El PCOE de Andalucía contra la condena de cárcel a Roberto Macías

La justicia española vuelve a mostrar al lado de quién está condenando a 2 años de cárcel al ex-empleado de UGT-A, Roberto Macías, que denunció públicamente la corrupción de dicha…

La justicia española vuelve a mostrar al lado de quién está condenando a 2 años de cárcel al ex-empleado de UGT-A, Roberto Macías, que denunció públicamente la corrupción de dicha organización. La jueza Mª Ana León Gallego, del juzgado de lo penal 15 de Sevilla, lo acusa de un delito de «descubrimiento y revelación de secretos».

Se posiciona, por tanto, con los que roban dinero público para enriquecerse como lo hace un vulgar empresario, al mismo tiempo que se financian firmando despidos colectivos (EREs).  Se pone del lado de una organización también encausada por el caso de los EREs o fondos de reptiles. La justicia, al fin y al cabo, se pone del lado de UGT-A como se posiciona normalmente con los empresarios, ya que todos ellos están en el mismo camarote del barco en cuyas galeras rema esclavizada la clase obrera.

Según la condena, Roberto Macías obtuvo información confidencial de manera ilegal y, por otro lado, en lugar de transmitir dicha información o denuncia en primer lugar a la justicia o a la policía, lo hizo a la prensa, por lo que muestra abiertamente, y sin ocultarlo, una desconfianza a las instituciones judiciales y a las fuerzas de seguridad del Estado.

La propia condena demuestra que dicha desconfianza era fundada, pues la justicia protege ahora al corrupto como lo podía haber hecho en caso de haber dirigido dicha denuncia en primera instancia y directamente a los tribunales.

La propia sentencia reconoce que UGT-A delinquió pues en ella se mencionan “determinados porcentajes repercutidos a proveedores y no declarados ante la Administración por el Sindicato y el encargo de facturas simuladas”. Razón por la cual el pasado 30 de abril el magistrado Juan José García Vélez impuso una fianza de 40 millones de euros a la antigua cúpula de UGT-A al concluir que «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047 euros».

En cuanto al argumento de la ilegalidad con la que obtuvo los datos donde se muestra el robo de UGT-A a las arcas públicas, cabe preguntarse por las escuchas ilegales efectuadas por las propias fuerzas de seguridad del Estado, por no hablar de las cloacas o servicios secretos del Estado, muchas veces con fines políticos.

El 12 de junio de 1995, el diario El Mundo publicó en su portada el siguiente titular: “El CESID lleva más de diez años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas“. Se descubrió que bajo la presidencia de Felipe González y bajo la dirección del entonces ministro de defensa Narcís Serra, el CESID disponía de un “Gabinete de escuchas”.

Narcís Serra no sólo no ha sido condenado nunca por ello, si no que fue premiado con la presidencia de Caixa Catalunya, de cuyo agujero también salió impune a pesar de la denuncia de la fiscalía anticorrupción.

Pero además, y sobre todo, en esta sentencia la justicia española rechaza aplicar la “DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión” basándose en que, por un lado, dicha directiva no ha sido transpuesta a las leyes españolas, y, por otro lado, se exige que “la persona haya denunciado primero por canales internos o externos“. Esto último es falso, pues dicha directiva europea establece que “el denunciante debe poder elegir el canal de denuncia más adecuado en función de las circunstancias particulares del caso. Además, es necesario proteger la revelación pública de información, teniendo en cuenta principios democráticos tales como la transparencia y la rendición de cuentas, y derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”.

Apoyamos a Roberto Macías en su lucha contra la corrupción consentida por el Estado español, al mismo tiempo que señalamos como principal fuente de corrupción (legal o ilegal) al régimen capitalista, pues mientas haya una burguesía parasitaria que se apropie y acumule la riqueza producida por la clase obrera, existirá el poder de corromper y comprar a las cúpulas sindicales vende-obreras como CCOO, UGT y en general a la aristocracia obrera representada también por la pata izquierda del régimen de explotación del hombre por el hombre: PSOE-IU-PCE-Podemos.

 

Comité Regional de Andalucía del Partido Comunista Obrero Español

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