El gobierno “progresista” al rescate de las empresas

 
Tras la publicación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, y tras…
Estado
 
Tras la publicación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, y tras el anuncio del gobierno de la paralización de las actividades no esenciales, los medios de manipulación se han apresurado a publicar titulares hablando de “prohibición de despidos” y de “permisos retribuidos recuperables”.

En primer lugar, ¿qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Y por qué ante la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo por una emergencia sanitaria y por medidas excepcionales impuestas por un gobierno, somos los trabajadores los que tenemos que hacer frente a dicha paralización?

Un permiso retribuido recuperable no es más que una redistribución de la jornada. Las horas que se dejen de trabajar durante la paralización, deberán ser recuperadas posteriormente. El borrador del gobierno de hecho prevé que las horas se recuperen antes del 31 de diciembre.

¿Qué significa pues que el gobierno vaya a imponer permisos retribuidos recuperables en actividades no esenciales? Pues que ante la caída de demanda de muchos productos y servicios, a los trabajadores se nos va a redistribuir la jornada para que cuando vuelva a haber actividad, recuperemos todas las horas no trabajadas ahora, recuperando así las empresas la productividad y cargando sobre los hombros de la clase trabajadora una crisis que no es responsabilidad nuestra.

Esta medida sumada a la agilización de los ERTEs muestra claramente que el Estado no es más que una herramienta de una clase, la capitalista, para someter a otra, la clase trabajadora, en pos de salvaguardar sus empresas y su sistema económico y que este gobierno “progresista” no se diferencia en nada de otros gobiernos “de derechas”, aplicando las medidas necesarias para salvar a las empresas en momentos de crisis.

También muestra la gran farsa del ‘libre mercado’ en esta fase del capitalismo, en su fase imperialista. Cuando las empresas generan millones de beneficios el Estado es firme defensor del derecho de unos pocos parásitos de apropiarse de toda la plusvalía generada por los trabajadores, pero cuando las empresas corren el riesgo de tener pérdidas, entonces el Estado es firme defensor de usar cuantos recursos públicos hagan falta –riqueza generada totalmente por los trabajadores y recursos aportados por estos, pues las empresas tan sólo aportan el 13% de lo recaudado por el Estado– para salvar a esas mismas empresas. En el capitalismo, con gobiernos de “izquierdas” o de “derechas”, las empresas siempre ganan y la clase trabajadora siempre pierde.

Y para hacer un lavado de cara sobre las medidas aplicadas, el sistema tiene a sus medios de manipulación siempre dispuestos a engañar al pueblo:



Es totalmente falso que se vayan a prohibir los despidos mientras dure el coronavirus. Basta tan solo con leer el Real Decreto publicado en el BOE para entender en qué consiste esta medida realmente y como ha sido utilizada por este gobierno, por el Estado y sus medios para blanquear el conjunto de medidas destinadas a trasvasar dinero público a manos privadas, tal y como se hizo con el rescate a la banca, ese rescate que, según Unidas Podemos vendió en campaña, podríamos recuperar si les votábamos a ellos. No solo no vamos a recuperar el dinero regalado a la banca, sino que este nuevo rescate firmado por este gobierno “progresista” va a suponer un robo mucho mayor que el de la anterior crisis, con consecuencias mucho peores que aún están por venir para la clase trabajadora.

Esto es lo que dice el Real Decreto literalmente:

“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.

Esto significa que, ni mucho menos se van a prohibir los despidos, medida que sí se ha aplicado, por ejemplo, en Venezuela, dónde ya desde 2015 se aplica una medida de inmovilidad laboral que prohíbe los despidos no justificados (lo que en nuestro país sería un despido improcedente), y que ahora amplía esa medida para prohibir todos los despidos hasta 2021.

Lo que indica el texto del Real Decreto es que el supuesto de fuerza mayor o de causas de alteración de la producción al que se pueden acoger muchas empresas ante la crisis del coronavirus, no suponga una causa justificativa para el despido. O lo que es lo mismo, el despido sigue siendo exactamente igual de libre y con idénticas indemnizaciones que las que se fijaron mediante la reforma laboral de 2012, esto es 33 días por año y sin salarios de tramitación. Y para obtener tal declaración habría que acudir al oportuno proceso judicial.

Como vemos pues, estas medidas no van encaminadas ni mucho menos a proteger a los trabajadores, sino simplemente a blanquear a un gobierno rendido por completo a los intereses del capital.

Algo aún más grave de esta situación es que los medios la están vendiendo como algo excepcional para aquellas personas que teniendo trabajo –precario en la gran mayoría de casos– se van a ver afectadas por la paralización, pero se está invisibilizando por completo a aquellos trabajadores que ya estaban siendo explotados cruelmente antes del estado de alarma y que ahora van a agravar su situación, aquellos parados de larga duración que solo pueden sobrevivir mediante la economía sumergida y que ahora están en situaciones críticas, como las que han llevado a muchos italianos a saquear supermercados para no morir de hambre ante la imposibilidad de adquirir alimentos y el abandono absoluto de sus pueblos por parte de los gobiernos capitalistas.

¿Qué ocurre con aquellos despedidos en empresas pequeñas (pequeños negocios de restauración, tiendas de barrio, etc) que no van a aplicar ERTEs? ¿Qué ocurre con todos los trabajadores con contratos eventuales que se van a ir a la calle sin tener que ser despedidos? Estas víctimas del sistema van a empeorar su situación sin que el gobierno mueva un dedo por ellos.

Todos estos paquetes de medidas y los que están por llegar son el clavo ardiendo al que pretende agarrarse un sistema capitalista quebrado y moribundo, un sistema que no dudará en llevarse por delante a la clase trabajadora si hace falta para sobrevivir, un sistema que solo puede ofrecer ya miseria, represión, fascismo y la destrucción del planeta. Nada nos queda pues que esperar a las clases populares salvo esto y tan solo tenemos una salida, unir todas las luchas en un Frente Único del Pueblo para mandar este sistema al estercolero de la historia, para construir el Socialismo, único sistema que garantizará el bienestar de los trabajadores y todas las clases populares. Por ello, más que nunca, tanto en el mundo como en el Estado español, adquiere una dimensión mayor la consigna ¡Socialismo o barbarie!

 

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

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