La UCM y la crisis del COVID-19: estropicios y negligencias que pagaremos los estudiantes

El día 11 de marzo se paró toda la actividad docente educativa en Madrid durante 2 semanas. Días después sería algo unánime para todo el Estado español. Con el mismo…

El día 11 de marzo se paró toda la actividad docente educativa en Madrid durante 2 semanas. Días después sería algo unánime para todo el Estado español. Con el mismo correo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que hacía oficial la suspensión de las clases, se nos indicaba que la manera de seguir las asignaturas de este segundo cuatrimestre la sabríamos cuando se pusieran en contacto con nosotros vía Campus Virtual (intranet), delegando en los profesores correspondientes la responsabilidad de las asignaturas. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció dicha medida el 9 de marzo mientras que las universidades, colegios, institutos y demás instituciones docentes seguían abiertas un día después, poniendo en riesgo de contagio no solo a los alumnos, sino también a los profesores y al personal no docente de la universidad.

En un primer momento se transmitió de manera inmediata la medida referente a la prolongación del calendario académico hasta el 29 de mayo posponiendo los exámenes en su convocatoria ordinaria a la primera quincena de junio e implantando la docencia online para “actividades formativas complementarias no presenciales” (lecturas, tutorías, seguimiento de TFG, TFM, etc.) a la vez que se suspendían los exámenes parciales o la asistencia obligatoria. Al día siguiente, se acordaba la continuación de la actividad de forma no presencial con carácter general, donde se entendía que durante un primer plazo de quince días se darían clases de manera telemática, mientras que el día 14 se informaba que, a pesar de la cuarentena y del positivo en COVID-19 de un miembro del Equipo de Dirección, se continuarían con normalidad las labores propias de dicho organismo.

Desde Rectorado, se informaba de la suspensión de términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos que se siguen ante la UCM. Mientras que el Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología garantizaba la continuidad en la satisfacción “de sus necesidades formativas y la plena garantía de sus derechos”, al mismo tiempo que se suspendían las becas de formación práctica, excluyendo los casos en que, bajo tutela académica, se garantizara el cumplimiento del programa formativo y la naturaleza de tales prácticas permitiera la continuación de forma virtual. Por otro lado, se establecía la necesidad de comunicar si existían problemas de conexión que impidieran una docencia telemática –y el origen de la misma–, así como si se requería alguna otra necesidad especial.

Seis días más tarde, la institución enviaba un nuevo correo para informar de que se seguía trabajando virtualmente, en pos de “la equidad de todos los estudiantes”, hablando de la mejora de la docencia telemática –algo que igual ya debería haber estado en condiciones operativas antes de la crisis sanitaria–. Establecieron dos periodos para un futuro inmediato: el primero, de transición hacia la docencia online; el segundo, con las clases virtuales ya definidas e implementadas.

[El sistema educativo exhibe, una vez más, su carácter de clase]

Una de las medidas más características atañe a la evaluación online, en sustitución de la presencial. Sin embargo, nada se informaba sobre el verdadero futuro, sobre si se iba a cancelar el cuatrimestre, sobre los métodos de evaluación. El 26 de marzo, se informaba de una iniciativa impulsada por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid para la participación del “ecosistema innovador regional” en el diseño y desarrollo de iniciativas tecnológicas sociales y emprendedoras para hacer frente a la crisis en todos sus frentes. Para que distintos proyectos que plantearan soluciones a los ámbitos de salud, creación de comunidades y redes de cooperación y en el mantenimiento de empleo y de las empresas participaran en el Programa Incuba-UCM del centro de Emprendimiento UCM-Santander y disfrutar –al menos los seis finalistas– de una financiación de 3.000 € entregados conforme los proyectos fueran madurando.

A los cinco días desde el Vicerrectorado de Tecnología y desde el Vicerrectorado de Estudiantes se promovía una iniciativa solidaria entre alumnos para que nos “ayudáramos” entre nosotros en la resolución de cuestiones. Además de ofrecer una dirección de correo electrónico para resolver dudas desde el Centro de Atención Técnica a Usuarios y un teléfono de contacto para cuestiones derivadas de problemas de conexión y falta de medios. De nuevo, más de una semana después, se informaba desde el Vicerrectorado de Estudiantes sobre las decisiones relativas a la forma de abordar el resto del curso. Se plantaban distintas categorías. En la primera, sobre docencia, se establecía la docencia virtual como definitiva durante el resto de curso, hasta el 29 de mayo. En lo referido al método de evaluación, se planteaba que recaía en las Facultades la capacidad de determinar los periodos de evaluación (junio/julio y julio/septiembre) y la modalidad (virtual/presencial), del mismo modo no se aclaraba nada sobre el método de examen y sus criterios para cada asignatura, que quedaban limitados a un plazo con fecha límite del 25 de abril, aunque se prevé la posibilidad de alargar tal plazo si fuera necesario, en caso de que ninguno de esos recursos fuera eficiente, se trasladaría a la Dirección del Centro, el cual debería respetar un mínimo de treinta días antes de la fecha determinada para los exámenes. Por último en lo referente a la docencia práctica presencial se daba la facultad de discutir la posibilidad de retomar tales métodos si la situación lo permitiera a las Facultades pertinentes.

Tras un mes del cierre de las universidades, el Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas que asegura haberse reunido en repetidas ocasiones en su Junta e incluso haberlo hecho con la representación estudiantil, se propone resolver algunas dudas para esclarecer el porvenir de algunas cuestiones. En tal carta recordaban la existencia de un Buzón para resolver las dificultades derivadas de la docencia a distancia. Se mencionaba la existencia de un periodo máximo para diseñar un nuevo modelo de Guías Docentes el cual concluyó el 17 de abril, pero que se podía prorrogar hasta el 25 del mismo mes (apenas 6 semanas antes de los exámenes). Se informaba de que en caso de no haber recibido la correspondiente información antes de la primera fecha debe ser el alumnado a través de sus delegados los que informen de tal situación, así como de otras cuestiones. Al margen de ello se establecieron una serie de medidas tales como la “anulación con efectos económicos y académicos para estudiantes que por causas graves y justificadas derivadas de la situación sanitaria no puedan continuar el curso”, si lo solicitaran antes del 5 de mayo para anular una o varias asignaturas. Por otro lado se añadía una medida similar pero dirigida a estudiantes cuyas asignaturas fueran de carácter experimental y no se hubieran podido realizar.

 

[Sobre la educación pública, la educación concertada y la educación privada]

 

En último lugar se estableció la misma anulación pero tan solo con efectos académicos, aunque sin efectos económicos, en caso de que se presentará justificación documentada de la enfermedad en un grado que determinan como “grave” del propio estudiante o de un familiar de primer grado, y si esta se presentará en los registros de la UCM junto con la documentación que justifique la petición. Sin embargo, para conocer lo que ocurrirá en otras cuestiones se quedaba de nuevo a la espera de que en este caso la Junta de Facultad se reuniera y volviera a manifestarse, y que con suerte en periodo de al menos seis semanas hasta los exámenes se ofrezca información relevante y que esclarezca lo que pasará con el curso. La última comunicación hasta la fecha concluía recordando que las tasas de marzo y abril se cobrarían, aun cuando se dieron en un contexto en el que no había actividad docente, sustituyéndolo por la moratoria de las mismas y la decisión de cobrarlas sin ningún tipo de rebaja en el mes de mayo, argumentando que los precios de la matrícula son públicos.

A todo ello hay que añadir que la falta de transparencia y la falta de implicación por parte de las instituciones y parte del profesorado no es exclusiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología sino que en algunos casos como el de la Facultad de Filosofía donde no fue hasta el 1 de abril cuando se les envió tanto al profesorado como al estudiantado por primera y última vez un comunicado, en el cual pedían al profesorado que aún no hubieran digitalizado sus clases lo hicieran. Además de establecer los calendarios de docencia. Informaban de la previsible medida de ampliar durante dos o tres semanas de finales de junio y principio de julio la docencia para la programación de actividades de experimentación, prácticas y exámenes presenciales en convocatoria ordinaria. Se informaba además de que hasta después del Consejo de Gobierno del 24 de abril, cuando se trataran cuestiones relacionadas con materia de Educación, no se conocerían más noticias. Incluyendo los casos de la Facultad de Biología, donde no se han manifestado más que para informar de que será en un futuro cuando se explique todo lo acordado y las decisiones que se implanten desde el Decanato, que en este contexto tiene cierta capacidad de decisión, pero denota un alto grado de falta de transparencia. En la facultad de Química ocurre lo mismo, pues la mayoría de profesores aún no imparten clases y obviamente sus alumnos se ven más expuestos por la necesidad de horas de clases prácticas presenciales en laboratorios para poder alcanzar los créditos necesarios.

En definitiva, la Universidad Complutense de Madrid, que se considera la abanderada de la defensa de los derechos de sus estudiantes y de sus trabajadores, demuestra una vez más cómo no solo no es así, sino más bien todo lo contrario, manteniendo a su comunidad en la incertidumbre y desinformación. A fecha actual, todavía no está claro si se descarta o no anular el presente cuatrimestre. Además, se debe tener presente que el estudiantado se somete a más horas que en la docencia presencial, pues se aumenta la carga de entregas y trabajos y se obliga al alumno a llevar un estudio autodidacta para “compensar la ausencia de clases magistrales”. No tienen ningún tipo de consideración con la clase trabajadora que se encuentra entre el estudiantado, al no condonar las tasas de meses donde no ha habido docencia y donde la política del Gobierno Central hacia los Expedientes Reguladores Temporales de Empleo (ERTE) les impide seguir cobrando a ellos o a su familia o les obliga a ir a trabajar en circunstancias inauditas, o al obligar a ampliar los periodos de docencia o imponer determinadas condiciones para poder acceder a las diferentes medidas propuestas por la propia institución.

 

¡Por una verdadera educación pública, universal y de calidad!

¡Estudiante, organízate en el PCOE!

¡Sin partido no hay revolución!

Célula del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

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