichas viviendas sociales se encuentran en Lavapiés, zona cuyo techo tiene un coste medio de 14.62 euros por metro cuadrado, según la media del portal de venta y alquiler de pisos Idealista. Díaz Ayuso justifica semejante servicio a sus cuerpos represivos como medida para reconocer “la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

La concesión de la presidenta regional cumple un objetivo: contentar a su burocracia de control y sometimiento del orden para que sus agentes elijan a la Comunidad de Madrid como destino y así paliar un déficit de 2.500 efectivos. O, dicho de otra manera, para reforzar el aparato represivo estatal entrenado para servir a los intereses de la burguesía sin dudar en actuar por la fuerza en situaciones de desorden y, así, funcionar como su brazo ejecutor.

La ausencia del derecho a la vivienda es el principal obstáculo de bienestar de la clase trabajadora. La medida de Díaz Ayuso es una clara representación del carácter falaz de la legalidad instaurada por la burguesía. Por mucho que lo defienda la sacrosanta Constitución Española, la realidad demuestra que el derecho a la vivienda está subordinado a los intereses del capital y se queda en mero papel mojado para el proletariado. En Madrid, para encontrar pisos de 40 metros cuadrados a partir de 700 euros, los obreros debemos asumir que no encontraremos vivienda a no ser que busquemos en la periferia. En la Comunidad de Madrid, el precio del alquiler se ha disparado y hoy es el epicentro de desahucios en el Estado español.

El Ejecutivo regional argumenta que el alto coste de la vida en muchos municipios de la Comunidad de Madrid es un gran inconveniente para los agentes, ignorando y menospreciando, por supuesto, el empobrecimiento del resto de la sociedad. Los monopolios y el capital financiero saquean con impunidad al pueblo, explotándolo sin miramientos, y estos políticos corruptos a su servicio agasajan a los aparatos represivos de la dictadura del capital, de este criminal sistema de explotación que condena todos los años en España a miles de obreros a la pobreza, al hambre y a la muerte.

En su clásico La cuestión de la vivienda, Friedrich Engels criticó las soluciones propuestas por los reformistas burgueses y pequeñoburgueses sobre el problema en torno al derecho a la vivienda. Esgrimió como argumento central que, en la sociedad capitalista, su inexistencia no es un accidente y es un derecho vital que solo puede ser garantizado con la abolición del orden social que da origen a su incumplimiento. La solución definitiva del problema no pasa por reformas, ni por el cambio de un ministro o de un Gobierno, como pretenden algunos, sino por la muerte del sistema capitalista y la construcción del Socialismo.

La inexistencia del derecho a la vivienda guarda un vínculo fundamental con la etapa del capitalismo ascensional, cuando las masas laboriosas empiezan a desplazarse del campo a las grandes ciudades, a la par que muchos son desalojados de sus viviendas en los centros urbanos por su revalorización. El problema de la vivienda no alude al hecho de que la clase obrera haya vivido siempre en condiciones penosas, en barrios superpoblados, con malas condiciones sanitarias y ambientales, sino, concretamente, a la peculiar intensificación de esas malas condiciones de vida a consecuencia del aumento de las rentas y del hacinamiento, por la súbita afluencia de población a las grandes ciudades. La escasez de vivienda no solo afecta a la clase obrera, sino también a sectores de la pequeña burguesía, y lleva a una infinidad de seres humanos a perderlo todo y a vivir sin un techo bajo el que cobijarse.

Subyacente al problema de la vivienda, existe otro aspecto vinculado con la dinámica de explotación capitalista, que ocasiona que la escasez de viviendas se recree permanentemente. Los distintos ciclos de crisis económicas del capitalismo arrojan periódicamente a la desocupación a millones de proletarios. Muchos no pueden pagar el alquiler y otros muchos pierden sus viviendas. Asimismo, la feroz lucha competitiva del mercado lleva a los capitalistas a aumentar la explotación sin cesar y a pagar un salario inferior al valor de la fuerza de trabajo vendida por el obrero.

Es un hecho que en los países imperialistas, mayormente, existe un número de viviendas superior al conjunto de la población. Residencias que se encuentran desocupadas y a la venta, y que en incontables casos se han construido para destinarlas a la especulación inmobiliaria. En España, hay viviendas suficientes para alojar a todos los individuos y familias. Pero en el capitalismo no se han edificado para satisfacer las necesidades del pueblo, sino para servir como medio lucrativo para la burguesía, al objeto de generar una todavía mayor cuota de beneficio. La especulación de la vivienda es un medio más al disfrute de los capitalistas para apropiarse de toda la riqueza social que puedan. Y, para asegurarse de ello, para salvaguardar la existencia de su criminal sistema de dominación, la burguesía aplica todo el poder represivo de su Estado. La clase obrera solo viviremos en una vivienda digna si destruimos el capitalismo y erigimos de sus cenizas el Socialismo. Y nadie lo hará por nosotros salvo nosotros mismos.